La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 7 de abril de 2022, con asistencia de los señores que al margen se expresan, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
"En cumplimiento de la Orden de V. E. de 4 de marzo de 2022, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se regula la determinación del hecho causante y los efectos económicos de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva y de la prestación económica del ingreso mínimo vital, y se modifican diversos reglamentos del sistema de la Seguridad Social que regulan distintos ámbitos de la gestión.
De los antecedentes remitidos resulta:
Primero.- El proyecto de Real Decreto por el que se regula la determinación del hecho causante y los efectos económicos de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva y de la prestación económica del ingreso mínimo vital, y se modifican diversos reglamentos del sistema de la Seguridad Social que regulan distintos ámbitos de la gestión, consta de un preámbulo, en el que se explica que el hecho causante de una pensión de jubilación tiene incidencia en su cálculo, y que esto determina que, en ocasiones, una misma persona tenga la posibilidad teórica de acceder a la jubilación en fechas diferentes y bajo distintas circunstancias, de modo que la pensión que pueda corresponderle pueda variar en su contenido o efectos. Indica el preámbulo que resulta necesario establecer una regulación que flexibilice la determinación del hecho causante de manera que, con ciertas limitaciones, sea el propio interesado quien señale la fecha del hecho causante, de suerte que con ello se eviten ciertas consecuencias negativas para los trabajadores cuando tal fecha viene fijada por la normativa. Añade que también resulta necesario establecer la fecha del hecho causante de la prestación económica de ingreso mínimo vital, que se hace coincidir con la fecha de presentación de la solicitud. Agrega que se aborda la modificación de diversas normas reglamentarias que afectan a distintos ámbitos de la gestión de la Seguridad Social, para mejorarla en múltiples aspectos y adaptarla a los nuevos medios tecnológicos, en materia de afiliación, cotización, recaudación, prestaciones y entidades colaboradoras. Afirma el preámbulo que los cambios "no suponen la imposición de ningún tipo de obligaciones o cargas administrativas para los ciudadanos".
Además del preámbulo, el proyecto consta de cinco artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y diez finales. Los artículos y las disposiciones finales tienen las siguientes rúbricas:
- Artículo 1: Objeto.
- Artículo 2: Ámbito de aplicación.
- Artículo 3: Hecho causante de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva.
- Artículo 4: Imprescriptibilidad y efectos económicos de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva.
- Artículo 5: Hecho causante de la prestación económica de ingreso mínimo vital.
- Disposición final primera: Modificación del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.
- Disposición final segunda: Modificación del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.
- Disposición final tercera: Modificación del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.
- Disposición final cuarta: Modificación del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas.
- Disposición final quinta: Modificación de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 18 de julio de 1997, para el desarrollo del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas.
- Disposición final sexta: Modificación del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
- Disposición final séptima: Cláusula de salvaguardia de rango.
- Disposición final octava: Título competencial.
- Disposición final novena: Facultades de desarrollo.
- Disposición final décima: Entrada en vigor.
Segundo.- El proyecto viene acompañado de una memoria del análisis de impacto normativo abreviada, que expone que el acceso a la pensión de jubilación contributiva se ceñía inicialmente a la situaciones de alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social o a ciertas situaciones asimiladas, pero que se fue ampliando a situaciones de no alta ni asimiladas, que a su vez fueron creciendo, como lo hacían las modalidades y supuestos de jubilación. Explica que la fecha que constituye el hecho causante de la pensión se fija en cada norma aplicable a las circunstancias y modalidad de jubilación y en muchos casos coincide con la fecha de solicitud. Señala que, sin embargo, esta falta de flexibilidad puede llegar a perjudicar al solicitante de la pensión, que en ocasiones puede verse forzado a presentar la solicitud en una fecha determinada, a veces algo dificultoso por ser un día inhábil o porque no consigue cita previa para el día en cuestión, esto último agravado por los efectos de la pandemia del COVID-19. Añade que, aunque por vía interpretativa se ha tratado de dar solución a estas situaciones, es conveniente que se introduzca flexibilidad en la determinación del hecho causante de la pensión por una norma de rango suficiente. Indica que con ello se pretende reforzar el carácter voluntario que ha de presidir el acceso a la jubilación y la autonomía para decidir su momento y circunstancias, así como clarificar y simplificar la determinación de la fecha, regulando en una norma única esta materia.
En cuanto a la modificación del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, expresa que "el conocimiento por la Tesorería General de la Seguridad Social de las principales tareas y cometidos que caracterizan el puesto de trabajo desempeñado por los trabajadores por cuenta ajena, la formación que acredita para el puesto y el lugar donde desempeña su labor, esto es el centro de trabajo al que está adscrito, sirve para complementar la información que obtiene por la comunicación de la actividad económica, contribuyendo así a mejorar no solo el control del aseguramiento de las contingencias profesionales, sino la información necesaria para la implementación de políticas de riesgos laborales".
En relación con la modificación del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, señala que la escasa precisión del desarrollo reglamentario vigente "ha propiciado el reconocimiento de prestaciones en favor de los trabajadores y sus causahabientes que exceden con mucho de lo que puede considerarse asistencia social, al no concurrir especiales estados o situaciones de necesidad que justifiquen las ayudas concedidas". Por este motivo se delimitan las prestaciones de asistencia social que las mutuas colaboradoras con la Seguridad están autorizadas a conceder, así como sus posibles beneficiarios.
En el apartado de alternativas al proyecto, la memoria contiene este texto:
También ha sido valorada la posibilidad de dictar un reglamento general, con rango de real decreto, que regule de forma conjunta para todos los regímenes de la Seguridad Social la totalidad del régimen jurídico de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva, y derogar las actuales previsiones reglamentarias sobre la materia. Si bien se barajó esta alternativa, fue finalmente descartada teniendo en cuenta, entre otras razones, que la complejidad y trascendencia del proyecto exigiría una tramitación prolongada en el tiempo, que impediría dar una respuesta ágil a los problemas detectados, así como la previsión de futuras reformas en materia de jubilación.
Respecto a la entrada en vigor, según la memoria no concurre el supuesto de hecho del artículo 23 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, pues no se imponen nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional.
En punto a la tramitación, la memoria indica que se ha prescindido del trámite de consulta pública previa al tratarse de una norma que no tiene un impacto significativo en la actividad económica, no impone obligaciones relevantes a los destinatarios y regula aspectos parciales de una materia. La memoria resume todas las aportaciones y observaciones recibidas e indica en general si se han aceptado o por qué no han sido acogidas.
La memoria asegura que no tiene efectos significativos sobre la competencia y la unidad de mercado, y que es nulo el impacto de género, en materia de discapacidad, en la familia, sobre la infancia y adolescencia y por razón del cambio climático. La memoria afirma que la modificación de los artículos 11, 17 y 30 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social no debe considerarse un incremento de las cargas administrativas, pues la nueva información que se solicita al empresario "es complementaria a la que ya se viene proporcionando, realizándose en el mismo acto, sin que se establezcan nuevos formularios o procesos de envíos de información".
Respecto del impacto económico y presupuestario asevera que produce "un impacto positivo en relación a las pequeñas y medianas empresas, al reducir sus obligaciones y generar mayor certidumbre en el momento de abonar la cantidad indicada en la notificación de la reclamación de la deuda". La memoria valora la modificación de los artículos 70 y 75 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, que comprende la eliminación de los intereses "abiertos" del pago del ingreso del capital coste de prestaciones, intereses de capitalización y, en su caso, recargo por falta de aseguramiento. En cuanto a los intereses de capitalización recaudados, suponen un importe medio anual de 849.999,89 euros (para el período 2016-2017), tanto por intereses "cerrados" como por intereses "abiertos". Como estos últimos dependen de la fecha del pago, el importe medio de los intereses "abiertos" se cuantifica entre 981,47 euros y 55.132,15 euros anuales, en función de la fecha de pago. En consecuencia, la pérdida anual máxima para la Seguridad Social sería de 55.132,15 euros anuales. Sin embargo, la memoria explica que la reforma generará mayor certidumbre, al tenerse que abonar la cantidad indicada en la notificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, sin necesidad de acudir a una Administración para que se recalculen los intereses generados tras la notificación y sin posibilidad de errores, con lo que se reducen las cargas a los empresarios deudores. Entendiendo que ello evita dos solicitudes presenciales por una media de 161 actos recaudatorios, y valorando cada uno en 80 euros, supone una reducción de cargas de 25.760 euros. Además, al eliminar estas gestiones se ahorra la Administración de la Seguridad Social 706 euros, al no tener que atender a los interesados. Por tanto, la memoria considera que la diferencia entre la pérdida máxima por la eliminación de intereses abiertos (55.132,15 euros) y los ahorros en cargas administrativas y de gestión (28.666,15 euros) supone una pequeña cantidad, que no justifica la inseguridad que genera el mantenimiento del precepto actual.
Tercero.- Redactada una primera versión del proyecto, que lleva fecha 18 de agosto de 2021, se recabaron informes de distintos órganos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En particular, se solicitó informe a la Secretaría de Estado de Migraciones el 20 de agosto de 2021, sin que conste haberse emitido. El 24 de agosto de 2021, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social contestó que no tenía observaciones que formular.
Cuarto.- La Intervención General de la Seguridad Social emitió informe el 25 de agosto de 2021, con diversas observaciones. En particular, indicaba que la modificación del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, debía conllevar la modificación de la Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, por la que se establecen normas para su aplicación y desarrollo.
También formularon observaciones el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con fecha 30 de agosto de 2021; la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social el 1 de septiembre de 2021; el Instituto Social de la Marina el 2 de septiembre de 2021; y el Gabinete Técnico de la Subsecretaría del ministerio el 6 de septiembre de 2021.
Con fecha 6 de septiembre de 2021, la Secretaría General de Objetivos, Políticas de Inclusión y Previsión Social formuló ciertas observaciones en relación con la petición del dato personal de la formación académica de los trabajadores.
Por su parte, la Tesorería General de la Seguridad Social emitió un informe, también el 6 de septiembre de 2021, en el que entre otros aspectos proponía que la modificación del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, entrase en vigor al séptimo mes de la publicación oficial del proyecto, pues requería "para su implementación de la incorporación de las modificaciones técnicas precisas en los procesos".
Quinto.- A efectos del trámite de información pública, el 29 de octubre de 2021 se publicó el proyecto en la página web del ministerio, con plazo de alegaciones hasta el 11 de noviembre de 2021. No se recibió ninguna aportación.
Sexto.- El 29 de octubre de 2021, el proyecto fue remitido a la Confederación Española de Organizaciones Empresarias y a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, sin que consten alegaciones por su parte.
La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo envió un escrito de fecha 8 de noviembre de 2021, en el que entre otras cosas se mostraba contraria a que solo se pudiera reconocer prestación complementaria una única vez por accidente de trabajo o enfermedad profesional, pues ello iba en perjuicio de los trabajadores, dado que era habitual que se puedan dar ayudas en diferentes momentos, justificadas en varias situaciones de necesidad.
La Unión General de Trabajadores formuló sus alegaciones el 10 de noviembre de 2021, en las que manifestaba que era acertada la modificación sobre el hecho causante de la pensión, para dar autonomía al trabajador, así como la modificación del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, especialmente para situaciones de accidentes laborales y enfermedades profesionales.
Comisiones Obreras remitió un escrito de fecha 12 de noviembre de 2021, con alegaciones sobre la modificación del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Era partidaria de mantener las funciones atribuidas a la comisión de prestaciones especiales de cada mutua "a la hora de concretar las situaciones que cabe proteger con esta prestación".
La Confederación Española de Religiosos formuló alegaciones el 12 de enero de 2022.
Séptimo.- El 2 de noviembre de 2021 se solicitó informe a la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Octavo.- La Secretaría General Técnica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones emitió informe el 11 de noviembre de 2021 con algunas observaciones.
Noveno.- La Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Función Pública informó el 28 de enero de 2022. Consideraba aplicable el artículo 23 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con lo que debía entrar en vigor el 1 de julio, salvo que la memoria explicase las razones justificadas que aconsejasen otra fecha. Entendía que el proyecto sí incrementaba las cargas administrativas, en cuanto a la modificación del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aunque las reducía con la modificación del Reglamento General de Recaudación, de manera que recomendaba hacer el esfuerzo de estimación del beneficio que suponía el texto en relación con las cargas administrativas.
Décimo.- El 28 de febrero de 2022, la secretaria de Estado de Función Pública, por delegación de la ministra de Hacienda y Función Pública, concedió la autorización previa al proyecto.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso que se remitiera el expediente al Consejo de Estado para dictamen, donde tuvo entrada el 7 de marzo de 2022.
Una vez recibidas las actuaciones en este Alto Cuerpo Consultivo, por oficio de V. E. de 31 de marzo de 2022, con entrada en el Consejo de Estado el mismo día, se remitió el informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de 24 de marzo de 2022, acompañado de un nuevo texto del proyecto y de su memoria del análisis de impacto normativo. El informe, a propósito de la modificación de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 18 de julio de 1997, indicaba que su "incorporación a la propuesta" tenía "menor justificación, siendo a priori más adecuado que las modificaciones de las normas se realicen en su propia sede normativa y por norma del mismo rango conforme al criterio general que viene sosteniendo el Consejo de Estado". También señalaba el informe que era aplicable al proyecto la regulación de la entrada en vigor de la Ley del Gobierno, con lo que debía atenerse a este precepto la entrada en vigor, o explicar en la memoria las razones justificativas que aconsejaban no hacerlo. Indicaba la Oficina que la entrada en vigor diferida debería ser con indicación de la fecha expresada en día, mes y año, y no en la forma del proyecto.
Se consulta el proyecto de Real Decreto por el que se regula la determinación del hecho causante y los efectos económicos de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva y de la prestación económica del ingreso mínimo vital, y se modifican diversos reglamentos del sistema de la Seguridad Social que regulan distintos ámbitos de la gestión.
La petición de dictamen se fundamenta en el artículo 22.3, de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, en relación con el artículo 26.7 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
I.- Observación general
El propósito fundamental del proyecto consiste en introducir una cierta flexibilidad en la determinación del hecho causante de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, otorgando mayor posibilidad de elección al interesado en muchos casos.
Este Alto Cuerpo Consultivo considera muy conveniente esta flexibilidad, que sin duda favorecerá a los ciudadanos que se jubilen sin quebranto para los intereses públicos.
Sin embargo, el modo con que este propósito se acomete tiene la desventaja de que añadirá una disposición reglamentaria más al numeroso grupo de normas de este rango que regulan distintos aspectos de la jubilación. Muchas de ellas están recogidas en la disposición derogatoria del proyecto sometido a consulta, pero desde luego existen otras más. Sin ánimo exhaustivo, además de las mencionadas en la disposición derogatoria, pueden citarse las siguientes:
- Real Decreto 2366/1984, de 26 de diciembre, sobre reducción de la edad de jubilación de determinados grupos profesionales incluidos en el ámbito del Estatuto del Minero, aprobado por el Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre.
- Real Decreto 1799/1985, de 2 de octubre, para la aplicación de la Ley 26/1985, de 31 de julio, en la materia de racionalización de las pensiones de jubilación e invalidez permanente.
- Real Decreto 1559/1986, de 28 de junio, por el que se reduce la edad de jubilación del personal de vuelo de trabajos aéreos.
- Real Decreto 487/1998, de 27 de marzo, sobre reconocimiento, como cotizados a la Seguridad Social, de períodos de actividad sacerdotal o religiosa de los sacerdotes y religiosos o religiosas de la Iglesia Católica secularizados.
- Real Decreto 2665/1998, de 11 de diciembre, por el que se completa el Real Decreto 487/1998, de 27 de marzo, sobre reconocimiento, como cotizados a la Seguridad Social, de los períodos de actividad sacerdotal o religiosa a los sacerdotes y religiosos o religiosas de la Iglesia Católica secularizados.
- Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial.
- Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de determinados preceptos de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible.
- Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de minusvalía.
- Orden TAS/4033/2004, de 25 de noviembre, por la que se establece la situación asimilada a la de alta en el Sistema de la Seguridad Social, a efectos de pensiones, de los trabajadores afectados por el síndrome del aceite tóxico.
- Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento.
- Orden TIN/1362/2011, de 23 de mayo, sobre régimen de incompatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación del sistema de la Seguridad Social con la actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados.
- Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.
- Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se regula la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación y la actividad de creación artística, en desarrollo de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía.
En la memoria del análisis de impacto normativo consta que, en fase de estudio de las alternativas al proyecto consultado, se valoró la posibilidad de dictar un reglamento general, con rango de real decreto, que regulase de forma conjunta para todos los regímenes de la Seguridad Social la totalidad del régimen jurídico de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva. Esta posibilidad se desechó dado que "la complejidad y trascendencia del proyecto exigiría una tramitación prolongada en el tiempo, que impediría dar una respuesta ágil a los problemas detectados" (punto segundo de antecedentes).
El Consejo de Estado entiende que, sin perjuicio de que se apruebe el proyecto sometido a consulta, debería acometerse a continuación ese reglamento general sobre la pensión de jubilación en su modalidad contributiva. Sin duda será un proyecto de gran envergadura, dada la enorme dispersión normativa en esta materia, pero precisamente por ello resultará de mucho interés para la ciudadanía, que se beneficiará así de una mayor claridad y certeza en el ordenamiento jurídico. Como es obvio, si tal iniciativa se acomete, deberá incluirse en él el contenido del real decreto aprobatorio del proyecto sometido a consulta, con su correspondiente derogación.
Las restantes observaciones se refieren a aspectos singulares del proyecto, por lo que se ordenarán según su contenido, acabando con el preámbulo. Por último, se incluirán algunas observaciones de redacción.
II.- Observaciones y sugerencias a preceptos singulares y al preámbulo
Disposición final primera: nueva redacción del artículo 67.1 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
El nuevo artículo 67.1 tiene este contenido:
La Comisión de prestaciones especiales a la que se refiere el artículo 32.4 tendrá a su cargo la concesión de los beneficios de la asistencia social que hayan de ser satisfechos por la mutua con cargo a los créditos presupuestarios de cada ejercicio, debiendo tramitar un expediente al efecto para cada trabajador o sus derechohabientes en el que deberá dejar constancia de la concurrencia de una especial situación o estado de necesidad justificativa de la prestación de asistencia social.
La asistencia social consiste en servicios y auxilios económicos que se conceden con carácter potestativo, tanto en su reconocimiento como en su cuantía, en atención a especiales estados y situaciones concretas de necesidad que se consideren precisos, estando claramente diferenciados de las prestaciones reglamentarias.
A efectos de este artículo, debe entenderse por especiales estados y situaciones de necesidad derivados del accidente de trabajo o la enfermedad profesional aquellos que no se limitan a la pérdida de rentas salariales que cubre el sistema de la Seguridad Social a través de las prestaciones enumeradas en el artículo 42 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, sino aquellos en los que concurren circunstancias adicionales que empeoran la situación derivada de la mera pérdida de dichas rentas, haciendo precisa la adopción de medidas complementarias de asistencia social no incluidas en la acción protectora del sistema.
Las mutuas colaboradoras podrán determinar el porcentaje de los gastos cuya cobertura van a sufragar atendiendo al especial estado o situación de necesidad del beneficiario. Para ello, tendrán en cuenta tanto las limitaciones en la capacidad laboral del trabajador que se hayan ocasionado como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional y los efectos para la unidad de convivencia de la pérdida de ingresos debido al tiempo en que el trabajador se encuentre imposibilitado para trabajar, o durante el año siguiente al hecho causante de la contingencia en los supuestos en que el trabajador pierda su empleo o deba cesar en su actividad, cuando se trate de trabajadores por cuenta propia, a causa del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional acaecidos.
En el primer párrafo, el inciso "a que se refiere el artículo 32.4", aunque está presente en el texto hoy en día en vigor, puede ser suprimido. La comisión de prestaciones especiales de las mutuas es el objeto del artículo 90 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Pero es innecesaria la cita de este precepto, o de cualquier otro, que hace más pesada la redacción del texto.
El segundo párrafo está tomado del segundo párrafo hoy en día vigente del precepto ("La asistencia social consistirá en la concesión de los servicios y auxilios económicos que, en atención a estados y situaciones concretas de necesidad, se consideren precisos"). El texto en vigor parte de una gran libertad de la comisión de prestaciones especiales de cada mutua para determinar la asistencia social que concede. Este esquema cambia radicalmente, desde el punto de vista normativo, con el texto del nuevo artículo 67 bis. Como se verá, a partir de ahora existirá un "numerus clausus" reglamentario de situaciones de necesidad que pueden ser objeto de asistencia social por las mutuas. Sin perjuicio de lo que luego se indicará, esto hace que la adaptación del actual segundo párrafo del artículo 67 que propone el proyecto sea mejorable.
De acuerdo con esto, las menciones a situaciones de necesidad "concretas" y a los auxilios económicos que "se consideren precisos" pueden ser suprimidas, porque ya existirá una predeterminación normativa. Además, el último inciso, la diferencia con las prestaciones reglamentarias, es algo que ocupa íntegramente y por extenso el nuevo párrafo tercero, con lo que también sobra. En consecuencia, el segundo párrafo podría tener una redacción parecida a esta:
"La asistencia social consiste en servicios y auxilios económicos que se conceden con carácter potestativo, tanto en su reconocimiento como en su cuantía, en atención a especiales estados y situaciones de necesidad".
Disposición final primera: apartado 1 del nuevo artículo 67 bis del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
Las ayudas de asistencia social que puede reconocer la Comisión de prestaciones especiales a los trabajadores de las empresas asociadas, así como a los trabajadores por cuenta propia adheridos, a causa del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional que hayan sufrido, así como a sus derechohabientes, son las que siguen:
a) De rehabilitación y recuperación.
1.ª Ayuda para costear la estancia de larga duración en un centro sociosanitario o residencial de trabajadores con especiales dificultades para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria y grandes inválidos. Las dificultades para el desarrollo de actividades básicas de la vida diaria, así como la conveniencia del ingreso en un centro de esas características deberán ser acreditadas mediante informe médico por los facultativos de la mutua.
2.ª Ayuda para costear los gastos de traslado, estancia y dietas del trabajador en un centro hospitalario, sociosanitario o residencial, así como del acompañante encargado de su cuidado.
3.ª Ayuda para prótesis y ayudas técnicas no regladas cuya necesidad haya sido acreditada mediante informe de los facultativos de la mutua.
4.ª Ayuda para tratamientos médicos o terapias no reglados recomendados por los facultativos de la mutua.
b) Reorientación profesional y adaptación del puesto de trabajo.
1.ª Ayudas para sufragar cursos para la formación profesional e inserción sociolaboral del trabajador que estén orientados a mejorar su formación o a facilitar su inserción sociolaboral en los supuestos de pérdida del empleo como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, incluida la concesión de becas durante el desarrollo de la formación profesional.
2.ª Ayudas para sufragar los gastos de adaptación del local donde el trabajador autónomo desarrolla su actividad a las necesidades surgidas tras el accidente de trabajo.
c) Ayuda para la adaptación de los medios esenciales para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.
1.ª Ayudas para sufragar el coste de la eliminación de barreras arquitectónicas en la vivienda habitual y el coste que pueda suponer la adaptación de la vivienda habitual.
2.ª Ayuda para la adquisición de vivienda habitual adaptada.
3.ª Ayuda para sufragar la adaptación del vehículo o la adquisición de vehículo adaptado al estado físico del trabajador derivado del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional.
4.ª Apoyo domiciliario para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria cuando no exista un familiar o pareja de hecho de la unidad de convivencia que esté en condiciones de poder prestar el apoyo domiciliario.
5.ª Ayuda para el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación cuando el trabajador, como consecuencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional, presente importantes limitaciones sensoriales o de movilidad y así quede acreditado mediante informe emitido por los facultativos de la mutua.
d) Otras prestaciones.
1.ª Abono de un complemento al auxilio por defunción reconocido por la Seguridad Social al derechohabiente del trabajador fallecido como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional que se haya hecho cargo de los gastos de sepelio.
2.ª Ayuda para la formación en el cuidado de personas en situación de gran invalidez de las personas que tengan la condición de beneficiarias y se encarguen del cuidado de los trabajadores en dicha situación debido a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional.
3.ª Ayuda de pago único para el pago del alquiler o amortización de créditos hipotecarios de la vivienda habitual cuando, como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, se produzca la pérdida del empleo o situación similar de vulnerabilidad, durante el año siguiente al hecho causante.
Mediante orden de la persona titular del ministerio al que corresponda la tutela de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se podrá ampliar el catálogo de prestaciones de asistencia social autorizadas a petición razonada de dichas entidades.
El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en su redacción original, dedicaba su artículo 73 a los excedentes que pudieran generarse por las entonces denominadas mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y preveía que fueran en primer lugar a la constitución y dotación de reservas, pero con una habilitación para que, una vez cubiertas estas, reglamentariamente se fijaran otros destinos.
En consonancia con ello el actualmente vigente Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, en su redacción original, contemplaba en el artículo 66.2 que, una vez cubiertas la provisión y las reservas obligatorias, un 10 % de los excedentes de gestión se destinasen "a asistencia social en favor de los trabajadores protegidos por la Mutua o sus derechohabientes". A tal efecto contemplaba en sus artículos 32.4 y 67 la comisión de prestaciones especiales de cada mutua.
Estas ayudas de asistencia social tuvieron una tímida entrada la Ley General de la Seguridad Social, en el texto refundido citado de 1994, en el artículo 73, por virtud de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
Fue la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, la que tuvo un mayor impacto en la materia. Por de pronto, llevó a la Ley General de la Seguridad Social (artículo 71) la estructura de las mutuas, incluyendo las comisiones de prestaciones especiales, antes no mencionadas en ella, con su composición paritaria entre representantes de los trabajadores de las empresas asociadas y representantes de empresarios asociados designados por la junta directiva. Además, incorporó al texto refundido citado un nuevo artículo 75 bis, que es el antecedente directo del hoy vigente artículo 96.1.b), segundo párrafo, del actual texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. El texto vigente hoy tiene este contenido:
(...)
Otro 10 por ciento del excedente señalado en el primer párrafo de este apartado se aplicará a la dotación de la Reserva de Asistencia Social, que se destinará al pago de prestaciones de asistencia social autorizadas, que comprenderán, entre otras, acciones de rehabilitación y de recuperación y reorientación profesional y medidas de apoyo a la adaptación de medios esenciales y puestos de trabajo, a favor de los trabajadores accidentados protegidos por las mismas y, en particular, para aquellos con discapacidad sobrevenida, así como, en su caso, ayudas a sus derechohabientes, las cuales serán ajenas y complementarias a las incluidas en la acción protectora de la Seguridad Social. Reglamentariamente se desarrollará el régimen de las aplicaciones de estas reservas.
Este régimen de libertad y autonomía de las comisiones de prestaciones especiales de las mutuas para conceder prestaciones de asistencia social, dentro de los criterios de la ley, desapareció con la resolución del director general de Ordenación de la Seguridad Social de 28 de octubre de 2019, por la que se establece el régimen de aplicación de las prestaciones complementarias del artículo 96.1.b), del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del 13 de diciembre de 2019. Precisamente, el proyecto sometido a consulta deja sin efecto esta resolución (disposición derogatoria, apartado 2) porque incorpora, con algunos cambios, sus tres primeros puntos.
La resolución fijaba un listado de prestaciones posibles y preveía, en el segundo párrafo de su punto primero: "No podrán otorgarse prestaciones distintas a las contempladas en este Catálogo".
La justificación de la resolución citada se contenía en el párrafo séptimo de su preámbulo:
La experiencia ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar el cumplimiento de la finalidad que estos beneficios están llamados a prestar, tratando de evitar cualquier arbitrariedad en su concesión, otorgando seguridad en su dispensación y en la determinación de los sujetos beneficiarios de las prestaciones.
Por su parte, la memoria del análisis de impacto normativo del proyecto consultado justifica la regulación del artículo 67 bis diciendo que la escasa precisión del desarrollo reglamentario vigente "ha propiciado el reconocimiento de prestaciones en favor de los trabajadores y sus causahabientes que exceden con mucho de lo que puede considerarse asistencia social, al no concurrir especiales estados o situaciones de necesidad que justifiquen las ayudas concedidas" (punto segundo de antecedentes).
El sindicato Comisiones Obreras, sin embargo, se ha mostrado partidario de mantener las funciones atribuidas a la comisión de prestaciones especiales a la hora de concretar las situaciones que cabe proteger con esta prestación (punto sexto de antecedentes).
Desde luego, el cambio de un régimen de libertad y autonomía de las comisiones de prestaciones especiales por uno en el que las ayudas de asistencia social hayan de ser las del listado taxativo constituye una gran innovación.
Como es sabido, la razón de ser de este tipo de ayudas consiste en atender a "los trabajadores protegidos o adheridos y sus derechohabientes que hayan sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y se encuentren en especial estado o situación de necesidad" (artículo 90.1 de la Ley General de la Seguridad Social).
Sin embargo, las situaciones de necesidad a raíz de un accidente de trabajo o enfermedad profesional no comprendidas en la acción protectora de la Seguridad Social pueden ser variadísimas. El nuevo artículo 67 bis del proyecto hace un listado de catorce. Sin embargo, considera el Consejo de Estado que resulta muy difícil que, en este listado, o en cualquier otro, se comprendan todas las situaciones de necesidad con las características que se acaban de mencionar. A título de ejemplo, el artículo 96.1.b) de la Ley General de la Seguridad Social, antes parcialmente transcrito, contempla como una posible ayuda las "medidas de apoyo a la adaptación de medios esenciales y puestos de trabajo, a favor de los trabajadores accidentados". Esto, en el texto del nuevo artículo 67 bis, se ciñe a "ayudas para sufragar los gastos de adaptación del local donde el trabajador autónomo desarrolla su actividad a las necesidades surgidas tras el accidente de trabajo" (apartado 1, letra b, número 2.º). La adaptación de la máquina herramienta de un trabajador autónomo, por ejemplo, sí encajaría en las categorías legales, pero no tendría cabida en el listado del proyecto.
Así las cosas, el Consejo de Estado sugiere que el listado del artículo 67 bis del proyecto no sea imperativo, sino solo orientativo. Con ello se preservaría la capacidad de maniobra de las comisiones de prestaciones especiales de las mutuas para atender situaciones de necesidad, con las características normativamente establecidas, que por cualquier motivo no respondieran a la relación.
Evidentemente, esta sugerencia tiene el inconveniente de que puede seguir algún caso de "arbitrariedad en la concesión", a los que aludía el preámbulo de la resolución del director general de Ordenación de la Seguridad Social, o de prestaciones otorgadas a personas en las que no concurran especiales estados o situaciones de necesidad que justifiquen las ayudas concedidas, en palabras de la memoria del proyecto. Pero tales casos pueden ser objeto de tratamiento dentro de las facultades de dirección y tutela de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social que competen al ministerio competente según la Ley General de la Seguridad Social (hoy en día el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), tanto en términos generales como en relación con la inspección atribuida a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (artículo 54 del Reglamento) o en el ejercicio del control interno sobre la gestión económico-financiera atribuido a la Intervención General de la Seguridad Social (artículo 56 del mismo Reglamento). Para facilitar estas tareas podría establecerse una obligación de información específica por parte de la mutua colaboradora, cuando la ayuda de asistencia social se conceda al margen del listado.
El proyecto es tal vez consciente de que el listado puede llegar a ser insuficiente y prevé, en el último párrafo del artículo 67 bis.1 que mediante orden ministerial se pueda ampliar.
En este punto, el Consejo de Estado entiende que se haya previsto el rango de orden ministerial precisamente para facilitar y agilizar la reforma del catálogo. Sin embargo, considera que sería disfuncional la coexistencia de dos o más catálogos, uno el del Real Decreto y otro (u otros) los de las órdenes ministeriales ampliatorias. Padecería la seguridad jurídica de los trabajadores, que se encontrarían con listados fragmentarios en normas de rango distinto, multiplicadas en el tiempo. En consecuencia, este Alto Cuerpo Consultivo entiende que el proyecto debería remitir a una orden ministerial única para aprobar el entero catálogo, sea imperativo, como se propone, o sea meramente indicativo, como se acaba de sugerir.
Disposición final primera: apartado 4 del nuevo artículo 67 bis del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
Las prestaciones complementarias podrán ser reconocidas una única vez por cada accidente de trabajo o enfermedad profesional sufridos por el trabajador.
Este texto procede de la resolución del director general de Ordenación de la Seguridad Social de 28 de octubre de 2019, por la que se establece el régimen de aplicación de las prestaciones complementarias del artículo 96.1.b), del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Sin embargo, ha sido objetado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, por ir en perjuicio de los trabajadores, dado que es habitual que se puedan dar ayudas diversas en diferentes momentos justificadas en varias situaciones de necesidad derivados del accidente laboral o de la enfermedad profesional (punto sexto de antecedentes).
En la memoria no se explica por qué se rechaza esta observación, más allá de que el texto reproduce la resolución antes mencionada. El Consejo de Estado sugiere que se reconsidere este punto o, al menos, que se razone en la memoria la opción adoptada.
Disposición final tercera. Modificación del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.
El proyecto modifica tres artículos de este reglamento general, mediante la adición de los párrafos que se destacan en negrita:
Uno. El apartado 1 del artículo 11 queda redactado en los siguientes términos:
"1. La solicitud de inscripción del empresario deberá contener:
1.º El nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del medio preferente y del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
2.º Los datos relativos a la denominación, domicilio y actividad económica principal de la empresa, así como, en su caso, a otras actividades concurrentes con ella que impliquen la producción de bienes y servicios que no se integren en el proceso productivo de la principal, y si precisa o no que se le asignen diversos códigos de cuenta de cotización. También indicará el código o los códigos de convenio colectivo aplicables, en su caso, en la empresa y cuantos otros datos resulten necesarios para la gestión del sistema de la Seguridad Social.
3.º Los datos relativos al centro de trabajo, o centros de trabajo, de la empresa.
4.º El lugar y la fecha de la solicitud de inscripción.
5.º La firma del solicitante o la acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
6.º El órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige".
Dos. El apartado 1 del artículo 17 queda redactado en los siguientes términos:
"1. La comunicación de variaciones en los datos consignados al formular la solicitud de inscripción o en las comunicaciones a que se refiere el artículo 5.3 de este reglamento será obligatoria para los empresarios en los siguientes casos:
1.º Cambio de nombre de la persona física o de denominación de la persona jurídica inscritas con anterioridad.
2.º Cambio del domicilio legal del empresario.
3.º Cambio de la entidad que cubra las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y, en su caso, la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
4.º En los supuestos en que los empresarios contratistas y subcontratistas tengan el deber de informar a la Tesorería General de la Seguridad Social conforme a lo establecido en el artículo 42 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en las normas que lo desarrollan.
5.º Cambio de convenio o convenios colectivos aplicables en la empresa.
6.º Cambio de actividad económica y, en general, cualquier otra variación que afecte a los datos declarados con anterioridad respecto a la inscripción de la empresa y apertura de cuentas de cotización.
7.º Apertura y cierre de centros de trabajo".
Tres. El párrafo 1.º del artículo 30.2 queda redactado en los siguientes términos:
"1.º En el documento para el alta de los trabajadores por cuenta ajena figurarán, respecto del empresario, su nombre o razón social, código de cuenta de cotización y régimen de Seguridad Social aplicable, y, respecto del trabajador, su nombre y apellidos, su número de la Seguridad Social y, en tanto este no fuera exigible, su número de afiliación a la Seguridad Social, así como el del documento nacional de identidad o equivalente, domicilio, fecha de iniciación de la actividad, grupo de cotización, condiciones especiales de esta y, a efectos de la correspondiente a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la actividad económica u ocupación desempeñada, con arreglo a la tarifa de primas vigente.
En el documento para el alta también figurarán el código o los códigos de convenio colectivo que, en su caso, resulten aplicables al trabajador por cuenta ajena, que deberán coincidir con el correspondiente al código de cuenta de cotización en el que vaya a producirse el alta o, de haberse declarado de aplicación en la empresa más de un convenio, con aquel o aquellos que le correspondan de entre los que figuren vinculados a esa cuenta de cotización.
Asimismo, deberá figurar el centro de trabajo al que figura adscrito el trabajador, nivel de formación académica requerido para el puesto y la ocupación laboral, única o principal, del trabajador por cuenta ajena cuya alta se solicita. El nivel de formación académica y la ocupación laboral se incluirán con arreglo, respectivamente, a las clasificaciones nacionales de educación y de ocupaciones vigentes en cada momento".
Llama la atención que el proyecto afirme, en su preámbulo, párrafo vigésimo, que "los cambios que contiene no suponen la imposición de ningún tipo de obligaciones o cargas administrativas para los ciudadanos". Es algo de lo que discrepa la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Función Pública (punto noveno de antecedentes).
En el mismo sentido, en la memoria del análisis de impacto normativo, se dice que estas modificaciones del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social no deben considerarse un incremento de las cargas administrativas, pues la nueva información que se solicita al empresario "es complementaria a la que ya se viene proporcionando, realizándose en el mismo acto, sin que se establezcan nuevos formularios o procesos de envíos de información" (punto segundo de antecedentes).
De hecho, la memoria, al cuantificar las cargas administrativas del proyecto, ni siquiera menciona las de la disposición final tercera que se acaban de transcribir.
Entiende el Consejo de Estado que resulta indudable que estos cambios suponen un incremento de las cargas administrativas para los empresarios. En primer lugar, las inscripciones de los empresarios pasan a hacerse algo más extensas, al tener que detallar el centro o centros de trabajo, algo que hasta ahora no se exigía. Y, además, durante toda la vida de la empresa, cuando se proceda a la apertura o clausura de un centro de trabajo se deberá hacer una comunicación nueva a la Tesorería General de la Seguridad Social, que en el momento presente no estaba prevista.
En segundo término, y de modo más acusado, al dar de alta a cualquier trabajador se exige una información mucho más amplia, de no fácil concreción para pequeñas y medianas empresas como se explicará más adelante.
La comunicación de apertura de centros de trabajo o de la reanudación de los trabajos en ellos ha de hacerse hoy en día a la autoridad laboral, con carácter previo o dentro de los treinta días siguientes a la apertura o reanudación. Así se establece en el artículo 6.1 del Real Decreto-ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales. Es de notar que este precepto eliminó la antigua autorización previa para tal apertura de centros de trabajo y la sustituyó por una comunicación previa.
Con el traspaso de competencias en materia de ejecución de la legislación laboral a las comunidades autónomas, esta comunicación se presenta por lo general ante los servicios de estas. Se regula en la Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.
El Consejo de Estado entiende que sería deseable no multiplicar las declaraciones en caso de apertura o clausura de un centro de trabajo, añadiendo, además de la existente a la autoridad laboral, otra nueva a la Tesorería General de la Seguridad Social.
La colaboración entre las Administraciones públicas constituye un deber, según el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Ha sido destacado en múltiples ocasiones por el Tribunal Constitucional: por ejemplo, en su Sentencia 164/2001, de 11 de julio, en la que decía que el deber de colaboración está "ínsito en la forma de nuestro Estado" y es algo que "viene reiterando este Tribunal" (fundamento jurídico 48). La propia Ley de Régimen Jurídico del Sector Público dedica varios preceptos a la cooperación entre las Administraciones públicas, como una forma de colaboración, y detalla las técnicas que pueden utilizarse al efecto (artículos 143 y 144).
Si la Tesorería General de la Seguridad Social desea tener información sobre los centros de trabajo, considera este Alto Cuerpo Consultivo que lo lógico es que acuda a las Administraciones públicas competentes que disponen de ella, a través del oportuno instrumento de cooperación, o de otra fórmula de colaboración, sin duplicar las obligaciones de los empresarios. No parece razonable imponer una comunicación doble de la misma información, una a la Tesorería General de la Seguridad Social y otra a la autoridad laboral competente.
Si se acoge esta observación, no sería necesario modificar los artículos 11.1 y 17.1 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.
Queda la cuestión más delicada, la relativa al alta de los trabajadores por cuenta ajena, la modificación del artículo 30.2.
Como novedades, el proyecto exige que figure, al dar de alta a un trabajador, "el centro de trabajo al que figura adscrito" tal trabajador, y exige que se detalle "el nivel de formación académica requerido para el puesto", según "las clasificaciones nacionales de educación", y "la ocupación laboral, única o principal, del trabajador por cuenta ajena cuya alta se solicita", de acuerdo esto último con las clasificaciones nacionales de ocupaciones. Esta información, como es sabido, ha de ser actualizada en caso de variación de datos, "dentro de los tres días naturales siguientes (...) a aquel en que la variación se produzca" (artículo 32.3.2.º del mismo reglamento).
El preámbulo da una explicación inexacta de estas novedades, pues alude a la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE-09) en estos términos:
Asimismo, se modifican los artículos 11.1, 17.1 y el párrafo 1.º del artículo 30.2. del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, para ampliar los datos que deben comunicarse en relación con los trabajadores y los centros de trabajo donde estos prestan servicios, debiendo tenerse en cuenta que la ocupación de los trabajadores, comunicada en función de la codificación establecida por la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09), determina la tarifa de primas a aplicar en el cálculo de la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Hay una divergencia importante entre la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE-09) a que alude el preámbulo y la clasificación nacional "de ocupaciones" que exige el texto del nuevo artículo 30.2. En efecto, son distintas la clasificación nacional de actividades económicas y la clasificación nacional de ocupaciones. La primera se regula por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), en tanto que la segunda se regula en la actualidad por el Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011. Obviamente no es lo mismo una actividad económica que una ocupación de un trabajador dentro de ella.
Las actividades económicas de las empresas se solicitan con la inscripción de la empresa en la Seguridad Social, y efectivamente son tenidas en cuenta para aplicar el cálculo de la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Esto ya se hace, como se aprecia con la lectura del artículo 11.1.2.º del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social (subrayado añadido):
Los datos relativos a la denominación, domicilio y actividad económica principal de la empresa, así como, en su caso, a otras actividades concurrentes con ella que impliquen la producción de bienes y servicios que no se integren en el proceso productivo de la principal, y si precisa o no que se le asignen diversos códigos de cuenta de cotización. También indicará el código o los códigos de convenio colectivo aplicables, en su caso, en la empresa y cuantos otros datos resulten necesarios para la gestión del sistema de la Seguridad Social.
Por tanto, la novedad no consiste en que se exija la determinación de las distintas actividades económicas de la empresa. Esto ya se produce, y sin necesidad de cambio normativo alguno se puede exigir que se proporcione el código CNAE-09, al amparo del precepto transcrito.
La verdadera novedad en este campo no tiene lugar en la inscripción de las empresas, sino en el alta de los trabajadores, y no se refiere a la clasificación nacional de actividades económicas, sino a la clasificación nacional de ocupaciones. Se ha de corregir el preámbulo en este punto.
La explicación que da la memoria a los cambios introducidos al alta del trabajador es diferente de la del preámbulo. Se justifican por "el conocimiento por la Tesorería General de la Seguridad Social de las principales tareas y cometidos que caracterizan el puesto de trabajo desempeñado por los trabajadores por cuenta ajena, la formación que acredita para el puesto y el lugar donde desempeña su labor, esto es el centro de trabajo al que está adscrito, sirve para complementar la información que obtiene por la comunicación de la actividad económica, contribuyendo así a mejorar no solo el control del aseguramiento de las contingencias profesionales, sino la información necesaria para la implementación de políticas de riesgos laborales" (punto segundo de antecedentes).
Las políticas de riesgos laborales son algo muy genérico, cuyo principal instrumento normativo es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Pues bien, esta norma dispone en su artículo 7.1:
En cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones públicas competentes en materia laboral desarrollarán funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento por los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, y sancionarán las infracciones a dicha normativa, en los siguientes términos....
Son por tanto las "autoridades competentes en materia laboral", y no la Seguridad Social, las competentes para el cumplimiento, vigilancia y control de las normas en materia de prevención de riesgos laborales.
La Seguridad Social tiene algún papel en materia de riesgos laborales, pero principalmente se ocupa de la cobertura de las contingencias profesionales, una vez que el riesgo laboral ha causado un accidente laboral o enfermedad profesional (artículo 42.1, en relación con los artículos 156 y 157, de la Ley General de la Seguridad Social).
Entiende el Consejo de Estado que si las nuevas exigencias en materia de alta de trabajadores se fundan en la "implementación de políticas de riesgos laborales", la memoria debería haber sido mucho más explícita al describir cómo. Y además se debía haber contado en la tramitación del proyecto con el ministerio principalmente competente por razón de la materia, que es el de Trabajo y Economía Social, el cual no ha sido oído.
En estas condiciones, ante la clara insuficiencia de los motivos de modificación del artículo 30.2 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, tanto en el preámbulo como en la memoria, el Consejo de Estado sugiere que se reconsidere su inclusión en el proyecto consultado.
Algunas razones adicionales fortalecen esta sugerencia.
En primer lugar, el alta de trabajadores en la Seguridad Social ha de facilitarse al máximo. Esto resulta evidente en un país como España, con un desempleo muy elevado. Y además las dificultades para la tramitación administrativa de las altas pueden incrementar los costes, haciendo más atractiva la delictiva economía sumergida. Esto aconseja que los datos para dar de alta a un trabajador sean los imprescindibles.
En segundo lugar, ha de tenerse presente que las pequeñas y medianas empresas constituyen la inmensa mayoría del tejido empresarial español. Gran parte de este tipo de empresas no tienen un departamento de recursos humanos, ni han elaborado una tipificación de los puestos de trabajo con descripciones precisas sobre las tareas asociadas a cada uno de ellos. Sin embargo, el proyecto exige, por vez primera, que se proporcione para cada trabajador "el nivel de formación académica requerido para el puesto y la ocupación laboral, única o principal, del trabajador por cuenta ajena cuya alta se solicita", y en ambos casos "con arreglo, respectivamente, a las clasificaciones nacionales de educación y de ocupaciones vigentes en cada momento".
Esta información presupone que hay un catálogo de puestos de trabajo u otro instrumento semejante, con requerimientos de titulación académica en su caso, y que se coordina con la clasificación nacional de ocupaciones y la académica. Como se ha indicado, la clasificación nacional de ocupaciones, que ha variado con el tiempo (por eso el proyecto exige la vigente), en la actualidad está aprobada por el Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011. Según su artículo 2.1, "la CNO-11 es un sistema de codificación que tiene por objeto el tratamiento de la información sobre ocupaciones de manera uniforme a efectos estadísticos". Se contiene en el anexo del citado real decreto, que ocupó diecinueve páginas del Boletín Oficial del Estado en que se publicó, y que contiene más de 730 ocupaciones distintas.
Sin embargo, la generalidad de las pequeñas y medianas empresas no han elaborado un catálogo de puestos de trabajo con las características indicadas. Simplemente averiguar cuál es la ocupación que cuadra con las tareas que se van a asignar al trabajador que se le da de alta resulta una carga administrativa notable, que además se incrementa cada vez que el trabajador vaya a cambiar de ocupación principal, pues en tal caso hay que comunicar la variación del dato en tres días. Esto es algo totalmente omitido en la memoria, que se limita a sostener que el impacto del proyecto sobre las pequeñas y medianas empresas será positivo, por la mayor certeza sobre los intereses reclamados en ciertos casos (punto segundo de antecedentes). Sin embargo, al lado de este impacto positivo se ha de tener presente el impacto negativo que las nuevas obligaciones al alta de trabajadores suponen para ellas y que a juicio de este Alto Cuerpo Consultivo no es desdeñable.
En tercer lugar, como nueva información a la hora del alta se exige, según el proyecto, proporcionar "el centro de trabajo al que figura adscrito el trabajador".
Sin embargo, las relaciones laborales clásicas, cuyo prototipo podría ser el trabajo manual industrial en grandes factorías, están siendo objeto de una rápida evolución en las últimas décadas como consecuencia de las transformaciones tecnológicas y económicas. La idea de que un trabajador acude diariamente con el mismo horario a un centro de trabajo, lugar exclusivo de su prestación de servicios, está puesta en cuestión con la rápida expansión de los servicios y de la sociedad de la información. Esto se ha revelado con especial claridad en la pandemia del COVID-19 con el desarrollo del teletrabajo.
En consecuencia, exigir la "adscripción" de cada trabajador a que se le da de alta a un centro de trabajo, y comunicar el cambio si pasa a otro, puede dar lugar a "adscripciones" meramente nominales, de poca o ninguna utilidad para la Tesorería General de la Seguridad Social. Y en todo caso resta flexibilidad a las empresas sin que se conozcan los beneficios que reporta para la Seguridad Social en materia de riesgos laborales.
Se ha de tener en cuenta que, como se ha explicado, al hacer la inscripción de la empresa se comunica a la Tesorería General de la Seguridad Social todas y cada una de las actividades económicas en ella desarrolladas, según la clasificación que se estime conveniente. Además, a través de las altas se conoce el número de empleados y sus respectivas bases de cotización, con lo que ya se tiene la información necesaria para cuantificar las cotizaciones por contingencias profesionales, como se viene haciendo en la actualidad.
En conclusión, el Consejo de Estado entiende que no es necesario modificar los artículos 11.1 y 17.1 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, en cuanto a la comunicación de apertura o cierre de centros de trabajo. Considera que esta información ya se declara necesariamente a las autoridades laborales, y que la Seguridad Social ha de establecer el oportuno mecanismo de cooperación con ellas para obtenerla, sin duplicar las obligaciones al respecto. Y, por otra parte, sugiere que se reconsidere la modificación del artículo 30.2 del mismo reglamento, a la vista sobre todo de las insuficiencias explicativas del preámbulo y de la memoria.
Disposición final quinta. Modificación de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 18 de julio de 1997, para el desarrollo del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas.
La Oficina de Coordinación y Calidad Normativa ha puesto de relieve que es más adecuado que la modificación de la Orden sea llevada a cabo por otra orden, conforme con el criterio general que viene sosteniendo el Consejo de Estado.
A juicio de este Alto Cuerpo Consultivo solo excepcionalmente es admisible que un real decreto modifique una orden ministerial, que como es sabido tiene inferior jerarquía (artículo 24.2 de la Ley del Gobierno). Con independencia de las dificultades que este tipo de modificaciones generan, por congelación de rango, la ordenada configuración de los grupos normativos aconseja que cada norma sea modificada por otra de igual rango.
En efecto, resulta muy frecuente que en un determinado ámbito conviva una ley, un real decreto de desarrollo y una o varias órdenes ministeriales. Si se desea una modificación que abarque a los tres niveles normativos, lo adecuado es tramitar tres proyectos distintos, uno de ley, otro de real decreto y otro de orden, cada uno con los cambios que haya que hacer a su nivel. De otro modo las modificaciones de las normas inferiores pueden pasar desapercibidas, al estar incluidas en otras de rango superior y no detallarse en su título, como ocurre en el asunto consultado.
En ejecución del proyecto resulta ineludible, además, alguna modificación de órdenes ministeriales. En efecto, la Intervención General de la Seguridad Social ha señalado que la aprobación del proyecto, en cuanto modifica el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, debe comportar la modificación de la Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, por la que se establecen normas para su aplicación y desarrollo (punto cuarto de antecedentes).
En estas condiciones, considera el Consejo de Estado que la modificación de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 18 de julio de 1997, objeto de la disposición final quinta, debe desgajarse del proyecto y llevarse a una orden modificativa. Esto además aligera el texto, porque deviene innecesaria la actual disposición final séptima, que contiene una cláusula de salvaguardia de rango para esta modificación.
Disposición final sexta. Modificación del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
El Consejo de Estado valora positivamente esta modificación, que se encamina a predeterminar los intereses de capitalización que en la actualidad han de ser liquidados y adicionados por el sujeto responsable. Al liquidarse tales intereses por la Tesorería General de la Seguridad Social se evita la necesidad de una ulterior liquidación por el sujeto responsable, siempre sujeta a posibles errores y dependiente del día en el que realiza el pago, y se le da certeza desde el primer momento de la cantidad adeudada. Aunque esto tiene un pequeño coste para la Seguridad Social, como se detalla en la memoria, porque los intereses se cierran antes de la notificación al sujeto responsable -mientras que antes estaban abiertos y seguían corriendo-, la supresión de las cargas administrativas asociadas a la liquidación por el sujeto responsable compensa con creces tal ligera mengua de ingresos.
Disposición final séptima. Cláusula de salvaguardia de rango.
La modificación de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 18 de julio de 1997, para el desarrollo del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas, regulada en la disposición final quinta, podrá ser modificada a su vez en el futuro por normas con rango de orden ministerial.
Si se acepta la observación hecha a propósito de la disposición final quinta, y se saca del proyecto la modificación de la Orden de 18 de julio de 1997 para llevarla a un proyecto modificativo distinto, de ese rango, es obvio que tiene que desaparecer esta disposición final séptima.
Para el caso de que no se acepte esa observación, el Consejo de Estado quiere llamar la atención de que la cláusula de salvaguardia de rango, tal y como está redactada, permite la futura modificación de los preceptos de la orden citada por otra orden ministerial, pero no su derogación. Habría que añadirlo.
Disposición final décima. Entrada en vigor.
"1.- El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado" y será de aplicación a las pensiones de jubilación en su modalidad contributiva que se soliciten a partir de esa fecha.
2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la modificación del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, efectuada por la disposición final tercera, entrará en vigor el primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
Este Alto Cuerpo Consultivo coincide con la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Función Pública (punto noveno de antecedentes) y con la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, y discrepa por tanto de la memoria del análisis de impacto normativo, al entender que el proyecto está comprendido en el supuesto de hecho del artículo 23 de la Ley del Gobierno. En efecto, parece indudable que el proyecto impone "nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta". Esto es muy claro en relación con los empresarios, a la hora de su inscripción y al solicitar el alta de trabajadores, o a la variación de alguno de los nuevos datos, como ya se ha explicado. Pero también se imponen nuevas obligaciones a quienes prestan servicio en distintos órganos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, los cuales sin duda desarrollan una actividad profesional.
En aplicación del citado artículo 23 de la Ley del Gobierno, si no se desea la entrada en vigor los días 2 de enero o 1 de julio, deberían quedar acreditadas en la memoria las razones justificadas que aconsejen apartarse de estas fechas.
En relación con el apartado 2 de esta disposición final, se aprecia una confusión entre la eficacia temporal de las normas jurídicas y su entrada en vigor. Se desea que no sea de aplicación inmediata la modificación del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, algo que resulta fácilmente comprensible, porque hay que hacer adaptaciones en los sistemas informáticos de inscripción y alta. Así lo ha informado la Tesorería General de la Seguridad Social (punto cuarto de antecedentes) y nada tiene que objetar este Alto Cuerpo Consultivo. Sin embargo, este efecto no tiene por qué producirse con una entrada en vigor escalonada y parcial del proyecto. Sería más correcto técnicamente que entrase en vigor el mismo día, y en cambio se añadiera una disposición transitoria para establecer a partir de qué momento temporal resultaría de aplicación la citada modificación del Reglamento. En este sentido, la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa ha sugerido que se emplee la fórmula de un día, mes y año, y no la simple expresión de los siete meses desde la publicación oficial.
Una forma de acoger esta observación sería crear una disposición transitoria segunda (la única pasaría a ser primera), en la que se dijese que la modificación del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, realizado por la disposición final tercera, resultará aplicable a partir del 1 de diciembre de 2022 (o de la fecha que se estime más conveniente).
Por lo demás, si se acepta la observación y la sugerencia expresadas a propósito de la disposición final tercera, finalmente no sería necesario modificar el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, con lo que podría omitirse todo el apartado 2.
Preámbulo
Como se ha razonado a propósito de la disposición final tercera, el párrafo noveno del preámbulo, relativo a la modificación del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, es inexacto y debe ser corregido.
El párrafo duodécimo del preámbulo menciona la modificación de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 18 de julio de 1997. Si se acepta la observación formulada a propósito de la disposición final quinta y se lleva a otro proyecto normativo, con rango de orden ministerial, debería eliminarse esta referencia del preámbulo.
En el párrafo vigésimo, el preámbulo afirma que "los cambios que contiene no suponen la imposición de ningún tipo de obligaciones o cargas administrativas para los ciudadanos", algo que no responde a la realidad, como se ha explicado, y que, por tanto, se debe suprimir.
III.- Observaciones de redacción
El preámbulo empieza con una frase tal vez demasiado larga, formada por treinta y cinco palabras sin ninguna coma. Quizás conviene añadir algún signo de puntuación, modificando si fuera necesario la redacción.
En el preámbulo, línea segunda, donde dice "se ha hecho necesario" se podría decir "se hace necesario".
En el artículo 3.1 se repite la palabra "se presente" sin necesidad. Tal vez se puede sustituir al final la frase "del país en el que se presente" por "del país respectivo".
En la disposición final primera, al dar nueva redacción al primer párrafo del artículo 67.1 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, se repite el verbo "deber". Tal vez puede introducirse un punto y seguido en vez de la coma tras "ejercicio", y luego iniciarse con "Ha de tramitar...".
En la disposición final primera, al introducir el nuevo artículo 67 bis del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, al final del apartado 2, cuando dice "que hayan asumido los gastos del deceso" podría venir precedido por la conjunción "y".
En la disposición final sexta, al dar nueva redacción al artículo 80.3 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en el primer párrafo, último inciso, dice: "Dicha comunicación de datos, que se considerarán ciertos para el inicio del correspondiente procedimiento recaudatorio, habilitará a la Seguridad Social para el inicio del mismo". Podría mejorarse la redacción con un texto próximo al siguiente: "Dicha comunicación de datos, que se considerarán ciertos, habilitará a la Seguridad Social para el inicio del procedimiento recaudatorio".
IV.- Recapitulación
Este Alto Cuerpo Consultivo formula diversas observaciones, en primer lugar, sobre el grupo normativo en el que se inserta el proyecto: se pide una consolidación en una futura norma reglamentaria amplia, que incluya y derogue el proyecto. También se hacen observaciones sobre su contenido, con la finalidad de mejorar el desarrollo reglamentario consultado, a lo que se añaden algunas sugerencias. Por su particular relevancia, considera oportuno mencionar aquí las siguientes observaciones y sugerencias:
- La sugerencia relativa a la modificación del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en la que se propone que se dé carácter orientativo, no imperativo, al listado de ayudas de asistencia social, y que no se limite a una única por accidente de trabajo o enfermedad profesional para cada trabajador. En todo caso, se observa que ha de haber un listado único de ayudas, tal vez por orden ministerial.
- La sugerencia relativa a la modificación del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social. Se pide que se reconsidere toda la modificación, por las razones que se explican en su lugar.
- La observación relativa a la modificación de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 18 de julio de 1997, para el desarrollo del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, que se entiende que se ha de llevar a una orden ministerial modificativa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo de este dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto por el que se regula la determinación del hecho causante y los efectos económicos de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva y de la prestación económica del ingreso mínimo vital, y se modifican diversos reglamentos del sistema de la Seguridad Social que regulan distintos ámbitos de la gestión".
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 7 de abril de 2022
LA SECRETARIA GENERAL,
LA PRESIDENTA,
EXCMO. SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES.
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