La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2023, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
"En cumplimiento de la Orden de V. E. de fecha 25 de enero de 2023, con registro de entrada el día 27 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de real decreto por el que se aprueba el Reglamento de los centros docentes de la Policía Nacional.
De antecedentes resulta:
PRIMERO.- Contenido del proyecto
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de un preámbulo, un artículo, cuatro disposiciones adicionales una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. Se acompaña del texto del Reglamento de centros docentes de la Policía Nacional (en adelante, el Reglamento).
El preámbulo comienza haciendo referencia a la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, cuyo título VII se dedica a regular la formación en la Policía Nacional. Se indica que ya se ha cumplido la previsión del artículo 39 de la citada norma con la creación del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional O.A. y que ahora se pretende culminar el proceso regulador y modernizador del marco normativo de la formación de la Policía Nacional mediante la aprobación de una norma específica relativa a los centros docentes, en desarrollo de lo previsto en el artículo 36 de la citada Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio. Se pretende con ello dictar una norma específica coherente con el contexto legal y social, superando el régimen previsto en el Reglamento provisional de la Escuela Superior de Policía, aprobado por Orden del ministro del Interior, de 19 de octubre de 1981, que garantice que el alumnado adquiera los conocimientos, competencias y destrezas necesarios para la mejor prestación del servicio policial.
El preámbulo explica también la estructura y contenido del Reglamento, justifica el cumplimiento de los principios de buena regulación, dispone que se ha recabado el informe del Consejo de Policía y que la norma se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución Española y con base en la habilitación legal prevista en la disposición final novena de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio.
La parte dispositiva del proyecto consta de un artículo por el que se aprueba el Reglamento de los centros docentes de la Policía Nacional.
Las cuatro disposiciones adicionales se refieren, respectivamente, a la definición de los puestos de trabajo de los centros docentes; a la aplicación de los capítulos IV y V del Reglamento al Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional O. A. en lo no previsto en su normativa específica, con preferencia sobre lo dispuesto en la normativa universitaria; al no incremento del gasto público; y al reconocimiento al personal policial no adscrito a los centros docentes de la Policía Nacional de la dirección de trabajos de fin de grado o de fin de máster.
La disposición derogatoria única indica que queda derogada la Orden del ministro del Interior de 19 de octubre de 1981, por la que se aprueba el Reglamento provisional de la Escuela Superior de Policía.
La disposición final primera añade una nueva disposición adicional cuarta al Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de la Dirección General de la Policía, aprobado por el Real Decreto 997/1989, de 28 de julio, relativa al cese en el puesto de trabajo de origen del personal policial que, estando incurso en un proceso selectivo, obtenga un nuevo destino por concurso.
Las disposiciones finales segunda a cuarta invocan el título competencial previsto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución Española, habilitan a la persona titular del Ministerio del Interior para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en el real decreto en proyecto y disponen que este entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
A continuación, el proyecto de Real Decreto incorpora el texto del Reglamento de centros docentes de la Policía Nacional, que cuenta con un índice y 36 artículos, divididos en 5 capítulos.
El capítulo I ("Disposiciones generales") se compone del artículo 1, relativo al objeto y ámbito de aplicación del Reglamento.
El capítulo II ("Estructura y organización de los centros docentes") comprende los artículos 2 a 11, que regulan la estructura de los centros docentes, la dirección, las jefaturas de régimen docente, de régimen interior, de las coordinaciones docentes y de los departamentos docentes, el departamento de psicopedagogía, la gestión de calidad, el claustro y la junta de evaluación.
El capítulo III ("Régimen del personal docente") comprende los artículos 12 a 19. En ellos se regula el profesorado titular, el personal instructor y el personal docente colaborador, así como sus funciones, sus derechos y deberes, la valoración del personal docente y la jornada, horario, vacaciones y permisos del mismo.
El capítulo IV ("Alumnado de los centros docentes") está formado por los artículos 20 a 33, dedicados a regular la condición de alumno y alumna, el estatuto del alumnado, la dependencia académica del alumnado en los procesos selectivos de ingreso por oposición libre y de acceso a las plazas de personal facultativo y técnico, de ascenso por promoción interna y en los cursos y actividades formativas programadas o coordinadas por los centros docentes policiales, el régimen de internado y externado, los derechos y deberes académicos del alumnado, la ausencia del centro docente, las recompensas, la jornada, horario, vacaciones, permisos, licencias y otras medidas de conciliación, la incorporación y permanencia a los centros docentes, los delegados y delegadas de clase y la junta de alumnos y alumnas.
El capítulo V ("Evaluación académica. Evaluación de actitudes y valores. Régimen disciplinario") comprende los artículos 34 a 36, que regulan la evaluación académica del alumnado y de sus actitudes y valores y el régimen disciplinario.
SEGUNDO.- El expediente
En el expediente remitido al Consejo de Estado, junto con la Orden de V. E., el índice de documentos que lo componen y la versión final del texto del real decreto en proyecto, constan los siguientes documentos y actuaciones:
A) Texto inicial del proyecto de Real Decreto y sus sucesivas versiones, con sus correspondientes memorias del análisis de impacto normativo (en adelante, MAIN), que incorporan un resumen ejecutivo.
En su versión final, la MAIN, que es de carácter abreviado, examina la oportunidad del proyecto y justifica el cumplimiento de los principios de buena regulación, reiterando lo señalado en el preámbulo. Explica que se han planteado como alternativas no acometer el proyecto o modificar el Reglamento provisional de la Escuela Superior de Policía de 1981, pero que, dado el alcance de la modificación que sería necesaria, se ha optado por dictar una nueva norma, lo que se considera más adecuado desde el punto de vista de la técnica normativa y de la seguridad jurídica. Añade que el proyecto estaba incluido en el Plan Anual Normativo de 2022.
A continuación explica el contenido del proyecto, destacando las principales novedades que incorpora, dispone que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y que tiene vigencia indefinida, que deroga las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en él, específicamente la Orden del ministro del Interior de 19 de octubre de 1981, por la que se aprueba el Reglamento provisional de la Escuela Superior de Policía, y que se dicta al amparo del artículo 149.1.29.ª de la Constitución, sin que afecte al ámbito competencial de las comunidades autónomas.
La MAIN también describe la tramitación seguida y dispone que el proyecto de Real Decreto carece de impacto y que no será objeto de evaluación ex post.
B) Documentación relativa a los trámites de consulta pública previa y de audiencia, en los que no se recibieron alegaciones.
C) Certificado del secretario del Consejo de Policía en el que indicaba que el 20 de julio de 2022 el proyecto de Real Decreto fue informado por el Consejo de Policía.
D) Conformidad de la Dirección General de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, de 13 de septiembre de 2022, para el inicio de la tramitación del procedimiento de aprobación del proyecto de Real Decreto.
E) Aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública de 14 de octubre de 2022, sin perjuicio de formular una observación relativa a la necesidad de precisar el carácter de la resolución por la que se declara a un alumno apto o no apto (artículo 35 del Reglamento), que ha sido aceptada.
F) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Universidades de 3 de noviembre de 2022. Formulaba diversas observaciones, las cuales han sido aceptadas, con excepción de dos: la relativa al artículo 25.5 del Reglamento, en el que se sugería acotar la obligación de residir en el municipio en el que tenga su sede el centro docente o en el que autorice la Dirección al alumnado del artículo 20.1.a); y la relativa a la disposición adicional segunda del proyecto, en la que se sugería suprimir la prevalencia de los capítulos IV y V del Reglamento sobre la normativa universitaria en su aplicación al Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional O. A.
G) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional de 10 de noviembre de 2022, sin observaciones.
H) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, de 23 de diciembre de 2022, sin observaciones. Indicaba que había tenido una participación activa en la elaboración del texto junto con el centro promotor del mismo, la Dirección General de Policía.
I) Petición de informe a la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, de 29 de diciembre de 2022, sin que conste que lo haya emitido.
Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen.
I.- Objeto y competencia
Se somete a consulta el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los centros docentes de la Policía Nacional.
El dictamen se emite con carácter preceptivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22, apartado 3, de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, en cuya virtud su Comisión Permanente deberá ser consultada en los casos de "reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones".
II. Reparto competencial, habilitación y rango
1. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta respeta el reparto competencial y se dicta al amparo del artículo 149.1.29.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de seguridad pública.
2. La habilitación legal para aprobar la norma proyectada ha de encontrarse en la disposición final novena de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, que "autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley orgánica", en relación con lo dispuesto en el título VII de dicha norma, relativo a "la formación en la Policía Nacional", el cual regula en los artículos 36 a 38 los centros docentes y el régimen del alumnado y el profesorado de los mismos. El artículo 36.2 dispone que "la organización y funcionamiento de los centros docentes, así como su régimen académico y disciplinario, se regularán por su normativa específica".
3. En cuanto al rango de real decreto, es adecuado por tratarse de una disposición de desarrollo de una norma con rango de ley.
III. Procedimiento
Por lo que respecta al procedimiento seguido para la elaboración del texto sometido a consulta, se han cumplido las exigencias del artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Consta la versión definitiva del proyecto sometido a consulta y la correspondiente MAIN, de carácter abreviado, que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Se han sustanciado los trámites de consulta pública previa y audiencia y obran en el expediente los informes de los diversos órganos administrativos que han participado en su tramitación, en particular, se ha recabado el parecer del Consejo de Policía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública y el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, como proponente del proyecto.
IV. Observaciones de fondo
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta tiene por objeto aprobar el Reglamento de los centros docentes de la Policía Nacional y viene a sustituir la regulación hasta ahora vigente, contenida en el Reglamento provisional de la Escuela Superior de Policía, aprobado por Orden del ministro del Interior de 19 de octubre de 1981. Se trata con ello de modernizar el marco normativo de la formación de la Policía Nacional, de manera que se garantice que sus miembros cuentan con la capacitación necesaria para ejercer sus funciones.
Según el artículo 29 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, "la formación en la Policía Nacional está dirigida a la consecución de la capacitación profesional y la permanente actualización de sus funcionarios" y se estructura en las siguientes modalidades: formación para ingresar en la Policía Nacional; capacitación profesional específica para el acceso a las escalas y categorías mediante promoción interna; formación permanente para la actualización de los conocimientos profesionales; especialización para desempeñar puestos de trabajo en áreas de actividad donde sean necesarios conocimientos específicos, y formación en altos estudios profesionales. Las diferentes modalidades de formación serán impartidas, como señala el artículo 36.1 de la citada ley orgánica, por los centros docentes de la Policía Nacional, cuya regulación aborda el proyecto de Real Decreto consultado.
Debe hacerse notar que el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional O. A., creado por la disposición adicional centésima décima sexta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y cuyos estatutos fueron aprobados por el Real Decreto 666/2022, de 1 de agosto (que fue objeto del dictamen número 1.277/2022, de 21 de julio), queda al margen de la regulación proyectada, sin perjuicio de que algunas de las previsiones del Reglamento puedan serle de aplicación en ausencia de previsión específica en su propia regulación. El proyecto de Real Decreto se aplicará a los centros docentes dependientes de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía, a saber: Escuela Nacional de Policía, Centro de Actualización y Especialización y Centro de Altos Estudios Policiales.
El régimen jurídico de los centros docentes de la Policía Nacional y del profesorado y alumnado de los mismos no se contiene exclusivamente en el real decreto en proyecto, sino que ha de completarse con las previsiones del Reglamento de procesos selectivos y formación de la Policía Nacional, aprobado por el Real Decreto 853/2022, de 11 de octubre (examinado en el dictamen número 1.530/2022, de 29 de septiembre), al que se remite en diversas ocasiones la regulación proyectada.
El Consejo de Estado valora positivamente el propósito del proyecto de Real decreto, el cual se ajusta, en general, al ordenamiento jurídico, sin perjuicio de que se considere necesario formular las siguientes observaciones:
A. Al proyecto de Real Decreto
La disposición adicional segunda del real decreto proyectado dispone lo siguiente: "Las disposiciones contenidas en los capítulos IV y V del reglamento que aprueba el presente real decreto serán de aplicación al Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional O.A. en lo no previsto en su normativa propia, con preferencia a lo dispuesto en la normativa universitaria".
El Ministerio de Universidades ha formulado una observación a esta disposición adicional, sugiriendo que la aplicación de los citados capítulos del Reglamento se haga de forma supletoria a lo previsto en la normativa universitaria, lo que no ha sido aceptado. La MAIN justifica esta decisión aludiendo simplemente a que la previsión del proyecto de Real decreto es acorde con la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, por la que se crea el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional O. A. y con sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 666/2022, de 1 de agosto, pero no explica la razón de ser de la disposición adicional segunda ni el impacto que puede tener en el régimen jurídico de dicho centro universitario.
A juicio del Consejo de Estado, debería ponderarse la conveniencia de mantener la citada previsión. Los capítulos IV y V del Reglamento se refieren, respectivamente, al alumnado de los centros docentes y a la evaluación académica y de actitudes y valores y al régimen disciplinario, estableciendo previsiones que difícilmente se ajustan a la naturaleza y finalidad del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, O. A. La especialidad de la formación que se imparte en este centro respecto del resto de las enseñanzas que ofrecen los centros docentes de la Policía Nacional justifica que reciba un tratamiento diferenciado en la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, que se haya creado un organismo autónomo para hacerse cargo de ella y que al establecer el régimen jurídico que le es de aplicación se cite la normativa universitaria antes que otras normas específicas de la Policía Nacional.
Sería preferible, por tanto, que antes de considerar aplicables en bloque los capítulos IV y V del Reglamento, se modificasen los Estatutos del Centro Universitario para incluir las previsiones que se consideren necesarias en relación, por ejemplo, con la evaluación de actitudes y valores o el régimen disciplinario al que quedan sometidos los alumnos del mismo, adaptándolas a sus especiales características.
La disposición final tercera figura bajo la rúbrica "Facultades de desarrollo" y habilita "a la persona titular del Ministerio del Interior a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido este real decreto". Por razones de técnica normativa, sería más correcto que su rúbrica fuera la de "Habilitación para el desarrollo reglamentario", de conformidad con la Directriz de técnica normativa número 43.
La disposición final cuarta dispone que el real decreto entrará en vigor "el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado". Debería ponderarse la conveniencia de otorgar un plazo suficiente de vacatio legis que permita a los centros docentes adaptarse a las previsiones del proyecto de Real Decreto o incluir, al menos, un régimen transitorio que establezca las normas que han de aplicar los centros docentes a los cursos que se estén desarrollando en este momento.
B. Al Reglamento de centros docentes de la Policía Nacional
1. Capítulo II. Estructura y organización de los centros docentes (artículos 2 a 11)
El artículo 2 regula la estructura de los centros docentes de la Policía Nacional, la cual se desarrolla en los artículos siguientes.
Se sugiere distinguir en ese precepto entre órganos necesarios y eventuales. De la lectura de los preceptos que siguen parece desprenderse que algunos de esos órganos han de existir en todos los centros docentes, la Dirección y la Jefatura de Régimen Docente, mientras que los otros resultan prescindibles. Esta distinción permitiría determinar con mayor claridad quién ha de ejercer las funciones que el Reglamento atribuye a cada uno de los órganos previstos en el artículo 2.1 en caso de que, en atención a la complejidad y necesidades del centro docente, decida prescindirse de alguno de ellos. Con la redacción actual del Reglamento, solo está previsto que, en caso de no existir una Jefatura de Régimen Interior, sus funciones serán asumidas por la persona titular de la Secretaría General de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía (artículo 5.2). Se desconoce, en cambio, quién ha de asumir las funciones de las Coordinaciones y Departamentos Docentes y del Departamento de Psicopedagogía en caso de que se decida que no es necesario crearlos. Cabe pensar que deberá hacerlo la Jefatura de Régimen Docente de quien dependen (artículo 4.3), pero convendría aclararlo.
El apartado 2 del artículo 2 dispone: "Las personas titulares de los órganos relacionados deberán estar en posesión del título universitario oficial de acceso al subgrupo de clasificación de pertenencia y cumplir los requisitos que se establezcan en las bases de la convocatoria de provisión de puestos de trabajo en relación con las responsabilidades que les competan. Asimismo, deberán poseer las titulaciones universitarias específicas que se determinen necesarias para el desempeño de las funciones de su ámbito competencial".
Sería conveniente que el Reglamento especificase cuál es el subgrupo de clasificación que se requiere para desempeñar los puestos previstos en él o, cuanto menos, los más relevantes, en lugar de dejar esta cuestión completamente abierta a lo que se disponga en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo o en el Catálogo de Puestos de Trabajo de la Dirección General de la Policía, como establece la disposición adicional primera del real decreto en proyecto. Así lo hace el Real Decreto 666/2022, de 1 de agosto, por el que se aprueban los Estatutos del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, O.A. (artículos 10 y 12). También sería aconsejable precisar a quién le corresponde nombrar a las personas que van a desempeñar los cargos previstos en el Reglamento.
En otro orden de cosas, se echa en falta una mención clara a la memoria anual de revisión de los contenidos de los planes de estudios que los centros docentes deben remitir para su control a la División de Formación y Perfeccionamiento según lo dispuesto en el artículo 44.5 del Reglamento de procesos selectivos y formación de la Policía Nacional. Aunque cabe pensar que está incluida en la función que la letra e) del artículo 3 del Reglamento atribuye a la Dirección del centro, debería concretarse.
Suscita dudas el desdoblamiento que a veces se hace en el Reglamento entre los órganos y la Jefatura de los mismos. Por ejemplo, no se comprende que en el artículo 4 se recojan en dos apartados diferentes (los apartados 1 y 2) las competencias de la Jefatura de Régimen Docente, que es un órgano unipersonal, o que en el apartado 3 de dicho precepto se haga referencia a "las Coordinaciones Docentes y las Jefaturas de los Departamentos Docentes", de forma similar a como hace el artículo 10.3, en vez de optar por referirse en ambos casos o en ninguno a las Jefaturas de tales órganos. Del mismo modo, el artículo 2.1 del Reglamento se refiere en las letras d) y e) a las Coordinaciones Docentes y a los Departamentos Docentes y, en cambio, los artículos 6 y 7 aluden en sus rúbricas a las Jefaturas de los mismos, aunque posteriormente solo el artículo 7, en su apartado 2, se refiere a "la persona titular de la Jefatura del Departamento Docente". En el resto de tales preceptos se hace referencia a las personas titulares de las Coordinaciones o Departamentos Docentes, lo que genera confusión, pues se desconoce si tales personas son quienes ostentan la Jefatura de dichos órganos o no. Debe, pues, revisarse el Reglamento a fin de eliminar tales discordancias.
En línea con la anterior observación, la letra e) del artículo 3 se refiere a "la Jefatura de la División de Formación y Perfeccionamiento". Según el artículo 13 de la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía, la División de Formación y Perfeccionamiento está integrada por una Secretaría General, no por una Jefatura, por lo que sería conveniente ajustar la terminología utilizada en el artículo 3, en línea con la que recoge el artículo 5.2 del Reglamento. La misma observación debe formularse al artículo 17.2.d) del Reglamento.
Entre las funciones que el artículo 6 atribuye a las personas titulares de las Coordinaciones Docentes se encuentra "recibir y elevar a la Dirección del centro, a través de los órganos de que dependan orgánicamente, cuantas propuestas e informes fuesen emitidos por los Departamentos Docentes, informando y asesorando a la Dirección sobre unas y otros" (letra e). No se alcanza a comprender el inciso "a través de los órganos de que dependan orgánicamente". Tanto las Coordinaciones como los Departamentos Docentes dependen de la Jefatura de Régimen Docente (artículo 4.3), por lo que, si se quiere indicar que la comunicación con la Dirección del centro se hará a través de esta Jefatura, sería preferible indicarlo claramente. En otro caso, resulta necesario precisar el significado de ese inciso.
En el artículo 8, relativo al Departamento de Psicopedagogía, se ha omitido el sujeto, debiendo precisar, al igual que en los artículos previos, quién asume las funciones que en él se enumeran.
El artículo 10 regula el claustro e indica en su apartado 2 que se ajustará en su funcionamiento, sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el Reglamento, a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Sería conveniente acotar la remisión a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, pudiendo hacerlo, si así se considera oportuno, a las reglas que rigen el funcionamiento de los órganos colegiados, como parece que es la intención. Asimismo, se sugiere modificar la redacción de la letra d) del apartado 5, que establece, entre las funciones del claustro, la de "saludar corporativamente la integración del personal docente que se incorpore al Centro".
En relación con el artículo 11, cabe reiterar la observación relativa a la remisión que se hace a la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Además, se desconoce quién es "la persona titular de la coordinación del curso" a la que alude el apartado 2.
2. Capítulo III. Régimen del personal docente (arts 12 a 19)
El capítulo III del Reglamento se encarga de desarrollar las previsiones del artículo 38 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, dedicado al "profesorado".
El artículo 13, relativo a las funciones del profesorado titular, alude en dos ocasiones (apartado 1.h) y 2.d) a "los órganos directivos" del centro docente, lo que también hace el artículo 15, letra d), relativo a las funciones del personal instructor. Debería precisarse qué órganos de los contemplados en el artículo 2.1 tienen la consideración de directivos y pueden, por tanto, encomendar funciones al profesorado titular o al personal instructor.
El artículo 17 regula los "derechos y deberes del personal docente". El apartado 1 establece los derechos que ostenta el personal docente "además de los reconocidos como personal funcionario de carrera de la Policía Nacional". Este precepto se refiere a todo el personal docente, que incluye el profesorado titular, el personal instructor y el personal docente colaborador. Como prevé el artículo 38.2 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, y el artículo 16.1 del Reglamento, pueden tener la consideración de personal docente colaborador expertos y profesionales de reconocida competencia ajenos a la organización policial. En consecuencia, debería completarse el citado inciso del apartado 1 con una referencia a los derechos que pueda tener reconocidos el personal docente con arreglo al puesto que desempeñen en las organizaciones públicas o privadas donde desarrollen su actividad profesional.
3. Capítulo IV. Alumnado de los centros docentes (artículos 20 a 33)
El capítulo IV del Reglamento desarrolla las previsiones del artículo 37 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, relativas al alumnado de los centros docentes, cuyo régimen jurídico ha de completarse con las previsiones establecidas en el Reglamento de procesos selectivos y formación de la Policía Nacional, aprobado por el Real Decreto 853/2022, de 11 de octubre.
Sería conveniente que el Reglamento mantuviese una terminología uniforme y coherente con la utilizada en el Reglamento de procesos selectivos y formación de la Policía Nacional, a fin de facilitar su comprensión. Por ejemplo, el artículo 20.1 debería identificar de forma más precisa a los diferentes tipos de alumnos en relación con el tipo de proceso selectivo con el que estén vinculados, en lugar de hacerlo en las rúbricas de los artículos 22 y 23; o la referencia al "curso de formación o, en su caso, el módulo de formación en el puesto de trabajo" en el artículo 21.1 no se adecúa a la terminología utilizada en el Reglamento de procesos selectivos y formación de la Policía Nacional, que se refiere al curso académico, de especialización o de formación profesional, según el tipo de proceso selectivo de que se trate, y al módulo de formación práctica en el puesto de trabajo. Lo mismo ocurre en otros muchos preceptos del Reglamento.
Los artículos 22.1 y 23 se refieren a "la persona titular de la División de Formación y Perfeccionamiento". Se desconoce si se están refiriendo a quien ocupa la Secretaría General de dicha División u a otra persona, por lo que, en línea con la observación formulada al artículo 3.e) del Reglamento, debería aclararse.
En los artículos 23.1 y 24 se sugiere hacer una remisión al artículo 20.1.b) y c), respectivamente, al igual que se hace en el artículo 22.1 y completar, como antes se dijo, las previsiones del artículo 20.1.
El artículo 32 se dedica a los delegados y delegadas de clase y regula el procedimiento para su elección. La letra f) del apartado 2 indica lo siguiente: "Cuando no se presenten candidatos o candidatas, realizará las funciones de delegado o delegada quien tenga el primer número en el orden alfabético de la clase o sección, y quien le siga en dicho orden, las de subdelegado o subdelegada". No se comprende la referencia a "el primer número en el orden alfabético de la clase o sección", debiendo sustituirse, al igual que en otros apartados, por "la persona cuyo primer apellido se encuentre, siguiendo el orden alfabético, en primer lugar de la lista de clase o sección" o similar.
El artículo 33 regula la Junta de alumnos y alumnas, la cual se configura como un órgano eventual, que puede constituirse potestativamente en cada curso académico. Sería conveniente precisar a quién corresponde tomar la decisión acerca de su constitución y aclarar quién es "la superioridad" a la que la Junta de alumnos y alumnas puede hacer llegar sus inquietudes, sugerencias y propuestas. De lo dispuesto en el apartado 4 parece extraerse que es la Dirección del centro, pero sería preferible indicarlo con claridad. Asimismo, cabría indicar que quienes ejerzan la presidencia y la secretaría de la Junta tendrán la consideración de representantes de la misma a los efectos, por ejemplo, de lo dispuesto en el artículo 11.3.b) del Reglamento.
4. Capítulo V. Evaluación académica. Evaluación de aptitudes y valores. Régimen disciplinario (artículos 34 a 36)
El artículo 34, relativo a la "Evaluación académica del alumnado", alude a las normas de evaluación y a su contenido. Debe precisarse a quién corresponde la elaboración y aprobación de tales normas en el precepto correspondiente, que podría ser el 11 en caso de que se trate de una de las funciones de la Junta de evaluación.
Sorprende, asimismo, la especificación en el artículo 35 de las vías de recurso contra la resolución que acuerde la no superación del proceso selectivo como consecuencia de la declaración de no apto en la evaluación de actitudes y valores y el silencio en relación con las resoluciones por las que se declare la no superación de tal proceso por otras causas, lo que puede suscitar confusión, por lo que se sugiere que se regule por igual en ambos casos.
Asimismo, debería revisarse la redacción del artículo 35, para incluir una referencia a todos los cursos académicos, de especialización o de formación profesional de los procesos selectivos (la mención a "los cursos de formación" podría generar confusión, como se indicó en las observaciones al capítulo IV) y para aclarar la relación entre las actitudes y valores a evaluar y los parámetros contemplados en el apartado 2. En efecto, el apartado 1 dispone que se llevará a cabo una evaluación de las actitudes y valores del alumnado "de entre los relacionados en el apartado siguiente". El apartado 2, por tanto, más que aludir a parámetros a tener en cuenta para la evaluación de tales actitudes y valores, debería indicar directamente que las actitudes y valores que serán objeto de evaluación son las que en él se enumeran, lo que, además, resulta más coherente con la naturaleza de los elementos recogidos en dicho apartado. De acogerse esta observación, la alusión a los parámetros debería sustituirse también en los demás apartados del artículo 35.
El artículo 36 regula el régimen disciplinario de los centros docentes y dispone en su apartado 1 que en los supuestos en los que "la conducta del alumnado aspirante a ingreso, acceso o promoción en la Policía Nacional pudiera ser constitutiva de infracción disciplinaria, dicha responsabilidad será exigida en aplicación de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, de acuerdo con lo previsto en su artículo 2.2". Este artículo 2.2. dispone lo siguiente: "Los funcionarios en prácticas quedan sometidos a las normas de régimen disciplinario establecidas en el reglamento del centro docente policial y, con carácter supletorio para aquellos supuestos en que el hecho no constituya falta de disciplina docente, a las normas de esta Ley Orgánica que les sean de aplicación, sin perjuicio de las normas específicas que regulen su procedimiento de selección".
A diferencia de lo que ocurría con el Reglamento provisional de la Escuela Superior de Policía de 1981, que establecía un régimen disciplinario específico en sus artículos 66 y siguientes para las conductas consideradas ilícitas en el ámbito de las enseñanzas de la Policía Nacional, el Reglamento en proyecto prescinde de dicha regulación, lo que supone un vacío legal que debería completarse. Cuestión distinta es que el ejercicio de la potestad disciplinaria o las sanciones a imponer por los diferentes tipos de faltas que puedan cometerse se rijan por lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, pero la tipificación de aquellas debe hacerse en el Reglamento. La habilitación para hacerlo se establece expresamente en el artículo 2.2 de la citada ley orgánica en relación con su disposición final tercera.
En consecuencia, el Consejo de Estado considera necesario, si quiere mantener la tipificación de las infracciones que pueden cometerse en el ámbito de los centros docentes de la Policía Nacional, incluirla en el Reglamento proyectado, pues se trata de una cuestión que no queda comprendida en el régimen sancionador de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo.
5. Otras observaciones
Tanto la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio (artículo 36.3), como el Reglamento de procesos selectivos y formación de la Policía Nacional (artículo 45.5), se refieren a la necesidad de promover la colaboración de los centros docentes de la Policía Nacional entre sí, con los centros docentes de otros cuerpos policiales y con otros organismos o instituciones públicas o privadas. Habida cuenta de la vocación del Reglamento de regular con carácter general el régimen jurídico de los centros docentes de la Policía Nacional, se echa en falta una mención específica a dicha colaboración y a la forma en que puede arbitrarse.
C. Observaciones formales
Además de los defectos formales a los que se ha hecho referencia a lo largo del dictamen, es necesario llevar a cabo una revisión general del mismo a fin de unificar el uso de mayúsculas y minúsculas y depurarlo de erratas o errores gramaticales, algunos de los cuales se indican a continuación:
- El preámbulo indica que el Reglamento cuenta con 37 artículos, cuando debería decir 36.
- En la disposición adicional primera del real decreto en proyecto debe incluirse un espacio entre "disposiciones" y "que".
- En la disposición adicional cuarta del real decreto proyectado el verbo del inciso "que tengan que realizar el alumnado" debe conjugarse en singular y deberían añadirse los procesos selectivos de acceso a la Policía Nacional.
- En la disposición final primera del proyecto de Real Decreto debe sustituirse "all" por "al" en el primer inciso y eliminar una "o" en la redacción de la disposición adicional cuarta que se añade al Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de la Dirección General de la Policía en la frase "o en un o proceso selectivo de promoción interna".
- En el artículo 7.b) debe eliminarse el tachado en la expresión "las actividades docentes".
- En el artículo 12.3 debe evitarse la reiteración del verbo "se determine".
- El artículo 14 debería referirse al profesorado "titular", a fin de mantener la uniformidad de la terminología utilizada en el Reglamento.
- En el artículo 21.2 sería preferible sustituir la expresión "dichos centros" por "los centros docentes".
- En el artículo 26.f) falta una "y" entre "este reglamento" y "de las normas de régimen interior del centro docente" y sobra la coma.
- En el artículo 33.3.b) sobra la palabra "el" previa a "de secretario o secretaria".
- En el artículo 36.2, segundo párrafo, el verbo "se celebren" debería conjugarse en singular ("se celebre").
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del presente dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los centros docentes de la Policía Nacional".
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 16 de marzo de 2023
LA SECRETARIA GENERAL,
LA PRESIDENTA,
EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid