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Consejo de Estado: Dictámenes

Número de expediente: 352/2023 (INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES)

Referencia:
352/2023
Procedencia:
INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Asunto:
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento.
Fecha de aprobación:
04/05/2023

TEXTO DEL DICTAMEN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 4 de mayo de 2023, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"El Consejo de Estado, en cumplimiento de una Orden de V. E. de fecha 12 de abril de 2023, con registro de entrada el día siguiente, ha examinado con carácter urgente el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento.

De antecedentes resulta:

Primero. Contenido del proyecto de Real Decreto y su memoria

A) Proyecto de Real Decreto. El proyecto de Real Decreto que constituye el objeto del expediente remitido a consulta (en lo sucesivo, "el proyecto") consta de un preámbulo, un artículo único y una disposición final.

Comienza el preámbulo señalando que la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, en su sesión del día 27 de octubre de 2020, recomendó el análisis de la problemática en el acceso anticipado a la pensión de jubilación de las personas trabajadoras con discapacidad, en relación con las exigencias en el tiempo de cotización requerido, así como para resolver las dificultades que se presentan respecto a la acreditación de este.

Subraya a continuación que la disposición adicional cuarta de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, insta al Gobierno a impulsar una reforma del marco regulador establecido en los Reales Decretos 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de las personas trabajadoras que acreditan un grado importante de minusvalía y 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento.

En relación con este último, señala el preámbulo que, desde que comenzó a aplicarse, se suscitaron importantes reservas sobre su contenido, por cuanto es muy difícil acreditar quince años de cotización estando afecto por una discapacidad de 45 por ciento cuando esta deriva de alguna de las patologías listadas en el artículo 2, además de que hace años no era habitual solicitar la calificación de la discapacidad, ya que ello no tenía efectos beneficiosos directamente comprobables para el afectado. A ello se suma, dice el preámbulo, la necesidad de establecer un procedimiento ágil para incorporar a su ámbito de aplicación nuevas patologías generadoras de discapacidad.

Resume a continuación el preámbulo el contenido de las modificaciones del Real Decreto 1851/2009 que lleva a cabo el proyecto, desde el título, para adecuarlo al vigente texto refundido; el artículo 1, para reducir a cinco años el periodo de tiempo durante el cual debe acreditarse haber cotizado estando afecto a una discapacidad en el grado igual o superior al 45 por ciento debido a alguna de las patologías relacionadas en el artículo 2; el artículo 5, para permitir que la persona trabajadora acredite, mediante informe médico, que ha estado afectada por alguna de las patologías relacionadas en el artículo 2, así como la fecha de inicio o manifestación de la misma, y para acoger la doctrina del Tribunal Supremo en sentencia 729/2017, de 27 de septiembre, para cuya aplicación se establece la forma en que debe tenerse en cuenta la concurrencia en la persona trabajadora de patologías generadoras de discapacidad distintas de las recogidas en el artículo 2 a efectos de anticipar su edad de jubilación. Por último, se modifica la disposición final primera para crear un procedimiento de inclusión de nuevas patologías generadoras de discapacidad, y consecuentemente, se renumeran las disposiciones primera, segunda y tercera.

Finalmente, el preámbulo indica que el real decreto se atiene a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

B) Memoria del análisis de impacto normativo. El proyecto se acompaña de una memoria abreviada del análisis de su impacto normativo, precedida de una ficha resumen ejecutivo.

La memoria justifica, en primer lugar, su carácter abreviado. A tal fin, señala que de la propuesta normativa no se derivan impactos significativos en los ámbitos a los que alude el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

Analiza a continuación el rango de real decreto del proyecto normativo (por modificar una norma del mismo rango) y su oportunidad. En cuanto a la motivación del proyecto, se subrayan las dificultades que, desde la entrada en vigor del Real Decreto 1851/2009, se pusieron de manifiesto en cuanto a la dificultad de acreditar los requisitos que establece para que las personas con ese grado de discapacidad puedan obtener la reducción de la edad de jubilación que prevé. Además, las asociaciones del colectivo afectado han hecho hincapié en la necesidad de establecer un procedimiento ágil para la incorporación de nuevas patologías discapacitantes al ámbito de aplicación del Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre. Asimismo, se ha tenido en cuenta también para dar nueva redacción a la norma la doctrina del Tribunal Supremo, recogida en la sentencia 729/2017, de 27 de septiembre de 2017, de la Sala de lo Social, en la que considera que "si la intención del Gobierno hubiera sido la de exceptuar, a los efectos indicados, del grado de discapacidad del 45 por 100, todo tipo de dolencias distintas de las vinculadas a la reducción de la esperanza de vida, de forma que no fuese suficiente con padecer esa patología, sino que la misma determinase, por sí sola, ese porcentaje de discapacidad, así lo habría consignado de manera explícita, utilizando cualquiera de la fórmulas posibles, y al no haberlo hecho así no cabe admitir la exclusión de las citadas dolencias...". Precisa también la memoria que la norma proyectada se encuentra incluida en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2023.

En cuanto a los objetivos del proyecto, señala la memoria que se pretende reducir a cinco años (anteriormente quince) el período durante el cual debe acreditarse haber cotizado a la Seguridad Social estando ya afecto de una discapacidad igual o superior al 45 por ciento debida a alguna de las patologías relacionadas en el artículo 2, si bien, para distinguir este beneficio del reconocimiento de una pensión por incapacidad permanente, puesto que se pretende proteger situaciones distintas. También pretende permitir la acreditación del período durante el cual se ha sufrido alguna de las patologías que reducen la esperanza de vida, así como la fecha en que se inició o se manifestó, mediante un informe médico, sin perjuicio de seguir exigiendo que la acreditación de que la discapacidad deriva de dicha patología y de que el grado de discapacidad ha sido igual o superior al 45 por ciento durante al menos cinco años se efectúe en todo caso mediante certificación del Instituto de Mayores y Servicios Sociales o del órgano correspondiente de la respectiva comunidad autónoma que haya recibido la transferencia de las funciones y servicios de aquel. Se pretende, por otra parte, tener en cuenta la concurrencia en el trabajador de patologías generadoras de discapacidad distintas de las recogidas en el artículo 2 del Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, a efectos de anticipar su edad de jubilación, siguiendo así la doctrina de la STS, Sala de lo Social, 729/2017, de 27 de septiembre. Finalmente, se persigue establecer un procedimiento de inclusión de nuevas patologías generadoras de discapacidad en su ámbito de aplicación, así como su posible actualización periódica, y un procedimiento abreviado para facilitar la extensión del listado de patologías.

Por otra parte, la memoria explica la adecuación del proyecto a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015 y, en cuanto a las alternativas, establece que no cabía sino la aprobación de una modificación del Real Decreto 1851/2009.

A continuación, la memoria examina con cierto detalle el contenido del proyecto, y lleva a cabo su análisis jurídico y una descripción de su tramitación, apuntando la posición del órgano proponente en relación con las distintas observaciones formuladas en el expediente.

En fin, en cuanto al análisis de impactos, la memoria comienza señalando que el proyecto no afecta al ámbito de competencias de las comunidades autónomas al dictarse al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen económico de la Seguridad Social.

Para cuantificar el impacto económico de la reforma proyectada, la memoria parte del dato de que, desde la entrada en vigor del Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, se ha reconocido un total de 3.494 jubilaciones anticipadas de trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento (cuya distribución por años precisa en una tabla), de las que actualmente hay en vigor 3.271. Partiendo de que la cuantía media de la prestación en el primer año es de 1.577,52 €/mes y en un escenario de revalorización media del 2 % anual, la proyección actuarial del coste de las nuevas altas que se producirán cada ejercicio da lugar al siguiente resultado: una vez estabilizada la medida, en el décimo año de su implantación, el coste será de 148,61 millones de euros al año.

Por otra parte, entiende la memoria que el contenido del proyecto no supone discriminación alguna por razón de género y tiene un impacto positivo por razón de discapacidad, en la medida en que facilita la reducción de la edad de jubilación a las personas con discapacidad igual o superior al 45 por ciento a causa de alguna de las patologías que relaciona el artículo 2 del citado real decreto que han estado cotizando durante cinco años afectos de ese grado de discapacidad, además de haber estado aquejadas durante quince años por alguna de dichas patologías. Se constata también que la norma tiene un impacto nulo en la familia, en la infancia y la adolescencia, y no se prevé ningún otro impacto significativo de carácter social o medioambiental, ni en materia de igualdad de oportunidades o no discriminación.

La memoria concluye indicando que se ha decidido que no es necesaria la evaluación de los resultados de la norma proyectada.

Segundo. Contenido del expediente

El expediente incorpora dos versiones del proyecto de Real Decreto, con sus correspondientes memorias justificativas.

El proyecto se sometió al trámite de audiencia e información pública, publicándose entre el 7 y el 19 de diciembre de 2022 en el portal web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y se ha remitido en audiencia directa a los agentes sociales y al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, habiéndose recibido observaciones de:

- Unión General de Trabajadores.

- CERMI Comunidad Valenciana.

Asimismo, el proyecto se sometió a informe del Consejo Nacional de Discapacidad, que ha remitido las observaciones formuladas por las siguientes vocalías:

- Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)

- Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)

- Grupo ONCE

- Confederación Salud Mental

- Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Se ha solicitado informe a distintos órganos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, habiéndose recibido informe de:

- Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

- Gabinete de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

- Gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones.

- Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social (no formula observaciones).

- Intervención General de la Seguridad Social.

- Instituto Social de la Marina (sin observaciones).

- Tesorería General de la Seguridad Social (sin observaciones).

- Gerencia de Informática de la Seguridad Social (sin observaciones).

El proyecto ha sido igualmente informado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y, en cuanto coproponente del proyecto, por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que no ha formulado observaciones.

En tal estado de tramitación, el expediente ha sido remitido al Consejo de Estado para dictamen.

A la vista de los antecedentes remitidos, se formulan las siguientes consideraciones:

Primera.- Objeto del dictamen

Se somete a dictamen el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social, en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite el presente dictamen con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto en el apartado Tres del artículo 22 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, toda vez que la consulta se refiere a un proyecto de modificación de una disposición reglamentaria dictada en ejecución de una ley. Con arreglo a lo establecido en el artículo 19 de la mencionada Ley Orgánica 3/1980, la consulta se ha efectuado con carácter urgente.

Segunda.- Base legal y rango de la norma

El proyecto de Real Decreto sometido a dictamen tiene su base legal en el artículo 206 bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (precepto a su vez incorporado en dicho texto refundido por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones). Dispone este precepto lo siguiente:

"La edad mínima de acceso a la pensión de jubilación a que se refiere el artículo 205.1.a) podrá ser reducida en el caso de personas (...) en un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento, siempre que, en este último supuesto, se trate de discapacidades reglamentariamente determinadas respecto de las que existan evidencias contrastadas que determinan de forma generalizada una reducción significativa de la esperanza de vida".

El Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, cuya modificación se proyecta, desarrollaba a su vez el artículo 161 bis de la entonces vigente Ley General de la Seguridad Social (ahora reemplazado por el reproducido artículo 206 bis del nuevo texto refundido), que igualmente incluía una remisión reglamentaria.

Esta reforma del Real Decreto 1851/2009, con la finalidad de mejorar el marco regulador del acceso a la pensión de jubilación de las personas con discapacidad, está además específicamente prevista en la disposición adicional cuarta de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre.

Por tanto, debe concluirse que existe una habilitación normativa suficiente para aprobar el real decreto proyectado y que su rango normativo es el adecuado.

Tercera.- Procedimiento de elaboración

Por lo que se refiere a la tramitación dada al expediente ahora analizado, se han observado las prescripciones generales del procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas, siguiéndose los trámites esenciales previstos en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en los términos que han quedado recogidos en los antecedentes.

En primer lugar, con el texto proyectado se adjunta una memoria del análisis de impacto normativo, que cumple con los requisitos exigidos por el artículo 26.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

No se ha llevado a cabo previa consulta pública, lo que la memoria justifica indicando que se trata de una norma "que no tiene un impacto significativo en la actividad económica, no impone obligaciones relevantes a los destinatarios y regula aspectos parciales de una materia". Habida cuenta de que, según indica la propia memoria, actualmente solo hay en vigor 3.271 jubilaciones anticipadas de trabajadores con el grado de discapacidad exigido, y el coste de la medida una vez estabilizada será de 148,61 millones de euros al año, entiende el Consejo de Estado que en el presente caso cabría considerar justificado prescindir de la consulta pública de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 26.2 de la Ley del Gobierno. Debe llamarse la atención, empero, sobre la necesidad de justificar con suficiente precisión la omisión del citado trámite, tal y como exige el referido párrafo segundo del artículo 26.2 de la Ley del Gobierno ("La concurrencia de alguna o varias de estas razones, debidamente motivadas, se justificarán en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo"); a tal efecto, no basta con reproducir los motivos generales que indica ese precepto, sino que deben concretarse y motivarse adecuadamente las razones que concurren en cada caso.

Se han cumplido los trámites de audiencia e información públicas, mediante publicación en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como mediante consulta directa a los agentes sociales y al CERMI. Asimismo, el proyecto se ha sometido a consulta del Consejo Nacional de la Discapacidad y se han recabado los informes y dictámenes de distintos órganos administrativos. En particular, han emitido sendos informes las secretarías generales técnicas de los dos departamentos coproponentes: el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030.

En suma, pueden considerarse atendidas las exigencias básicas de índole procedimental que deben seguirse para preparar, con las necesarias garantías, un texto normativo como el ahora examinado.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe observar que no consta en el expediente el informe que, de conformidad con la disposición adicional cuarta de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, el Gobierno debía remitir, con carácter previo a la reforma aquí proyectada, a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, informe que debía tratar sobre "los aspectos relacionados con la protección social de las personas con discapacidad que se recogen en la recomendación 18 del Pacto de Toledo", con una atención particular "a los problemas que afecten al colectivo de personas con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo como las personas con parálisis cerebral, con trastorno de la salud mental o con discapacidad intelectual, incluidas las personas con trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, así como las personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento". Ese informe, que el Gobierno debía emitir en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la citada ley, y cuya emisión iniciaba un nuevo periodo de tres meses para impulsar la reforma que se somete a consulta, hubiera sido útil para una mejor valoración de esta última.

Cuarta.- Consideraciones generales

Como se ha indicado, el real decreto proyectado modifica el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el (antiguo) artículo 161 bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de las personas trabajadoras con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento, con la finalidad de resolver los problemas que esta regulación ha venido planteando en su aplicación de los requisitos requeridos para el acceso anticipado a la pensión de jubilación en los casos allí contemplados.

La recomendación número 18 del Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, aprobado por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de dicho pacto en su sesión del día 27 de octubre de 2020, apunta a la necesidad de "corregir los desajustes normativos que se hayan producido en las medidas de anticipación de la edad de jubilación" de las personas con discapacidad, "flexibilizando las regulaciones que se han revelado rígidas y que excluyen situaciones materialmente dignas de protección; en este sentido, también se analizará la problemática en el acceso anticipado a la pensión de jubilación de las personas trabajadoras con discapacidad, en relación con las exigencias en el tiempo de cotización requerido, así como para resolver las dificultades que se presentan respecto a la acreditación del mismo".

La problemática y los desajustes normativos a que se refiere esta recomendación han sido reiteradamente denunciados por diferentes asociaciones del sector social afectado, y se pusieron de relieve de forma expresa en la aplicación judicial del Real Decreto 1851/2009.

Por una parte, las asociaciones afectadas vienen poniendo de manifiesto la dificultad de acreditar quince años de cotización estando afecto por una discapacidad del 45 por ciento motivada por alguna de las patologías que señala el Real Decreto 1851/2009, máxime en la medida en que en el pasado no era habitual solicitar la calificación de la discapacidad.

Por otra parte, la aplicación práctica del Real Decreto 1851/2009 dio lugar a conclusiones distintas, incluso en vía judicial, en la valoración de si podían acogerse a la pensión de jubilación anticipada por discapacidad los trabajadores que, durante el tiempo reglamentariamente exigido, habían estado afectados por dos deficiencias distintas que, en su consideración conjunta, generaban una discapacidad en grado igual o superior al 45 por 100, pero de la que solo una de ellas figuraba incluida entre las enumeradas en el artículo 2 del Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, regulador de dicha prestación, pero no alcanzando esta tal umbral en una consideración aislada. Es el caso, por ejemplo, de trabajadores que, además de padecer secuelas de poliomelitis infantil valoradas con un porcentaje de discapacidad del 40 %, presentan una deficiencia de la columna vertebral no incluida en el repertorio reglamentario, de modo que su ponderación conjunta supera el 45 %, sin necesidad de computar los puntos por factores sociales complementarios. En unos casos se estimaba que un cuadro de este tipo permitía el acceso a la jubilación anticipada por discapacidad, y en otros se interpretaba que el Real Decreto 1851/2009 lo impedía, al exigir que el umbral del 45 % se alcanzase (exclusivamente) por las patologías previstas en su artículo 2.

Estas divergencias en la interpretación del Real Decreto 1851/2009 dieron lugar a la interposición de un recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que lo resolvió mediante sentencia de 27 de septiembre de 2017, favoreciendo la primera de las dos interpretaciones citadas.

El Tribunal Supremo excluye así la interpretación según la cual el reconocimiento de la jubilación anticipada está condicionado no solo a que el trabajador acredite el grado mínimo de discapacidad requerido y que, a lo largo de todo el tiempo prefijado, haya estado afectado de, cuando menos, una de las dolencias tasadas, sino, además, a que esa patología del listado reglamentario (y no esta conjuntamente con otra) le provoque, durante todo ese período, una discapacidad no inferior al 45 %.

En primer término, entiende el Alto Tribunal que esa interpretación no encuentra respaldo en el (antiguo) artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social, de cuya lectura se deduce que la voluntad del legislador fue la de establecer dos requisitos diferenciados; de un lado, un determinado grado de discapacidad, y, de otro, el padecimiento de una dolencia listada, pero sin exigir que tal porcentaje se alcanzase exclusivamente con esa afección.

En segundo lugar, argumenta la sentencia que, "si la intención del Gobierno hubiera sido la de exceptuar, a los efectos indicados, el grado de discapacidad del 45 por 100, todo tipo de dolencias distintas de las vinculadas a la reducción de la esperanza de vida, de forma que no fuese suficiente con padecer esa patología, sino que la misma determinase, por sí sola, ese porcentaje de discapacidad, así lo habría consignado de manera explícita, utilizando cualquiera de las fórmulas posibles, y al no haberlo hecho así, no cabe admitir la exclusión de las citadas dolencias a partir de una previsión cuya exégesis, a la luz de lo razonado en los párrafos precedentes, está lejos de resultar inequívoca y concluyente".

En tercer lugar, entiende que la interpretación más amplia se ajusta mejor al objetivo perseguido por el legislador con la creación de esta modalidad de jubilación anticipada, que no es otro sino que las personas con una discapacidad importante que han desarrollado su actividad profesional afectadas por una dolencia asociada a una menor esperanza de vida, puedan adelantar su edad de retiro por haber sufrido un mayor y más acelerado desgaste físico y funcional y tener un horizonte temporal más corto para disfrutar la pensión, y "ambas circunstancias concurren en personas que han trabajado durante el tiempo exigido con una discapacidad superior al 45 %, aquejando una dolencia listada, que además es la preferente y en un grado en modo alguno irrelevante, sino muy superior al 33 %, y otra, secundaria en su caso a la listada, o susceptible de agravarla, determinando tanto una mayor penosidad en el trabajo y un mayor deterioro físico y funcional como una menor esperanza de vida". Apunta igualmente el Tribunal Supremo el hecho de que el 70 % de estas prestaciones de jubilación anticipada corresponde a personas que sufren secuelas de poliomielitis o secuelas post-polio, por lo que "es evidente que la solución contraria produciría el efecto de perjudicar gravemente el efecto útil de las disposiciones que regulan esta clase de jubilación y frustraría las expectativas creadas en las personas con discapacidad, singularmente de aquellas que contrajeron en su infancia una enfermedad que ha marcado sus vidas y su actividad laboral, y marcará también su jubilación, y de las asociaciones que defienden sus derechos e impediría alcanzar el propósito perseguido".

Sirvan estas extensas consideraciones introductorias para poner de manifiesto la importancia de la reforma proyectada, que, además de cambiar el título del Real Decreto 1851/2009 para eliminar del mismo la referencia al artículo 161 bis de la antigua regulación legal, modifica los artículos 1 y 5 y la disposición final primera de dicho real decreto con una triple finalidad: por una parte, aclarar las características del grado de discapacidad necesario para acceder a la jubilación anticipada, en línea con lo dispuesto en la citada sentencia del Tribunal Supremo, y rebajar las exigencias en cuanto al periodo en que se exige la afección de una discapacidad igual o superior al 45 por ciento; por otra parte, precisar los mecanismos para la acreditación de esa discapacidad; y, finalmente, articular un procedimiento para introducir otras patologías en la lista de aquellas que permiten acceder a la jubilación anticipada que no requiera la reforma del artículo 2 del Real Decreto.

En consideración a estos loables objetivos, el proyecto merece una valoración global positiva; sin perjuicio de ello, cabe formular algunas observaciones a la redacción del texto, pues algunos defectos técnicos y contradicciones puntuales podrían impedir la realización de aquellos.

Quinta.- Observaciones al proyecto

a) Modificación de los artículos 1 y 5 del Real Decreto 1851/2009.

El apartado Dos del artículo único del proyecto da nueva redacción al artículo 1 del Real Decreto 1851/2009. En su tenor todavía vigente, el precepto exige, para la aplicación de la jubilación anticipada prevista en el real decreto, que el trabajador acredite que, a lo largo de su vida laboral, ha trabajado un tiempo efectivo equivalente, al menos, al período mínimo de cotización que se exige para poder acceder a la pensión de jubilación (quince años), afectado por alguna de las discapacidades enumeradas en el artículo 2 y que hayan determinado durante todo ese tiempo un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento. La nueva redacción pretende reducir de quince a cinco años el tiempo durante el cual debe acreditarse haber cotizado estando afecto de una discapacidad igual o superior al 45 por ciento por alguna de las patologías específicamente contempladas en el real decreto, aunque se mantiene la necesidad de acreditar haber estado afectado por una de esas patologías durante todo el periodo de cotización requerido; se prevé así que el artículo 1 tenga el siguiente tenor:

"Lo dispuesto en este real decreto se aplicará a las personas trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia incluidas en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social que acrediten que, a lo largo de su vida laboral, han trabajado un tiempo efectivo equivalente, al menos, al periodo mínimo de cotización que se exige para poder acceder a la pensión de jubilación, estando afectados durante ese tiempo por alguna de las patologías generadoras de discapacidad enumeradas en el artículo siguiente, o en el anexo al que se refiere la disposición final primera, y dentro de ese periodo durante al menos cinco años con un grado de discapacidad motivado por las mismas igual o superior al 45 por ciento".

Son dos, por tanto, los requisitos que este nuevo artículo1 prevé para poder acceder a esta jubilación anticipada por discapacidad; en resumen:

1. Haber estado afectado (trabajando y cotizando) quince años por una de las patologías del real decreto.

2. Haber estado afectado al menos cinco de esos quince años por un grado de discapacidad motivado por alguna de esas patologías igual o superior al 45 por ciento.

El apartado Tres del artículo único del proyecto da nueva redacción al artículo 5, en orden a regular de forma detallada la acreditación de estos dos requisitos:

1) En primer lugar, la afectación por alguna de las patologías generadoras de discapacidad contenidas en el artículo 2 o en el futuro anexo habrá de acreditarse mediante informe médico, con indicación de la fecha de inicio (nuevo apartado 1 del artículo 5).

2) En segundo lugar, el hecho de que la discapacidad deriva de una de las patologías del real decreto y que es igual o superior al 45 por ciento durante al menos cinco años deberá acreditarse mediante certificación del Instituto de Mayores y Servicios Sociales o del órgano correspondiente de la respectiva comunidad autónoma (apartado 2 del artículo 5).

A continuación, sin embargo, el apartado 3 del nuevo artículo 5 añade que, para acreditar que concurre un grado de discapacidad en total igual o superior al 45 por ciento, de los certificados del Instituto de Mayores y Servicios Sociales o equivalente de la comunidad autónoma deben desprenderse dos condiciones acumulativas:

i. Que la suma de los porcentajes de discapacidad alcanzados en las diferentes dolencias que figuren en el certificado, así como del porcentaje correspondiente a los "baremos complementarios" resulte un porcentaje de discapacidad total igual o superior al 45 por ciento.

ii. Que al menos una de las dolencias reflejadas en el certificado de discapacidad sea una de las relacionadas en el artículo 2 o en el futuro anexo, y que el porcentaje de discapacidad alcanzado por esta o estas patologías suponga al menos un 33 por ciento del total del grado de discapacidad acreditado.

Estas precisiones del artículo 5.3 están orientadas a evitar, en línea con lo indicado en la sentencia del Tribunal Supremo antes referida, que queden fuera del ámbito de aplicación del real decreto personas que han trabajado más de quince años con una discapacidad superior al 45 por ciento por la concurrencia de dos patologías, una listada en el reglamento y otra no, aunque la dolencia listada en el reglamento sea la preferente, dando lugar a, al menos, el 33 por ciento del total del grado de discapacidad acreditado, y la no listada sea secundaria pero concurra a la agravación de la primera.

Debe por ello valorarse muy positivamente este desarrollo reglamentario mucho más amplio que lleva a cabo el proyecto en el nuevo artículo 5, y que impedirá que se excluya de la jubilación anticipada las personas que reúnan estos requisitos. No puede dejar de señalarse, sin embargo, que tales precisiones incurren en una aparente contradicción con el tenor literal del nuevo artículo 1, que exige que la persona haya estado afecta dentro del periodo mínimo de cotización "durante al menos cinco años con un grado de discapacidad motivado por las mismas igual o superior al 45 por ciento". Esta formulación tan general y, en particular, el empleo del inciso "motivado por las mismas" referido a las dolencias del artículo 2 o del futuro anexo, podría de nuevo prestarse a interpretaciones distintas; en concreto, en esta redacción tendría cabida la conclusión de que ese grado de discapacidad del 45 por ciento o superior debe ser imputable a alguna de las patologías listadas en el real decreto. Ciertamente, esta conclusión resulta desmentida por la lectura conjunta del precepto con el artículo 5.3; en aras de una mayor claridad se sugiere, no obstante, que el artículo 1 haga una remisión a los términos del artículo 5.3 para la acreditación de tal extremo ("... y dentro de ese periodo durante al menos cinco años con un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento, motivado por las mismas en los términos previstos en el artículo 5.3 de este real decreto").

b) Modificación de la disposición final primera del Real decreto 1851/2009.

El apartado Cuatro del artículo único del proyecto modifica la disposición final primera del Real Decreto 1851/2009, con la finalidad de articular un procedimiento para ampliar y actualizar el listado de patologías generadoras de discapacidad que pueden dar lugar a la reducción de la edad de jubilación, sin necesidad de modificar cada vez el artículo 2 del Real Decreto.

Se prevé así que, junto a la lista de patologías contenida en el artículo 2, se apruebe y modifique sucesivamente un anexo al propio Real Decreto 1851/2009, mediante un procedimiento que deberá ser aprobado por orden del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a quien se habilita a tal efecto en la nueva redacción de la disposición final primera, que establece lo siguiente:

"Mediante orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que deberá ser sometida a consulta previa del Consejo Nacional de la Discapacidad antes del 1 de diciembre de 2023, se aprobará el procedimiento de inclusión de nuevas patologías generadoras de discapacidad en su ámbito de aplicación, así como su posible actualización periódica, pudiendo establecer un procedimiento abreviado para facilitar la extensión del listado de patologías a las enfermedades raras que vayan surgiendo. Las nuevas patologías que, en su caso, se incorporen al ámbito de aplicación de este real decreto se irán incluyendo en un anexo al mismo".

El Consejo de Estado viene recordando que puede admitirse que un real decreto habilite a un ministro a modificar los anexos de un real decreto mediante orden ministerial, pero para que esta habilitación sea admisible en derecho se ha de tener en cuenta su excepcionalidad, debiendo concurrir dos presupuestos en el caso concreto: uno material, relativo al contenido de la materia que va a ser modificada mediante orden ministerial, la cual debe aludir a aspectos técnicos muy concretos que no afecten a las decisiones reglamentarias fundamentales; y otro formal, referido a la ubicación sistemática de la materia que va a ser modificada mediante orden ministerial, la cual, por razones de seguridad jurídica, atendiendo al principio de jerarquía normativa, tiene que quedar recogida en los anexos de la disposición reglamentaria (por todos, dictamen número 1.650/2022, de 10 de noviembre).

Ambos presupuestos deben exigirse incluso con mayor rigor cuando, como en este caso, la modificación de esos aspectos técnicos no se prevé que se haga mediante orden ministerial, sino a través de un procedimiento que será regulado ex novo por orden del ministro. Con carácter general, no cabe objetar este modo de proceder; sin embargo, la forma en que el proyecto lleva a cabo esta habilitación adolece de ciertos defectos que deben subrayarse.

El primero de los dos requisitos citados puede entenderse cumplido en este caso, pues la lista de patologías a la que afecta la habilitación tiene el carácter técnico que exige la doctrina citada. Mayores dudas suscita, sin embargo, la exigencia de que la materia afectada se ubique en los anexos de la disposición reglamentaria habilitante, pues aunque la proyectada disposición final primera prevé que las nuevas patologías que se incorporen al ámbito de aplicación del real decreto "se irán incluyendo en un anexo al mismo", se da la doble circunstancia de que ese anexo actualmente no existe -se crearía por ese procedimiento ad hoc previsto en la norma- y que este sería en todo caso una relación incompleta y complementaria de la lista "principal", que seguiría estando en el artículo 2. Cabría por ello afirmar que la materia que va a ser modificada por el procedimiento que se regule por orden ministerial en realidad sí afectará al articulado del real decreto.

Este desdoblamiento de la lista de patologías que delimitan el ámbito de aplicación del real decreto en una relación principal, contenida en el articulado, y otra secundaria, para las actualizaciones que se incluyan en un anexo, es una técnica que puede generar inseguridad jurídica, e implicaría en todo caso mantener una doble "jerarquía" en cuanto a las patologías referidas, pues las incluidas en el artículo 2 solo podrían eliminarse de la lista mediante un real decreto, a diferencia de las que eventualmente se incorporen al futuro anexo.

Por todo ello, sería más acertado que el proyecto trasladase el listado de patologías actualmente contenido en el artículo 2 a un anexo, dejando en ese artículo (en el que podría aprovecharse para actualizar la referencia que en él se hace al ya derogado artículo 161 bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio) una mera remisión al anexo, y prever en la disposición final primera una habilitación para regular el procedimiento de modificación y revisión periódica de aquel. Ello permitiría además simplificar las referencias que los artículos 1 y 5 hacen de forma conjunta a las patologías enumeradas "en el artículo 2 o en el anexo a que se refiere la disposición final primera", facilitando su lectura.

En fin, no puede dejar de subrayarse que la proyectada disposición final primera no habilita al ministro a actualizar la lista mediante orden ministerial, como en los casos a que se refiere la doctrina referida, sino que le habilita a regular mediante orden un procedimiento específico, para la inclusión de nuevas patologías y la actualización periódica de la lista, pudiendo asimismo establecer un procedimiento abreviado "para facilitar la extensión del listado de patologías a las enfermedades raras a medida que vayan surgiendo". A juicio del Consejo de Estado, la disposición final debería encuadrar más concretamente este procedimiento para garantizar su objetividad y funcionamiento con arreglo a criterios estrictamente científicos. Sería por ejemplo adecuado exigir la intervención de un comité con representantes médicos o científicos y representantes de las organizaciones de personas con patologías discapacitantes, como ha indicado la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Transformación Digital.

c) Nueva numeración de las disposiciones finales.

Como se ha indicado, el apartado Cuarto del artículo único del proyecto modifica la disposición final primera del Real Decreto 1851/2009. En su versión vigente, esta disposición se refiere al título competencial al amparo del cual se dictó el real decreto, y no debe eliminarse. El proyecto parece querer evitar este efecto con el apartado Cinco del artículo único, en el que se establece lo siguiente: "se reenumeran las disposiciones finales primera, segunda y tercera, pasando a ser las disposiciones finales segunda, tercera y cuarta". Sin embargo, no es esta la técnica adecuada para lograr el objetivo perseguido. Al modificar la redacción de la disposición final primera, el nuevo contenido proyectado ("Procedimiento de inclusión de nuevas patologías generadoras de discapacidad") deroga y reemplaza al actual ("Título competencial"), sin que la nueva numeración prevista en el apartado Cinco permita subsistir a este último. Para ello, bastaría con añadir la nueva disposición final de habilitación con el ordinal de cuarta.

d) Observaciones a la redacción del preámbulo.

Para finalizar, cabe formular algunas observaciones estrictamente formales a la redacción del preámbulo.

Por una parte, hay varios párrafos que merecerían una redacción más clara. El párrafo segundo, por ejemplo, hace referencia a la obligación del Gobierno -prevista en la Ley 21/2021- de instar esta reforma en un plazo de "tres meses adicionales", pero no se indica a qué periodo se suma dicho plazo: se trata del indicado en el párrafo primero de la disposición adicional cuarta de la citada Ley 21/2021, disposición que el proyecto reproduce solo parcialmente, dificultando así su comprensión. Igualmente, se sugiere dar una redacción más depurada a las primeras líneas del párrafo cuarto, que resultan algo confusas; cabría, por ejemplo, redactarlas de una forma semejante a la siguiente: "Así, además de modificar el título para adecuarlo al vigente texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, eliminando la referencia al artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social, que corresponde al ya derogado texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se modifica el artículo 1...".

Por otra parte, deben corregirse varias erratas: en el ya comentado párrafo segundo, falta la preposición "en" delante de "el plazo de tres meses"; en el párrafo tercero, en lugar de "cuando esta derivada" debe decirse "cuando esta deriva"; y en el párrafo quinto, debe decir "ha estado afectada" y no "afectado", por referirse a "la persona trabajadora".

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez consideradas las observaciones que se formulan en el cuerpo del presente dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento".

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 4 de mayo de 2023

LA SECRETARIA GENERAL,

LA PRESIDENTA,

EXCMO. SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES.

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