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Consejo de Estado: Dictámenes

Número de expediente: 249/2022 (EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL)

Referencia:
249/2022
Procedencia:
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Asunto:
Proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.
Fecha de aprobación:
31/03/2022

TEXTO DEL DICTAMEN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2022, con asistencia de los señores que al margen se expresan, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"El Consejo de Estado, en cumplimiento de una Orden de V. E. de 2 de marzo de 2022, con registro de entrada el día 3 siguiente, ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

De antecedentes resulta:

PRIMERO. - Contenido del proyecto de Real Decreto y de su memoria

A.- El proyecto de Real Decreto

El proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, que constituye el objeto del expediente, remitido a este Consejo (citado también, abreviadamente en lo sucesivo, como el "Proyecto"), fechado el 2 de marzo de 2022, viene precedido de tres borradores de 3 de diciembre de 2021, 17 de enero y 9 de febrero de 2022.

El Proyecto consta de un preámbulo, treinta y cuatro artículos, cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, cinco disposiciones finales y cinco anexos.

El preámbulo comienza recordando algunas de las principales novedades que, con carácter general, ha introducido la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), muchas de ellas derivadas, tal y como indica la propia ley orgánica en su exposición de motivos, de la conveniencia de revisar las medidas previstas en el texto original con objeto de adaptar el sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020-2030. De acuerdo con este enfoque, el título preliminar del texto modificado de la Ley Orgánica de Educación incorpora entre los principios y fines de la educación el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la inclusión educativa y la aplicación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.

Prosigue el preámbulo señalando también que la Ley Orgánica 3/2020 ha reformulado la definición de currículo y ha precisado que su configuración deberá estar orientada a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y las alumnas, garantizando su formación integral, contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándolos para el ejercicio pleno de los derechos humanos, de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual, sin que en ningún caso pueda suponer una barrera que genere abandono escolar o impida el acceso y disfrute del derecho a la educación. En consonancia con esta visión, la reforma abordada por la Ley Orgánica 3/2020 mantiene el enfoque competencial que aparecía ya en el texto original de 2006, pero hace hincapié en el hecho de que esta formación integral necesariamente debe centrarse en el desarrollo de las competencias.

Junto a ello, la Ley Orgánica 3/2020 ha modificado la anterior distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en lo relativo a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, estableciendo que corresponderá al Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, fijar, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas. Por su parte, las Administraciones educativas serán las responsables de establecer el currículo correspondiente para su ámbito territorial, del que formarán parte los aspectos básicos antes mencionados. Finalmente, corresponderá a los centros educativos desarrollar y completar, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en el uso de su autonomía, tal y como se recoge en la propia ley.

Con relación al Bachillerato, indica la parte expositiva del Proyecto que la nueva redacción de la Ley Orgánica 3/2020 establece cuatro modalidades: Artes, Ciencias y Tecnología, General, y Humanidades y Ciencias Sociales, y define asimismo las materias comunes para todas ellas. El preámbulo recuerda en este punto que la ley orgánica indica que la evaluación en esta etapa será continua y diferenciada según las distintas materias, por lo que se encomienda al profesorado de cada una de ellas decidir, al término del curso, si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. Para promocionar de primero a segundo curso se precisará haber superado todas las materias del curso o tener evaluación negativa en dos materias, como máximo. Para obtener el título será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. No obstante, en el nuevo texto se contempla la posibilidad de que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la titulación de un alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se den las condiciones descritas en este real decreto.

El preámbulo también se refiere al acceso a los estudios universitarios: los alumnos y alumnas deberán superar una prueba cuyas características básicas serán establecidas por el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación y a la Conferencia General de Política Universitaria, y con informe previo del Consejo de Universidades y del Consejo Escolar del Estado.

En desarrollo de todo lo anterior, dice el preámbulo que este Real Decreto que ahora se proyecta viene a derogar lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y establece los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa de acuerdo con la nueva ordenación. En esta norma se recogen, además, otras disposiciones referidas a aspectos esenciales de la ordenación de la etapa, como la tutoría, o la orientación, así como lo concerniente a la evaluación y los criterios para la promoción y la titulación, que, de acuerdo con la disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, resultan ya de aplicación para el curso 2021-2022 y han sido recogidos en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. Se determinan también las condiciones en las que se puede realizar una modificación y adaptación del currículo para las personas adultas, así como para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Añade el preámbulo que el Proyecto se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y que tiene carácter básico, dictándose al amparo de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. Indica, finalmente, que en la elaboración de la norma proyectada han sido consultadas las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación y han emitido informes el Consejo Escolar del Estado y el Ministerio de Política Territorial.

El artículo 1 del Proyecto ("Objeto") establece que tiene por objeto establecer la ordenación y las enseñanzas mínimas de la etapa de Bachillerato.

A continuación, el artículo 2 contiene una serie de definiciones: objetivos, competencia clave, competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos y situaciones de aprendizaje.

El artículo 3 recuerda que el Bachillerato es una de las enseñanzas que conforman la educación secundaria postobligatoria; comprende dos cursos y se organiza de modo flexible en materias comunes, materias de modalidad y materias optativas, a fin de ofrecer una preparación especializada.

El artículo 4 regula los fines de la etapa de Bachillerato y el artículo 5 los principios generales que la rigen, en tanto que el artículo 6 trata de los principios pedagógicos y el artículo 7 de sus objetivos.

El artículo 8 regula la organización general en sus distintas modalidades.

Y los artículos 9 a 14 aborda los diversos tipos de materias: comunes (artículo 9), específicas de la modalidad de Artes (artículo 10), específicas de la modalidad de Ciencias y Tecnología (artículo 11), específicas de la modalidad General (artículo 12), específicas de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (artículo 13) y optativas (artículo 14).

El artículo 15 trata de la organización del Bachillerato en tres años académicos "de manera excepcional" para quien se encuentre en algunas de las circunstancias que se enumeran en el citado precepto.

El artículo 16 regula las competencias clave y el artículo 17 trata de las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos.

El artículo 18 se refiere al currículo, el artículo 19 al horario, el artículo 20 a la evaluación y el artículo 21 a la promoción en la etapa.

El artículo 22 contiene el régimen del título de Bachiller y el artículo 23 alude a la obtención del título de Bachiller desde otras enseñanzas.

El artículo 24 regula la tutoría y la orientación.

El artículo 25 trata de la atención a las diferencias individuales.

El artículo 26 aborda el régimen de la autonomía de los centros.

El artículo 27 contempla el derecho del alumnado a una evaluación objetiva y el artículo 28 regula la participación y el derecho a la información de padres, madres, tutores o tutoras legales y alumnado mayor de edad.

En los artículos 29 a 34 se contienen las reglas relativas a los documentos e informes de evaluación, las actas de evaluación, el expediente académico, el historial académico, el informe personal por traslado y la autenticidad, seguridad y confidencialidad de los documentos oficiales de evaluación.

La disposición adicional primera dispone el régimen de las enseñanzas de religión y la adicional segunda el de las enseñanzas del sistema educativo español impartidas en lenguas extranjeras.

La regulación de la educación de personas adultas se contiene en la disposición adicional tercera.

Las disposiciones adicionales cuarta y quinta abordan, respectivamente, las cuestiones de la obtención de nuevas modalidades de Bachillerato y de la simultaneidad de estudios.

Las disposiciones transitorias primera y segunda tratan, respectivamente, de la aplicabilidad del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y de la aplicabilidad del Real Decreto 984/2021, de 6 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

La disposición derogatoria única establece, en su primer apartado, que queda derogado el mencionado Real Decreto 1105/2014. El apartado segundo deroga el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Conforme a su tercer apartado, asimismo queda derogado el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. Finalmente prevé que quedarán derogadas las demás normas de igual o inferior rango en cuanto se opongan a lo establecido en el Proyecto.

La disposición final primera trata de la prueba de acceso a la universidad.

La disposición final segunda establece que el Proyecto, salvo su anexo III, tiene carácter básico y se dicta al amparo de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española.

La disposición final tercera, bajo la rúbrica "Aplicación", establece que "corresponde a la persona titular del Ministerio de Educación y Formación Profesional dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución y aplicación de lo establecido en este real decreto, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas".

La disposición final cuarta ("Calendario de implantación") prevé que "lo dispuesto en este real decreto se implantará para primer curso de Bachillerato en el año académico 2022-2023 y para segundo de Bachillerato, en el curso 2023-2024".

La disposición final quinta establece que el Proyecto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El anexo I del Proyecto se dedica a las competencias clave que debe adquirir el alumnado en la etapa de Bachillerato; en concreto se dice que el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior. Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Las ocho competencias clave de la ESO (ahora aplicables al Bachillerato) son: competencia en comunicación lingüística, competencia plurilingüe, competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, competencia digital, competencia personal, social y de aprender a aprender, competencia ciudadana, competencia emprendedora y competencia en conciencia y expresión culturales.

Cada una de estas competencias clave se completa, para su dimensión aplicada, de una serie de descriptores operativos que constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas en cada área, ámbito o materia. La vinculación de los descriptores operativos con las competencias específicas permite que de la evaluación de estas se derive el grado de adquisición y consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa de Bachillerato.

El anexo II trata de las materias de Bachillerato (artículos 9 a 14 del Proyecto).

Dentro de cada una de ellas se precisan las respectivas competencias específicas que comprenden y la conexión de tales competencias específicas con los descriptores operativos. Además, se establecen los criterios de evaluación y se detallan los saberes básicos cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas.

El anexo III se dedica a las situaciones de aprendizaje.

El anexo IV contiene la distribución del horario escolar, expresado en horas, correspondientes a las enseñanzas mínimas para el Bachillerato.

El anexo V, finalmente, refleja la tabla de "continuidad entre materias de Bachillerato".

B. La memoria del análisis de impacto normativo

La memoria, fechada el 2 de marzo de 2022, comienza exponiendo la motivación a la que responde el Proyecto, así como los objetivos que persigue, consistentes, como su título indica, en el establecimiento de la ordenación y las enseñanzas mínimas de la etapa de Bachillerato, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Se estima que no hay alternativa posible a la aprobación del real decreto proyectado, ya que, al Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, le corresponde fijar, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas.

Desde el punto de vista material, indica la memoria, se han considerado principalmente las siguientes alternativas:

- Orientación de la modalidad "General" de Bachillerato: la introducción de esta modalidad en el texto legal se produjo durante la tramitación del mismo ante el Congreso de los Diputados como resultado de una enmienda que obtuvo la aprobación. La propuesta de enmienda justificó la oportunidad de la creación de esta nueva modalidad indicando que podría tener como finalidad el acceso a la Formación Profesional; el Proyecto de norma que desarrolla la ordenación de la etapa adopta un enfoque más amplio, permitiendo que se oriente a dar respuesta a alumnado que quiera incorporarse a cualquier tipo de estudios superiores que no esté claramente vinculado a ninguno de los campos de conocimiento asociados a las otras tres modalidades.

- Definición de vías dentro de las modalidades: tras someterlo a consulta a las comunidades autónomas, en el proyecto de Real Decreto de ordenación de la etapa se ha considerado conveniente mantener una estructura única en las modalidades de Ciencias y Tecnología, General y Humanidades y Ciencias Sociales para dotar de mayor flexibilidad al sistema, ya que se permite al alumnado la creación de su propio itinerario eligiendo las materias que más se ajusten a sus intereses dentro de un ámbito amplio de conocimiento definido por la modalidad. Únicamente, debido a la clara separación existente entre sus respectivos campos dentro del ámbito artístico, se ha previsto la existencia de dos vías diferenciadas dentro de la modalidad de Artes: una de ellas referida a Artes Plásticas, Imagen y Diseño, y la otra referida a Música y Artes Escénicas.

- Organización del Bachillerato en tres años: en cumplimiento de lo previsto en el artículo 32.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se han valorado las condiciones en las que el alumnado podrá cursar Bachillerato en régimen ordinario en tres cursos académicos. Las principales alternativas consideradas han sido, por una parte, la de dejar esta posibilidad sujeta a valoración individual por parte de las Administraciones, y, por otra, la de permitir optar por esta vía al alumnado procedente de otras enseñanzas. Concluye que se ha descartado la posibilidad de fijar en normativa básica la planificación de las materias de la etapa a lo largo de esos tres años, con objeto de permitir a las Administraciones adoptar las decisiones que más se adecuen a su contexto educativo y a las necesidades concretas detectadas.

El apartado 4 de la memoria se refiere a la adecuación del proyecto de Real Decreto a los principios generales de buena regulación. Y, tras recordar en su apartado 5 que el Proyecto está incluido en el Plan anual Normativo de la Administración General del Estado para 2022, se analiza por la memoria su contenido.

A continuación, se expone el fundamento jurídico y el rango normativo elegido, así como su coherencia con el resto del ordenamiento, señalando que el Proyecto constituye el desarrollo de los artículos 32 a 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, estableciendo la normativa básica necesaria para que las Administraciones educativas puedan, a su vez, establecer el currículo de la etapa que será de aplicación en sus respectivos territorios el próximo curso 2022-2023.

En relación con ello, la memoria pone de manifiesto que el calendario de implantación recogido en la disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, establece que las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de Bachillerato se implantarán para el primer curso en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor de esta ley (curso 2022-2023), y para segundo curso en el curso que se inicie dos años después de dicha entrada en vigor (curso 2023-2024).

Prosigue la memoria indicando que el Proyecto se dicta al amparo de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, habiendo participado las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Educación y de sus comisiones.

Seguidamente se describe la tramitación del Proyecto, indicando que las diferentes aportaciones recibidas durante los trámites de participación ciudadana que hacen mención a algún aspecto objeto del Proyecto de norma, y las realizadas por las comunidades autónomas, así como las provenientes de los distintos informes y dictámenes recibidos, aparecen recogidas junto con su valoración en los anexos I y II de la propia memoria.

A continuación, la memoria analiza los impactos del Proyecto.

a) Por lo que se refiere al impacto económico general, se indica que es nulo en los precios, la productividad, el empleo, las pymes, la innovación, los consumidores y la economía europea. A lo que se añade que, dado que el Proyecto es un desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, se presupone que los efectos sobre la economía ya fueron detallados en la memoria del análisis de impacto normativo de la ley, por lo que no se considera necesario un análisis exhaustivo posterior.

b) A ello se añade que no se prevé que el Proyecto tenga efectos que distorsionen la competencia del mercado.

c) Por lo que hace a las cargas administrativas, se entiende que el Proyecto no supone, a priori, un aumento o disminución de aquellas, dado que no regula los procedimientos administrativos mediante los cuales se relaciona la Administración pública con el ciudadano.

d) A continuación, se trata la vinculación del Proyecto con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) ya que, conforme al artículo 47.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es preciso dedicar un apartado específico de esta memoria a la justificación de la vinculación de la norma que se pretende publicar con la aplicación del Fondo de Recuperación.

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RMRR) ha sido concretado para España en la Decisión de Ejecución del Consejo (en adelante, CID, por sus siglas en inglés Council Implementing Decision) de 13 de junio, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, y en su correspondiente anexo. En el anexo a la CID se establece como componente 21, el denominado "Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años", cuyo objetivo es lograr un sistema más flexible e inclusivo que se adapte mejor a las necesidades de cada alumno e introduzca nuevas técnicas de enseñanza y aprendizaje, incluidas las digitales. Dentro del citado componente 21 la primera reforma que figura (C21 R1) es la "Aprobación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación", siendo precisa la aprobación ulterior de los desarrollos reglamentarios que establezcan la ordenación de las distintas enseñanzas. Por ello, dentro del componente 21, la reforma segunda (C21 R2) consiste en el "Diseño y aplicación de nuevo modelo curricular por competencias clave, priorizando aprendizajes fundamentales, y regulación de una ordenación académica inclusiva". Dentro de la hoja de ruta prevista para la aplicación de esta reforma se encuentra recogido el hito 304 referido a la "entrada en vigor del Real Decreto sobre los requisitos mínimos de enseñanza en el sistema educativo", conforme al cual, los reales decretos sobre los requisitos mínimos de enseñanza para la enseñanza infantil, la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria obligatoria y el bachillerato, respectivamente, incluirán "la introducción de directrices metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje con arreglo a un currículo basado en las competencias, que incorpore las "aptitudes interpersonales", un marco de evaluación para la adquisición de competencias; el diseño de un modelo curricular más flexible y abierto que promueva un aprendizaje profundo; y la preparación del material didáctico, el apoyo, la orientación y la formación de los profesores para garantizar que puedan aplicar eficazmente el nuevo currículo".

En consecuencia, el Proyecto se encuentra enmarcado en el hito 304, componente 21, reforma 2, del anexo CID, incluida la descripción del hito, y está vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A ello añade la memoria que el cumplimiento del hito 304 se producirá con la publicación y entrada en vigor de los reales decretos de ordenación y enseñanzas mínimas de las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato antes del 31 de marzo de 2022. El indicador cualitativo para el cumplimiento del hito es la disposición del real decreto por la que se establece la entrada en vigor. Por ello, en este proyecto de Real Decreto y en los mencionados para Educación Primaria y Bachillerato, figura una disposición final que dispone que "entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado". En la planificación normativa se ha previsto el cumplimento del hito en el plazo previsto.

e) Prosigue el análisis de los impactos con el presupuestario, indicando que el PRTR ha establecido para el mencionado componente 21, una inversión total estimada de 1.648 millones de euros, cantidad de la que se destinarán 2,4 millones de euros a la reforma 2 ("Diseño y aplicación de nuevo modelo curricular por competencias clave, priorizando aprendizajes fundamentales, y regulación de una ordenación académica inclusiva"), que se distribuirán en la siguiente forma: (i) 600.000 euros para el ejercicio 2021 (y así se incluyó en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021, en su sección 18, correspondiente al Ministerio de Educación y Formación Profesional, programa 320L); (ii) 1.400.000 euros para el ejercicio 2022 (Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, en su anexo I, programa 32US); y (iii) 400.000 euros para el ejercicio 2023.

Añade que, del crédito total de 600.000 euros para 2021, 408.000 euros se han destinado a la financiación del pago de las nóminas de dieciséis asesores técnicos docentes que han trabajado en el diseño, en las distintas etapas educativas, del nuevo currículo en el Ministerio de Educación y Formación Profesional y 192.000 euros se han destinado a financiar el coste de sesenta y cuatro colaboradores externos. No siendo posible diferenciar la cuantía exacta destinada a la elaboración del Proyecto, podría estimarse en un tercio de la cantidad total teniendo en consideración que son tres las etapas reguladas. Estas cuestiones también son tratadas por la memoria en su apartado sobre el impacto laboral. Al coste anterior se añadirá al cumplimiento del hito 305, referido a la elaboración de materiales para la orientación y apoyo del profesorado en la aplicación del nuevo currículo y formación de profesionales. Las partidas presupuestarias asociadas al cumplimiento de este hito para los ejercicios presupuestarios 2022 y 2023 ascienden a 1,8 millones de euros.

f) En cuanto al impacto por razón de género, se procede, en primer término, a identificar los objetivos del Proyecto en materia de igualdad de género y de prevención de la violencia de género, que son los siguientes: (i) la educación para la igualdad de mujeres y hombres; (ii) la integración del principio de igualdad en la política de educación; y (iii) la inclusión como principio de calidad del sistema educativo la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos.

Tales principios y objetivos forman parte del Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, de las Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011 sobre Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), de la Constitución Española, de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y del II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad 2017-2023.

Atendiendo a los datos obrantes en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se exponen los indicadores cuantitativos que permiten identificar las posibles desigualdades de género existentes.

En primer término, las estadísticas de las enseñanzas no universitarias ponen de manifiesto que en la ESO no existe diferencias significativas en ninguno de los cursos en cuanto a la distribución por sexos del alumnado (página 31 de la memoria): así, de los datos del curso 2019-2020 resulta una población escolar en la ESO de 2.039.599 alumnos, de los que el 51,4 % eran hombres y el 48,6 % eran mujeres, porcentajes muy similares a los existentes en Educación Infantil y Educación Primaria. En todo caso, a medida que progresa la etapa la presencia de ambos sexos tiende a igualarse aún más (página 32 de la memoria). El equilibrio se rompe en Bachillerato, con una distribución característica por sexos en las modalidades de Humanidades, Ciencias y Artes, existiendo mayor presencia de mujeres en las modalidades de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes y una mayor presencia de hombres en la modalidad de Ciencias (en el entorno del 55 %).

La situación de desequilibrio es aún más acusada en las enseñanzas de Formación Profesional, resultando muy evidente ya en la distribución del alumnado en FP Básica, particularmente, en determinadas familias profesionales, evidenciando los datos que esta brecha de género se manifiesta aún de forma más clara en los ciclos formativos de FP de Grado medio (páginas 33 y 34 de la memoria).

A lo anterior añade la memoria datos del Informe PISA 2018 sobre las diferencias de rendimiento por género en Matemáticas y sobre los estudiantes de alto rendimiento en Matemáticas o Ciencias.

El análisis de estos datos anteriores evidencia, según la memoria, que sigue habiendo elementos de mejora en la ordenación del sistema educativo español desde una perspectiva de eliminación de desigualdades y contribución al desarrollo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se entiende que las modificaciones que introducen los desarrollos reglamentarios de la nueva redacción de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en la ordenación de las diferentes etapas esperan en su conjunto tener una repercusión directa en los siguientes extremos: (i) una profundización en la prevención de la violencia de género y la convivencia en el centro escolar, junto con el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres; (ii) el avance en la consolidación del principio de coeducación como instrumento para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; (iii) un mayor equilibrio en el porcentaje de alumnos y alumnas en estudios del ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, así como en las enseñanzas de Formación Profesional tradicionalmente consideradas como "masculinas" en las que existe menor demanda femenina, fruto de la especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado desde la perspectiva de género y de las actuaciones de las Administraciones educativas orientadas al aumento de la presencia de alumnas en los ámbitos citados.

Por todo ello, concluye la memoria este análisis considerando que el Proyecto tendrá un impacto positivo, porque de su aplicación se espera una disminución o eliminación de las desigualdades detectadas y una contribución a la promoción de la igualdad de género y la superación de estereotipos sexistas.

g) Prosigue la memoria con el análisis del impacto del Proyecto en la infancia y la adolescencia. Para ello, parte de nuevo de la información estadística del Ministerio de Educación y Formación Profesional, a fin de identificar la situación de partida con respecto al ejercicio efectivo de derechos a la educación en el actual contexto español; y a tal fin, parte del concepto de la tasa de idoneidad de la edad del alumnado, como medida de los resultados del sistema educativo, ya que muestra el alumnado que realiza el curso que corresponde a su edad.

En España, las tasas de idoneidad del alumnado descienden a medida que se incrementa la edad. Los últimos datos publicados, correspondientes al curso 2018-2019, muestran que, en ese año, el 26,9 % de la población de dieciséis años continuaba escolarizada en educación obligatoria y el 68,5 % en Educación Secundaria postobligatoria, dentro de la que se encuentra el Bachillerato. En la franja correspondiente a los dieciocho años un 34,1 % de la población escolarizada ese año se encontraba en Educación Secundaria postobligatoria y ya habían accedido a Educación Superior un 40,6 %, mientras que a Educación Secundaria Obligatoria y Educación de Adultos correspondían un 1,2 % y un 3,4 %, respectivamente. Finalmente, en la franja de los diecinueve años aumentaban los porcentajes de escolarización en Educación Superior, con 35,8 % en Educación Universitaria y 13,9 % en Educación Superior no universitaria, y disminuían los porcentajes correspondientes a Educación Secundaria postobligatoria, 19,0 %, a Educación Secundaria Obligatoria, 0,5 %, y a Educación de Adultos, 2,4 %.

Junto a ello, se exponen los datos sobre la repetición de curso: "en Bachillerato, aunque se observa también una evolución favorable, los índices de repetidores son también muy altos. En el curso 2019-2020 la tasa de alumnado repetidor para el total de los cursos es del 7,84 %, siendo en el primer curso del 5,61 %, y aumentando significativamente en el segundo curso hasta alcanzar un 10,3 %".

Tras la exposición de estas cuestiones, la memoria se refiere al número de titulaciones: en el curso 2019-2020 se matricularon en segundo curso de Bachillerato un total de 295.645 alumnos de los cuales el 92,4 % tituló; "el análisis de los datos de partida evidencia que hay elementos de mejora en el sistema educativo". En este sentido, los resultados previstos que tienen mayor impacto en la infancia y la adolescencia, con las modificaciones introducidas en la ordenación de las enseñanzas, son los siguientes:

a) Una educación más inclusiva y acorde con las competencias clave, mediante un renovado ordenamiento legal de las enseñanzas que aumente las oportunidades educativas y formativas de los niños y adolescentes.

b) La reducción de las tasas de repetición, a través de la adopción de medidas educativas ordinarias previas a la repetición. Se posibilita que los centros educativos puedan organizar, de acuerdo con lo que regulen las Administraciones educativas, medidas o programas de refuerzo para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. El equipo docente revisará periódicamente la aplicación personalizada de los mismos en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo.

En función de lo anterior, la memoria concluye este apartado señalando que el Proyecto tendrá un impacto positivo, ya que de su aplicación se espera la mejora de los resultados educativos en términos de equidad y calidad y, en consecuencia, permitirá avanzar de manera significativa en el logro del derecho efectivo a la educación de todo el alumnado.

h) Por lo que hace al impacto en la familia, se considera que la aplicación, mediante las previsiones contenidas en el Proyecto, de las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, tendrá un impacto positivo en la familia, al promover su participación de forma cooperativa en aquellos proyectos y tareas relacionados con el centro educativo, así como al fomentar el respeto a todos los componentes de la comunidad educativa.

i) En materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la cifra total de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE) que recibió una atención educativa diferente a la ordinaria en el curso 2019-20 representa el 9 % del total del alumnado matriculado en las enseñanzas de régimen general, de los cuales el 2,7 % corresponde a alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, en tanto que un 6,3 % presenta otras necesidades específicas. A fin de mejorar la situación global de estos alumnos en el sistema educativo, las medidas que incorpora el Proyecto son la propuesta de un currículo al servicio de una educación inclusiva que, acorde con las competencias clave, valore la diversidad; la promoción de la sensibilidad hacia la diversidad en la comunidad educativa a través de la incorporación de un área de Educación en Valores Cívicos y Éticos; y el impulso a la acción tutorial como instrumento que facilita el proceso educativo del alumnado, así como la incorporación desde edades tempranas de elementos de orientación educativa, académica y profesional; el aumento de la flexibilización en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales; y la personalización de la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Por todo ello se estima que el Proyecto tendrá un impacto positivo en este ámbito.

j) La memoria añade que el impacto en el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración digital y por razón del cambio climático es nulo.

Concluye la memoria señalando, en el apartado dedicado a la "Evaluación ex post", que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dedica su título VI a la evaluación del sistema educativo.

La memoria, como ya se ha indicado, se completa con dos extensos anexos.

El anexo I se dedica a la valoración de las aportaciones recibidas durante el trámite de consulta previa (apartado 1), las efectuadas por las comunidades autónomas en el seno de la Comisión General de Educación (apartado 2), las realizadas durante el trámite de audiencia e información pública (apartado 3), las efectuadas por el Consejo Escolar del Estado (apartado 4), las realizadas por los diferentes departamentos ministeriales (apartado 5) y por la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa (apartado 6).

El anexo II se dedica a la valoración de las observaciones efectuadas a la memoria a lo largo de la tramitación del expediente por los ministerios y la referida oficina.

SEGUNDO.- Contenido del expediente

Además de las versiones anteriores del Proyecto y de la memoria, de la orden de remisión y de un índice numerado de los que lo integran, obran en el expediente los siguientes documentos:

- Certificado de la subdirectora general de la Oficina de Atención al Ciudadano, de fecha 29 de abril de 2021, acreditativo de la celebración de la consulta pública previa del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

- Certificado de la subdirectora general de la Oficina de Atención al Ciudadano, de fecha 4 de enero de 2022, que acredita la realización del trámite de información pública previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, entre los días 9 y 29 de diciembre de 2021.

- Certificado de la secretaria de la Conferencia de Educación, de 10 de enero de 2022, en el que se indica que el Proyecto fue sometido a consulta de las comunidades autónomas en la sesión de la Conferencia de Educación celebrada el día 22 de diciembre de 2021. Ese mismo Proyecto fue presentado en la Comisión de Ordenación Académica y analizado por la Comisión General de Educación el día 13 de diciembre de 2021. En ambas reuniones estuvieron representadas todas las comunidades autónomas.

En el acta de la reunión de 13 de diciembre de 2021 formulan observaciones las Comunidades Autónomas de Madrid, Extremadura, País Vasco, Galicia y Castilla y León referidas, entre otras cuestiones, a la intromisión en las competencias de las comunidades autónomas a través de un Perfil de salida encubierto determinado por medio de nuevos elementos que, apareciendo ya en los otros proyectos, son definidos por primera vez en el cuerpo del Real Decreto como son los descriptores operativos de las competencias clave que establecen los mínimos para la promoción/titulación, volviendo a quedar el 40 % autonómico del desarrollo curricular en un plano meramente "decorativo"; de las cuatro modalidades de Bachillerato que se establecen, la del Bachillerato General no tiene un referente claro de salida; muestran su desacuerdo ante la posibilidad de poder titular con una materia suspensa; en relación con la atención a las diferencias individuales, aunque se da una nueva redacción, se sigue sin aclarar si será posible titular o no con adaptaciones curriculares significativas; resulta necesario homogeneizar por parte del ministerio los criterios de tratamiento de las materias para garantizar una verdadera libre elección de la Religión, ya que la orientación dada perjudica claramente a quien la elija, vulnerando de esta forma su derecho constitucional a cursarla, al sumar para lo negativo (no promoción y no titulación), pero no para lo positivo (nota media, becas o cualquier otro procedimiento en concurrencia competitiva); el ministerio debe definir en todos los currículos los contenidos, según establece el artículo 6.1 de la LOMLOE; en cuanto a la enseñanza de la Religión recogida en la DA 1.ª debería incluirse en los horarios mínimos, ya que de lo contrario se resta horario al de las comunidades autónomas; por último, deja constancia de su desacuerdo con la rebaja de contenidos que han sufrido algunas materias como, por ejemplo, Historia.

- Dictamen 35/2021, de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2021, que se acompaña de un anexo con correcciones formales. En dicho dictamen, tras hacer referencia a los antecedentes normativos y al contenido del Proyecto, efectúa observaciones al articulado y, sobre todo, a los anexos del Proyecto: entre las primeras se encuentran las referidas al artículo 2 (se recomienda la inclusión de la definición de "descriptores operativos"), al 23.1 (se sugiere estudiar la posibilidad de completar el artículo 23 del Proyecto, incluyendo los preceptos que sean necesarios en la línea con las previsiones del artículo 22 del Real Decreto 984/2021, ya que de lo contrario dicha normativa dejará de tener aplicación cuando el contenido de la nueva regulación curricular del Proyecto sea implantada en su momento (cursos 2022/23 y 2023/24), o mejoras de redacción en la disposición derogatoria, apartado primero; también se formulan una serie de apreciaciones sobre posibles mejoras expresivas, omisiones y errores.

A continuación, se efectúan una serie de observaciones generales a los aspectos educativos de la norma proyectada: se valora de manera favorable la potenciación de las competencias clave y específicas y la inclusión en el anexo III de las situaciones de aprendizaje; se sugiere revisar algunos preceptos y los anexos, por su gran extensión; se sugiere dar mayor concreción en el Proyecto para evitar generalidades.

Prosigue el informe con un apartado dedicado a las consideraciones presentadas por los integrantes del Consejo que han sido aprobadas por su Comisión Permanente, referidas a la revisión del texto proyectado, en las que se sugiere bien la adición, bien la supresión de contenidos en su parte dispositiva y en sus anexos.

- Informe de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial, de 14 de enero de 2022 en virtud de lo previsto en el artículo 26.5, párrafo sexto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

En este documento se pone de manifiesto que la conflictividad en materia de determinación de las enseñanzas mínimas ha sido recurrente entre el Estado y las comunidades autónomas, habiéndose planteado conflictos positivos de competencia en relación con los Reales Decretos 828, 829, 830, 831 y 832 de 2003, todos ellos de 27 de junio, 1513/2006, de 7 de diciembre, y 1630 y 1631/2006, de 29 de diciembre.

También fue impugnada la Ley Orgánica 2/2006, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, habiéndose dictado las sentencias 14, 31, 49 y 53/2018, en las que se declara la competencia del Estado sobre las enseñanzas mínimas o "aspectos básicos del currículo", ya que por medio de ella se trata de garantizar una homogeneidad en la formación que permita la homologación de los títulos y la garantía de una igualdad básica en el ejercicio del derecho a la educación.

Se sugiere revisar la redacción de la disposición final segunda (título competencial), a fin de tratar de evitar ulteriores controversias competenciales, en términos que son incorporados al Proyecto. Se efectúa una sugerencia a la redacción del artículo 6.10 (actual artículo 6.6) que no es atendida y se pone de manifiesto que la regulación contenida en los anexos I, II y IV podría resultar muy detallada, por lo que se estima que sería necesaria que se hubiera consensuado con las comunidades autónomas.

El informe, que no formula observaciones desde la perspectiva de la unidad de mercado, concluye indicando que no resulta improbable que la norma proyectada genere controversias competenciales.

- Informes de las Secretarías Generales Técnicas (artículo 26.5 párrafo 4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno) de los siguientes departamentos ministeriales:

a. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: favorable al Proyecto y con sugerencias de carácter formal y técnica normativa.

b. Ministerio de Justicia: sugerencias formales y de técnica normativa.

c. Ministerio de Defensa: efectúa una sugerencia de adición de contenido en las páginas 266 y 267 del anexo II sobre Seguridad Nacional y Conciencia de Seguridad Nacional.

d. Ministerio de Hacienda y Función Pública: se formulan observaciones a la memoria del análisis de impacto normativo y sobre la relación del Proyecto con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

e. Ministerio del Interior: efectúa alegaciones acerca de la posible ampliación de las menciones al estudio del fenómeno terrorista, la prevención del terrorismo y el respeto a la consideración a las víctimas del terrorismo. En este sentido se refiere expresamente, entre otras, a las asignaturas de 1.º de Bachillerato ("Historia del Mundo Contemporáneo" o "Filosofía") y a la asignatura de 2.º de Bachillerato ("Psicología" o "Historia de España").

f. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: hace algunas observaciones a la memoria y concluye que no se entran a valorar los aspectos técnicos establecidos en la propuesta normativa, que se "considera están bajo la garantía técnica de los órganos competentes".

g. Ministerio de Trabajo y Economía Social: no formula observaciones y considera que el Proyecto se ajusta a la legalidad vigente.

h. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: se realizan observaciones, fundamentalmente, de carácter formal.

i. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: no se formulan observaciones.

j. Constan dos informes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática: el primero sin observaciones y el segundo con unas observaciones fundamentalmente de carácter formal y de mejora de redacción.

k. Ministerio de Política Territorial: se hace referencia a la previa consulta a las comunidades autónomas sugiriendo la inclusión de dos menciones a la Conferencia Sectorial de Educación, que han sido atendidas.

l. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: efectúa alegaciones acerca de la posible ampliación de las menciones al medio ambiente en los correspondientes anexos (principalmente, en el anexo II).

m. Ministerio de Cultura y Deporte: formula observaciones a la regulación de las competencias clave y a las materias del primer curso, en el articulado (artículos 9 y 16) y en los anexos IV y V.

n. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital: se hacen observaciones generales al tratamiento de las competencias digitales y digitalización en el Proyecto.

ñ. Ministerio de Sanidad: introduce una observación general que se desarrolla seguidamente en algunas observaciones al articulado; en concreto, se sugiere de manera general introducir el concepto de estilos de vida saludables para alinearse con la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención, detallando en qué consisten dichos estilos de vida saludables (alimentación saludable, no consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, actividad física y reducción de sedentarismo, descanso, uso apropiado de las nuevas tecnologías, buen trato) e incluyendo la salud como competencia clave.

o. Constan dos informes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: en el primero no se realizan observaciones y en el segundo se formulan observaciones al articulado orientadas a la inclusión de materias y contenidos en línea con la accesibilidad, mayor atención a los alumnos con necesidades específicas, fomentar la igualdad efectiva, ...

p. Ministerio de Ciencia e Innovación: sin observaciones.

q. Ministerio de Igualdad: se realizan varias propuestas de modificación del articulado y de los anexos en materia de educación sexual.

r. Ministerio de Consumo: sin observaciones.

s. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: sin observaciones.

t. Ministerio de Universidades: se efectúan sugerencias formales y otras relacionadas con la reproducción de preceptos de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en una norma de rango reglamentario, la adecuada ubicación de las definiciones en el texto proyectado, el alumnado con altas capacidades intelectuales, además de diversas observaciones formales tanto al Proyecto como a la memoria.

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, a los efectos previstos en el artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley del Gobierno, emitido el 17 de febrero de 2022.

Se realizan observaciones relacionadas con la calidad técnica de la norma proyectada, su régimen transitorio y la relación de este con el calendario de implantación.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen.

I. Objeto

Se somete a consulta el proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

El dictamen se emite con carácter preceptivo, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, cuyo artículo 22 prevé, en su apartado 3, que su Comisión Permanente deberá ser consultada en relación con los "reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones".

Por otro lado, la emisión del dictamen ha sido solicitada con carácter de urgente, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de dicha ley orgánica.

La memoria -antecedente segundo del dictamen- expone las razones por las que la disposición proyectada ha de tramitarse de forma urgente, consistentes en esencia en su vinculación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en concreto, con el componente 21, denominado "Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años", y dentro de este, con la reforma segunda (C21 R2), consistente en el "Diseño y aplicación de nuevo modelo curricular por competencias clave, priorizando aprendizajes fundamentales, y regulación de una ordenación académica inclusiva" y el hito 304 referido a la "entrada en vigor del Real Decreto sobre los requisitos mínimos de enseñanza en el sistema educativo".

El cumplimiento de este hito, según la memoria, se producirá con la publicación y la entrada en vigor de los reales decretos de ordenación y enseñanzas mínimas de las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato antes del 31 de marzo de 2022.

Siendo ello así, entiende el Consejo de Estado que las razones de la urgencia están suficientemente justificadas, habida cuenta de la vinculación del Proyecto y de los desarrollos reglamentarios de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al PRTR y de la relevancia de la norma proyectada para completar el indicado desarrollo reglamentario en lo que a la educación básica se refiere.

II. Procedimiento de elaboración

Se han observado las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, para la tramitación de disposiciones administrativas de carácter general.

Obran en el expediente las sucesivas versiones del Proyecto y de sus respectivas memorias del análisis de impacto normativo.

Se han sustanciado los trámites de consulta previa y de audiencia e información pública, recogiéndose en los anexos de la memoria las alegaciones efectuadas y las razones por las que, según el caso, han sido aceptadas o rechazadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Se ha producido la participación de las comunidades autónomas a través de la Conferencia de Educación y la Comisión General de Educación, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional decimoctava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Se ha emitido informe por parte de la secretaría general técnica del ministerio del que parte la iniciativa normativa sometida a dictamen, así como por parte de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Justicia, Defensa, Hacienda y Función Pública, Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Trabajo y Economía Social, Industria, Comercio y Turismo, Agricultura, Pesca y Alimentación, Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Política Territorial, Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Cultura y Deporte, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Sanidad, Derechos Sociales y Agenda 2030, Ciencia e Innovación, Igualdad, Consumo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Universidades.

Consta también el informe de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, previsto en el último párrafo del artículo 26.5 de la Ley 50/1997, en el que se pone de manifiesto la alta conflictividad constitucional que ha existido en materia educativa en el pasado y, en particular, en cuanto a la distribución de competencias en materia de enseñanzas mínimas.

Obra, además, en aplicación de lo previsto en el artículo 26.9 de la Ley del Gobierno, el informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.

La audiencia a las entidades representativas de intereses en los sectores afectados a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, debe entenderse enmarcada en las exigencias procedimentales específicas que se contienen en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), que también se han cumplido, por haber sido oído el Consejo Escolar del Estado (dictamen n.º 32/2021, de 30 de noviembre de 2021), órgano de ámbito nacional para la participación de los sectores afectados en la programación general de la enseñanza y de asesoramiento respecto de los proyectos de ley o reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno (artículo 30), cuya consulta es preceptiva (artículo 32). En él están representados profesores, padres de alumnos, alumnos, personal de administración y de servicios de los centros docentes, titulares de los centros privados, centrales sindicales y organizaciones patronales de mayor representatividad en los ámbitos laboral y empresarial, la Administración educativa del Estado, las universidades, las entidades locales a través de la asociación de ámbito estatal con mayor implantación, las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado, el Instituto de la Mujer y los consejos escolares de ámbito autonómico.

En el presente caso, se ha cumplido lo previsto en el artículo 28 de la LODE, el cual exige, para garantizar la participación (artículo 27) que, con carácter previo a la deliberación del Consejo Escolar del Estado, se reúna la Conferencia de Consejeros titulares de educación de los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas y el ministro de Educación y Ciencia, convocada y presidida por este. Y ello por cuanto el Consejo Escolar del Estado (CEE) emitió dictamen el 22 de diciembre de 2021 y la Conferencia Sectorial de Educación, en sesión presidida por la ministra de Educación y Formación Profesional se reunió el 13 de diciembre de 2021.

La memoria del análisis de impacto normativo que acompaña al Proyecto es un documento extenso y razonado que contiene una detallada justificación sobre la norma proyectada, su contenido, sus objetivos y sus diversos impactos, la mayoría de los cuales se reputa positivo y, por ello, susceptible de generar un resultado favorable en la realidad social que se proyecta regular, con la posible mejora de los indicadores educativos y sociales y especial incidencia en la igualdad de género, la infancia y la adolescencia, la familia y la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 47.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se dedica un apartado específico de la memoria a la justificación de la vinculación de la norma en proyecto con la aplicación del Fondo de Recuperación.

La memoria concluye con el tratamiento de la evaluación ex post, que se incardina en el régimen de evaluación del sistema educativo que prevé el título VI de la Ley Orgánica de Educación (artículos 144 y siguientes), en conexión con sus artículos 21 y 29.

En cualquier caso, cabe efectuar algunas observaciones a la memoria, que este Consejo de Estado ya ha puesto de manifiesto en varias ocasiones.

Una de ellas se refiere al impacto económico y a los efectos sobre la competencia. Llama la atención que la memoria diga que la norma proyectada "no tiene efectos significativos sobre la economía en general". A diferencia de lo que ocurre con los alumnos de las etapas educativas anteriores (Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria), este alumnado está en edad de trabajar (recuérdese que el artículo 6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, prevé la posibilidad de trabajar a los mayores de dieciséis años con las limitaciones que en dicho precepto se establecen).

Sin embargo, la memoria se limita a señalar que se ha evaluado el impacto que este proyecto de Real Decreto tendrá en los precios, la productividad, el empleo, las pymes, la innovación, los consumidores y la economía europea, "y este ha resultado ser nulo". Y lo mismo señala sobre los "Efectos sobre la competencia en el mercado: No se prevé que el presente proyecto de real decreto tenga efectos que distorsionen la competencia del mercado".

A juicio del Consejo de Estado convendría analizar, especialmente en este Proyecto, por el tipo de alumnado al que se dirige, los efectos que tiene la regulación del Bachillerato en la economía en cuanto la falta de ajuste o no de esta regulación con las necesidades del tejido productivo, entre otras; o si las modalidades reguladas para sus correspondientes itinerarios universitarios posteriores verdaderamente se corresponden con una oferta formativa de calidad, actualizada y adecuada a las necesidades del mercado laboral.

Por otro lado, como ya se dijo en el dictamen número 194/2022, de 17 de marzo, relativo al proyecto de Real Decreto sobre la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, hay que hacer una observación también a la memoria con relación a la evaluación del impacto presupuestario.

Como se ha destacado en el antecedente primero, apartado B, del presente dictamen, el mencionado impacto se cuantifica en términos de ejecución de la partida presupuestaria ligada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Así, el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RMRR), ha sido concretado para España en la Decisión de Ejecución del Consejo (en adelante, CID, por sus siglas en inglés Council Implementing Decision) de 13 de junio, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, y en su correspondiente anexo. En el anexo a la CID se establece como componente 21, el denominado "Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años". Dentro del citado componente 21, la reforma segunda (C21 R2) consiste en el "Diseño y aplicación de nuevo modelo curricular por competencias clave, priorizando aprendizajes fundamentales, y regulación de una ordenación académica inclusiva". Dentro de la hoja de ruta prevista para la aplicación de esta reforma se encuentra recogido el hito 304 referido a la "entrada en vigor del Real Decreto sobre los requisitos mínimos de enseñanza en el sistema educativo".

Pues bien, el presupuesto de ejecución de dicha reforma segunda es de 2.400.000 euros para el período 2021-2023, razonando la memoria que los 600.000 euros del ejercicio 2021 se han destinado a la contratación de personal externo para la elaboración del referido currículum. La memoria, por ello, no contiene mención alguna al presupuesto destinado, dentro del importe de 1.648.000.000 euros correspondientes al indicado componente 21, a la contratación de los medios personales y materiales precisos para paliar algunos problemas endémicos de nuestro sistema educativo, como son el fracaso y el abandono escolares en fechas tempranas, precisamente en la etapa que es regulada por el Proyecto. Sugiere el Consejo de Estado que en la memoria se incluya alguna explicación acerca de las medidas presupuestarias que se destinarán a atender las cuestiones indicadas.

De otro lado, se sugiere, en relación también con la memoria, que se revise su página 28, en lo atinente también al impacto presupuestario, pues se hacen menciones a un "proyecto de ley" que no se identifica; de ser el de Presupuestos Generales del Estado para 2022, podrían sustituirse por la referencia concreta a la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

III. Base normativa y rango

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su disposición final sexta, establece un régimen especial para su propio desarrollo normativo:

"Las normas de esta Ley podrán ser desarrolladas por las Comunidades Autónomas, a excepción de las relativas a aquellas materias cuya regulación se encomienda por la misma al Gobierno o que corresponden al Estado conforme a lo establecido en la disposición adicional primera, número 2, de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación".

Esta disposición final sexta viene acompañada por numerosas habilitaciones específicas al Gobierno para concretos desarrollos reglamentarios, diseminadas por toda la ley.

Además, dicha disposición debe entenderse, como ya se indicó en el dictamen del Consejo de Estado número 132/2014, de 20 de febrero, relativo al entonces proyecto de Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, en el sentido de que las materias cuya regulación se encomienda al Gobierno están recogidas en el artículo 6 bis -introducido en la LOE por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre- por lo que "existe suficiente base normativa y el rango de la norma proyectada -real decreto- es adecuado".

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, ha modificado el referido artículo 6 bis. El nuevo texto es el siguiente:

"Artículo 6 bis. Distribución de competencias.

1. Corresponde al Gobierno:

a) La ordenación general del sistema educativo.

b) La programación general de la enseñanza, en los términos establecidos en los artículos 27 y siguientes de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

c) La fijación de las enseñanzas mínimas a que se refiere el artículo anterior.

d) La regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y de las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

e) La alta inspección y demás facultades que, conforme al artículo 149.1.30.ª de la Constitución, le corresponden para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos.

2. Asimismo, corresponden al Gobierno aquellas materias que le encomienda la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y esta Ley.

3. Corresponde a las comunidades autónomas el ejercicio de sus competencias estatutarias en materia de educación y el desarrollo de las disposiciones de la presente Ley Orgánica".

Sin perjuicio de lo que más adelante se expondrá sobre la competencia del Estado para aprobar este proyecto de Real Decreto, el nuevo artículo 6 bis, al igual que el texto que le precede, no es una mera referencia competencial, sino que opera de modo habilitante: faculta al Gobierno para dictar normas reglamentarias como la que ahora se somete a dictamen, dado que el desarrollo que se realiza -una regulación del Bachillerato- se corresponde con la regulación que se contiene en el título I, capítulo IV, artículos 32 y siguientes de la LOE, habilitado por el referido artículo 6 bis.

A lo anterior ha de añadirse la existencia de habilitaciones específicas en la LOE en materia de Bachillerato, como las contenidas, a modo de ejemplo, en el artículo 34.3 sobre las materias específicas de cada modalidad y el número de estas materias que deben cursar los alumnos, o en el artículo 37 sobre las condiciones y procedimientos para que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno que haya superado todas las materias salvo una, siempre que en ella no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada y se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título.

Debe añadirse que la disposición final primera de la LODE señala que "el Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán dictar cuantas disposiciones sean precisas para la aplicación de la presente Ley". Y, en fin, que ninguna comunidad autónoma ha objetado la habilitación del Gobierno para dictar esta norma, y que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, que ahora se deroga, fue informado favorablemente por el Consejo de Estado (dictamen número 1.129/2014, de 17 de diciembre), como también lo fue el reciente Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional (dictamen número 833/2021, de 11 de noviembre).

A la vista de todo lo expuesto también puede concluirse que el rango de la norma es el correcto, puesto que el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, señala que las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia del Consejo de Ministros deben adoptar la forma de real decreto acordado en Consejo de Ministros.

IV. Competencia del Estado

El Estado ejerce su competencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

Por su parte la LOE señala en su disposición final quinta que se dicta con carácter básico al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.1.ª, 18.ª y 30.ª de la Constitución Española. Solo exceptúa el carácter básico de los artículos 7; 8.1 y 8.3; 9; 11.1 y 11.3; 12.4; 14.6; 15.3; 18.4; 18.5; 22.8; 24.6; 24.7; 26.1; 26.2; 35; 42.3; 47; 58.4, 58.5, 58.6, 58.7 y 58.8; 60.3 y 60.4; 66.2 y 66.4; 67.2, 67.3, 67.6, 67.7 y 67.8; 68.3; 72.4 y 72.5; 89; 90; 100.3; 101; 102.3 y 102.4; 103.1; 105.2; 106.2 y 106.3; 111.bis.4; 112.2, 112.4; 112.5 y 112.6; 113.3 y 113.4; 122.2 y 122.3; 122.bis; 123.2, 123.3, 123.4 y 123.5; 124.1, 124.2 y 124.4; 125; 130.1; 131.2 y 131.5; 144.3; 145; 146; 147.2; 154; disposición adicional decimoquinta, apartados 1, 4, 5 y 7; disposición adicional trigésima cuarta, disposición adicional cuadragésima, disposición adicional cuadragésima primera, disposición final tercera y disposición final cuarta. Además, los artículos 30.4; 31.1 y 2; 37; 39.6, primer inciso; 41.2 y 3; 44.1, 2 y 3; 50; 53; 54.2 y 3; 55.2 y 3; 56; 57.2, 3 y 4; 65, se dictan al amparo de la competencia exclusiva del Estado sobre la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales.

La actuación conjunta del nuevo artículo 6 bis y de la referida disposición final quinta, hacen que la competencia para dictar este Real Decreto corresponda en exclusiva al Estado.

El preámbulo del Proyecto hace notar esta cuestión acertadamente en los siguientes términos: "De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, procede en este caso establecer la extensión del carácter básico a una norma reglamentaria, ya que, conforme a la excepcionalidad admitida por el Tribunal Constitucional, entre otras, en las SSTC 25/1983, 32/1983 y 48/1988, "resulta complemento indispensable en determinados supuestos para asegurar el mínimo común denominador establecido en las normas legales básicas"".

En todo caso, ha de recordarse, como ya se hizo en los dictámenes números 102/2022, de 24 de febrero, y 194/2022, de 17 de marzo, emitidos en relación con los proyectos de Reales Decretos por los que se establecen las ordenaciones y las enseñanzas mínimas, respectivamente, de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria, que la Ley Orgánica 3/2020 ha sido objeto de dos recursos de inconstitucionalidad: recurso de inconstitucionalidad n.º 1828-2021, contra los apartados 1, 8 bis, 10, 12, 16, 17, 27, 28, 29, 50, 55 bis, 56, 78, 81 bis, 83 y 89 del artículo único y las disposiciones adicionales tercera y cuarta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Y recurso de inconstitucionalidad n.º 1760-2021, contra la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

En todo caso, a juicio del Consejo de Estado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional permite considerar que la norma proyectada se dicta de conformidad con las referidas competencias estatales en materia de educación.

La Sentencia 184/2012, de 17 de octubre, afirma que, en materia de enseñanza, al Estado le corresponde, además de la alta inspección, también las competencias de ordenación general del sistema educativo, la fijación de las enseñanzas mínimas, la regulación de las condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y el establecimiento de normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución Española, que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos y la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, así como para la programación general de la enseñanza. Son también competencia del Estado las previsiones sobre la promoción de los alumnos, la repetición de asignaturas y la regulación de las evaluaciones que conducen a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.

La Sentencia 212/2012, de 14 de noviembre, señaló, en relación con el currículo y horarios, que la fijación de objetivos por bloques temáticos comprendidos en cada una de las materias o disciplinas de las enseñanzas mínimas, así como los horarios mínimos necesarios para su enseñanza efectiva y, por tanto, también indirectamente la determinación de las materias o disciplinas forma parte de la competencia estatal para establecer las enseñanzas mínimas. El desarrollo, ejecución y control de las evaluaciones de tercero de Primaria y la evaluación final de Educación Primaria -denominadas evaluaciones de diagnóstico- sobre competencias básicas del currículo, corresponden a las Administraciones educativas, pero en el marco normativo básico que establezca el Gobierno, a los efectos de que se produzcan con criterios de homogeneidad. También el calendario escolar es competencia del Estado establecerlo: "La fijación de un número mínimo de días lectivos y de fechas límite para el inicio y final del curso escolar puede ser considerado sin dificultad un criterio de coordinación que el Estado puede establecer en ejercicio de sus competencias básicas en materia de educación, pues la coordinación es una facultad que guarda estrecha conexión con las competencias normativas, de modo que el titular de estas últimas ostenta aquella facultad como complemento inherente (STC 194/2004, de 4 de noviembre, FJ 8) encontrándose ínsita en toda competencia básica (STC 81/2005, de 6 de abril, FJ 10). A lo anterior ha de añadirse que el modo en que se formulan estas previsiones es plenamente coherente con su naturaleza básica, ya que, en un caso, fijan únicamente un mínimo y, en el otro, unos límites modulables por las Administraciones educativas".

A estas sentencias han de añadirse, por su relevancia y por el contenido del Proyecto, la Sentencia 24/2013, de 31 de enero, en la que se declaró que no existe "en el art. 6 de la Ley Orgánica de educación excepción alguna a la regla general que contempla, esto es, a la competencia estatal para fijar por real decreto las enseñanzas mínimas de cada una de las enseñanzas reguladas en la ley, sean o no cursadas por el itinerario normal y, por tanto, tampoco para las enseñanzas de los programas de cualificación profesional inicial destinados a alumnos mayores de dieciséis años cuando se considere que es la mejor opción para que éstos puedan alcanzar los objetivos de la etapa".

Puede considerarse que esta jurisprudencia sirve de sustento para la regulación en el Proyecto de las competencias clave a las que posteriormente se hará una observación específica.

V. Consideraciones al texto del Proyecto

V.1. Consideraciones generales

Dentro del título I de la LOE ("Las enseñanzas y su ordenación"), el capítulo I se refiere a la Educación Infantil; el capítulo II a la Educación Primaria; el capítulo III a la Educación Secundaria Obligatoria; el capítulo IV al Bachillerato; el capítulo V a la Formación Profesional; el capítulo VI a las Enseñanzas artísticas; el capítulo VII a las Enseñanzas de idiomas; el capítulo VIII a las Enseñanzas deportivas; y el capítulo IX a la Educación de personas adultas.

Pues bien, el Proyecto que se somete a consulta supone un desarrollo normativo más de las habilitaciones normativas contenidas en la LOE y en la Ley Orgánica 3/2020; en este caso, se trata de establecer la ordenación y las enseñanzas mínimas de la etapa de Bachillerato (capítulo IV de la LOE), materia en la actualidad regulada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y por el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

Con carácter general han de efectuarse dos observaciones preliminares al Proyecto que se han reiterado en otras ocasiones en proyectos similares al que ahora se examina (i.e., dictamen número 194/2022, ya citado).

Una primera aproximación al Proyecto permite advertir que en su texto se contienen reproducciones de preceptos de la ley orgánica que desarrolla y, al tiempo, previsiones albergadas en alguno de los citados reales decretos de 2014 y 2021. Dicha reproducción es lógica en cierto modo, si se atiende a que perviven ciertas reglas organizativas de la etapa de Bachillerato desde la primera de las redacciones de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. También se aprecia la incorporación al Proyecto de reglas contenidas en los citados Reales Decretos 1105/2014 y 984/2021; en el caso del primero, por ejemplo, se integran, con mayor desarrollo y detalle en el Proyecto (artículos 28 y siguientes), las previsiones de su disposición adicional sexta dedicada a los "Documentos oficiales de evaluación".

En todo caso, la indicada reproducción de preceptos vigentes de rango legal en el articulado del Proyecto obliga al Consejo de Estado a recordar su reiterada doctrina en la materia, referida a la necesidad de extremar el rigor cuando se procede a la reproducción en normas reglamentarias de preceptos legales; dicha técnica es admisible para dar coherencia y sistemática a la norma que desarrolla o al completo grupo normativo, pero esas reproducciones no pueden ser parciales, dispersas o confusas (dictámenes números 132 y 1.129/2014, entre otros, ya citados).

En este sentido, véanse, por ejemplo, el artículo 7 del Proyecto sobre objetivos de la etapa de Bachillerato que reproduce en sus términos el artículo 33 de la LOE dedicado a los objetivos de esa etapa. Y lo mismo puede decirse de los artículos 4 (fines) y 6 (principios pedagógicos) del proyecto de Real Decreto que reproducen los artículos 32.1 y 35 de la LOE. En esta misma línea, los artículos 20 y 21 del Proyecto, relativos a la evaluación y promoción, respectivamente, reproducen el artículo 36 de la LOE e incorpora reglas del vigente artículo 19 del Real Decreto 984/2021.

En segundo término, cabe reiterar y ampliar una observación que se efectuó también en los dictámenes números 102/2022 y 194/2022, sobre los proyectos de Reales Decretos por los que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. Se reparaba entonces, recogiendo una observación efectuada por varias entidades en la tramitación de dicha norma reglamentaria, "en la excesiva complejidad, abstracción y dificultad de llevar a la práctica el contenido de los anexos" de tal disposición. A lo que se añadía que, "aunque son bienvenidos los métodos pedagógicos que se implantan con el fin de dar un sentido más abierto y transversal al contenido de los saberes básicos, no queda claro, a la luz de los comentarios expuestos, que contribuyan a facilitar el trabajo de los docentes en las diferentes situaciones de aprendizaje".

A la vista del contenido del presente Proyecto y de sus anexos, ha de añadirse que la evolución que se aprecia en la regulación de la ordenación y las enseñanzas mínimas de Bachillerato, en las que se ha avanzado en el denominado "enfoque competencial", se ha traducido, entre otros aspectos, en una progresiva abstracción de las descripciones de las materias contenidas en los anexos dedicados a las materias integradas en Bachillerato, muchas de las cuales se mantienen en la LOE desde su aprobación en 2006.

Como se ha dicho en los anteriores citados dictámenes, el Consejo de Estado es conocedor, en virtud del ejercicio de su función consultiva, de dicha evolución y es consciente de que no implica necesariamente que los contenidos de las materias hayan variado, pero sí lo es de que su formulación ha cambiado notablemente, como consecuencia de la profundización en tal enfoque competencial.

Como consecuencia de esta evolución, los anexos de las disposiciones que regulan las enseñanzas mínimas presentan una creciente complejidad -lenguaje abstracto y excesivo detalle- que dificulta su accesibilidad para una importante porción de la sociedad a la que la norma va dirigida. Sin que quepa tampoco desdeñar su previsible impacto en las posibilidades de las comunidades autónomas, y del correspondiente profesorado, de abordar con las suficientes garantías, y atendiendo a los calendarios legalmente impuestos, la adecuada adaptación de sus sistemas educativos a los sucesivos cambios normativos en la materia.

Por todo, y aun siendo conocedor el Consejo de Estado de la inserción del Proyecto en el marco de las tendencias educativas de nuestro entorno, no por ello quiere dejar de sugerir a la autoridad consultante que la memoria que acompaña a este tipo de proyectos normativos contenga algunas reflexiones sobre dicha evolución, su enfoque y su incidencia, mayor o menor, en los contenidos que realmente se prevé impartir en esta etapa educativa.

Hechas estas consideraciones de orden más global, procede a continuación realizar una serie de observaciones más particulares al texto del Proyecto.

V.2. Consideraciones particulares al articulado

V.2.a). Preámbulo

La fórmula promulgatoria señala: "En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Formación Profesional, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día XX de XXXX de 2022...".

Como en ocasiones anteriores se ha señalado, y atendido el artículo segundo, apartado 2, párrafo 5, de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, la fórmula "de acuerdo con el Consejo de Estado" debe incorporarse después del dictamen, no antes.

V.2.b). Definiciones (artículo 2):

El artículo 2 sigue el mismo esquema empleado en los proyectos de Reales Decretos por los que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria, por lo que ninguna objeción se formula a este respecto. Únicamente debería homogeneizarse el uso de las mayúsculas y minúsculas, de modo que después de los dos puntos se empleara en todas las definiciones la minúscula.

V.2.c). La etapa de Bachillerato (artículo 3)

El artículo 3 se refiere a la etapa de Bachillerato en coherencia con lo previsto en el artículo 3 de la LOE (modificado por la Ley Orgánica 3/2020) que establece la siguiente subdivisión:

a) La educación primaria, la educación secundaria obligatoria y los ciclos formativos de grado básico constituyen la educación básica.

b) La educación secundaria se divide en educación secundaria obligatoria y educación secundaria postobligatoria. Constituyen la educación secundaria postobligatoria el bachillerato, la formación profesional de grado medio, las enseñanzas artísticas profesionales tanto de música y de danza como de artes plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio.

c) La enseñanza universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado superior constituyen la educación superior.

Dado que la pretensión de este precepto es enmarcar el Bachillerato dentro del marco del sistema educativo, se sugiere que el artículo 3 del Proyecto se iniciara con una introducción a la etapa de la educación secundaria que se divide en obligatoria (la ESO) y la postobligatoria, para seguidamente referirse ya al Bachillerato como una de las enseñanzas que conforman la educación secundaria postobligatoria.

Por otro lado, el apartado segundo del artículo 3 del Proyecto reproduce solo parcialmente el artículo 32.3 de la LOE; debería también incorporar, a continuación de "alumnos y alumnas" el inciso final de la Ley: "...acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado [el Bachillerato]".

Pero una de las cuestiones más relevantes en este punto es la relativa a los cursos que comprende el Bachillerato. La LOE, en el párrafo segundo del artículo 32.3, modificado por la Ley Orgánica 3/2020, señala lo siguiente:

"3. El bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades diferentes, se organizará de modo flexible y, en su caso, en distintas vías, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada a los alumnos y alumnas acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo.

El Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas, fijará las condiciones en las que el alumnado pueda realizar el bachillerato en tres cursos, en régimen ordinario, siempre que sus circunstancias personales, permanentes o transitorias, lo aconsejen. En este caso se contemplará la posibilidad de que el alumnado curse simultáneamente materias de ambos cursos de bachillerato".

Aunque el Proyecto se refiere a la posibilidad de realizar el Bachillerato en tres cursos en su artículo 15, a juicio del Consejo de Estado debería hacerse alguna mención o remisión a dicho precepto ya en el artículo 3 del Proyecto donde se establecen los rasgos generales de la etapa de Bachillerato y donde expresamente se indica que "comprende dos cursos".

V.2.d). Principios generales (artículo 5)

El artículo 5 del Proyecto ("Principios generales") reproduce, con algunos mínimos ajustes, los apartados 2, 4 y 5 de la LOE.

A este respecto, únicamente se advierte que el artículo 5.2 del Proyecto permite, al igual que se establece en el artículo 32.4 de la LOE que el alumnado pueda permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años, y añade respecto el precepto reglamentario proyectado la expresión "consecutivos o no", adición que no se objeta, pues se incardina de manera natural en el espíritu general tanto de la norma legal como de la reglamentaria que se proyecta.

V.2.e). Organización general (artículo 8)

El artículo 34.1 de la LOE, modificado por la LOMLOE, introduce una nueva modalidad en la etapa de Bachillerato (la modalidad "General"). De modo que las modalidades que pueden ofrecer las Administraciones educativas y, en su caso, los centros docentes serán las siguientes: (i) Ciencias y Tecnología; (ii) Humanidades y Ciencias Sociales; (iii) Artes; y (iv) General.

Como ha señalado la memoria, la introducción de esta modalidad en el texto legal se produjo durante la tramitación parlamentaria con el fin de dar respuesta al alumnado que quiera incorporarse a cualquier tipo de estudios superiores que no esté claramente vinculado a ninguno de los campos de conocimiento asociados a las otras tres modalidades. Toda vez que se trata de una nueva modalidad respecto del Bachillerato anterior, convendría que en el Proyecto se ofreciera un mayor desarrollo de esta modalidad o, cuando menos, se hiciera una referencia en el preámbulo a esta nueva modalidad y su finalidad. A este respecto conviene tener en cuenta que por parte de algunas entidades se ha puesto de manifiesto que esta modalidad General de Bachillerato "no tiene un referente claro de salida".

Por lo demás, el artículo 8 regula la cuestión de la organización general del Bachillerato prácticamente en los mismos términos que en la LOE en el artículo 34. Tan solo ahora el artículo 8 del Proyecto se refiere a las dos vías en que se organiza la modalidad de Artes, en consonancia con lo que establece la LOE en la regulación de las Enseñanzas Artísticas (artículos 45 y siguientes).

En este sentido, se sugiere que, con relación a este precepto del proyectado reglamento, el apartado 2 se integre dentro del apartado 4. De acogerse esta observación, el actual apartado 3, pasaría a ser el 2 y los actuales apartados 2 y 4, quedarían integrados en el nuevo apartado 3.

V.2.f). Materias (artículos 9 a 14)

Los artículos 9 a 14 del Proyecto se refieren a los diversos tipos de materias: comunes (artículo 9), específicas de la modalidad de Artes (artículo 10), específicas de la modalidad de Ciencias y Tecnología (artículo 11), específicas de la modalidad General (artículo 12), específicas de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (artículo 13) y optativas (artículo 14).

El artículo 9 del Proyecto incorpora las materias comunes que se enumeran en el artículo 34.6 de la LOE y los artículos 10 y siguientes desarrollan el resto de materias. Todos estos preceptos del Proyecto determinan cuáles son las materias específicas de cada modalidad.

Con relación al artículo 11 en el que se establecen las materias específicas de la modalidad de Ciencias y Tecnología, se observa que en el primer curso (apartado primero del artículo 11) se incluye Matemáticas I y en el segundo curso (apartado segundo del artículo 11) se incluye, junto a Matemáticas II, la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. Sin embargo, no se contempla la de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I en primer curso, materia incluida como específica de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, en el artículo 13. Por tanto, debería comprobarse si la redacción es la pretendida.

El artículo 14, relativo a las materias optativas, se limita a reproducir el apartado 7 del artículo 34 de la LOE en cuanto que corresponde a las Administraciones educativas la ordenación de las materias optativas. No obstante, añade el Proyecto que la oferta de las materias optativas "deberá incluir, al menos, una segunda lengua extranjera". Con relación a esta adición, en la medida en que puede considerarse una concreción del artículo 34.7 de la LOE, no se formula objeción a este respecto. En este sentido, téngase en cuenta que esta obligación de incluir, al menos, una segunda lengua extranjera es coherente con los artículos 18.4 y 24.3 de la LOE que sí que prevén que las Administraciones educativas incluyan en su oferta, al menos, "...una segunda Lengua Extranjera...". Asimismo, esta regla ha de ponerse en conexión con lo establecido in fine por el artículo 28.3 de la LOE, conforme al cual "en el caso de la segunda Lengua Extranjera, se garantizará su oferta en todos los cursos" y, aunque se está refiriendo, stricto sensu, a los cursos que integran la ESO, es absolutamente coherente que esa segunda lengua extranjera ofertada durante la ESO pueda seguir cursándose en la etapa posterior como es el Bachillerato. Por todo ello, como ya se ha adelantado, se estima correcta su inclusión en el Proyecto.

V.2.g). Organización del Bachillerato en tres cursos (artículo 15)

El artículo 15 del Proyecto se refiere a la posibilidad de cursar el Bachillerato en tres cursos, otra de las novedades que incorporó la LOMLOE.

En concreto, el citado precepto señala lo siguiente en su apartado primero: "1. De manera excepcional, conforme a lo previsto en el artículo 32.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, las Administraciones educativas dispondrán las medidas que posibiliten que un alumno o alumna realice el Bachillerato en tres años académicos, en régimen ordinario, siempre que sus circunstancias personales, permanentes o transitorias, lo aconsejen. En estos casos se contemplará la posibilidad de que el alumnado curse simultáneamente materias de ambos cursos de Bachillerato". La ley, en su citado precepto, no emplea la expresión "de manera excepcional", sino que se trata de una opción "en régimen ordinario" cuando concurran "circunstancias personales, permanentes o transitorias, [que] lo aconsejen". Debería, pues, a fin de evitarse confusiones, eliminar del texto proyectado la expresión "de manera excepcional".

En su apartado segundo del artículo 15, el Proyecto viene ahora a concretar las cuatro circunstancias que permiten acogerse a esta medida ("a) que cursen la etapa de manera simultánea a las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza; b) que acrediten la consideración de deportista de alto nivel o de alto rendimiento; c) que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo"), si bien la última de ellas ("d) que aleguen otras circunstancias que, a juicio de la correspondiente Administración educativa y en los términos que esta haya dispuesto, justifiquen la aplicación de esta medida") desnaturaliza un tanto el carácter especial que tiene este Bachillerato en la medida que podría permitir justificar, a juicio de la Administración educativa, cualquier circunstancia, por lo que se sugiere reconsiderar su redacción.

Por otro lado, el texto del Proyecto alude a "años académicos" y se sugiere sustituir esa expresión por "cursos" para no generar confusión toda vez que el Proyecto se refiere habitualmente al Bachillerato como aquella etapa que comprende "dos cursos" (artículo 3).

Sin perjuicio de todo lo expuesto, y aunque es cierto que se trata de una opción que viene prevista en la ley, ninguna referencia se hace en la memoria acerca de la demanda que pueda tener o no este tipo de Bachillerato de tres cursos, de cuántos serían los potenciales beneficiarios o de las dificultades o no que tiene la vertebración de este Bachillerato en los centros educativos, entre otras explicaciones.

V.2.h). Competencias clave, específicas, criterios de evaluación, saberes básicos y currículo (artículos 16 a 18)

Esta cuestión ha sido analizada con detalle en el dictamen número 194/2022, ya citado (con relación a la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria), con relación al perfil de salida del alumnado al finalizar la enseñanza básica. Algunas de las cuestiones reflejadas en dicho dictamen son ahora predicables con relación a las competencias clave, específicas, criterios de evaluación, saberes básicos y currículo que se regulan en los artículos 16, 17 y 18 del Proyecto.

Basta con recordar a este respecto que el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 53/2018, de 24 de mayo, declaraba que "la competencia del Estado sobre las enseñanzas mínimas" o "aspectos básicos del currículo" (STC 14/2018, F.J. 5), trata de garantizar una homogeneidad en la formación que permita la homologación de los títulos y la garantía de una igualdad básica en el ejercicio del derecho a la educación (entre otras, STC 24/2013, de 31 de enero, FJ 5)". A lo que añadía que ya había señalado en la STC 17/2014, de 30 de enero, F.J. 7, con cita de la STC 88/1983, de 27 de octubre, F.J. 3, que "de los arts. 27 y 149.1.30 CE se deriva la obligación para el Estado de procurar una formación común en un determinado nivel de todos los escolares (...) sea cual sea la Comunidad Autónoma en la que realicen sus estudios. En este sentido, afirmábamos que "la homologación del sistema educativo a que se refiere el primero de los artículos citados y la competencia exclusiva que reserva al Estado el segundo para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del art. 27, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia, son los medios que la Constitución prevé para obtener ese nivel mínimo de homogeneidad en la formación de los escolares".

Atendiendo a la jurisprudencia constitucional mencionada, puede considerarse que la atribución al Gobierno de la competencia para fijar las enseñanzas mínimas que constituyen los aspectos básicos del currículo de las diferentes etapas de la educación (artículo 3 de la LOE) es coherente con su función de asegurar una formación común y garantizar la homologación y la validez general de los títulos; de este modo se asegura un mínimo nivel de homogeneidad en la formación de todos los alumnos y con unas garantías de calidad equivalentes en un sistema educativo que es único para todo el territorio nacional (vid. STC 53/2018, F.J. 4).

V.2.i). Evaluación, promoción y obtención del título de Bachiller (artículos 20 a 23)

Los artículos del Proyecto que se refieren a la evaluación (artículo 20), promoción (artículo 21), título de Bachiller (artículo 22) y obtención del título de Bachiller desde otras enseñanzas (artículo 23) reproducen y desarrollan en términos adecuados lo establecido en los artículos 36 y 37 de la LOE, por lo que no se formula ninguna objeción al respecto.

Merece una especial mención la cuestión relativa a la obtención del título de Bachiller. Dice el artículo 36.1 de la LOE, que el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, establecerá las condiciones y procedimientos para que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que "en ella no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada y se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título".

El proyecto de Real Decreto, en su artículo 22, desarrolla este apartado ampliando las condiciones para que el equipo docente, de manera excepcional, pueda decidir la obtención del título de Bachiller por un alumno que haya superado todas las asignaturas salvo una. Estas condiciones, según el citado artículo proyectado, son las siguientes (deben concurrir acumuladamente):

"a) que el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título.

b) que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno o alumna en la materia.

c) que el alumno o alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria.

d) que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o superior a cinco. En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica obtenida en la materia no superada".

Los apartados a) y b) se corresponden con la redacción de la norma legal y los apartados c) y d) pueden considerarse un desarrollo del primer apartado por lo que no se objetan.

V.2.j). Atención a las diferencias individuales (artículo 25)

La rúbrica del artículo 25 se refiere a la "Atención a las diferencias individuales". Este artículo viene a desarrollar el artículo 71 de la LOE, primero de los artículos del capítulo I del título II ("Equidad en la Educación") que se denomina "alumnado con necesidad específica de apoyo educativo". El Consejo de Estado coincide con el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Universidades en que convendría mantener la coherencia terminológica para simplificación y claridad.

Por otro lado, el apartado 6 del artículo 25 del Proyecto dispone que las Administraciones educativas "podrán incorporar las lenguas de signos españolas en los dos cursos de la etapa". Se sugiere eliminar "dos" puesto que se regula la posibilidad de organizar el Bachillerato en tres cursos académicos.

V.2.k). Participación y derecho a la información de madres, padres, tutoras o tutores legales y alumnado mayor de edad (artículo 28)

En este artículo se regula, entre otras cuestiones, el derecho a conocer por los indicados sujetos "las decisiones relativas a su evaluación y promoción, así como el acceso a la parte de los documentos oficiales de la evaluación referida al alumno o alumna, y a las pruebas y documentos de las evaluaciones que se realicen, sin perjuicio del respeto a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal".

A diferencia de los proyectos de reales decretos conocidos por el Consejo de Estado en sus dictámenes números 102 y 194, ambos de 2022, la redacción ahora empleada está en línea con lo sugerido por este Alto Cuerpo Consultivo en el sentido de que el acceso a las actas de evaluación por parte de madres, padres, tutoras o tutores legales estaba limitado a la parte relativa a la evaluación de sus hijos o menores tutelados.

V.2.l). Disposiciones complementarias del Proyecto

La disposición adicional primera se dedica a las enseñanzas de religión en términos correctos, si bien se aprecian ciertas diferencias de redacción entre las mismas disposiciones de los proyectos de Reales Decretos relativos a la Educación Primaria y a la ESO que no parecen responder a ninguna especificidad. Por ello, se sugiere revisar la disposición adicional primera a fin de que se armonicen sus contenidos.

La disposición adicional tercera se dedica a la Educación de las personas adultas, conforme a lo previsto en los artículos 66 y siguientes de la LOE, recogiendo parte de las reglas actualmente contenidas en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1105/2014. El régimen se considera correcto.

En la disposición final tercera debería sustituirse en la rúbrica la mención a la "Aplicación" por la de "Habilitación", que es el contenido de la previsión que contiene, a favor de la persona titular del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez consideradas las observaciones efectuadas en el presente dictamen, puede V. E. elevar, para su aprobación, al Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de Bachillerato".

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 31 de marzo de 2022

LA SECRETARIA GENERAL,

LA PRESIDENTA,

EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.

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