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Consejo de Estado: Dictámenes

Número de expediente: 913/2022 (AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN)

Referencia:
913/2022
Procedencia:
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Asunto:
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, de desarrollo del Fondo Europeo Maritimo y de Pesca en lo relativo a las ayudas a la paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera.
Fecha de aprobación:
23/06/2022

TEXTO DEL DICTAMEN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 23 de junio de 2022, con asistencia de los señores que al margen se expresan, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"En cumplimiento de una Orden de V. E. de 6 de junio de 2022, con registro de entrada el día siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en lo relativo a las ayudas a la paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera.

ANTECEDENTES

De antecedentes resulta:

Primero. Proyecto

Se somete a consulta el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en lo relativo a las ayudas a la paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera (en adelante, el Proyecto).

El texto remitido a este Consejo consta de un preámbulo, un artículo y una disposición final.

El preámbulo explica la finalidad de la norma proyectada, que viene a modificar de manera puntual el régimen jurídico nacional de las ayudas a la paralización temporal y definitiva de la actividad pesquera previstas en los artículos 33 y 34 del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y en el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, matizando algunos aspectos de su regulación, integrando las ayudas a la paralización temporal por reducción del esfuerzo pesquero en el marco del plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental establecido por el Reglamento (UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, y por la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, e incorporando un régimen transitorio que permitirá seguir concediendo este tipo de ayudas hasta que, en su caso, se apruebe la disposición reglamentaria que regule el Fondo Europeo Marítimo, Pesquero y Acuícola 2021-2027 en España.

La parte expositiva justifica, además, la adecuación de la propuesta a los principios de buena regulación consagrados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; da cuenta de los principales hitos de su procedimiento de elaboración; e identifica los títulos competenciales -artículo 149.1, reglas 13.ª y 19.ª, de la Constitución Española- que habilitan al Gobierno de la Nación a aprobarla.

El artículo único da nueva redacción al segundo párrafo del artículo 4, el apartado 5 del artículo 6, el apartado 2 del artículo 12, el artículo 14, el apartado 2 del artículo 15, el artículo 16, el apartado 3 del artículo 17 y el apartado 1 del artículo 19 del Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre; y añade un nuevo apartado 3 al artículo 13, un nuevo párrafo final al apartado 1 del artículo 17, un nuevo apartado 4 bis al artículo 19, un párrafo final al apartado 5 del artículo 19, una nueva disposición transitoria tercera y un nuevo anexo IV a dicho cuerpo normativo.

La disposición final única advierte que el Real Decreto proyectado entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Segundo. Memoria del análisis de impacto normativo

El Proyecto se acompaña de una memoria del análisis de impacto normativo (en adelante, la Memoria), estructurada en tres apartados, precedidos de un resumen ejecutivo.

(i) En el apartado primero, se valora la oportunidad de la propuesta en términos similares a los empleados en su preámbulo, incidiendo en sus principales novedades. Se exponen las razones por las que se han descartado otras alternativas regulatorias como la no aprobación de norma alguna -que impediría otorgar ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera por reducción del esfuerzo pesquero en aplicación del plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental- y la aprobación de una nueva disposición reglamentaria -que, dada la necesidad de mantener la vigencia del Real Decreto 1773/2015, de 29 de diciembre, para el resto de supuestos de paralización temporal de la actividad pesquera, daría lugar a una indeseable dispersión normativa-.

(ii) En el apartado segundo, se describe el contenido de la norma proyectada, que ha quedado expuesto en el antecedente primero de este dictamen. Bajo el epígrafe "análisis jurídico", se enumeran los actos jurídicos de la Unión Europea y las disposiciones normativas nacionales con los que aquella entronca. Y se detalla su tramitación, que será examinada en el antecedente tercero de este dictamen.

(iii) En el apartado tercero, se analiza el impacto del Proyecto en diferentes campos:

- En el plano competencial, se invocan las competencias que el artículo 149.1, reglas 13.ª y 19.ª, de la Constitución reservan al Estado sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre la pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las comunidades autónomas, destacando que todos los buques están sometidos en igualdad de condiciones a la reducción del esfuerzo pesquero en el marco del plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental y que, por ende, los días subvencionables por parada temporal deben fijarse a nivel estatal.

- En el ámbito económico, la propuesta tendrá una incidencia positiva, puesto que "[a]ctualmente en el ámbito del Mediterráneo existen 571 buques que han recibido días de asignación pesquera en 2021, lo que supone 2.071 tripulantes. Los días de actividad pesquera [han sido reducidos en aplicación del plan plurianual de pesca demersal del Mediterráneo Occidental en] (...) 28.746 [unidades] (...) respecto del año 2019. Por tanto, la compensación a los pescadores para afrontar [esta] disminución (...) es necesaria (...) [y] conllevará una mejora [de] las condiciones económicas y sociales de la flota (...) [sin que] se apreci[e] una incidencia diferenciada según el tamaño de las empresas".

- En el ámbito presupuestario, la norma proyectada carecerá de repercusión sobre el gasto público de la Administración General del Estado.

- Sobre la competencia, tendrá un impacto indirecto positivo al propiciar un entorno predecible y seguro.

- En materia de cargas administrativas, su incidencia será nula.

- Por razón de género, sobre la familia, la infancia y la adolescencia y por razón de cambio climático, también carecerá de impacto.

- En el ámbito social, tendrá una repercusión positiva en las poblaciones costeras, habida cuenta de la función social que cumple la pesca.

Tercero. Contenido del expediente

Junto con las sucesivas versiones del Proyecto y la Memoria, obran en el expediente los siguientes documentos:

A.) El certificado que constata que, entre los días 4 y 24 de marzo de 2022, se abrió un trámite de participación pública y consulta directa a las comunidades autónomas y entidades representativas del sector y las alegaciones que, en su seno, presentaron:

- Andalucía;

- Cataluña;

- Comunidad Valenciana;

- Federación Nacional de Cofradías de Pescadores Catalana;

- Federación Balear de Cofradías de Pescadores;

- Federación Murciana de Cofradías de Pescadores;

- Cofradía de Pescadores de Santa Pola;

- Cofradía de Pescadores de Vilanova y la Geltru; y

- Unión Nacional de Cooperativas del Mar de España-Arenys del Mar.

B.) Los informes emitidos por los siguientes órganos y entidades administrativas:

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de 30 de marzo de 2022, con varias observaciones eminentemente formales.

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de 7 de abril de 2022, sobre la falta de preceptividad de la aprobación previa de dicho departamento ministerial.

- Informe favorable de la Dirección General de Régimen Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial, de 21 de abril de 2022.

- Informe de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 27 de abril de 2022, a cuyo tenor las modificaciones proyectadas carecen de contenido económico, a efectos de variaciones en los Presupuestos Generales del Estado.

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de 5 de mayo de 2022, con observaciones al preámbulo y a los apartados 4, 8 y 10 del artículo único, que han sido atendidas en su mayor parte por el órgano instructor.

- Informe favorable de la Abogacía del Estado en el ministerio proponente, de 13 de mayo de 2022.

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de 17 de mayo de 2022, con observaciones a los apartados 2 y 4 del artículo único, que han sido asumidas por la autoridad consultante.

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 1 de junio de 2022, sin observaciones.

- Informe de la Intervención Delegada de la Administración del Estado en el ministerio proponente, de 2 de junio de 2022, con observaciones estrictamente formales.

Asimismo, figuran un oficio, de 19 de marzo de 2022, solicitando el informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, y sendos oficios, de 21 de marzo y 26 de abril de 2022, recabando el parecer del Ministerio de Trabajo y Economía Social. No consta que ninguno de estos informes haya sido evacuado hasta la fecha.

Y, en tal estado de tramitación, se emite el presente dictamen.

CONSIDERACIONES

I. OBJETO DE LA CONSULTA Y CARÁCTER DEL DICTAMEN

Versa la consulta sobre el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en lo relativo a las ayudas a la paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera previstas en los artículos 33 y 34 del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014.

El presente dictamen se emite, pues, con carácter preceptivo, en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 22 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, que se refiere a las disposiciones reglamentarias que se dicten en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del Derecho comunitario europeo.

En la orden de remisión se ha hecho constar, además, el carácter urgente de la consulta a efectos de lo establecido en el artículo 19.1 de la mencionada ley orgánica, por lo que el presente dictamen se evacúa en el plazo de quince días. Ni en la Orden firmada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ni en la Memoria se explicitan las razones por las que se ha acudido al trámite de urgencia, que tampoco cabe deducir de la restante documentación que obra en el expediente.

Por ello, cabe recordar a la autoridad consultante que la tramitación de urgencia constituye una regla excepcional a la que se debe acudir con prudencia, cuando las circunstancias del caso efectivamente lo requieran, ya que la función que este Alto Cuerpo Consultivo desempeña dentro del sistema de garantías inherente a nuestro Estado de Derecho precisa de un examen sosegado de los asuntos remitidos como regla de principio.

II. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA NORMA

La tramitación del Proyecto se ha encauzado a través de un procedimiento en el que se ha prescindido del trámite de consulta pública previa por no imponer la norma obligaciones relevantes a sus destinatarios; se ha redactado una memoria del análisis de impacto normativo; se ha sustanciado un trámite de audiencia e información pública; se han recabado los correspondientes informes preceptivos; y, en definitiva, se han observado los trámites esenciales que el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (en la redacción dada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), sanciona para la elaboración de las normas reglamentarias, sin perjuicio de las observaciones que, con posterioridad, se efectuarán a la Memoria y de la conveniencia de haber dado audiencia directa a las asociaciones de mujeres de la pesca, en línea con lo sugerido en el dictamen del expediente número 1.169/2021, de 22 de diciembre. Esta audiencia se tornará preceptiva cuando entre en vigor el todavía proyecto de Ley de pesca sostenible e investigación pesquera, a la vista de su artículo 5.

La comunicación de la iniciativa normativa a la Comisión Europea no parece exigible en este caso concreto con arreglo al artículo 8.2 del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, que señala que los artículos 107, 108 y 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea -referidos a las ayudas otorgadas por los Estados- no serán aplicables a los pagos efectuados por estos en virtud de, y de conformidad con, dicho reglamento dentro del ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado de Funcionamiento.

III. BASE JURÍDICA, RANGO NORMATIVO Y COBERTURA COMPETENCIAL DE LA PROPUESTA

La norma proyectada cuenta con una base jurídica suficiente y con un rango normativo adecuado, en la medida en que introduce en el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, una serie de modificaciones con el triple objetivo de:

i.) Matizar que la obligación de poner en conocimiento de la Administración las paralizaciones, temporales y definitivas, de la actividad pesquera del buque que pretende beneficiarse de las ayudas del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca no se cumplirá a través de la entrega física del rol de despacho en la Capitanía Marítima, sino de la comunicación -electrónica se entiende- de esta circunstancia a la autoridad en cada caso competente.

ii.) Hacer efectivo lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Reglamento (UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, que aclaran, en primer lugar, que las medidas de paralización temporal adoptadas para lograr los objetivos del plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental tendrán la consideración de paralización temporal de la actividad pesquera a efectos de lo establecido en las letras a) y c) del apartado 1 del artículo 33 del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 -en términos similares se expresa el artículo 12 de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, de vigencia indefinida-, y, en segundo lugar, que la ayuda por paralización definitiva de la actividad pesquera podrá concederse más allá del 31 de diciembre de 2017 cuando tal medida se haya adoptado para lograr los objetivos del plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental.

iii.) Incorporar un régimen transitorio que permita seguir concediendo ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera hasta que entre en vigor la disposición reglamentaria que desarrolle el Reglamento UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, en lo que sea necesario, facilitando la transición entre el fondo de financiación del marco plurianual 2014-2020 -este es, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca- y el fondo de financiación del marco plurianual 2021-2027 -este es, el Fondo Europeo Marítimo, Pesquero y Acuícola-.

La propuesta asimismo se acomoda al régimen constitucional de distribución de competencias en la materia, desde el momento en que es jurisprudencia constitucional reiterada (sentada, entre otras, en las Sentencias 13/1992, de 6 de febrero, F.J. 8, y 98/2001, de 5 de abril, F.J. 6) "cuando el Estado ostenta un título competencial genérico de intervención que se superpone a la competencia de las Comunidades Autónomas sobre una materia, aun si ésta se califica de exclusiva (v. gr., la ordenación general de la economía), o bien tiene competencia sobre las bases o la coordinación general de un sector o materia, correspondiendo a las Comunidades Autónomas las competencias de desarrollo normativo y de ejecución -como sucede con la ordenación del sector pesquero- (...) el Estado puede consignar subvenciones de fomento en sus Presupuestos Generales, especificando su destino y regulando sus condiciones esenciales de otorgamiento hasta donde lo permita su competencia genérica, básica o de coordinación, pero siempre que deje un margen a las Comunidades Autónomas para concretar con mayor detalle la afectación o destino, o, al menos, para desarrollar y complementar la regulación de las condiciones de otorgamiento de las ayudas y su tramitación".

IV. OBSERVACIONES

El texto remitido a este Consejo merece una valoración global positiva, ya que articula la reforma normativa que se juzga precisa para compensar a los armadores y trabajadores de los buques afectados por la reducción del esfuerzo pesquero acordada en el marco del plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental a través de las ayudas a la paralización, temporal y definitiva, de la actividad pesquera financiadas con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Cabe recordar, en este sentido, que las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera constituyen una medida de fomento de la competitividad y una garantía de la viabilidad de las empresas del sector pesquero que cabe prestar, entre otros, en los siguientes supuestos: a.) cuando se apliquen medidas de reacción frente a una amenaza grave para los recursos biológicos marinos o medidas de conservación y explotación sostenible de los recursos biológicos; y b.) cuando el cese de la actividad sea consecuencia de la reducción del esfuerzo pesquero contemplada en un plan de gestión o en un plan plurianual, en aras de la consecución del rendimiento máximo sostenible (artículo 33 del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014).

Las ayudas a la paralización definitiva de la actividad pesquera, por su parte, pretenden facilitar el ajuste de la capacidad de pesca de una flota determinada -que se considera sobredimensionada- a sus posibilidades reales, dando cumplimiento al plan de acción que el correspondiente Estado miembro haya aprobado para alcanzar el equilibrio efectivo entre ambos parámetros -la capacidad de un segmento de la flota, de un lado, y las posibilidades de pesca disponibles para el mismo, de otro- (artículo 34 del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014).

En nuestro país, el régimen jurídico aplicable a ambas ayudas está contenido en el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, cuya parte dispositiva modifica la propuesta sometida a consulta, a la que cabe realizar las siguientes observaciones:

A.) LA MEMORIA QUE ACOMPAÑA AL PROYECTO

La Memoria incorporada al expediente posee una serie de carencias que le impiden cumplir el cometido que el legislador y la jurisprudencia le han atribuido, este es, ofrecer a los órganos constitucionales que intervendrán en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales una información clara y precisa acerca de todos los aspectos, positivos y negativos, que la norma proyectada conlleva.

A tal efecto, el artículo 26.3 de la Ley del Gobierno y, en desarrollo suyo, el artículo 2 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, enuncian el contenido mínimo que debe recoger toda memoria. En una primera aproximación, cabe observar que la última versión de la Memoria remitida a este Consejo no justifica el acomodo de la propuesta a los principios de buena regulación consagrados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre; ni aclara si la misma está o no incluida en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2022, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de enero de 2022; ni expone los motivos por los que se ordena su entrada en vigor inmediata, en los términos exigidos en el artículo 23 de la Ley del Gobierno; ni precisa si será susceptible o no de evaluación ex post. Todos estos extremos deben ser incorporados a la Memoria para dar efectivo cumplimiento a la Ley del Gobierno y al Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre.

Además, la Memoria debería profundizar en el análisis del impacto presupuestario, sobre la competencia en el mercado y por razón de cargas administrativas del Real Decreto proyectado. En relación con el primero, la Memoria se limita a afirmar que la propuesta carecerá de impacto sobre el gasto público de la Administración General del Estado. Siendo ello cierto, sería recomendable que se expusiesen las razones por las que la autoridad consultante ha alcanzado tal conclusión; presumiblemente, que las ayudas ofrecidas a los buques de arrastre y a sus pescadores que faenen en el Mediterráneo occidental se abonarán con cargo a las partidas presupuestarias procedentes del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca ya existentes.

En lo que respecta al impacto del Proyecto sobre la competencia en el mercado, se indica que este será positivo en tanto que "propic[iará] un entorno predecible y seguro que favorec[erá] el desarrollo de la competencia y por lo tanto el crecimiento económico". En principio, todas las disposiciones normativas deberían tender a crear un entorno predecible para los operadores jurídicos y, en tal sentido, todas ellas favorecerían la competencia en el mercado de manera indirecta. No obstante, como señala la guía metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo, en este apartado se tiene que valorar si la propuesta es susceptible de introducir elementos que distorsionen la competencia en el mercado y si tales restricciones resultan necesarias y proporcionadas, teniendo en cuenta, cabría añadir, los principios contemplados en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

Por definición, la implantación de un sistema de ayudas a los operadores económicos constituye un factor potencialmente distorsionador de la competencia en el mercado; no en vano, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se refiere a las ayudas en el capítulo I del título VII de la quinta parte, bajo el título "normas sobre competencia". Las ayudas a la paralización de la actividad pesquera, en particular, se muestran plenamente respetuosas con la libre competencia; de hecho, como se ha apuntado con anterioridad, las ayudas a la paralización temporal persiguen mejorar la competitividad de las empresas del sector pesquero y las ayudas a la paralización definitiva facilitar el ajuste de la capacidad de pesca de una flota a sus posibilidades reales. Por consiguiente, su aplicación a los buques de arrastre que faenan en el Mediterráneo occidental favorecerá la viabilidad de este segmento de la flota española y, por tales razones -y no otras genéricas e indeterminadas-, tendrá una incidencia positiva sobre la competencia en el mercado.

En lo relativo, finalmente, al impacto por razón de cargas administrativas, la Memoria declara, de manera escueta, "los cambios que propugna este Proyecto (...) no suponen un incremento de las mismas", entendidas como tareas de naturaleza administrativa que han de llevar a cabo los destinatarios de la norma para cumplir las obligaciones que esta les impone. Lo cierto es, no obstante, que la reforma proyectada ha efectuado ciertos ajustes en el modo de acreditar el cese efectivo de la actividad pesquera de los buques que quieran adherirse al sistema de ayudas, que deberían ser tomados en consideración en la Memoria.

Hasta ahora, se debía entregar el rol de despacho en la Capitanía Marítima del puerto correspondiente (artículos 6.5 y 14.4 del Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre). Cuando entre en vigor de la propuesta, se tendrá que comunicar a la Capitanía Marítima del puerto correspondiente, el rol tratándose de un supuesto de paralización definitiva, y el inicio y la finalización del periodo de cese de la actividad tratándose de un supuesto de paralización temporal, en el que también se deberá comunicar el rol a la autoridad autonómica competente y a la Secretaría General de Pesca si tal paralización deriva de la aplicación del plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental (nuevos artículos 6.5 y 14.4 del Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre).

La sustitución del soporte papel -entrega del rol- por la vía electrónica -mera comunicación- como método de notificación de las paralizaciones, temporales y definitivas, susceptibles de dar derecho a la obtención de una ayuda, supondrá una reducción de las cargas administrativas que debería quedar reflejada en la Memoria.

B.) EL CÁLCULO DEL IMPORTE DE LAS AYUDAS A LA PARALIZACIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA DERIVADA DE LA APLICACIÓN DEL PLAN PLURIANUAL PARA LA PESCA DEMERSAL EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL

En su redacción actual, el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, diseña un sistema de cuantificación de las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera que opera en dos escalones sucesivos: el periodo computable, que es el tiempo de parada obligatoria por veda, descanso biológico o paralización de la actividad pesquera que permitirá acceder a las ayudas; y el periodo subvencionable, que es el número de días del periodo computable por el que se recibirán las ayudas. Ambos serán determinados por la Conferencia Sectorial de Pesca (artículos 14.7 y 19.1).

En la redacción propuesta, el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, mantiene este régimen general y añade un régimen especial aplicable a las ayudas por paralización temporal de la actividad pesquera que sea consecuencia de la aplicación del plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental, el cual prescinde del concepto de periodo computable y atribuye a la Secretaría General de Pesca la facultad para concretar el número de días subvencionables a través de tales ayudas (nuevos apartados 10, 12 y 14 del artículo 14).

De la Memoria parece deducirse que la autoridad consultante ha decidido exceptuar el régimen general en este caso concreto para asegurar la coherencia del sistema de cálculo de las ayudas por paralización temporal de la actividad pesquera con la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, cuyos artículos 5 a 7 regulan el procedimiento por medio del que la Secretaría General de Pesca distribuirá el número de días de pesca que el Consejo de la Unión Europea haya asignado al Reino de España entre los buques de pabellón español autorizados a ejercer la pesca de arrastre de fondo en el Mediterráneo, haciendo efectivas las medidas de reducción del esfuerzo pesquero acordadas.

Este propósito resulta loable, pero precisa de una revisión del tenor literal de la reforma proyectada que evite incoherencias normativas internas y que garantice que los destinatarios de la norma puedan conocer de antemano los criterios de conformidad con los cuales se fijará el número de días subvencionables y, en su caso, comprobar el ajuste a la legalidad de la resolución que la Secretaría General de Pesca dicte en cumplimiento de lo dispuesto en el nuevo apartado 13 del Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre.

En este sentido, de la regulación propuesta parece desprenderse que, en estos supuestos, el número de días subvencionables resulta de la diferencia entre los días de pesca que cada buque tendría asignado si no se hubiese acordado una reducción del esfuerzo pesquero -es decir, los días de pesca que dicho buque tenía asignado en el año N1- y los días de pesca que cabe esperar que se le asignen el año en el que se va a producir la parada -es decir, los días de pesca que presumiblemente le asignará la Secretaría General de Pesca en la resolución de reparto para el año N, dictada al amparo de los artículos 5 y 7 de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo-.

Si ello es así, debe expresarse con mayor claridad en el nuevo apartado 13 del artículo 14 del Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre. En el cual se ha de precisar, además:

1.) cuál es el año N1, que no se sabe si es el año 2021 -al que se refiere la resolución de 10 de mayo de 2021- o el año inmediatamente anterior a N -como parece deducirse de la última frase del subapartado 13.a)-;

2.) para qué sirve y cómo se calcula el porcentaje que cada buque tiene respecto del total de días de actividad distribuidos, puesto que ni ese porcentaje se menciona en las letras c) y siguientes del apartado 13, ni la asignación inicial de 122.320 días a la que alude el segundo párrafo del apartado b) determina por sí misma dicho porcentaje -serán necesarias otras operaciones que no se especifican-;

3.) si la revisión de la resolución de la Secretaría General de Pesca que fije los días subvencionables tras la aprobación de la resolución de reparto del esfuerzo pesquero entre los buques del censo se ha de llevar a cabo siempre que haya un desajuste entre ambos o solo en determinados supuestos y, en tal caso, cuáles serían esos supuestos -la expresión "en caso de necesidad" que emplea el subapartado 13.g) es un concepto jurídico demasiado indeterminado-; y

4.) cuál es el objeto de la evaluación que la Secretaría General de Pesca ha de efectuar -el sustantivo "sistema" puede ir referido al sistema de cálculo de los días subvencionables o al sistema de reparto, en cuyo caso esta previsión debería ser incorporada a la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, que es la que se ocupa de esta cuestión-, a través de qué procedimiento debe hacerlo -la fórmula "procedimiento descrito" carece de sentido, en tanto que el apartado 13 no describe procedimiento de evaluación alguno-, y con qué objeto -esto es, si lo que se pretende es detectar los fallos del método de cálculo de los días subvencionables para introducir en su seno las reformas oportunas-.

Como complemento a lo anterior, se han de distinguir con precisión las tres operaciones sucesivas que hay que ejecutar para obtener el importe de la ayuda a la que tiene derecho cada buque y/o pescador: la concreción de los días subvencionables, siguiendo el método descrito en el artículo 14.13; la determinación del baremo diario, aplicando el método contemplado en el anexo IV; y la multiplicación de los días subvencionables por el baremo diario. Ello requiere suprimir del primer párrafo del nuevo apartado 2 del artículo 16 del Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, toda referencia al artículo 14 y eliminar el párrafo segundo, que reitera lo previsto en el artículo 14.13.h), donde tiene su sede natural.

Por último, se ha de tener presente que el artículo 4 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, prohíbe que el sector público revise de manera periódica y predeterminada los valores monetarios en función de un índice de precios, con el fin de evitar efectos de segunda ronda. El apartado 2 de este precepto permite que, con carácter excepcional, cuando la naturaleza recurrente de los cambios en los costes de la actividad así lo requiera y ello se haya autorizado reglamentariamente, se apliquen fórmulas de revisión en función de índices específicos de precios.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha sugerido, a tal efecto, que el nuevo anexo IV del Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, vincule la actualización de la variable "ingreso diario por buque" a un subíndice del IPC como podría ser el subíndice "01131: Pescado fresco o refrigerado" o el subíndice "01133: Marisco fresco o refrigerado". El Consejo de Estado comparte su parecer y estima que sería necesario que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación utilizase un índice de precios más desindexado en el anexo IV.

C.) EL RÉGIMEN TRANSITORIO APLICABLE A LAS AYUDAS A LA PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PESQUERA

El Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, estableció las medidas financieras de apoyo a la Política Pesquera Común en el marco plurianual 2014-2020 y, a tal objeto, creó el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Para el nuevo marco plurianual 2021-2027, el Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, ha instituido el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, con cargo al que se seguirán financiando las ayudas a la paralización, temporal y definitiva, de la actividad pesquera, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en sus artículos 20 y 21.

Ambos preceptos mantienen, en sus líneas esenciales, las previsiones de los artículos 33 y 34 del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, pero recogen algunas diferencias de régimen jurídico sustanciales: ni los supuestos en los que podrá prestarse apoyo por paralización temporal de la actividad pesquera, ni los potenciales beneficiarios de estas ayudas, ni el periodo máximo subvencionable son exactamente iguales en el marco de la programación de ambos fondos.

La autoridad consultante ha intentado resolver los problemas que eventualmente se pudieran derivar de esta sucesión de fondos por medio de una reforma puntual del apartado 2 del artículo 12 del Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, que matiza que la duración máxima de la ayuda por paralización temporal de la actividad pesquera "será de un año por buque y pescador durante el marco de programación del Fondo Europeo Marítimo, Pesquero y Acuícola, conforme a la disposición transitoria tercera".

Y por medio de la incorporación de una disposición transitoria tercera al citado cuerpo normativo, que afirma "[h]asta que se apruebe el Real Decreto que desarrolle el Fondo Europeo Marítimo, Pesquero y Acuícola 2021-2027 (FEMPA), las ayudas destinadas a la paralización temporal de la actividad pesquera de dicho instrumento se podrán financiar conforme a lo dispuesto en este real decreto, siempre que no contravenga lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/1139, del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, en el que se aplicarán los requisitos exigidos en el FEMPA".

En principio, estas novedades normativas garantizarían adecuadamente el tránsito de un fondo a otro. Sin embargo, plantean dos interrogantes:

1.) En primer lugar, no se alcanza a comprender por qué se ha decidido precisar que el periodo máximo subvencionable a través de las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera no es similar en los marcos financieros plurianuales 2014-2020 y 2021-2027, al tiempo que se ha optado por no mencionar otras diferencias del régimen jurídico aplicable a estas ayudas en función del marco en el que se integren.

Dado que los Reglamentos de la Unión Europea son obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables en los Estados miembros (artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) y que, en puridad, la aplicación del Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, al periodo de financiación cubierto por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura se proyecta como transitorio -hasta que se apruebe la disposición reglamentaria correspondiente-, sería recomendable que no se modificase el apartado 2 del artículo 12 del Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, por razones de técnica normativa -en el sentido de que ello implicaría la introducción de una previsión de carácter transitorio en el texto articulado de la norma- y por motivos de seguridad jurídica -por cuanto podría parecer que solo se han alterado las reglas relativas al periodo máximo subvencionable (y no otras)-.

2.) En segundo lugar, resulta un tanto oscura la frase final de la nueva disposición transitoria tercera del Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, que debe ser revisada. Si lo que se desea subrayar es que las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera que se financien con cargo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura tendrán que reunir los requisitos fijados en el Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, este precepto ganaría en claridad si tuviese un tenor literal similar al que sigue:

"Hasta que entre en vigor el Real Decreto que desarrolle el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura para el periodo de financiación plurianual 2021-2027, las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera que se financien con cargo a dicho instrumento se gestionarán de conformidad con lo establecido en este real decreto, siempre que no contravenga lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, que resulta directamente aplicable".

Sea como fuere, cabe recordar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que, por definición, lo transitorio es "pasajero, temporal", "caduco, perecedero, fugaz" -tales son las dos primeras acepciones de este término en el diccionario de la Real Academia Española- y que, por consiguiente, resulta necesario que tramite de forma diligente el procedimiento de elaboración de la disposición reglamentaria que tiene planificado que desarrolle el régimen jurídico aplicable al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura, al menos en lo relativo a las ayudas a la paralización de la actividad pesquera.

D.) OBSERVACIONES FORMALES

En líneas generales, el texto remitido a este Consejo tiene que ser revisado para eliminar las erratas e incorrecciones gramaticales en las que incurre y para mejorar la claridad de sus previsiones, que, en ocasiones, utilizan un lenguaje que dificulta su comprensión y subsiguiente cumplimiento. A título meramente ejemplificativo, cabe destacar lo siguiente:

- El preámbulo se refiere indistintamente al régimen jurídico actual de las ayudas a la paralización, temporal y definitiva, de la actividad pesquera y a las reformas que van a introducirse en el mismo, reproduciendo muchos de los párrafos del preámbulo del Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre. De acuerdo con las Directrices de técnica normativa aprobadas por acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, la función de la parte expositiva de una norma es "describir su contenido, indicando su objeto y finalidad, sus antecedentes y las competencias y habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta" (directriz I.12). El preámbulo de la norma proyectada tiene que ceñirse, por consiguiente, a las reformas que plantea, eludiendo toda mención a aquellas cuestiones del régimen jurídico de las ayudas que ya resultan aplicables y que no serán objeto de modificación alguna. Para ello, podría atender a lo expuesto en el apartado 1.1 de la Memoria, que es mucho más claro y sintético.

- En el nuevo segundo párrafo del artículo 4 del Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca tiene que ser citado de manera correcta -la norma habla del "Fondo Europeo Marítimo y Pesquero"; y la frase "salvo que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la adopte..." tiene que ser reformulada, ya que lo que se adopta no son las ayudas -sujeto de la primera frase al que hace referencia el pronombre "la"-, sino las medidas de cese de la actividad pesquera que tendrán la consideración de paralización temporal con arreglo a lo dispuesto en los artículos 19 del Reglamento (UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, y 12 de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo.

- El nuevo párrafo final del apartado 3 del artículo 12 del Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, resulta innecesario, en la medida en que se refiere a un detalle del momento en el que tendrá que producirse la paralización temporal de la actividad pesquera cuando esta sea consecuencia de la aplicación del plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental, que se reitera en el nuevo apartado 14.13.f) del Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, que constituye su sede natural como precepto que concreta las condiciones generales que deben concurrir para que nazca el derecho a percibir la ayuda.

Al margen de lo anterior, en dicho párrafo se repite la fecha de aprobación de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo; y sobra una coma entre "la actividad indicada" y "deberá producirse..." y entre el "artículo 9" y "del Real Decreto 1440/1999, de 10 de septiembre...".

- El nuevo artículo 14 del Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, debería ser reordenado de acuerdo con los siguientes criterios:

i. El apartado 5 debería estar ubicado entre los apartados 2 y 3, porque contiene una regla especial relativa al modo en el que deberá articularse la suspensión de la actividad pesquera cuando esta derive de la aplicación del plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental, siendo el apartado 2 el que se ocupa de la parada del buque con carácter general -los apartados 3, 4 y 5 aluden a los medios de prueba de la misma-.

ii. El apartado 8 podría ser eliminado si en el apartado 7, junto a las referencias al "periodo computable", se añadiese la expresión "o subvencionable".

iii. El apartado 10 debería quedar refundido con el apartado 9 y el apartado 12 con el apartado 11, en tanto que ambos prevén excepciones al régimen general aplicables a los supuestos en los que la paralización temporal proceda de la aplicación del plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental.

Al margen de lo anterior, en el primer párrafo del apartado 2, el adjetivo "subvencionable" debería ir precedido de una conjunción disyuntiva, ya que, con carácter de principio, el periodo subvencionable está comprendido en el periodo computable -y, por ende, no necesita ser citado expresamente- y que, como regla excepcional, en las ayudas derivadas de la aplicación del plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental, no existe periodo computable, sino exclusivamente periodo subvencionable -y, por ello, no puede requerirse su presencia de modo concurrente-.

En el último párrafo del apartado 4, se tiene que sustituir la frase "se deberá notificar por el armador o patrón del buque la comunicación del rol..." por la fórmula "el armador o patrón del buque comunicará el rol...".

En el primer párrafo del apartado 5, sobra una coma entre "la suspensión de la actividad pesquera" y "deberá ser realizada en intervalos...".

En la letra f) del apartado 13, sobra una coma entre el "artículo 9" y "del Real Decreto 1440/1999, de 10 de septiembre". En la letra g), el adjetivo "subvencionable" tiene que ir en plural -califica al sustantivo días- y la expresión "que [se] aprueben" ha de ir colocada al final de la frase, detrás de la fórmula "de asignación de días". En la letra h), la expresión "a lo largo de la aplicación del Plan Plurianual (...)" debería ser sustituida por una preposición temporal como puede ser "durante".

En el apartado 16, existe una contradicción interna entre el primer párrafo -que utiliza la fórmula "se facultará", que además es incorrecta desde el punto de vista gramatical, puesto que no se facultará a las comunidades autónomas en el futuro, sino que, en teoría, es la propia norma la que las faculta a especificar los periodos a los que se circunscribirán los días subvencionables en el caso de las paradas temporales derivadas del plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental- y las expresiones "establecerán el calendario definitivo" y "será comunicado": hay que precisar si el apartado 16 es una cláusula de habilitación o un mandato normativo y acomodar su redacción a la opción escogida. En cualquier caso, sobra una coma entre "los buques" y "no integrados en la gestión conjunta", entre este trozo de frase y "comunicarán previamente..." y entre "las comunidades autónomas" y "los periodos de días subvencionables...".

- En el primer párrafo del nuevo apartado 2 del artículo 16 del Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, el sustantivo "baremo" tiene que ir en singular.

- En el nuevo apartado 5 de este precepto, la fórmula "en cuyo caso" tiene que ser sustituida por la expresión "en el que", que se ajusta mejor al inicio de la frase.

- El nuevo apartado 4 bis del artículo 19 del Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, debe ser revisado porque no se entiende bien, ni se cohonesta bien con la función institucional de la Conferencia Sectorial de Pesca -la fórmula "servirá exclusivamente para" no es adecuada- ni con el contenido del acuerdo de dicha conferencia en el marco de las ayudas a la paralización temporal derivadas del plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental -que ha de incorporar una referencia expresa al acuerdo de la Secretaría General de Pesca que delimite los días subvencionables-.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del presente dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto sometido a consulta".

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 23 de junio de 2022

LA SECRETARIA GENERAL,

LA PRESIDENTA,

EXCMO. SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

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