La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 18 de enero de 2024, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
"En cumplimiento de una Orden con registro de entrada el 29 de diciembre de 2023, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
De antecedentes resulta:
Primero. - El proyecto de Real Decreto sometido a consulta se compone de un preámbulo, un artículo único, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El preámbulo identifica como una de las necesidades de la transformación digital, la de modernizar la gestión del padrón municipal, registro administrativo en el que la inscripción se configura como requisito necesario para el uso y disfrute de los servicios públicos. La relevancia de este registro hace preciso dotarlo de un régimen de gestión ágil y eficaz, cuya modernización redundará en un mejor acceso a los servicios públicos y en la mejor elaboración de políticas públicas, entre otras, las de fiscalidad.
Por este motivo, el proyecto de Real Decreto se ha incluido entre los compromisos adquiridos ante la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), tras su modificación mediante adenda, aprobada por la Comisión Europea el 2 de octubre de 2023 y por el ECOFIN el día 17 del mismo mes, como una "Reforma" a llevar a cabo dentro del proyecto de "Reforma para la modernización y digitalización de la Administración" del componente 11, relativo a la "Modernización de las Administraciones Públicas", C11.R1, hito 147 que establece como uno de sus objetivos la actualización y mejora del padrón municipal de habitantes gestionado por las entidades locales.
Añade que los objetivos de la norma son, además de cumplir con los compromisos del componente 11 del PRTR, mejorar la comunicación entre los ayuntamientos y el Instituto Nacional de Estadística (INE) acerca de las variaciones en los datos de los padrones municipales mediante un sistema de interconexión en tiempo real; actualizar la regulación del padrón de españoles residentes en el extranjero, y adaptar el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales a las novedades normativas de los últimos años, la última de ellas, la operada en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), mediante el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Consecuencia de estas y otras novedades legislativas que el preámbulo enumera, se sustituye el término "residencia permanente" por el de "residencia de larga duración", se diferencia el tratamiento de los menores y de las personas con discapacidad que precisen de medidas de apoyo con funciones representativas para el ejercicio de su capacidad jurídica; se actualizan los datos que debe recoger el padrón, se prevé el cambio de domicilio de oficio y se recoge la previsión de operaciones específicas conjuntas entre el INE y los ayuntamientos para la comprobación periódica de la residencia de los ciudadanos extranjeros.
Señala, por último, que el proyecto figura en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2023 (PAN-23), se adecúa a los principios de buena regulación y se dicta en el ejercicio de la competencia que al Estado reconoce el artículo 149.1 de la Constitución Española en sus reglas 18.ª y 31.ª.
La parte dispositiva se integra por un artículo único, que modifica los artículos 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 74, 78, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 107 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio; al que además añade dos nuevos preceptos: el artículo 54 bis y el artículo 73 bis.
Todos estos preceptos se ubican en el título II del referido reglamento, relativo a "la población y el padrón". Las modificaciones versan sobre la regulación del padrón municipal (artículos 53 y siguientes), su gestión (artículos 60 y siguientes), el régimen de comprobación y control (artículo 78), la revisión del padrón municipal (artículos 81 y 83), el Consejo de Empadronamiento (artículos 84 y siguientes), el padrón de españoles en el extranjero (artículos 93 y siguientes) y las sanciones administrativas (artículo 107).
La parte final consta de una disposición transitoria única, que establece un período transitorio de tres años a partir de la entrada en vigor de la norma para la aplicación de las medidas que afectan a la puesta en marcha de la interconexión de los padrones municipales y el padrón de españoles residentes en el extranjero con el INE (artículos 65, 66, 101 y 102).
La disposición derogatoria proyecta su efecto sobre las normas de igual o inferior rango en cuanto se opongan a lo establecido en el real decreto.
Las disposiciones finales versan sobre el fundamento competencial para el dictado del real decreto, que se encuentra en el artículo 149.1.18.ª y 31.ª de la Constitución Española (primera) y su entrada en vigor, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (segunda).
Segundo. - Durante la tramitación del procedimiento de elaboración de la norma consultada se han emitido los siguientes informes, que integran el expediente (la denominación de los departamentos ministeriales es la vigente en el momento de emisión del informe correspondiente):
A) Primera versión del proyecto de Real Decreto y texto de la memoria del análisis de impacto normativo del proyecto remitidos para informe (sin fechar).
B) Informe del Consejo de Empadronamiento, emitido el 29 de junio de 2023 y a cuyo través se dio audiencia a las Entidades Locales que están representadas en su seno. Manifiesta su conformidad con el proyecto y formula varias observaciones, todas ellas acogidas e incorporadas al texto sometido a dictamen.
C) Información pública a través de la página web del Ministerio de Política Territorial desde el 18 de septiembre hasta el 6 de octubre. Solo formularon observaciones, la mayor parte de ellas tomadas en consideración y asumidas por el texto definitivo:
- El Instituto de Estadística de Navarra-Nastat.
- El Instituto Vasco de Estadística.
D) Informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, de 6 de octubre de 2023. Analiza de manera pormenorizada el contenido del proyecto en la versión que le fue remitida, sugiere una mayor concreción de los principios de buena regulación, la ampliación de la memoria -para la mejor explicación de ciertos extremos- y contiene una serie de recomendaciones en lo concerniente a la redacción del texto. Gran parte de las observaciones han sido incorporadas, no siendo atendidas las relativas a la modificación de la redacción de determinadas previsiones contenidas en los artículos 54 bis, 59.2, 64 y en la disposición transitoria única.
E) Nueva versión del texto del proyecto de Real Decreto y nueva versión de la memoria remitidas a los distintos departamentos Ministeriales y a la Agencia Española de Protección de Datos (ambos sin fecha).
F) Informe de la Agencia Española de Protección de Datos, fechado el 4 agosto de 2023, en el que se formulan varias observaciones al texto proyectado, la mayoría aceptadas e incorporadas al texto definitivo. También se ha se ha incluido en la memoria un apartado relativo a la valoración del impacto del proyecto normativo en la materia de protección de datos de carácter personal.
G) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de 21 agosto de 2023, en el que se formulan observaciones al texto proyectado y a la memoria, la mayoría de ellas tomadas en consideración en la redacción del texto final.
H) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el 6 septiembre de 2023. Todas las observaciones formuladas, tanto al proyecto de Real Decreto como a la memoria del análisis de impacto normativo, han sido incorporadas a los dos textos remitidos, salvo en lo concerniente a la eliminación del libro de familia como documento que pueda requerirse para comprobar la veracidad de los datos aportados por los vecinos. Se ha optado por su mantenimiento pues, aunque ha dejado de expedirse, no ha desaparecido.
I) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, de 6 de septiembre de 2023. Todas las sugerencias y observaciones formuladas han sido tomadas en consideración salvo dos:
- la propuesta de prever en el artículo 57.1 la caducidad de la inscripción en dos años si no se presenta la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) o Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea para su renovación periódica (por carecer de cobertura legal).
- la propuesta de sustituir, en el artículo 63, los "certificados del número de identidad de extranjero" por "el certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea".
J) Informe de la delegada de Protección de Datos en el Ministerio de Política Territorial, en el que se analiza el encaje del proyecto en la regulación actual en materia de protección de datos y se incluyen una serie de recomendaciones para minimizar riesgos derivados de la implantación del sistema de intercambio de datos del padrón en tiempo real.
K) Primer informe de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Política Territorial, de fecha 2 de octubre de 2023, relativo a la conveniencia de aprobar el proyecto de Real Decreto durante el periodo de Gobierno en funciones, en el que se concluyó que podía ser aprobado por el Consejo de Ministros.
L) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de 2 de octubre de 2023, en el que no se formulan observaciones.
M) Informe de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local relativo al artículo 26.5, párrafo sexto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en materia de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. El informe, emitido el 5 de octubre de 2023, solo formula una sugerencia de redacción de la disposición final primera del proyecto -título competencial- que se ha aceptado e incorporado.
N) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Política Territorial, de 20 de octubre, de conformidad con lo previsto en el artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. Las sugerencias formuladas han sido incorporadas al texto definitivo.
Ñ) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, evacuado el 2 de noviembre de 2023, en el que se formulan varias observaciones, todas ellas aceptadas.
O) Nueva versión del texto del proyecto de Real Decreto y versión del texto de la memoria enviados para solicitar informe a la Abogacía del Estado en el Ministerio de Política Territorial.
P) Nuevo Informe de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Política Territorial, de 24 de octubre de 2023, en el que se formularon observaciones, todas ellas incorporadas al texto proyectado salvo una relativa a la redacción del artículo 54 bis.
Q) Informe con observaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de 17 de noviembre, en respuesta a la solicitud de aprobación previa. Las que no fueron aceptadas, fueron analizadas, exponiendo las razones del rechazo.
R) Oficio de nueva petición de aprobación previa al Ministerio de Hacienda y Función Pública acompañado de escrito de contestación a las observaciones.
S) Nueva versión del texto del proyecto de Real Decreto y del texto de la MAIN enviados para solicitar la aprobación previa de la ministra de Hacienda y Función Pública.
T) Aprobación previa de la ministra de Hacienda y Función Pública el 13 diciembre de 2023.
U) Observación de la Comisión Europea con motivo de la disposición transitoria del proyecto en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El documento versa sobre las reformas que España se compromete a acometer en materia de régimen local para la mejor prestación de servicios públicos, y la observación de la Comisión Europea -se encuentra en un comentario (destacado en color amarillo) al hilo de la referencia a la reforma del Reglamento de Demarcación y Población-, en la que se dice que tres años de periodo transitorio resulta amplio. Consta como contestación un informe acerca de la "Reforma 1 (C11.R1): Reforma para la modernización y digitalización de la Administración" en el que se explica que en el plazo de dos años se adoptarán medidas para lograr la interoperabilidad dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigor del reglamento.
V) Conformidades a los textos finales del proyecto de Real Decreto y de su memoria por parte de los ministerios coproponentes: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
W) Observación del Ministerio de Transformación Digital, de 28 de diciembre de 2023, aceptada.
X) Versión definitiva del proyecto de Real Decreto y de la memoria del análisis de impacto normativo. Esta identifica como objetivo principal de la norma la mejora de la comunicación entre el INE y los ayuntamientos y de las comunicaciones relativas al padrón de españoles residentes en el extranjero, así como la actualización del reglamento para adecuarlo a las modificaciones normativas de los últimos años.
Considera que no existe alternativa idónea para la consecución de los objetivos perseguidos, que la norma proyectada se ajusta a los principios de buena regulación, y que no afecta a las cargas administrativas, no implica un gasto, tiene un impacto nulo tanto en materia de igualdad de género como en materia de cambio climático, y un impacto positivo tanto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad como en materia de desarrollo y uso de medios o servicios de la Administración digital; careciendo de impactos específicos sobre la infancia, la adolescencia o la familia. Aunque se considera que el proyecto carece de impacto económico, porque no implica un gasto, reconoce que la implantación del nuevo sistema de intercambio de datos del padrón en tiempo real supondrá para el INE un coste de 3.717.998,40 euros que se imputarán al presupuesto ordinario del organismo. El sistema se articula a través de una plataforma -que gestionará una empresa privada- a la que se conectarán los ayuntamientos. Añade que la implantación del sistema tendrá un impacto presupuestario muy limitado para los entes locales, pues las modificaciones a introducir son menores y de manera complementaria, para garantizar su sostenibilidad financiera y mediante Orden TER/1235/2023, de 15 de noviembre, se ha realizado la convocatoria de subvenciones por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática destinadas al impulso de la modernización y digitalización de los sistemas de gestión del padrón de los ayuntamientos.
En relación con la evaluación del impacto del proyecto en la sostenibilidad de la política fiscal y financiera de los entes locales, identifica como beneficiarias de las subvenciones a las diputaciones provinciales de régimen común y de régimen foral, los cabildos, los consejos insulares y las comunidades autónomas uniprovinciales, siendo los destinatarios de las actuaciones los municipios con población inferior a 20.000 habitantes de su ámbito territorial. Estas actuaciones consistirán en la elaboración de los proyectos de adaptación de los sistemas de información del padrón de los ayuntamientos y la realización de pruebas de integración con los sistemas desarrollados por el INE, con un total de las ayudas de 64.117.540 euros, consignados en la aplicación presupuestaria 22.50.94KC.761 de los Presupuestos Generales del Estado, con cargo al PRTR.
Aborda el análisis del impacto sobre la protección de datos de carácter personal y análisis de riesgos, en el que identifica como base jurídica principal del tratamiento de datos contenido en el proyecto, el "ejercicio de poderes públicos en el cumplimiento de una misión realizada en interés público", así como para el cumplimiento de una obligación legal, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6.1.c) y 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; y como finalidades perseguidas con el tratamiento de los datos recabados con carácter obligatorio, la constancia padronal (de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Ley 7/1985) y la prestación de interés público consistente en la protección o asistencia consular establecida, entre otros textos legales, en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado; así como el tratamiento de los datos recabados con fines estadísticos o para la realización de estudios de investigación científica.
Prevé la evaluación ex post del cumplimiento de los objetivos mediante el seguimiento anual -por parte del INE- del porcentaje total de viviendas con población empadronada para la cuales se dispone de referencia catastral y del número de municipios incorporados al nuevo sistema de interconexión.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Estado para consulta.
Ya entrado el expediente en el Consejo de Estado, se ha tenido conocimiento de que el 10 de enero de 2024 tuvo lugar la convalidación del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. El Acuerdo de convalidación ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado número 11, de 12 de enero de 2024 (página 3699).
El Consejo de Estado emite su dictamen, con carácter preceptivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.3 de su Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril. Dispone dicho precepto que la Comisión Permanente será consultada en los asuntos atinentes a "reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones".
La consulta ha sido planteada con carácter de urgencia, para que el dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado se emita en el plazo de quince días, al amparo del artículo 19.1 de la misma ley orgánica. No se identifican en el expediente las razones que justifican esta circunstancia.
I.- Alcance del proyecto
El asunto sometido a consulta se propone modificar el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1086, de 11 de julio, en torno a dos grandes cuestiones: el contenido y gestión del padrón municipal y del padrón de los españoles residentes en el extranjero (a) y la composición del Consejo de Empadronamiento (b).
La principal razón que se aduce es la relativa a la necesidad de articular una actualización constante y rápida de la base padronal del INE, para superar la demora actual que oscila entre 15 días y mes y medio, lo que se logrará mediante la incorporación de un sistema de interconexión electrónica que permita el intercambio de información en tiempo real. Se propone también, la norma proyectada, solucionar la falta de un identificador de vivienda, necesario para proporcionar información de convivientes de forma inmediata, sin tener que aplicar costosos procesos de normalización de los domicilios; lo que se soluciona mediante la generación del identificador de las viviendas a partir de la referencia catastral existente en el territorio fiscal común, o con el código equivalente en los territorios forales. Esto, según la memoria, incidirá de manera positiva en la elaboración de políticas públicas, razón por la que la modificación proyectada se ha incluido entre los compromisos adquiridos ante la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tras su modificación mediante adenda, aprobada por la Comisión Europea y el ECOFIN los días 2 y 17 de octubre de 2023.
Como expresa el preámbulo, la iniciativa permite además adaptar el texto del reglamento a muchas novedades derivadas de modificaciones operadas a lo largo de los años (como se expondrá a continuación), además de acometer la necesaria actualización de las referencias normativas (artículos 61 y 88) y de la denominación de los departamentos ministeriales (por ejemplo, los artículos 84, 90, 91, 97 y 99).
Como antes se adelantó, el núcleo de la reforma que el texto proyectado introduce versa sobre dos grandes cuestiones, la regulación del padrón y la relativa al Consejo de Empadronamiento.
a) El contenido y gestión del padrón municipal y del padrón de los españoles residentes en el extranjero se actualiza y modifica, con fundamento en la reforma de la LBRL derivada del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, cuyo artículo 128 reforma varios preceptos de aquella. En lo concerniente al padrón municipal, el real decreto-ley modifica los artículos 16 y 17 de la LBRL, en los siguientes términos:
- Sustituye, en el artículo 16.1 segundo párrafo de la LBRL, la previsión de renovación periódica de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, por una referencia a que tal renovación se aplicará a los extranjeros sin autorización de residencia de larga duración, no pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea, a Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o a otros Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados anteriormente.
- En el apartado 2.c) del artículo 16 de la LBRL, se incluye entre los datos obligatorios a inscribir en el padrón municipal, la referencia catastral, en el territorio fiscal común o en el código equivalente en los territorios forales.
- En el artículo 16.2 se incluye un nuevo párrafo final en el que se prevé que el padrón municipal podrá recoger la aportación voluntaria de los datos relativos a la designación de las personas que pueden representar a cada vecino ante la Administración municipal a efectos padronales, el número de teléfono de contacto y la dirección de correo electrónico.
- En el apartado 3 in fine del artículo 16 de la LBRL se añade una frase en la que se dispone que "los datos de aportación voluntaria no serán susceptibles de cesión en ningún caso".
- En el párrafo cuarto del artículo 17.3 de la LBRL se incorpora la siguiente previsión: "el Instituto Nacional de Estadística podrá ceder los datos de su base padronal a otras Administraciones Públicas en las mismas condiciones señaladas en el artículo 16.3".
También se adapta el Reglamento de Población y Demarcación Territorial al marco jurídico vigente en materia de protección de datos personales, integrado por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Por último, se introducen en el reglamento varias modificaciones derivadas del necesario ajuste de sus previsiones a lo dispuesto en la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Ejemplo de ello es la diferenciación en el tratamiento de los menores, por un lado, y de las personas con discapacidad que precisen de medidas de apoyo con funciones representativas para el ejercicio de su capacidad jurídica, por otro. La reforma distingue así entre los menores de edad y las obligaciones de sus padres o tutores, por un lado, y las personas con discapacidad que precisen de medidas de apoyo con funciones representativas para el ejercicio de su capacidad jurídica y las obligaciones de quienes ejerzan esas medidas de apoyo (artículos 54, 68, 98 y 107 del Reglamento de Demarcación y Población), por otro. Además, se elimina la exigencia de que la persona con discapacidad haya de tener la misma vecindad civil que la de la persona que ejerza las medidas de apoyo con funciones representativas en línea con la Ley 8/2021, de 2 de junio, para dar entrada a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad (artículo 54.2 Reglamento Población y Demarcación Territorial).
b) Composición del Consejo de Empadronamiento
El capítulo V del título II del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, regula, en los artículos 84 a 92, la composición, funciones y funcionamiento del Consejo de Empadronamiento. Las principales novedades que se incorporan en el texto vigente por parte del proyecto sometido a consulta versan sobre los vocales del Consejo, que siguen siendo siete representantes de las Entidades Locales y seis de la Administración General del Estado, si bien:
- los dos representantes del Ministerio de Administraciones Públicas se sustituyen por un representante del Ministerio de Política Territorial y otro de la Secretaría General de Administración Digital.
- para todos los representantes de la Administración General del Estado se exige que cuenten con el rango de subdirector general o equivalente.
- para todos los vocales se exige nivel administrativo 28 como mínimo.
II. Habilitación legal y rango normativo
Expresa la memoria del análisis de impacto normativo que el proyecto tiene su fundamento jurídico en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo artículo 17.1 párrafo primero -que no ha sido modificado por el Real Decreto-ley 6/2023- establece que "la formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Con este fin, los distintos organismos de la Administración General del Estado, competentes por razón de la materia, remitirán periódicamente a cada Ayuntamiento información sobre las variaciones de los datos de sus vecinos que con carácter obligatorio deben figurar en el Padrón municipal, en la forma que se establezca reglamentariamente...".
Por su parte, el apartado 3 de ese mismo artículo 17 de la LBRL dispone, en su párrafo primero -que tampoco ha sido afectado por el real decreto-ley- que "los Ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos de sus respectivos Padrones, en la forma que reglamentariamente se determine por la Administración General del Estado, a fin de que pueda llevarse a cabo la coordinación entre los Padrones de todos los municipios".
El artículo 17 de la LBRL constituye, de conformidad con sus apartados 1 y 3 por tanto, habilitación legal suficiente para el dictado del real decreto cuyo proyecto se remite a consulta.
En relación con el rango normativo, debe considerarse adecuado no solo de conformidad con las habilitaciones legales referidas en los párrafos anteriores, sino también por razón del contenido de la iniciativa y de la norma que a su través se modifica, que tiene rango reglamentario. En el mismo sentido, el artículo 24.1.c) de la Ley del Gobierno establece que deben adoptar la forma de reales decretos acordados en Consejo de Ministros las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia de este.
Puede, por ello, concluirse que la propuesta normativa sometida a consulta cuenta con habilitación legal suficiente y su rango es el adecuado.
III. Procedimiento
El proyecto de Real Decreto se ha tramitado de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El texto definitivo de la norma se acompaña de una memoria elaborada de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, en relación con el artículo 26.3 de la Ley del Gobierno. Se ha prescindido del trámite de consulta pública previa al amparo de lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, en tanto que la propuesta normativa no tiene un impacto significativo en la actividad económica, no impone obligaciones relevantes a los destinatarios y regula aspectos parciales; y así se justifica en la referida memoria.
Sí se han cumplimentado los trámites de audiencia y de información pública: la audiencia tuvo lugar el 29 de junio de 2023 a través del Consejo de Empadronamiento, órgano colegiado de colaboración entre la Administración General del Estado y los entes locales en materia padronal y del que forman parte siete representantes de las entidades locales designados por la asociación de municipios de ámbito estatal con mayor implantación [artículo 86.4.e) del Reglamento de Población y Demarcación Territorial], que en la actualidad es la Federación Española de Municipios y Provincias.
El trámite de información pública tuvo lugar mediante la puesta a disposición del texto del proyecto y su memoria en la página web del Ministerio de Política Territorial desde el 18 de septiembre hasta el 6 de octubre.
Han informado los ministerios de Política Territorial, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de Economía, Comercio y Empresa en su condición de proponentes del proyecto de Real Decreto, de acuerdo con lo requerido por el artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
También han informado las secretarías generales técnicas de los Ministerios del Interior, y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, conforme a lo previsto en el artículo 26.5, párrafo primero, de la Ley 50/1997, y se ha obtenido la aprobación previa del entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública, en aplicación del artículo 26.5, párrafo quinto, de la misma ley.
Han sido consultados la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa y la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Los distintos órganos informantes han formulado varias observaciones la mayor parte de las cuales han sido tomadas en consideración en la elaboración del texto definitivo.
IV.- Consideraciones generales
El texto proyectado se propone, como ya ha quedado apuntado con anterioridad, modificar la regulación que del contenido y la gestión del padrón municipal se contiene en el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (en adelante RPDT). El padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo (artículo 16.1 de la LBRL) y la inscripción en el padrón del municipio de residencia habitual es una obligación legal de toda persona que viva en España de conformidad con el artículo 15 de la LBRL.
Los datos de los padrones municipales se remiten al Instituto Nacional de Estadística a fin de que pueda llevarse a cabo la coordinación entre los padrones de todos los municipios, así como con el objeto del mejor desarrollo de sus funciones estadísticas. Esta comunicación de datos tiene prevista en la actualidad unos plazos cuya observancia produce como resultado notables demoras en el traslado de la información, razón por la que el texto proyectado se propone introducir un sistema de comunicación digital y en tiempo real.
A tal fin se prevé la transformación del sistema para su total digitalización en los plazos previstos, y se incorporan nuevos mecanismos que faciliten la inscripción padronal en formato físico o electrónico (artículo 58.1 del RDPL), la firma manuscrita o por medios electrónicos (artículo 59.1 del RPDT), la interconexión de los padrones municipales con el INE mediante medios electrónicos (artículo 60.2 del RPDT) y la realización de todas las comunicaciones interadministrativas relativas a la información sobre las variaciones de datos por medios electrónicos (artículo 64 del RPDT).
El texto se adecúa a los fines perseguidos si bien se hace necesario formular una observación general y previa, relativa a las circunstancias que rodean la aprobación del texto sometido a consulta, así como una serie de observaciones particulares, tanto a la memoria como al proyecto de Real Decreto.
V.- Observaciones
En primer lugar, es preciso advertir que varias de las modificaciones que el texto proyectado introduce en el Reglamento de Población y Demarcación Territorial, se fundan en la base jurídica que les otorga la reforma que de la Ley 7/1985, se ha llevado a cabo mediante el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre objeto de convalidación por el Congreso de los Diputados de conformidad con lo previsto en el artículo 86.2 de la Constitución Española, mediante Acuerdo de fecha 10 de enero de 2024.
Esta circunstancia es relevante en tanto que una - de las cuestiones sobre las que versa el proyecto - y la reforma de la LBRL - es la protección de datos.
Como es sabido, el derecho a la protección de datos no aparece reconocido de manera expresa en la Constitución de 1978 por tratarse de una realidad posterior, si bien la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución Española -y así lo reconoce el preámbulo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales-. El Tribunal Constitucional, en su STC 94/1998, de 4 de mayo, reconoció su configuración como un derecho fundamental, y en su STC 292/2000, de 30 de noviembre, lo consideró como un derecho autónomo e independiente, consistente en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de estos datos proporcionar a un tercero.
La protección de datos se reconoce también como un derecho fundamental en el marco del derecho de la Unión Europea. Así lo reconoce el artículo 8, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ("la Carta") y el artículo 16, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que establecen que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan. La regulación de este derecho se encuentra en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; que disciplina una serie de principios que rigen el tratamiento de los datos. Así, el artículo 5, consagra los principios de:
- licitud, lealtad y transparencia (lo que exige que los datos personales sean tratados de manera lícita, leal y transparente);
- limitación de la finalidad (pues la recogida de datos debe serlo con fines determinados, explícitos y legítimos, sin que puedan ser tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines);
- minimización de datos (los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados);
- exactitud (los datos personales recogidos deben ser exactos y, si fuera necesario, actualizados);
- limitación del plazo de conservación (los datos deben ser mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales, pudiendo conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos);
- integridad y confidencialidad (en necesario aplicar medidas técnicas u organizativas apropiadas para garantizar una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental); y
- responsabilidad proactiva (que convierte al responsable del tratamiento en responsable del cumplimiento de todos los principios y reglas referidas, así como la responsabilidad de ser capaz de demostrarlo).
El artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679, disciplina el principio de licitud del tratamiento, partiendo de que el mismo solo es lícito si el interesado ha dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. Fuera de este supuesto y por tanto, sin consentimiento expreso del interesado, el tratamiento de los datos solo es lícito si se fundamenta en alguno de los supuestos que el referido artículo 6 contempla. Como antes se expuso [apartado segundo subapartado X) de antecedentes], de conformidad con la memoria del análisis de impacto normativo, el fundamento de la LBRL para regular el tratamiento de datos personales sin el consentimiento del interesado es el artículo 6.1 apartados c) -el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento- y apartado e) del Reglamento (UE) 2016/679 -el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento-.
Pues bien, la reforma que el real decreto-ley opera en la LBRL y que el proyecto de reglamento reproduce para modificar el RPDT, amplía los datos objeto de inscripción, tanto los obligatorios -referencia catastral del domicilio habitual- como los voluntarios -el número de teléfono de contacto y el correo electrónico-; además de prever que el Instituto Nacional de Estadística podrá ceder los datos de su base padronal a otras Administraciones públicas en las mismas condiciones señaladas en el artículo 16.3 de la LBRL, esto es, a aquellas que lo soliciten, sin consentimiento previo del afectado, solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. El hecho de que la reforma de la LBRL se articule por virtud de real decreto-ley comporta que no se tramite el procedimiento legalmente previsto para la elaboración de los anteproyectos de ley, con informe de los órganos especializados en la materia.
Por otro lado, y sin perjuicio de la idoneidad del texto proyectado y sometido a consulta, es preciso formular una serie de consideraciones en relación con los siguientes extremos:
A.- Memoria
1.- La memoria del análisis de impacto normativo, que no se ha elaborado en su versión "abreviada", es extensa y suficientemente expresiva del objetivo, fines, contenido e impactos del texto proyectado, si bien carece de referencia alguna a las razones que han justificado la solicitud de urgente emisión del presente dictamen. Antes bien, consta de manera expresa, en la memoria, que "no se ha solicitado la tramitación urgente" del proyecto, así como que la solicitud y despacho de informes ha tenido lugar dentro de los plazos ordinarios.
2.- Por otro lado, también se aprecia en la memoria de análisis del impacto normativo un déficit en lo concerniente a la observación formulada por la Comisión Europea acerca del proyecto y sobre la respuesta ofrecida por el Gobierno del Reino de España. Consta en el expediente un documento en inglés en el que aparece un comentario introducido con "control de cambios" por parte de la Comisión Europea, sin mayor referencia a las circunstancias en relación con las cuales el documento referido se ha elaborado; y obra también un documento calificado por el índice del expediente como "contestación" a la Comisión en el que se hace referencia al Plan de Transformación y Resiliencia, dentro del cual existe un apartado que puede entenderse que da respuesta al comentario de la Comisión Europea. Pero ni la memoria ni ningún otro informe del expediente explican ni la consulta ni la respuesta.
B.- Proyecto de Real Decreto
1.- Preámbulo
El párrafo sexto del preámbulo enumera una serie de normas a cuyo contenido se adapta el RPDT mediante la reforma que se opera. Una de las novedades que inspiran la modificación es, según la literalidad del preámbulo en la versión del proyecto sometido a consulta, "al Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009 aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril".
Para la mejor identificación de la norma a la que se hace referencia, se sugiere sustituir la redacción actual por otra en la que se incorpore la denominación completa del reglamento de que se trata, con la siguiente dicción: "Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009".
2.- Articulado
2.1.- Artículo único apartado Uno del proyecto sometido a consulta modifica el artículo 53 del RPDT, para ampliar su apartado 2, en el que se prevén los supuestos de cesión de los datos obligatorios del padrón municipal, y para suprimir el párrafo segundo del mismo apartado 2 del artículo 53 del RPDT, en el que se dispone que "fuera de estos supuestos, los datos del padrón son confidenciales y el acceso a los mismos se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992...".
Dado que esta previsión nada resta a la regulación y su mantenimiento comporta un recordatorio del carácter confidencial de los datos, se sugiere sopesar la posibilidad de mantener el párrafo suprimido, debidamente actualizada la referencia a la legislación vigente.
2.2.- El artículo único apartado Quince introduce un nuevo artículo 73 bis, en el RPDT, en el que permite la declaración de oficio del cambio de domicilio en la inscripción padronal de los vecinos que hayan modificado su dirección en el municipio y no lo hayan comunicado al ayuntamiento.
Esta previsión trae causa del artículo 17.2 de la LBRL que pone a cargo de los ayuntamientos la realización de las actuaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones municipales.
La parte final del apartado 1 y el apartado 2 del nuevo artículo 73 bis, prevén que para que el ayuntamiento decrete el cambio de domicilio "será necesaria la instrucción de un expediente en el que se dé audiencia a la persona interesada" si bien "aunque la persona interesada manifieste su disconformidad con el cambio de domicilio, este podrá llevarse a cabo sin necesidad de informe del Consejo de Empadronamiento".
El artículo 73 del RPDT, cuya redacción no se modifica por el proyecto de real decreto sometido a consulta, prevé la declaración de oficio de la inscripción en el padrón, para lo que exige la tramitación de un expediente con audiencia al interesado y aceptación expresa del interesado del alta de oficio. En caso contrario, el artículo 73 párrafo segundo in fine señala que "el alta de oficio solo podrá levarse a cabo con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento". Por su parte, el artículo 72 del RPDT, cuya redacción tampoco se altera por el texto proyectado, disciplina la baja de oficio del padrón municipal, previendo que "si el interesado no manifiesta expresamente su conformidad con la baja, ésta sólo podrá llevarse a cabo con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento".
Dada la relevancia que la inscripción en el padrón tiene para todos los ciudadanos, como bien expresa el preámbulo del texto proyectado, a los efectos del ejercicio de derechos y de acceso a los servicios públicos municipales, no se comprende -ni se expresan en la memoria- las razones por las que siendo necesaria la intervención del Consejo de Empadronamiento en los supuestos de disconformidad del interesado en los expedientes de alta y baja de oficio, se excluya de manera expresa tal intervención cuando se trata de un expediente de cambio de domicilio, aunque lo sea en el mismo término municipal.
3.- Disposición transitoria única
El apartado 3 de la disposición transitoria del texto proyectado establece que "hasta que se modifiquen los artículos de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General que establecen la actualización mensual del censo electoral, la información recibida en tiempo real de Ayuntamientos y Oficinas o Secciones Consulares se acumulará mensualmente para llevar a cabo la actualización del censo electoral conforme a la normativa vigente", lo que resulta acorde con lo dispuesto en la referida ley orgánica, permitiendo la puesta en funcionamiento del sistema.
Sin embargo, el mismo apartado 3 añade a continuación que "esta modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, podrá realizarse cuando todos los Ayuntamientos y Oficinas o Secciones Consulares se hayan incorporado al sistema de intercambio en tiempo real". No parece adecuado al rango de la norma proyectada que determine cuándo podrá articularse la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, competencia que se residencia en la voluntad de las Cortes Generales, por lo que procede su supresión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones que se formulan en el cuerpo del presente dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1086, de 11 de julio".
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 18 de enero de 2024
LA SECRETARIA GENERAL,
LA PRESIDENTA,
EXCMO. SR. MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.
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