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Consejo de Estado: Dictámenes

Número de expediente: 1868/2022 (INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES)

Referencia:
1868/2022
Procedencia:
INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Asunto:
Proyecto de Real Decreto sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2023.
Fecha de aprobación:
22/12/2022

TEXTO DEL DICTAMEN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2022, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"En cumplimiento de la Orden de V. E. de 1 de diciembre de 2022, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2023.

De los antecedentes remitidos resulta:

Primero.- El proyecto de Real Decreto sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2023 se compone de un preámbulo, 27 artículos, nueve disposiciones adicionales, una derogatoria, tres finales y dos anexos. Los artículos se distribuyen en tres títulos, con el siguiente detalle:

-Título preliminar.

* Artículo 1.- Objeto.

-Título primero: Pensiones del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva.

* Capítulo I.- Normas comunes (artículo 2).

* Capítulo II.- Revalorización de pensiones no concurrentes.

o Sección 1.ª- Pensiones del sistema (artículos 3 a 7).

o Sección 2.ª- Pensiones del extinguido seguro obligatorio de vejez e invalidez (artículo 8).

* Capítulo III.- Concurrencia de pensiones.

o Sección 1.ª- Normas comunes (artículo 9).

o Sección 2.ª- Revalorización aplicable a pensiones del sistema de la Seguridad Social (artículos 10 a 12).

o Sección 3.ª- Pensiones del extinguido seguro obligatorio de vejez e invalidez (artículo 13).

* Capítulo IV.- Pensiones reconocidas al amparo de los reglamentos de la Unión Europea sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social o de otras normas internacionales (artículo 14).

* Capítulo V.- Normas de aplicación.

o Sección 1.ª- Financiación (artículo 15).

o Sección 2.ª- Gestión (artículo 16).

-Título segundo: Pensiones no contributivas y otras prestaciones de la Seguridad Social.

* Artículo 17.- Revalorización de las pensiones no contributivas y otras prestaciones de la Seguridad Social.

-Título tercero: Pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

* Capítulo I.- Normas generales (artículos 18 a 22).

* Capítulo II.- Complementos por mínimos (artículos 23 a 25).

* Capítulo III.- Concurrencia de pensiones (artículo 26).

* Capítulo IV.- Pensiones reconocidas al amparo de los reglamentos de la Unión Europea sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social o de otras normas internacionales (artículo 27).

Las disposiciones adicionales, la derogatoria y las finales tienen este contenido:

- Adicional primera.- Revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- Adicional segunda.- Aplicación de los complementos por mínimos en las pensiones de la Seguridad Social en supuestos especiales.

- Adicional tercera.- Complementos por mínimos y revalorización de otras pensiones de Clases Pasivas.

- Adicional cuarta.- Revalorización de importes de determinadas pensiones de Clases Pasivas.

- Adicional quinta.- Revalorización de las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo.

- Adicional sexta.- Prestaciones familiares de la Seguridad Social y complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género.

- Adicional séptima.- Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.

- Adicional octava.- Revalorización de las ayudas sociales del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, por el que se conceden ayudas a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema sanitario público.

- Adicional novena.- Adaptación de oficio de los complementos por mínimos de las pensiones de Clases Pasivas.

- Derogatoria única.

- Final primera.- Título competencial.

- Final segunda.- Facultades de desarrollo y ejecución.

- Final tercera.- Entrada en vigor.

Por último, el anexo I contiene el cuadro de cuantías mínimas de las pensiones de la modalidad contributiva para el año 2023, y el anexo II los haberes reguladores, revalorizados con un incremento del 8,5 por ciento, a efectos de la determinación inicial de las pensiones de Clases Pasivas en 2023.

Segundo.- El proyecto viene acompañado de una memoria del análisis de impacto normativo, que indica que el objetivo del proyecto es el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, con una revalorización general de 8,5 por ciento, de acuerdo con el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, así como la cobertura mínima de las necesidades básicas de aquellos pensionistas en mayor situación de vulnerabilidad. Expresa que el "incremento porcentual igual al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los doce meses previos a diciembre de 2022 (...) da como resultado una previsión de revalorización general de 8,5 por ciento". Señala que no tiene efectos significativos sobre la competencia, que no afecta a las cargas administrativas y que no resulta de aplicación la fecha de entrada en vigor común de las normas a que se refiere el artículo 23 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, puesto que no impone nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia de su ejercicio, y porque además, por la singularidad de la materia regulada, la norma debe surtir efectos desde el primer día del año. Explica que no existe necesidad de derogar norma alguna pero que, no obstante, se incluye una disposición derogatoria genérica por razón de la seguridad jurídica.

En cuanto a la tramitación, indica que se ha prescindido del trámite de consulta pública, toda vez que el proyecto no impone obligaciones relevantes a los destinatarios, y que se ha sometido a información pública a través del portal web del departamento, con fecha de publicación el 17 de noviembre y fecha límite para la presentación de aportaciones el 28 de noviembre, por la urgencia, si bien además se ha remitido en consulta a los agentes sociales. Señala que se ha recibido un escrito de una persona (J.I.P.P.), sobre el copago de las medicinas en ISFAS, materia ajena al proyecto, y otro de la Confederación Plena Inclusión España, sobre la conveniencia de regular la equiparación del grado de discapacidad del 65 por 100 a las personas que tengan alguna figura de apoyo a su capacidad, cuestión también situada fuera del ámbito del proyecto. Añade que la observación de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT), sobre la prestación familiar en el supuesto de hijo o hija menor de dieciocho años o de menor a cargo afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento (disposición adicional sexta 1.a), debería plantearse durante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, pues el proyecto se limita a recoger la cuantía prevista en él.

Respecto del impacto económico, la memoria explica que la revalorización afectará a 11.823.050 pensiones y prestaciones, con un coste de 14.173.770.000 de euros, distribuidos de este modo:

PRESUPUESTO 2023

8,5 pp de incremento(M€/año)

NUMERO

Pensiones contributivas

12.013,65

9.980.251

Pensiones no contributivas

224,10

446.899

Prestaciones hijo a cargo >=18 con discapacidad

101,96

201.406

IMV

238,16

502.429

SUMA

12.577,87

11.130.985

Clases pasivas

1.595,90

692.065

TOTAL

14.173,77

11.823.050

Por lo que se refiere al impacto presupuestario, según la memoria carece de impacto adicional, puesto que el gasto está contemplado en las correspondientes partidas presupuestarias para la Seguridad Social y del Estado, respecto de Clases Pasivas, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Precisa que el proyecto tiene un impacto positivo por razón de género, pues la revalorización de las pensiones mínimas beneficia más a las mujeres que a los hombres, dado que ellas son perceptoras de estas pensiones en mayor medida que los hombres (1.458.301 frente a 730.660). Agrega que también tiene un impacto positivo en la familia, así como en la infancia y adolescencia, por la revalorización de las prestaciones familiares en su modalidad no contributiva, y lo mismo afirma respecto del impacto en la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, por la revalorización de las pensiones de incapacidad y gran invalidez (del sistema de la Seguridad Social), así como las de jubilación por incapacidad permanente para el servicio (del Régimen de Clases Pasivas). En cambio, asegura que el impacto por razón del cambio climático será nulo.

Tercero.- Elaborada una primera versión del proyecto, el 16 de noviembre de 2022 se solicitó informe urgente a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Función Pública, así como a la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. El mismo día expresó que no tenía observaciones el Gabinete Técnico de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social.

La solicitud de informe urgente al Ministerio de Hacienda y Función Pública se reiteró los días 24, 28 y 30 de noviembre de 2022, sin que conste respuesta.

Cuarto.- El 17 de noviembre de 2002 informaron la Intervención General de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina. Por su parte, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social indicaron que no formulaban observaciones.

Quinto.- El 18 de noviembre de 2022 informó la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

Sexto.- El 21 de noviembre de 2022 informó la secretaria general técnica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El mismo día señaló que no formulaba observaciones la directora del Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio.

Séptimo.- El 22 de noviembre de 2022 informó el Instituto Nacional de la Seguridad Social. En relación con el artículo 17.3 del proyecto, como quiera que el artículo 224.1 de la Ley General de la Seguridad Social había sido modificado por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, proponía que se citase esta norma.

Octavo.- El 25 de noviembre de 2022 la Confederación Sindical de Comisiones Obreras señaló que no tenía observaciones al proyecto. El mismo día la Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras valoró positivamente la revalorización de las pensiones pero solicitó el incremento en 100 euros de la prestación familiar por hijo a cargo menor o con una discapacidad de al menos el 33 por 100, que no experimentaba variación. Por su parte, no consta que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa hicieran manifestación alguna en relación con el proyecto que les fue remitido.

Noveno.- El 28 de noviembre de 2022 la secretaria general técnica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 indicó que no realizaba observaciones.

Décimo.- El director del Gabinete del secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones certificó que se había sometido el proyecto a audiencia e información pública a través de su publicación, en fecha 17 de noviembre de 2022, en el portal web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con fecha límite para presentación de aportaciones 28 de noviembre de 2022.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso que se remitiera el expediente al Consejo de Estado para dictamen, donde tuvo entrada el 2 de diciembre de 2022.

El 15 de diciembre de 2022, mientras el expediente estaba pendiente de despacho, tuvo entrada en el Consejo de Estado un oficio de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de 14 de diciembre de 2022, al que adjuntaba un informe de la secretaria general técnica del Ministerio de Hacienda y Función Pública de 13 de diciembre de 2022, así como un informe del día siguiente de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que valoraba el informe anterior y proponía aceptar la mayoría de sus observaciones a preceptos singulares.

El 19 de diciembre de 2022 tuvo entrada en este Alto Cuerpo Consultivo un nuevo oficio de la misma autoridad, que adjuntaba el informe de 16 de diciembre de 2022 de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Se somete a consulta el proyecto de Real Decreto de revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas para el ejercicio 2023.

La solicitud de dictamen se fundamenta en el artículo 22, punto 2.º, de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, en relación con el artículo 26.7 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

La Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, modificó, entre otros preceptos, el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y el artículo 27 de la Ley de Clases Pasivas del Estado, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. La redacción resultante del artículo 58.2 de la Ley General de la Seguridad Social es la siguiente:

A estos efectos, las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior.

El nuevo artículo 27.2 de la Ley de Clases Pasivas del Estado tiene una redacción análoga.

La reforma de ambos preceptos ha supuesto abandonar la remisión que hacían sendas normas legales al índice de revalorización que determinase la ley de presupuestos generales del Estado de cada año. Sin embargo, esto no quiere decir que estas leyes presupuestarias sean ajenas a la revalorización, pues han de instrumentarla, en particular a través de los créditos en ellas contenidos, cuando la variación del índice de precios al consumo sea positiva.

En el asunto consultado el impacto presupuestario de la revalorización, con las cifras del proyecto de Real Decreto, alcanza la importante suma de 14.173.770.000 de euros (punto segundo de antecedentes).

Además, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 contiene en su artículo 35 una previsión expresa de revalorización general de las pensiones, en términos similares a los del artículo 58.2 de la Ley General de la Seguridad Social, antes transcrito, que se desarrolla después en otros artículos reguladores de diversos ámbitos de las pensiones y prestaciones públicas.

Ciertamente, el mandato de revalorización anual de pensiones contenido en la Ley General de la Seguridad Social y en la Ley de Clases Pasivas del Estado, de rango infraconstitucional, no vincula al propio Legislador, que podría por medio de la ley anual de presupuestos generales del Estado establecer una revalorización distinta, incluso suspendiendo o modificando aquellas normas. No es el caso del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, que se atiene estrictamente a las disposiciones generales en cuanto a la revalorización anual.

La presente consulta se formula cuando no ha terminado la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que podría por tanto sufrir variaciones, también en materia de revalorización de pensiones.

El Consejo de Estado entiende que, dadas las circunstancias concurrentes en la materia, no hay obstáculo en la aprobación del presente dictamen, que queda condicionado a que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado no experimente cambios que afecten a la revalorización de las pensiones y prestaciones públicas en relación con el último texto disponible, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Congreso de los Diputados, de 1 de diciembre de 2022. En años anteriores este Alto Cuerpo Consultivo ha aceptado aprobar, con similar condicionamiento, los dictámenes sobre los proyectos de reales decretos de revalorización anual de las pensiones. Así, pueden citarse los dictámenes de 17 de diciembre de 2014, número 1.238/2014, 12 de diciembre de 2013, número 1.346/2013, 16 de diciembre de 2011, número 2.569/2011, y 22 de diciembre de 2009, número 2045/2009. El motivo no es otro que la urgencia en adaptar la revalorización a los millones de pensiones que habrán de pagarse en enero con arreglo a las nuevas cifras, que requiere un relevante trabajo de aplicación del real decreto.

Por consiguiente, si la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 no llegara a entrar en vigor, o lo hiciera sobre la base de un nuevo proyecto de ley, o si sus disposiciones en materia de revalorización de pensiones fuesen objeto de enmienda por el Senado con aprobación por parte del Congreso de los Diputados, sería absolutamente necesaria una nueva consulta al Consejo de Estado sobre el proyecto de Real Decreto objeto del presente dictamen.

El estudio del expediente suscita al Consejo de Estado dos observaciones procedimentales y otras de tipo sustantivo, que se expondrán siguiendo la sistemática del proyecto. Finalmente se incluirán algunas sugerencias de redacción.

Como primera observación procedimental, la memoria del análisis de impacto normativo adolece de una insuficiencia en cuanto al cálculo del porcentaje de revalorización de las pensiones, que es cabalmente el objeto fundamental del proyecto. En efecto, en ella se afirma que el "incremento porcentual igual al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los doce meses previos a diciembre de 2022 (...) da como resultado una previsión de revalorización general de 8,5 por ciento" (punto segundo de antecedentes). Tal cifra se contiene ya en la primera versión del proyecto, de mediados de noviembre de 2022, y pasa sin variación a la versión consultada.

Sin embargo, la memoria no detalla cómo se llega a este porcentaje, sobre todo teniendo en cuenta que la publicación oficial de la tasa de variación interanual del índice de precios al consumo del mes de noviembre de 2022, por parte del Instituto Nacional de Estadística, no se había producido cuando se elaboró la primera versión del proyecto. Hubiera sido deseable que la memoria listase las tasas de variación interanual del índice citado de "los doce meses previos a diciembre", tal y como establecen el artículo 58.2 de la Ley General de la Seguridad Social y el 27.2 de la Ley de Clases Pasivas del Estado, antes citado, mes a mes.

Esta ausencia de justificación se produjo también en el proyecto de Real Decreto de actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022, que fue objeto del dictamen de este Consejo de 20 de enero de 2022, número 24/2022. En esa ocasión se decía:

El Consejo de Estado considera que en la tramitación de una norma de esta naturaleza y trascendencia resulta imprescindible incorporar al expediente -y, en particular, a la memoria- una justificación detallada y suficiente de las cuantías previstas en el proyecto y de los cálculos efectuados para alcanzarlas.

Este Alto Cuerpo Consultivo reitera esta observación.

A la vista de esta circunstancia, y en ausencia de cualquier dato que refleje numéricamente las cifras que se han utilizado para el cálculo del 8,5 por 100 de revalorización, este Alto Cuerpo Consultivo no se pronuncia sobre su corrección, que deja bajo la salvaguardia de los órganos técnicos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En cualquier caso, se aprecia que pudiera haber habido un redondeo al alza de varias centésimas.

La segunda observación procedimental se refiere a la documentación que acompaña al proyecto. En el expediente remitido consta que fue objeto de audiencia e información pública, con un certificado en que figuran las fechas en las que fue publicado en la página web del ministerio (punto décimo de antecedentes). Se sabe por la memoria que hubo dos aportaciones durante este trámite, una de un ciudadano y otra de una organización, cuyo contenido se resume (punto segundo de antecedentes).

La audiencia como es sabido no solo está contemplada en la modalidad de información pública en la Ley del Gobierno, artículo 26.6, sino que se menciona en el artículo 105, letra a), de la Constitución Española. Se trata de un trámite de importancia capital, que instrumenta el principio de participación de la ciudadanía en el poder reglamentario del Estado.

En estas condiciones, la índole de la labor consultiva desarrollada por este Consejo exige que se incluyan en el expediente todas las aportaciones que se verifiquen en la información pública, de modo que este Alto Cuerpo Consultivo las pueda examinar y valorar de modo directo, sin la mediación de la memoria. No hay inconveniente en que la memoria resuma los escritos recibidos y explique por qué se aceptan o se rechazan. Pero ello no puede sustituir al envío de las aportaciones.

El Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio, prevé en su artículo 123.2 que a las consultas se acompañará la "documentación necesaria", entre la que debe contarse el expediente íntegro que se ha tramitado para elaborar un proyecto normativo, sin excluir las aportaciones de los interesados. En sucesivas peticiones de dictámenes, por tanto, ha de cuidarse su completa remisión.

Desde el punto de vista sustantivo, el Consejo de Estado formula algunas observaciones al proyecto, que se expondrán a continuación de acuerdo con la ordenación del propio texto.

Artículo 17.3

Las prestaciones de orfandad causadas por violencia contra la mujer, incluidos los supuestos de violencias sexuales determinados por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, previstas en el tercer párrafo del artículo 224.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, experimentarán en 2023 un incremento igual al que se apruebe para el salario mínimo interprofesional para dicho año.

La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, modificó entre otros preceptos el artículo 224.1 de la Ley General de la Seguridad Social (disposición final decimosexta). El nuevo texto de este artículo 224.1 prevé la pensión de orfandad "cuando el fallecimiento se hubiera producido por violencia contra la mujer, en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, y en todo caso cuando se deba a la comisión contra la mujer de alguno de los supuestos de violencias sexuales determinados por la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual".

Dado que la referencia a la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual está incluida en el propio artículo 224.1 de la Ley General de la Seguridad Social, resulta innecesario y redundante en el proyecto el inciso "incluidos los supuestos de violencias sexuales determinados por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual".

Artículo 21. Reglas para la revalorización de las pensiones de Clases Pasivas

Comienza así:

La aplicación de la revalorización establecida en el artículo 18 se ajustará a las siguientes reglas:

En realidad, la cita al artículo 18 es incorrecta, pues debe citarse el 19. Es de notar que el artículo 18 no se refiere a la revalorización de las pensiones, sino a la revalorización de los haberes reguladores para la determinación inicial de pensiones durante el año 2023.

Artículo 24.1

Corresponde a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social reconocer y determinar los complementos económicos que procedan, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23, a petición de la persona interesada dirigida a la citada Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

El último inciso "dirigida a la citada Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social", es innecesario y complica la redacción. Puede ser suprimido.

Disposición final tercera. Entrada en vigor

El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", con efectos económicos desde el día 1 de enero de 2023.

Aunque este texto sigue la fórmula de reales decretos anteriores de revalorización de pensiones, y pese a que este tipo de disposiciones son de índole favorable para los interesados, no deja de resultar anómalo que la norma entre en vigor el mismo día de su publicación oficial, y no al día siguiente. La entrada en vigor el mismo día de su publicación oficial presenta relevantes cuestiones de seguridad jurídica y de publicidad de las normas, pues como es sabido el "Boletín Oficial del Estado" de cada día se publica varias horas después del comienzo del día en cuestión. Por estos motivos, se sugiere que la entrada en vigor se establezca al día siguiente de su publicación oficial.

Preámbulo

En el párrafo decimocuarto se dice que en la tramitación del proyecto "han emitido informe los distintos órganos y entidades del Departamento". Esta expresión es imprecisa y resulta superflua, por lo que se puede suprimir.

Se indican para concluir algunas observaciones de redacción, que tal vez pueden mejorar la expresión del proyecto.

-El preámbulo se refiere a la propia norma como "proyecto" en distintos lugares (línea primera de los párrafos 3.º, 6.º, 8.º, 9.º, 10.º, 12.º y 15.º). Obviamente se deben sustituir las referencias por "el presente real decreto", "la presente norma" u otras fórmulas parecidas.

-En el preámbulo, párrafo séptimo, línea segunda, se puede sustituir la coma tras "Social" por la conjunción "y". A continuación, en la línea cuarta, convendría añadir un punto y seguido tras ""29 de noviembre" y luego sustituir "y se fija" por "También se fija" u otra expresión equivalente.

-En el preámbulo, párrafo octavo, línea segunda, se puede reemplazar "en orden a facilitar" por "para facilitar".

-En el preámbulo, párrafo decimocuarto, línea cuarta, cabe añadir un punto y seguido tras "Migraciones", y luego sustituir "y de consulta directa" por "Se ha realizado una consulta directa" u otra frase análoga.

-En el artículo 24.2, último párrafo, cuarta línea, tras la preposición "desde" sobra la palabra "que".

-En el artículo 24.3, último párrafo, línea cuarta, puede suprimirse la conjunción "y".

-En el título del anexo II se reitera de modo innecesario "incremento porcentual de 8,5 por ciento".

Conviene revisar los signos de puntuación, porque en algunos lugares sobran comas (por ejemplo, en el artículo 24.2, segundo párrafo, las dos comas que rodean al inciso "por vez primera").

En síntesis, este Alto Cuerpo Consultivo considera que, condicionado a la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 en los términos que se han indicado, procede aprobar el proyecto de Real Decreto, con las observaciones procedimentales y sustantivas formuladas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

1.- Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el presente dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2023.

2.- Que el presente dictamen y la conclusión anterior están condicionados a la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, en los términos expuestos en el cuerpo del dictamen".

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 22 de diciembre de 2022

LA SECRETARIA GENERAL,

LA PRESIDENTA,

EXCMO. SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES.

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