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Consejo de Estado: Dictámenes

Número de expediente: 512/2022 (TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA)

Referencia:
512/2022
Procedencia:
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Asunto:
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Fecha de aprobación:
05/05/2022

TEXTO DEL DICTAMEN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2022, con asistencia de los señores que al margen se expresan, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"En cumplimiento de la Orden de V. E. de 14 de marzo de 2022, con registro de entrada el día 29 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

De antecedentes resulta:

PRIMERO.- El proyecto

El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de un preámbulo, un artículo único, tres disposiciones transitorias, tres disposiciones finales y un anejo.

El preámbulo se inicia recordando que el Código Técnico de la Edificación (CTE) es definido por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, como el marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad de los edificios y de sus instalaciones y que permite el cumplimiento de los requisitos básicos establecidos en su artículo 3. El CTE vigente fue aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. En su Parte II se incluyen los Documentos Básicos (DB) que especifican y, en su caso, cuantifican las exigencias básicas establecidas en la Parte I mediante la fijación de niveles objetivos o valores límite de la prestación u otros parámetros. En particular en el Documento Básico DB-HE de "Ahorro de Energía" se especifican y cuantifican las exigencias de eficiencia energética que deben cumplir los edificios de nueva construcción, así como las intervenciones que se realicen sobre edificios existentes.

Con el nuevo Real Decreto se pretende dar cumplimiento y transponer parcialmente la Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. Esta directiva impulsa la introducción de requisitos específicos para la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos de los edificios.

Por su parte, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) remitido por España a la Comisión Europea contempla el impulso de la movilidad eléctrica como medida para reducir el consumo de energía y las emisiones del parque automovilístico mediante, entre otros mecanismos de impulso y apoyo, la adaptación normativa y la incorporación del derecho de la Unión Europea que permita un despliegue de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos acorde con el desarrollo de la electrificación de la flota.

Así, mediante el Real Decreto en proyecto se introduce en el CTE una nueva exigencia básica de ahorro de energía relativa a las dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos que se desarrolla en la nueva sección HE 6 "Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos" del Documento Básico DB-HE de "Ahorro de Energía".

Por otro lado, expone el preámbulo que la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, remitía en su artículo 15.10 al CTE para que estableciera las dotaciones mínimas de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos para edificios existentes de uso distinto al residencial privado que contaran con una zona destinada a aparcamiento con más de veinte plazas, dotaciones que deberían hacerse efectivas antes del 1 de enero de 2023. Tales dotaciones mínimas han sido determinadas mediante el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables, que incluye esta exigencia en su artículo 4.

El Real Decreto en proyecto, con el fin de completar la regulación de las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, prevé también la modificación del Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

Las modificaciones previstas en el proyecto de Real Decreto, según señala el preámbulo, forman parte de las reformas normativas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El preámbulo concluye afirmando que el Real Decreto respeta el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, "Do No Significant Harm") y las condiciones del etiquetado climático y digital. También declara que se adecua a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por último, señala que, además de haberse sometido la iniciativa a los procedimientos de consulta pública previa y de audiencia e información públicas establecidos en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, también lo ha hecho al procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, previsto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio.

Ya en la parte dispositiva, el artículo único del Real Decreto en proyecto consta de cinco apartados:

- Uno, por el que se modifica el índice de la Parte I del CTE.

- Dos, por el que se modifica el artículo 15 de la Parte I del CTE.

- Tres, por el que se modifica el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" incluido en la Parte II del CTE, incorporando la sección HE 6 "Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos", que se incorpora como anejo al Real Decreto en proyecto, ampliando el ámbito de aplicación de la sección HE 5 y realizando otras modificaciones puntuales en la introducción, secciones HE 0, HE 1, HE 3, HE 4 y HE 5 y en los anejos A, C, D, E, F y H.

- Cuatro, por el que se incorpora un nuevo punto relativo a "plaza de aparcamiento accesible" en el anejo A del Documento Básico DB-SUA "Seguridad de Utilización y Accesibilidad" incluido en la Parte II del CTE.

- Cinco, por el que se realizan modificaciones puntuales de la sección HS 4 del Documento Básico DB-HS "Salubridad" incluido en la Parte II del CTE.

Las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera establecen, respectivamente, a qué intervenciones edificatorias no serán de aplicación las modificaciones que establece el Real Decreto, a cuáles serán de aplicación voluntaria y a cuáles serán de aplicación obligatoria.

La disposición final primera incluye las modificaciones del Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

La disposición final segunda se refiere a la incorporación del Derecho de la Unión Europea que se verifica a través del Real Decreto en proyecto y la final tercera prevé su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En el anejo se desarrolla la nueva sección HE 6 del Documento Básico DB-HE bajo la rúbrica "Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos", con los siguientes puntos: 1. Ámbito de aplicación. 2. Caracterización de la exigencia. 3. Cuantificación de la exigencia. 4. Justificación de la exigencia. 5. Construcción, mantenimiento y conservación.

SEGUNDO.- El expediente

Junto con la orden de remisión de V. E., un índice de documentos y el texto sometido a consulta, el expediente recibido en el Consejo de Estado consta de las siguientes actuaciones:

1.- Trámite de consulta pública previa (del 17 mayo al 14 de junio de 2019).

En dicho trámite se recibieron observaciones de cuarenta y cuatro entidades interesadas o particulares, que fueron tomadas en consideración en la redacción del primer borrador de la norma.

2.- Texto inicial del proyecto de Real Decreto, elaborado por los técnicos de la Subdirección General de Arquitectura y Edificación de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con el apoyo de los equipos técnicos del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, y con la colaboración de los técnicos de la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial de la Dirección General de Industria de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en lo que se refiere a la disposición final primera, y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en lo que se refiere al anejo.

3.- Trámite de audiencia e información pública (del 28 de septiembre al 28 de octubre de 2020).

Se recibieron doscientas veintinueve alegaciones de cincuenta y nueve entidades y particulares. Una gran parte de ellas se referían a la dificultad de cumplir las dotaciones para la recarga del vehículo eléctrico en edificios existentes, marcadas en la disposición adicional primera, dentro del plazo estipulado. Sin embargo, esta disposición finalmente no figura en el proyecto pues forma parte del ya aprobado Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.

Las alegaciones fueron estudiadas por los servicios técnicos de los ministerios proponentes y tenidas en consideración para la elaboración de un nuevo texto (en el anejo I de la memoria del análisis de impacto normativo se incluye el listado completo de entidades a las que se remitió el proyecto y en el anejo II todas las alegaciones realizadas y su valoración individual).

4.- Segundo texto del proyecto de Real Decreto (julio de 2021) y su memoria del análisis de impacto normativo (MAIN), remitidos el 15 de julio de 2021 a informe de otros ministerios.

5.- Informe del Ministerio de Sanidad (21 de julio de 2021), sin observaciones.

6.- Informe del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (5 de agosto de 2021).

Solicitó que se incorporasen una serie de requisitos del primer párrafo del apartado 5.4 de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT que se eliminaban con la modificación del citado apartado realizada a través de la disposición final primera del proyecto, observación que fue aceptada. Asimismo, pidió la corrección de la fórmula de expedición del Real Decreto: a resultas de las conversaciones mantenidas se estimó que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no debía ser coproponente por entenderse que la modificación que el proyecto prevé respecto del Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, es una modificación muy puntual y que el contenido restante del Real Decreto es ajeno a las competencias de dicho ministerio.

7.- Informe del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (13 de agosto de 2021), sin observaciones.

8.- Informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2 de septiembre de 2021).

Apuntó que, dado que el Real decreto en proyecto forma parte de una de las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), así debía indicarse en el preámbulo y en la MAIN, e igualmente propuso la inclusión de una mención al principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (DNSH). Formuló propuesta para aclarar el uso de la expresión "instalaciones necesarias para suministrar una estación de recarga". Se sugirió que se incorporase a la MAIN un nuevo apartado relativo al impacto por razón de cambio climático.

9.- Informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social (2 de septiembre de 2021), sin observaciones.

10.- Informe del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (15 de septiembre de 2021).

Formuló observaciones a la disposición adicional primera (que, finalmente, no forma parte del Real Decreto en proyecto) y en cuanto a la conveniencia de mencionar en el preámbulo y en la MAIN que la nueva norma es una de las reformas del PRTR. Asimismo, solicitó que se aclarase mediante una tabla de correspondencias qué partes del Real Decreto son transposición de directiva y qué otras responden a una decisión de política interna.

11.- Informe del Ministerio de Política Territorial (17 de septiembre de 2021). Considera que el Real Decreto en proyecto se adecua, en términos generales, al orden de distribución de competencias. Avala que en él no figure una disposición final sobre los títulos competenciales en que se ampara pues se trata de una disposición modificativa y tales títulos (artículo 149.1.16.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución Española) ya están recogidos en la disposición final primera del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

12.- Informe del Ministerio de Consumo (28 de septiembre de 2021), sin observaciones.

13.- Informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa (29 de octubre de 2021).

Formuló diversas observaciones de redacción conforme a las Directrices de técnica normativa aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, a las que se ha adaptado el proyecto.

14.- Informe del Ministerio del Interior (27 de diciembre de 2021).

Únicamente formuló una observación en relación con el impacto económico presupuestario contemplado en la MAIN, exponiendo la repercusión de las previsiones del Real Decreto en proyecto en cuanto a las inversiones a realizar por la Dirección General de la Guardia Civil para adaptar los edificios a las nuevas obligaciones.

15.- Certificado del Ministerio de Asuntos Exteriores (25 de enero de 2022) mediante el que se hace constar que el proyecto ha sido sometido al procedimiento previsto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por el que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, habiendo concluido el plazo para que la Comisión Europea y los Estados miembros estudiasen la propuesta sin que se hayan recibido observaciones ni dictámenes motivados. Por tal razón, se entiende expedita la continuación de la tramitación administrativa del proyecto.

16.- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (1 de marzo de 2022).

Apreció que las observaciones contenidas en su informe anterior, de 2 de septiembre de 2022, habían sido incluidas en su mayoría tanto en el texto del proyecto como en la MAIN, con la única excepción de la no justificación del principio de seguridad jurídica en el apartado de la memoria destinado a la adecuación a los principios de buena regulación.

Por otra parte, indicó que con el proyecto en trámite se culminará la transposición de la Directiva (UE) 2018/844, cuyo plazo de transposición venció el 10 de marzo de 2020, por lo que en la actualidad está abierto un procedimiento de infracción (número 2020/0175), habiéndose recibido carta de emplazamiento de fecha 27 de mayo de 2020. Por tal razón se apremiaba para la pronta aprobación del Real Decreto.

17.- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (8 de marzo de 2022).

Tras analizar el proyecto, sus antecedentes y estructura, rango y tramitación, concluía que se ha dado cumplimiento a todos los requisitos formales y materiales necesarios para la aprobación del Real Decreto.

18.- Tercer texto del proyecto de Real Decreto y MAIN correspondiente (febrero 2022).

La MAIN que acompaña al proyecto de Real Decreto sometido a consulta es de tipo normal. Comienza estudiando la oportunidad de la propuesta y valorando su oportunidad, objetivos, las alternativas, la adecuación a los principios de buena regulación y su inclusión en el Plan Anual Normativo de las Administración General del Estado para 2022. Tras sintetizar su contenido, realiza un pormenorizado análisis jurídico del fundamento y rango así como de la congruencia de la norma en proyecto con el ordenamiento de la Unión Europea y de su adecuación al orden de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. A continuación, da cuenta detallada de la tramitación de la iniciativa en sus distintas fases.

En cuanto al análisis de los impactos, estima que serán positivos los efectos de la aplicación de la nueva norma sobre la economía en general, en relación con la competencia, sobre las pymes y por razón de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como por razón de cambio climático y sobre la salud de los ciudadanos. En cambio, entiende que su impacto será nulo en cuanto a género, en materia de familia y en cuanto a la infancia y la adolescencia. No implicará tampoco mayores cargas administrativas y no afectará a los presupuestos de la Administración del Estado.

En concreto la MAIN señala que, con carácter global, la propuesta tendrá efectos económicos positivos sobre la economía. En los sectores directamente afectados, como el de la construcción o el industrial, y en otros sectores complementarios, como el educativo o de formación, se facilita la movilización de inversiones y el empleo local, con una distribución territorial que, aun dependiendo de la actividad edificatoria y de la distribución del parque edificatorio existente, puede considerarse homogénea. Algunos sectores se verán especialmente afectados, así los de fabricación e instalación de equipos para edificación de generación de energía eléctrica fotovoltaica, aerotermia, energía solar térmica o generación térmica con gas. Tradicionalmente la exigencia del CTE de cubrir una parte de la producción de ACS con energías renovables se ha resuelto en muchos casos con soluciones que combinaban estas últimas tecnologías: energía solar térmica y generación térmica con gas. La posibilidad que ofrece el CTE desde su anterior modificación de cubrir esa exigencia con equipos de aerotermia de SCOPdhw de 2,5, lo que puede considerarse actualmente una prestación estándar, unida a la nueva exigencia de instalación obligatoria de sistemas de generación eléctrica, puede provocar, en la medida en que en la fase de proyecto los promotores o proyectistas tomen criterios de conveniencia de diseño o instalación, o reducción de costes iniciales, un desplazamiento de la tecnología solar térmica a favor de la solar fotovoltaica. Adicionalmente puede producirse un desplazamiento de la generación térmica con gas a favor de la aerotermia, lo cual coincide con las estrategias actuales de electrificación del sistema.

También se destaca que, tanto la disminución de emisiones de CO2 y del consumo de combustibles fósiles como el apoyo a la electrificación de la economía resultantes de las nuevas exigencias introducidas, contribuyen al objetivo español y europeo de lograr una economía baja en carbono.

19.- Nota informativa sobre el plazo de transposición de la Directiva elaborada por la Subdirección General de Arquitectura y Edificación (sin fecha).

Además de señalar que el plazo de transposición de la Directiva (UE) 2018/844 finalizó el 10 de marzo de 2020, recuerda que el Real Decreto en proyecto forma parte de las reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Concretamente, forma parte del segundo hito de la reforma C1.R1 denominada "Plan de despliegue de la infraestructura de recarga y de impulso del vehículo eléctrico", respecto del que existe el compromiso de entrada en vigor antes del 30 de junio de 2022.

20.- El expediente fue inicialmente remitido al Consejo, en fecha 16 de marzo de 2022, con una orden de remisión defectuosa, lo que originó su devolución para que fuera completada. Ha sido subsanada con la nueva remisión en fecha 29 de marzo de 2022.

En tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Estado para consulta.

I. El Consejo de Estado emite el presente dictamen en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 y 3 de su Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, que previene la intervención preceptiva de su Comisión Permanente en los casos de disposiciones reglamentarias que se dicten en ejecución, cumplimiento o desarrollo del derecho comunitario europeo y de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones.

II. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta tiene por objeto principal modificar el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, con el fin de adecuar la normativa de edificación a los requerimientos de la Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, en lo que se refiere a medidas de fomento de la eficiencia energética y de las energías renovables en edificación en el específico aspecto de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.

Tal fin se lleva a cabo por el proyecto incluyendo en el ordenamiento español una nueva exigencia básica de ahorro de energía en el CTE -en concreto incorporando en su Parte II en el DB-HE "Ahorro de energía" una nueva sección HE 6 sobre "Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos"- y modificando la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT-52 del Reglamento electrotécnico para baja tensión. El proyecto prevé además otras modificaciones de menor calado en otras secciones del DB-HE relacionadas con el propósito principal de la nueva norma, a fin de asegurar su congruencia y efectividad.

III. Por lo que se refiere al procedimiento, en la elaboración del proyecto se han cumplido las exigencias del artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

El proyecto ha sido elaborado por los servicios técnicos competentes de la Subdirección General de Arquitectura y Edificación de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con el apoyo del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, así como con la colaboración en lo que se refiere a la disposición final primera de la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial de la Dirección General de Industria de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y, en lo que hace al anejo, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Se han observado los trámites de consulta pública previa y de audiencia e información pública. El proyecto se ha sometido a un amplio trámite de audiencia ante las asociaciones y organizaciones más representativas de los sectores profesionales y empresariales de la construcción, la edificación y la eficiencia energética, habiéndose formulado numerosas observaciones, todas las cuales han sido analizadas y respondidas de modo individual según consta en la MAIN.

Han informado la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial y Función pública -cuyo informe es preceptivo conforme al artículo 26.5 de la Ley 50/1997-, los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo, de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de Consumo, de Sanidad, de Derechos Sociales y Agenda 2030, de Trabajo y Economía Social y del Interior, así como las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios coproponentes (de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) en cumplimiento de lo previsto en el artículo 26.5 de la Ley 50/1997, pronunciándose todos ellos de manera favorable a la aprobación de la norma, sin perjuicio de formular diversas observaciones de carácter formal la mayoría de las cuales han sido incluidas en el texto sometido a este Consejo.

El proyecto ha sido informado favorablemente por la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26.9 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Consta en el expediente la MAIN relativa al proyecto sometido a consulta. Dicha memoria es de tipo normal y, tras un resumen ejecutivo, da cuenta detallada de la oportunidad de la iniciativa y del contenido del proyecto, realiza un completo análisis jurídico, así como una descripción integral de la tramitación del proyecto, incluyendo de manera pormenorizada las observaciones y alegaciones formuladas al proyecto junto con su valoración razonada.

En cambio, la memoria no resulta explícita en cuanto al procedimiento de infracción abierto al Reino de España por falta de transposición en plazo de la Directiva (UE) 2018/844 al que alude el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. No obstante, la MAIN explica la correspondencia del proyecto en sus distintos preceptos con las previsiones del artículo 8, apartados 2, 4, 5 y 6, de la citada directiva, objeto específico de la transposición, así como las opciones adoptadas en aquellos puntos donde la norma comunitaria otorga un margen de decisión (así, aunque el artículo 8.4 permite a los Estados miembros decidir no establecer o no aplicar los requisitos a que se refieren los apartados 2 y 3 a los edificios propiedad de pymes y que estén ocupados por estas, se indica que no se ha hecho uso de tal posibilidad porque en general las exigencias relativas a la edificación establecidas en el CTE no varían en función del propietario del edificio o de quién lo ocupe sino que están vinculadas a las características del propio edificio). Asimismo, se reseña que en la nueva sección HE 6 se han establecido mayores exigencias respecto a la dotación de puntos de recarga en los aparcamientos para los edificios que sean propiedad de la Administración General del Estado o sus organismos dependientes. Tal como permite el artículo 8.6, el proyecto exceptúa de las obligaciones a los edificios existentes que sean objeto de reforma cuando el coste derivado del cumplimiento de las nuevas exigencias exceda del 7 % del coste de la intervención de ampliación, cambio de uso o reforma que genera la obligación de cumplimiento.

Es de destacar en cuanto a la observancia del Derecho de la Unión que el proyecto, tal como constata la memoria, se ha sometido al procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas que establece la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015. El plazo de información para que la Comisión Europea y los Estados miembros estudiasen la propuesta finalizó el 17 de enero de 2022, sin que se hayan formulado observaciones.

Procede además constatar que, en la materia objeto de regulación por el proyecto y que deriva de obligaciones comunitarias, parte de esta ya se ha anticipado -tal como observa la MAIN respecto de las previsiones del apartado 3 de la Directiva (UE) 2018/844, que estuvieron incluidas en algunas de las versiones iniciales del proyecto- y está en vigor a través del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables (en particular, en su artículo 4 en lo que hace a las dotaciones mínimas de recarga de vehículos en los edificios).

Por otra parte, la MAIN incluye un cuestionario DNSH ("Do Not Significant Harm") con las respuestas que la norma en proyecto ofrece.

Sin perjuicio de lo anterior, se echa en falta un análisis más concreto en la memoria sobre algunos potenciales impactos de la norma que se pretende aprobar. Más allá de afirmaciones genéricas como que, con carácter global, la propuesta tiene efectos positivos sobre la economía en sectores como el de la construcción o el industrial, el educativo o de formación, el empleo local y otros, no hay estimaciones ni proyecciones cuantitativas al respeto, si bien es digno de reconocimiento el esfuerzo que se desarrolla con el estudio de coste óptimo para el cumplimiento de los requisitos mínimos reglamentarios de eficiencia energética de edificios y los ahorros que las nuevas medidas pueden representar pro futuro. Tampoco puede considerarse satisfactoria la lacónica e injustificada afirmación de que el proyecto no genera nuevas obligaciones ni cargas para los ciudadanos ni para las Administraciones Públicas.

La memoria indica que no está prevista la evaluación ex post de la norma a la que se refieren el artículo 28.2 de la Ley 50/1997 y los artículos 2.5 y 3.2 del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa, si bien no se aclaran las razones de tal exclusión. A este respecto cabe observar, sin embargo, que la nueva norma va a incidir en objetivos importantes tanto del PRTR como del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que constituyen compromisos respecto de los que se espera algún tipo de medición y consiguientes decisiones en función de resultados. Por su parte, en los artículos 19 y 21 de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, se prevén mecanismos de evaluación y consulta por la Comisión Europea a la luz de la experiencia adquirida y de los progresos realizados durante su aplicación, para lo que ha de contar con las informaciones suministradas por los Estados miembros. En similar sentido, el título IX de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética -en cuyo marco se inserta el Real Decreto en proyecto según su preámbulo- establece unos mecanismos de gobernanza para evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático.

Por tales motivos, en línea con lo señalado por el Consejo de Estado en otros dictámenes (i. e. número 1.065/2018, de 10 de enero de 2019), se estima que, dada la relevancia de la aprobación de las normas en transposición de la Directiva (UE) 2018/844, susceptibles de producir efectos importantes tanto en lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética como en el ámbito económico y de la movilidad sostenible, hubiera sido particularmente idóneo prever la posibilidad de realizar la evaluación ex post. Esta observación resulta, a juicio de este Consejo, de especial relevancia.

El proyecto de Real Decreto está incluido en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2022.

La MAIN justifica adecuadamente que la disposición final tercera del Real Decreto en proyecto prevea su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Tal previsión de entrada en vigor inmediata, separándose de la regla general prevista en el primer párrafo artículo 23 de la Ley del Gobierno de entrada en vigor de las normas el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación, resulta apropiada en virtud del segundo párrafo de dicho artículo ya que es necesario que la transposición de la Directiva (UE) 2018/844 se realice a la mayor brevedad, puesto que su plazo límite de transposición venció el 10 de marzo de 2020, habiendo adquirido el Gobierno el compromiso ante la UE de que esté en vigor antes del 30 de junio de 2022.

IV. El proyecto respeta el reparto constitucional de competencias.

Como se observó en el dictamen número 247/2017, de 6 de abril, la materia de "edificación" no figura en los listados de competencias contenidos en los artículos 148 y 149 de la Constitución. Se entiende que queda embebida en la de "vivienda". La atribución de la competencia en materia de vivienda a las comunidades autónomas -e incluso la relativa a la aprobación de las normas técnicas de calidad de la edificación- contenida en los Estatutos de Autonomía no comporta que el Estado no pueda aprobar la norma proyectada. En efecto, la aprobación de las normas técnicas autonómicas debe hacerse en el marco de las normas básicas que establezca el Estado al amparo de los títulos que le reserva el artículo 149.1 de la Constitución.

En tal sentido, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, invoca como títulos competenciales habilitantes los previstos en el artículo 149.1 de la Constitución relativos a la sanidad pública (16.ª), protección del medio ambiente (23.ª) y régimen energético (25.ª), materias sobre las que el Estado tiene potestad normativa básica.

En congruencia con ello, el Código Técnico de la Edificación fue aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en virtud de la autorización contenida en la disposición final segunda de la Ley 38/1999 y su disposición final primera previene que "tiene carácter básico y se dicta al amparo de las competencias que se atribuyen al Estado en los artículos 149.1.16.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución Española, en materia de bases y coordinación nacional de la sanidad, protección del medio ambiente y bases del régimen minero y energético, respectivamente".

El texto sometido a consulta no cita los títulos competenciales en que se basa. En efecto, esta mención no es necesaria habida cuenta del carácter modificativo de la disposición, según la práctica seguida habitualmente y fijada en los "Criterios sobre adecuación de la normativa estatal al orden constitucional de distribución de competencias", aprobados por los Ministerios de Presidencia y de Administraciones Públicas, de 9 de junio de 2008.

V. El rango de la disposición proyectada es adecuado.

La disposición final tercera ("Habilitación para el desarrollo reglamentario") del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, autoriza a la ministra del ramo para aprobar, mediante orden ministerial, las modificaciones y revisiones periódicas que sean necesarias de los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación. En el ejercicio de dicha autorización, por Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, y por Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, se modificó el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" para adaptar su contenido a la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios.

En el caso presente, la modificación proyectada excede el ámbito de dicha autorización. En efecto, aun cuando algunas de sus previsiones pudieran tener amparo en ella, no lo encuentran los cambios a introducir en la Parte I del CTE o en el Real Decreto 1053/2014, razón por la cual han de aprobarse mediante real decreto.

VI. En lo que se refiere al texto del proyecto, como se ha dicho en dictámenes previos sobre otras modificaciones del CTE (números 247/2017, de 6 de abril, y 743/2019, de 5 de diciembre), habida cuenta del contenido eminentemente técnico de la modificación proyectada, el Consejo no formula observaciones de fondo a la nueva regulación, al considerar que está bajo la garantía de los órganos proponentes y preinformantes con competencias sectoriales específicas sobre la materia regulada.

A continuación se formulan únicamente algunas observaciones de técnica normativa y de redacción:

- El preámbulo realiza una exposición amplia y detallada de los antecedentes y el marco normativo en que se insertará la disposición en proyecto cuando se apruebe. Tal como ha sugerido la Oficina de Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, para completar la enumeración que se efectúa, puede resultar pertinente mencionar en este contexto el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Al referirse el preámbulo a las reformas "legales" previstas en el PRTR, incluyendo entre ellas las que incorporará el nuevo Real Decreto, es preferible aludir a reformas "normativas" sin referencia al rango dada la diversidad posible al respecto.

- En el artículo único, el párrafo introductorio debe referirse a que "el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, queda modificado como sigue", ya que las modificaciones previstas operan directamente sobre dicho CTE y no sobre la parte dispositiva propia del mencionado Real Decreto 314/2006 (que consta de un artículo único, cuatro disposiciones transitorias, una derogatoria y cuatro finales, preceptos que no son objeto de cambio).

- En el apartado dos del artículo único la designación de la "parte I" del CTE, por homogeneidad con las demás menciones del texto, debe hacerse en mayúscula.

- El apartado tres del artículo único tiene por finalidad modificar el DB-HE "Ahorro de energía" de la Parte II del CTE con dos objetos principales: 1.º) añadir una nueva sección HE 6, cuyo texto se incluye como anejo I del proyecto; 2.º) realizar diversas modificaciones concretas a las secciones preexistentes HE 0 a 5, así como a los anejos A, C, D, E, F y H.

Resulta paradójico que el texto del objeto principal de la modificación -la nueva sección HE 6- se incluya en un anejo del proyecto, lugar que en realidad implica una posición complementaria y subordinada, en lugar de ubicarse dentro del artículo único. Dado que se trata de un contenido primario de la norma en proyecto, se considera indicado su traslado a la parte dispositiva, en concreto dentro del apartado tres, en el orden numérico que le corresponda.

- En la disposición final segunda, a fin de evitar la reiteración en la redacción, sería preferible aludir a la incorporación de los apartados del artículo 8 de la Directiva 2010/31/UE que se citan, "según la redacción dada por la Directiva (UE) 2018/844...".

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del presente dictamen, puede elevarse al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto sometido a consulta".

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 5 de mayo de 2022

LA SECRETARIA GENERAL,

LA PRESIDENTA,

EXCMA. SRA. MINISTRA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA.

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