La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2023, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
"En virtud de la Orden de V. E. de 21 de febrero de 2023, registrada de entrada el día siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases de desarrollo de la normativa de la Unión Europea de sanidad animal, en lo relativo a las obligaciones de vigilancia del titular de la explotación y al plan sanitario integral de las explotaciones ganaderas y por el que se modifican varias normas de ordenación ganaderas.
De antecedentes resulta:
Primero.- El proyecto de Real Decreto sometido a consulta
El preámbulo de la norma hace referencia al marco normativo y a los principales fines de la norma.
El capítulo I ("Disposiciones generales") trata sobre el objeto y ámbito de aplicación (artículo 1) y se remite a las definiciones recogidas en otras normas de la U.E. y nacionales (artículo 2).
El capítulo II ("Obligaciones del titular de la explotación") determina las responsabilidades del titular de las explotaciones de disponer de los servicios de un veterinario de la explotación (artículo 3).
En el capítulo III ("Veterinario de explotación"), se regulan las funciones de este, que consisten en diseñar y supervisar el Plan sanitario integral y el Plan de bienestar animal cuando sean preceptivos y dar asesoramiento a dicho titular (artículo 4). El artículo 5 determina los requisitos que deben cumplir los veterinarios de explotación.
El capítulo IV se refiere al Plan sanitario integral de explotación ganadera, que regula en el artículo 6 y debe tener el contenido que se determina en el anexo III.
En el capítulo V ("Visitas zoosanitarias") se regulan las visitas zoosanitarias que deberán llevar a cabo los veterinarios de explotación, estableciendo el contenido y frecuencia de dichas visitas (artículo 7). En el artículo 8 se establecen los criterios para determinar el riesgo zoosanitario, lo que tiene efectos en relación con la frecuencia de las visitas. El artículo 9 se refiere al resultado de las visitas zoosanitarias.
El capítulo VI se refiere a las obligaciones de la autoridad competente (artículo 10), el régimen de controles sobre el terreno y los mecanismos de coordinación entre autoridades competentes (artículo 11), y el régimen sancionador (artículo 12).
La disposición adicional única determina que la norma no supondrá incremento de gasto público.
Las disposiciones transitorias primera a cuarta establecen que las obligaciones de disponer del Sistema Integral de Gestión de la explotación (SIGE), de designar el veterinario de explotación y de elaborar el Plan sanitario integral serán aplicables en el plazo de un año, y las relativas a la determinación del riesgo zoosanitario de las explotaciones ganaderas, en el plazo de dos.
Las disposiciones finales primera a tercera y quinta y sexta modifican las siguientes normas, con el fin de adecuarlas a las exigencias relativas a la necesidad de disponer de un Plan sanitario integral, de designar un veterinario de explotación y su sometimiento a un plan de visitas zoosanitarias:
- Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas.
- Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones cunícolas.
- Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas.
- Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.
- Y Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas.
Además, la disposición final cuarta modifica el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. Dichas modificaciones afectan al anexo IV ("Proceso de hidrólisis con eliminación posterior").
La disposición final séptima se refiere al título competencial, que es el recogido en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, salvo en el caso de los reales decretos que se modifican en la disposición final primera y en la disposición final segunda, que seguirán amparándose en los títulos competenciales que en los mismos se expresan.
La disposición final octava habilita al titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a modificar los anexos con el fin de adaptarlos a la normativa de la UE.
La disposición final novena determina que la norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
La norma tiene tres anexos:
- Anexo I incluye la declaración responsable que debe presentar el titular de la explotación en relación con la designación del veterinario de la explotación.
- Anexo II, relativa a la frecuencia de visitas zoosanitarias con base en el riesgo.
- Anexo III. Contenido mínimo del Plan sanitario integral de las explotaciones ganaderas.
Segunda.- La memoria del análisis de impacto normativo
La memoria expone que el objetivo de la norma consiste en "establecer las bases de desarrollo de la normativa de la Unión Europea de sanidad animal", y, en particular, del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal ("Legislación sobre sanidad animal").
Se explica que no existen otras alternativas regulatorias, dado que procede aprobar la normativa básica de obligado cumplimiento en todo el territorio.
La norma es conforme con la normativa de la Unión Europea, en concreto, con el Reglamento (UE) 2016/429, en el cual se asigna a los operadores una serie de responsabilidades en aspectos como la bioseguridad, el uso prudente y responsable de los medicamentos veterinarios y la prevención y control de enfermedades. Si bien estas responsabilidades son asignadas al operador, lo cierto es que para llevarlas a cabo necesita la presencia de un veterinario que pueda diseñar y supervisar la aplicación de un plan sanitario integral.
Sobre la entrada en vigor se dice que se producirá el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", dado que las obligaciones del titular en relación con el veterinario de la explotación y en relación con las visitas zoosanitarias a las explotaciones se encuentran en vigor desde el año 2021 y este proyecto establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) de sanidad animal en dichos aspectos.
El título competencial habilitante es el recogido en la regla 16.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en bases y coordinación general de la sanidad.
En lo que hace a los impactos de la norma, se considera que no tiene efectos significativos sobre la economía en general ni sobre la competencia. En la elaboración de la norma -se dice- se han tenido en consideración también los intereses de las pequeñas y medianas empresas, como son muchas de las explotaciones ganaderas. No afecta a las cargas administrativas. Los costes de las actuaciones para las Administraciones son nulos, al ser los habituales en el proceso de gestión y control de la normativa, de manera que serán asumidos con los medios humanos y materiales existentes en cada Administración. El proyecto carece de impacto de género y otros impactos sociales (sobre la infancia y adolescencia, en la familia, por razón de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con movilidad reducida). En su elaboración se han tenido en cuenta los principios contenidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, entre ellos, los relativos a la necesidad y proporcionalidad de la regulación. Se prevé un impacto positivo en la sanidad animal y la salud pública derivado de la aplicación de la norma. No tendrá impacto por razón de cambio climático, medioambiental ni en la Administración digital.
Se estima que la norma no se encuentra entre las susceptibles de evaluación ex post.
Tercero.- Expediente remitido
De la documentación remitida resulta que se han llevado a cabo los siguientes trámites:
A. Consulta previa
Dicho trámite se llevó a cabo través del portal web del departamento entre el 31 de marzo y el 14 de abril de 2022. Presentaron escritos algunos particulares (veterinarios colegiados), cooperativas agro-alimentarias, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España y la Asociación para la Salud Animal (ASEMAZ-AZA); dichas observaciones han sido analizadas en la memoria.
B. Audiencia y participación pública y consulta a las comunidades autónomas
El trámite de audiencia e información pública se llevó a cabo mediante la publicación del proyecto en la página web del departamento, entre el 9 y el 30 de junio de 2022. Además, se consultó a las comunidades autónomas y se recabó la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupan o representan a las personas cuyos derechos o intereses legítimos pueden verse afectados por la norma y cuyos fines guardan relación directa con su objeto.
Se recibieron alegaciones de particulares y de las siguientes entidades: Asociación Nacional para la defensa de los animales, Universidad Autónoma de Barcelona, ADSG Miño-Eo, ADSG Vacasan, ADSG Sarria, ADSG Xundeva, ADSG Galicia Centro, ADSG Gandosan, Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, Asociación Avícola Valenciana, ADSG Becerrea, Consejo General de Colegios Oficiales de Agrónomos, ADSG de Galicia, Serivet Veterinaria S. L., Consejo Valenciano de Colegios Veterinarios, Asemazasa, ADSG Boimorto, ADSG Bubela, ADSG Fonsega, ADSG Coreber, ADSG O Cruceiro, ADSG Suarna, ADSG San Mamede de Maceada, Veterindustria, ADSG Santa Comba, ADSG Costa Da Morte, Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo, ADSG Terras da Ulloa Pallares, ADSG Páramo, ADSG Lemos, Anafric, Colegio de Veterinarios de Murcia, Unión de Uniones, ADSG Clun Melide, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC), ADSG Rio Narla, ADSG Gando Vacu, ADSG Porcino, INTERCIDS, ADSG Acivo, Asociación de Veterinarios Especialistas en Équidos (AVEE), Colegio de Veterinarios de Salamanca, Unión de Uniones, y Cooperativas Agroalimentarias.
También se han recibido observaciones de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Illes Balears, Generalitat de Cataluña, Castilla La Mancha, Xunta de Galicia, Junta de Extremadura, y Cantabria.
Las observaciones han sido analizadas en un documento, exponiendo aquellas que se han aceptado total o parcialmente y los motivos para rechazar el resto.
C. Informe de departamentos
El 21 de septiembre de 2022 se solicitó el informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa; al no haberse remitido en el plazo previsto, prosiguieron las actuaciones.
El 27 de septiembre de 2022, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Función Pública informó que no era preceptiva la aprobación previa del proyecto por la titular de dicho departamento.
El 4 de octubre de 2022 emitió informe la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, sin observaciones.
Tampoco realizó observaciones la Secretaría General Técnica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (informe de 17 de octubre de 2022).
El 12 de diciembre de 2022 informó la Secretaría General Técnica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se indica que el proyecto se ajusta a la legalidad vigente y, desde el punto de vista técnico-jurídico, se adecúa, con carácter general, a las directrices de técnica normativa. No obstante, se hacían algunas observaciones fundamentalmente de carácter formal y de redacción al proyecto y a la memoria.
D. Informe de la Dirección General de Régimen Autonómico y Local, de 6 de octubre de 2022
Señala el informe que la norma puede ser aprobada al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad. No obstante, se señalaba la conveniencia de que, en relación con los reales decretos que se modifican y que invocan otros títulos competenciales, se determinara que dichos reales decretos seguirán amparándose en los títulos que en ellos se expresan.
E. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 5 de diciembre de 2022
El informe no hace observaciones al proyecto, en cuya elaboración, se dice, había participado la Secretaría General Técnica.
Cuarto.- Retirada y nueva remisión del expediente, con documentación adicional
a. Retirada y nueva remisión del expediente
La consulta inicial se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2022; no obstante, el 24 de enero de 2023, el departamento consultante retiró la consulta. Posteriormente, el 21 de febrero de 2023 se remitió nuevamente, incluyéndose la documentación adicional que luego se extracta. En la Orden de remisión se explica lo siguiente:
"Una vez remitido al Consejo de Estado, resultó necesario solicitar la retirada y devolución del expediente por varios motivos:
a. Se consideraba necesario clarificar el ámbito de aplicación, por lo que se remite la definición de explotaciones de pequeña capacidad a lo dispuesto en el anexo I del Real Decreto 992/22 (sic) de 29 de noviembre, por el que se establece el marco de actuación para un uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero, y se suprimieron las explotaciones de autoconsumo.
b. Se procedió a incluir la modificación del Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas, mediante nueva disposición final primera para equiparar las obligaciones que establece este proyecto con las del resto de sectores ganaderos.
c. Finalmente, se ha añadido la modificación del Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, en lo que a la hidrólisis con eliminación se refiere, para incluir a las aves de corral y los lagomorfos de cría, en virtud de lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/1925 de la Comisión de 5 de noviembre, por el que se modifican determinados anexos del Reglamento (UE) n.º 142/2011 en lo que se refiere a los requisitos para la introducción en el mercado de determinados productos a base de insectos y la adaptación de un método de confinamiento, que se ha tramitado como parte del "proyecto de real decreto por el que se dictan disposiciones para regular el sistema de trazabilidad, identificación y registro de determinadas especies de animales terrestres en cautividad".
b. Documentación adicional remitida
Junto a la orden, se remitió la siguiente documentación:
1. Una nueva versión del proyecto de Real Decreto que, en aras de la mayor claridad, es la que se reseña en el antecedente primero.
2. Una nueva versión de la memoria, que, por igual razón, es la que se extracta en el antecedente segundo.
3. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 20 de febrero de 2023, relativo a la tramitación del expediente.
4.- Documentación relativa al trámite de audiencia e información pública sobre el proyecto de Real Decreto XXXX/2023, por el que se dictan disposiciones para regular el sistema de trazabilidad, identificación y registro de determinadas especies de animales terrestres en cautividad, en el que se incluía inicialmente la modificación del Real Decreto 1528/2012, que ahora se incluye en la disposición final cuarta del proyecto consultado. Solo se realizó una observación de redacción en relación con dicho contenido.
Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen.
I.- Objeto de consulta
Tiene por objeto el expediente el proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases de desarrollo de la normativa de la Unión Europea de sanidad animal, en lo relativo a las obligaciones de vigilancia del titular de la explotación y al plan sanitario integral de las explotaciones ganaderas y por el que se modifican varias normas de ordenación ganaderas.
Tal y como resulta del marco normativo que luego se expone, el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 22, números 2 y 3, de su Ley Orgánica, el cual, en su redacción actual, establece que "la Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en los siguientes asuntos: (...) 2. Disposiciones reglamentarias que se dicten en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo. 3. Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones".
II.- Competencia del Estado
El Estado tiene competencia para aprobar la norma, de conformidad con el título invocado en la disposición final séptima, esto es, el recogido en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad. Además, la modificación de los reales decretos que se lleva a cabo en las disposiciones finales primera y siguientes seguirán amparándose en los títulos invocados en las referidas normas modificadas; en el caso Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones cunícolas, y del Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas, junto al citado título competencial, se invocaba también el recogido en el artículo 149.1.13.ª relativo a la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Por lo demás, en la tramitación del proyecto se ha consultado a las comunidades autónomas y ha informado la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local.
III.- Rango de la disposición
De conformidad con lo expuesto en el preámbulo del proyecto, el Gobierno cuenta con habilitación para dictar la norma.
Así resulta, en efecto, de la disposición final quinta de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, que habilita al Gobierno para dictar las disposiciones precisas para su aplicación y desarrollo; y de la disposición final quinta de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, que incluye una habilitación análoga.
IV.- Tramitación de la norma
En lo que se refiere a la tramitación de la norma, procede diferenciar dos fases, la anterior y la posterior a la primera remisión de la consulta al Consejo de Estado.
En lo que se refiere a la primera, la tramitación se llevó a cabo siguiendo las prescripciones de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Así, en efecto, se hizo la consulta previa con anterioridad a la redacción del primer proyecto, se abrió el trámite de audiencia y participación pública y se consultó a las comunidades autónomas. También se recabó el informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, que, sin embargo, no llegó a emitirlo, e informó, como ya se ha señalado, la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local. Se incluyen también los informes de los departamentos cuyas competencias pudieran verse afectadas y, finalmente, ha informado la Secretaría General Técnica del departamento proponente.
Posteriormente, tras solicitar el dictamen del Consejo de Estado, se retiró la consulta con el fin de introducir algunas modificaciones que han quedado reseñadas en el antecedente cuarto, y que, básicamente, afectaban a los siguientes aspectos:
a. En el artículo 1 se ha modificado el ámbito de aplicación, con el fin de clarificar que quedan fuera de la norma las explotaciones de pequeña capacidad, definidas de acuerdo con lo dispuesto en el anexo I del Real Decreto 992/2022 de 29 de noviembre, por el que se establece el marco de actuación para un uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero, y se suprimieron las explotaciones de autoconsumo.
b. Se ha incluido en la norma como disposición final primera, la modificación del Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas, con el fin de incluir en dicho real decreto las obligaciones recogidas con carácter general en la norma proyectada. Estas modificaciones se ciñen a recoger una remisión a lo dispuesto en el Real Decreto ahora proyectado en lo que hace a las exigencias sobre el veterinario de explotación, el Plan sanitario integral y el Plan de visitas zoosanitarias. Debe tenerse en cuenta, en todo caso, que el sector apícola, al que se refiere el citado Real Decreto 209/2002, se iba a encontrar ya incluido dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto proyectado, en la primera versión consultada al Consejo de Estado, de conformidad con su artículo 1 que establece -y establecía- que la norma será aplicable a las explotaciones ganaderas de las especies de producción recogidas en el anexo I del Real Decreto 479/2004. Se trata, por ello, de una modificación que tiene por finalidad dar mayor claridad a la regulación, más que establecer una nueva regla.
c. Además, se ha incluido en el proyecto la modificación del Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, con el fin de ajustar su contenido al Reglamento (UE) n.º 142/2011. Dicha modificación estaba incluida en otro proyecto normativo (Real Decreto por el que se dictan disposiciones para regular el sistema de trazabilidad, identificación y registro de determinadas especies de animales terrestres en cautividad) que había sido sometido al trámite de audiencia e información pública, dentro del cual únicamente se presentó una observación a su redacción.
Con posterioridad a dichos cambios, no se ha llevado a cabo más tramitación adicional que un nuevo informe de la Secretaría General Técnica del departamento.
Procede, por ello, analizar si la ausencia de nuevos trámites con posterioridad a dichos cambios, y, en particular, del de audiencia e información pública, impide aprobar la norma.
A este respecto, tal y como ha quedado indicado, el citado trámite -y el resto de los necesarios para tramitar la disposición- se ha llevado a cabo en relación con el tercero de los aspectos señalados (Real Decreto 1528/2012), por lo que el problema se suscita únicamente en relación con los otros dos aspectos. No obstante, a juicio del Consejo de Estado, el nuevo contenido incluido no introduce modificaciones sustanciales que hayan de dar lugar a reiterar el trámite de audiencia e información pública. Así, en lo que se refiere a la modificación del ámbito de aplicación, debe tenerse en cuenta que la exclusión del ámbito de aplicación de la norma de las explotaciones de pequeña capacidad estaba ya contemplada en la primera versión del Real Decreto, habiéndose limitado la nueva redacción a establecer una precisión en lo que se refiere a la delimitación de dicho concepto (explotaciones de pequeña capacidad). Y en lo que se refiere al segundo punto, la modificación del Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas, la única finalidad de las novedades incluidas consiste en adaptar dicho real decreto a las nuevas obligaciones ahora establecidas (designación de un veterinario de explotación y exigencias relativas al plan sanitario integral y al plan de visitas zoosanitarias); sin embargo, en la versión consultada en primer lugar, dichas obligaciones ya eran aplicables a las explotaciones apícolas, por lo que el nuevo contenido introducido se limita, en realidad, a adaptar la norma sectorial con el fin de evitar problemas de interpretación.
En definitiva, estima el Consejo de Estado que el nuevo contenido introducido en la norma no obliga a reiterar los trámites celebrados, y no impide, por ello, aprobar la norma consultada.
Con independencia de ello, debe hacerse una observación a la memoria. En ella se dice que la norma carece de impacto económico. Sin embargo, el proyecto impone importantes obligaciones a las explotaciones ganaderas, que tendrán sin duda un impacto económico. Procede, por ello, revisar la memoria.
V.- Marco normativo y principales decisiones adoptadas. Valoración general de la norma
El capítulo III de la Parte I del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal ("Legislación sobre sanidad animal"), establece el régimen de responsabilidades en materia de sanidad animal, delimitando las obligaciones de los operadores (entre ellos, los titulares de explotaciones) y de los veterinarios. Así, entre las obligaciones de los operadores se incluye la de "reducir en todo lo posible el riesgo de propagación de enfermedades en el contexto de su relación profesional con animales y productos" (artículo 10.2). También se establecen las responsabilidades de los veterinarios (artículo 12), determinando, además, que deberán mantener y ejercer sus capacidades profesionales relacionadas con sus ámbitos de actividades (apartado 3 del citado artículo 12). Fuera ya de este capítulo, el artículo 25 del Reglamento (UE) 2016/429 determina la obligación de los operadores de velar por que los establecimientos "reciban la visita zoosanitaria de un veterinario cuando resulte oportuno en función de los riesgos que presente el establecimiento".
La Ley 8/2003, de sanidad animal, recoge en su articulado la figura del veterinario de explotación, esto es, aquel veterinario o empresa veterinaria "que se encuentre al servicio, exclusivo o no de una explotación, de forma temporal o permanente, para la prestación en ella de los servicios y tareas propios de la profesión veterinaria que el titular o responsable de la explotación le encomiende". Sin embargo, más allá de algunas normas para especies concretas, en concreto las tres sometidas a sistemas integrales de gestión a fecha de hoy, como es el caso del Real Decreto 306/2020 para las explotaciones de ganado porcino intensivo, del Real Decreto 637/2021, en relación con las granjas avícolas, y del Real Decreto 1053/2022 con las granjas bovinas, no hay un desarrollo general -esto es, aplicable en principio a todo tipo de especies ganaderas- de las obligaciones y responsabilidades que corresponden a los titulares de explotaciones y veterinarios en la materia. Por otra parte, cabe citar el reciente Real Decreto 159/2023, de 7 de marzo, por el que se establecen disposiciones para la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea sobre controles oficiales en materia de bienestar animal, y se modifican varios reales decretos (cuyo proyecto fue objeto de consulta en el dictamen número 27/2023, de 9 de febrero), que reguló el Plan de bienestar animal, en relación con el cual el proyecto ahora consultado incluye algunas reglas específicas, como la obligación de que sea el veterinario de la explotación el que lo redacte y haga su seguimiento (artículo 4).
En este contexto, el proyecto de Real Decreto sometido a consulta tiene el siguiente objeto:
- En primer lugar, desarrollar las obligaciones de vigilancia del titular de la explotación, conforme a lo previsto en el artículo 25 del Reglamento (UE) 2016/429; entre dichas obligaciones, recogidas en el capítulo II, se incluye la de disponer de los servicios de un veterinario de explotación.
- En segundo término, determinar las funciones y requisitos de los veterinarios de explotación previstos, como antes se ha señalado en la Ley de sanidad animal. Entre las funciones se incluyen el diseño, redacción y supervisión del Plan sanitario integral, el asesoramiento al titular de la explotación y la elaboración y seguimiento del Plan de bienestar animal (capítulo III del proyecto).
- También se establece la obligación general -con algunas excepciones-, de que las explotaciones cuenten con el mencionado Plan sanitario integral en el que se deben incluir "las necesarias actuaciones sanitarias, de higiene, bioseguridad y uso racional de medicamentos veterinarios" (artículo 6.1), con el contenido mínimo que se especifica en el anexo III del proyecto. Este régimen se incluye en el capítulo IV del proyecto.
- Por último, el Real Decreto proyectado regula el régimen de visitas zoosanitarias de las explotaciones, conforme a lo previsto en el artículo 25 del Reglamento (UE) 2016/429.
Junto a este contenido, se incluye también en el proyecto el capítulo correspondiente a las obligaciones de las autoridades competentes y la remisión al régimen sancionador.
En las disposiciones finales se recoge la modificación de diversos reales decretos aplicables a especies concretas, con el fin de adaptar sus mandatos al nuevo Real Decreto.
Además, se modifica el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, con el fin de adaptarlo al Reglamento (UE) 2021/1925 de la Comisión de 5 de noviembre, por el que se modifican determinados anexos del Reglamento (UE) n.º 142/2011 en lo que se refiere a los requisitos para la introducción en el mercado de determinados productos a base de insectos y la adaptación de un método de confinamiento, si bien lo único regulado se refiere al tratamiento de determinados residuos (frass) a efectos de ampliar la obligatoriedad de someterlos a hidrólisis de manera que no solo se aplique en las explotaciones porcinas sino también en las de aves de corral y lagomorfos.
A juicio del Consejo de Estado, la norma merece un juicio favorable, tanto en lo que se refiere a las soluciones normativas adoptadas, que se atienen a los mandatos recogidos en el Reglamento (UE) 2016/429 tantas veces citado y son coherentes con el fin perseguido de proteger la sanidad y bienestar animal, como en cuanto a la estructura de la disposición, que tiene en general una buena factura normativa, siendo además una norma particularmente clara y sistemática, lo que favorece su interpretación.
También se valora favorablemente la previsión de regímenes transitorios suficientes para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la norma, conforme a lo recogido en las disposiciones transitorias primera a cuarta.
En particular, se encuentra justificado, conforme razona el preámbulo, las exigencias profesionales y de capacidad recogidas para los veterinarios de explotación en el artículo 5 del Real Decreto proyectado.
No obstante, debe hacerse alguna observación general sobre la adaptación de las regulaciones específicas de determinadas especies a lo previsto en el reglamento. Como es sabido, el grupo normativo aplicable a las explotaciones ganaderas está caracterizado por una gran dispersión normativa, con presencia de numerosas normas que regulan aspectos concretos o algunos tipos específicos de explotaciones. En este contexto, la norma consultada trata de establecer algunas disposiciones generales y de gran relevancia, como se sigue de lo ya expuesto. En coherencia con ello, como se ha señalado, las disposiciones finales primera y siguientes tienen por objeto llevar a cabo dicha adaptación en el caso de las explotaciones apícolas (Real Decreto 209/2002), cunícolas (Real Decreto 1547/2004), equinas (Real Decreto 804/2011), porcinas (Real Decreto 306/2020) y avícolas (Real Decreto 637/2021).
Sin embargo, de conformidad con el artículo 1 del proyecto en relación con el anexo I del Real Decreto 479/2004, las reglas recogidas en el Real Decreto proyectado serán también de aplicación a otras especies, cuyas normas reguladoras específicas no se modifican con el fin de adecuar sus reglas a la nueva regulación: es el caso, por ejemplo, del Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas (que no contiene una remisión expresa al nuevo Real Decreto que ahora se va a aprobar, a diferencia de lo que sí se hace en las normas modificadas por las disposiciones finales antes citadas); del Real Decreto 1614/2008, de 3 de octubre, relativo a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, así como a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos; así como del Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina. En todos estos casos, las normas reguladoras hacen referencia al papel de los veterinarios sin que quede claro si este ha de ser o no el veterinario de la explotación que ahora se regula, por lo que debiera considerarse su modificación para adecuarlas al régimen recogido en el Real Decreto proyectado.
En otros casos, como el Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el que se establece la normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan como reservorio de la tuberculosis (complejo Mycobacterium tuberculosis), también podrían suscitarse dudas, a falta de tratamiento de la cuestión en la memoria, sobre la incidencia que puede tener la nueva regulación en el régimen ya establecido; análogas cuestiones cabría plantear en relación con otras normas transversales, como el Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el que se regulan aspectos relativos a la protección de los animales en el momento de la matanza o el Real Decreto 990/2022, de 29 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte. En estos casos se podría añadir un apartado en la memoria, resumido en el preámbulo, que explicara que su contenido no se verá afectado por la regulación de las obligaciones que se establecen en el nuevo Real Decreto.
En definitiva, echa en falta el Consejo de Estado en este ámbito un análisis mayor sobre la incidencia que tendrá la nueva regulación, pues su carácter general y la relevancia de las soluciones adoptadas hubieran requerido una adecuada inserción del nuevo régimen en un grupo normativo caracterizado, como se ha señalado, por la gran dispersión. No deja de ser llamativo, a este respecto, que de forma simultánea a la tramitación de este proyecto se haya tramitado -y aprobado ya, el Real Decreto 159/2023, al que se ha hecho referencia, que trata temas estrechamente vinculados al de la presente norma, como el papel del veterinario en relación con el Plan de bienestar animal.
Se echa en falta, en definitiva, un análisis sobre las normas que se verán afectadas por la nueva regulación, análisis que debiera haberse plasmado en la memoria, y que permitiría establecer, en los términos previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, un marco jurídico "integrado, claro y de certidumbre", evitando las posibles dudas interpretativas que pudieran derivarse de la falta de coordinación de las múltiples normas existentes en el sector. Se estima necesario, por ello, realizar dicho análisis una vez aprobada la norma, con el fin de llevar a cabo en el menor plazo posible la adaptación de aquellas normas que lo requieran y la articulación, de este modo, de un régimen jurídico claro e integrado.
En segundo lugar, se plantea también una observación en relación con el ámbito de aplicación de la norma.
En este sentido, dentro del artículo 1, el apartado 1 (que, por cierto, como se verá más adelante debería ser el 2) define dicho ámbito de aplicación de la nueva norma por remisión "a las explotaciones ganaderas de las especies de producción recogidas en el Anexo I del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas [REGA]...". Dicha remisión resulta problemática debido a la inseguridad jurídica que se puede generar, ya que el citado anexo contiene una categoría genérica ("Otras") que no tiene un contenido y una interpretación claros, dado que no se desprende de su contenido si incluyen o no algunos otros grupos biológicos, tales como los anfibios, reptiles o insectos, respecto de los cuales existen explotaciones, sin que de la norma ni la memoria quepa inferir si se quieren someter o no a las obligaciones de contar con veterinarios de explotación y de tener un plan sanitario integral.
En consecuencia, estima el Consejo de Estado que, mejor que una remisión genérica al citado anexo I, sería mucho más eficaz, y generaría una mayor seguridad jurídica, establecer listas específicamente en este Real Decreto las especies de animales de producción sometidas a su ámbito. Ello podría hacerse mediante la inclusión de un nuevo anexo en este Real Decreto que contuviera el listado concreto de los grupos biológicos, familias o especies a las que el mismo resulta aplicable, que podría ser posteriormente objeto de modificación a medida que, con independencia o no de su inclusión en el citado REGA, se estimara oportuno, además, someter a las obligaciones de contar con el veterinario de explotación, plan sanitario y régimen de visitas.
En tercer lugar, las normas recogidas en el proyecto sobre los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano (disposición final cuarta), regulan una materia distinta a la que es objeto del Real Decreto, que, como se ha señalado, se refiere a las obligaciones del titular de las explotaciones en relación con el veterinario de la explotación, con el Plan sanitario integral y las visitas zoosanitarias. Se propone, por ello, excluir dicho contenido del proyecto, llevándolo a otro Real Decreto que pudiera aprobarse en el mismo momento, dado que se ha completado la tramitación.
VI.- Observaciones al proyecto
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
Este artículo dice así:
"Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente real decreto tiene como objeto establecer las bases de desarrollo de la normativa de la Unión Europea de sanidad animal en lo relativo a las obligaciones de vigilancia del titular de la explotación y en lo relativo a las visitas zoosanitarias y establecer la obligación para determinadas explotaciones de disponer del Plan sanitario integral recogido en el artículo 6 del presente real decreto y las funciones específicas asignadas al veterinario de explotación.
1. Este real decreto se aplicará a las explotaciones ganaderas de las especies de producción recogidas en el anexo I del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas, entre las que se incluye la acuicultura, que alberguen animales destinados a la producción de alimentos, al aprovechamiento comercial de los mismos o a fines agrarios, con excepción de:
a) Las explotaciones de capacidad reducida en las que así se haya establecido en la normativa de ordenación sectorial.
b) Las explotaciones de pequeña capacidad según lo establecido en el anexo I del Real Decreto 992/22 de 29 de noviembre, por el que se establece el marco de actuación para un uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero o sin finalidad comercial en los casos en que así lo determine la autoridad competente de la comunidad autónoma.
c) Los certámenes ganaderos, mataderos, plazas de toros, concentraciones de animales no permanentes y puestos de control".
Como primera consideración, debe corregirse la numeración de los apartados, de forma que el primer párrafo se numere como 1 (actualmente carece de numeración) y el que es actualmente el apartado 1 se numere como 2. Además, en la letra b) debe citarse correctamente el Real Decreto que allí se menciona (Real Decreto 992/2022).
De otra parte, se propone la siguiente redacción del primer párrafo, con el fin de darle mayor claridad:
"Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente real decreto tiene como objeto determinar las obligaciones de vigilancia del titular de la explotación y el régimen de visitas zoosanitarias, de conformidad con lo establecido en la normativa de la Unión Europea de sanidad animal. Además, establece la obligación de determinadas explotaciones de disponer del Plan sanitario integral recogido en el artículo 6 del presente real decreto y determina las funciones asignadas al veterinario de explotación".
Por otra parte, en lo que actualmente es el apartado 1 -que pasaría a ser el 2-, tal y como resulta de su tenor, se define el ámbito de aplicación de la norma proyectada por remisión al anexo I del Real Decreto 479/2004; sobre este apartado hay que hacer algunas observaciones.
Además, el inciso "entre las que se incluye la acuicultura" no solo no resulta necesario -pues basta con la remisión que se hace al anexo I del Real Decreto 479/2004-, sino que podría llevar a confusión, pues parece indicar que están excluidas otras, cuando no es así, por lo que se propone su supresión. Finalmente se recuerda lo antes señalado acerca de la conveniencia de incluir un listado expreso de normas bien en el apartado 2, bien en un anexo nuevo al cual remita dicho apartado, en vez de hacer la remisión genérica al anexo I del citado Real Decreto 479/2004.
Artículo 2. Definiciones
En este artículo, dado que es la primera vez que se cita en el articulado el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas, debiera citarse incluyendo el título completo.
Artículo 5. Requisitos y obligaciones del veterinario de explotación
El apartado 2 determina que el veterinario deberá comunicar su cese en una explotación a la autoridad competente. La misma obligación se impone al titular de la explotación en el artículo 3.3. Se sugiere reconsiderar la oportunidad de incluir la misma obligación para ambos sujetos, con el fin de aligerar las cargas administrativas de los particulares.
Disposiciones transitorias primera a cuarta
Estas disposiciones recogen el régimen transitorio de diversas obligaciones incluidas en la norma, determinando un plazo de un año para su aplicación, salvo en el caso de la obligación de determinación del riesgo zoosanitario, en cuyo caso el plazo es de dos años. Ganaría en sencillez y claridad la norma si se incluyera su contenido en una única disposición. Por otra parte, convendría establecer de forma explícita que dicho año se computará desde la entrada en vigor del real decreto.
Disposiciones finales segunda y tercera
Estas disposiciones tienen por objeto adecuar los reales decretos relativos a las explotaciones cunícolas y equinas a las reglas recogidas en el proyecto, en lo que hace, en particular, a la obligación de disponer de un Plan sanitario integral y de designar un veterinario de explotación. Tanto en los artículos de dichos reales decretos que se modifican como en la nueva disposición transitoria que se incluye en ellos se recoge el régimen transitorio de las nuevas obligaciones; sería suficiente con incluir la referencia a dicho régimen transitorio en una ocasión en cada real decreto modificado, sin necesidad de reiterarlo en su articulado y en la nueva disposición transitoria que se introduce en cada caso. En todo caso, si se mantienen dichas disposiciones transitorias, sería conveniente hacer referencia explícita también al régimen transitorio de la obligación de designar un veterinario de la explotación, ya que ahora solo se recoge el de la obligación de realizar un Plan sanitario integral.
Disposición final séptima
Esta disposición dice así:
"Disposición final séptima. Título competencial.
Las disposiciones del presente real decreto tendrán el carácter de normativa básica estatal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad.
Los reales decretos que se modifican en la disposición final primera y en la disposición final segunda de este real decreto, seguirán amparándose en los títulos competenciales que en los mismos se expresan".
La redacción del segundo párrafo trae causa de una observación realizada por la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, que señaló que los reales decretos que se modificaban en virtud de las referidas disposiciones finales primera y segunda -que son, en realidad, la segunda y la tercera en la última redacción del proyecto-, invocaban también, junto al título contemplado en el 149.1.16.ª, el recogido en la regla 13.ª del mismo artículo. Resulta, sin embargo, que también el Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas invoca en su disposición final cuarta, junto al título contemplado en el artículo 149.1.16.ª, el recogido en la regla 13.ª del mismo precepto.
Se considera, por ello, que debe ajustarse la redacción de esta disposición final, que puede simplificarse, para lo cual bastaría con que se hiciera una remisión a los títulos competenciales indicados en las normas que se modifican.
Anexo I
Este anexo lleva por título "Declaración responsable"; con el fin de darle mayor claridad, convendría especificar de qué declaración se trata, por lo que podría completarse dicha rúbrica para decir: "Declaración responsable que debe presentar el titular de la explotación en relación con la designación del veterinario de la explotación".
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo de este dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto sometido a consulta".
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 30 de marzo de 2023
LA SECRETARIA GENERAL,
LA PRESIDENTA,
EXCMO. SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.
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