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Consejo de Estado: Dictámenes

Número de expediente: 27/2023 (AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN)

Referencia:
27/2023
Procedencia:
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Asunto:
Proyecto de Real Decreto por el que se establecen disposiciones para la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea sobre controles oficiales en materia de bienestar animal.
Fecha de aprobación:
09/02/2023

TEXTO DEL DICTAMEN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2023, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"En virtud de la Orden de V. E. de 12 de enero de 2023, registrada de entrada el día 23 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se establecen disposiciones para la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea sobre controles oficiales en materia de bienestar animal, remitido con carácter urgente.

De antecedentes resulta:

Primero.- El proyecto de Real Decreto sometido a consulta

El proyecto sometido a consulta consta de un preámbulo, cinco artículos, tres disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, y once finales.

El preámbulo parte de una referencia al Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 999/2001, (CE) n.º 396/2005, (CE) n.º 1069/2009, (CE) n.º 1107/2009, (UE) n.º 1151/2012, (UE) n.º 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.º 1/2005 y (CE) n.º 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 854/2004 y (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo [en adelante, Reglamento (UE) 2017/625 o Reglamento sobre controles oficiales]. Dicho reglamento modificó siete normas europeas, de las cuales cinco son directivas que fueron transpuestas al derecho interno a través de otros tantos reales decretos, que ahora se modifican.

Además, el preámbulo hace referencia a otros fines del real decreto, como son:

- la necesidad de concretar el sistema sancionador aplicable en estos casos, que es el recogido en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, lo que obliga a actualizar la cita a esta ley en los reales decretos aprobados con anterioridad a su entrada en vigor;

- la introducción de normas relativas a la coordinación eficaz entre todas las autoridades, conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2017/625;

- se prevé la futura creación de la Mesa de coordinación sobre bienestar y protección de los animales mantenidos con fines agrarios y para la acuicultura;

- se modifica el Real Decreto 361/2009, de 20 de marzo, por el que se regula la información sobre la cadena alimentaria que debe acompañar a los animales destinados a sacrificio, en lo relativo a la información sobre los animales enviados al matadero, de forma que se facilite que los controles oficiales en los mataderos se realicen teniendo en cuenta la información más actualizada posible sobre los animales; además, con el mismo objetivo, se modifica la información contenida en el anexo III del Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación (anexo III relativo al modelo de declaración del titular de la explotación para el sacrificio de urgencia en la explotación);

- se adoptan medidas para disminuir la necesidad de practicar el raboteo, de conformidad con la Recomendación (UE) 2016/336, de 8 de marzo de 2016, respecto de la aplicación de la Directiva 2008/120/CE;

- se extiende la exigencia de contar con un plan de bienestar animal -actualmente prevista para las granjas porcinas intensivas y para las granjas avícolas- a todas las explotaciones;

- se modifica el Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el que se regulan aspectos relativos a la protección de los animales en el momento de la matanza, con el fin de asegurar que se registran las bajas que se producen en las explotaciones;

- se prevé la creación de un Centro Nacional de Referencia de Bienestar Animal, al igual que existe en otros Estados de la UE;

- por último, se modifica el Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros, con el fin de aclarar algunas posibles dudas interpretativas.

El artículo 1 determina el objeto de la norma, que consiste en mejorar la aplicación de la normativa europea sobre controles oficiales y otras actividades oficiales en materia de bienestar animal.

El artículo 2 establece la obligación de las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla de nombrar un máximo de dos puntos de contacto, que garantizarán el flujo de información sobre el resultado de los controles oficiales en los distintos puntos de la cadena alimentaria.

El artículo 3 determina la exigencia de que las explotaciones ganaderas de animales vertebrados, tanto terrestres como acuáticos, dispongan de un Plan de Bienestar Animal, cuando superen un determinado tamaño.

El artículo 4 establece que la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Dirección Ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN, O.A.), actuando ambas en el ámbito de sus respectivas competencias, designarán, al menos, un Centro Nacional de Referencia de bienestar animal en relación con la protección de los animales mantenidos con fines agrarios y para la acuicultura, y determina las funciones de dicho centro.

En lo que hace al régimen sancionador, el artículo 5 se remite a la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, y a la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.

La disposición adicional primera determina que la norma no supondrá incremento del gasto público. La segunda establece el plazo para la designación del Centro Nacional de Referencia de Bienestar Animal. La tercera prevé la creación por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de una Mesa de coordinación sobre bienestar y protección de los animales mantenidos con fines agrarios y para la acuicultura.

La disposición transitoria primera designa de forma temporal al Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarios como centro de referencia, hasta que se proceda a la designación definitiva de dicho centro. La segunda establece un plazo de cuatro años desde la publicación de la norma para disponer del Plan de Bienestar Animal previsto en el real decreto. La disposición transitoria tercera establece un plazo de dos años para adaptarse a las modificaciones introducidas en el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos, por la disposición final cuarta.

Las disposiciones finales modifican los siguientes reales decretos, conforme a los fines expuestos en el preámbulo:

- Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros (disposición final primera).

- Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas (disposición final segunda).

- Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras (disposición final tercera).

- Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos (disposición final cuarta).

- Real Decreto 361/2009, de 20 de marzo, por el que se regula la información sobre la cadena alimentaria que debe acompañar a los animales destinados a sacrificio (disposición final quinta).

- Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne y se modifica el Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros (disposición final sexta).

- Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el que se regulan aspectos relativos a la protección de los animales en el momento de la matanza (disposición final séptima).

- Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación (disposición final octava).

La disposición final novena se refiere al carácter básico de la norma e invoca los títulos competenciales recogidos en las reglas 13.ª y 16.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española (bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y bases y coordinación general de la sanidad), a excepción de las normas que se modifican por las disposiciones finales primera a octava, que seguirán amparándose en el título competencial expresado en la norma objeto de modificación.

La disposición final décima "faculta al titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para modificar los aspectos técnicos del real decreto para su adaptación a la normativa europea".

La disposición final undécima determina la entrada en vigor de la norma el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Segunda.- La memoria del análisis de impacto normativo

Expone la memoria que la finalidad del proyecto consiste en aprobar las disposiciones para la aplicación en España del Reglamento (UE) 2017/625, con el objetivo de mejorar la aplicación de la normativa vigente sobre bienestar animal en los animales mantenidos con fines agrícolas.

Se señala que no existen alternativas, dado que se trata de aprobar la normativa básica sobre la materia.

La memoria justifica la adecuación de la norma a los principios de buena regulación.

La norma se dicta en desarrollo de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, y de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal (en especial su artículo 36).

Se justifica la entrada en vigor del real decreto el día siguiente al de su publicación en el BOE, al concurrir el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, para que tanto las comunidades autónomas como el sector conozcan la norma y puedan aplicarla (especialmente las comunidades autónomas), de manera inmediata.

La norma se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1, reglas 13.ª y 16.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de, respectivamente, bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica, y bases y coordinación general de la sanidad respectivamente, a excepción de las normas que en este real decreto se modifican que seguirán amparándose en el título competencial expresado en la norma objeto de modificación.

En cuanto a los impactos de la disposición, se dice lo siguiente:

- Carece de efectos significativos sobre la economía en general; tampoco tiene efectos relevantes sobre la competencia. Además, se dice, en la elaboración de la norma se habían tenido en cuenta los principios contenidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, entre ellos, la necesidad y proporcionalidad de la regulación. Asimismo, se han tenido en consideración los intereses de las pequeñas y medianas empresas, como son la mayoría de las explotaciones ganaderas, al tiempo que se dota de una adecuada seguridad jurídica a su actuación en lo relativo al bienestar animal.

- Los costes de las actuaciones para las Administraciones son nulos, al ser los habituales en el proceso de gestión y control.

- Incorpora nuevas cargas administrativas que se valoran en 75 millones de euros. Dichas cargas se corresponden con la exigencia de que las explotaciones tengan un plan de bienestar animal, que afecta a un conjunto de 150.000 explotaciones.

- El proyecto carece de impacto de género y otros impactos sociales (sobre la infancia y adolescencia, en la familia, por razón de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con movilidad reducida).

- Tampoco se considera que tenga impacto medioambiental ni en materia de cambio climático.

No se considera que la norma deba ser objeto de evaluación ex post.

El anexo I de la memoria se refiere a las correspondencias entre las modificaciones introducidas y el Reglamento (UE) 2017/625.

Tercero.- Expediente remitido

Se incluye en el expediente documentación correspondiente a los siguientes trámites:

a. Consulta previa

Se ha llevado a cabo el trámite de consulta previa con carácter previo a la elaboración del texto, de acuerdo con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, a través del portal web del departamento, entre el 30 de octubre y el 13 de noviembre de 2021. Han intervenido, además de algunos particulares, las siguientes entidades:

- La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia.

- Asociación Nacional de Defensa de los Animales (ANDA).

- Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR).

- Asociación "Porc Libre" Porcicultores Libres del Pirineo Aragonés.

- Compassion in World Farming (CIWF).

- Federación Española de Agrupaciones de Defensa Sanitaria de Acuicultura (FEADSA).

- Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR)

- INTERcids, Operadores jurídicos por los animales.

- Partido Animalista (PACMA).

- Sindicato Labrego Galego

- Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE)

- También presentaron un escrito conjunto diversas organizaciones interprofesionales ganadero cárnicas.

Las observaciones formuladas han sido analizadas en el anexo I de la memoria.

b. Trámite de audiencia e información pública y consulta a las comunidades autónomas

Se ha llevado a cabo el trámite de información pública entre el 23 de junio y el 13 de julio de 2022. Además, se recabó el parecer de las organizaciones y asociaciones representativas de los intereses del sector, y se ha consultado a las comunidades autónomas.

Presentaron escritos, además de algunos particulares, las siguientes entidades: Provacuno, Consell Valencià de Collegis Veterinaris (CVCV), UAGA - Aragón, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Interprofesional del Porcino de Capa Blanca Español (INTERPORC), Interovic, Asoprovac, Cooperativas Agro-alimentarias, Anprogapor Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR), Asociación Nacional de Veterinarios de Porcino (ANAVEPOR), ARGAPOR CM, Asociación Regional de Ganaderos de Porcino de Castilla - La Mancha, Icpor Castilla-La Mancha S. L, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA Federal), Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), Compassion In World Farming España (CIWF), Asociación de Veterinarios de Porcino de Castilla y León (AVEPORCYL), Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico, Asociación de Veterinarios de Porcino de Catalunya (AVPC), Federación de Ads de Porcino de Aragón (FAPA),Unión de Uniones, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Consejo General Colegios Veterinarios de España, Consejo General de Colegios de Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, INTERcids, Asociación de Veterinarios Especialistas en Équidos (AVEE) y Asociación para la Defensa de Víctimas de Injusticias (APADEVI).

También presentaron escritos la Junta de Andalucía, la Generalidad de Cataluña, la Xunta de Galicia y la Región de Murcia.

Se incluye en el expediente un documento en el que se valoran las observaciones presentadas.

c. Informe de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, de 4 de julio de 2022

Se concluye que el Estado tiene competencia para dictar la norma, al amparo de los títulos competenciales que en ella se invocan. No obstante, se hacían algunas observaciones que, en lo esencial, han sido atendidas en la redacción final del proyecto.

d. Informes de los departamentos

Se incluyen los siguientes:

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, de 4 de julio de 2022, sin observaciones.

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Política Territorial, de 7 de julio de 2022. Se sugería insertar la Mesa de coordinación sobre el bienestar y protección de los animales mantenidos con fines agrarios y para la acuicultura en el sistema de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, pues sus funciones serán las propias de un grupo de trabajo en dicho ámbito.

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de 11 de julio de 2022, sin observaciones.

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Consumo, de 23 de julio de 2022. Además de algunas observaciones de redacción, proponía la inclusión de un representante de dicho departamento en la Mesa de coordinación sobre el bienestar y protección de los animales mantenidos con fines agrarios y para la acuicultura.

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, de 9 de septiembre de 2022.

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de 19 de septiembre de 2022. Se hacía una observación sobre el carácter excesivamente genérico de la disposición final décima, además de señalar algunas erratas.

Asimismo, consta que el 19 de junio de 2022 se recabó el informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, sin que conste que este haya llegado a emitirse.

e. Aprobación previa de la ministra de Hacienda y Función Pública, de 4 de octubre de 2022

La aprobación fue dada, por delegación, por la secretaria de Estado de Función Pública.

f. Informe de la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria

El proyecto se sometió a informe de dicha comisión, que lo emitió de forma favorable, según el certificado expedido por dicho órgano.

g. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 10 de enero de 2023

No se hacían observaciones al proyecto, en cuya elaboración había participado dicho órgano.

h. Remisión a la Comisión Europea

El proyecto ha sido sometido al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas previsto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, regulado en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio. Consta, en efecto, que el proyecto se remitió el 14 de octubre de 2022. No consta que la Comisión hiciera observaciones que suspendieran el plazo de tres meses de statu quo.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen, haciendo constar en la orden de remisión la urgencia de la consulta.

En la orden de consulta se justifica su urgencia en los siguientes términos:

"La publicación del proyecto es urgente por cuanto prevé disposiciones de aplicación de la normativa europea de controles oficiales ya en vigor, de manera que se garantice una coordinación eficiente y eficaz entre todas las autoridades involucradas, así como la coherencia y la eficacia de los controles oficiales u otras actividades oficiales en nuestro territorio".

I.- Objeto de consulta

Tiene por objeto la consulta el proyecto de Real Decreto por el que se establecen disposiciones para la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea sobre controles oficiales en materia de bienestar animal, remitido con carácter urgente.

Conforme resulta del marco normativo que más adelante se expone, el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 22, números 2 y 3, de su Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, el cual, en su redacción actual, establece que "la Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en los siguientes asuntos: (...) 2. Disposiciones reglamentarias que se dicten en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo. 3. Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones".

Tal y como ha quedado señalado, se ha remitido la consulta con carácter urgente. Además de recordar la necesaria prudencia que debe guardarse en la remisión de las consultas con carácter urgente, a la que ya ha aludido el Consejo de Estado en otros dictámenes, cabe llamar la atención de que esta práctica se ha convertido en habitual en el departamento, a pesar de que, en algunos casos, como el presente, la tramitación no se ha llevado con la misma urgencia en las fases previas. Resulta expresivo, en este sentido, que, siendo la orden de remisión del 12 de enero, y habiéndose solicitado en ella el dictamen con un plazo de quince días, su remisión y registro en el Consejo de Estado no se produjera hasta once días después, el 23 de enero siguiente.

II.- Competencia del Estado

De conformidad con lo informado por la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, el Estado cuenta con competencia para dictar la norma, de conformidad con los títulos invocados en su disposición final novena, que son los recogidos en las reglas 13.ª y 16.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española (bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y bases y coordinación general de la sanidad); asimismo, resulta pertinente que, en lo que hace a la modificación de otros reales decretos (disposiciones finales primera a octava), se invoquen los mismos títulos citados en cada una de las normas objeto de modificación.

III.- Rango de la disposición

El proyecto contará con rango suficiente, pues, de una parte, desarrolla lo previsto en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, y en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. Y, de otra, modifica ocho normas del mismo rango.

IV.- Tramitación de la norma

La tramitación de la norma ha seguido las prescripciones de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Así, en efecto, como ha quedado plasmado en antecedentes, se ha llevado a cabo la consulta previa con anterioridad a la redacción del primer proyecto, se ha abierto el trámite de audiencia y participación pública y se ha consultado a las comunidades autónomas. También se ha recabado el informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, que, sin embargo, no ha llegado a emitirlo, y ha informado, como ya se ha señalado, la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local. Se incluyen también los informes de los departamentos cuyas competencias pudieran verse afectadas y, finalmente, ha informado la secretaría general técnica del departamento proponente.

Asimismo, se incluye una memoria suficientemente expresiva de los fines perseguidos y de su impacto.

En consecuencia, ninguna observación cabe hacer desde el punto de vista de la tramitación.

V.- Marco normativo y principales decisiones adoptadas. Valoración general de la norma

El Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por la que se modifican otras normas comunitarias, ha establecido el marco jurídico para la realización de controles oficiales dirigidos, entre otros aspectos, a comprobar que las explotaciones cumplen las normas relativas a la salud y bienestar animal. Entre las obligaciones que se contemplan, figura la de que los Estados miembros realicen determinados controles, para lo cual han de designar las autoridades competentes.

Además, sus artículos 151 y siguientes modifican otras normas de la UE, entre las cuales se incluyen, además de dos reglamentos, cinco directivas, las cuales fueron transpuestas al derecho interno a través de otros tantos reales decretos. Son las siguientes:

- Directiva 98/58/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas, incorporada al derecho interno a través del Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas (real decreto que se modifica por la disposición final segunda proyectada).

- Directiva 1999/74/CE del Consejo de 19 de julio de 1999 por la que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras, transpuesta por medio del Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras (modificado por la disposición final tercera del proyecto).

- Directiva 2007/43/CE del Consejo de 28 de junio de 2007, por la que se establecen las disposiciones mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne, incorporada a través del Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne y se modifica el Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros (disposición final sexta).

- Directiva 2008/119/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las normas mínimas para la protección de terneros, transpuesta en el Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros, en la modificación operada por el Real Decreto 692/2010 (disposición final primera).

- Y Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos, incorporada por el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos, en la modificación llevada a cabo en Real Decreto 1392/2012 (disposición final cuarta).

El objeto del real decreto consultado consiste en modificar los citados reales decretos, con el fin de ajustar su contenido a las mencionadas directivas, tal y como han sido modificadas.

Además, el proyecto tiene otros fines que han quedado reseñados en antecedentes, entre los cuales cabe destacar: la obligación de las comunidades autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla de designar un máximo de dos puntos de información a efectos de intercambio de información sobre los controles oficiales en bienestar animal; la obligación de que todas las explotaciones ganaderas de animales vertebrados cuenten, a partir de determinado tamaño, con un Plan de Bienestar Animal; el procedimiento para designar el Centro Nacional de Referencia de Bienestar Animal; y la modificación de tres reales decretos en relación con las obligaciones de información sobre los animales que se envían al matadero o que se sacrifican fuera del matadero (Real Decreto 361/2009, de 20 de marzo, por el que se regula la información sobre la cadena alimentaria que debe acompañar a los animales destinados a sacrificio, Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el que se regulan aspectos relativos a la protección de los animales en el momento de la matanza, y Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación; estas normas se modifican respectivamente por las disposiciones finales quinta, séptima y octava).

A juicio del Consejo de Estado, la norma merece un juicio favorable, al ser conforme con el ordenamiento de la UE y estar justificadas las soluciones normativas adoptadas, dirigidas a favorecer la salud y bienestar animal. Además, el proyecto tiene una técnica jurídica correcta, y las soluciones adoptadas han sido analizadas de forma suficiente en la memoria.

Sin perjuicio de esta valoración general, se harán en el apartado siguiente algunas observaciones particulares.

VI.- Observaciones al proyecto

Preámbulo

En el preámbulo sería posible introducir mayor claridad en la cita de normas.

En primer lugar, en el tercer párrafo del preámbulo se señala que el Reglamento (UE) 2017/625 modifica siete normas europeas, dos de las cuales son reglamentos y otras cinco directivas. Si bien en el caso de las directivas se dicen cuáles son estas, no se hace así en el caso de los reglamentos; convendría mencionar cuáles son.

Por otra parte, en la referencia que se hace a la Directiva 2008/119/CE, cuando se cita el Real Decreto 1047/1994 como norma de incorporación, debe aclararse que dicha transposición se llevó a cabo mediante la modificación operada en dicho reglamento por el Real Decreto 692/2010. Análoga observación debe hacerse cuando se cita el Real Decreto 1135/2002, ya que la transposición de la Directiva 2008/120/CE se llevó a cabo mediante la modificación que se produjo en el Real Decreto 1135/2002 por el Real Decreto 1392/2012. Igualmente, en la referencia que se hace en la página 4 del preámbulo a "las disposiciones del artículo 3 del Real Decreto 1047/1994" convendría mencionar la modificación operada por el citado Real Decreto 692/2010.

Por otra parte, algunas de las citas normativas en el preámbulo no resultan claras, como cuando en la página 2 se menciona el "reglamento mencionado" o en la página 4 el "reglamento sobre controles oficiales" convendría especificar la norma de que se trata, que parece que es en ambos casos el Reglamento (UE) 2017/625.

También daría mayor claridad al preámbulo si la referencia al anexo III del Real Decreto 1086/2020 citase su título completo ("Modelo de declaración del titular de la explotación para el sacrificio de urgencia en la explotación").

Artículo 1

Se valora favorablemente este artículo que, en su complejidad, aporta claridad sobre el objeto de la norma, lo que resulta particularmente útil dada la diversidad de contenidos del proyecto, todos ellos vinculados a la promoción de la salud y el bienestar animal.

Artículo 4. Centro Nacional de Referencia de bienestar animal

El apartado 2.d) de este artículo está mal formulado y presenta algunas incorrecciones, por lo que debiera corregirse. Se propone recoger una redacción análoga a la siguiente:

"d. Otras que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación determine en desarrollo de la normativa vigente requieran, incluyendo la garantía de una adecuada coordinación con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN, OA) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el correcto ejercicio de sus funciones".

Por otro lado, el tenor de este artículo y de la disposición adicional segunda plantea dudas acerca de si la designación de un Centro Nacional de Referencia es indefinida y única en el tiempo, o si lo que se atribuye es la potestad al ministerio -a través de las direcciones generales que se mencionan- para modificar el organismo designado con posterioridad. En el caso de que se esté considerando esta última posibilidad, convendría preverlo de forma expresa.

Artículo 5. Régimen sancionador

Se remite este artículo al régimen sancionador establecido en la "Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, o [en] la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal". Sería más correcto sustituir la conjunción "o" por "y".

Disposición transitoria tercera

Dado que esta disposición transitoria tercera se refiere al régimen transitorio de la modificación que se incluye en el Real Decreto 1135/2002, convendría que el contenido de esta disposición transitoria se incluya dentro del citado Real Decreto 1135/2002, recogiendo dicho contenido en la propia disposición final cuarta.

Disposición final tercera

La disposición final tercera modifica el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras. A diferencia de lo que ocurre con las disposiciones finales primera y segunda, en relación con los reales decretos en los que se introducen cambios que redefinen el concepto de "autoridad competente", no se incluye la nueva definición en el artículo 2.f) de dicho Real Decreto 3/2002, por lo que no consta la referencia a las Ciudades de Ceuta y Melilla. Se diría por ello que, salvo que se justifique debidamente en la memoria, también en el Real Decreto 3/2002 debiera cambiarse dicha definición para que resulte armonizada con el resto de los reales decretos que se modifican.

Disposición final cuarta

Análoga observación cabe hacer a la disposición final cuarta, en relación con la definición de "autoridad competente" contenida en el artículo 2.10 del Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos.

Por otra parte, en dicha disposición final cuarta debe tenerse en cuenta que en el citado Real Decreto 1135/2002, el anexo único pasa a ser ahora el anexo I y se añaden otros dos anexos. Sin embargo, no se han modificado los artículos del propio Real Decreto 1135/2002 que se remitían "al anexo", para adecuar dicha mención a su nueva denominación. Por tanto, debe revisarse la redacción de los artículos 3 (primer inciso y apartados 5 y 9), 5.1 y disposiciones finales segunda y tercera para que las referencias se hagan a los correspondientes anexos.

Disposición final décima. Facultad de modificación

Esta disposición faculta "al titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para modificar los aspectos técnicos del real decreto para su adaptación a la normativa europea".

Esta previsión de modificación de un real decreto a favor del titular del departamento, sin acotar dicha potestad a anexos ni tampoco a aspectos concretos de la norma, sino contemplada de forma general para cualquier parte del real decreto, por más que se sujete a unas condiciones determinadas -que se trate de aspectos técnicos vinculados a la adaptación del derecho de la UE-, resulta excesivamente genérica y no resulta, por ello, admisible.

Conviene recordar, en este sentido, la doctrina recogida en el dictamen número 1.650/2022//1511/2022, de 10 de noviembre, en el que se señaló lo siguiente:

"Para que pueda tener lugar una habilitación normativa de este tipo es preciso, por consiguiente, que concurran dos presupuestos en el caso concreto: uno material, relativo al contenido de la materia que va a ser modificada mediante orden ministerial, la cual debe aludir a aspectos técnicos muy concretos que no afecten a las decisiones reglamentarias fundamentales; y otro formal, referido a la ubicación sistemática de la materia que va a ser modificada mediante orden ministerial, la cual, por razones de seguridad jurídica, atendiendo al principio de jerarquía normativa, tiene que quedar recogida en los anexos de la disposición reglamentaria".

Se estima, por ello, que debe ser suprimida en su actual redacción.

Esta observación tiene carácter esencial, a los efectos del artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez tenida en cuenta la observación de carácter esencial formulada a la disposición final décima y consideradas las restantes, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto sometido a consulta".

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 9 de febrero de 2023

LA SECRETARIA GENERAL,

LA PRESIDENTA,

EXCMO. SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

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