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Consejo de Estado: Dictámenes

Número de expediente: 1904/2022 (AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN)

Referencia:
1904/2022
Procedencia:
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Asunto:
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., aprobado mediante el Real Decreto 227/2014, de 4 de abril; y el Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios, previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Fecha de aprobación:
23/02/2023

TEXTO DEL DICTAMEN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2023, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"En virtud de la Orden de V. E. de 30 de noviembre de 2022, registrada de entrada el día 9 de diciembre siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., aprobado mediante el Real Decreto 227/2014, de 4 de abril; y el Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios, previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

ANTECEDENTES

De antecedentes resulta:

Primero.- El Proyecto

Se somete a consulta el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., aprobado mediante el Real Decreto 227/2014, de 4 de abril; y el Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios, previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (en adelante, el "Proyecto").

Consta de un preámbulo, dos artículos, una disposición adicional única y dos disposiciones finales.

El preámbulo se abre citando la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro, agrícola y alimentario, que ha introducido diversas medidas en este sector del ordenamiento, tales como una lista mínima de prácticas comerciales desleales que los Estados miembros deben prohibir en las relaciones entre compradores y proveedores en la cadena de suministro agrícola y alimentario, así como disposiciones para la coordinación entre las autoridades encargadas del control del cumplimiento. Dicha directiva fue transpuesta al ordenamiento jurídico español por la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Por ello, la finalidad del Proyecto es adaptar al contenido de esta reforma legal dos reglamentos dictados en aplicación de la Ley 12/2013: (i) el Real Decreto 227/2014, de 4 de abril, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. (en adelante, el "Estatuto"); y (ii) el Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios. En este sentido, se hace constar en el preámbulo que se han suprimido algunas funciones (como el control oficial previo a la comercialización de las Denominaciones de Origen Protegidas y de las Indicaciones Geográficas Protegidas cuyo ámbito territorial se extienda a más de una comunidad autónoma) y añadido otras nuevas (como las relativas a su designación como autoridad de ejecución nacional a efectos de la Ley 12/2013 y las propias de su condición como punto de contacto para la cooperación entre las autoridades de ejecución, así como con la Comisión Europea). También se han añadido las referencias al sector vinícola, que inicialmente no estaba sujeto a la supervisión de la AICA.

Termina el preámbulo justificando la conformidad del texto propuesto con los principios de buena regulación consagrados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El artículo primero, dividido en nueve apartados, modifica varios preceptos del Estatuto, específicamente el artículo 1, apartados 3 (normas que conforman el régimen jurídico de la AICA) y 4 (competencias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación con la AICA); el artículo 2.1 (modifica los fines de la AICA), el artículo 3 (modifica las funciones de la AICA); el artículo 4 (designa los órganos ejecutivos -director- y consultivos -Consejo Asesor- de la AICA); el artículo 5 (reforma las funciones del director); el artículo 6 (modifica las funciones del Consejo Asesor de la AICA); el artículo 8 (provisión de puestos de trabajo); el artículo 9 (incluye entre los recursos propios de la AICA el importe de las sanciones impuestas por la misma) y el artículo 10 (normas que rigen la contratación por la AICA).

El artículo segundo, dividido en diecinueve apartados, modifica varios preceptos del Real Decreto 66/2015, específicamente el artículo 2.1 (objeto de los controles realizados por la AICA); el artículo 3.1 (colaboración con las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas); el artículo 4.2 (régimen jurídico supletorio de la AICA); el artículo 5.1 (identificación mediante tarjeta personal del personal funcionario de la AICA al realizar sus actuaciones de control); el artículo 7.2 (deber de abstención del personal funcionario) y 7.5 (deber de los inspectores de la AICA de identificarse ante los particulares inspeccionados); el artículo 8.1 (bases de datos y fuentes de información accesibles por la AICA) y 8.2 (tratamiento de datos personales en poder de la AICA); el artículo 9, apartados 2 y 3 (ejercicio de la potestad sancionadora); el artículo 10, apartados 2 (ídem) y 6 (suprimido); el artículo 11.6 (deber de confidencialidad de los operadores sujetos a inspección); el artículo 13.1 (supresión de las letras a, b y e); el artículo 14 (derechos de los interesados en los procedimientos ante la AICA); el artículo 16 apartados 3 (deberes de los inspectores frente a los inspeccionados) y 5 (plazo máximo del expediente de inspección, que pasa de seis meses a nueve meses); el artículo 17.1 (facultades del personal inspector); el artículo 23.2 (incumplimiento por el inspeccionado del deber de suministrar la información requerida); el artículo 27.1 (actuaciones que puede llevar a cabo la AICA tras la finalización de la inspección); supresión del artículo 28 (relativo a la comunicación por la AICA a las comunidades autónomas del incumplimiento de las obligaciones establecidas para la gestión y el mantenimiento del sistema de información de los mercados oleícolas); el artículo 29.1 (actuaciones a realizar en caso de incumplimientos en el pago de las aportaciones obligatorias a las organizaciones interprofesionales o de productores); el artículo 30.4 (amplía el plazo máximo de los expedientes sancionadores de seis meses a diez meses) y se suprime la disposición final segunda.

La disposición adicional única regula las referencias normativas a la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A.

La disposición final primera habilita al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para dictar las disposiciones de ejecución del Proyecto que sean necesarias.

La disposición final segunda ordena la entrada en vigor el día siguiente al de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado.

Segunda.- La memoria del análisis de impacto normativo

El Proyecto se acompaña de una memoria del análisis de impacto normativo fechada el 24 de junio de 2022 (en adelante, la "Memoria"), estructurada en nueve apartados, precedidos de un resumen ejecutivo.

I.- El apartado A pondera la oportunidad del Proyecto, identifica sus objetivos en términos similares a los del preámbulo, añadiendo que uno de esos objetivos es "Eliminar, tanto del Estatuto, como del Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, las funciones relacionadas con las letras del apartado 6 de la Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales en su Sentencia 66/2017, de 25 de mayo de 2017 (Boletín Oficial del Estado de 1 de julio), dictada en el Recurso de inconstitucionalidad 6227-2013 interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña", referencia a esa sentencia que no figura en el preámbulo.

Asimismo, el preámbulo vuelve a justificar su conformidad con los principios de buena regulación, descarta la adopción de alternativas no regulatorias y señala que está incluido en el Plan Anual Normativo del Gobierno para 2022.

II.- El apartado B incluye un análisis jurídico que resume el contenido del Proyecto.

III.- El apartado C señala que el Proyecto se dictará al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

IV.- Los apartados D a G recogen el análisis de impactos en diversos campos, concluyendo que la norma no tendrá impacto económico ni presupuestario, en la competencia del mercado, en las cargas administrativas, en el medio ambiente, en la lucha contra el cambio climático, en la infancia, en la adolescencia, en las familias en la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

V. El apartado H describe la tramitación del Proyecto, que será analizada en el antecedente tercero del presente dictamen.

VI.- El último apartado concluye que la norma no está sujeta a evaluación ex post.

Tercero.- Expediente remitido

Además del Proyecto y de la Memoria, el expediente remitido para consulta incluye los siguientes documentos.

1.- Certificado que acredita la sustanciación del trámite de información pública y audiencia a las entidades representativas del sector entre el 27 de junio y 15 de julio de 2022, habiendo presentado alegaciones:

- Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX);

- Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES);

- Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED);

- Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.

En el mismo certificado se acredita el envío del Proyecto a las comunidades autónomas, habiendo presentado observaciones:

- Principado de Asturias;

- Illes Balears;

- Comunidad Valenciana;

- Castilla-La Mancha;

- Cataluña;

- Comunidad de Madrid;

- Andalucía.

Consta asimismo un cuadro-resumen de las alegaciones presentadas en este trámite y las respuestas dadas por el órgano instructor.

2.- Constan los siguientes informes ministeriales:

a.- Oficio de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación fechado el 29 de junio de 2022, por el que se solicita informe de la Oficina de Calidad y Coordinación Normativa. No consta en el expediente que se haya evacuado ese informe.

b.- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 8 de julio de 2022, sin observaciones al haber intervenido en la redacción del Proyecto.

c.- Informe de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial de 21 de julio de 2022. No formula observaciones de carácter competencial.

d.- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Función Pública de 7 de octubre de 2022, en tanto que es departamento coproponente del Proyecto.

Como observaciones generales, recordaba que la disposición adicional cuarta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, obliga a los organismos públicos a adaptarse, antes del 1 de enero de 2024, al contenido de dicha ley.

Asimismo, señalaba que conforme al artículo 92.2 de dicha ley, el plan inicial de actuación de los organismos públicos debe actualizarse anualmente, e incluir cada tres años una programación estratégica del organismo, por lo que recomendaba incluir dicha programación en el expediente del Proyecto.

También formulaba diversas observaciones al articulado que han sido atendidas en la redacción final remitida para consulta.

e.- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 24 de noviembre de 2022, en el que se da cuenta de la tramitación del Proyecto.

3.- Consta un documento rubricado "Planificación Estratégica Agencia de Información y Control Alimentarios O.A 2022-2025".

Cuarto.- Remisión del expediente al Consejo de Estado

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen.

Tras la entrada del expediente en el registro del Consejo de Estado, el 24 de enero de 2023 se recibió documentación adicional consistente en el certificado que acredita la sustanciación del trámite de consulta pública previa, que se cumplió mediante publicación en el sitio web del departamento proponente, entre el 19 de enero y el 2 de febrero de 2022, habiendo presentado alegaciones la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) y la Asociación de Comercializadores y Productores de Planta Ornamental (ACPO).

Y, a la vista de estos antecedentes, el Consejo de Estado formula las siguientes consideraciones.

CONSIDERACIONES

I.- Objeto de consulta y carácter del dictamen

La presente consulta versa sobre el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., aprobado mediante el Real Decreto 227/2014, de 4 de abril, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios (en adelante, el "Estatuto") y el Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios, previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

El presente dictamen se emite con carácter preceptivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, que establece que la Comisión Permanente debe ser consultada en relación con las "disposiciones reglamentarias que se dicten en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo". En este sentido, el Proyecto reforma los dos reales decretos indicados en su rúbrica, que fueron dictados en aplicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, con el fin de adaptarlos a la reforma operada en dicha norma legal por la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, que transpuso la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

Asimismo, el presente dictamen se evacúa en virtud del artículo 22.3 de la citada ley orgánica, que dispone que la Comisión Permanente debe ser consultada en relación con "reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones", puesto que el proyecto de Real Decreto objeto del presente dictamen modifica dos reales decretos anteriores, y lo hace en virtud de la habilitación reglamentaria analizada en la consideración III.A ut infra.

II.- Procedimiento de elaboración de la norma

A.- Valoración global

El expediente se ha tramitado correctamente, habiendo observado los trámites preceptuados para el ejercicio de la potestad reglamentaria por el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. La iniciativa normativa ha sido ejercitada por los órganos competentes (han sido coproponentes el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de Hacienda y Función Pública) mediante la formulación del correspondiente proyecto; se ha redactado una memoria del análisis de impacto normativo; se ha sustanciado el trámite de consulta pública previa; se ha consultado a las comunidades autónomas y entidades representativas del sector; se han recogido sus alegaciones y se han recabado los correspondientes informes preceptivos.

B.- La Memoria

Además de la observación general V.A. ut infra relativa a la motivación de los fines y medidas introducidas por el Proyecto, cabe realizar en este apartado algunas observaciones formales a la Memoria.

La Memoria refleja en su resumen ejecutivo que el departamento proponente del Proyecto ha sido el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuando el Ministerio de Hacienda y Función Pública es coproponente, tal y como ordena el artículo 93.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, circunstancia que sí se recoge correctamente en la fórmula promulgatoria del Proyecto. Por tanto, se recomienda mencionar esta particularidad en la Memoria, tanto en su resumen ejecutivo como en el apartado H relativo al procedimiento.

Además, la Memoria presenta algunos errores formales menores que deberían corregirse. Por ejemplo, sus nueve apartados están enunciados con letras mayúsculas (de la A a la I), pero el último apartado está rubricado como J, cuando debería ser I. Asimismo, en el apartado B se dice que el artículo segundo del Proyecto tiene dieciocho apartados, cuando son diecinueve (como se comprueba en el propio listado incluido en ese apartado).

III.- Habilitación legal, rango normativo y cobertura competencial

A.- Habilitación legal y rango normativo

La disposición final cuarta de la Ley 12/2013 establece: "Se habilita al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y aplicación de esta ley".

Además, el artículo 93.2 de la Ley 40/2015 establece: "Los estatutos de los organismos públicos se aprobarán por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio al que el organismo esté vinculado o sea dependiente".

Sobre la base de este doble fundamento legal, el Gobierno puede aprobar la norma reglamentaria proyectada.

No obstante, sería aconsejable que el preámbulo del Proyecto recogiese la habilitación para dictarlo recogida en la disposición final cuarta de la Ley 12/2013, de conformidad con lo prescrito con las reglas 12 y 14 de las Directrices de técnica normativa, aprobadas por acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005.

B.- Título competencial

El texto del Proyecto no hace referencia al título competencial en cuya virtud se dictará, lo que es conforme a derecho dado que el Proyecto es una norma reglamentaria que modifica dos reglamentos anteriores.

IV.- Marco normativo

Es relevante a los efectos de este dictamen recordar la evolución del marco normativo de la AICA, dado que en los últimos años ha experimentado importantes modificaciones.

La Agencia para el Aceite de Oliva fue creada por la Ley 28/1987, de 11 de diciembre, por la que se crea la Agencia para el Aceite de Oliva, en cumplimiento de una obligación impuesta por el derecho europeo y con el fin de realizar ciertos controles y actividades en el marco del régimen de ayudas a la producción de aceite de oliva. La AICA fue creada por la disposición adicional primera de la Ley 12/2013 (cuyo anteproyecto fue objeto del dictamen número 654/2011, de 12 de mayo, de este Consejo de Estado), sucediendo universalmente a la Agencia para el Aceite de Oliva en todos sus derechos, obligaciones y funciones, con el fin de controlar el cumplimiento de las medidas establecidas por dicha ley, sancionar su incumplimiento y gestionar los sistemas de información de los mercados oleícolas (aceite de oliva y aceituna de mesa), lácteos (de vacuno, caprino y ovino) y aquellos otros alimentos determinados por el entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dada su importancia estratégica al incidir significativamente en la producción y comercialización agraria y alimentaria (actualmente tienen esta consideración los sectores de las frutas y hortalizas y el vitivinícola).

El régimen de la AICA fue modificado por la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico (objeto del dictamen número 452/2014, de 26 de junio, de este Consejo de Estado), que reformó la disposición adicional primera de la Ley 12/2013 para añadir nuevos fines (control oficial previo a la comercialización de las denominaciones de origen -DO- y de las Indicaciones Geográficas Protegidas -IGP-, cuyo ámbito territorial se extienda a más de una comunidad autónoma) y funciones (verificación del cumplimiento de los pliegos entre operadores adheridos a una DO o a una IGP y sus respectivas entidades de gestión, así como instruir los expedientes sancionadores por incumplimientos de la Ley 6/2015), creando asimismo la tasa por actuaciones de inspección derivadas del control oficial de las IGP y las DO. Asimismo, hay que destacar que la citada disposición adicional primera, en la redacción dada a la misma por la Ley 6/2015, fue declarada parcialmente inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional 66/2017, de 25 de mayo, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalidad de Cataluña por entender que algunas de las funciones ejecutivas atribuidas a la AICA en el apartado 6 (letras b), c) y e) invadían la competencia exclusiva de la comunidad autónoma en materia de agricultura.

Completan el marco jurídico de la AICA varias disposiciones reglamentarias, principalmente los dos reales decretos que el Proyecto prevé reformar: el Real Decreto 227/2014, de 4 de abril, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A, que regula el régimen interno de la entidad; y el Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentario, previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que gobierna sus relaciones jurídicas con los administrados y que fue objeto del dictamen número 1.267/2014, de 29 de enero de 2015.

Finalmente, hay que tener en cuenta también el Real Decreto 267/2017, de 17 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, y por el que se desarrolla la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (real decreto que fue objeto del dictamen número 790/2016, de 17 de noviembre, de este Consejo de Estado) y que introdujo diversas modificaciones en dos reales decretos antes citados con el fin, tal y como declara su preámbulo, de adaptar su redacción a los cambios operados en la Ley 12/2013 por la Ley 6/2015.

De acuerdo con esta normativa, la AICA es, a pesar de su denominación oficial como Agencia, un organismo autónomo de los previstos en el artículo 98.1 de la Ley 40/2015, dotado de personalidad jurídico-pública diferenciada y plena capacidad de obrar, gobernado por la normativa específica ya apuntada y las demás disposiciones que le sean de aplicación enumeradas por el artículo 1.3 de su Estatuto. Conforme al artículo 1.4 de dicho Estatuto, está adscrita a la Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al que corresponde la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Intervención General de la Administración del Estado en cuanto a la evaluación y control de los resultados de los organismos públicos integrantes del sector público.

Pues bien, el Proyecto prevé, tal y como señala su preámbulo, la modificación parcial de este marco normativo para adecuar los dos reglamentos citados a la reforma operada en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria por la Ley 16/2021, de 14 de diciembre (objeto del dictamen número 554/2020, de 8 de octubre). Esta Ley 16/2021 ha transpuesto al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario. Conforme a su artículo 1, esta directiva es aplicable solamente a las relaciones comerciales entre compradores y proveedores de productos agrícolas y alimentarios (con exclusión expresa de las relaciones entre proveedores y consumidores) que superen ciertos umbrales monetarios, y siempre que al menos uno de los operadores esté establecido en el territorio de un Estado miembro. Asimismo, el artículo 3 obliga a los Estados miembros a prohibir una lista mínima de prácticas comerciales desleales (por ejemplo, plazos de pago excesivamente largos, cancelación de un pedido en un plazo tan breve que impida al proveedor encontrar otro comprador o modificar unilateralmente los términos de un contrato de suministro). El artículo 4 obliga a los Estados miembros a designar una o varias autoridades de ejecución encargadas de la aplicación de las medidas establecidas en la directiva, especialmente para recibir y tramitar las denuncias de los operadores económicos por conductas desleales prohibidas. Si se designasen varias, como ha sido el caso de España, solamente una de ellas tendrá la condición de punto de contacto con las otras autoridades de ejecución nacionales y con la Comisión Europea.

Dicha Ley 16/2021, como declara su propia exposición de motivos, reformó la Ley 12/2013 con el objetivo principal de transponer la directiva, tipificando las prácticas desleales comerciales en un nuevo artículo 14 bis, regulando las autoridades de ejecución en un nuevo título VII, designando a la AICA como autoridad de ejecución nacional y punto de contacto, y habilitando a las comunidades autónomas para designar a sus propias autoridades de ejecución. Asimismo, aprovechó para introducir cierta normativa adicional derivada de la experiencia de gestión acumulada en la aplicación de la normativa sectorial y de las novedades de la Política Agraria Común (2023-2027), destacando las siguientes medidas:

- La creación de un Registro de contratos alimentarios (cuya llevanza el Proyecto atribuye a la AICA);

- La supresión de las funciones de la AICA relativas al control oficial previo a la comercialización de la DO y de la IGP (apartados 5.b) y 6.j) de la disposición adicional primera de la Ley 12/2013) y de la tasa por actuaciones de inspección en ese ámbito de control (supresión del apartado 15);

- La nueva redacción de las letras b), c) y e) del apartado 6 de la citada disposición adicional primera, que regula las funciones de la AICA, para adecuarse a la STC 66/2017, de 25 de mayo, que declaró inconstitucionales esas tres letras;

- El añadido de una letra m) al apartado 6 para otorgar a la AICA legitimación activa para el ejercicio de algunas de las acciones reguladas en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

V.- Observaciones generales

Cabe hacer las siguientes observaciones de carácter general al Proyecto sometido a consulta.

A.- Fines del Proyecto

Podría explicarse mejor la conformidad entre el fin del Proyecto, tal y como viene expuesto en la parte expositiva y el contenido material del mismo en la parte articulada. De acuerdo con el preámbulo, el fin de la norma proyectada es adaptar el Estatuto y el Real Decreto 66/2015 a los cambios introducidos en la Ley 12/2013 (que esos dos reglamentos desarrollan) por la Ley 16/2021, que transpuso la Directiva (UE) 2019/633. En este sentido, el preámbulo resume las medidas introducidas por la directiva:

"[...] la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro, agrícola y alimentario, ha establecido una lista mínima de prácticas comerciales desleales prohibidas en las relaciones entre compradores y proveedores en la cadena de suministro agrícola y alimentario y ha dispuesto normas mínimas en relación con el control de la observancia de esas prohibiciones, así como disposiciones para la coordinación entre las autoridades encargadas del control del cumplimiento".

Más adelante, señala el fin del Proyecto al declarar:

"Algunos de los aspectos regulados en ambos reales decretos se han visto sustancialmente alterados con ocasión de las modificaciones introducidas en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, mediante la Ley 16/2021, de 14 de diciembre. Estos tienen que ver con los fines y las nuevas funciones del organismo, los sujetos a los que alcanza la actividad controladora de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O. A., las competencias de sus órganos de gobierno y el régimen económico-financiero del organismo, entre otros".

A continuación, el preámbulo señala tres reformas en particular: (i) modificar las funciones de la AICA, suprimiendo algunas (como el control oficial de las IGP y DO) y añadiendo otras (como las relativas a su condición de punto de contacto); (ii) incorporar el mercado vitivinícola al conjunto de sectores supervisados por la AICA; y (iii) añadir la referencia a la acreditación de los inspectores de la AICA.

No obstante, el Proyecto persigue, además, otros fines e introduce otras medidas no descritos expresamente en el preámbulo y escasamente justificados en la Memoria, lo que dificulta la interpretación de la norma. Como se verá seguidamente, cabe apuntar que algunas de las medidas introducidas por el Proyecto tienen una finalidad que va más allá de la adaptación a la Ley 16/2021. Con ello no se pone en duda la potestad reglamentaria del Gobierno para aprobar estas medidas en el cuerpo del Real Decreto proyectado, pero si resulta aconsejable completar la Memoria con las explicaciones necesarias, así como reflejarlas de forma sucinta en el preámbulo.

1.- Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria

Este registro fue creado en el seno del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por el artículo 17 de la Ley 12/2013, haciendo obligatoria su inscripción para aquellos operadores que se adhiriesen voluntariamente al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, regulado por el artículo 15 del mismo cuerpo legal (preceptos que la Ley 16/2021 no ha modificado).

Pues bien, aunque la Ley 12/2013 no haya sido modificada en este punto, el Proyecto suprime varias de las referencias a este registro administrativo que hace el Estatuto (el Real Decreto 66/2015 no hace ninguna). El artículo primero del Proyecto reforma el artículo 3 del Estatuto, que enumera las funciones de la AICA, suprimiendo la vigente letra i), que en su redacción vigente se refiere a: "Gestionar, mantener y difundir el Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria". También suprime el artículo 6.5.b), que recoge la competencia del Consejo Asesor para ser informado de la marcha del Registro.

No obstante, probablemente por olvido, no se prevé la supresión de la competencia del director, consagrada en el artículo 5.d) del Estatuto, para practicar las inscripciones correspondientes en dicho registro. Debe, por tanto, incluirse la modificación de dicho artículo 5.d) del Estatuto en el artículo primero del Proyecto, en coherencia con la supresión de esta función de la agencia.

2.- Adecuación al fallo de la Sentencia del Tribunal Constitucional 66/2017, de 25 de mayo

Este pronunciamiento resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalidad de Cataluña contra la disposición adicional primera de la Ley 12/2013 (en la redacción dada por la Ley 6/2015), por entender que algunas de las funciones ejecutivas atribuidas a la AICA invadían la competencia exclusiva de la comunidad autónoma en materia de agricultura. En este sentido, el tribunal declaró inconstitucionales las funciones enumeradas en las letras b), c) y e) del apartado sexto de la citada disposición adicional.

La letra b) se refería a: "Establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores de los sectores o mercados a que se refiere la letra precedente, para asegurar la veracidad e integridad de los datos que se incorporan a los sistemas de información de mercados y para determinar el origen, destino y características de las materias primas y los productos, incluso mediante la correspondiente toma de muestras y determinaciones analíticas, en cualquier fase de la cadena; así como el seguimiento y control de la aplicación o destrucción final de los subproductos que no tengan uso alimentario".

La letra c) decía: "Trasladar a las autoridades competentes los hechos sobre presuntos incumplimientos detectados en las actuaciones de control recogidas en la letra anterior, acompañando la documentación necesaria sobre los hechos constatados y su valoración técnica y jurídica".

La letra e) disponía: "Establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley para mejorar el funcionamiento de la cadena".

Estas tres funciones tenían también su reflejo en las letras a), b) y e) del artículo 13.1 del Real Decreto 66/2015, que el artículo segundo del Proyecto suprime para adecuar el mismo a la redacción vigente de la Ley.

Sin embargo, no hay mención de la citada STC en el preámbulo.

3.- Cumplimiento de la disposición adicional cuarta de la Ley 40/2015

El segundo inciso de este precepto dispone:

"Los demás organismos y entidades, a los que se refiere el artículo 84.1 de esta ley, existentes en el momento de la entrada en vigor de la misma, deberán adaptarse a su contenido antes del 1 de octubre de 2024, rigiéndose hasta que se realice la adaptación por su normativa específica".

Dado que la AICA ya existía antes de la entrada en vigor de esta ley (que se produjo el 2 de octubre de 2016) y que se trata de una Administración institucional comprendida en el artículo 84.1, al tratarse de un organismo autónomo, le es aplicable esta regla.

En este sentido, el informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública referido en el antecedente tercero del presente dictamen ya sugería al órgano proponente tres modificaciones a incluir en el Proyecto para cumplir con este mandato, dos de las cuales han sido incorporadas en el texto sometido a consulta. En primer lugar, la reforma de los artículos 4 y 5 del Estatuto pasa a calificar al director de "órgano ejecutivo" (en la redacción vigente se le designa como "órgano directivo y de gestión"), adecuado su redacción al mandato del artículo 90.1 de la Ley 40/2015, cuyo primer inciso dispone: "Los organismos públicos se estructuran en los órganos de gobierno, y ejecutivos que se determinen en su respectivo Estatuto". El preámbulo sí que hace una referencia sucinta a las "competencias de los órganos de gobierno" y en la Memoria (apartado B) hay una referencia mínima a esta cuestión, al resumir el contenido de los artículos del Proyecto.

En segundo lugar, se proponía ajustar el contenido del Estatuto a la obligación de someterse a los controles de eficacia y de supervisión continua regulados por el artículo 85 de la Ley 40/2015, que el Estatuto actualmente no recoge. Dado que el Proyecto no incluye nada al respecto, podría considerarse la oportunidad de incluir una disposición al respecto.

En tercer lugar, el informe proponía actualizar las revisiones a normas derogadas, lo que se hace en el Proyecto.

Y, en cuarto lugar, el informe apuntaba que, según el artículo 92.2 de la Ley 40/2015, último inciso: "El Plan de actuación incorporará, cada tres años, una revisión de la programación estratégica del organismo". Dicha programación estratégica ha sido incorporada al expediente remitido para consulta, tal y como se señaló en el antecedente tercero del presente dictamen.

B.- Referencia a los mercados y sectores incluidos. Correspondencia entre fines y funciones de la AICA

En la redacción vigente de la Ley 12/2013, dada por la Ley 16/2021, el apartado 5 de la disposición adicional primera, que enuncia los fines de la AICA, dispone:

"Los fines generales de la Agencia serán:

a) La gestión de los sistemas de información y control de los mercados oleícolas, lácteos y la de aquellos otros que se determinen reglamentariamente.

b) (Suprimida).

c) El control del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria".

La letra b), relativa al control oficial de las IGP y las DO, fue suprimida por la Ley 16/2021.

Por su parte, la redacción vigente del apartado 6 (que enuncia las funciones de la Agencia) de la citada disposición adicional primera, en su letra a), dispone:

"Gestionar y mantener los sistemas de información de los mercados oleícolas (aceites de oliva y aceitunas de mesa), vinícolas y lácteos".

Como se observa, la gestión y mantenimiento de los sistemas de información de ciertos mercados aparece regulada como finalidad y como función de la agencia, con una diferencia: el precepto que la recoge como función no incluye una remisión reglamentaria para que, posteriormente, se puedan incorporar otros sistemas de información de otros mercados o sectores a las competencias de gestión de los mismos por la agencia. No cabe duda de que la función de control de cumplimiento de la Ley 12/2013 se extiende a todos los sectores agroalimentarios, pero no puede decirse lo mismo de la extensión de la función de llevanza de los citados sistemas de información, puesto que la redacción vigente de la ley lo limita a los mercados o sectores expresamente designados por el apartado 6 de la disposición adicional primera, sin prever su extensión por otra norma reglamentaria.

Pues bien, el Proyecto, prevé trasladar la redacción vigente de la ley, en relación a la llevanza de dichos sistemas, al Estatuto (artículo primero), reformando su artículo 2 (fines de la AICA, donde se incluye la remisión reglamentaria), apartado 1.a) y su artículo 3 (funciones), letra g), donde se traslada literalmente al reglamento el texto de la ley, a lo que no cabe objetar. Sin embargo, con ello se reproduce la discordancia apuntada, que costa en la ley.

Y, aunque no cabe objetar en este punto a la redacción vigente del estatuto, estima este Consejo de Estado oportuno que en una futura reforma de la Ley 12/2013 se introduzca una modificación del apartado 5 de la citada disposición adicional primera para corregir la discordancia apuntada entre fines y funciones de la AICA.

Por otro lado, y en cuanto a los mercados y sectores cuya cadena alimentaria es objeto de control por la AICA -su fin y función principal- que no figuran expresamente indicados en el expediente, pero sí, por ejemplo, en el informe de la actividad inspectora publicado en el sitio web de la AICA, fechado a 30 de junio de 2022 (frutas y hortalizas; vitivinícola; porcino; avícola; bovino, ovino y caprino), es claro que se extiende a la totalidad de la misma. Por tanto, se recomienda ampliar la Memoria y el preámbulo a efectos de que quede más clara la distinción entre las competencias de llevanza de registros (limitada por la ley y el futuro real decreto a los tres mercados o sectores antes mencionados) y las relacionadas con el control de la cadena alimentaria, que se extiende a todos los sectores.

C.- Técnica normativa

El Proyecto modifica gran número de párrafos y de apartados de diversos artículos, por lo que conforme a la Directriz 61 de técnica normativa, en estos casos es recomendable reproducir el contenido íntegro del artículo modificado, lo que facilitará a los operadores jurídicos la interpretación de la norma en su redacción final. En el mismo sentido, se aconseja incluir en el preámbulo una enumeración de los artículos modificados por el Proyecto.

VI.- Observaciones particulares

A.- Preámbulo

Se recuerdan las recomendaciones de ampliación del preámbulo realizadas en las observaciones generales.

B.- Artículo primero: modificaciones del Estatuto

Apartado cuarto: nueva redacción del artículo 4.2

La nueva redacción propuesta para el apartado 2 es idéntica a la vigente, por lo que podría limitarse la modificación del apartado 1, siguiendo la misma técnica que se utiliza en el resto de los apartados de los artículos primero y segundo. Conservar la redacción actual podría llevar al intérprete de la norma a dudar sobre el alcance exacto de la reforma articulada por el Proyecto.

Apartado cinco: nueva redacción del artículo 5

Este artículo enumera las competencias del director de la AICA. Se recuerda la sugerencia apuntada en la observación general A.1, relativa a la supresión de la letra d). Además, el Proyecto añade una letra q), que dispone:

"Convocar y presidir las reuniones del Comité de cooperación de las autoridades de ejecución previsto en el artículo 28 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto".

En este sentido, podría precisarse que se trata del apartado 4 del citado artículo 28 de la citada ley.

C.- Artículo segundo: reformas del Real Decreto 66/2015

Apartado dos: nueva redacción del artículo 3.1

La redacción propuesta dice (énfasis añadido):

"1. La Agencia de Información y Control Alimentarios, O. A., podrá solicitar de las demás Administraciones Públicas, especialmente de las comunidades autónomas, incluidas las Autoridades de Ejecución previstas en el artículo 28.4 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto la cooperación, asistencia activa e información que precise para el ejercicio de sus funciones de control. Por su parte, la Agencia, en el ejercicio de sus competencias, podrá llevar a cabo actuaciones de colaboración con las comunidades autónomas".

Ha de objetarse que la configuración de la colaboración como una facultad, según la dicción del inciso subrayado ("podrá"), no se corresponde con su definición como un genuino deber jurídico en el artículo 141 de la Ley 40/2015, dado que la AICA podrá solicitar la colaboración de otras Administraciones públicas, pero queda obligada a prestar dicha colaboración cuando sea requerida por otras entidades públicas (y no solamente por las comunidades autónomas). Por tanto, se recomienda revisar el segundo inciso del artículo, dándole una redacción igual o similar a la siguiente:

"Por su parte, la Agencia, en el ejercicio de sus competencias, colaborará con otras Administraciones Públicas cuando sea requerida al efecto en los términos del Capítulo II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre".

Apartado once: nueva redacción del artículo 14

Este precepto enumera los derechos de los interesados en los procedimientos ante la AICA, reproduciendo parcialmente la lista del artículo 53.1 de la LPAC, que recoge los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo. El Proyecto prevé reformar las letras c), d) y f), si bien en la letra d) simplemente se añade la exigencia de que los inspectores de la AICA acrediten su condición de tales exhibiendo su tarjeta de identificación profesional.

En cambio, la redacción propuesta de las letras c) y f) pasan a referirse exclusivamente al procedimiento sancionador, reduciendo por tanto su ámbito de aplicación, si bien esto no modificaría los derechos de los interesados en otros procedimientos ante la AICA, pues seguiría siendo de aplicación el artículo 53.1 de la LPAC, así como el artículo 53.2, que recoge los derechos de los interesados en el procedimiento sancionador.

Por tanto, no se acierta a comprender el sentido de esta reforma que convendría, en su caso, explicar en la Memoria. En todo caso, y teniendo en cuenta que el artículo 14 solamente reproduce algunos (pero no todos) de los derechos enunciados en la LPAC, y que no añade ninguna precisión ni especialidad, esta duplicidad podría generar algunas dudas interpretativas, obligando a los operadores a comprobar ambas listas para cerciorarse de que son idénticas y que la normativa sectorial no establece un régimen distinto al de la normativa general. Por tanto, para conjurar este riesgo y por mor de economía normativa, podría sustituirse el contenido del artículo 14 por una remisión al artículo 53.1 y 2 de la LPAC o mencionar que son aplicables tanto a los procedimientos ordinarios como a los sancionadores.

Disposición final primera

Este precepto habilitará al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación del Real Decreto proyectado.

Sin embargo, los dos reales decretos que el Proyecto reformará ya contienen sendas cláusulas de habilitación a favor de ese ministro, y dado que el Proyecto no tiene entidad más allá de reformar esas disposiciones reglamentarias (su contenido se agota en reformarlas) no se comprende bien qué añade esta disposición final primera. Por tanto, podría considerarse la conveniencia de suprimirla, pues no innova al ordenamiento jurídico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez consideradas las observaciones realizadas en el cuerpo del presente dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto sometido a consulta".

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 23 de febrero de 2023

LA SECRETARIA GENERAL,

LA PRESIDENTA,

EXCMO. SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

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