La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2023, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
"El Consejo de Estado, en cumplimiento de una Orden de V. E. de 14 de marzo de 2023, registrada de entrada el día 15 siguiente, ha examinado el expediente relativo a un proyecto de real decreto por el que se establece el calendario de implantación del sistema de formación profesional establecido por la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. La consulta ha sido remitida con carácter de urgencia.
De antecedentes resulta:
Primero. Proyecto de Real Decreto
El proyecto de Real Decreto por el que se establece el calendario de implantación del sistema de formación profesional establecido por la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional (el Proyecto), fechado el 14 de marzo de 2023, consta de preámbulo, diecisiete artículos, cuatro disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.
Comienza el preámbulo indicando que la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, establece en su disposición final quinta que el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, aprobará en un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor el calendario de implantación de esta ley, que tendrá un ámbito temporal de cuatro años a partir de la entrada en vigor de la ley orgánica.
El calendario, indica el preámbulo, establece la implantación de las ofertas formativas, el sistema de orientación profesional y el procedimiento de acreditación de competencias profesionales adquiridas por otras vías del sistema de formación profesional, así como la extinción gradual de los planes de estudios existentes y la equivalencia de titulaciones, certificados y acreditaciones. Además, recoge las modificaciones que deberán incorporar los currículos de ciertas ofertas de formación profesional, en particular los ciclos formativos y los, hasta ahora, certificados de profesionalidad.
Se indica que el calendario facilitará seguridad jurídica tanto a los centros de formación y las empresas u organismos equiparados del sistema de formación profesional, como a las personas en formación, estudiantes y trabajadores, que ya hayan comenzado su itinerario formativo, garantizando la continuidad de los itinerarios de formación profesional ya iniciados.
Según el preámbulo, la necesaria prudencia en el establecimiento de plazos para la generalización del nuevo sistema de formación profesional no impide, sin embargo, un razonable margen de flexibilidad para permitir que las administraciones anticipen la implantación gradual de las nuevas ofertas formativas, cuando se den los supuestos que posibiliten dicha implantación.
El calendario, en definitiva, persigue proporcionar a los diferentes sectores implicados en la formación, la cualificación y recualificación profesional con interés legítimo en el ámbito de la formación profesional y a las Administraciones competentes una referencia clara sobre la que orientar sus expectativas y planificar su gestión en el horizonte temporal de cuatro años en el que se plantea el calendario.
El preámbulo indica que el Proyecto tiene el carácter de norma básica (STC 1/1982, 80/1988 y 227/1988 y 131/1996), describe su estructura y señala que responde a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
También se hace referencia a la intervención en la tramitación del procedimiento de diferentes organismos y entidades, entre ellos el Consejo General de la Formación Profesional y el Consejo Escolar del Estado.
El Proyecto está integrado por diecisiete artículos, agrupados en ocho capítulos.
El capítulo I, dedicado a las "disposiciones generales", delimita el objeto y el ámbito de aplicación de la norma proyectada de la siguiente forma:
"Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto establecer el calendario de aplicación de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la formación profesional (en adelante Ley Orgánica).
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación alcanza:
a) los elementos integrantes del sistema de formación profesional, así como los instrumentos de gestión previstos en el título I de la Ley Orgánica.
b) la implantación de las ofertas formativas del sistema formación profesional y sus modalidades y regímenes recogidos en los títulos II y III de la Ley Orgánica, así como la extinción gradual de los currículos o planes de estudios de las actuales ofertas de formación en vigor y su equivalencia, a efectos académicos o profesionales.
c) los elementos vinculados a la impartición de la formación profesional, como son los centros y su régimen de funcionamiento, la colaboración de las empresas u organismos equiparados, el profesorado y los perfiles formadores recogidos en los títulos IV y V de la Ley Orgánica.
d) el procedimiento de acreditación de competencias adquiridas por experiencia laboral u otras vías, así como el servicio de orientación profesional en el marco del sistema de formación o profesional regulado por esta Ley Orgánica.
e) los procesos de evaluación y calidad que han de desembocar en los informes del estado del sistema contemplados en la Ley Orgánica.
f) la participación en la gobernanza del sistema de formación profesional de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, de acuerdo con lo establecido en el título XI de la Ley Orgánica".
El capítulo II se dedica a los "elementos integrantes del sistema de formación profesional", en los que se integran el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales, el Catálogo Modular de Formación Profesional y el Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional (artículos 3 a 5, respectivamente).
El capítulo III trata de los "instrumentos de gestión del sistema de formación profesional", incluyendo al Registro Estatal de Formación Profesional, el Registro Estatal de Acreditaciones de Competencias Profesionales Adquiridas por Experiencia Laboral o Vías no Formales e Informales y el Registro General de Centros de Formación Profesional (artículos 6 a 8).
El capítulo IV regula el "proceso de generalización de las ofertas formativas del sistema de formación profesional y de extinción de las anteriores", dedicando sus artículos 9 a 12, respectivamente, a las ofertas formativas de Grados A y de Grado B y a las ofertas de Grados C, D y E.
El capítulo V, que trata del "régimen y modalidades de oferta", comprende los artículos 13 ("régimen general y régimen intensivo") y 14 ("modalidades de oferta").
El capítulo VI se dedica a los "centros y empresas u organismos equiparados", dedicando su único precepto (artículo 15) a las "condiciones de impartición de las ofertas".
El capítulo VII trata del "sistema de Orientación Profesional"; solo comprende el artículo 16, dedicado a la "Estrategia General de Orientación Profesional".
Y el capítulo VIII, que regula la "evaluación y calidad del sistema", dedica su artículo 17 al "informe sobre el estado del sistema".
La disposición transitoria primera ("vigencia de los catálogos y registros del sistema") prevé que "los catálogos y registros actualmente vigentes mantendrán dicha vigencia hasta tanto no se deroguen o modifiquen los reales decretos por los que se establecen".
La disposición transitoria segunda ("vigencia de la ordenación de los certificados de profesionalidad") establece que "la ordenación de los certificados de profesionalidad actualmente vigentes mantendrá dicha vigencia hasta tanto no se deroguen o modifiquen los reales decretos por los que se establecen".
La disposición transitoria tercera ("vigencia de la ordenación de los Títulos de Formación Profesional y de los Cursos de Especialización") dispone que:
"1. La ordenación de los Títulos de Formación Profesional y de los Cursos de Especialización actualmente vigentes mantendrá dicha vigencia hasta tanto no se deroguen o modifiquen los reales decretos por los que se establecen y ordenan.
2. Las ofertas formativas que mantengan su vigencia al amparo de lo previsto en esta disposición podrán ser ofertadas a través de las modalidades general o intensiva previstas en los artículos 66 y 67, respectivamente, de la Ley Orgánica".
La disposición transitoria cuarta ("vigencia de la ordenación de otros programas formativos") establece que, "hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente lo previsto en la sección 4ª del capítulo III, del título III de la Ley Orgánica, relativa a otros programas formativos, continuará vigente la ordenación establecida en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación".
La disposición final primera ("título competencial") indica que el Proyecto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª, en relación con la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia de la Constitución Española.
La disposición final segunda ("habilitación para el desarrollo normativo") prevé que "corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional, sin perjuicio de lo que dispongan las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto".
Y la disposición final tercera ("entrada en vigor") establece que la norma proyectada entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
Segundo. Contenido del expediente
Obra en el expediente, además de las versiones anteriores del Proyecto, fechadas el 20 de septiembre de 2022 y el 16 de enero de 2023 y de la memoria del análisis de impacto normativo de esta misma fecha, los siguientes documentos:
- Certificado de la subdirectora general de la Oficina de Atención al Ciudadano, Documentación y Publicaciones, de fecha 5 de agosto de 2022, acreditativo de la realización, entre el 21 de julio y el 4 de agosto de 2022, del trámite de consulta pública previa, previsto en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
En este trámite no se recibieron alegaciones.
- Certificado de la subdirectora general de la Oficina de Atención al Ciudadano, Documentación y Publicaciones, de fecha 18 de octubre de 2022, que acredita la realización del trámite de audiencia e información pública previsto en el artículo 26.6 de la Ley del Gobierno, entre los días 21 de septiembre y 11 de octubre de 2022. Se efectuaron alegaciones por la Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno de Illes Balears y por CEOE-CEPYME.
- Borrador del acta de la sesión de 2 de noviembre de 2022, de la Comisión Sectorial de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, con asistencia de representantes de todas las comunidades autónomas.
- Borrador del acta de la sesión de 12 de diciembre de 2022, de la Comisión Sectorial de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, con asistencia de todas las comunidades autónomas.
- Certificado de la secretaria general del Consejo General de la Formación Profesional de fecha 30 de noviembre de 2022, en el que se indica que en la sesión LXXX de la Comisión Permanente del Consejo General, celebrada el 18 de noviembre de 2022, se informó, en el punto 3.º del orden de día "Informe de la Vicepresidencia", a los miembros de la Comisión Permanente del CGFP, entre otros extremos, sobre el calendario de aplicación de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.
Se adjunta el acta de la LXXX reunión de la Comisión Permanente del Consejo General.
- Informe de la ponencia n.º 31/2022, del Consejo Escolar del Estado de fecha 22 de noviembre de 2022.
- Dictamen 31/2022, de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2022, sobre el proyecto de Real Decreto.
- Certificado expedido por el director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Formación Profesional, de fecha 14 de marzo de 2022, acreditativo del cumplimiento el 15 de diciembre de 2022 del trámite preceptivo de información a las comunidades autónomas sobre el Proyecto, en el seno de la Comisión de Formación Profesional de la Conferencia de Educación.
Se acompaña copia del acta de la reunión de la Comisión de Formación Profesional de la Conferencia de Educación, de 15 de diciembre de 2022 en la que se acogió el argumento de la mayoría de las comunidades autónomas, relativo a la implantación gradual de las ofertas de formación profesional a partir del curso 2023-2024.
- Certificado, de fecha 18 de enero de 2022, expedido por la secretaria de la Comisión General de Educación, acreditativo de la consulta del Proyecto en el seno de la Comisión General de Educación de la Conferencia de Educación, el día 22 de diciembre de 2022.
Se acompaña el acta de la sesión de dicha fecha de la Comisión General de Educación de la Conferencia de Educación.
- Informe de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial, de 23 de enero de 2023, emitido en virtud de lo previsto en el artículo 26.5.6.º de la Ley 50/1997.
- Informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, de 9 de marzo de 2023 (artículo 26.9 de la Ley del Gobierno).
- Informe de 13 de marzo de 2023, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional (artículo 26.5, párrafo 4, de la Ley del Gobierno).
Memoria del análisis de impacto normativo, de 14 de marzo de 2023.
La memoria indica cuál es el objeto del Proyecto y la motivación a la que responde, consistente en dar cumplimiento a lo previsto en la disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. Tras describir su ámbito de aplicación, expone sus finalidades y objetivos, consistentes en:
- Proporcionar a los diferentes sectores implicados en la formación, la cualificación y la recualificación profesional, con interés legítimo en el ámbito de la formación profesional, así como a las administraciones competentes, una referencia precisa sobre la que orientar sus expectativas y planificar su gestión.
- Ofrecer la necesaria seguridad jurídica, tanto a los centros de formación, y a las empresas u organismos equiparados del sistema de formación profesional, como a las personas trabajadoras empleadas y desempleadas en formación, así como a los estudiantes de formación profesional, garantizando la continuidad de los itinerarios de formación profesional ya iniciados.
Señala la memoria que el calendario proyectado tiene por objeto establecer los plazos máximos en que deben quedar fijados los contenidos, alcance y organización de los diferentes elementos que integran el sistema de formación profesional, así como las fechas en que debe haberse procedido al desarrollo reglamentario de los instrumentos de gestión del sistema de formación profesional, a los que se refieren respectivamente los capítulos II y III del título I de la Ley Orgánica 3/2022. Dicho calendario se ha formulado en general atendiendo a la configuración temporal de las actividades de educación y formación, generalmente vinculadas a cursos académicos, con inicio en el mes de septiembre y finalización a 31 de agosto del año siguiente.
Expuestas las posibles alternativas al Proyecto y la adecuación de su contenido a los principios de buena regulación del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se señala que el Proyecto se encuentra recogido en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2023, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de enero de 2023.
A continuación, se exponen la estructura y el contenido de la norma proyectada y su fundamento jurídico y rango normativo, así como su congruencia con el ordenamiento interno y el de la Unión Europea.
Se destaca que el Proyecto se ampara en la competencia estatal prevista en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución y se pone de manifiesto que en su elaboración han sido consultadas las comunidades autónomas, a través de la Comisión de Formación Profesional y la Comisión General de Educación de la Conferencia Sectorial de Educación, así como de la Comisión Permanente del Consejo General de Formación Profesional y de la Comisión Sectorial de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y de Formación Profesional para el Empleo.
Prosigue la memoria describiendo la tramitación efectuada y analizando los impactos.
Por lo que se refiere al impacto económico general, se entiende que el Proyecto no supone impacto económico en sentido estricto e inmediato, pero que habrá de redundar en un impacto económico positivo sobre la economía general del país y que pueden derivarse indirectamente efectos en el empleo y, más concretamente, en la tasa de inserción laboral.
Se considera que carece de impacto en la competencia y en los presupuestos públicos, que no comporta cargas administrativas y que no presenta impacto por razón de género y en la familia, ni medioambiental, ni por razón de cambio climático.
Se estima que la norma tiene un impacto favorable sobre la infancia y adolescencia, ya que con la implantación de las ofertas formativas contenidas en el título II de la Ley Orgánica 3/2022 se pretende incrementar la calidad del sistema de formación profesional en su conjunto, dotándolo de una mayor flexibilidad, permeabilidad y coherencia, lo que habrá de repercutir de forma directa y positiva en el nivel de formación y cualificación de los jóvenes. En esta misma línea se entiende que la norma proyectada tiene un impacto de carácter social positivo, al enmarcarse en un proceso de reordenación del sistema de formación profesional, así como en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, al preverse en la Ley Orgánica 3/2022 medidas para el mejor desarrollo y éxito educativo y profesional de las personas con discapacidad (artículo 70).
Se añade, finalmente, que la norma en proyecto será objeto de evaluación "ex post" en los términos y plazos previstos en los apartados 2 y 4 del artículo 3 del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa.
Se completa la memoria con un anexo de valoración de las aportaciones recibidas.
En tal estado, el expediente ha sido remitido al Consejo de Estado para dictamen.
I. Objeto y competencia
La consulta versa sobre un proyecto de Real Decreto por el que se establece el calendario de implantación del sistema de formación profesional establecido por la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.
La competencia para emitir el presente dictamen preceptivo corresponde a la Comisión Permanente del Consejo de Estado, conforme a lo previsto en el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado ("Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones").
La emisión del dictamen se ha solicitado con el carácter de urgente, conforme a lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril y en el artículo 128.2 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.
La razón de dicha urgencia radica en la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en la disposición final quinta ("calendario de implantación") de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, a cuyo tenor "el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, aprobará en un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor el calendario de implantación de esta ley, que tendrá un ámbito temporal de cuatro años, a partir de la entrada en vigor de la misma. En dicho calendario se establecerá la implantación de los programas formativos de las ofertas a las que hace referencia el Título II de esta norma".
Conforme a su disposición final novena, la Ley Orgánica 3/2022 entró en vigor a los veinte días de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", es decir, el 21 de abril de 2022.
Por tanto, el indicado plazo de seis meses ha sido superado, siendo preciso que se apruebe el indicado calendario antes del comienzo del próximo curso académico. En todo caso, se observa en la memoria del análisis de impacto normativo que este Proyecto se completará con el proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación del sistema de formación profesional, iniciativa normativa que, en palabras de la memoria, "supone el eje central del desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, y está en un avanzado estado de tramitación, previéndose su publicación con antelación suficiente para su puesta a disposición de las administraciones competentes, y en relación con los plazos fijados en la presente norma referida a calendario de aplicación".
Por consiguiente, el Proyecto sometido a consulta habrá de complementarse con ese otro desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 3/2022, circunstancia que, a juicio del Consejo de Estado, modera la apreciada urgencia en el despacho del presente expediente.
II. Tramitación del expediente
Se han observado las previsiones del artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, así como las específicamente contenidas en el grupo normativo de referencia.
Además de la consulta pública previa y de la audiencia e información pública, se han recabado los informes del Ministerio de Política Territorial, conforme al apartado 5 del citado artículo 26, y de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, del apartado 9 del mismo precepto.
Han participado en la tramitación del expediente las comunidades autónomas, a través de la Comisión de Formación Profesional y la Comisión General de Educación de la Conferencia Sectorial de Educación, así como de la Comisión Permanente del Consejo General de Formación Profesional y de la Comisión Sectorial de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y de Formación Profesional para el Empleo.
Ha emitido dictamen el Consejo Escolar del Estado.
Ha informado la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
III. Fundamento constitucional
La disposición final primera del Proyecto ("título competencial") dispone que "este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30, en relación con la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia de la Constitución Española".
El Tribunal Constitucional ha sentado su jurisprudencia en materia de formación profesional en la Sentencia 111/2012, de 24 de mayo, resolutoria de los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
En la STC 194/2012, de 31 de octubre, que reitera la anterior, se sientan dos conclusiones principales al respecto:
"La primera es que, conforme a nuestra doctrina, hay distintas modalidades de formación profesional, encuadrables en materias competenciales distintas y a las que les son de aplicación títulos competenciales estatales y autonómicos también distintos. Así, como se destaca en la STC 111/2012, FJ 3, "la formación profesional que como concepto unitario trata de la capacitación para el desempeño de una profesión y el acceso al mercado laboral. Ahora bien, este concepto cubre una multiplicidad de figuras con perfiles propios y diferenciados. En concreto, dentro del concepto genérico de "formación profesional" encontramos tres vertientes diferenciadas: la formación profesional reglada, la formación profesional ocupacional y la continua [si bien las actuaciones relativas a estas dos últimas se suelen agrupar bajo la denominación de formación profesional ocupacional, como ocurre en el art. 30.1 de la Ley de ordenación general del sistema educativo]. La primera de ellas se incluye en el sistema educativo, "en el que los saberes o cualificación con base en aptitudes específicas se imparten y están dirigidos, previa estratificación en niveles y grados, a la obtención de títulos académicos o profesionales que habilitan para el ejercicio de determinadas profesiones u oficios" (STC 95/2002, de 25 de abril, FJ 6). Las otras dos, en cambio, no se integran en el sistema educativo, teniendo por objeto la formación ocupacional, específicamente, el desarrollo de actuaciones formativas dirigidas a la inserción y reinserción laboral de los trabajadores, mientras que la continua busca "el mantenimiento, a lo largo de la vida laboral, de las aptitudes y cualificaciones profesionales en su día alcanzadas y que capacitaron para acceder al puesto de trabajo, con el fin de dotar a los trabajadores asalariados de los adecuados instrumentos formativos para hacer operante la directriz constitucional contenida en el art. 40.2 CE, es decir, para garantizar la formación y readaptación profesionales de los trabajadores ante los nuevos y acelerados cambios tecnológicos" (STC 95/2002, de 25 de abril, FJ 6)".
La segunda conclusión, derivada de la constatación de la existencia de una pluralidad de títulos competenciales en esta materia, es que, como se indica en los fundamentos jurídicos 4 y 7 de la citada STC 111/2012, la formación profesional reglada o inicial se inserta en el ámbito de las competencias relativas a la educación, mientras que la ocupacional y la continua se incardinarían, como regla general, en la materia laboral y en las competencias relacionadas con la misma, pues tenemos declarado que "[e]n cuanto a la delimitación competencial en la otra parcela en la que se ubican materialmente la formación profesional continua y la ocupacional, en la STC 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 5, ya afirmamos que la formación profesional ocupacional ha de ubicarse en la materia "legislación laboral" (art. 149.1.7 CE), y a igual conclusión llegamos en cuanto a la modalidad de formación continua de los trabajadores asalariados o en activo en las SSTC 95/2002, de 25 de abril, y 190/2002, de 17 de octubre" (STC 111/2012, FJ 7)".
Atendido el contenido del Proyecto, que seguidamente se expondrá, la invocación del artículo 149.1.30.ª de la Constitución en sustento de la regulación que contiene se estima correcta.
IV. Base normativa y rango
A este respecto ha de tenerse en cuenta que, conforme a la ya citada disposición final quinta ("calendario de implantación") de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, a cuyo tenor "el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, aprobará en un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor el calendario de implantación de esta ley, que tendrá un ámbito temporal de cuatro años, a partir de la entrada en vigor de la misma. En dicho calendario se establecerá la implantación de los programas formativos de las ofertas a las que hace referencia el Título II de esta norma".
Junto a la mencionada, la disposición final octava ("desarrollo de la presente ley") establece:
"1. Las normas de esta ley podrán ser desarrolladas por las administraciones competentes de las comunidades autónomas, a excepción de las relativas a aquellas materias cuya regulación se encomienda por la misma al Gobierno o que forman parte de la competencia exclusiva que corresponde al Estado.
2. Al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, es competencia exclusiva del Estado el desarrollo de la presente ley en todo aquello que no se refiera a la regulación de la formación profesional en el ámbito del Sistema Educativo, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas".
Por tanto, corresponde al Gobierno la aprobación de la norma por la que se apruebe el calendario de implantación de la Ley Orgánica 3/2022, así como de todas aquellas otras que se le encomienden por la propia norma legal "o que forman parte de la competencia exclusiva que corresponde al Estado".
En el primer grupo se encuentran todas aquellas que resultan de las menciones que la Ley Orgánica 3/2022 contiene a su desarrollo reglamentario por el Gobierno, en particular, las de su artículo 113.
En definitiva, existe base normativa suficiente para la iniciativa normativa proyectada y su rango -real decreto- es adecuado.
V. Análisis del Proyecto
Como señalara el dictamen del Consejo de Estado número 723/2021, de 6 de septiembre, emitido en relación con un anteproyecto, que luego sería aprobado como Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, los dos sistemas de formación profesional del sistema educativo y de formación profesional para el empleo "son los que el Anteproyecto se propone integrar en un sistema unitario de formación profesional, que trate de dar una respuesta eficaz a las exigencias del nuevo modelo económico, dinámico y digitalizado, y a las demandas del tejido empresarial español, que precisa de colectivos cualificados y que no quede anclado en la dicotomía existente entre los dos subsistemas ahora existentes".
A lo que añadía que "la exposición de motivos y la memoria del análisis de impacto normativo del Anteproyecto enfatizan la importancia que un eficiente sistema de formación profesional reviste, en general, para el desenvolvimiento de toda sociedad económica y social avanzada y, muy en concreto, para la actual situación de la sociedad y economía española, en la que se detectan lagunas y cuestiones relevantes que han de ser satisfactoriamente solucionadas para brindar a todos los ciudadanos un marco que posibilite el desarrollo y actualización de sus competencias profesionales y para ofrecer al tejido económico y empresarial una adecuada respuesta a sus demandas y necesidades de empleo".
Para el Consejo de Estado, se hacía en el expediente y en el Anteproyecto "una acertada exposición y diagnóstico de las indicadas carencias y coincide en la singular trascendencia socioeconómica de la formación profesional. Partiendo de la dedicación que han venido recibiendo los dos subsistemas de formación profesional que acaban de describirse, este Cuerpo Consultivo valora positivamente la tarea de proponerse su más eficaz integración, en la medida en que brindará una buena oportunidad de avanzar en su mejor diseño y funcionamiento".
La norma sometida a consulta procede al establecimiento del calendario preciso para el desarrollo e implantación del sistema de formación profesional que la Ley Orgánica 3/2022 diseña, de conformidad con lo previsto en su disposición final quinta. Los términos de la regulación proyectada son, en términos generales, correctos y se acomodan a las previsiones legales y, además, a los acuerdos alcanzados por las diferentes Administraciones competentes -estatales y autonómicas- para su implantación gradual. Ello, no obstante, cabe indicar que varios preceptos de la norma proyectada contienen una programación temporal del ejercicio de sus respectivas competencias normativas por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas.
A este respecto, el Consejo de Estado quiere poner de manifiesto que la aprobación de la norma proyectada se producirá con un notable retraso con respecto a las fechas derivadas de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2022 y lo previsto en la disposición final quinta, ya que el calendario proyectado debía haberse aprobado antes del 21 de octubre de 2022, con una lógica y deseable antelación al inicio del curso académico 2023-2024. Ninguna explicación hay en el expediente acerca de la demora en que se ha incurrido que, como es evidente, redundará de forma negativa en la preparación del curso indicado y en el diseño de las diferentes ofertas formativas por parte de las Administraciones competentes.
A lo anterior ha de añadirse que, como resulta del expediente, la norma capital de desarrollo de la Ley Orgánica 3/2022 es el nuevo reglamento de ordenación de la formación profesional, sobre el que se indica que se preveía tener un primer borrador a lo largo del mes de enero de 2023 -acta de la sesión de 12 de diciembre de 2022, de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo-.
A juicio del Consejo de Estado, dicha norma debía haberse tramitado al tiempo que la ahora sometida a consulta para que su aprobación por el Consejo de Ministros se produjese de forma simultánea o muy cercana en el tiempo. Al no haberse hecho así, la aprobación, en su caso, del calendario proyectado, se producirá en ausencia de la norma básica estatal que de manera principal desarrollará la Ley Orgánica 3/2022, afectando de ese modo a la potestad normativa que en esta materia corresponde a las comunidades autónomas.
En definitiva, el Consejo de Estado llama la atención sobre estas cuestiones que afectan al desarrollo ordenado de la Ley Orgánica 3/2022.
A continuación, se formulan una serie de observaciones a fin de mejorar el texto proyectado.
5.1. Objeto y ámbito de aplicación (artículos 1 y 2): El artículo 1 del Proyecto describe su objeto del siguiente modo:
"El presente real decreto tiene por objeto establecer el calendario de aplicación de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la formación profesional (en adelante Ley Orgánica)".
No se recoge en este precepto la mención de la disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2022 a que el calendario "tendrá un ámbito temporal de cuatro años", pero sí resulta tal delimitación temporal de las reglas que contiene. Como acertadamente se ha señalado durante la tramitación del expediente esa mención que contiene la disposición final quinta al ámbito temporal del calendario no se refiere a su vigencia, sino al horizonte de implantación de la Ley Orgánica 3/2022 desde su entrada en vigor el 21 de abril de 2022. Por ello, la redacción de este artículo 1 se considera acertada.
Mayores dudas plantea el proyectado artículo 2, dedicado al "ámbito de aplicación", conforme al cual:
"El ámbito de aplicación alcanza:
a) los elementos integrantes del sistema de formación profesional, así como los instrumentos de gestión previstos en el título I de la Ley Orgánica.
b) la implantación de las ofertas formativas del sistema de formación profesional y sus modalidades y regímenes recogidos en los títulos II y III de la Ley Orgánica, así como la extinción gradual de los currículos o planes de estudios de las actuales ofertas de formación en vigor y su equivalencia, a efectos académicos o profesionales.
c) Los elementos vinculados a la impartición de la formación profesional, como son los centros y su régimen de funcionamiento, la colaboración de las empresas u organismos equiparados, el profesorado y los perfiles formadores recogidos en los títulos IV y V de la Ley Orgánica.
d) el procedimiento de acreditación de competencias adquiridas por experiencia laboral u otras vías, así como el servicio de orientación profesional en el marco del sistema de formación o profesional regulado por esta Ley Orgánica.
e) los procesos de evaluación y calidad que han de desembocar en los informes del estado del sistema contemplados en la Ley Orgánica.
f) la participación en la gobernanza del sistema de formación profesional de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, de acuerdo con lo establecido en el título XI de la Ley Orgánica".
Al margen de que haya de añadirse la preposición "a" tras "El ámbito de aplicación alcanza", debe ponerse de manifiesto que lo que este precepto regula es el ámbito de aplicación del calendario que aprueba el Proyecto, es decir, el conjunto de previsiones de la Ley Orgánica 3/2022 que el Gobierno considera que han de ser incluidas en el calendario de implantación que le corresponde aprobar.
Dicha cautela es lógica, atendida la distribución de competencias en la materia; pero el Consejo de Estado ha de hacer notar que el contenido del artículo 2 no tiene plena correspondencia con el resto de su articulado, esto es, que algunas de las materias incluidas en este artículo 2 no tienen una previsión de aplicación temporal en alguno de los restantes preceptos del Proyecto que desgranan el calendario de implantación.
Así ocurre con las menciones al profesorado y los perfiles formadores de su letra c), el procedimiento de acreditación de competencias adquiridas por experiencia laboral u otras vías de su letra d) o la participación en la gobernanza del sistema de formación profesional de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de su letra f).
Entiende el Consejo de Estado que la inclusión de estas cuestiones en el Proyecto debería ir acompañada de alguna previsión específica y correlativa en el indicado calendario pues, de otro modo, su mera mención como materia incluida en él, no tiene virtualidad alguna, más allá de servir de recordatorio a que se trata de extremos cuya regulación corresponde al Estado.
Por ello, debería revisarse el proyectado artículo 2, a fin de asegurar la debida coherencia entre su contenido y el del resto del Proyecto.
5.2. Capítulos II y III: En estos capítulos el Proyecto establece las reglas relativas a los elementos integrantes y los instrumentos de gestión del sistema de formación profesional.
En relación con ambas figuras, el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2022 establece:
"Artículo 7. Elementos integrantes e instrumentos de gestión del Sistema.
1. El Sistema de Formación Profesional se concreta en:
a) El Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales.
b) El Catálogo Modular de Formación Profesional.
c) El Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional.
d) Los elementos básicos de los currículos.
2. Sirven a la gestión del Sistema de Formación Profesional:
a) El Registro Estatal de Formación Profesional.
b) El Registro Estatal de Acreditaciones de Competencias Profesionales Adquiridas por Experiencia Laboral o Vías No Formales e Informales.
c) El Registro General de Centros de Formación Profesional.
3. Se habilitarán las herramientas para garantizar la difusión, información y acceso a los instrumentos de concreción y gestión del Sistema de manera accesible para todas las personas".
En el capítulo II se establecen las reglas relativas al Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales, el Catálogo Modular de Formación Profesional y el Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional.
Para los tres catálogos se prevé, respectivamente en los artículos 3, 4 y 5, que "antes del 1 de septiembre de 2023, quedarán fijados los contenidos" y la organización o el alcance (en función del catálogo respectivo) de cada uno de ellos.
El empleo de fórmulas temporales como la indicada ("antes del 1 de septiembre") implica que se determina una fecha de término de la obligación jurídicamente impuesta a la Administración del Estado, de modo que antes de esa fecha han de quedar establecidos los contenidos y la organización o el alcance de los tres catálogos.
La fórmula elegida ("quedarán fijados") en esos artículos 3 a 5 contrasta con la empleada en los artículos 6 a 8 para los indicados registros de competencia estatal, en los que se establece que "antes del 1 de septiembre de 2023 quedará desarrollado reglamentariamente" o "estará regulado reglamentariamente" cada uno de ellos.
No se aprecia la justificación de las diferentes fórmulas que se emplean en estos preceptos para los catálogos o los registros, ni entre aquellos que regulan unas figuras similares.
Debe tenerse en cuenta que el artículo 113 ("Gobierno") establece en su apartado 1 que "corresponde al Gobierno la aprobación de: a) Las normas reglamentarias de organización, funcionamiento, actualización y efectos de los instrumentos, contenidos y mecanismos básicos del Sistema de Formación Profesional enumerados en el artículo 7".
Por consiguiente, la expresión empleada en los artículos 6 y 8 ("antes del 1 de septiembre de 2023 quedará desarrollado reglamentariamente") es la que se considera técnicamente correcta y, por ello, debería usarse en los artículos 3, 4, 5 y 7 del Proyecto, en sustitución de las ahora consignadas en la versión sometida a dictamen.
Prosiguiendo con el análisis de estos preceptos, en el proyectado artículo 3 se prevé que el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales sustituirá al actual Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales (artículo 2 de la Ley Orgánica 5/2002); por su parte el artículo 5 del Proyecto dispone que, "antes del 1 de septiembre de 2023 quedarán fijados los contenidos y organización del Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional, a que hace referencia el artículo 12 de la Ley Orgánica, y dejarán de ser operativos aquellos catálogos u ofertas formativas que incluyeran, hasta ese momento, ofertas de formación del sistema de formación profesional, vinculadas al Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales".
A este respecto, los dos primeros apartados de la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 3/2022 establecen:
"Disposición transitoria tercera. Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
1. Hasta que se proceda al desarrollo reglamentario de lo previsto en la presente ley en relación con el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales, mantendrá su vigencia la ordenación del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales recogida en el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
2. Hasta que se proceda al desarrollo reglamentario de lo previsto en la presente ley en relación con el Catálogo Modular de Formación Profesional, mantendrá su vigencia la ordenación de dicho catálogo recogida en el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales".
Se sugiere revisar la última mención del artículo 5 del Proyecto, toda vez que las ofertas formativas hasta la fecha han estado vinculados al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, no al Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales, contemplado en los artículos 7 a 9 de la ley orgánica.
En los artículos 6 a 8 se establece que el acceso electrónico a cada uno de los registros "estará plenamente operativo antes" del 1 de septiembre de 2023. De esta manera se prevé garantizar que dichos registros sean accesibles por los interesados de forma electrónica antes del 1 de septiembre de 2023, lo que redundará en la efectividad de la implantación del sistema de formación profesional diseñado por la Ley Orgánica 3/2022. Pero en el Proyecto se diferencia entre la plena operatividad del acceso electrónico a los registros antes del 1 de septiembre de 2023 y la garantía del ejercicio de los derechos de acceso de la ciudadanía a los respectivos registros, que se demora a una fecha anterior al 31 de diciembre de 2023 (artículos 6.3 y 7.3, por referencia, respectivamente, a los artículos 15.2 y 17.2 de la Ley Orgánica 3/2022). No se explica en la memoria la razón del diferimiento de ese concreto aspecto de la relación electrónica de los ciudadanos con los registros a que se refiere que, sin duda, incide en la "plenitud" de la operatividad del acceso electrónico a ellos.
Finalmente, debe revisarse el artículo 6.2, pues su primer inciso ("las obligaciones (...) reguladora"), no guarda relación con el segundo ("y sustituirá..." hasta el final), que parece referido al Registro Estatal de Formación Profesional, que "sustituirá a los actuales registros de formación que registran títulos, certificados o acreditación del sistema de formación profesional", materias contempladas en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
5.3. Capítulo IV: La disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 3/2022, dedicada a la "ordenación de las enseñanzas y acciones formativas existentes hasta la entrada en vigor de esta ley", dispone lo siguiente:
"La ordenación académica de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y la ordenación de los Certificados de Profesionalidad en el ámbito de la Formación Profesional para el empleo, continuarán vigentes hasta que se proceda al desarrollo reglamentario en el marco del nuevo Sistema de Formación Profesional en los términos previstos en el Título II y en la Disposición final octava de esta ley".
Los artículos 9 a 12 del Proyecto se dedica al "proceso de generalización de las ofertas formativas del sistema de formación profesional y de extinción de las anteriores".
En estos preceptos se acoge la implantación gradual de las diferentes ofertas de Grados A, B, C, D y E, previendo que antes del 1 de septiembre de 2023 comenzará la oferta gradual de los Grados A, B y C (artículos 9 y 10) y que en el curso 2023-2024 comenzará la implantación gradual de los Grados D y E (artículos 11 y 12).
En todos esos preceptos se prevé que esa implantación parcial inicial se completará bien el 1 de enero de 2024 (Grados A, B y C), bien en el año 2024-2025 (primer curso de Grados D y Grados E), bien en el año 2025-2026 (segundo curso de Grados E).
La expresión empleada para referirse a la etapa final de la implantación en el Proyecto es "se implantará, con carácter general," la impartición de ofertas o el primero o el segundo curso. El Consejo de Estado considera que, aun cuando esa construcción gramatical sirve para expresar la idea que pretende regularse, podría sustituirse por otra que se ajuste mejor a la "completa" implantación, como "se completará la implantación" o fórmula similar.
Finalmente cabe indicar que en los proyectados artículos 11.5 y 12.3 se dispone que la oferta de Grados D y E se efectuará "sin perjuicio de las condiciones que les fueran de aplicación establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en sus disposiciones reglamentarias".
Debería decirse que en dicha oferta se tendrán en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica 3/2022 y de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y de sus respectivas disposiciones reglamentarias de desarrollo.
5.4. Capítulo V: En materia de régimen y modalidades de oferta, el artículo 13 establece que el 1 de septiembre de 2023 las Administraciones competentes comenzarán a realizar las ofertas de los Grados C con carácter dual, en régimen general e intensivo, y que en el año académico 2023-2024 las Administraciones educativas comenzarán a realizar las ofertas de los Grados D y, en su caso, E, con carácter dual, en régimen general e intensivo, atendiendo a lo previsto en los capítulos II y III del título III de la ley orgánica y su desarrollo reglamentario.
En sus dos apartados, estas reglas se completan con la mención del contenido de las disposiciones transitorias quinta y sexta de la Ley Orgánica 3/2022.
A juicio del Consejo de Estado, esa referencia resumida al contenido de dichas disposiciones transitorias es innecesario, toda vez que las disposiciones transitorias indicadas poseen sustantividad propia y no precisan de su recuerdo en el Proyecto para desplegar su plena eficacia temporal.
5.5. Capítulo VI: En el artículo 15 se prevé lo siguiente:
"Artículo 15. Condiciones de impartición de las ofertas.
1. A partir del 1 de septiembre de 2023, los centros que impartan ofertas del sistema de formación profesional deberán acogerse a los términos establecidos en el capítulo I del título IV, el artículo 100, los títulos VIII y IX de la ley Orgánica y sus desarrollos reglamentarios.
2. Asimismo, a partir del 1 de septiembre de 2023, las empresas y organismos equiparados se acogerán a los términos establecidos en el capítulo II del título IV de la Ley Orgánica, y su desarrollo reglamentario".
No es clara la redacción proyectada, pero entiende el Consejo de Estado que la observancia por los centros, las empresas y los organismos que se mencionan de las indicadas reglas de la Ley Orgánica 3/2022 ha de ser completa a partir de la fecha indicada; esto es, que esa fecha es la que determina el sometimiento por aquellos a las reglas de la Ley Orgánica 3/2022. Se sugiere sustituir la expresión "acogerse a los términos establecidos" por "observar" o "cumplir" lo previsto en las disposiciones que se mencionan.
5.6. Disposición transitoria cuarta ("vigencia de la ordenación de otros programas formativos"): Conforme a esta disposición, "hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente lo previsto en la sección 4.ª del capítulo III, del título III de la Ley Orgánica, relativa a otros programas formativos, continuará vigente la ordenación establecida en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación".
Conforme al apartado 1 de dicha disposición adicional cuarta del Real Decreto 127/2014:
"Disposición adicional cuarta. Otros programas formativos de formación profesional para los alumnos y las alumnas con necesidades educativas específicas.
1. A efecto de dar continuidad a los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales, y responder a colectivos con necesidades específicas, las Administraciones educativas podrán establecer y autorizar otras ofertas formativas de formación profesional adaptadas a sus necesidades. Estos programas podrán incluir módulos profesionales de un título profesional básico y otros módulos de formación apropiados para la adaptación a sus necesidades. Esta formación complementaria seguirá la estructura modular y sus objetivos estarán definidos en resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos, según lo establecido en la normativa vigente".
Por tanto, se establecen reglas para garantizar la continuidad formativa de los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales y para responder a colectivos con necesidades específicas.
La sección 4.ª del capítulo III del título III de la Ley Orgánica 3/2022 regula "otros programas formativos". En su artículo 73 apartado 1.b) se prevé que las Administraciones competentes "deberán organizar la colaboración con las administraciones y entidades locales y provinciales, así como organizaciones dedicadas a atender a los correspondientes colectivos que sea precisa para realizar ofertas de formación profesional adaptadas a las necesidades específicas de personas con fracaso escolar, discapacidad, pertenecientes a minorías étnicas, parados de larga duración y, en general, personas con riesgo de exclusión sociolaboral o en situación de vulnerabilidad".
No se contiene, sin embargo, mención alguna al alumnado con "necesidades educativas especiales", expresión específicamente empleada en el artículo 73.1 de la Ley Orgánica de Educación para referirse a "aquel que afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje, derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, y que requiere determinados apoyos y atenciones educativas específicas para la consecución de los objetivos de aprendizaje adecuados a su desarrollo".
A este alumnado no se refiere, pues, la sección 4.ª del capítulo III del título III de la Ley Orgánica 3/2022, sino su artículo 70 -integrado en la precedente sección 3.ª-. También ha de tenerse en cuenta que el artículo 71 se dedica a "Personas con especiales dificultades formativas o de inserción laboral".
Se llama la atención sobre este extremo, a fin de que la autoridad consultante valore la posibilidad de incluir en la proyectada disposición transitoria cuarta una mención al artículo 70 y también al artículo 71 de la Ley Orgánica 3/2022, habida cuenta de que a las medidas que contienen se refiere la citada disposición transitoria cuarta del Real Decreto 127/2014.
5.7. Otras observaciones: Se indican a continuación erratas detectadas en el texto proyectado:
- En el párrafo octavo se consigna en la línea quinta se dice "Mocular" en vez de "Modular" y en la línea séptima "captítulo III", lo que debe corregirse.
- En el artículo 2, como ya se ha indicado, debe añadirse la preposición "a" en la frase "El ámbito de aplicación alcanza".
En este mismo precepto, en su letra d), se hace referencia a "esta Ley Orgánica", cuando debería decirse a "la Ley Orgánica".
- En el artículo 9.3 se dice "dejaran", cuando debería emplearse en futuro ("dejarán").
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones realizadas en el presente dictamen, puede V.E. elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto por el que se establece el calendario de implantación del sistema de formación profesional establecido por la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional".
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 30 de marzo de 2023
LA SECRETARIA GENERAL,
LA PRESIDENTA,
EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
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