La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2024, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
"En cumplimiento de una Orden comunicada de V. E., cuya fecha no consta, que se registró de entrada el 24 de mayo de 2024, el Consejo de Estado ha examinado el expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado promovido por don .......
De antecedentes resulta:
PRIMERO. - El 10 de noviembre de 2023, don ...... interpuso reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños derivados del accidente que sufrió cuando circulaba en bicicleta por una vía de titularidad del Organismo Autónomo Instituto de Infraestructura, Vivienda y Equipamiento de la Defensa (INVIED, O. A.).
Los hechos sucedieron el 19 de junio de 2022. El reclamante afirma que, sobre las 14:00 horas, circulaba en bicicleta por la carretera BU-570, dirección Cantabria, en el tramo que va de Picón Blanco a Puerto de la Sía, término municipal de Espinosa de los Monteros (Burgos), "cuando, debido al mal estado de conservación de la calzada, la rueda delantera se introdujo en una brecha abierta en mitad del asfalto", lo que le hizo perder el equilibrio y caer de costado contra el suelo. Fue entonces socorrido por una persona que transitaba por la zona y, poco después, los servicios de emergencia lo llevaron en ambulancia al Centro de Salud de Espinosa de los Monteros. Una vez valorado el alcance de las lesiones, se ordenó su traslado al Hospital Universitario de Cruces en Barakaldo (Vizcaya), donde permaneció ingresado hasta el 1 de julio de 2022. El diagnóstico de las lesiones fue el siguiente:
* Herida inciso-contusa en la región frontal izquierda y abrasión en el mentón.
* Abrasiones en hombro, antebrazo, mano y rodilla izquierdos y cadera derecha.
* Fractura de escápula izquierda con afectación de superficie articular glenohumeral.
* Fractura compleja de hemipelvis izquierda con hematoma en región obturatriz.
* Fractura ambas columnas de acetábulo izquierdo (por la que fue intervenido quirúrgicamente el 27 de junio de 2022).
El 1 de julio de 2022 fue trasladado en ambulancia a la Clínica San Miguel de Pamplona, donde recibió el alta hospitalaria el 12 de julio siguiente e inició la rehabilitación.
Un año después, el 28 de julio de 2023, un perito médico valoró sus lesiones en 12 puntos de secuelas físicas y 12 puntos de perjuicio estético moderado, lo que acredita con el informe pericial que se adjunta al escrito de reclamación.
El reclamante afirma que la causa del accidente fue el mal funcionamiento del servicio público, debido al deficiente estado de conservación de la vía. A efectos de prueba, adjunta a su escrito un atestado de la Guardia Civil en el que constan varias fotografías de la calzada. Entiende que la lesión es imputable a la Administración y afirma que las secuelas le han ocasionado un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente. Reclama una indemnización de 58.104 euros, que desglosa de la siguiente manera:
* 20.798,93 euros por lesiones temporales (7.855,76 euros por 88 días de perjuicio grave, 3.527,73 euros por 57 días de perjuicio moderado y 7.927,62 euros por 222 días de perjuicio básico. Añade 1.487,82 euros por la intervención quirúrgica practicada el 27 de junio de 2022, que se califica como de grupo IV).
* 30.095,56 euros en concepto de secuelas (12 puntos perjuicio psicofísico y 12 puntos de perjuicio estético).
* 2.764,65 euros en concepto de lucro cesante (por el salario dejado de percibir).
* 3.114,85 euros en concepto de daños materiales (derivados de la reparación de la bicicleta y la adquisición de equipamiento).
* 1.330 euros en concepto de gastos resarcibles (por el coste de contratar un entrenador personal y por la estancia de sus padres en un hotel de Barakaldo durante el periodo de hospitalización en el Hospital de Cruces).
Para acreditar la realidad de los hechos y la valoración de los daños, el reclamante adjunta a su escrito los siguientes documentos:
1. Atestado levantado por la Guardia Civil de Pamplona el 24 de junio de 2022 para investigar una denuncia interpuesta por el padre del reclamante por el mal estado de conservación de la vía (atestado n.º 2022-003505-00001354). El denunciante hace constar que su hijo estaba federado y disponía de un seguro a cargo de la Federación Navarra de Ciclismo. Aporta las coordenadas exactas del lugar del accidente, los datos de la persona que atendió al ciclista accidentado y el parte de declaración de accidente a la entidad aseguradora. Con respecto a este último documento, figura como tomador del seguro la Federación Navarra de Ciclismo y como aseguradora la entidad Axa Seguros Generales, S. A. (n.º de póliza 373006).
Para investigar los hechos denunciados, la Guardia Civil del Puesto de Espinosa de los Monteros levantó el atestado n.º 2022-00377 4-00000113, con fecha de 7 de julio de 2022. Los agentes consultaron al Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros por la titularidad de la vía y confirmaron que correspondía "a las Fuerzas Armadas". Además, desarrollaron una inspección ocular que se documentó en el informe fotográfico que se adjunta, donde se aprecian grietas en la vía.
2. Declaración firmada por la testigo doña ......, con fecha de 31 de octubre de 2022, en la que afirma que el 19 de junio de 2022 el tramo de vía en que se produjo el accidente estaba en mal estado de conservación. Adjuntas a su escrito figuran una copia de su DNI y 4 fotografías de la carretera, en las que se aprecian varias grietas en la calzada.
3. Auto n.º 88/2022, de 5 de octubre de 2022, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villarcayo de Merindad de Castilla La Vieja, que ordena el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal, todo ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles que puedan corresponder al denunciante.
4. Diversos informes médicos, entre los que se incluye un parte de emergencias, varios informes de asistencia en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Cruces en Barakaldo, un informe de intervención quirúrgica, un informe de alta de cirugía y varios informes de rehabilitación.
5. Dictamen pericial emitido por el doctor ......, perito médico de seguros, el 28 de julio de 2023. Valora las secuelas funcionales en 12 puntos (6 por artrosis postraumática y 6 por material de osteosíntesis) y las secuelas estéticas en 12 puntos (por perjuicio estético moderado).
6. Certificado emitido por don ......, como representante de la sociedad FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS, S. A., con fecha de 29 de noviembre de 2022. Afirma que don ...... trabaja en la empresa en régimen de jornada completa, que permaneció en situación de baja por incapacidad temporal desde el 20 de junio hasta el 11 de noviembre de 2022 y que, durante ese periodo, dejó de percibir la suma de 2.764,65 euros de su salario.
7. Documentos relacionados con la adquisición de material y reparación de la bicicleta, que incluyen, por un lado, capturas de pantalla con referencias a diversos pedidos (por importes de 1.175 euros, 386,98 euros y 65,22 euros) y, por otro, las siguientes facturas:
* Una factura emitida por una entidad alemana por importe de 42,85 euros.
* Sendas facturas acreditativa de la adquisición de gafas (110,20 euros), pulsómetro (49,77 euros), cubiertas (112,33 euros) y ropa de ciclismo (282 euros).
* Una factura por reparación de bicicleta, que asciende a 890,50 euros.
8. Siete facturas emitidas por don ......, entrenador personal, por importe de 100 euros cada una, en concepto de servicio de entrenamiento personal prestado entre los meses de septiembre de 2022 y marzo de 2023.
9. Una factura emitida por la Pensión ...... de Barakaldo, a nombre de doña ......, por importe de 630 euros, en concepto de servicio de alojamiento entre los días 21 y 30 de junio de 2022.
SEGUNDO. - El 12 de diciembre de 2023, el director gerente del INVIED, O. A., acordó iniciar un expediente de responsabilidad patrimonial del Estado y designar como instructor a un teniente coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire con destino en el Área de Patrimonio de la Subdelegación de Defensa en Burgos.
TERCERO. - Durante la instrucción del expediente se han practicado -de oficio y a instancia de la parte reclamante- nuevas pruebas testificales, documentales y de inspección ocular. Como resultado de todo ello se han incorporado, entre otros, los siguientes documentos relevantes:
1. Datos de geolocalización extraídos del sistema GPS de la bicicleta, así como mapa del lugar de la caída, ambos aportados por el reclamante en escrito de 2 de enero de 2024. Los datos reflejan que el accidente se produjo a las 13:24 horas del 19 de junio de 2022, momento en el que don ...... circulaba a una velocidad de entre 55 y 60 kilómetros por hora.
2. Informe sobre el estado de conservación de la vía, emitido por la dirección facultativa de las obras del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros el 22 de enero de 2024.
Del informe se infiere que en el año 2021 el ayuntamiento contrató con la empresa Asfaltos y Pavimentos del Norte, S. L., las obras de mejora de la carretera de Picón Blanco a Puerto de la Sía. Los trabajos fueron ejecutados por la empresa contratista en junio de 2021, a excepción de una serie de unidades de obra pendientes que se entregaron en noviembre de ese mismo año.
Las obras ejecutadas comprendieron, entre otras, la reparación de la calzada "mediante rasanteo, saneo y limpieza de zonas contaminadas de la plataforma, con adición de zahorra artificial para la reparación de baches, humectación y reparación de la plataforma", a fin de establecer la anchura de la calzada en 4 metros y su longitud en 4.650 metros, hasta llegar a la carretera BU-571. Asimismo, se ejecutó la "[a]lineación del acceso al helipuerto en una longitud de 75 m desde la última curva de la actual carretera de la base militar de Picón Blanco, mediante excavación para explanación y terraplén necesarios para obtener una plataforma de 4,0 m de anchura". En fin, se incluyó la "[s]eñalización vertical complementaria a la existente de prohibida velocidad mayor de 30 km/h en ambos extremos de la carretera y en la intersección de la pista con la carretera BU-571 una señal vertical de STOP".
El 2 de junio de 2022, la dirección facultativa requirió a la empresa contratista la subsanación de algunas deficiencias de las obras, así como la ejecución de labores de mantenimiento y conservación y el arreglo de diversos desperfectos, dado que el contrato se encontraba en plazo de garantía. El requerimiento fue reiterado el 30 de junio siguiente. Ante la negativa de la empresa a realizar los trabajos requeridos, el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros ejecutó directamente las tareas de reparación y mantenimiento en el mes de julio de 2022, dado que el 4 de agosto siguiente se celebraba la tercera etapa de la vuelta ciclista a Burgos, cuyo recorrido atravesaba el tramo que va del Puerto de Picón Blanco a La Sía.
El informe incluye fotografías de la calzada antes y después de su reparación. En ellas se refleja el mal estado en que se encontraba la vía en el mes de junio de 2022.
3. Declaración testifical del técnico del puesto de emergencias de Espinosa de los Monteros que atendió al reclamante. El testigo comienza por señalar que la vía en que se produjo el accidente se asfaltó para realizar etapas de la vuelta ciclista a Burgos y a España y, en general, estaba en buen estado, salvo en el tramo en que se produjo el accidente, "donde había una grieta longitudinal". Dicho tramo "es de una bajada bastante acusada, seguida de una ligera subida y de nuevo otra bajada, por lo que estima que la velocidad del ciclista era elevada". En relación con este punto, afirma que las heridas del reclamante podían ser compatibles con una bajada a 50 kilómetros por hora, dado que se fracturó la escápula y la pelvis. Además, destaca que los protocolos de actuación son diferentes en caso de caída a baja o alta velocidad. En cuanto a las circunstancias del accidente, añade que las condiciones climatológicas "eran complicadas porque había bastante viento cruzado respecto al sentido de la vía". Añade que, cuando llegaron los servicios de emergencia, el ciclista "estaba con bastantes dolores y con algo de hipotermia". En el lugar había "únicamente dos personas, un hombre y una mujer, de edad mediana (50-60 años), ganaderos de un pueblo de Cantabria limítrofe con Burgos...", que se encontraban ahí porque "el ganado se suele escapar de sus lugares habituales y estaban allí para recogerlo". Esas dos personas asistieron al herido con mantas hasta que llegó la ambulancia y, posteriormente, se ocuparon de recoger la bicicleta y enviársela.
4. Declaración de los guardias civiles destinados en el puesto de Espinosa de los Monteros que realizaron las diligencias de investigación del accidente. Afirman que no recibieron aviso del Centro Operativo del Servicio, sino que las diligencias se iniciaron a consecuencia de la denuncia interpuesta por el padre del reclamante en Pamplona. Ambos agentes se desplazaron al lugar de los hechos y realizaron la correspondiente inspección ocular el 30 de junio de 2022. El resultado quedó reflejado en el informe fotográfico adjunto al atestado. Confirman que el asfalto presentaba "irregularidades longitudinales y (...) grietas", cuya profundidad estiman en 4 centímetros aproximadamente.
5. Declaración jurada del reclamante en la que manifiesta no haber sido indemnizado por ninguna entidad o compañía aseguradora.
6. Datos meteorológicos del día del accidente remitidos por el Escuadrón de Vigilancia Aérea n.º 12.
7. Informe fotográfico de la inspección ocular llevada a cabo por el instructor del expediente el 7 de febrero de 2024. En el acceso al camino desde la localidad de Espinosa de los Monteros existen señales que advierten del peligro de badenes y limitan la velocidad a 30 kilómetros por hora. En los accesos desde Picón Blanco y Puerto de la Sía hay sendas señales de limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora en un tramo de 4,7 kilómetros. Se adjuntan, además, imágenes de la calzada reparada y una infografía con los datos del accidente (tiempos, velocidad, posición y distancia recorrida en cada punto del tramo señalado con los datos de geolocalización).
CUARTO. - Evacuado el preceptivo trámite de vista y audiencia, el reclamante se reafirma en su pretensión inicial.
QUINTO. - Con fecha de 11 de abril de 2024, el teniente coronel instructor del expediente ha elevado informe y propuesta de resolución.
En primer lugar, en relación con la titularidad de la vía en que tuvo lugar el accidente, el informe expone lo siguiente:
"En 1975 el Ramo de Guerra obtuvo por cesión gratuita del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros formalizada ante el Notario Don ...... en Burgos en escritura de compraventa n.º 142/75 del 16 de enero de 1975, una parcela de terreno enclavada en el polígono 25 de dos hectáreas y cincuenta áreas (25.500 m2), de forma longitudinal y destinada a camino de entrada desde el Portillo de la Sía al antiguo "Centro Táctico de Transmisiones N.º 9" de la Red Territorial de Mando (CT-9) ubicado en la cima del monte denominado "Picón Blanco". Se especificaba que esta "pista de acceso, salvo casos excepcionales sea de libre tránsito hasta la proximidad del CT-9 que la autoridad militar señale". En acta de la reunión mantenida entre responsables de Defensa y del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros el 28 de octubre de 1972, se acuerda que la administración municipal cede gratuitamente los metros necesarios para la construcción de la pista de acceso al CT-9 con la condición de: "quedando la pista con la servidumbre de paso, necesario a las fincas colindantes a la misma".
La propiedad está inscrita en el Registro de la Propiedad de Villarcayo a nombre del Estado Ramo de Guerra, al Tomo 1.665, libro 76, folio 79, finca 9.733 (antes 6.864) inscripción 1º, cuya descripción copiada literalmente dice así: "1. Segregación y cesión gratuita. - Rústica, parcela de terreno enclavada en el polígono 25, de dos hectáreas y cincuenta áreas, en Espinosa de los Monteros, Monte Valloseda, de forma longitudinal, destinada a camino de entrada al Centro Táctico de Picón Blanco, que linda por todos sus aires con la finca de donde se segrega, y por el Este con la finca a la que sirve de acceso".
Este camino discurre por las laderas de las montañas que unen el CT-9 y el Portillo de la Sía, a una elevación 1.450 m. y con unas condiciones climáticas generalmente adversas (fuerte viento, nieblas, bajas temperaturas, etc.)".
A continuación, el órgano instructor expone la evolución que ha experimentado el uso del camino de entrada a la finca n.º 9.733 desde su adquisición:
"Hasta 1981 el camino de entrada estuvo en servicio sin que conste nada reseñable en la documentación del archivo del Área de Patrimonio de la Subdelegación de Defensa en Burgos.
En 1981, debido a los inconvenientes del acceso al CT-9 desde el Portillo de La Sía, se plantea un nuevo acceso desde el norte de la población de Espinosa de los Monteros. Para ese fin el Ayuntamiento, según certificado del Secretario del Ayuntamiento de 26 de mayo de 1981, en sesión del Pleno de 15/05/1981 autorizó la ocupación del terreno necesario para la construcción de la nueva pista de acceso. A partir de ese momento el uso por el personal militar del camino de entrada desde el Portillo de la Sía al CT-9 se redujo considerablemente, siendo empleado por los ganaderos locales, posteriormente por el personal que mantiene el parque eólico y por particulares que practican senderismo o turismo, y, por último, y desde que se asfaltó este tramo para las competiciones ciclistas que se relatan más adelante, por ciclistas.
En 1999, el Ministro de Defensa declaró la desafectación al fin público y la alienabilidad del bien inmueble: "Centro de Transmisiones nº 9 y Pista de Acceso", en Espinosa de los Monteros (Burgos)", quedando a disposición del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructura de la Defensa (actual INVIED OA)".
En cuanto al lugar en que se produjo el accidente, el órgano instructor analiza detalladamente las discrepancias en las descripciones que figuran en los distintos documentos del expediente (así, en el escrito de reclamación, en los atestados, en las declaraciones de testigos y en el parte de accidente remitido a la entidad aseguradora). Concluye lo siguiente:
"Hay que señalar que el camino de acceso al antiguo CT-9 no ha formado nunca parte del Inventario ni de la Red Regional ni Provincial de Carreteras, por lo que no tiene ninguna nomenclatura. De todas las ubicaciones del accidente que se han descrito hay que descartar la carretera BU-570, ya que no discurre entre el Picón Blanco y el Portillo de la Sía, sino entre Espinosa de los Monteros y el Puerto de Estacas de Trueba. Por otra parte, las coordenadas aportadas del lugar del accidente sí se ubican en el camino de acceso desde el Portillo de la Sía al antiguo "Centro Táctico de Transmisiones Nº 9".
Del estudio de la documentación se percibe una persistencia en identificar el lugar del accidente en el camino entre el Picón Blanco y el Portillo de la Sía, aportando las coordenadas exactas extraídas del GPS. Las fuentes de esta identificación son el propio reclamante y la testigo, dado que la Guardia Civil únicamente se desplaza al lugar indicado por el denunciante y el resto de intervinientes (juzgado, seguro, etc.) trascriben lo manifestado por aquel. La declaración de las personas de la unidad de asistencia de soporte vital básico, confirma el punto de las coordenadas aportadas, al identificar el punto del accidente dentro del tramo del camino de acceso Portillo de la Sía-Picón Blanco".
Una vez concretado el lugar del accidente, el instructor analiza el estado de conservación en que se encontraba la carretera:
"No se dispone de documentación que avale el tipo de materiales empleados en la construcción del camino original de entrada al CT-9 desde el Portillo de la Sía, aunque sí que se dispone de documentación que precisa, que a partir del año 1981 se habilitó un nuevo acceso desde Espinosa de los Monteros conllevando que a partir de entonces el camino original redujo su actividad. En el año 1999 se desafectó la propiedad.
A partir del año 2017 el Picón Blanco despierta el interés de la Excelentísima Diputación de Burgos (organizadores de la Vuelta Ciclista a Burgos) y posteriormente de la compañía Unipublic, S. A. U. (empresa propietaria y titular de los derechos de organización de la Vuelta Ciclista a España) para la realización de eventos deportivos en el camino; la Vuelta Ciclista a Burgos y la Vuelta Ciclista a España, respectivamente. Ambas organizaciones han solicitado al INVIED OA los permisos necesarios para la adecuación de las instalaciones militares para el desarrollo de las competiciones señaladas (final o tránsito) para una fecha y evento concreto (3ª etapa Vuelta Ciclista a Burgos el 03/08/2017, 3ª etapa Vuelta Ciclista a Burgos el 09/08/2018, 3ª etapa Vuelta Ciclista a Burgos el 1/08/2019, 3ª etapa Vuelta Ciclista a Burgos el 30/08/2020, 3ª etapa Vuelta Ciclista a Burgos el 05/08/2021, 3ª etapa Vuelta Ciclista a España 16/08/2021 y 3ª etapa Vuelta Ciclista a Burgos el 04/08/2022).
Para posibilitar estas pruebas ciclistas, el Ayuntamiento de Espinosa [de los Monteros] contrató en el año 2021 las obras de mejora del camino de acceso a Picón Blanco desde el Portillo de la Sía a la empresa Asfaltos y Pavimentos del Norte S. L. cuyas obras fueron ejecutadas la gran mayoría a lo largo del mes de junio y algunas pendientes en noviembre. Las obras abarcaron 4.650 metros de longitud y 4 de ancho. Se colocó señalización vertical complementaria a la existente de prohibida velocidad mayor de 30 km/h en los extremos del camino.
El 02 y 30 de junio de 2022 el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros requiere a la empresa la subsanación de deficiencias, al encontrarse dentro del plazo de garantía (incluida la zona cercana al lugar indicado del accidente) y puesto que el contratista no atiende las demandas el Ayto. ejecutó las reparaciones en el mes de julio de 2022 en un tramo de aproximadamente 40 m de longitud y 4 de ancho".
Después de examinar los distintos escritos (reclamación, atestados, declaraciones de testigos y denuncia), el órgano instructor se detiene en analizar las condiciones en que se produjo accidente. Respecto a la situación climatológica, destaca que "se ha solicitado al Escuadrón de Vigilancia Aérea N.º 12, sito en el Picón del Fraile a unos 9,16 km del lugar del accidente, que facilitara las condiciones meteorológicas que había ese día. De los datos obtenidos se puede estimar que la velocidad del viento en la zona a la hora marcada por los datos GPS del accidentado, las 13:30 era de unos 12 km/h, y la dirección media ese día fue de 272,81 º, por lo que estaba cruzado respecto a la marcha del camino".
En cuanto a la situación en que se encontraba el firme de la vía, expone lo siguiente:
"El 7 de febrero de 2024 se ha realizado una inspección ocular en las coordenadas facilitadas por el accidentado como lugar del accidente, cotejándolas sobre el terreno con un GPS modelo Garmin Etrex. Las coordenadas GPS del accidentado también se han georreferenciado sobre una fotografía aérea y se ha podido comprobar que en ambos métodos los puntos facilitados por el GPS del accidentado coinciden y se corresponden con gran exactitud con los puntos reflejados en los documentos incorporados en el expediente (Documentos 19.1, coordenadas GPS y 52, infografías realizadas). También se ha comprobado que en las proximidades de estas coordenadas se aprecia una zona con el firme diferente que concuerda con una reparación del mismo. Este tramo se encuentra en una prolongada bajada de unos 435 metros en dirección sur norte con un cambio de rasante. La distancia desde el final del cambio de rasante al punto estimado del lugar en donde comenzaban las irregularidades longitudinales y grietas en el camino de acceso es de unos 16 metros.
De estas declaraciones y de las fotografías que acompañan a la declaración de la testigo y a la diligencia de inspección ocular de la Guardia Civil y sus manifestaciones se percibe que las irregularidades en el camino de acceso no ocupaban todo el ancho del mismo.
El mantenimiento del camino de acceso al CT-9 se ha realizado acorde al uso que se le ha dado, primero para el acceso del personal militar con los vehículos asignados al CT-9. Desde el año 1981 cuando se habilitó un nuevo camino de acceso al CT-9 se ha hecho un uso limitado, y desde la desafectación de la propiedad en 1999, el uso ha sido nulo por parte del MINISDEF. Sólo se tiene constancia de una acción de mantenimiento o rehabilitación en los años 2021 y 2022 previa autorización por el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros para la realización de pruebas ciclistas profesionales concretas en unas fechas definidas y a unas organizaciones determinadas (Diputación de Burgos y Unipublic, S. A. U.)".
En atención a lo anterior, el instructor rechaza que exista un nexo causal entre la actuación del Ministerio de Defensa y las lesiones sufridas por el reclamante. Aunque reconoce que la titularidad de la vía corresponde al INVIED, afirma que el mantenimiento del camino de acceso al CT-9 debe hacerse de acuerdo con "sus fines específicos, con las estipulaciones definidas en las escrituras de compra-venta y en el acta del acuerdo del Ayuntamiento del 28 de octubre de 1972, "quedando la pista con la servidumbre de paso necesaria a las fincas colindantes de la misma" y "las pistas de acceso, salvo casos excepcionales serán de libre tránsito hasta las proximidades del centro Táctico que las autoridades Militares señalen". Al habilitar otro vial de acceso al CT-9, esta propiedad quedó con un uso limitado y un mantenimiento acorde a los fines ya definidos, entre los cuales no se encuentra mantenerlo abierto a la circulación viaria general. Solamente se ha autorizado su adecuación y uso para el desarrollo de pruebas ciclistas, en fechas concretas y a unos organismos definidos".
Además lo anterior, el informe apunta a otros factores que pudieron contribuir a causar el accidente. Menciona la posible falta de atención del ciclista (por interacción con dispositivos móviles o GPS), la fatiga (ya que "acababa de coronar un puerto que es considerado por la Vuelta a España como de categoría especial y llevaba recorridos, según los datos GPS facilitados por el abogado de ......, 107,730 Km. durante 4 horas y 40 minutos"), las condiciones meteorológicas (por el viento cruzado) y, especialmente, la velocidad. Sobre este último punto, afirma que, "en la mayor parte de los casos, [es] determinante a la hora de identificar la causa de un accidente" y añade lo siguiente:
"La velocidad máxima permitida en el camino de acceso al CT-9 es de 30 km/h y así está indicado en las señales verticales de prohibida velocidad mayor de 30 km/h en 4,7 km colocadas en septiembre de 2021 en ambos extremos del mismo (Documento 51 del expediente, con fotos de las señales, con la fecha de fabricación y de reposición en el camino). En el escrito de alegaciones presentado por ...... se anexan los datos extraídos de la unidad GPS que él llevaba en el momento del accidente (Documento 19.1 del expediente). En ellos se precisa que circulaba a una velocidad que rondaba entre los 56 a 60 km/h en la zona que está reparada y donde se encontraban las irregularidades y grietas longitudinales (Documento 52 del expediente, con infografías con los datos extraídos del GPS de ......: posición, tiempo y velocidad y lugar donde quedó parado). Se puede ver que ...... está acelerando incluso en la zona reparada, por lo que se puede deducir que el estado del camino en la zona reparada no afectó a su marcha, y es 15 m. aproximadamente después de terminar la zona reparada cuando empieza a frenar, cayendo de la bicicleta 15 o 16 m. después del comienzo de la frenada, como se puede ver de los datos de rumbo que marca el GPS (en el tiempo 13:24:33 hay un cambio brusco de rumbo Norte a Sur, para a continuación, recuperar rumbo Noroeste). Este hecho, apunta con gran probabilidad que la caída fue por un exceso de velocidad y no por el estado del camino.
En la misma línea [se pronunció] el personal del puesto de emergencias en Espinosa de los Monteros que atendió a ...... (...).
El factor de exceso de velocidad en el accidente se considera relevante. El reclamante señala exclusivamente a las irregularidades del firme como causa del accidente sin valorar ningún otro factor. Sin embargo, estas irregularidades no comprendían todo el ancho de la carretera. Es razonadamente probable que una velocidad acorde al límite marcado en las señales hubiera evitado el accidente, más aún por un corredor experimentado, como se le presupone al reclamante (está federado y dispone de entrenador personal). La velocidad acreditada que llevaba el reclamante, superior al límite indicado (30 km/h), sin duda ha sido un factor muy relevante que ha contribuido al accidente. Además, el fuerte viento cruzado presente en el momento del accidente y el cansancio del reclamante también pueden haber contribuido a que ocurriera el accidente".
Por todo ello, el instructor propone desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. ordenó enviar el expediente al Consejo de Estado para ser dictaminado al amparo de lo dispuesto en el citado artículo 25.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
I
Se somete a consulta la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado formulada por don ...... por las lesiones resultantes de un accidente de bicicleta que sufrió cuando circulaba por una vía de titularidad del INVIED, O. A.
La consulta se formula al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado (aunque por error la orden de remisión se refiera al artículo 22.11 de la misma ley).
II
Don ...... sufrió un accidente el 19 de julio de 2022 cuando circulaba en bicicleta por el tramo de vía que discurre entre Picón Blanco y Puerto de la Sía, en el término municipal de Espinosa de los Monteros (Burgos). Como consecuencia del accidente sufre unas lesiones, ya estabilizadas, que han sido valoradas en 12 puntos de secuelas funcionales y 12 puntos de perjuicio estético moderado. El reclamante considera que tales lesiones deben ser imputadas a la Administración debido al deficiente estado de conservación de la vía, propiedad del INVIED, O. A.
La acción ha sido deducida por persona legitimada dentro del plazo legalmente previsto, ya que el informe que certifica el carácter irreversible de las secuelas tiene fecha de 23 de julio de 2023 y el escrito de reclamación se interpuso el 10 de noviembre de ese mismo año.
III
En lo que hace a la instrucción del expediente, cabe destacar el gran número de pruebas practicadas, tanto de oficio como a petición del reclamante, a fin de esclarecer los hechos y aportar todos los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre el fondo. En este sentido, el Consejo de Estado valora positivamente el análisis de las diferentes declaraciones, informes fotográficos e inspecciones oculares, declaraciones de testigos, datos meteorológicos, infografías y mapas. En particular, deben destacarse la exhaustividad y el rigor conceptual del informe elaborado por el órgano instructor (extractado in extenso en el antecedente quinto), cuya valoración merece a este Consejo un juicio especialmente positivo.
No obstante, llama la atención que en un expediente tan cuidado no haya informado ningún órgano de asesoramiento jurídico del Ministerio de Defensa, como tampoco la Intervención General de la Defensa.
Por otro lado, es inusual que en un procedimiento de responsabilidad patrimonial el mismo documento haga las veces de informe del servicio responsable (al que se refiere el artículo 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) y de propuesta de resolución (prevista en el artículo 91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).
Con todo, en este caso el Consejo de Estado no ha considerado necesario devolver el expediente, habida cuenta de que los principales hechos están claros -como se verá inmediatamente- y el informe emitido por el órgano instructor recoge todos los extremos exigidos por la ley. En concreto, ha sido emitido por el servicio cuyo funcionamiento ocasionó la presunta lesión indemnizable (artículo 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) y se pronuncia sobre la relación de causalidad existente entre el funcionamiento del servicio público y la lesión por la que se reclama (artículos 81.2 y 91.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). Por todo ello, considera el Consejo de Estado que procede examinar el fondo del asunto.
IV
La pretensión indemnizatoria del reclamante se basa en imputar a la Administración militar (en este caso al INVIED, O. A.) la lesión sufrida por el reclamante, debido al mal estado de conservación de la calzada en el momento de producirse el accidente. Considera el interesado que existe una relación causal entre el mal funcionamiento del servicio público -por incumplir el deber de conservación de la vía- y la caída que sufrió.
La Administración niega la existencia de tal vínculo causal. Por un lado, considera que el estado de conservación de la vía era adecuado, toda vez que su uso es limitado, no está destinada a la circulación viaria general, no forma parte de ningún inventario o red de carreteras (y carece, por ello, de nomenclatura específica) y fue asfaltado para competiciones deportivas por una empresa privada. Por otro lado, niega que el accidente pueda tener como única causa las grietas de la calzada y apunta a otros factores como la excesiva velocidad del ciclista, el cansancio, las condiciones meteorológicas o las posibles distracciones del reclamante.
El examen de la cuestión obliga a deslindar algunas cuestiones que se han suscitado en el expediente. En primer lugar, se ha acreditado y está fuera de duda que la vía en que se produjo el accidente -denominada indistintamente como camino de entrada o pista de acceso al Centro Táctico de Picón Blanco- es propiedad del INVIED, O. A. Fue adquirida por el Estado en 1975 por cesión gratuita del ayuntamiento y se utilizó para fines militares hasta 1981, si bien en condiciones de "libre tránsito" (salvo casos excepcionales) y gravada con servidumbre de paso a las fincas colindantes. En el año 1999 se declaró su desafectación al fin público.
También se ha acreditado que el INVIED, O. A. autorizó a la Diputación Provincial de Burgos y a una entidad privada (la sociedad Unipublic, S. A. U.) el acondicionamiento de la vía para la organización de eventos deportivos; en concreto, para la celebración de distintas etapas de la vuelta ciclista a Burgos y la vuelta ciclista a España. Las obras las contrató el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros y las ejecutó la empresa Asfaltos y Pavimentos del Norte, S. L. en el año 2021, si bien con notables deficiencias (antecedente tercero, punto 2). Dada la negativa de la contratista a reparar los desperfectos advertidos en las obras ejecutadas, el propio ayuntamiento reparó la calzada en el mes de julio de 2022.
En cuanto al accidente, se ha probado que el 19 de junio de 2022 la calzada presentaba varias grietas, una de las cuales tenía aproximadamente 4 centímetros de profundidad. El ciclista accidentado circulaba a una velocidad de entre 55 y 60 kilómetros por hora y había viento cruzado. Del informe fotográfico y de la inspección ocular resulta que en todos los puntos de acceso al camino había una señalización que obligaba a limitar la velocidad a un máximo de 30 kilómetros por hora (antecedente tercero, punto 7).
Así las cosas, la cuestión nuclear se centra en determinar si las secuelas que sufre el reclamante pueden imputarse a la Administración por un mal funcionamiento del servicio público.
Es doctrina reiterada del Consejo de Estado (entre otros, dictámenes números 535/2017, de 29 de junio, o 830/2018, de 25 de octubre), que la Administración tiene el deber de cuidar y mantener las carreteras abiertas a la circulación en condiciones tales que la seguridad de quienes las utilizan esté debidamente garantizada, a fin de evitar que su estado cause daños a terceros que no tienen el deber de soportarlos. Sin embargo, para ponderar la medida de este deber de conservación, el Consejo de Estado también ha señalado que hay que atender a unos parámetros razonables de las exigencias de cuidado y vigilancia, a la vista tanto de los medios disponibles como de las circunstancias concretas en que se haya producido la lesión, así como, también, del comportamiento del interesado, que puede modular o incluso excluir la reparación que, en su caso, fuere debida.
En el caso examinado, está fuera de duda que la vía en que se produjo el accidente se encontraba en mal estado. Así lo prueban las fotografías adjuntas al atestado de la Guardia civil, las imágenes aportadas por la testigo y el informe emitido por el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros (antecedentes primero y tercero). De hecho, el propio ayuntamiento hubo de acometer las obras de reparación de la calzada solo un mes después del accidente, lo que parece indicar que su estado resultaba peligroso para la circulación. Aunque el Consejo de Estado ha indicado en otras ocasiones (entre otros, dictamen número 1.108/2021, de 24 de febrero) que la adopción de medidas posteriores a la producción de un daño que lo hubieran hecho menos probable no es admisible por sí misma como prueba de culpa, negligencia o defecto del funcionamiento del servicio (conforme a la denominada "development risk clause", acogida por el derecho de la Unión Europea y a la que el Consejo de Estado se ha referido en diversas ocasiones; entre otros, dictamen número 1.118/2017, de 8 de febrero de 2018), sí puede ser indicativa, junto con las demás circunstancias que concurran en el caso, de un funcionamiento anormal de los servicios públicos.
El órgano instructor señala que, entre los fines de la vía, no estaba el de mantenerla abierta a la circulación viaria general. Sin embargo, tampoco puede afirmarse que se tratara de una vía de uso restringido pues ya se ha dicho que, al menos desde 1975, su situación era de "libre tránsito". Además, había sido asfaltada a iniciativa pública para la celebración de competiciones deportivas importantes, lo que ciertamente pudo generar una confianza legítima en los usuarios, especialmente los ciclistas.
Junto a lo anterior, es preciso tener en cuenta que el ciclista accidentado llegó a doblar la velocidad máxima permitida. El Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, limita la velocidad para ciclos, ciclomotores de dos y tres ruedas y cuadriciclos ligeros a 45 kilómetros por hora y solo permite a los conductores de bicicletas superar ese máximo en los tramos en que las circunstancias de la vía lo permitan (artículo 48.1, letra e). Como es evidente, no era este el caso, ya que, como se ha dicho, había hasta tres carteles que limitaban la velocidad a 30 kilómetros por hora.
Por lo demás, de acuerdo con el artículo 45 del Reglamento, todo conductor -incluidos los ciclistas- está obligado "a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación, y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a ellas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse". En atención a este deber general de precaución, el reclamante debió moderar la velocidad, adecuándola al límite máximo permitido, ya que circulaba por una vía estrecha, que transcurre en un puerto de montaña, con viento cruzado.
Con respecto al estado de conservación de la vía, se ha acreditado que se trata de un camino donde la circulación es escasa, que no forma parte de ningún inventario o red de carreteras (carece incluso de nomenclatura específica), donde es habitual el paso de ganado.
Todo lo anterior obliga a concluir que en la producción del accidente concurrieron diversas causas: por un lado, las grietas de la calzada; por otro, el incumplimiento por el ciclista de las normas de circulación.
El Consejo de Estado ha señalado en otras ocasiones (por ejemplo, dictamen número 96/2017, de 2 de marzo) que, cuando existe una concurrencia de causas, imputables unas a la Administración y a otras a sujetos ajenos a la misma, debe arbitrarse una ponderada y equitativa distribución de los efectos económicos del resultado lesivo, de acuerdo con la entidad o relevancia de su intervención en el proceso de causación de la lesión resarcible.
En el caso examinado, atendidas todas las circunstancias, entiende el Consejo de Estado que procede estimar parcialmente la pretensión indemnizatoria del reclamante. Sin embargo, una ponderación equitativa de las causas obliga a concluir que no todas ellas tuvieron la misma relevancia o entidad en la producción de la lesión.
En el dictamen número 1.106/2021, de 10 de marzo de 2022, emitido en un expediente similar de responsabilidad patrimonial -en aquel caso por el fallecimiento de un ciclista-, el Consejo de Estado concluyó que procedía estimar parcialmente la reclamación y distribuir por mitad la responsabilidad entre la Administración y el reclamante, habida cuenta de que el accidente se produjo en una carretera nacional que presentaba una grieta y el ciclista incumplió el deber de circular por el lado derecho de la calzada.
A diferencia de aquel expediente, entiende el Consejo de Estado que concurren circunstancias que obligan a reconocer en este caso mayor peso a la responsabilidad del ciclista. De entrada, el deber de conservación exigible a una Administración pública no puede ser el mismo cuando se trata de vías abiertas a la circulación general -integradas en una red nacional o provincial de carreteras-, que cuando se trata de caminos escasamente transitados, sin nomenclatura específica, donde es habitual el paso de animales. Pero es que además el ciclista accidentado circulaba en este caso al doble de la velocidad máxima permitida, lo que influyó decisivamente en la gravedad de las lesiones, según declaró el técnico de emergencias sanitarias. Como ha señalado el órgano instructor, si el ciclista hubiera transitado por la vía a la velocidad indicada (30 kilómetros por hora), se hubiera evitado el accidente o, al menos, se hubiera mitigado la gravedad de las lesiones.
Por todo ello, a juicio del Consejo de Estado, la responsabilidad debe distribuirse en una proporción de un tercio para la Administración y dos tercios para el ciclista reclamante.
V
En cuanto a la realidad y entidad de los daños causados, el interesado reclama por las secuelas físicas (A) y por las pérdidas materiales derivadas del accidente (B).
A) Entre las secuelas físicas el reclamante incluye tanto las lesiones temporales como las secuelas permanentes. De acuerdo con el artículo 34.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los casos de "lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social".
En este caso, para el cálculo de la indemnización se considera adecuado tomar como referencia las reglas y baremos establecidos en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, tal y como vienen haciendo los tribunales (entre otras, sentencias del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2005 -recurso n.º 3312/1999- y de 11 de mayo de 2015 -recurso n.º 233/2013-).
En el expediente no obran, sin embargo, los datos necesarios para comprobar que las reglas y baremos han sido aplicados correctamente, por lo que el órgano instructor deberá proceder a su cálculo en expediente contradictorio, previa audiencia a la parte reclamante. En la tramitación de dicho expediente, deberá oficiar a la Federación Navarra de Ciclismo para que aporte copia de la póliza de seguro número 373006, contratada con la entidad Axa Seguros Generales, S. A. (antecedente primero, punto 1), así como recabar información sobre los términos en que fue reparado el reclamante después del accidente y, en particular, si recibió alguna indemnización.
B) Por lo que respecta a los daños materiales, el interesado reclama por lucro cesante y daño emergente. A juicio del Consejo de Estado, la efectividad del lucro cesante ha quedado suficientemente acreditada a través del certificado emitido por el representante de la empresa en la que presta servicios (antecedente primero, punto 6). En cuanto al daño emergente, deben diferenciarse los distintos conceptos por los que reclama:
- En primer lugar, deben excluirse los gastos de hotel soportados por sus padres, dado que no son parte legitimada en el expediente de reclamación.
- Con respecto al material de ciclismo adquirido, no ha quedado probada la realidad ni efectividad de los gastos que figuran como meros pedidos, respecto de los cuales el reclamante se limita a aportar capturas de pantalla (por importes de 1.175 euros, 386,98 euros y 65,22 euros). También debe excluirse la factura emitida por la entidad alemana, que hace referencia a accesorios de navegación y costes de envío (por importe total de 42,85 euros), ya que tiene fecha de 25 de diciembre de 2019 y es, por tanto, anterior a la fecha del accidente.
- Por el contrario, sí deben considerarse acreditados los gastos de reparación de la bicicleta y adquisición de material.
- Finalmente, respecto a las siete sesiones de entrenamiento personal desarrolladas entre los meses de septiembre de 2022 y marzo de 2023, entiende este Consejo que su reparación debe situarse en el marco de la asistencia sanitaria prestada al reclamante, cuyos gastos no han sido objeto de reclamación en el expediente.
De acuerdo con el criterio de distribución de la responsabilidad señalado en el epígrafe anterior, entiende el Consejo de Estado que procederá reconocer a don ...... una tercera parte de la indemnización que resulte de la aplicación de los criterios anteriores. La cifra resultante deberá ser actualizada a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad conforme al Índice de Garantía de la Competitividad (artículo 34.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).
VI
Una vez determinadas la relación de causalidad y la efectividad de los daños, resta por examinar a qué Administración debe imputarse el resultado lesivo, habida cuenta de que han sido varias las entidades intervinientes.
En efecto, el caso examinado plantea la peculiaridad de que la vía en que se produjo el accidente era propiedad del INVIED, O. A.; fue acondicionada para la celebración de competiciones deportivas a iniciativa de la Diputación de Burgos y una empresa (previa autorización del INVIED, O. A.) y fue asfaltada por una empresa privada contratada por el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros.
En los supuestos de responsabilidad concurrente de varias Administraciones públicas el artículo 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, prevé lo siguiente:
"1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas.
2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación.
3. En los casos previstos en el apartado primero, la Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio.
4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente a la que se refiere el apartado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente".
En el expediente consultado no figura ningún instrumento que acredite la actuación conjunta de las distintas administraciones intervinientes, más allá de una genérica referencia al otorgamiento por el INVIED, O. A., de los "permisos necesarios" para la adecuación de las instalaciones. Así las cosas, cabe entender que resulta de aplicación el apartado 2 del citado artículo 33.
En relación con este precepto, la reciente Memoria del Consejo de Estado del año 2023 ha señalado lo siguiente:
"El caso típico en el que puede producirse una situación como la contemplada en este apartado es aquella en la que el daño aducido es imputado por el reclamante o puede ser atribuido a dos administraciones diferentes, aun cuando no haya existido una actuación conjunta de ambas (...). Normalmente, la ausencia de un instrumento que regule dicha actuación puede ser indicio suficiente de la ausencia de una gestión conjunta, si bien la aplicación de esta regla requiere de ordinario atender a las circunstancias del caso.
En estos casos, tal y como se indicaba en el ya citado dictamen 1.681/2022, rige el principio general de que cada Administración es competente para tramitar y resolver el procedimiento para determinar su propia responsabilidad, lo que determina que el interesado deba dirigirse contra cada una de ellas con el fin de obtener la indemnización correspondiente.
Con todo, esta circunstancia no debe llevar a considerar que ambos procedimientos son completamente independientes. Pues, en efecto, de ordinario la determinación de la concurrencia de los presupuestos de la responsabilidad de cada una de las administraciones, y, en su caso, el alcance de dicha responsabilidad, requerirá también consultar a la otra administración a la que pudiera ser atribuible el daño o frente a la cual el propio reclamante ha anunciado el ejercicio de la correspondiente acción.
Por otra parte, en estos supuestos, el imperativo de cooperación entre las Administraciones Públicas aconseja que tanto la tramitación del procedimiento como su resultado sea comunicado también a todas las entidades públicas que pudieran verse afectadas. De esta manera podrá evitarse, por ejemplo, una eventual indemnización por las distintas Administraciones Públicas que sobrepase los límites del principio de indemnidad".
De acuerdo con esta doctrina general, la Administración titular de la vía (en este caso, el INVIED, O. A.) ha consultado correctamente a la Administración contratante de las obras (en este caso, el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros).
Sin embargo, en ausencia de un instrumento de colaboración específico, resta por determinar el alcance de la responsabilidad que corresponde a cada una de las Administraciones intervinientes. A juicio del Consejo de Estado, debe aplicarse la regla de la solidaridad, distribuyendo por mitad la responsabilidad entre cada una de ellas: por un lado, el INVIED, O. A., como titular de la vía, autorizó su asfaltado y responde su estado de conservación; por otro, el ayuntamiento es responsable por haber contratado las obras. En todo caso, procede insistir en que esta responsabilidad solo se refiere a la tercera parte de la indemnización que resulte de la aplicación de los criterios indicados en el epígrafe V anterior.
De acuerdo con las reglas generales del derecho civil, el pago hecho por cualquiera de los deudores solidarios extingue la obligación y faculta a quien hizo el pago a reclamar a los codeudores la parte que les corresponda (artículo 1.145 del Código civil). En este caso, corresponderá al INVIED, O. A., el pago de la indemnización, si bien podrá ejercitar la acción de regreso contra el ayuntamiento en la parte que a este corresponde (es decir, el 50 % de la indemnización).
Finalmente, el ayuntamiento podrá, en su caso, repetir contra la empresa Asfaltos y Pavimentos del Norte, S. L., por la cantidad que deba pagar, dado que se ha acreditado que la ejecución de las obras fue deficiente y el contrato se encontraba en periodo de garantía en la fecha en que se produjo el accidente.
VII
En último lugar, y aunque en términos estrictos no forme parte de la consulta, el Consejo de Estado debe llamar la atención sobre la anomalía que supone que un bien de titularidad del INVIED, O. A., que se encuentra desafectado de un fin público y no tiene, por ello, carácter demanial, esté siendo utilizado como vía abierta a la circulación de vehículos.
Como se ha puesto de manifiesto en el expediente consultado, esa anomalía ha generado otra, a saber, que dicho bien patrimonial de un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Defensa haya sido objeto de obras de mejora y conservación desarrolladas a iniciativa de otras Administraciones públicas.
Este Consejo entiende que tales anomalías deben eliminarse, para lo cual la autoridad consultante podría considerar la posibilidad de ceder la vía de referencia al Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros -como titular originario de la vía- o bien a la Diputación de Burgos -para su integración en la red provincial de carreteras-, dado que, como se ha dicho, se trata de un bien desafectado de un fin público que está siendo utilizado en la práctica para la circulación de ciclistas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede estimar parcialmente la reclamación sometida a consulta e indemnizar al reclamante en los términos indicados en el cuerpo del presente dictamen".
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 25 de septiembre de 2024
EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL.,
LA PRESIDENTA,
EXCMA. SRA. MINISTRA DE DEFENSA.
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