La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 7 de abril de 2022, con asistencia de los señores que al margen se expresan, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
"Por Orden comunicada de V. E. de fecha 17 de marzo de 2022 (con registro de entrada el mismo día), el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre.
De los antecedentes remitidos resulta:
PRIMERO. Contenido del proyecto
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta se inicia con un preámbulo que comienza haciendo referencia al marco normativo del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, encabezado por la disposición adicional primera de la Constitución Española, el artículo 41 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, y la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba dicho Concierto Económico.
La Ley 12/2002 (artículos 65 a 68) prevé la existencia de una Junta Arbitral cuyo cometido es la resolución de las discrepancias y conflictos entre las diferentes Administraciones implicadas, conforme a lo dispuesto en los citados preceptos y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre (y modificado en una ocasión, por Real Decreto 335/2014, de 9 de mayo).
En este contexto, señala el preámbulo que la Ley 10/2017, de 28 de diciembre, ha introducido diversas modificaciones en la Ley 12/2002 -en particular, se destacan los nuevos artículos 47 ter, relativo a la coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras, y 68, relativo a los procedimientos especiales de la Junta Arbitral; y los ajustes introducidos en el artículo 64 (funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa)-, que requieren la adaptación de algunas de las previsiones del citado Reglamento de la Junta Arbitral. Además, se introducen otros ajustes, en su mayoría de carácter técnico, para dar adecuada respuesta a cuestiones planteadas en la aplicación de la norma (como, por ejemplo, en relación con el procedimiento para el inicio de los conflictos) y para actualizar referencias normativas y orgánicas.
Las modificaciones que se introducen en el Reglamento de la Junta Arbitral han sido acordadas en la Comisión Mixta del Concierto Económico 1/2021, de 29 de julio de 2021.
La parte dispositiva del proyecto aparece integrada por un artículo único y una disposición final.
El artículo único contiene, en doce apartados, las diferentes modificaciones que se introducen en el Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre:
- Se da nueva redacción al artículo 3 ("Competencias de la Junta Arbitral") para incluir, en el último párrafo de su letra b), los supuestos de coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras previstos en el artículo 47 ter del Concierto Económico.
- La modificación de los artículos 5 ("Nombramiento, cese y retribución de los árbitros") y 7 ("El Secretario de la Junta Arbitral") actualiza las referencias a los órganos competentes (Ministerio de Hacienda y Función Pública, Departamento de Economía y Hacienda).
- En el artículo 8 ("Régimen de funcionamiento de la Junta Arbitral") se actualiza la referencia a la legislación aplicable, que en la actualidad comprende las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Se da nueva redacción al artículo 9 ("Iniciación del procedimiento ante la Junta Arbitral") para incluir como nueva forma de inicio el planteamiento automático del conflicto a instancia del obligado tributario en los casos de conflicto negativo de competencias (este supuesto se regula en la nueva redacción prevista para el apartado 5 del artículo 13 del propio Reglamento, a la que se hará referencia más adelante).
- Se da nueva redacción a los artículos 10 ("Planteamiento del conflicto por la Administración del Estado") y 11 ("Planteamiento del conflicto por las Diputaciones Forales") para incluir, como nuevos supuestos en los que la respectiva Administración podrá promover conflicto, el de la falta de acuerdo sobre las observaciones formuladas en el procedimiento previsto en el artículo 47 ter del Concierto Económico (letra f) de ambos preceptos) y el de falta de acuerdo sobre las observaciones a la propuesta de resolución de las consultas previstas en la letra b) del artículo 64 del Concierto Económico (apartado 2 del artículo 10 y letra g) del artículo 11).
- La modificación del artículo 13 ("Procedimiento a seguir para el inicio de los conflictos que se planteen entre Administraciones tributarias") tiene por objeto ordenar y completar la regulación de dicho procedimiento, distinguiendo entre conflicto positivo (apartado 1) y conflicto negativo (apartado 2). Asimismo, para el caso de que ninguna Administración se considere competente, se señala que bastará la comunicación del obligado tributario a la Junta para que se entienda automáticamente planteado el conflicto (apartado 5).
- Se adecua la redacción del artículo 14 ("Planteamiento del conflicto por falta de acuerdo en la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa") a lo dispuesto en el artículo 64.b) del Concierto, que prevé la posibilidad de planteamiento de conflicto por las Administraciones implicadas. Además, se contempla el supuesto específico de falta de acuerdo sobre las observaciones planteadas a la propuesta de resolución, en cuyo caso la posibilidad de promover conflicto ha de ajustarse a los términos y plazos previstos en el artículo 47 ter del Concierto Económico (apartado 2). Finalmente, en ambos supuestos, resulta de aplicación del procedimiento abreviado previsto en el artículo 20 del propio Reglamento.
- En los artículos 15 ("Notificación del planteamiento del conflicto y efectos") y 16 ("Tramitación") se introducen meros ajustes de redacción.
- Finalmente, se introduce en el Reglamento un nuevo capítulo V ("Procedimientos especiales") que comprende: el procedimiento abreviado, que será de aplicación a los artículos 47 ter.Tres y 64.b) del Concierto Económico (artículo 20), la extensión de efectos de las resoluciones firmes de la Junta Arbitral (artículo 21) y el incidente de ejecución (artículo 22).
La disposición final única establece la entrada en vigor del proyecto de Real Decreto el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
SEGUNDO. Contenido del expediente
A) Obra en el expediente la versión definitiva del proyecto de Real Decreto sometido a consulta (además de una versión anterior, elaborada por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local), a la que se acompaña una memoria abreviada del análisis de impacto normativo, de la que cabe destacar los siguientes puntos:
- Justificación de su propio carácter abreviado, por cuanto "la propuesta normativa se refiere de forma exclusiva y limitada a aspectos formales y procedimentales de funcionamiento de la Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, por lo que no se derivan impactos apreciables en los ámbitos desarrollados en una memoria completa".
- En cuanto a la oportunidad de la norma, se señala que trae causa de lo acordado en la Comisión Mixta del Concierto Económico 1/2021, de 29 de julio de 2021, en la que se determinó la necesidad de introducir ciertas "modificaciones del Reglamento de la Junta Arbitral, que tienen carácter técnico y procedimental y se derivan fundamentalmente de la necesidad de adecuación de algunas de sus disposiciones a la nueva redacción de los artículos 47 ter, 64 y 68 del Concierto".
- El proyecto carece de "impacto presupuestario alguno respecto a la situación precedente" y tampoco tiene impacto por razón de género.
B) Integra también el expediente el acta 1/2021 de la sesión de la Comisión Mixta del Concierto Económico, celebrada el 29 de junio de 2021, en cuyo anexo II se recoge la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta Arbitral.
C) Constan las conformidades de la Secretaría de Estado de Función Pública (15 de octubre de 2021), la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (18 de octubre de 2021) y la Subsecretaría del Ministerio proponente (18 de octubre de 2021).
El informe de la directora general de Tributos (19 de octubre de 2021) es igualmente favorable a la regulación proyectada, si bien, en relación con el proyectado artículo 21, sugiere que "se valore la conveniencia de regular un plazo para solicitar ante la Junta Arbitral la referida extensión de efectos por cualquiera de las partes en el conflicto pendiente de resolución o, en el entendido de que se podrá solicitar la extensión de efectos desde que la Junta Arbitral conozca del conflicto, al menos, que la norma legal o reglamentaria, en este caso, el Reglamento de la Junta Arbitral, contengan una previsión específica de hasta cuándo se puede solicitar dicha extensión de efectos tanto en el procedimiento general como en el procedimiento abreviado".
Con fecha 8 de febrero de 2022, ha emitido su preceptivo informe la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Función Pública. No formula observación alguna al texto proyectado.
En fin, también obra en el expediente el informe del Gabinete del director general de la AEAT (7 de octubre de 2021), en el que "se informa que no se considera pertinente formular observaciones en el ámbito de competencias de la Agencia Tributaria, a tenor del Acuerdo tercero plasmado en el Acta 1/2021 de la Comisión Mixta del Concierto Económico de fecha 29 de julio de 2021".
D) Ya entrado el expediente en el Consejo de Estado, se ha remitido el informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, emitido el 22 de marzo de 2022.
Cabe destacar las observaciones que formula en relación con: 1) la no realización de los trámites de consulta pública y audiencia; 2) la falta de mención de los principios de buena regulación en el preámbulo; 3) en relación con los distintos plazos, la conveniencia de precisar si los días son hábiles o naturales; o 4) la pertinencia de introducir un régimen transitorio.
Y, en tal estado de tramitación, se emite el presente dictamen.
I. Objeto y competencia
Se somete a consulta un proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite el presente dictamen de conformidad con lo previsto por el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
II. Procedimiento
Respecto de la tramitación del proyecto, y en el marco de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se han atendido las exigencias de índole procedimental que deben seguirse para preparar, con las necesarias garantías, un texto normativo como el ahora examinado.
Efectivamente, constan en el expediente -y así se recoge en los antecedentes- la versión definitiva del proyecto sometido a consulta y la memoria que lo acompaña, así como los preceptivos informes de la secretaría general técnica del ministerio y de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.
No suscita objeción alguna que se haya prescindido de los trámites de consulta pública y de audiencia previstos en los apartados 2 y 6 del artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en tanto se trata de una norma organizativa de las Administraciones públicas.
En todo caso, hay que destacar que, por razón de la especial naturaleza de la norma legal que el proyecto desarrolla, y a pesar del silencio de esta en este punto, en su momento se optó por una elaboración paccionada del Reglamento de la Junta Arbitral, por acuerdo entre la Administración General del Estado y la de la Comunidad Autónoma del País Vasco, estableciéndose que dicho procedimiento habría de respetarse también en sus ulteriores modificaciones (tal y como señala expresamente el párrafo segundo del artículo único del Real Decreto 1760/2007). Así ha sucedido en este caso, en el que el proyecto de Real Decreto sometido a consulta ha sido elaborado por acuerdo entre las dos Administraciones interesadas, tal y como refleja el acta de la sesión de la Comisión Mixta del Concierto Económico celebrada el día 29 de julio de 2021.
III. Base legal y rango de la norma
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta se dicta en desarrollo del artículo 66 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo. Este precepto constituye una Junta Arbitral a la que corresponden las siguientes funciones:
"a) Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de la proporción correspondiente a cada Administración en los supuestos de tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Conocer de los conflictos que surjan entre las Administraciones interesadas como consecuencia de la interpretación y aplicación del presente Concierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tributarias individuales.
c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes".
Según establece el segundo párrafo del apartado 2 del citado artículo 66, "los conflictos serán resueltos por el procedimiento que reglamentariamente se establezca, en el que se dará audiencia a los interesados".
Junto a esta específica habilitación (referida únicamente a los aspectos procedimentales), no debe olvidarse que corresponde al Gobierno -en el marco de lo dispuesto por el artículo 97 de la Constitución Española y por las disposiciones que lo desarrollan (en especial, la Ley 50/1997, del Gobierno)- el ejercicio de la potestad reglamentaria, sin que pueda entenderse que, en este caso, dicho ejercicio se encuentre materialmente condicionado por la existencia de una habilitación expresa, máxime cuando el proyecto trata de desarrollar previsiones legales relativas a la organización y funcionamiento de un órgano administrativo.
A la vista de lo anterior, y de acuerdo con el sistema paccionado que rige en esta materia, no cabe sino concluir que existe habilitación normativa suficiente y que es adecuado el rango -real decreto- de la modificación proyectada del Reglamento de la Junta Arbitral, la cual trae causa, como también se ha dicho, de una nueva sesión de la Comisión Mixta del Concierto Económico, la n.º 1/2021, de 29 de julio.
IV. Consideraciones
El Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco se aprobó por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre (dictamen número 2.288/2007, de 19 de diciembre).
Desde la única modificación de dicho reglamento, que llevó a cabo el Real Decreto 335/2014, de 9 de mayo (dictamen número 246/2014, de 20 de marzo) y que trajo causa de la Ley 7/2014, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, ha sido modificada en dos ocasiones por las Leyes 10/2017, de 28 de diciembre, y 1/2022, de 8 de febrero.
La norma proyectada tiene, por tanto, como primer objetivo, introducir en el Reglamento de la Junta Arbitral los ajustes necesarios que se deriven de las modificaciones operadas por las Leyes 10/2017 y 1/2022 en el régimen jurídico del Concierto Económico que, en lo que a la citada junta atañe, se concretan en la nueva redacción de los artículos 47 ter ("Coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras"), 64 ("Funciones de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa") y 68 ("Procedimientos especiales") de la Ley 12/2002. Además, en dicho reglamento se introducen otros cambios de carácter técnico y procedimental y se realizan actualizaciones de referencias orgánica y normativas.
El Consejo de Estado no formula objeción alguna a la regulación proyectada en tanto considera que la modificación del Reglamento de la Junta Arbitral, cuyo alcance ha quedado expuesto en antecedentes, se adecua al marco legal que desarrolla y al sistema paccionado que rige en esta materia, respetando el tenor literal de la propuesta contenida en el Acta n.º 1/2021 de la Comisión Mixta del Concierto Económico.
Ello, no obstante, se considera oportuno formular las siguientes observaciones, que necesariamente están condicionadas por la singular naturaleza del Concierto Económico y de las normas dictadas para su ejecución, entre las que se encuentra, como es obvio, el Reglamento de la Junta Arbitral:
1) Se ha de incluir en el preámbulo una referencia a la reciente Ley 1/2022, de 8 de febrero, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. No se alcanza a comprender por qué se ha obviado su mención cuando, precisamente, es en la redacción del artículo 68 de la Ley 12/2002 que introduce en la que se fundamenta (y reproduce de modo casi literal) el nuevo artículo 21 del Reglamento de la Junta Arbitral.
2) Indica el preámbulo que se modifica el procedimiento para el planteamiento de conflictos en los supuestos de falta de acuerdo en la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa "adaptándolo a la nueva redacción del artículo 64.b) del Concierto dada por la Ley 7/2014...".
Se hace notar que dicho precepto legal también fue objeto de modificación por la posterior Ley 10/2017, por lo que son incorrectos los términos en que se expresa el preámbulo. Bastaría con referirse a la redacción vigente.
3) El preámbulo también podría completarse con la mención de los tres procedimientos especiales que contempla el artículo 68 de la Ley 12/2002: procedimiento abreviado, extensión de efectos e incidente de ejecución.
4) Debe incorporarse al preámbulo la mención de los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la justificación de que la norma se adecua a ellos.
5) Como ha quedado expuesto en antecedentes, el alcance de las distintas modificaciones que se introducen en el Reglamento de la Junta Arbitral es muy variable, por lo que podría resultar oportuno precisar en cada caso el concreto alcance de la regulación propuesta, ya sea en el preámbulo, ya en el párrafo introductorio de cada modificación.
6) La Dirección General de Tributos ha planteado, en relación con el proyectado artículo 21, la conveniencia de establecer un plazo para solicitar la extensión de efectos.
Más allá de que una eventual aceptación de dicha propuesta requeriría el previo acuerdo de las Administraciones implicadas, es lo cierto que dicho plazo, previsto en la redacción del apartado Tres, segundo párrafo, del artículo 68 de la Ley 12/2002 introducida por la Ley 10/2017 (según la cual "el escrito de solicitud deberá plantearse en el plazo de un mes desde que se tenga conocimiento de la firmeza de la resolución de la Junta Arbitral"), ha sido suprimido en la reforma operada por la Ley 1/2022.
7) La Oficina de Coordinación y Calidad Normativa ha puesto de manifiesto la conveniencia de precisar en el proyecto si los plazos recogidos en la norma se refieren a días hábiles o naturales.
En este punto, ha de tenerse en cuenta que al fijar determinados plazos en días la Ley 12/2002 no precisa si se trata de días hábiles o naturales. En cuanto al texto proyectado, se hace notar que completa el tenor de la norma legal únicamente al fijar el trámite de alegaciones en el procedimiento abreviado, para el que establece un plazo común de diez días hábiles (apartado 2 del proyectado artículo 20).
No parece que haya obstáculo en introducir la precisión, a la hora de fijar los plazos en días, de que se trata de días hábiles, pues ello no afecta al núcleo sustantivo de la regulación y contribuiría a una mayor claridad en la aplicación de la norma. En todo caso, se trata de una cuestión que resuelve el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, al señalar que "siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos".
8) Finalmente, se ha apuntado la conveniencia de introducir una disposición transitoria que concrete las reglas aplicables a los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva regulación.
En la consideración de que la introducción de una disposición transitoria no incide en el contenido sustantivo de las modificaciones propuestas, sería altamente aconsejable, desde la perspectiva de una adecuada salvaguarda del principio de seguridad jurídica, su incorporación al Real Decreto proyectado (una observación similar se formuló en el dictamen número 2.288/2007 antes citado).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones que se formulan en el cuerpo del presente dictamen, puede someterse al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre".
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 7 de abril de 2022
LA SECRETARIA GENERAL,
LA PRESIDENTA,
EXCMA. SRA. MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
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