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Consejo de Estado: Dictámenes

Número de expediente: 703/2022 (TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL)

Referencia:
703/2022
Procedencia:
TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Asunto:
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Fecha de aprobación:
12/05/2022

TEXTO DEL DICTAMEN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 12 de mayo de 2022, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"En cumplimiento de una Orden de V. E. de 29 de abril de 2022, con registro de entrada el día 3 de mayo siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

De antecedentes resulta:

PRIMERO.- Contenido del proyecto

El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de un preámbulo, un artículo y tres disposiciones finales.

El preámbulo comienza haciendo referencia a los antecedentes normativos de la modificación proyectada, que se remontan a la Directiva 90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo, que fue incorporada al ordenamiento interno mediante el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. En él se establecen las disposiciones mínimas aplicables a las actividades que implican una exposición a agentes cancerígenos o mutágenos derivada del trabajo.

Tras ser objeto de varias modificaciones, la directiva citada fue derogada por la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo, que, a su vez, ha sido modificada a través de la Directiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, y de la Directiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 2019. La primera de ellas fue objeto de transposición al ordenamiento interno mediante el Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, actualizando sus anexos I y III. La Directiva (UE) 2019/130, por su parte, amplió tanto la lista de sustancias, mezclas y procedimientos incluida en el primero de dichos anexos, como el listado de agentes contenidos en el anexo III.

Con carácter previo a dichas modificaciones, se aprobó la Directiva 2014/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, por la que se modifican las Directivas 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consejo y la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, a fin de adaptarlas al Reglamento (CE) n.º 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Dicha norma fue transpuesta mediante diversos reales decretos citados en la parte expositiva.

Más tarde, la Directiva 2004/37/CE, antes citada, fue nuevamente modificada por la Directiva (UE) 2019/983, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, cuyo contenido debe ser incorporado al ordenamiento español a fin de actualizar el anexo III mediante la introducción de nuevos agentes, con su correspondiente valor límite.

Tal y como explica la parte expositiva, el proyecto sometido a consulta tiene por objeto operar la transposición de la Directiva 2019/983, lo que exige modificar, una vez más, el Real Decreto 665/1997, antes citado, cuyo anexo III debe adaptarse a lo dispuesto en la referida norma europea. Con ello se pretende aumentar el nivel de protección de la salud y la seguridad de las personas en el trabajo.

Tras resumir la estructura y contenido de la norma en proyecto, el preámbulo incluye una justificación de su adecuación a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y pone de manifiesto la conexión existente entre la modificación proyectada y el cumplimiento de la meta 8.8 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, consistente en proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores.

Aclara también que la norma se encuentra incluida en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado 2021, aprobado el 31 de agosto de 2021, y que se dicta de conformidad con el artículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

Señala, en fin, que el proyecto ha sido sometido a los trámites de consulta previa e información y de audiencia pública.

En cuanto a la parte dispositiva, la integran, como se ha avanzado, un artículo y tres disposiciones finales.

El artículo único lleva a cabo la modificación del Real Decreto 665/1997, incluyendo en el cuadro que figura en el anexo I, relativo a los valores límite de exposición profesional, cinco nuevos agentes (concretamente, cadmio y sus compuestos inorgánicos; berilio y sus compuestos inorgánicos; ácido arsénico y sus sales, así como compuestos inorgánicos del arsénico; formaldehído; y 4,4´-metilenbis (2 cloroanilina).

La disposición final primera invoca el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española como título competencial que ofrece cobertura a la norma.

La disposición final segunda señala que el Real Decreto proyectado incorpora la Directiva 2019/983, antes citada.

Y, por último, la disposición final tercera prevé su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Contenido del expediente

1.- Al proyecto de Real Decreto remitido en consulta se acompaña el expediente instruido con ocasión de su elaboración, en el que, además de las sucesivas versiones de la norma (la última, de 23 de febrero de 2022), consta la memoria abreviada del análisis de impacto normativo, dividida en ocho apartados y precedida por un cuadro en el que se resume su contenido. La integran, además, dos anexos.

El primer apartado recoge la justificación del carácter abreviado del documento, invocando a tal efecto el artículo 3.1 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, y señalando que no se derivan de la norma en proyecto impactos apreciables.

En el segundo apartado se examina la oportunidad del proyecto, que viene motivado por la necesidad de modificar el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, a fin de incorporar al derecho español la Directiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, actualizando el anexo III de aquel mediante la incorporación de los nuevos agentes incluidos en la norma europea, con sus correspondientes valores límite: en relación con el primero, es preciso añadir los trabajos que supongan exposición cutánea a aceites minerales previamente utilizados en motores de combustión interna para lubrificar y refrigerar los elementos móviles del motor y los trabajos que supongan exposición a emisiones de motores diésel; por lo que se refiere al anexo III, se incluyen en él los nuevos agentes previstos en la directiva, incorporando en algunos casos su correspondiente valor límite.

En este apartado se recogen también los objetivos de la norma, cuya finalidad consiste en aumentar el nivel de protección de la salud y la seguridad de las personas en el trabajo, reduciendo los riesgos derivados de la exposición a determinados agentes cancerígenos o mutágenos. Con ello se avanza en el cumplimiento de la meta 8.8 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible relativa a la protección de los derechos laborales y a la promoción de un entorno seguro y sin riesgos para los trabajadores.

En cuanto a las alternativas consideradas para la regulación de esta materia, se explica que se planteó la posibilidad de aprobar un nuevo real decreto que unificase todas las disposiciones actualmente vigentes, si bien finalmente se optó por modificar el Real Decreto 665/1997, al estar previstas futuras modificaciones de la directiva, habida cuenta, además, de que la modificación ahora considerada es parcial.

Finaliza este apartado exponiendo las razones por las que se considera que la propuesta se adecua a los principios de buena regulación consagrados en el artículo 129 de la Ley 39/2015.

En su tercer apartado, la memoria resume la estructura y contenido del proyecto y detalla diversas cuestiones relativas a los agentes incluidos en la directiva objeto de transposición y en el proyecto, esto es: cadmio y sus compuestos inorgánicos; berilio y sus compuestos inorgánicos; ácido arsénico y sus sales, así como compuestos inorgánicos del arsénico; formaldehído; y 4,4´-metilenbis (2 cloroanilina), también conocida como "MOCA". Cada uno de ellos se acompaña de su correspondiente valor límite de exposición profesional

En relación con el cadmio y sus compuestos inorgánicos, se explica que, de acuerdo con el criterio expresado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, INSST), se ha optado por incluir las medidas transitorias previstas en la directiva, que prevé un valor límite de 0,001 mg/m3 a partir del 11 de julio de 2027, admitiendo hasta ese momento un valor límite de 0,004 mg/m3.

Por el contrario, y siguiendo nuevamente las recomendaciones del citado órgano, el proyecto no recoge las medidas transitorias que la directiva establece para el berilio y sus compuestos inorgánicos, el ácido arsénico y sus sales, así como los compuestos inorgánicos del arsénico, y el formaldehído, toda vez que en España ya están establecidos los valores en cada caso previstos en la norma europea, sin que por ese motivo sea preciso aplicar el régimen transitorio recogido en ella.

El siguiente apartado, el IV, lleva a cabo el "análisis jurídico" de la norma, examinando su base jurídica y el rango normativo, así como su eficacia derogatoria y el régimen de entrada en vigor.

El apartado V pone de manifiesto, en relación con el "título competencial prevalente", que la norma se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.

El apartado VI contiene una "descripción de la tramitación", que se inició con la fase de consulta pública previa, mediante la publicación del correspondiente anuncio en la página web del Ministerio de Trabajo y Economía Social, entre el 17 de febrero y el 4 de marzo de 2021. La memoria incluye una relación de los organismos, asociaciones y entidades que participaron en dicho trámite y un resumen de las observaciones recibidas.

En cuanto al trámite de audiencia e información pública, se hace constar la amplia participación de los sujetos y entidades afectados por la norma y se indica, en particular, que se ha solicitado informe a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas (CEOE, CEPYME, CC. OO., UGT, ELA y CIG) y a las comunidades autónomas.

Asimismo, se da cuenta de las observaciones formuladas por los distintos organismos oficiales que han intervenido en el procedimiento de elaboración de la norma y se exponen los motivos por los que tales observaciones se acogen o se rechazan.

Finalmente, el apartado VII analiza el impacto que la norma puede producir en distintos ámbitos.

En primer lugar, y por lo que se refiere al impacto económico y presupuestario, la memoria se remite a las consideraciones realizadas en el informe del INSST, que se incluye en el anexo II. Aclara, no obstante, que la norma carece por completo de implicaciones en este sentido, "dado que no supone incremento del gasto público ni disminución de ingresos públicos".

A continuación, se analiza el impacto por razón de género, que se considera nulo, ya que "no se deducen del propio objeto de la norma ni tampoco de su aplicación desigualdades en la citada materia".

Seguidamente se hace constar que la norma no tiene impacto en la infancia y en la adolescencia, como tampoco lo tiene en la familia.

La memoria considera que el proyecto carece igualmente de impacto por razón de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Entiende, sin embargo, que la norma tendrá un impacto positivo en relación con la protección de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras, al evitar la exposición a determinados agentes cancerígenos y mutágenos. En relación con ello, cita parte del contenido del documento de trabajo de la Comisión Europea en el que se resume la evaluación de impacto que acompañaba a la propuesta de la que posteriormente se aprobó como Directiva 2019/983.

Finalmente, la memoria hace referencia en su octavo y último apartado a la "evaluación ex post". Considera que la norma debe quedar excluida de ella, al no ajustarse a los criterios del artículo 3 del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa. Añade que "el objetivo último de la norma, en términos de protección de la salud de los trabajadores, resulta difícilmente cuantificable teniendo en cuenta que se considera la prevención de cánceres profesionales que pueden contar con un período de latencia de muchos años".

El documento se cierra con una tabla de equivalencias entre la directiva objeto de transposición y el proyecto. Incluye, además y tal y como se ha avanzado, dos anexos: el primero recoge un cuadro en el que se resumen las observaciones formuladas por los agentes sociales y las asociaciones que han intervenido en la tramitación de la norma, así como las de las comunidades autónomas; el segundo adjunta un informe emitido el 6 de julio de 2021 por el INSST, a solicitud de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en relación con los "impactos y cargas en relación con los nuevos valores límite del proyecto".

En particular, se solicita al citado organismo que examine el impacto económico de la norma, especialmente en el ámbito de las pymes y micropymes; el número potencial de empresas afectadas a fin de valorar el impacto en las cargas administrativas; el impacto por razón de género, y el impacto sobre la salud derivado de la aplicación de los nuevos valores límite incluidos en el proyecto.

El informe hace constar que el INSST carece de información en relación con el impacto económico sobre pymes y micropymes, si bien advierte que, en el caso del berilio, el ácido arsénico y el formaldehído, los valores límite fijados por la directiva ya estaban establecidos en el "Documento de límites de exposición profesional para agentes químicos en España" (DLEP) publicado por el INSST. Añade que los tres agentes ya estaban clasificados como cancerígenos, por lo que ya les resultaba de aplicación el Real Decreto 665/1997. En consecuencia, considera que la nueva regulación no supone una modificación de las condiciones actuales y carece, por ello, de impacto económico para las empresas que ya cumplían con los valores vigentes.

En cuanto a las pymes, advierte que no dispone de información adicional y se remite al análisis de evaluación de impacto que acompañó a la propuesta de modificación normativa de la Comisión Europea.

El informe recoge a continuación la información de la que dispone en relación con los principales usos de los agentes incluidos en la directiva a fin de determinar el número estimado de empresas afectadas por la norma.

Por lo que se refiere al impacto por razón de género, indica que no dispone de datos para valorarlo.

Y con respecto al impacto que la aplicación de los nuevos valores puede tener sobre la salud, expone los motivos por los que entiende que será positivo, en línea con las estimaciones realizadas en la evaluación de impacto que acompañó a la propuesta de modificación de la normativa europea.

2.- Junto a la memoria extractada y las distintas versiones del proyecto, integran el expediente los siguientes documentos:

- Textos de la consulta pública previa y de las aportaciones realizadas por los organismos, asociaciones y entidades que han intervenido en dicho trámite: Asociación Española de Higiene Industrial (AEHI); Asociación de Perjudicados por la Silicosis de Andalucía (APSA); CC. OO.; CEOE y CEPYME; Federación Española de Asociaciones Fundidores (FEAF); Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE); y UGT.

- Informes técnicos del INSST, de 10 de enero de 2020, 6 de julio de 2021 y 11 de enero y 28 de marzo de 2022. El primero recoge las propuestas del citado órgano en relación con la transposición de la Directiva 2019/983; el segundo analiza los impactos y cargas derivados de los nuevos valores límite previstos en el proyecto de modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo; y el tercero examina la procedencia de incluir o no el valor transitorio del cadmio.

- Alegaciones formuladas en trámite de audiencia e información pública. Entre ellas se incluyen las remitidas por CC. OO., UGT, CEOE y CEPYME.

- Observaciones realizadas en el trámite de audiencia por las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Andalucía y País Vasco, de la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid.

- Oficio remitido el 20 de abril de 2021 por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Economía Social a la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, solicitando la emisión de informe.

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de 27 de abril de 2021.

- Informe de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de 27 de abril de 2021, en relación con la adecuación del proyecto al orden constitucional de distribución de competencias.

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de 29 de abril de 2021.

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, de 17 de mayo de 2021.

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de 3 de junio de 2021.

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de 29 de junio de 2021.

- Informe de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 28 de marzo de 2022.

- Oficio de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, de 19 de abril de 2022, en el que manifiesta su conformidad con el proyecto.

- Informe final de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de 26 de abril de 2022.

En tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen.

I.- Objeto y competencia

El expediente remitido se refiere a un proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

Dicha modificación tiene por objeto incorporar al Derecho español el contenido de la Directiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite el presente dictamen conforme a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 22 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, toda vez que la consulta se refiere a un proyecto de modificación de una disposición reglamentaria que se dicta en ejecución de una ley y, al mismo tiempo, en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del Derecho europeo.

Dado que el plazo de transposición de la directiva citada finalizó el 11 de julio de 2021, el dictamen se solicita con carácter urgente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1 de la mencionada ley orgánica.

II.- Tramitación del expediente

En la tramitación del expediente se ha respetado formalmente el procedimiento para la elaboración de las disposiciones administrativas de carácter general establecido en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Efectivamente, constan en el expediente, y así se recoge en los antecedentes, la versión definitiva del proyecto sometido a consulta y la preceptiva memoria del análisis de impacto normativo, cuyo carácter abreviado se justifica argumentando que la norma que pretende aprobarse carece de impactos significativos.

En particular, la memoria alega que "las obligaciones en materia de protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo se encuentran reguladas en nuestro país desde hace muchos años sin que de la aprobación del Real Decreto vayan a derivarse impactos que justifiquen la realización de una memoria no abreviada".

A juicio del Consejo de Estado, cabe, sin embargo, cuestionar que en este caso concreto pueda sustituirse la memoria del análisis de impacto normativo por una versión abreviada.

Y ello porque, aun cuando es cierto que la regulación en proyecto no altera el contenido sustantivo de los deberes y obligaciones que los empresarios deben cumplir a fin de proteger a sus trabajadores, también lo es que la inclusión en el anexo III de nuevos agentes y nuevos valores límite puede sin duda tener una incidencia significativa en el sistema de prevención de riesgos laborales y en los procesos productivos de las empresas afectadas.

En efecto y como ya se señaló en el dictamen número 366/2021, de 27 de mayo, en relación con el proyecto de reglamento posteriormente aprobado como Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, "el mayor coste que pueda suponer el cumplimiento de las nuevas medidas puede tener efectos en la competencia con respecto a empresas cuya producción esté localizada fuera de la Unión Europea. E igualmente cabe considerar que la aprobación de la norma puede aumentar las cargas administrativas de las empresas afectadas, habida cuenta de las obligaciones documentales y de información que se prevén en el Real Decreto 665/1997.

Tampoco resulta evidente que el impacto de género derivado del proyecto sea nulo, tal y como sostiene la memoria, que se limita a señalar que la regulación "no generará situaciones de discriminación entre mujeres y hombres". Antes bien, en línea con lo apuntado en el dictamen número 976/2019, de 19 de diciembre, cabe considerar que la inclusión de nuevas sustancias puede tener incidencia en el régimen de prevención de riesgos laborales específicamente aplicable a las trabajadoras (por ejemplo, a efectos de considerar de manera especial los riesgos para la reproducción, la maternidad o la lactancia natural).

La memoria no aporta dato alguno en relación con las cuestiones apuntadas; ni siquiera efectúa una delimitación de los sectores, colectivos o agentes afectados, lo que dificulta aún más si cabe aventurar el referido impacto económico.

Entiende el Consejo de Estado que podría haberse realizado un análisis pormenorizado de estas cuestiones. En efecto, aun cuando la evaluación de la Comisión Europea pueda, sin duda, ser relevante para el conjunto de Estados miembros y sus respectivos tejidos productivos, lo cierto es que carece de la necesaria concreción con respecto a España y al efectivo impacto que la aprobación de la norma de trasposición de la directiva tendrá en el sector empresarial nacional.

En esta línea y según ya manifestó el dictamen número 976/2019, "es necesario que esos impactos sean analizados desde la Administración española cuando se tramita una norma europea cuyas previsiones deberán ser después aplicadas en España".

A la vista de todo lo anterior, cabe concluir que no se ha justificado debidamente en este caso que concurran los requisitos exigidos para sustituir la memoria de impacto normativo por una memoria abreviada, siendo esta una cuestión que ha suscitado objeciones en trámite de audiencia por parte de diversas entidades (entre ellas, CEOE, CEPYME y FEIQUE).

En ausencia de esa justificación, no puede obviarse la exigencia de acompañar al proyecto de un documento que incluya una valoración de "las consecuencias de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la propuesta de norma, incluido el efecto sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la legislación vigente en cada momento con estas materias" (artículo 2.1.d).1.º del Real Decreto 931/2017), lo que lleva a sugerir que se revise el documento elaborado a fin de colmar las carencias apuntadas.

Por lo demás, en la tramitación del proyecto se ha dado cumplimiento al trámite de consulta pública previa y se han recabado los informes que se han considerado necesarios (constan, en particular, tres informes del INSST, cuyo criterio ha sido tenido en cuenta en la versión definitiva del proyecto), habiéndose observado igualmente el preceptivo trámite de audiencia e información pública, en el que han participado, entre otros sujetos, las asociaciones empresariales y organizaciones sindicales más representativas.

Han participado también en el procedimiento de elaboración de la norma las comunidades autónomas, algunas de las cuales han formulado observaciones.

Al expediente se han incorporado las alegaciones formuladas y un cuadro en el que se resumen las aportaciones recibidas y su valoración.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, han intervenido en el procedimiento de elaboración de la norma, emitiendo los correspondientes informes, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Se ha recabado también el informe de la Oficina de Calidad y Coordinación Normativa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, sin que a la fecha de emisión de este dictamen conste que haya sido emitido.

Finalmente, ha informado la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y han emitido su preceptivo informe las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de Sanidad y de Trabajo y Economía Social.

III.- Habilitación legal y rango de la norma

La habilitación que sirve de base al proyecto se encuentra recogida en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, cuyo artículo 6.1.f) establece que el Gobierno, a través de las correspondientes normas reglamentarias y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, regulará las "condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos especialmente peligrosos, en particular si para los mismos están previstos controles médicos especiales, o cuando se presenten riesgos derivados de determinadas características o situaciones especiales de los trabajadores".

En consecuencia, existe habilitación legal suficiente para dictar la norma proyectada, cuyo rango -real decreto- resulta adecuado, habida cuenta, además, de que se trata de una norma que modifica un real decreto vigente.

IV.- Consideraciones

Tal y como ha quedado expuesto, el proyecto sometido a consulta tiene por objeto modificar el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

A través de dicha norma no solo se desarrolló la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales -que entronca, desde el punto de vista constitucional, con el deber de los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo, consagrado como principio rector de la política social y económica en el artículo 40.2 de la Constitución-, sino que también se llevó a cabo la transposición de la Directiva 90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, incorporándose así a nuestro ordenamiento interno las disposiciones mínimas aplicables a las actividades que conllevan una exposición a agentes cancerígenos o mutágenos como consecuencia del trabajo.

En particular, el Real Decreto 665/1997 establece las obligaciones y deberes del empresario en la materia (así, por ejemplo, los de identificación y evaluación de riesgos, los de sustitución de agentes cancerígenos o mutágenos, los de adopción de medidas de higiene y de protección o las obligaciones de documentación e información a la autoridad laboral, entre otros) e incluye tres anexos: el primero de ellos contiene la lista de sustancias, mezclas y procedimientos que tienen la consideración de agentes cancerígenos o de sustancias de cuya aplicación resulte un agente de este tipo; el anexo II, por su parte, recoge unas recomendaciones para la vigilancia sanitaria de los trabajadores; y el anexo III, en fin, los valores límite de exposición profesional aplicables respecto de ciertos agentes cancerígenos o mutágenos.

Esta norma reglamentaria ha sido objeto de diversas modificaciones, motivadas todas ellas por la necesidad de adaptar el derecho interno a la evolución de la normativa aprobada por la Unión Europea en este ámbito.

Fruto de esta evolución fue la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europea y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. Se trata de una versión codificada de la Directiva 90/394/CEE antes citada, a la que deroga, que establece un nivel uniforme de protección contra esos riesgos a través de un marco de principios generales que permite que los Estados miembros garanticen la aplicación coherente de unos requisitos mínimos. En el marco de esta regulación, uno de los componentes más importantes de las medidas generales para la protección de los trabajadores lo constituye el establecimiento de unos valores límite de exposición profesional vinculantes fijados a partir de la información disponible, incluyendo datos científicos y técnicos, la viabilidad económica, una evaluación exhaustiva del impacto socioeconómico y la disponibilidad de técnicas y protocolos de medición de la exposición en el lugar de trabajo

Pues bien, la referida directiva ha sido, a su vez, objeto de diversas modificaciones.

La primera de ellas fue operada por la Directiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, que modificó los anexos I y III de la Directiva 2004/37/CE y que fue objeto de transposición mediante el Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, cuyo proyecto fue examinado por el Consejo de Estado en los dictámenes números 976/2019, de 19 de diciembre y 449/2020, de 10 de septiembre.

Dichos anexos se han visto posteriormente modificados por la Directiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 2019. Además de ampliar la lista de sustancias, mezclas y procedimientos contenida en el anexo I, la principal novedad que incorpora esta norma consiste en establecer en el anexo III unos valores límite para la vía de exposición inhalatoria en relación con una medida ponderada temporalmente con un período de referencia de ocho horas (exposición de larga duración) o, en relación con determinados agentes carcinógenos o mutágenos, con un período de referencia más corto (exposición de corta duración). Además, se introduce en dicho anexo la mención a ocho nuevos agentes carcinógenos, incluyéndose en algunos casos como observación el término "piel", a fin de indicar que se trata de sustancias con un riesgo de absorción significativa a través de la piel.

La transposición a nuestro ordenamiento de estos cambios se verificó mediante el Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, antes citado.

Poco después de aprobarse la Directiva (UE) 2019/130, la Directiva 2004/37/CE fue objeto de una nueva modificación en virtud de la Directiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, que tiene por objeto reforzar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo mediante la inclusión en el anexo III de la Directiva 2004/37/CE de cinco nuevos agentes que, a la luz de la información de la que se dispone, cumplen los criterios para ser clasificados como agentes carcinógenos. Ello obliga a establecer los correspondientes valores límite de exposición profesional.

Es precisamente esta última Directiva (UE) 2019/893 la que el proyecto sometido a consulta pretende incorporar a nuestro ordenamiento interno.

A tal fin y según se ha indicado, el proyecto lleva a cabo una nueva modificación del Real Decreto 665/1997, que se circunscribe al propósito declarado de adaptar la norma a la nueva regulación europea y que, en consecuencia, afecta únicamente a su anexo III, que recoge los valores límite de exposición profesional.

La transposición de la Directiva (UE) 2019/983 que el proyecto de Real Decreto sometido a consulta lleva a cabo se considera adecuada, pues, a través de su artículo único, modifica el cuadro que figura en el mencionado anexo, incorporando fielmente el contenido del anexo de aquella.

Únicamente se aprecian dos puntos en los que la regulación proyectada difiere de la europea.

En primer lugar, no se han incluido las medidas transitorias previstas en la directiva en relación con el berilio y sus compuestos inorgánicos, el ácido arsénico y sus sales, así como los compuestos inorgánicos del arsénico, y el formaldehído. Ello se debe, según explicó el INSST en su informe de 10 de enero de 2020, a que los valores límite de exposición profesional que rigen en España con respecto a dichos agentes ya se ajustan a las nuevas exigencias de la normativa europea, lo que hace innecesario incorporar los períodos transitorios en ella previstos.

En segundo término, las notas al pie del cuadro que recoge el proyecto no responden en su literalidad a las de la tabla contenida en el anexo de la Directiva (UE) 2019/983.

En particular, la directiva aclara en la nota al pie número 11 que los valores límite previstos para el cadmio, el berilio y el ácido arsénico y sus sales, así como para los respectivos componentes inorgánicos se refieren a la "fracción inhalable", siendo así que la regulación en proyecto no incluye precisión alguna al respecto. De la documentación que integra el expediente se desprende que en la regulación de estas cuestiones se ha seguido el criterio técnico expresado por el INSST, que ha indicado en relación con ello que la inclusión de la nota undécima del cuadro incluido en el anexo de la directiva generaba confusión, en lugar de clarificar cómo debe aplicarse la tabla. En particular, sostiene el citado órgano que "cuando no se indica nada es porque la fracción a la que está referida el VAL corresponde a la inhalable. Cuando es la fracción respirable es cuando es necesario indicarlo (...). Si se incluye esa nota para esos valores parece que para el resto no se recomienda la fracción inhalable, cuando no es así". Añade que en ninguna de las modificaciones anteriores se ha incluido esta previsión.

Por otro lado, al establecer la medida transitoria aplicable al cadmio y sus compuestos inorgánicos, la directiva incluye una nota al pie, la número 12, que indica que el valor previsto se refiere a "fracción inhalable. Fracción respirable en aquellos Estados miembros en los que, a la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, se aplique un sistema de control biológico con un valor límite biológico inferior o igual a 0,002 mg Cd/g de creatinina en orina". El proyecto, por su parte, precisa en la nota al pie número 11 que la fracción a medir es la "fracción respirable. Se aplica conjuntamente con un sistema de control biológico con un valor límite biológico inferior o igual a 0,002 mg Cd/g de creatinina en orina". Se concreta así lo dispuesto en la directiva para el caso específico de España, por lo que nada cabe objetar al respecto.

A la vista de lo anterior, cabe concluir que la regulación en proyecto se ajusta a lo dispuesto en la directiva, sin que quepa formular ninguna consideración de fondo. Únicamente procede recomendar, desde un punto de vista formal, que se modifique la redacción del artículo único del Real Decreto en proyecto, a fin de que su texto identifique adecuadamente el objeto de la norma, consistente -como ya se anticipa en la rúbrica de este precepto- en modificar el Real Decreto 665/1997. A tal fin, podría optarse por una redacción como la que a continuación se propone u otra similar: "Se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, incorporando al cuadro que figura en el anexo III, sobre valores límite de exposición profesional, las siguientes filas:"

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez consideradas las observaciones formuladas, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo".

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 12 de mayo de 2022

LA SECRETARIA GENERAL,

LA PRESIDENTA,

EXCMA. SRA. VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL.

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