La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2022, con asistencia de los señores que al margen se expresan, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
"El Consejo de Estado, en cumplimiento de una Orden de V. E. de 24 de febrero de 2022, registrada de entrada en esa misma fecha, ha examinado el expediente relativo a un proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.
De antecedentes resulta:
Primero. Proyecto de Real Decreto
El proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (el Proyecto), fechado el 24 de febrero de 2022, consta de un preámbulo, treinta y cinco artículos, cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, cuatro disposiciones finales y cinco anexos.
El preámbulo comienza recordando algunas de las principales novedades que, con carácter general, ha introducido la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, muchas de ellas derivadas, tal y como indica la propia ley orgánica en su exposición de motivos, de la conveniencia de revisar las medidas previstas en el texto original con objeto de adaptar el sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020-2030. De acuerdo con este enfoque, el título preliminar del texto modificado de la Ley Orgánica de Educación incorpora entre los principios y fines de la educación el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la inclusión educativa y la aplicación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.
Prosigue el preámbulo señalando también que la Ley Orgánica 3/2020 ha reformulado la definición de currículo y ha precisado que su configuración deberá estar orientada a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y las alumnas, garantizando su formación integral, contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándolos para el ejercicio pleno de los derechos humanos, de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual, sin que en ningún caso pueda suponer una barrera que genere abandono escolar o impida el acceso y disfrute del derecho a la educación. En consonancia con esta visión, la reforma abordada por la Ley Orgánica 3/2020 mantiene el enfoque competencial que aparecía ya en el texto original de 2006, pero hace hincapié en el hecho de que esta formación integral necesariamente debe centrarse en el desarrollo de las competencias.
Junto a ello, la Ley Orgánica 3/2020 ha modificado la anterior distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en lo relativo a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, estableciendo que corresponderá al Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, fijar, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas. Por su parte, las Administraciones educativas serán las responsables de establecer el currículo correspondiente para su ámbito territorial, del que formarán parte los aspectos básicos antes mencionados. Finalmente, corresponderá a los centros educativos desarrollar y completar, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en el uso de su autonomía, tal y como se recoge en la propia ley.
Con relación a la Educación Secundaria Obligatoria, indica la parte expositiva del Proyecto que la Ley Orgánica 3/2020 ha incidido en la necesidad de propiciar el aprendizaje competencial, autónomo, significativo y reflexivo en todas las materias. En concreto, en los tres primeros cursos, se fija cuáles habrán de ser estas materias, permitiendo su integración en ámbitos, en tanto que en el último curso de la etapa será el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, quien determine el resto de las materias no obligatorias entre las que habrá de optar el alumnado. Con objeto de facilitar esta elección y teniendo en cuenta el carácter orientador de este curso, se establece que dichas materias podrán agruparse en distintas opciones, orientadas hacia las diferentes modalidades de Bachillerato y los diversos campos de la Formación Profesional.
Al mismo tiempo, la ley señala que aspectos como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la educación para la paz y no violencia y la creatividad deberán trabajarse desde todas las materias. Asimismo, se prevé que la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, la formación estética y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales sean objeto de un tratamiento transversal. Por último, se establece que todo el alumnado deberá cursar Educación en Valores Cívicos y Éticos en uno de los cursos de la etapa.
Además, en consonancia con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado, se prevé la aplicación de diferentes medidas organizativas y curriculares de atención a la diversidad, orientadas a facilitar la consecución de los objetivos de la etapa a todo el alumnado; entre estas medidas destaca la recuperación de los programas de diversificación curricular. Por otra parte, se prevé la posibilidad de que el alumnado cuyo perfil académico así lo aconseje se incorpore a un ciclo formativo de grado básico de formación profesional, garantizando a quienes lo cursen la adquisición de las competencias de la Educación Secundaria Obligatoria en un entorno vinculado al mundo profesional, así como la obtención del título correspondiente si se superan dichas enseñanzas.
Al igual que en la Educación Primaria, la evaluación de diagnóstico del alumnado, que tendrá carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para los alumnos y sus familias y para el conjunto de la comunidad educativa, servirá para medir el grado de consecución de los objetivos y de las competencias establecidas, siendo este el criterio que deberá tenerse en cuenta a la hora de decidir la promoción de un curso a otro. Asimismo, se prevé que la permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional, por lo que solo se podrá utilizar una vez en el mismo curso y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. Para obtener la titulación, será preciso que el alumnado alcance las competencias y los objetivos de la etapa.
En desarrollo de las descritas novedades introducidas en la Ley Orgánica 2/2006 por la Ley Orgánica 3/2020, conforme a la competencia estatal para la ordenación general del sistema educativo y para la fijación de las enseñanzas mínimas recogida en el artículo 6 bis de la ley, el Proyecto establece los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa de acuerdo con la nueva ordenación.
Señala el preámbulo que la concreción en términos competenciales de estos fines y principios se recoge en el denominado Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, en el que se identifican las competencias clave, así como su respectivo grado de desarrollo previsto al finalizar la etapa. Por otro lado, para cada una de las materias, se fijan las competencias específicas previstas para la etapa, así como los criterios de evaluación y los contenidos enunciados en forma de saberes básicos. Además, con el fin de facilitar al profesorado su propia práctica, se propone una definición de situación de aprendizaje y se enuncian orientaciones para su diseño. También se establece para las diferentes materias el horario escolar que corresponde a las enseñanzas mínimas, de acuerdo con la proporción establecida en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras su modificación; y se prevén los plazos para la implantación de las novedades reguladas en los diferentes cursos de la etapa, conforme a lo establecido en el apartado 4 de la disposición final quinta, de la Ley Orgánica 3/2020.
Añade el preámbulo que el Proyecto se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y que tiene carácter básico, dictándose al amparo de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución Española, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. Indica, finalmente, que en la elaboración de la norma proyectada han sido consultadas las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación y han emitido informes el Consejo Escolar del Estado y el Ministerio de Política Territorial.
El artículo 1 del Proyecto ("Objeto") determina que el real decreto tiene por objeto establecer la ordenación y las enseñanzas mínimas de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
A continuación, el artículo 2 contiene una serie de definiciones: objetivos, competencias clave, competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos y situaciones de aprendizaje.
El artículo 3 recuerda que la ESO, junto con la Educación Primaria y los Ciclos Formativos de Grado Básico, constituyen la Educación Básica; que la ESO comprende cuatro cursos y se organiza en materias y ámbitos y que el cuarto curso tendrá carácter orientador.
El artículo 4 regula los fines de la etapa de la ESO y el artículo 5 los principios generales que la rigen, en tanto que el artículo 6 trata de los principios pedagógicos y el artículo 7 de sus objetivos.
El artículo 8 regula la organización de los tres primeros cursos de la etapa y el artículo 9 de la organización del cuarto curso.
El artículo 10 trata de la Educación en Valores Cívicos y Éticos.
El artículo 11 regula las competencias clave y el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica; este perfil fija las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica y constituye el referente último del desempeño competencial, tanto para la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Además, sirve de fundamento para el resto de decisiones curriculares y las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva.
El artículo 12 trata de las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos.
El artículo 13 regula el currículo, el artículo 14 el horario, el artículo 15 la evaluación y el artículo 16 la promoción en la etapa.
El artículo 17 contiene el régimen del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
El artículo 18 regula la tutoría y la orientación.
El artículo 19 trata de la atención a las diferencias individuales, dedicándose los artículos 20 a 23, respectivamente, del alumnado con necesidades educativas especiales, con dificultades específicas de aprendizaje, con integración tardía en el sistema educativo español y con altas capacidades intelectuales.
El artículo 24 contiene el régimen de los programas de diversificación curricular.
Los Ciclos Formativos de Grado Básico se regulan en el artículo 25.
El artículo 26 trata de la autonomía de los centros y el artículo 27 de la evaluación de diagnóstico, en tanto que el artículo 28 contempla el derecho del alumnado a una evaluación objetiva.
El artículo 29 regula la participación y el derecho a la información de madres, padres, tutoras o tutores legales.
En los artículos 30 a 35 se contienen las reglas relativas a los documentos e informes de evaluación, las actas de evaluación, el expediente académico, el historial académico, el informe personal por traslado y la autenticidad, seguridad y confidencialidad de los documentos oficiales de evaluación.
La disposición adicional primera dispone el régimen de las enseñanzas de religión y la adicional segunda el de las enseñanzas del sistema educativo español impartidas en lenguas extranjeras.
La regulación de la educación de personas adultas se contiene en la disposición adicional tercera.
En materia de calendario escolar, la disposición adicional cuarta del Proyecto establece que será fijado anualmente por las Administraciones educativas, comprendiendo un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias.
Las disposiciones transitorias primera y segunda tratan, respectivamente, de la aplicabilidad del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y de la aplicabilidad del Real Decreto 984/2021, de 6 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.
La disposición derogatoria única establece, en su primer apartado, que queda derogado el mencionado Real Decreto 1105/2014, en todo lo que se refiera a la Educación Secundaria Obligatoria y, en particular, su capítulo II. Conforme a su segundo apartado, asimismo queda derogado el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, en todo lo que se refiera a la Educación Secundaria Obligatoria y, en particular, su capítulo III y los artículos 24 y 26.1. Finalmente, prevé que quedarán derogadas las demás normas de igual o inferior rango en cuanto se opongan a lo establecido en el Proyecto.
La disposición final primera establece que el Proyecto, salvo su anexo III, tiene carácter básico y se dicta al amparo de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española.
La disposición final segunda, bajo la rúbrica "Aplicación", establece que "corresponde a la persona titular del Ministerio de Educación y Formación Profesional dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución y aplicación de lo establecido en este real decreto, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas".
La disposición final tercera ("Calendario de implantación") prevé en su apartado 1 que "lo dispuesto en este real decreto se implantará, para los cursos primero y tercero de Educación Secundaria Obligatoria en el curso escolar 2022-2023 y para los cursos segundo y cuarto en el curso 2023-2024". Conforme a su apartado 2, "lo dispuesto en este real decreto se implantará para el primer curso de los Ciclos Formativos de Grado Básico en el curso escolar 2022-2023 y para el segundo curso, en el curso escolar 2023-2024".
La disposición final cuarta establece que el Proyecto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El anexo I del Proyecto se dedica al "Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica", que recoge las competencias clave que debe adquirir el alumnado en la etapa de la Enseñanza Básica; dichas competencias son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave que establece la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente (DOUE de 4 de junio de 2018). Las ocho competencias clave son: competencia en comunicación lingüística, competencia plurilingüe, competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, competencia digital, competencia personal, social y de aprender a aprender, competencia ciudadana, competencia emprendedora y competencia en conciencia y expresión culturales.
Cada una de estas competencias clave se completa, para su dimensión aplicada, de una serie de descriptores operativos que constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas en cada área, ámbito o materia. La vinculación de los descriptores operativos con las competencias específicas permite que de la evaluación de estas se derive el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa de la ESO.
El anexo II trata de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria (artículos 8 y 9 del Proyecto).
Dentro de cada una de ellas se precisan las respectivas competencias específicas que comprenden y la conexión de tales competencias específicas con los descriptores operativos del Perfil de salida. Además, se establecen los criterios de evaluación de los cursos primero a tercero de forma agrupada y del cuarto curso de la etapa, por referencia a cada una de las correspondientes competencias específicas que se integran en cada materia. Además, se detallan los saberes básicos cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas.
El anexo III se dedica a las situaciones de aprendizaje.
El anexo IV contiene la distribución del horario escolar, expresado en horas, correspondientes a las enseñanzas mínimas para la Educación Secundaria Obligatoria.
El anexo V, finalmente, trata de los ámbitos de Ciclos Formativos de Grado Básico, contemplando los de Ciencias Aplicadas y Comunicación y Ciencias Sociales.
Segundo. Memoria del análisis de impacto normativo
La memoria, fechada el 24 de febrero de 2022, comienza exponiendo la motivación a la que responde el Proyecto, así como los objetivos que persigue, consistentes, como su título indica, en el establecimiento de la ordenación y las enseñanzas mínimas de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Educación. Se estima que no hay alternativa posible a la aprobación del real decreto proyectado, ya que al Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, le corresponde fijar, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas.
Desde el punto de vista material, indica la memoria, se han considerado principalmente las siguientes alternativas:
- Definición de competencias clave:
Con el fin de favorecer la convergencia de la enseñanza en España con las de otros sistemas educativos en aras de favorecer una progresiva internacionalización de la educación no superior, en la conformación del currículo se han tenido muy en cuenta las recomendaciones supranacionales, así como las directrices que en materia educativa se vienen marcando desde hace años en el seno de la Unión Europea y los modelos educativos más exitosos de nuestro entorno. En este sentido, se ha elaborado una nueva relación y definición de las competencias clave basada en la Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. De igual manera, han sido tenidos en consideración los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, cuyo abordaje demanda el despliegue de las competencias clave para acercarse a situaciones, cuestiones y problemas de la vida cotidiana.
- Definición de los elementos del currículo:
A través de las áreas que conforman la ordenación de la etapa, el Proyecto desarrolla los aspectos básicos del modelo curricular, conformado por los siguientes elementos:
a) Competencias específicas: constituyen un segundo nivel de concreción de las competencias. Se definen de forma general para un área o materia y, a modo de objetivos competenciales, determinan los logros a conseguir desde esta, vinculándose además con las competencias clave definidas en el Perfil de salida.
b) Saberes básicos: a diferencia de ordenaciones anteriores, los contenidos propios de un área o materia se formulan bajo esta denominación, integrando en ella los conocimientos, destrezas y actitudes cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas.
c) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área o materia en un momento determinado de su proceso de aprendizaje.
- Determinación de las enseñanzas mínimas:
Las competencias específicas se establecen para cada área en su conjunto y sin diferenciación de cursos, por cuanto se entiende que constituyen esencialmente los objetivos competenciales de dicha área. A diferencia de estas, los saberes básicos y los criterios de evaluación se definen agrupados en función de su oferta.
- Expresión de la calificación:
En consonancia con el modelo competencial propuesto, se suprime en toda la Educación Básica la calificación numérica, con objeto de ir avanzando en una concepción más cualitativa que cuantitativa en el proceso de evaluación.
- Criterios para la toma de decisiones en materia de promoción y titulación:
Promoción y titulación dejan de estar vinculadas, como ocurría en ordenaciones anteriores, a la superación de un determinado número de materias, reforzando el carácter integrador de la evaluación y dejando plena libertad de actuación al equipo docente para valorar cuál es la decisión más beneficiosa para cada alumno o alumna, confiriendo una mayor personalización al proceso.
- Supresión de la convocatoria extraordinaria:
Atendiendo a la concepción, expresada en la ley, de la evaluación como un proceso continuo, se introduce en el Proyecto la supresión de las convocatorias extraordinarias, indicando que las decisiones sobre la titulación y la promoción se adoptarán colegiadamente en una única sesión de evaluación al finalizar el curso escolar. Esta medida está alineada con el carácter continuo e integrador del nuevo modelo curricular, favorece la equidad y termina con la incongruencia de resolver un proceso de nueve meses de trabajo en un momento muy concreto y reducido en el tiempo, o incluso en una prueba única, resolviéndose asimismo los problemas organizativos generados en los centros a raíz de la ubicación de la convocatoria extraordinaria en el mes de junio, hecho este que se da ya en la mayoría de comunidades autónomas.
Tras recordar que el Proyecto está incluido en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2022, se analiza por la memoria su contenido.
A continuación, procede a exponer el fundamento jurídico y el rango normativo elegido, así como su coherencia con el resto del ordenamiento. El Proyecto constituye el desarrollo de los artículos 22 a 31 de la LOE, estableciendo la normativa básica necesaria para que las Administraciones educativas puedan, a su vez, establecer el currículo de la etapa que será de aplicación en sus respectivos territorios el próximo curso 2022-2023.
En relación con ello, la memoria pone de manifiesto que el calendario de implantación recogido en la disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, establece que las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de Educación Secundaria Obligatoria se implantarán para los cursos primero y tercero en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor de esta ley (curso 2022-2023), y para los cursos segundo y cuarto en el curso que se inicie dos años después de dicha entrada en vigor (curso 2023-2024). Teniendo en cuenta, además, la necesidad existente de establecer el marco jurídico necesario para permitir a las diferentes Administraciones educativas llevar a cabo el desarrollo posterior de su contenido, se considera que concurren suficientes razones justificativas de la entrada en vigor de la norma en el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Prosigue la memoria indicando que el Proyecto se dicta al amparo de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, habiendo participado las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Educación y de sus comisiones.
Seguidamente se describe la tramitación del Proyecto, indicando que las diferentes aportaciones recibidas durante los trámites de participación ciudadana que hacen mención a algún aspecto objeto del proyecto de norma, y las realizadas por las comunidades autónomas, así como las provenientes de los distintos informes y dictámenes recibidos, aparecen recogidas junto con su valoración en los anexos I y II de la propia memoria.
A continuación, la memoria analiza los impactos del Proyecto.
Por lo que se refiere al impacto económico general, se indica que es nulo en los precios, la productividad, el empleo, las pymes, la innovación, los consumidores y la economía europea. A lo que se añade que, dado que el Proyecto es un desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, se presupone que los efectos sobre la economía ya fueron detallados en la memoria del análisis de impacto normativo de la ley, por lo que no se considera necesario un análisis exhaustivo posterior.
A ello se añade que no se prevé que el Proyecto tenga efectos que distorsionen la competencia del mercado.
Por lo que hace a las cargas administrativas, se entiende que el Proyecto no supone, a priori, un aumento o disminución de aquellas, dado que no regula los procedimientos administrativos mediante los cuales se relaciona la Administración pública con el ciudadano.
A continuación, se trata la vinculación del Proyecto con el plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), ya que, conforme al artículo 47.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es preciso dedicar un apartado específico de esta memoria a la justificación de la vinculación de la norma que se pretende publicar con la aplicación del Fondo de Recuperación.
El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RMRR), ha sido concretado para España en la Decisión de Ejecución del Consejo (en adelante, CID, por sus siglas en inglés Council Implementing Decision) de 13 de junio, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, y en su correspondiente anexo. En el anexo a la CID se establece como componente 21, el denominado "Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años", cuyo objetivo es lograr un sistema más flexible e inclusivo que se adapte mejor a las necesidades de cada alumno e introduzca nuevas técnicas de enseñanza y aprendizaje, incluidas las digitales.
Dentro del citado componente 21 la primera reforma que figura (C21 R1) es la "Aprobación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación", siendo precisa la aprobación ulterior de los desarrollos reglamentarios que establezcan la ordenación de las distintas enseñanzas. Por ello, dentro del componente 21, la reforma segunda (C21 R2) consiste en el "Diseño y aplicación de nuevo modelo curricular por competencias clave, priorizando aprendizajes fundamentales, y regulación de una ordenación académica inclusiva". Dentro de la hoja de ruta prevista para la aplicación de esta reforma se encuentra recogido el hito 304 referido a la "entrada en vigor del Real Decreto sobre los requisitos mínimos de enseñanza en el sistema educativo", conforme al cual, los reales decretos sobre los requisitos mínimos de enseñanza para la enseñanza infantil, la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria obligatoria y el bachillerato, respectivamente, incluirán "la introducción de directrices metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje con arreglo a un currículo basado en las competencias, que incorpore las "aptitudes interpersonales", un marco de evaluación para la adquisición de competencias; el diseño de un modelo curricular más flexible y abierto que promueva un aprendizaje profundo; y la preparación del material didáctico, el apoyo, la orientación y la formación de los profesores para garantizar que puedan aplicar eficazmente el nuevo currículo".
En consecuencia, el Proyecto se encuentra enmarcado en el hito 304, componente 21 reforma 2, del anexo CID, incluida la descripción del hito, y está vinculado al plan de recuperación, transformación y resiliencia.
A ello añade la memoria que el cumplimiento del hito 304 se producirá con la publicación y entrada en vigor de los reales decretos de ordenación y enseñanzas mínimas de las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato antes del 31 de marzo de 2022. El indicador cualitativo para el cumplimiento del hito es la disposición del real decreto por la que se establece la entrada en vigor. Por ello, en este proyecto de Real Decreto y en los mencionados para Educación Primaria y Bachillerato, figura una disposición final que dispone que "entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado". En la planificación normativa se ha previsto el cumplimento del hito en el plazo previsto.
Prosigue el análisis de los impactos con el presupuestario, indicando que el PRTR ha establecido para el mencionado componente 21, una inversión total estimada de 1.648 millones de euros, cantidad de la que se destinarán 2.400.000 euros a la reforma 2, "Diseño y aplicación de nuevo modelo curricular por competencias clave, priorizando aprendizajes fundamentales, y regulación de una ordenación académica inclusiva", que se distribuirán en 600.000 euros para el ejercicio 2021 (y así se incluyó en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021, en su sección 18 correspondiente al Ministerio de Educación y Formación Profesional, programa 320L), 1.400.000 euros para el ejercicio 2022 (Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, en su anexo I, programa 32US) y 400.000 euros para el ejercicio 2023.
Del crédito total de 600.000 euros para 2021, 408.000 euros se han destinado a la financiación del pago de las nóminas de dieciséis asesores técnicos docentes que han trabajado en el diseño, en las distintas etapas educativas, del nuevo currículo en el Ministerio de Educación y Formación Profesional y 192.000 euros se han destinado a financiar el coste de sesenta y cuatro colaboradores externos. No siendo posible diferenciar la cuantía exacta destinada a la elaboración del Proyecto, podría estimarse en un tercio de la cantidad total teniendo en consideración que son tres las etapas reguladas. Estas cuestiones también son tratadas por la memoria en su apartado sobre el impacto laboral.
Al coste anterior se añadirá al referido al cumplimiento del hito 305, referido a la elaboración de materiales para la orientación y apoyo del profesorado en la aplicación del nuevo currículo y formación de profesionales. Las partidas presupuestarias asociadas al cumplimiento de este hito para los ejercicios presupuestarios 2022 y 2023 ascienden a 1,8 millones de euros.
En cuanto al impacto por razón de género, se procede en primer término a identificar los objetivos del Proyecto en materia de igualdad de género y de prevención de la violencia de género, que son los siguientes:
- La educación para la igualdad de mujeres y hombres.
- La integración del principio de igualdad en la política de educación.
- La inclusión como principio de calidad del sistema educativo, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos.
Tales principios y objetivos forman parte del Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, de las Conclusiones del Consejo, de 7 de marzo de 2011, sobre Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), de la Constitución Española, de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y del II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad 2017-2023.
Atendiendo a los datos obrantes en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se exponen los indicadores cuantitativos que permiten identificar las posibles desigualdades de género existentes.
En primer término, las estadísticas de las enseñanzas no universitarias ponen de manifiesto que en la ESO no existen diferencias significativas en ninguno de los cursos en cuanto a la distribución por sexos del alumnado (página 31 de la memoria): así, de los datos del curso 2019-2020 resulta una población escolar en la ESO de 2.039.599 alumnos, de los que el 51,4 % eran hombres y el 48,6 % eran mujeres, porcentajes muy similares a los existentes en educación infantil y educación primaria. En todo caso, a medida que progresa la etapa la presencia de ambos sexos tiende a igualarse aún más (página 32 de la memoria). El equilibrio se rompe en Bachillerato, con una distribución característica por sexos en las modalidades de Humanidades, Ciencias y Artes, existiendo mayor presencia de mujeres en las modalidades de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes y una mayor presencia de hombres en la modalidad de Ciencias (en el entorno del 55 %).
La situación de desequilibrio es aún más acusada en las enseñanzas de Formación, Profesional, resultando muy evidente ya en la distribución del alumnado en FP Básica, particularmente en determinadas familias profesionales, evidenciando los datos que esta brecha de género se manifiesta aún de forma más clara en los ciclos formativos de FP de Grado medio (páginas 33 y 34 de la memoria).
A lo anterior añade la memoria datos del Informe PISA 2018, sobre las diferencias de rendimiento por género en Matemáticas y sobre los estudiantes de alto rendimiento en Matemáticas o Ciencias.
El análisis de estos datos anteriores evidencia, según la memoria, que sigue habiendo elementos de mejora en la ordenación del sistema educativo español desde una perspectiva de eliminación de desigualdades y contribución al desarrollo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se entiende que las modificaciones que introducen los desarrollos reglamentarios de la nueva redacción de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en la ordenación de las diferentes etapas esperan en su conjunto tener una repercusión directa en los siguientes extremos:
- Una profundización en la prevención de la violencia de género y la convivencia en el centro escolar, junto con el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres.
- El avance en la consolidación del principio de coeducación como instrumento para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
- Un mayor equilibrio en el porcentaje de alumnos y alumnas en estudios del ámbito de las Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, así como en las enseñanzas de formación profesional tradicionalmente consideradas como "masculinas" en las que existe menor demanda femenina, fruto de la especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado desde la perspectiva de género y de las actuaciones de las Administraciones educativas orientadas al aumento de la presencia de alumnas en los ámbitos citados.
Por todo ello, concluye la memoria este análisis considerando que el Proyecto tendrá un impacto positivo, porque de su aplicación se espera una disminución o eliminación de las desigualdades detectadas y una contribución a la promoción de la igualdad de género y la superación de estereotipos sexistas.
Prosigue la memoria con el análisis del impacto del Proyecto en la infancia y la adolescencia. Para ello, parte de nuevo de la información estadística del Ministerio de Educación y Formación Profesional, a fin de identificar la situación de partida con respecto al ejercicio efectivo de derechos a la educación en el actual contexto español; y a tal fin, parte del concepto de la tasa de idoneidad de la edad del alumnado, como medida de los resultados del sistema educativo, ya que muestra el alumnado que realiza el curso que corresponde a su edad.
En España, las tasas de idoneidad del alumnado descienden a medida que se incrementa la edad. Los últimos datos publicados, correspondientes al curso 2018-2019, muestran que, en ese año, el 93,5 % del alumnado de ocho años estaba matriculado en tercero de Educación Primaria, curso teórico de esta edad, pero a los diez años la tasa de alumnos en quinto de esta etapa descendía hasta el 89,5 %. En el tramo de edades correspondientes a la etapa educativa de Educación Secundaria Obligatoria, un 86,2 % de los alumnos de doce años matriculados en 2018-2019 cursaba primero de esta etapa educativa; un 74,7 % de alumnos de catorce años, tercero, y un 70,6 % de quince años estaba matriculado en cuarto o había iniciado FP Básica. Esta circunstancia supone a medio plazo un empeoramiento de las tasas de idoneidad en las etapas posteriores.
Junto a ello, se exponen los datos sobre la repetición de curso en la etapa de los últimos años, que se habría reducido en la última década. Los últimos datos disponibles son del curso 2018-2019, fijándose la tasa en 2,4 % y siendo el primer curso el que presenta el mayor porcentaje de repetición (9,3 %), aunque muy cercano al menor porcentaje (7,7 %) de la etapa, que se encuentra en el cuarto curso.
Tras la exposición de estas cuestiones, la memoria indica que el incremento de las tasas de graduados en Educación Secundaria Obligatoria es uno de los objetivos de las Administraciones educativas, ya que, entre otros aspectos, mejoraría el nivel educativo de la población española y facilitaría la transición educativa a las etapas postobligatorias, influyendo en la reducción del abandono temprano de la educación y la formación.
En concreto, en el curso 2018-2019, la tasa bruta de graduados en ESO fue del 78,8 % respecto a la población de quince años. Según el sexo, la diferencia entre las tasas de mujeres y hombres que se gradúan al finalizar la ESO es de 10,2 puntos porcentuales a favor de las mujeres. Se observa un aumento de 5,7 puntos al comparar la tasa del curso 2018-2019 con la del curso 2008-2009, aunque el valor más alto se alcanzó en 2015-16 con 79,3 % (6,3 p.p. más que en 2008-2009). En toda la serie se observa una clara diferencia entre hombres y mujeres, disminuyendo progresivamente esta diferencia de 12,3 p.p. en el inicio del periodo a 10,2 en el último curso. Prácticamente todas las comunidades autónomas han visto incrementadas sus tasas desde el curso 2008-2009 hasta la actualidad.
Respecto al porcentaje de alumnado que promocionan en 2018-2019 en cada uno de los cuatro cursos de la ESO, primero es el curso con el porcentaje más elevado (89,7 %), mientras que cuarto es el curso con el porcentaje de promoción más bajo (86,4 %). Según el sexo, la mayor diferencia entre hombres y mujeres se da en cuarto curso con 5,5 p.p. a favor de las mujeres. En cuanto a la titularidad del centro, los centros privados superan a los centros públicos en los porcentajes de promocionados en los cuatro cursos de ESO, siendo mayores los porcentajes de alumnado que promociona en la enseñanza privada no concertada.
El análisis de los datos de partida evidencia que hay elementos de mejora en el sistema educativo. En este sentido, los resultados previstos que tienen mayor impacto en la infancia y la adolescencia, con las modificaciones introducidas en la ordenación de las enseñanzas, son los siguientes:
a) Una educación más inclusiva y acorde con las competencias clave, mediante un renovado ordenamiento legal de las enseñanzas que aumente las oportunidades educativas y formativas de los niños y adolescentes.
b) La reducción de las tasas de repetición, a través de la adopción de medidas educativas ordinarias previas a la repetición. Se posibilita que los centros educativos puedan organizar, de acuerdo con lo que regulen las Administraciones educativas, medidas o programas de refuerzo para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. El equipo docente revisará periódicamente la aplicación personalizada de los mismos en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo.
En función de lo anterior, la memoria concluye este apartado señalando que el Proyecto tendrá un impacto positivo, ya que de su aplicación se espera la mejora de los resultados educativos en términos de equidad y calidad y, en consecuencia, permitirá avanzar de manera significativa en el logro del derecho efectivo a la educación de todo el alumnado.
Por lo que hace al impacto en la familia, se considera que la aplicación, mediante las previsiones contenidas en el Proyecto, de las modificaciones introducidas en la LOE tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, tendrá un impacto positivo en la familia, al promover su participación de forma cooperativa en aquellos proyectos y tareas relacionados con el centro educativo, así como al fomentar el respeto a todos los componentes de la comunidad educativa.
En materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la cifra total de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE) que recibió una atención educativa diferente a la ordinaria en el curso 2019-2020 representa el 9 % del total del alumnado matriculado en las enseñanzas de régimen general, de los cuales el 2,7 % corresponde a alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, en tanto que un 6,3 % presenta otras necesidades específicas. A fin de mejorar la situación global de estos alumnos en el sistema educativo, las medidas que incorpora el Proyecto son la propuesta de un currículo al servicio de una educación inclusiva que, acorde con las competencias clave, valore la diversidad; la promoción de la sensibilidad hacia la diversidad en la comunidad educativa a través de la incorporación de un área de Educación en Valores Cívicos y Éticos; y el impulso a la acción tutorial como instrumento que facilita el proceso educativo del alumnado, así como la incorporación desde edades tempranas de elementos de orientación educativa, académica y profesional; el aumento de la flexibilización en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales; y la personalización de la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Por todo ello se estima que el Proyecto tendrá un impacto positivo en este ámbito.
La memoria añade que el impacto en el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración digital y por razón del cambio climático es nulo.
Y concluye señalando, en el apartado dedicado a la "Evaluación ex post", que la LOE dedica su título VI a la evaluación del sistema educativo; en conexión con ello el apartado 8 de la disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020 prevé que "las evaluaciones de diagnóstico a las que se refieren los artículos 21 y 29 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación comenzarán a aplicarse en el curso escolar en el que se implanten los cursos cuarto de educación primaria y segundo de educación secundaria obligatoria". De conformidad con el calendario de aplicación de la reforma legal referida y el calendario del propio Proyecto, dichas evaluación comenzarán en el curso 2023-2024.
La memoria, como ya se ha indicado, se completa con dos extensos anexos.
El anexo I se dedica a la valoración de las aportaciones recibidas durante el trámite de consulta previa (apartado 1), las efectuadas por las comunidades autónomas en el seno de la Comisión General de Educación (apartado 2), las realizadas durante el trámite de audiencia e información pública (apartado 3), las efectuadas por el Consejo Escolar del Estado (apartado 4), las realizadas por los diferentes departamentos ministeriales (apartado 5) y por la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa (apartado 6).
El anexo II se dedica a la valoración de las observaciones efectuadas a la memoria a lo largo de la tramitación del expediente por los ministerios y la referida oficina.
Tercero. Contenido del expediente
Además de las versiones anteriores del Proyecto y de la memoria, de la orden de remisión y de un índice numerado de los que lo integran, obran en el expediente los siguientes documentos:
- Certificado de la subdirectora general de la Oficina de Atención al Ciudadano, de fecha 29 de abril de 2021, acreditativo de la celebración de la consulta pública previa del Proyecto, entre los días 14 y 28 de abril de 2021, ambos incluidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
- Certificado de la subdirectora general de la Oficina de Atención al Ciudadano, de fecha 2 de diciembre de 2021, que acredita la realización del trámite de información pública previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, entre los días 11 de noviembre y 1 de diciembre de 2021.
- Certificado de la secretaria de la Conferencia de Educación, de 3 de febrero de 2022, en el que se indica que el Proyecto fue sometido a consulta de las comunidades autónomas en la sesión de la Conferencia de Educación celebrada el día 25 de noviembre de 2021. Ese mismo Proyecto fue presentado en la Comisión de Ordenación Académica y analizado por la Comisión General de Educación el día 12 de noviembre de 2021. En ambas reuniones estuvieron representadas todas las comunidades autónomas.
Se han incorporado al expediente las actas de ambas reuniones.
En el acta de la reunión, de 12 de noviembre de 2021, formulan observaciones las Comunidades Autónomas de Madrid, País Vasco, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, referidas, entre otras cuestiones, a la agrupación de materias en ámbitos a criterio de las distintas Administraciones educativas; la definición del Perfil de salida y las posibilidades que quedan a las comunidades autónomas para adaptarlas a sus especificidades y ampliar los saberes mínimos; la imputación de las horas de tutoría y de las materias optativas al margen asignado a las comunidades autónomas; la eficacia de las reglas sobre obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para atender problemas endémicos como el fracaso escolar; el ajuste del horario en las comunidades autónomas con lengua propia; la posibilidad de ofertar la materia de Filosofía en cuarto curso de la ESO, dentro de la relación de materias incluidas en el proyectado artículo 9.2; la determinación del curso en que ha de impartirse la materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos; la decisión de expedir el título de la ESO sin calificación; la definición de algunos saberes básicos; o el cómputo de las materias suspensas.
En el acta de la reunión de 25 de noviembre de 2021, los representantes de las comunidades autónomas valoran de forma positiva, en términos generales, el elevado grado de participación en la tramitación del Proyecto. Se efectúan observaciones sobre el escaso plazo del que las comunidades autónomas van a disponer para la adaptación de sus sistemas educativos a las novedades que el Proyecto incorpora, además de algunas particulares relativas al diseño del Perfil de salida y la dificultad de adecuarlo a la realidad propia de cada comunidad autónoma, el elevado número de saberes esenciales y criterios de evaluación recogidos en los proyectados anexos, el diseño curricular y el modelo de evaluación, entre otros aspectos.
- Dictamen 32/2021, de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2021, que se acompaña de un anexo con correcciones formales.
El dictamen 32/2021, tras hacer referencia a los antecedentes normativos y al contenido del Proyecto, efectúa observaciones al articulado y, sobre todo, a los anexos del Proyecto: entre las primeras, se encuentran las referidas a la ubicación de las definiciones en la parte articulada, la introducción de tablas explicativas que clarifiquen la interrelación de los diferentes elementos del currículo, el contenido de la materia Educación en Valores Cívicos y Éticos y las condiciones de diseño universal relacionadas con el alumnado con necesidades educativas especiales; entre las segundas, se sugiere precisar las etapas a que se refieren los descriptores operativos en el anexo I, se critica la escasa concreción de algunos saberes básicos en el anexo II (como en la materia de Geografía e Historia).
A continuación se efectúan una serie de observaciones generales a los aspectos educativos de la norma proyectada: se valora de manera favorable la potenciación de las competencias clave y específicas y la inclusión en el anexo III de las situaciones de aprendizaje; se sugiere revisar algunos preceptos y los anexos, por su gran extensión; se sugiere dar mayor concreción en el Proyecto para evitar generalidades y se recomienda que las Administraciones educativas valoren la posibilidad de incluir la Filosofía y alguna otra materia relacionada con el desarrollo de la competencia artística entre la oferta de materias optativas.
Prosigue el informe con un apartado dedicado a las consideraciones presentadas por los integrantes del Consejo que han sido aprobadas por su Comisión Permanente, referidas a la revisión del texto proyectado, en las que se sugiere bien la adición, bien la supresión de contenidos en su parte dispositiva y en sus anexos. Se han aceptado observaciones a los artículos 6, 9, apartados 3 y 6, 15.9, 16.3, 18.1, 20.5, 22.1, 26.2, 28, 29 y 33.3 y a la disposición adicional tercera, así como al anexo I (descriptor CCEC1 de la competencia en conciencia y expresión culturales), al anexo II (estructura interna y distribución por cursos de la etapa, competencia específica 2 de la materia Biología y Geología, competencia específica 3 y saberes básicos de la materia Educación en Valores Cívicos y Éticos, la competencia específica 9 y los saberes básicos de la materia Lengua Castellana y Literatura y la descripción de la materia Matemáticas).
- Informe de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, de 14 de diciembre de 2021, sobre la competencia del Estado para fijar el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica.
Tras analizar la jurisprudencia constitucional sobre la legislación básica y las normas que pueden tener el carácter de básicas (cita, entre otras, las Sentencias del Tribunal Constitucional 223/2000, de 21 de septiembre, 109/2003, de 5 de junio, 22/2012, de 16 de febrero, y 173/2005, de 23 de junio), el informe examina el alcance de las competencias del Estado en materia educativa establecidas en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Una vez establecido que al Estado le corresponde la competencia exclusiva para establecer los "aspectos básicos del currículo", se analiza si esa competencia alcanza a la regulación del "perfil de salida", concepto que la LOE no contempla, pero que puede entenderse como la determinación, dentro de aquellos "aspectos básicos", de las competencias que los alumnos deben necesariamente haber adquirido y desarrollado al finalizar la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria; desde esta perspectiva, se sostiene que el Estado tiene competencia para el establecimiento del "perfil de salida" (con arreglo a las competencias que al Estado atribuyen los apartados 1, 18 y 30 del artículo 149.1 de la Constitución Española) y que puede abordar su regulación por medio de una norma de rango reglamentario como la proyectada. Además, el informe destaca la conexión del perfil de salida con la competencia del Estado para la regulación de las condiciones básicas de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales (artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española), ya que de conformidad con el artículo 30 de la LOE la obtención del título de Graduado en ESO exige la previa adquisición de las competencias establecidas para esa etapa; dado que el "perfil de salida" comprende las competencias clave que se deben alcanzar por los alumnos al término de las enseñanzas básicas, tal perfil se configura como un requisito para la obtención del referido título.
- Informe de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial, de 14 de enero de 2022 en virtud de lo previsto en el artículo 26.5, párrafo sexto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
En este documento se pone de manifiesto que la conflictividad en materia de determinación de las enseñanzas mínimas ha sido recurrente entre el Estado y las comunidades autónomas, habiéndose planteado conflictos positivos de competencia en relación con los Reales Decretos 828, 829, 830, 831 y 832 de 2003, todos ellos de 27 de junio, 1513/2006, de 7 de diciembre, y 1630 y 1631/2006, de 29 de diciembre.
También fue impugnada la LOE, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, habiéndose dictado las Sentencias del Tribunal Constitucional 14, 31, 49 y 53/2018, en las que se declara la competencia del Estado sobre las enseñanzas mínimas o "aspectos básicos del currículo", ya que por medio de ella se trata de garantizar una homogeneidad en la formación que permita la homologación de los títulos y la garantía de una igualdad básica en el ejercicio del derecho a la educación.
Se sugiere revisar la redacción de la disposición final segunda (Título competencial), a fin de tratar de evitar ulteriores controversias competenciales, en términos que son incorporados al Proyecto. Se efectúa una sugerencia a la redacción del artículo 6.10 (actual artículo 6.6) que no es atendida y se pone de manifiesto que la regulación contenida en los anexos I, II y IV podría resultar muy detallada, por lo que se estima que sería necesaria que se hubiera consensuado con las comunidades autónomas.
El informe, que no formula observaciones desde la perspectiva de la unidad de mercado, concluye indicando que no resulta improbable que la norma proyectada genere controversias competenciales.
- Informes de las Secretarías Generales Técnicas (artículo 26.5 párrafo cuarto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno) de los siguientes departamentos ministeriales:
a. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: favorable al Proyecto y con sugerencias de carácter formal y técnica normativa.
b. Ministerio de Justicia: sugerencias formales y de técnica normativa.
c. Ministerio de Defensa: efectúa una sugerencia de adición de contenido en la materia Educación en Valores Cívicos y Éticos que no es atendida.
d. Ministerio de Hacienda y Función Pública: se formulan observaciones a la memoria del análisis de impacto normativo y sobre la relación del Proyecto con el plan de recuperación, transformación y resiliencia.
e. Ministerio del Interior: efectúa alegaciones acerca de la posible ampliación de las menciones al estudio del fenómeno terrorista, la prevención del terrorismo y el respeto a la consideración a las víctimas del terrorismo.
f. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: sin observaciones.
g. Ministerio de Trabajo y Economía Social: sin observaciones.
h. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: se realizan observaciones de carácter formal.
i. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: sin observaciones.
j. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática: sin observaciones.
k. Ministerio de Política Territorial: se sugiere la inclusión de dos menciones a la Conferencia Sectorial de Educación, que han sido atendidas.
l. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: efectúa alegaciones acerca de la posible ampliación de las menciones al medio ambiente, alguna de las cuales ha sido incorporada al anexo correspondiente.
m. Ministerio de Cultura y Deporte: formula observaciones a la regulación de las competencias clave y el Perfil de salida, en el articulado y el anexo.
n. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital: se hacen observaciones generales al tratamiento de las competencias digitales y digitalización en el Proyecto.
ñ. Ministerio de Sanidad: sin observaciones.
o. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: se sugiere incluir la mención al principio de diversidad familiar como uno de los principios generales informadores de la etapa.
p. Ministerio de Ciencia e Innovación: sin observaciones.
q. Ministerio de Igualdad: se realizan varias propuestas de modificación del articulado y de los anexos en materia de educación sexual, que no han sido incorporadas.
r. Ministerio de Consumo: sin observaciones.
s. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: sin observaciones.
t. Ministerio de Universidades: se efectúan sugerencias formales y otras relacionadas con la reproducción de preceptos de la LOE en una norma de rango reglamentario, la adecuada ubicación de las definiciones en el texto proyectado, el alumnado con altas capacidades intelectuales, los ciclos formativos de grado básico, algunas de las cuales han sido atendidas.
Tras describir el objeto, antecedentes y contenido del Proyecto, se analiza su congruencia con el ordenamiento vigente y, en particular, con las normas reglamentarias que regulan la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (Real Decreto 1105/2015 y Real Decreto 984/2021) y los ciclos formativos de grado básico (Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero), así como con el calendario de implantación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (disposición final quinta).
Además de ello, se examina el régimen de entrada en vigor y la conformidad con los principios de buena regulación del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y se analiza la tramitación.
Entre otras observaciones, se sugiere incluir la definición de "Perfil del alumnado" en el artículo 2 del Proyecto, suprimiendo el apartado 2 del artículo 11 que la recoge; se efectúan sugerencias al tratamiento de la materia Lengua propia y Literatura en la organización de la etapa (artículos 8 y 9); se proponen ajustes en el tratamiento del currículo (artículo 13) y de la promoción (artículo 16), así como al régimen transitorio del Real Decreto 984/2021. El informe concluye con una serie de observaciones al contenido de la memoria.
- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, a los efectos previstos en el artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley del Gobierno, emitido el 17 de febrero de 2022.
Se realizan observaciones relacionadas con la calidad técnica de la norma proyectada, su régimen transitorio y la relación de este con el calendario de implantación de la Ley Orgánica 3/2020 (disposición final quinta) y con su propio calendario de implantación (disposición final tercera).
En tal estado, el expediente ha sido remitido al Consejo de Estado para dictamen.
I. Objeto y competencia
La consulta versa sobre un proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.
La competencia para emitir el presente dictamen corresponde a la Comisión Permanente del Consejo de Estado conforme a lo previsto en el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
La emisión del dictamen ha sido solicitada con el carácter de urgente, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de dicha ley orgánica.
La memoria -antecedente segundo del dictamen- expone las razones por las que la disposición proyectada ha de tramitarse de forma urgente, consistentes en esencia en su vinculación con el plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), en concreto, con el componente 21, denominado "Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años", y dentro de este, con la reforma segunda (C21 R2), consistente en el "Diseño y aplicación de nuevo modelo curricular por competencias clave, priorizando aprendizajes fundamentales, y regulación de una ordenación académica inclusiva" y el hito 304 referido a la "entrada en vigor del Real Decreto sobre los requisitos mínimos de enseñanza en el sistema educativo".
El cumplimiento de este hito, según la memoria, se producirá con la publicación y la entrada en vigor de los reales decretos de ordenación y enseñanzas mínimas de las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato antes del 31 de marzo de 2022.
Siendo ello así, entiende el Consejo de Estado que las razones de la urgencia están suficientemente justificadas, habida cuenta de la vinculación del Proyecto y de los desarrollos reglamentarios de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al PRTR y de la relevancia de la norma proyectada para completar el indicado desarrollo reglamentario en lo que a la Educación Básica se refiere.
II. Tramitación del expediente
Se han observado las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, para la tramitación de disposiciones administrativas de carácter general.
Obran en el expediente las sucesivas versiones del Proyecto y de sus respectivas memorias del análisis de impacto normativo.
Se han sustanciado los trámites de consulta previa y de audiencia e información pública, recogiéndose en los anexos de la memoria las alegaciones efectuadas y las razones por las que, según el caso, han sido aceptadas o rechazadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Se ha producido la participación de las comunidades autónomas a través de la Conferencia de Educación y la Comisión General de Educación, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional decimoctava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
Se ha emitido informe por parte de la secretaría general técnica del ministerio del que parte la iniciativa normativa sometida a dictamen, así como por parte de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Justicia, Defensa, Hacienda y Función Pública, Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Trabajo y Economía Social, Industria, Comercio y Turismo, Agricultura, Pesca y Alimentación, Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Política Territorial, Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Cultura y Deporte, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Sanidad, Derechos Sociales y Agenda 2030, Ciencia e Innovación, Igualdad, Consumo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Universidades.
Consta también el informe de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, previsto en el último párrafo del artículo 26.5 de la Ley 50/1997, en el que se pone de manifiesto la alta conflictividad constitucional que ha existido en materia educativa en el pasado y, en particular, en cuanto a la distribución de competencias en materia de enseñanzas mínimas.
En relación con esta cuestión, se ha recabado informe de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, sobre la competencia del Estado para fijar el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que fue emitido el 14 de diciembre de 2021, en el sentido de considerar que el Estado ostenta competencia para fijar dicho perfil por medio de una norma básica de rango reglamentario.
Obra, además, en aplicación de lo previsto en el artículo 26.9 de la Ley del Gobierno, el informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.
La audiencia a las entidades representativas de intereses en los sectores afectados a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, debe entenderse enmarcada en las exigencias procedimentales específicas que se contienen en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), que también se han cumplido, por haber sido oído el Consejo Escolar del Estado (dictamen 32/2021, de 30 de noviembre), órgano de ámbito nacional para la participación de los sectores afectados en la programación general de la enseñanza y de asesoramiento respecto de los proyectos de ley o reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno (artículo 30), cuya consulta es preceptiva (artículo 32). En él están representados profesores, padres de alumnos, alumnos, personal de administración y de servicios de los centros docentes, titulares de los centros privados, centrales sindicales y organizaciones patronales de mayor representatividad en los ámbitos laboral y empresarial, la Administración educativa del Estado, las universidades, las entidades locales a través de la asociación de ámbito estatal con mayor implantación, las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado, el Instituto de la Mujer y los consejos escolares de ámbito autonómico.
En el presente caso, se ha cumplido lo previsto en el artículo 28 de la LODE, el cual exige, para garantizar la participación (artículo 27) que, con carácter previo a la deliberación del Consejo Escolar del Estado, se reúna la Conferencia de Consejeros titulares de educación de los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas y el ministro de Educación y Ciencia, convocada y presidida por este. Y ello por cuanto el Consejo Escolar del Estado (CEE) emitió dictamen el 30 de noviembre de 2021 y la Conferencia Sectorial de Educación, en sesión presidida por la ministra de Educación y Formación Profesional se reunió el 25 de noviembre de 2021.
La memoria del análisis de impacto normativo que acompaña al Proyecto es un documento extenso y razonado que contiene una detallada justificación sobre la norma proyectada, su contenido, sus objetivos y sus diversos impactos, la mayoría de los cuales se reputa positivo y, por ello, susceptible de generar un resultado favorable en la realidad social que se proyecta regular, con la posible mejora de los indicadores educativos y sociales y especial incidencia en la igualdad de género, la infancia y la adolescencia, la familia y la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 47.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se dedica un apartado específico de la memoria a la justificación de la vinculación de la norma en proyecto con la aplicación del Fondo de Recuperación.
La memoria concluye con el tratamiento de la evaluación ex post, que se incardina en el régimen de evaluación del sistema educativo que prevé el título VI de la LOE (artículos 144 y siguientes), en conexión con sus artículos 21 y 29.
En cualquier caso, cabe efectuar dos observaciones a la memoria.
La primera de ellas se refiere a la evaluación del impacto presupuestario. Como se ha destacado en el antecedente segundo del presente dictamen, el mencionado impacto se cuantifica en términos de ejecución de la partida presupuestaria ligada al plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Así, el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RMRR), ha sido concretado para España en la Decisión de Ejecución del Consejo (en adelante, CID, por sus siglas en inglés Council Implementing Decision) de 13 de junio, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, y en su correspondiente anexo. En el anexo a la CID se establece como componente 21, el denominado "Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años". Dentro del citado componente 21, la reforma segunda (C21 R2) consiste en el "Diseño y aplicación de nuevo modelo curricular por competencias clave, priorizando aprendizajes fundamentales, y regulación de una ordenación académica inclusiva". Dentro de la hoja de ruta prevista para la aplicación de esta reforma se encuentra recogido el hito 304 referido a la "entrada en vigor del Real Decreto sobre los requisitos mínimos de enseñanza en el sistema educativo".
Pues bien, el presupuesto de ejecución de dicha reforma segunda es de 2.400.000 euros para el período 2021-2023, razonando la memoria que los 600.000 euros del ejercicio 2021 se han destinado a la contratación de personal externo para la elaboración del referido currículum. La memoria, por ello, no contiene mención alguna al presupuesto destinado, dentro del importe de 1.648 millones de euros correspondientes al indicado componente 21, a la contratación de los medios personales y materiales precisos para paliar algunos problemas endémicos de nuestro sistema educativo, como son el fracaso y el abandono escolar en fechas tempranas, precisamente en la etapa que es regulada por el Proyecto. No cabe duda de que una de las medidas que pueden adoptarse es la contratación y la formación del profesorado de esta etapa, habida cuenta de los cambios que se suceden en este ámbito normativo. Entiende el Consejo de Estado que en la memoria debe incluirse alguna explicación acerca de las medidas presupuestarias que se destinarán a atender las cuestiones indicadas, siendo primordial su debida atención para tratar de reducir los indicados problemas estructurales del sistema educativo.
De otro lado, se sugiere, en relación con la memoria, que se revise el número 5 de su apartado III, dedicado al impacto presupuestario, pues, aparte de reiterarse algunos contenidos -como son los referidos a la participación de expertos externos y profesorado externo (asesor técnico docente) para la elaboración del nuevo currículo de las áreas y materias de cada una de las etapas educativas y para la elaboración de los marcos de evaluación de competencias-, se hacen menciones a un proyecto de ley que no se identifica, que, de ser el de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, podrían sustituirse por la referencia concreta a la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
III. Fundamento competencial
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su disposición final sexta, establece un régimen especial para su propio desarrollo normativo, diciendo que "las normas de esta Ley podrán ser desarrolladas por las Comunidades Autónomas, a excepción de las relativas a aquellas materias cuya regulación se encomienda por la misma al Gobierno o que corresponden al Estado conforme a lo establecido en la disposición adicional primera, número 2, de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación". Disposición esta que viene acompañada por numerosas habilitaciones específicas al Gobierno para concretos desarrollos reglamentarios, diseminadas por toda la ley.
Esta disposición final sexta debe entenderse, como ya se indicó en el dictamen número 132/2014, aprobado el 20 de febrero, relativo al proyecto de Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, en el sentido de que las materias cuya regulación se encomienda al Gobierno están recogidas en el artículo 6 bis -introducido en la LOE por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre- por lo que "existe suficiente base normativa y el rango de la norma proyectada -real decreto- es adecuado". Así se pronunció el referido dictamen, sobre la base del artículo 6 bis entonces vigente.
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, ha modificado el referido artículo 6 bis. El nuevo texto es el siguiente:
"Artículo 6 bis. Distribución de competencias.
1. Corresponde al Gobierno:
a) La ordenación general del sistema educativo.
b) La programación general de la enseñanza, en los términos establecidos en los artículos 27 y siguientes de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
c) La fijación de las enseñanzas mínimas a que se refiere el artículo anterior.
d) La regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y de las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
e) La alta inspección y demás facultades que, conforme al artículo 149.1.30.ª de la Constitución, le corresponden para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos.
2. Asimismo, corresponden al Gobierno aquellas materias que le encomienda la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y esta Ley.
3. Corresponde a las comunidades autónomas el ejercicio de sus competencias estatutarias en materia de educación y el desarrollo de las disposiciones de la presente Ley Orgánica".
Sin perjuicio de lo que luego se dirá sobre la competencia del Estado para aprobar este proyecto de Real Decreto, el nuevo artículo 6 bis, al igual que el texto que le precede, no es una mera referencia competencial, sino que opera de modo habilitante: faculta al Gobierno para dictar normas reglamentarias como la que ahora se somete a dictamen, dado que el desarrollo que se realiza -una regulación de la Educación Secundaria Obligatoria- se corresponde con la regulación que se contiene en el título I, capítulo III, artículos 22 y siguientes de la LOE, habilitado por el referido artículo 6 bis.
A lo anterior ha de añadirse la existencia de habilitaciones específicas en la LOE en materia de Educación Secundaria Obligatoria, como las contenidas en el artículo 25.2 sobre las materias que han de cursarse en cuarto curso de la etapa, o en el artículo 27 sobre los programas de diversificación curricular.
Debe añadirse que la disposición final primera de la LODE señala que "el Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán dictar cuantas disposiciones sean precisas para la aplicación de la presente Ley". Y, en fin, que ninguna comunidad autónoma ha objetado la habilitación del Gobierno para dictar esta norma, y que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, que ahora se deroga, fue informado favorablemente por el Consejo de Estado (dictamen número 1.129/2014, de 17 de diciembre). Como también lo fue el reciente Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional (dictamen número 833/2021, aprobado el 11 de noviembre).
IV. Competencia del Estado
El Estado ejerce su competencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Por su parte la LOE señala en su disposición final quinta que se dicta con carácter básico al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.1.ª, 18.ª y 30.ª de la Constitución Española. Solo exceptúa el carácter básico de los artículos 7; 8.1 y 8.3; 9; 11.1 y 11.3; 12.4; 14.6; 15.3; 18.4; 18.5; 22.8; 24.6; 24.7; 26.1; 26.2; 35; 42.3; 47; 58.4, 58.5, 58.6, 58.7 y 58.8; 60.3 y 60.4; 66.2 y 66.4; 67.2, 67.3, 67.6, 67.7 y 67.8; 68.3; 72.4 y 72.5; 89; 90; 100.3; 101; 102.3 y 102.4; 103.1; 105.2; 106.2 y 106.3; 111.bis.4; 112.2, 112.4; 112.5 y 112.6; 113.3 y 113.4; 122.2 y 122.3; 122.bis; 123.2, 123.3, 123.4 y 123.5; 124.1, 124.2 y 124.4; 125; 130.1; 131.2 y 131.5; 144.3; 145; 146; 147.2; 154; disposición adicional decimoquinta, apartados 1, 4, 5 y 7; disposición adicional trigésima cuarta, disposición adicional cuadragésima, disposición adicional cuadragésima primera, disposición final tercera y disposición final cuarta. Además, los artículos 30.4; 31.1 y 2; 37; 39.6, primer inciso; 41.2 y 3; 44.1, 2 y 3; 50; 53; 54.2 y 3; 55.2 y 3; 56; 57.2, 3 y 4; 65, se dictan al amparo de la competencia exclusiva del Estado sobre la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales.
La actuación conjunta del nuevo artículo 6 bis y de la referida disposición final quinta, hacen que la competencia para dictar este Real Decreto corresponda en exclusiva al Estado.
El preámbulo del proyecto hace notar esta cuestión acertadamente, a sugerencia de la secretaría general técnica del departamento proponente, en los siguientes términos: "De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, procede en este caso establecer la extensión del carácter básico a una norma reglamentaria, ya que, conforme a la excepcionalidad admitida por el Tribunal Constitucional, entre otras, en las SSTC 25/1983, 32/1983 y 48/1988, "resulta complemento indispensable en determinados supuestos para asegurar el mínimo común denominador establecido en las normas legales básicas"".
En todo caso, ha de recordarse, como ya se hizo en el dictamen número 102/2022, emitido en relación con el proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo), que la Ley Orgánica 3/2020 ha sido objeto de dos recursos de inconstitucionalidad: recurso de inconstitucionalidad n.º 1828-2021, contra los apartados 1, 8 bis, 10, 12, 16, 17, 27, 28, 29, 50, 55 bis, 56, 78, 81 bis, 83 y 89 del artículo único y las disposiciones adicionales tercera y cuarta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Y recurso de inconstitucionalidad n.º 1760-2021, contra la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Es de resaltar que los apartados 16 y 17 del artículo único de la LOMLOE se dedican a la modificación de los artículos 24 y 25 de la LOE, que tratan de la organización de los cuatro cursos que componen la etapa de la ESO, materia que regulan los artículos 8 y 9 del Proyecto. Por esta conflictividad constitucional, como se indicaba por la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial, en su informe de 14 de enero de 2022, no es enteramente descartable que también llegue a plantearse conflicto en relación con algunas determinaciones del Proyecto.
En todo caso, a juicio del Consejo de Estado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional permite considerar que la norma proyectada se dicta de conformidad con las referidas competencias estatales en materia de educación.
La Sentencia 184/2012, de 17 de octubre, afirma que, en materia de enseñanza, al Estado le corresponde, además de la alta inspección, también las competencias de ordenación general del sistema educativo, la fijación de las enseñanzas mínimas, la regulación de las condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y el establecimiento de normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución Española, que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos y la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, así como para la programación general de la enseñanza. Son también competencia del Estado las previsiones sobre la promoción de los alumnos, la repetición de asignaturas y la regulación de las evaluaciones que conducen a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.
La Sentencia 212/2012, de 14 de noviembre, señaló, en relación con el currículo y horarios, que la fijación de objetivos por bloques temáticos comprendidos en cada una de las materias o disciplinas de las enseñanzas mínimas, así como los horarios mínimos necesarios para su enseñanza efectiva y, por tanto, también indirectamente la determinación de las materias o disciplinas forma parte de la competencia estatal para establecer las enseñanzas mínimas. El desarrollo, ejecución y control de las evaluaciones de tercero de Primaria y la evaluación final de Educación Primaria -denominadas evaluaciones de diagnóstico- sobre competencias básicas del currículo, corresponden a las Administraciones educativas, pero en el marco normativo básico que establezca el Gobierno, a los efectos de que se produzcan con criterios de homogeneidad. También el calendario escolar es competencia del Estado establecerlo: "La fijación de un número mínimo de días lectivos y de fechas límite para el inicio y final del curso escolar puede ser considerado sin dificultad un criterio de coordinación que el Estado puede establecer en ejercicio de sus competencias básicas en materia de educación, pues la coordinación es una facultad que guarda estrecha conexión con las competencias normativas, de modo que el titular de estas últimas ostenta aquella facultad como complemento inherente (STC 194/2004, de 4 de noviembre, FJ 8) encontrándose ínsita en toda competencia básica (STC 81/2005, de 6 de abril, FJ 10). A lo anterior ha de añadirse que el modo en que se formulan estas previsiones es plenamente coherente con su naturaleza básica, ya que, en un caso, fijan únicamente un mínimo y, en el otro, unos límites modulables por las Administraciones educativas".
A estas sentencias han de añadirse, por su relevancia y por el contenido del Proyecto, la Sentencia 24/2013, de 31 de enero, en la que se declaró que no existe "en el art. 6 de la Ley Orgánica de educación excepción alguna a la regla general que contempla, esto es, a la competencia estatal para fijar por real decreto las enseñanzas mínimas de cada una de las enseñanzas reguladas en la ley, sean o no cursadas por el itinerario normal y, por tanto, tampoco para las enseñanzas de los programas de cualificación profesional inicial destinados a alumnos mayores de dieciséis años cuando se considere que es la mejor opción para que éstos puedan alcanzar los objetivos de la etapa".
Puede considerarse que esta jurisprudencia sirve de sustento para la regulación en el Proyecto del denominado "Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, en el que se identifican las competencias clave y el grado de desarrollo de las mismas previsto al finalizar la etapa" (párrafo decimoprimero de su preámbulo); este ha sido uno de los elementos de la norma proyectada que ha generado mayores observaciones, al que se dedicará una observación específica con posterioridad.
V. Rango
El rango de la norma es el correcto, puesto que el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, señala que las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia del Consejo de Ministros deben adoptar la forma de real decreto acordado en Consejo de Ministros.
VI. Consideración general sobre el Proyecto
La reglamentación proyectada supone un desarrollo normativo más de las habilitaciones normativas contenidas en la LOE y en la Ley Orgánica 3/2020; en este caso, se trata de establecer la ordenación y las enseñanzas mínimas de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, materia en la actualidad regulada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y por el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.
Han de efectuarse dos observaciones preliminares al Proyecto.
Una primera aproximación al Proyecto permite advertir que en su texto se contienen reproducciones de preceptos de la ley orgánica que desarrolla y, al tiempo, previsiones albergadas en alguno de los citados decretos de 2014 y 2021. Dicha reproducción es lógica en cierto modo, si se atiende a que perviven ciertas reglas organizativas de la etapa de la ESO desde la primera de las redacciones de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. También se aprecia la incorporación al Proyecto de reglas contenidas en los citados Reales Decretos 1105/2014 y 984/2021; en el caso del primero, por ejemplo, se integran, con mayor desarrollo y detalle en el Proyecto (artículos 30 y siguientes), las previsiones de su disposición adicional sexta dedicada a los "Documentos oficiales de evaluación".
En todo caso, la indicada reproducción de preceptos vigentes de rango legal en el articulado del Proyecto obliga al Consejo de Estado a recordar su reiterada doctrina en la materia, referida a la necesidad de extremar el rigor cuando se procede a la reproducción en normas reglamentarias de preceptos legales; dicha técnica es admisible para dar coherencia y sistemática a la norma que desarrolla o al completo grupo normativo, pero esas reproducciones no pueden ser parciales, dispersas o confusas (dictámenes números 132/2014, de 20 de febrero, y 1.129/2014, de 17 de diciembre, entre otros). En este sentido, mientras que el artículo 7 del Proyecto reproduce en sus términos el artículo 23 de la LOE dedicado a los objetivos de la etapa, los artículos 4 (fines) y 6 (principios pedagógicos) introducen alteraciones de los artículos 22.2 y 26 de la LOE, alguna de las cuales puede estar justificada por la introducción de la figura del Perfil de salida. En esta misma línea, el artículo 15 del Proyecto reproduce el artículo 28 de la LOE e incorpora reglas del vigente artículo 10 del Real Decreto 984/2021, advirtiéndose algunos cambios en la redacción -así en el artículo 15.6 por referencia al artículo 28.8 de la LOE- que deben ser subsanados.
En segundo término, cabe reiterar y ampliar una observación que se efectuó en el dictamen número 102/2022, de 24 de febrero, sobre el proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (luego aprobado como Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo). Se reparaba entonces, recogiendo una observación efectuada por varias entidades en la tramitación de dicha norma reglamentaria, "en la excesiva complejidad, abstracción y dificultad de llevar a la práctica el contenido de los anexos" de tal disposición. A lo que se añadía que, "aunque son bienvenidos los métodos pedagógicos que se implantan con el fin de dar un sentido más abierto y transversal al contenido de los saberes básicos, no queda claro, a la luz de los comentarios expuestos, que contribuyan a facilitar el trabajo de los docentes en las diferentes situaciones de aprendizaje".
Pues bien, a la vista del contenido del Proyecto y de sus anexos, ha de añadirse que la evolución que se aprecia en la regulación de la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, cuya determinación ya viene establecida en la propia ley orgánica (lo que implica que no se incluya en el Proyecto, por ejemplo, la asignatura de Filosofía), procede del denominado "enfoque competencial", que se ha traducido, entre otros aspectos, en una progresiva abstracción de las descripciones de las materias contenidas en los anexos dedicados a las materias integradas en la Educación Secundaria Obligatoria, muchas de las cuales se mantienen en la LOE desde su aprobación en 2006.
El Consejo de Estado es conocedor, en virtud del ejercicio de su función consultiva, de dicha evolución y es consciente de que no implica necesariamente que los contenidos de las materias hayan variado, pero sí lo es de que su formulación ha cambiado notablemente, como consecuencia de la profundización en tal enfoque competencial. Como consecuencia de esta evolución, los anexos de las disposiciones que regulan las enseñanzas mínimas presentan una creciente complejidad que dificulta su accesibilidad para una importante porción de la sociedad a la que la norma va dirigida, dificultades que podrían incluso acrecentarse con la introducción del perfil de salida del alumnado al término de la educación básica, que integra las denominadas competencias clave, de carácter transversal y cuya consecución informa el completo contenido del currículo de la etapa. Sin que quepa tampoco desdeñar su previsible impacto en las posibilidades de las comunidades autónomas, y del correspondiente profesorado, de abordar con las suficientes garantías, y atendiendo a los calendarios legalmente impuestos, la adecuada adaptación de sus sistemas educativos a los sucesivos cambios normativos en la materia.
Siendo conocedor el Consejo de Estado de la inserción del Proyecto en el marco de las tendencias educativas de nuestro entorno, no por ello quiere dejar de sugerir a la autoridad consultante que la memoria que acompaña a este tipo de proyectos normativos contenga algunas reflexiones sobre dicha evolución, su enfoque y su incidencia, mayor o menor, en los contenidos que realmente se prevé impartir en esta etapa educativa, dada la indicada evolución de la regulación de la materia, que ha aumentado notablemente su complejidad, de forma que la relación de los contenidos de las asignaturas que se detallaban en normas precedentes ha sido progresivamente sustituida por el referido enfoque competencial, menos accesible.
Una vez efectuadas estas precisiones procede poner de manifiesto que, en términos generales, la norma proyectada responde a un adecuado desarrollo de las previsiones que la LOE dedica a la Educación Secundaria Obligatoria en sus artículos 22 y siguientes, sin perjuicio de lo cual se realizan a continuación una serie de observaciones particulares.
VII. Observaciones particulares
7.1. Título de la norma: el título debería formularse en plural. Donde dice "Proyecto de real decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria", debe decir "Proyecto de real decreto por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria".
7.2. Preámbulo: la fórmula promulgatoria señala: "En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Formación Profesional, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día XX de XXXX de 2022...".
Como en ocasiones anteriores se ha señalado, y atendido el artículo segundo, apartado 2, párrafo 5, de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, la fórmula "de acuerdo con el Consejo de Estado" debe incorporarse después del dictamen, no antes.
7.3. Principios generales (artículo 5). Establece en su apartado 1:
"1. La Educación Secundaria Obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y en régimen ordinario se cursará, con carácter general, entre los doce y los dieciséis años de edad, si bien los alumnos y las alumnas tendrán derecho a permanecer en la etapa hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice el curso".
Este precepto resulta de lo establecido en los artículos 3.3, 4.1 y 22.1 de la LOE, pero no ha tenido en cuenta, en cuanto a la edad máxima de permanencia en la etapa, el juego combinado de los artículos 4.2 y 28.5, de los que puede colegirse que es posible permanecer en ella, si concurren las circunstancias en ellos reguladas, hasta los diecinueve años de edad. Así se recoge en el proyectado artículo 16.7, por lo que se sugiere relacionar ambos preceptos, incluyendo por ejemplo una remisión a este artículo 16.7 en el analizado artículo 5.1.
7.4. Organización de los cursos de la ESO (artículos 8 y 9): Esta cuestión se regula en la LOE en los artículos 24 y 25, apreciándose algunas diferencias que cabe analizar en el presente dictamen.
Ante todo, ni en el artículo 8 ni en el artículo 9 del Proyecto se hace referencia ab initio a los ámbitos, a diferencia de lo que hacen los preceptos legales indicados. Dado que luego los referidos preceptos proyectados sí mencionan la posible agrupación de materias en ámbitos, se entiende que ha de respetarse la redacción legalmente establecida.
En el listado de asignaturas del proyectado artículo 8.2 se incluye una última referencia en la letra g) a la "Música y/o Educación plástica, Visual y Audiovisual"; el artículo 24.2 no contiene esa especificación, pero sí una cláusula final en la que se indica que "Asimismo, en cada uno de los tres primeros cursos se incluirá al menos una materia del ámbito artístico". Por consiguiente, en la medida en que la letra g) del artículo 8.2 del Proyecto puede considerarse una concreción de la regla final del artículo 24.2 de la LOE, no se formula objeción a este respecto.
En cuanto a las asignaturas o materias optativas, el proyectado artículo 8.4 prevé que las Administraciones educativas deberán incluir en su oferta, entre otras, "una segunda lengua extranjera si esta no se ha incluido entre las materias previstas en el apartado 1 de este artículo".
Esta regla ha de ponerse en conexión con lo establecido in fine por el artículo 28.3 de la LOE, conforme al cual "en el caso de la segunda Lengua Extranjera, se garantizará su oferta en todos los cursos", que ha de conjugarse con el párrafo final de su apartado 1, según el cual "las Administraciones educativas podrán incluir una segunda lengua extranjera entre las materias a las que se refiere este apartado". Por ello, se estima correcta su inclusión en el Proyecto.
Por otra parte, el proyectado artículo 8.8 dispone:
"En aquellas comunidades autónomas que posean una lengua propia con carácter oficial, podrán establecerse exenciones de cursar o de ser evaluados de la materia correspondiente en las condiciones previstas en la normativa autonómica. Dicha materia recibirá el tratamiento que las comunidades autónomas afectadas determinen, garantizando, en todo caso, el objetivo de competencia lingüística suficiente en ambas lenguas oficiales".
La redacción no se corresponde con la del artículo 24.8 de la LOE, omitiendo la mención a la "Literatura" (la materia se denomina "Lengua propia y Literatura"), que debe corregirse en el Proyecto. Esta observación es igualmente predicable del proyectado artículo 9.7, en el que no se recoge la mención a la "Literatura", que también contiene el artículo 25.8 de la LOE.
En relación con el artículo 9, su apartado 2 incluye entre las materias que puede determinar el Gobierno previa consulta a las comunidades autónomas (artículo 25.2 de la LOE) la de "Expresión Artística" -letra d)-. Esta materia no aparece contemplada como tal en el anexo II del Proyecto, sino subsumida en la materia "Educación Plástica, Visual y Audiovisual", cuestión que se pone de manifiesto por las dificultades que pueden producirse en el futuro para deslindar sus competencias, saberes básicos y criterios de evaluación si decide ofertarse por alguna Administración educativa.
7.5. Perfil de salida (artículo 11 y anexo I): el denominado "Perfil de salida", que también se regula en el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, integra las denominadas competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica, constituyendo el referente último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (artículo 11 del Proyecto).
El desarrollo por el alumnado de dichas competencias clave se garantiza a través de las enseñanzas mínimas que fija el Real Decreto proyectado, en línea con lo previsto en el mencionado artículo 6.3 de la LOE, a cuyo tenor:
"Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, fijará, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas. Para la Formación Profesional fijará así mismo los resultados de aprendizaje correspondientes a las enseñanzas mínimas".
A este respecto, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 53/2018, de 24 de mayo, declaraba que "la competencia del Estado sobre las enseñanzas mínimas o "aspectos básicos del currículo" (STC 14/2018, FJ 5), trata de garantizar una homogeneidad en la formación que permita la homologación de los títulos y la garantía de una igualdad básica en el ejercicio del derecho a la educación (entre otras, STC 24/2013, de 31 de enero, FJ 5)". A lo que añadía que ya había señalado en la STC 17/2014, de 30 de enero, FJ 7, con cita de la STC 88/1983, de 27 de octubre, FJ 3, que "de los artículos 27 y 149.1.30 CE se deriva la obligación para el Estado de procurar una formación común en un determinado nivel de todos los escolares (en aquel caso, de educación general básica), sea cual sea la Comunidad Autónoma en la que realicen sus estudios. En este sentido, afirmábamos que "la homologación del sistema educativo a que se refiere el primero de los artículos citados y la competencia exclusiva que reserva al Estado el segundo para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia, son los medios que la Constitución prevé para obtener ese nivel mínimo de homogeneidad en la formación de los escolares"".
Atendiendo a la jurisprudencia constitucional mencionada, puede considerarse que la atribución al Gobierno de la competencia para fijar las enseñanzas mínimas que constituyen los aspectos básicos del currículo de las diferentes etapas de la Educación Básica (artículo 3.3 de la LOE) es coherente con su función de asegurar una formación común y garantizar la homologación y la validez general de los títulos; de este modo se asegura un mínimo nivel de homogeneidad en la formación de todos los alumnos y con unas garantías de calidad equivalentes en un sistema educativo que es único para todo el territorio nacional (vid. STC 53/2018, FJ 4).
De conformidad con lo expuesto, podría considerarse que el perfil de salida que se regula en el Proyecto es la fórmula elegida para integrar en una figura el conjunto de competencias claves cuyo contenido se determina a través de la fijación de las enseñanzas mínimas por el propio Proyecto. Es decir, que el perfil de salida es una suerte de suma del conjunto, en la que se incluyen tales competencias clave, cuyo contenido mínimo y básico determina el Proyecto, en uso de las atribuciones competenciales que corresponden al Estado. En un segundo escalón se encontraría el currículo en sí mismo considerado, integrado por el conjunto de objetivos, competencias, contenidos enunciados en forma de saberes básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de la ESO (artículos 6.1 de la LOE y 13.1 del Proyecto), cuyos aspectos básicos constituyen las denominadas enseñanzas mínimas, que corresponde determinar al Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas.
El Tribunal Constitucional ha analizado esos cambios constantes de denominación en las leyes educativas de conceptos nucleares -enseñanzas mínimas, enseñanzas comunes, aspectos básicos del currículo- entendiendo que lo relevante es que el concepto que se emplee comprenda la fijación de objetivos por bloques temáticos en relación con cada disciplina, materia o asignatura (STC 14/2018, de 20 de febrero).
En esta línea, el Perfil de salida podría caracterizarse como un nuevo elemento transversal en la configuración de las enseñanzas mínimas y en la consecución de los objetivos y fines de la etapa de la ESO, de manera que las competencias clave que lo integran "se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen" en el conjunto de tales competencias (anexo I).
Por todo ello, y como ya se ha avanzado, la fórmula empleada en la norma en proyecto puede entenderse amparada por las examinadas competencias estatales sobre la materia analizada.
En relación con esta figura, el artículo 17.2 del Proyecto prevé que las Administraciones educativas podrán establecer criterios para orientar al profesorado en la toma de decisiones sobre la obtención del título. La LOE no contiene ninguna previsión al respecto, pero puede entenderse que la fijación de criterios no vincula a los equipos docentes y que, por ello, no cercena ni limita su autonomía, por lo que no se objeta tal previsión.
Resta, finalmente, en cuanto a esta novedosa figura, poner de relieve que se trata del Perfil de salida del alumnado al término de la Educación Básica, es decir, de la etapa del sistema educativo español que está integrada por "la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y los ciclos formativos de grado básico" (artículo 3.3 de la LOE). Precisamente por la configuración y por la relevancia que se infiere del Proyecto es por lo que se sugiere a la autoridad consultante que valore la posibilidad de incluir la regulación de este Perfil en la propia LOE.
7.6. Promoción (artículo 16). El apartado 2 de este precepto establece:
"Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las materias o ámbitos que, en su caso, pudieran no haber superado, no les impiden seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. Promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias".
El empleo del subjuntivo en la frase inicial "pudieran no haber superado" no se considera adecuado, debiendo sustituirse por "no hayan superado" o similar, pues lo relevante de la regla examinada es la facultad que se confiere al equipo docente para que promocionen, según su criterio, quienes tengan una evaluación negativa en tres o más materias, ya que quienes tengan una evaluación negativa en una o dos materias promocionan de forma automática -como resulta del artículo 28.3 de la LOE y del inciso final de este artículo 16.2 y ya razonara por extenso el dictamen número 833/2021, emitido sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional (luego Real Decreto 984/2021).
7.7. Programas de diversificación curricular (artículo 24): en el apartado 6 se emplea la frase "no esté en condiciones de titular", siendo correcto decir a este respecto que "no estén en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria".
7.8. Ciclos formativos de Grado Básico (artículo 25): esta materia desarrolla en términos adecuados lo establecido en el artículo 30 de la LOE.
Cabe destacar a este respecto que se encuentra en tramitación parlamentaria, actualmente en el Senado, el proyecto de Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional, sobre cuyo anteproyecto emitió el Consejo de Estado el dictamen número 723/2021, de 6 de septiembre.
En dicho proyecto de ley orgánica se regulan también los Ciclos formativos de Grado Básico (artículos 39 y siguientes), en particular, en el artículo 44, que presenta un contenido similar al del vigente artículo 30 de la LOE. La futura coordinación de ambos preceptos, caso de que se produzca la aprobación del mencionado proyecto de ley orgánica, podría llevar aparejada la modificación de sus respectivos desarrollos reglamentarios, siendo destacable el vigente Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
En todo caso, dicha cuestión excede del ámbito de la presente consulta.
7.9. Participación y derecho a la información de madres, padres, tutoras o tutores legales (artículo 29): en este artículo se regula, entre otras cuestiones, el acceso por los indicados sujetos a las actas de evaluación de los menores de edad, indicando al final que tal acceso, "podrá sustituirse por un boletín individualizado con la información del acta referida al alumno o alumna de que se trate".
Una previsión similar se contenía en el Proyecto que fue objeto del dictamen número 102/2022, de 24 de febrero, en el que se decía, en relación con idéntica previsión, lo siguiente:
"El efecto que produce este añadido es que, por una cuestión de redacción, no se colige si la finalidad del uso del boletín como sustitutivo del acta es la protección de datos de carácter personal, o es limitar la participación de los padres, madres o tutores legales. La observación de introducir un boletín sustitutorio parece derivar de la amplitud del concepto de "acceso a las actas de evaluación" excesivamente vago y que debería limitarse con claridad a la información sobre los hijos o pupilos propios respecto de cada madre, padre o tutor. Debe quedar bien entendido que el boletín nunca puede sustituir el derecho de acceso a las actas o convertirse en una restricción o limitación a la información que corresponde a los padres, madres o tutores legales sobre sus propios hijos o pupilos".
Tal previsión fue suprimida y no obra en el Real Decreto 157/2022.
A este respecto, el Consejo de Estado quiere recalcar que el sentido de la transcrita observación no fue la de que se eliminara tal inciso sino, antes bien, que se precisase que el acceso a las actas de evaluación por parte de madres, padres, tutoras o tutores legales estaba limitado a la parte relativa a la evaluación de sus hijos o menores tutelados, y sin que el boletín pudiera sustituir al ejercicio del derecho de acceso a las actas en los indicados términos. Es decir, que el derecho de participación se canaliza por medio del acceso a las actas y del boletín. Entiende el Consejo de Estado que esta fórmula es conforme a la LOE y así debería reflejarse también en el Real Decreto 157/2022.
7.10. Disposiciones complementarias del Proyecto: la disposición adicional primera se dedica a las enseñanzas de religión en términos correctos, si bien se aprecian ciertas diferencias de redacción con la misma disposición del Real Decreto 157/2022 que no parecen responder a ninguna especificidad de la ESO con respecto a la Educación Primaria. Por ello, se sugiere revisar la disposición adicional primera del Proyecto a fin de armonizarla en su contenido con la correspondiente del Real Decreto 157/2022.
La disposición adicional tercera se dedica a la Educación de las personas adultas, conforme a lo previsto en los artículos 66 y siguientes de la LOE, recogiendo parte de las reglas actualmente contenidas en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1105/2014. El régimen se considera correcto.
En la disposición transitoria segunda, la remisión a la disposición final primera ha de efectuarse a la final tercera, que es la que regula el calendario de implantación.
En la disposición derogatoria debe corregirse la fecha del Real Decreto 1105/2014.
En la disposición final segunda debería sustituirse en la rúbrica la mención a la "Aplicación" por la de "Habilitación", que es el contenido de la previsión que contiene, a favor de la persona titular del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
VII. Consideración final
La regulación proyectada precede a la regulación de la etapa educativa de referencia, en términos que inciden en el reiterado enfoque competencial en el diseño, configuración y estructuración de la Educación Secundaria Obligatoria. Ese enfoque, de creciente complejidad, impone un esfuerzo de adaptación para el conjunto de la comunidad educativa que debe ir acompañado de la previsión de los poderes públicos competentes, en particular mediante la contratación y la formación del profesorado, medidas que el Consejo de Estado considera imprescindibles para la correcta implantación y desarrollo de la norma proyectada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones efectuadas en el presente dictamen, puede V. E. elevar, para su aprobación, al Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria".
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 17 de marzo de 2022
LA SECRETARIA GENERAL,
LA PRESIDENTA,
EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
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