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Consejo de Estado: Dictámenes

Número de expediente: 165/2023 (INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES)

Referencia:
165/2023
Procedencia:
INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Asunto:
Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el régimen jurídico del complemento económico establecido en el artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Fecha de aprobación:
20/04/2023

TEXTO DEL DICTAMEN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 20 de abril de 2023, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"El Consejo de Estado, en cumplimiento de una Orden de V. E. con registro de entrada el día 2 de marzo de 2023, ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el régimen jurídico del complemento económico establecido en el artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

De antecedentes resulta:

Primero.- Contenido del proyecto de Real Decreto y de su memoria

A) El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de un preámbulo, seis artículos y tres disposiciones finales.

Comienza el preámbulo haciendo referencia a la modificación de la fórmula de cálculo del complemento económico a reconocer en los supuestos de jubilación demorada del artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, introducidos por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

Señala el preámbulo que de este modo se favorece la utilización de dicha fórmula mediante la sustitución del incentivo único hasta entonces establecido, por la posibilidad de que el interesado pueda optar entre la obtención de un porcentaje adicional del 4 % por cada año completo cotizado que acredite con posterioridad al cumplimiento de la edad de jubilación o una cantidad a tanto alzado por cada año completo de cotización acreditado entre la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación y la del hecho causante de la pensión, o una combinación de las dos opciones anteriores, posibilidad esta última cuya concreción la norma legal remite al desarrollo reglamentario.

Continúa diciendo el preámbulo que para la configuración de esta norma se ha tenido en cuenta tanto lo dispuesto en el último párrafo del artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que preceptúa que el beneficio establecido en este apartado no será de aplicación en los supuestos de jubilación parcial, ni en el de jubilación flexible a que se refiere el párrafo segundo del artículo 213.1, ni en los supuestos de acceso a la jubilación desde una situación asimilada al alta, como lo dispuesto en el propio preámbulo de la Ley 21/2021, de tal forma que la regulación de este artículo 210.2 obedece a la intención normativa de fomentar la permanencia de los trabajadores en activo.

En fin, concluye indicando que el real decreto se adecua a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El contenido dispositivo de la norma en proyecto es el siguiente:

- El artículo 1 del proyecto se refiere a su objeto.

- El artículo 2 regula las modalidades de abono del complemento económico.

- El artículo 3 establece las reglas de determinación de la opción mixta de abono del complemento económico.

- El artículo 4 prevé la determinación del complemento en el supuesto de aplicación de normas internacionales.

- El artículo 5 regula el ejercicio de la opción.

- El artículo 6 contempla la incompatibilidad del complemento económico con el acceso al envejecimiento activo.

- La disposición final primera establece que la norma se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen económico de la Seguridad Social.

- La disposición final segunda contiene una habilitación al titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la norma.

- La disposición final tercera prevé la entrada en vigor del proyecto el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, y establece que se aplicará a las pensiones cuya fecha de hecho causante sea posterior a esa entrada en vigor.

B) El proyecto de Real Decreto se acompaña de una memoria abreviada del análisis de impacto normativo.

La memoria cuenta con una ficha resumen ejecutivo, y el apartado 1 se inicia con una justificación de su carácter abreviado, indicando que la norma en proyecto no tiene una repercusión apreciable en ninguno de los ámbitos a tomar en consideración para elaborar una memoria completa.

En el apartado 2, la memoria se refiere a la base jurídica y rango del proyecto, con cita del artículo 210.2 y la disposición final octava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, teniendo en cuenta la redacción dada al primero de los preceptos citados por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Este apartado también se refiere a la adecuación de la norma al orden de distribución de competencias.

El apartado 3 describe el contenido y la tramitación del proyecto (detallando las observaciones recibidas e informando sobre su incorporación o no); el apartado 4 se refiere a la oportunidad; el apartado 5 precisa que no se deroga norma alguna.

El apartado 6 examina el impacto económico y presupuestario, con un análisis muy detallado de las distintas opciones y los resultados que arrojarían, partiendo de distintos ejemplos, que se reflejan en numerosos cuadros de resultados actuariales con sus correspondientes gráficos.

Señala la memoria, en primer lugar, que, en el supuesto de demorar entre dos y diez años, actuarialmente el coste de la opción mixta es menor si la elección es tanto alzado y mayor si la elección es el porcentaje adicional excepto en el caso de los pensionistas en base máxima con diez años de demora que la opción mixta es siempre más costosa. Concluye, que se produce un ahorro para el sistema si los que eligen el porcentaje adicional modifican su decisión y optan por la fórmula mixta. Examina igualmente los resultados derivados de que los que eligen el tanto alzado cambian su opción y se deciden por la fórmula mixta. Concluye que en esta solución supondrá un mayor gasto para el sistema. El efecto agregado, el mayor o menor gasto respecto de la situación actual, en la que ningún jubilado optaba por la decisión mixta por no estar regulada, dependerá de las cuantías de las pensiones causadas y de los años de demora de los pensionistas que modifican sus preferencias.

Para contrastar los motivos por los que se ha elegido la opción que se contempla en la norma, se incluyen las valoraciones para todos los supuestos posibles, calculando las cuantías en cada uno de las alternativas disponibles para los casos de pensión baja, media o máxima con supuestos que van desde un año hasta quince años de demora en cada caso.

Los apartados 7 a 11 analizan otros impactos de la norma, concluyendo que son nulos el impacto por razón de género, en la familia, en la infancia y la adolescencia, en las pymes y por razón del cambio climático.

El apartado 12 precisa que por la naturaleza y contenido de la norma no se considera susceptible de evaluación por sus resultados. El apartado 13 precisa la vinculación del proyecto con la aplicación del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, recordando que el anexo a la Decisión de Ejecución del Consejo, de 13 de junio, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, incluye como Componente 30 "La sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo" y, en particular, dentro de este se incluye la reforma 2 (C30, R2).

Segundo.- Contenido del expediente

El proyecto de Real Decreto se ha sometido, a través del portal web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a consulta pública previa entre los días 13 y 28 de octubre de 2022. Asimismo, se ha sustanciado el correspondiente trámite de audiencia e información pública, mediante la publicación del proyecto en esa misma página el 27 de octubre de 2022, con fecha límite para presentación de aportaciones el 8 de noviembre de 2022. Consta la presentación de un escrito de observaciones. También se ha realizado consulta directa a los agentes sociales, habiéndose recibido alegaciones de CEOE y CEPYME (informe de 8 de noviembre de 2022), Comisiones Obreras (informe de 8 de noviembre de 2022), y UGT (informe de 8 de noviembre de 2022).

Se han solicitado los informes de los órganos dependientes de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y de los Gabinetes del Departamento, habiéndose recibido sendos escritos de observaciones del Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (informe de 11 de octubre de 2022; formula únicamente observaciones formales), del Instituto Nacional de la Seguridad Social (informe de 11 de octubre de 2022 e informe complementario de 1 de febrero de 2023) y de la Intervención General de la Seguridad Social (informe de 11 de octubre de 2022).

Igualmente, han informado la Secretaría General Técnica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (informe de 9 de diciembre de 2022) y el Ministerio de Hacienda y Función Pública (informe de 19 de enero de 2023).

Con fecha 11 de octubre de 2022 se solicitó informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa; no consta que se haya emitido.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen.

CONSIDERACIONES

Primera.- Objeto y carácter de la consulta

Se somete a dictamen el proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el régimen jurídico del complemento económico establecido en el artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

El presente dictamen se emite con carácter preceptivo, en cumplimiento del artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, en el que se prevé que la Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en los "reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones".

Segunda.- Procedimiento de elaboración

El proyecto de Real Decreto se ha tramitado de acuerdo con el procedimiento de elaboración de reglamentos establecido en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Con el texto proyectado se adjunta una memoria del análisis de su impacto normativo, cuyo carácter abreviado resulta justificado a la luz del contenido del proyecto y de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

Se han sustanciado los trámites de consulta pública y de audiencia e información públicas, de conformidad con lo previsto en el artículo 26, apartados 2 y 6, respectivamente de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo, se ha realizado consulta directa a los agentes sociales, y han sido oídos órganos directivos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como distintas entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. En fin, han emitido informe las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Hacienda y Función Pública, a los efectos establecidos en el artículo 26.5, párrafos cuarto y primero, respectivamente, de la Ley del Gobierno.

Tercera.- Habilitación legal y rango normativo

El proyecto de Real Decreto sometido a dictamen desarrolla las previsiones sobre cálculo de la cuantía de la pensión en caso de jubilación demorada contenidas el artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (en lo sucesivo, "TRLGSS"), tras la redacción dada a este precepto por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

La habilitación que sirve de base al proyecto de Real Decreto sometido a consulta se encuentra recogida en este mismo artículo (cuya letra c), en particular, prevé que la opción "mixta" de abono del complemento económico en estos casos se aplicará "en los términos que se determine reglamentariamente"), y en la disposición final octava del TRLGSS, que además de facultar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social (actualmente, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) para dictar las normas de aplicación y desarrollo de dicha ley y proponer al Gobierno para su aprobación los reglamentos generales de la misma, prevé que este último "aprobará, asimismo, cuantas otras disposiciones resulten necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en dicha ley".

Habida cuenta de la naturaleza de las cuestiones cuya regulación aborda el proyecto, el rango de real decreto es el adecuado. El Consejo de Estado viene advirtiendo sobre la necesidad de utilizar con cautela la técnica de las habilitaciones per saltum, de modo que "la secuencia normal que debe seguir la habilitación normativa es que la Ley remita al Reglamento su desarrollo, quedando la Orden reservada y, a su vez, limitada, entre otras, a cuestiones de organización interna del departamento ministerial respectivo. En efecto, las normas reglamentarias externas que afectan como normae agendi a todos los ciudadanos no deberían en principio ser dictadas por los Ministros como tales, ya que implican una incidencia general sobre el pueblo que es propia del Gobierno como órgano político. Es cierto, sin embargo, que los Ministros pueden también dictar, entre otras, normas que sobrepasen el ámbito puramente organizativo o doméstico de sus departamentos y que pueden afectar a terceros, al referirse a expedientes o actos que atañen a los ciudadanos. Ello es especialmente posible cuando el contenido sustancial de tales disposiciones y sus efectos están determinados en las normas superiores respectivas, ya sean leyes, ya sean reales decretos. En definitiva, se trata de órdenes ministeriales de ejecución a las que, como tales, no corresponde crear derecho material nuevo" (por todos, dictamen número 1.587/2022, de 1 de diciembre).

Cuarta.- Observaciones al proyecto de Real Decreto

El artículo 210 del TRLGSS, que regula el cálculo de la cuantía de la pensión de jubilación, prevé en su apartado 2 el reconocimiento de un complemento económico cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a la que resulte de aplicar en cada caso lo establecido en el artículo 205.1.a) del mismo texto legal.

La Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, dio nueva redacción a este artículo 210.2 del TRLGSS atendiendo a las consideraciones contenidas en el Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 19 de noviembre de 2020, en particular en la Recomendación 12, en cuanto pone de manifiesto la conveniencia de fomentar la permanencia de los trabajadores en activo a través de la adaptación y mejora de los incentivos sociales, fiscales y laborales existentes.

De esta forma, con la finalidad de favorecer la jubilación demorada, la Ley 21/2021 procedió a sustituir el incentivo único hasta entonces establecido para esos casos en el artículo 210.2 del TRLGSS por la posibilidad de que el interesado pueda optar entre:

a) la obtención de un porcentaje adicional del 4 % por cada año completo de trabajo efectivo que acredite con posterioridad al cumplimiento de la edad de jubilación -porcentaje adicional que se sumará al que corresponda de acuerdo con el número de años cotizados y se aplicará a la respectiva base reguladora, a efectos de determinar la cuantía de la pensión-;

b) una cantidad a tanto alzado por cada año completo de trabajo efectivo acreditado y cotizado entre la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación y la del hecho causante de la pensión;

c) o una combinación de las dos opciones anteriores.

El proyecto sometido a consulta lleva a cabo el desarrollo reglamentario de esta nueva regulación legal, precisando el mecanismo de cálculo de estas tres modalidades de abono del complemento económico (artículo 2), y en particular de la opción mixta, que, al amparo de la amplia habilitación reglamentaria contenida en el artículo 210.2.c) del TRLGSS, el texto limita a quienes acrediten, al menos, dos años completos cotizados entre la fecha en que cumplieron la edad ordinaria de jubilación aplicable y la del hecho causante de la pensión de jubilación, distinguiendo a estos efectos según se acredite un periodo de dos a diez años completos cotizados o de once o más años completos cotizados (artículo 3).

Asimismo, el Real Decreto proyectado contempla una serie de reglas específicas para la determinación del complemento en el supuesto de aplicación de normas internacionales (artículo 4) y precisa que la elección de la modalidad de pago del complemento deberá hacerse en el momento de la solicitud de la pensión de jubilación, elección que no puede modificarse con posterioridad y que, de omitirse, dará lugar a la aplicación de la modalidad prevista en la letra a) (artículo 5).

En fin, el proyecto establece una serie de reglas para la aplicación de la incompatibilidad del complemento económico con el acceso al envejecimiento activo regulado en el artículo 214 del TRLGSS (artículo 6), desarrollando lo expresamente previsto en el penúltimo párrafo del artículo 210.2 del TRLGSS. En el expediente se ha generado cierta incertidumbre en torno a esta específica previsión, tras afirmar el INSS en su informe que en octubre de 2022 la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones le había remitido una preenmienda elaborada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social al proyecto de Ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural, que tenía supuestamente por objeto la supresión del penúltimo párrafo del artículo 210.2 del TRLGSS, para eliminar la referida incompatibilidad con el acceso al envejecimiento activo. A esta circunstancia alude también la secretaría general técnica del departamento proponente en su informe de 9 de diciembre de 2022. De confirmarse la apuntada modificación del TRLGSS, el artículo 6 del proyecto quedaría sin respaldo legal; sin embargo, examinado el proyecto de ley publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, no hay constancia de la introducción en él de ninguna previsión en este sentido, ni tampoco como enmienda en trámite parlamentario. Por consiguiente, efectuada esta precisión, nada hay que objetar al contenido de este artículo 6.

Con carácter general, y en la medida en que el proyectado desarrollo reglamentario permite la aplicación del nuevo régimen de opción del complemento económico en caso de jubilación demorada y, con ello, el fomento de la permanencia de los trabajadores en activo que recomienda el Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, el Consejo de Estado lo valora positivamente.

Sin perjuicio de lo anterior, se formulan cuatro observaciones a su redacción:

1) La primera afecta al título del Real Decreto proyectado ("Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el régimen jurídico del complemento económico establecido en el artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre"), cuyo entendimiento podría mejorar si se aclarara en él que la norma se refiere al complemento económico de la jubilación demorada. Esta denominación es habitual y se emplea en la propia exposición de motivos de la Ley 21/2021. Podría entonces el proyecto titularse, con mayor concisión, "Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el régimen jurídico del complemento económico de la jubilación demorada". La referencia al artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social no resulta indispensable para identificar el contenido de la norma, y queda suficientemente identificado en el preámbulo.

2) La segunda observación afecta a la redacción del preámbulo, cuyos párrafos tercero y quinto incurren en una indeseable reiteración. Cabría por ello suprimir el párrafo del "preámbulo" de la Ley 21/2021 (debería decir exposición de motivos) que se reproduce, pues su contenido figura ya en líneas generales en el párrafo tercero anterior.

3) La tercera observación se refiere al apartado 2 del artículo 6, en el que se introduce una disposición destinada a facilitar el tránsito al régimen jurídico previsto por la nueva regulación. Lo previsto en ese apartado 2 tiene, por tanto, en rigor, naturaleza de disposición transitoria, y como tal debe figurar en el Real Decreto.

4) Por último, cabe formular una observación al régimen de entrada en vigor del proyecto que establece la disposición final tercera: "El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", y se aplicará a las pensiones cuya fecha de hecho causante sea posterior a su entrada en vigor".

En la medida en que la reforma del artículo 210.2 del TRLGSS realizada por la Ley 21/2021 entró en vigor el 1 de enero de 2022, y que para la aplicación de gran parte de lo allí dispuesto resultan indispensables las previsiones de su desarrollo reglamentario, considera el Consejo de Estado que este debería extenderse a las pensiones cuyo hecho causante se haya producido estando ya en vigor la reforma legal. Se sugiere, a estos efectos, la inclusión en el proyecto de una disposición transitoria que, sin perjuicio de la entrada en vigor del Real Decreto el día siguiente al de su publicación oficial, establezca que se aplicará a las pensiones cuya fecha de hecho causante sea posterior al 31 de diciembre de 2021. De acogerse esta observación en el texto final del proyecto, sería innecesaria la previsión actualmente incluida en el artículo 6.2 y la observación realizada al efecto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez consideradas las observaciones que se formulan en el cuerpo del presente dictamen, puede V. E. aprobar el proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el régimen jurídico del complemento económico establecido en el artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre".

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 20 de abril de 2023

LA SECRETARIA GENERAL,

LA PRESIDENTA,

EXCMO. SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES.

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