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Consejo de Estado: Dictámenes

Número de expediente: 1599/2022 (TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO)

Referencia:
1599/2022
Procedencia:
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Asunto:
La extinción del derecho al uso privativo de las aguas procedentes del río Guadiana, en los términos municipales de Valdecaballeros y Castilblanco (Badajoz) y de Alía (Cáceres), con destino a las necesidades de refrigeración y servicios propios de la Central Nuclear de Valdecaballeros, cuya titularidad corresponde en la actualidad a Endesa Generación, S. A. U., e Iberdrola, S. A.
Fecha de aprobación:
17/11/2022

TEXTO DEL DICTAMEN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2022, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"En cumplimiento de una Orden de V. E. de 5 de octubre de 2022, con registro de entrada el día 11 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la extinción del derecho al uso privativo de las aguas procedentes del río Guadiana, en los términos municipales de Valdecaballeros y Castilblanco (Badajoz) y de Alía (Cáceres), con destino a las necesidades de refrigeración y servicios propios de la Central Nuclear de Valdecaballeros, cuya titularidad corresponde en la actualidad a Endesa Generación, S. A. U., e Iberdrola, S. A.

De antecedentes resulta:

Primero. Otorgamiento de la concesión y vicisitudes posteriores

El 22 de marzo de 1982, el entonces ministro de Obras Públicas y Urbanismo concedió a Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., e Hidroeléctrica Española, S. A., un aprovechamiento de las aguas del río Guadiana, en el embalse de García de Sola y a través de su afluente el río Guadalupejo, con destino a las necesidades de refrigeración y servicios propios de la Central Nuclear de Valdecaballeros, que una resolución de la entonces Dirección General de Energía del Ministerio de Industria y Energía, de 17 de agosto de 1979, les había autorizado erigir.

La construcción de la mencionada central nuclear se vio afectada, con posterioridad, por la moratoria acordada en el Plan Energético Nacional de 1983-1992 y por la paralización definitiva de las obras proyectadas, con extinción de las autorizaciones otorgadas, ordenada por la disposición adicional octava de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. Este precepto fue declarado vigente y actualizado por la disposición adicional séptima de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que no se ha visto afectada por la disposición derogatoria única de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y que ha sido modificada en diversas ocasiones.

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en concreto, añadió un último párrafo al apartado 3 de la disposición adicional séptima de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre (PARA TODAS), con la finalidad de habilitar al titular del departamento ministerial a transmitir los activos afectos a todos los proyectos paralizados que estuvieran pendientes de enajenar en el momento en que se hubiese satisfecho íntegramente la compensación que tenían derecho a percibir sus titulares. Al amparo de esta habilitación normativa, la Orden TEC/1/2020, de 3 de enero, cedió a la Comunidad Autónoma de Extremadura los terrenos, emplazamientos e instalaciones de la Central Nuclear de Valdecaballeros pendientes de enajenar.

Segundo. Iniciación del procedimiento de declaración de extinción del derecho de aprovechamiento

El 15 de febrero de 2021, Endesa Generación, S. A. U. -sucesora de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.- e Iberdrola, S. A. -sucesora de Hidroeléctrica Española, S. L.- dirigieron al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una solicitud de declaración de extinción de las concesiones del dominio público hidráulico afectas al proyecto de construcción de la Central Nuclear de Valdecaballeros que no habían sido tenidas en cuenta en la Orden TEC/1/2020, de 3 de enero, y a las que afirmaban haber renunciado expresamente el 25 de noviembre de 2019, durante el procedimiento de elaboración de la citada disposición reglamentaria.

Entre ellas, el aprovechamiento concedido por Orden Ministerial de 22 de marzo de 1982, que comprende los siguientes elementos:

- Una presa de embalse en el cauce del río Guadalupejo, capaz de almacenar un máximo de 71 hm3, provisto de una toma capaz de utilizar un caudal máximo no consuntivo de 94 m3/s, con destino a la refrigeración de condensadores.

- Una toma de agua en el embalse de García Sola, capaz de utilizar un caudal de 8,6 m3/s, con destino a mantenimiento del nivel del embalse anteriormente citado y a la aportación de aguas frescas al mismo.

- Una toma de agua en el embalse de García Sola, capaz de utilizar un caudal de 101 l/s, con destino a las necesidades y servicios de la central nuclear.

- Un caudal consuntivo máximo anual de 36 hm3 proporcionado por los anteriores elementos, como consecuencia de los procesos de evaporación, riego y filtración inherentes al funcionamiento de las instalaciones.

- Y los sistemas de vertido y restitución al cauce público de los caudales no consuntivos derivados de las tomas de aguas especificadas.

En virtud del artículo 167 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se determinó la iniciación del procedimiento de declaración de extinción del derecho al uso privativo de las aguas que acaba de ser descrito.

Tercero. Informes del organismo de cuenca y de la Junta de Extremadura

Incoado el expediente, se recabó el parecer de los siguientes órganos y entidades administrativas:

- El Servicio de Vigilancia del Dominio Público Hidráulico de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que ha señalado que la presa del embalse sobre el río Guadalupejo se encuentra completamente abandonada, aunque permite el pase de agua a través de sus aliviaderos (informe de 13 de abril de 2021).

- El Servicio Técnico del organismo de cuenca, que ha destacado que la extinción propuesta no afecta a las infraestructuras del servicio (informe de 16 de junio de 2021).

- La Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, que ha aclarado que la concesión no se halla incluida en los anexos de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, por ello, no tiene que ser sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental (informe de 4 de abril de 2022).

- Y la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, que no consta que haya emitido informe hasta la fecha.

Cuarto. Trámite de información pública

En los meses de mayo y junio de 2021, se publicó en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Valdecaballeros, Castilblanco y Alía y en los Boletines Oficiales de las Provincias de Cáceres y Badajoz un anuncio de información pública que confería a cualquier interesado el plazo de veinte días para manifestar ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana lo que estimase pertinente en relación con el expediente sometido a consulta.

En esta sede, AEMS-Ríos con Vida, Ecologistas en Acción y el Club Deportivo de Cazadores y Pescadores "Peña de la Cruz" han declarado su conformidad con la extinción del aprovechamiento, advirtiendo que los bienes afectos al mismo deben ser demolidos a costa de sus titulares, que fueron debidamente compensados por la paralización definitiva de la construcción de la Central Nuclear de Valdecaballeros en aplicación de la legislación sobre el sector eléctrico.

En febrero de 2022, estos escritos de alegaciones fueron trasladados a Endesa Generación, S. A. U., e Iberdrola, S. A., que se han opuesto a la demolición de las instalaciones asociadas a la concesión en la medida en que el artículo 53.4 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, prevé la reversión gratuita y libre de cargas de "cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento, sin perjuicio de las condiciones estipuladas en el documento concesional" y en que dichas instalaciones cumplen, además, una función de utilidad pública, cual era abastecer de agua potable a las poblaciones de Valdecaballeros y Castilblanco.

En cualquier caso, añaden, si la Confederación Hidrográfica del Guadiana considera que procede la demolición, esta debe llevarse a cabo a costa del Estado, y no de los concesionarios, que renunciaron a su derecho al uso privativo de las aguas con anterioridad al 19 de enero de 2020, en los términos fijados en el artículo 32.4 del Real Decreto 2202/1995, de 28 de diciembre, por el que se dictan determinadas normas en desarrollo de la disposición adicional octava de la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional.

Quinto. Visita de reconocimiento del aprovechamiento

El 16 de marzo de 2022, previa citación de los Ayuntamientos de Valdecaballeros, Castilblanco y Alía, de los interesados personados en el procedimiento y de las sociedades concesionarias, se realizó una visita de reconocimiento del aprovechamiento durante la que se comprobó que la presa de embalse en el cauce del río Guadalupejo se encuentra terminada, a falta del cierre del canal de desvío construido en la margen izquierda del río; que la presa del embalse de García Sola está atravesada por una tubería destinada a mantener el nivel del embalse de Guadalupejo y aportarle agua fresca en caso de necesidad; que existen sistemas de vertido y restitución a cauce público de los caudales no consuntivos derivados de las tomas anteriores; que no hay instalaciones de mantenimiento en las cercanías de la presa de Guadalupejo ni se dispone de un grupo electrógeno de potencia adecuada; y que aguas arriba de dicha presa está funcionando una captación con destino al abastecimiento de las poblaciones de Valdecaballeros y Castilblanco.

Sexto. Informe-propuesta de la Comisaría de Aguas del organismo de cuenca

El 20 de junio de 2022, la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana emitió un informe-propuesta que indica que el aprovechamiento no puede cumplir la finalidad para la que fue concedido al haber quedado paralizadas las obras de construcción de la Central Nuclear de Valdecaballeros de forma definitiva; que la incorporación de las instalaciones previstas en el título concesional al sistema de infraestructuras gestionadas por el organismo de cuenca fue intentada, sin éxito, en los años 2000-2003 y sigue resultando imposible por razones medioambientales; y que, en consecuencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 89.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, procede la demolición de lo construido.

Asimismo, advierte que no obra en el expediente el escrito de renuncia al aprovechamiento, de 25 de noviembre de 2019, al que se han referido las mercantiles interesadas; y que la "toma para abastecimiento a Valdecaballeros y a Castilblanco se sitúa aguas arriba de la ataguía todavía existente correspondiente a la presa de Valdecaballeros. De no existir la ataguía referida ni la presa de Valdecaballeros dicha toma se situaría en cola del embalse de García de Sola cuya cota de nivel máximo normal del embalse sería la 363, próxima a la cota 364,72 que es la máxima a la que podría embalsar actualmente la presa de Valdecaballeros en función de la falta de cierre del canal de desvío anteriormente mencionado y que impide que dicho embalse pueda alcanzar su nivel normal. En todo caso la toma no estaría amparada por la correspondiente concesión administrativa, la cual sería preceptiva al efecto".

Séptimo. Vista del expediente

En junio de 2022, se dio vista del expediente a todos los interesados.

En esta sede, AEMS-Ríos con Vida ha reiterado sus alegaciones, agregando que la legalización de las tomas de agua para el abastecimiento de las poblaciones de Valdecaballeros y Castilblanco exige la realización de un estudio de las alternativas existentes con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 65.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, a cuyo tenor este tipo de concesiones podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que su objeto puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso que contribuya a un ahorro del mismo.

El Ayuntamiento de Castilblanco, por su parte, ha señalado que la demolición de la presa del embalse sobre el río Guadalupejo dejaría desabastecidas de agua potable a las poblaciones de Valdecaballeros y Castilblanco y que, además, causaría un grave daño ambiental al Corredor Ecológico de Biodiversidad "río Guadalupejo", declarado por Decreto 62/2003, de 8 de mayo.

Endesa Generación, S. A. U., e Iberdrola, S. A., por último, han reiterado sus alegaciones, destacando que los artículos 89.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y 101 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, no resultan aplicables ratione temporis a la concesión cuya extinción se propone y que, aun admitiendo su aplicabilidad, no se habría justificado de manera suficiente la procedencia de la demolición, como prueba el hecho de que la Comisaría de Aguas del organismo de cuenca concluyese hace una década que "lo que no parece aconsejable es plantearse la demolición de la [presa] puesto que ello conllevaría, casi con total seguridad, un impacto superior al que se produce con su permanencia" (informe de 26 de junio de 2003, que el informe de 20 de junio de 2022, sintetizado en el antecedente sexto del presente dictamen, transcribe parcialmente para fundamentar la demolición), así como la circunstancia de que no se haya analizado con rigor el impacto que el desmantelamiento de la presa tendrá sobre el abastecimiento de las poblaciones de Valdecaballeros y Castilblanco.

Si, a pesar de ello, se acordase la destrucción de las instalaciones, estos costes deberían formar parte de la compensación a la que tienen derecho con arreglo a lo establecido en el apartado 3 de la disposición adicional séptima de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, que alude específicamente a los gastos derivados del desmantelamiento y cierre de las instalaciones, puesto en relación con el artículo 32.4 del Real Decreto 2202/1995, de 28 de diciembre. A estos efectos, las sociedades concesionarias han aportado, entre otros documentos, el escrito de alegaciones que presentaron el 25 de noviembre de 2019 y han solicitado que emita informe la Subdirección General de Energía Nuclear.

Octavo. Informe de la Subdirección General de Energía Nuclear del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

El 28 de julio de 2022, el órgano instructor recabó el parecer de la Subdirección General de Energía Nuclear, suspendiendo el plazo máximo para notificar la resolución a los interesados al amparo de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El día 9 de septiembre siguiente, el citado centro directivo emitió un informe que aclara que la procedencia o improcedencia de la demolición de las instalaciones es una cuestión que escapa de su ámbito de competencias y, en relación con el sujeto al que se debería imputar el coste de dicho desmantelamiento, afirma lo siguiente:

- El escrito de alegaciones, en el que las sociedades concesionarias renunciaron a las concesiones del dominio público hidráulico afectas a la Central Nuclear de Valdecaballeros (escrito de 25 de noviembre de 2019) fue remitido a la Subdirección General de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico, "que informó de que tomaba conocimiento, a los efectos oportunos, de la renuncia expresa a las concesiones, procediendo a su comunicación a la Confederación Hidrográfica del Guadiana".

- Del apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley del Sector Eléctrico de 1997 -a cuyo tenor "[l]os titulares de los proyectos de construcción que se paralizan percibirán, en los términos previstos en la presente disposición, una compensación por las inversiones realizadas en los mismos y el coste de su financiación mediante la afectación a ese fin de un porcentaje de la facturación por venta de energía eléctrica a los usuarios"- se desprende que en dicha compensación no están comprendidos los costes de desmantelamiento de las obras ejecutadas hasta que la paralización de los proyectos fue declarada ni los correspondientes a la posterior restauración del emplazamiento.

- Aunque en el apartado 3 de la referida disposición adicional séptima de la Ley del Sector Eléctrico de 1997 mencione expresamente los gastos derivados de los programas de desmantelamiento y cierre de las instalaciones, "la realidad es que, en los emplazamientos de las centrales nucleares cuyo proyecto se paralizó, no se han llevado a cabo actividades de desmantelamiento, ya que éstas no han sido requeridas por el Estado a través de los distintos ministerios competentes (...) ni planteadas por los propietarios de los proyectos paralizados. Es decir, que tanto en el caso de la Central Nuclear de Valdecaballeros como en el caso de la Central Nuclear de Lemóniz, los edificios existentes se han cedido en la situación constructiva en la que se encontraban estos proyectos cuando se dispuso por Ley su paralización".

- Las sociedades concesionarias no han recurrido la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 21 de diciembre de 2015, por la que se determina la anualidad correspondiente a 2015 y el importe pendiente de compensación a 26 de octubre de 2015 de los proyectos de centrales nucleares paralizados definitivamente por la disposición adicional séptima de la Ley 54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico -que concluyó que el importe pendiente de compensación a los titulares de la Central Nuclear de Valdecaballeros era cero euros-, ni la Orden TEC/1/2020, de 3 de enero, por la que se cedieron a la Comunidad Autónoma de Extremadura los terrenos, emplazamientos e instalaciones pendientes de enajenar de la Central Nuclear de Valdecaballeros -que no incluyó la concesión a la que se refiere la presente consulta entre los activos transmitidos a la Administración autonómica-.

Este informe fue recibido por el órgano instructor el mismo 9 de septiembre de 2022, lo que determinó el levantamiento de la suspensión acordada.

Noveno. Informe complementario de la Comisaría de Aguas del organismo de cuenca

El 16 de septiembre de 2022, la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana emitió un informe complementario que valora las alegaciones formuladas durante el trámite de vista del expediente.

Entre otros extremos, afirma lo siguiente:

- Demolida la presa sobre el río Guadalupejo, "el suministro [de agua potable a las poblaciones de Valdecaballeros y Castilblanco] se garantizaría desde el (...) embalse de García de Sola. Si el desmantelamiento de las instalaciones se lleva a efecto deberán adoptarse las medidas adecuadas para la continuidad del suministro durante el plazo de ejecución de las obras. Por otra parte la toma actual no estaría amparada por concesión administrativa alguna, la cual sería preceptiva al efecto".

- "Entendemos que sería de aplicación a los expedientes de extinción tramitados en las fechas de que se trata la redacción actual del artículo 89.4 del RDPH, en relación con lo dispuesto en el artículo 101 de la LPAP. En todo caso, al tratarse de una cuestión de índole jurídica, dado que dentro del procedimiento debe recabarse informe de los Servicios Jurídicos correspondientes y posteriormente dictamen del Consejo de Estado, estos se pronunciarán al respecto con mayor criterio".

- "Entendemos que [el informe de la Comisaría de Aguas de 26 de junio de 2003] se refiere al impacto ambiental que produciría la [demolición de las instalaciones], evaluación del impacto que no se desarrolla y respecto a la cual no sería competente la Comisaría de Aguas, ni la Confederación Hidrográfica sino los correspondientes órganos ambientales de la Comunidad Autónoma o del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, según caso".

- "El contenido de la alegación [relativa a la inclusión de los costes derivados de la demolición en la compensación a la que Endesa Generación, S. A. U., e Iberdrola, S. A., tienen derecho] entendemos que sería fundamentalmente de carácter legal por lo que debería informarse por los Servicios Jurídicos del Estado y contemplarse posteriormente en el dictamen que emita el Consejo de Estado".

Décimo. Informe de la Abogacía del Estado

El 17 de septiembre de 2022, se recabó el parecer de la Abogacía del Estado en Badajoz, suspendiendo el plazo máximo para notificar la resolución a los interesados al amparo de lo previsto en el artículo 22.1.d) de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El día 29 siguiente, aquella informó favorablemente la extinción propuesta "por ajustarse (...) a lo dispuesto en el art. 53 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (RD-Leg 1/2001) y en los arts. 161 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986)". El informe no expone, sin embargo, las razones que han llevado al Servicio Jurídico del Estado a alcanzar dicha conclusión.

Fue recibido, en todo caso, por el órgano instructor el 30 de septiembre de 2022, lo que determinó el levantamiento de la suspensión acordada.

Decimoprimero. Propuesta de resolución de la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

El 11 de octubre de 2022, la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras propuso:

"A) EXTINGUIR el derecho correspondiente a la concesión otorgada por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de fecha 22 de marzo de 1982 (...).

(...)

C) REQUERIR a los titulares de la concesión la demolición de las obras e instalaciones afectas al aprovechamiento construidas en Dominio Público Hidráulico y la restitución a su estado original de los terrenos en que se sitúan, de conformidad con el artículo 89.4 del RDPH y el artículo 101 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. (...) Debiendo los titulares a tales efectos, el correspondiente proyecto de puesta fuera de servicio de las presas en el plazo de seis meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución del presente procedimiento de extinción.

D) REQUERIR a los titulares de la concesión la restitución a su estado original de los terrenos en que se sitúan los restos de la excavación realizada para la estructura del canal de toma y el sellado del pozo de captación correspondientes a la toma de los Sistemas de agua de aportación y agua bruta que se indican en el apartado referido al reconocimiento sobre el terreno, realizando el sellado y restitución con materiales inertes, de conformidad con el artículo 162.2 del vigente RDPH.

(...)".

Asimismo, acordó la suspensión del plazo máximo para notificar la resolución a los interesados para recabar el parecer de este Alto Cuerpo Consultivo.

En tal estado de tramitación, el expediente ha sido remitido al Consejo de Estado para dictamen.

I. OBJETO DE LA CONSULTA

Versa la consulta sobre la declaración de extinción del derecho al uso privativo de las aguas procedentes del río Guadiana, en los términos municipales de Valdecaballeros y Castilblanco (Badajoz) y de Alía (Cáceres), con destino a las necesidades de refrigeración y servicios propios de la Central Nuclear de Valdecaballeros, cuya titularidad corresponde en la actualidad a Endesa Generación, S. A. U., e Iberdrola, S. A.

Se ha de tener en cuenta, en este sentido, que, como se ha indicado en el antecedente primero de este dictamen, la construcción de la Central Nuclear de Valdecaballeros se vio afectada por la moratoria acordada en el Plan Energético Nacional de 1983-1992 y por la paralización definitiva de las obras proyectadas, con extinción de las autorizaciones otorgadas, ordenada por la disposición adicional octava de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. Este precepto fue declarado vigente y actualizado por la disposición adicional séptima de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que no se ha visto afectada por la disposición derogatoria única de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y que ha sido modificada en diversas ocasiones.

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en concreto, añadió un último párrafo al apartado 3 de la disposición adicional séptima de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, con la finalidad de habilitar al titular del departamento ministerial a transmitir los activos afectos a los proyectos paralizados que estuvieran pendientes de enajenar en el momento en que se hubiese satisfecho íntegramente la compensación que tenían derecho a percibir sus titulares. Al amparo de esta habilitación normativa, la Orden TEC/1/2020, de 3 de enero, cedió a la Comunidad Autónoma de Extremadura los terrenos, emplazamientos e instalaciones de la Central Nuclear de Valdecaballeros pendientes de enajenar.

En los anexos de la citada orden ministerial no se incluyeron las infraestructuras vinculadas al aprovechamiento al que se refiere la presente consulta; fundamentalmente, la presa de embalse en el cauce del río Guadalupejo, las tomas de agua en el embalse de García Sola y los sistemas de vertido y restitución al cauce público que iban a dar soporte a ciertas necesidades y servicios de la Central Nuclear de Valdecaballeros y que, como consecuencia de la paralización de las obras de construcción, no han llegado a ser puestas en funcionamiento. Por ello, el 15 de febrero de 2021, sus titulares promovieron el expediente de declaración de extinción del derecho al uso privativo de las aguas, poniendo en conocimiento de la Administración hidráulica su deseo de renunciar al aprovechamiento.

II. CARÁCTER DEL DICTAMEN

El presente dictamen se emite con carácter preceptivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.12 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, que se refiere a la extinción de concesiones administrativas mediando oposición de sus titulares.

Se ha de aclarar, en este sentido, que la oposición de las sociedades concesionarias no afecta a la declaración de extinción de su derecho al uso privativo del dominio público hidráulico -de hecho, como ya se ha señalado, el procedimiento se ha iniciado a instancia de parte-, sino que se centra en las consecuencias derivadas de tal declaración; en particular, en la procedencia de acordar la demolición de las instalaciones construidas en el demanio público y en el sujeto a cuya costa se ha de llevar a cabo tal operación en caso de ser acordada.

III. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

La tramitación del procedimiento se ha ajustado a lo dispuesto en el artículo 167 del Reglamento Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en tanto que, recibida la renuncia de los titulares del derecho al uso privativo de las aguas, se ha recabado el parecer de la comunidad autónoma en cuyo territorio se halla el aprovechamiento; se ha publicado, por plazo no inferior a veinte días, un anuncio de información pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento donde radican las obras o se utilizan las aguas; se ha realizado una visita de reconocimiento del aprovechamiento y, a resultas de la misma, se ha emitido acta del estado de funcionamiento y de la situación de la concesión; se ha recabado el parecer técnico del servicio competente del organismo de cuenca correspondiente; se ha dado trámite de vista del expediente a todos los interesados; se ha solicitado el informe del Servicio Jurídico del Estado; se ha elevado propuesta de resolución; y, por conducto de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se ha recabado el dictamen de este Alto Cuerpo Consultivo.

IV. PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER Y NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN AL INTERESADO

La disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, declara que las resoluciones de los procedimientos relativos a las concesiones del dominio público hidráulico tienen que ser notificadas a los interesados en el plazo máximo de dieciocho meses. El procedimiento en cuyo seno se evacúa la presente consulta se inició el 15 de febrero de 2021, con la recepción, por parte de la Administración, del escrito en el que las sociedades concesionarias manifestaban su deseo de renunciar al aprovechamiento.

Desde entonces, el plazo máximo legalmente establecido ha sido suspendido en tres ocasiones, al amparo de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: (a.) entre el 28 de julio y el 9 de septiembre de 2022, para recabar el parecer de la Subdirección General de Energía Nuclear del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuando habían transcurrido diecisiete meses y trece días desde la incoación del expediente (antecedente octavo del presente dictamen); (b.) entre los días 17 y 30 de septiembre de 2022, para solicitar el informe de la Abogacía General del Estado en Badajoz, cuando habían transcurrido diecisiete meses y veintiún días desde la iniciación del procedimiento (antecedente décimo del presente dictamen); y (c.) el 11 de octubre de 2022, para recabar el parecer de este Consejo, cuando habían transcurrido dieciocho meses y un día desde la incoación del expediente (antecedente decimoprimero del presente dictamen).

Quiere ello decir que ya ha vencido el plazo máximo legalmente establecido sin que se haya notificado la resolución a los interesados. Como el procedimiento se ha iniciado a instancia de parte y su objeto -la declaración de extinción del derecho al uso privativo de las aguas- implica unas consecuencias que afectan al dominio público y pueden tener una incidencia negativa sobre el medioambiente, y como la renuncia de la concesión tiene que ser aceptada por la Administración para causar efectos administrativos, a tenor del artículo 24 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puesto en relación con el artículo 167 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, dicho vencimiento simplemente deja expedita la vía judicial, ante la que los promotores del expediente pueden impugnar la desestimación de su pretensión por silencio administrativo- que, en este caso, tendría sentido negativo-, y no exime a la Administración de la obligación de resolver el procedimiento de manera expresa, sin estar vinculada por el sentido del silencio.

Procede, en consecuencia, entrar a valorar el fondo del asunto.

V. DECLARACIÓN DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE APROVECHAMIENTO Y SUS EFECTOS

El artículo 53.1 del texto refundido de la Ley de Aguas señala que el derecho al uso privativo de las aguas se extingue, entre otras causas, por renuncia expresa del concesionario. El artículo 167.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico añade que esta renuncia tiene que ser aceptada por la Administración para causar efectos administrativos.

Como ya se ha apuntado, Endesa Generación, S. A. U., e Iberdrola, S. A., han puesto en conocimiento de la Administración su deseo de renunciar al aprovechamiento en dos ocasiones:

- El 25 de noviembre de 2019, durante la tramitación del procedimiento de elaboración de la Orden TEC/1/2020, de 3 de enero: por razones que no constan en el expediente, y pese a que la Subdirección General de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico informase a la Subdirección General de Energía Nuclear que tomaba conocimiento de la renuncia, a los efectos oportunos, procediendo a su comunicación a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, no se dio a este escrito de alegaciones la tramitación oportuna.

- Y el 15 de febrero de 2021, tras la aprobación de la Orden TEC/1/2020, de 3 de enero: ello dio lugar a la iniciación del procedimiento de declaración de extinción del derecho al uso privativo de las aguas concedido mediante Orden Ministerial de 22 de marzo de 1982. En su seno, la Administración y las sociedades concesionarias han expresado su discrepancia en torno a los efectos de dicha declaración; en particular, sobre la procedencia de acordar la demolición de las instalaciones asociadas al aprovechamiento y el sujeto a cuya costa se ha de llevar a cabo tal operación en caso de ser acordada.

En lo que respecta a la primera cuestión, se ha discutido si el artículo 89.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico resulta aplicable a una concesión que fue otorgada con anterioridad a la aprobación de la Ley de Aguas de 1985 (A.) y si el hecho de que exista una toma en el embalse construido sobre el río Guadalupejo que abastece de agua potable a las poblaciones de Valdecaballeros y Castilblanco impide acordar la demolición de las infraestructuras vinculadas al aprovechamiento (B.).

(A.) El artículo 89.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico dispone lo siguiente:

"Al extinguirse el derecho concesional revertirán al Estado gratuitamente y libres de cargas cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el documento concesional y, en su caso, las relativas a la reversión de otros elementos situados fuera del demanio.

Si en dicho momento, la Administración hidráulica considerase posible y conveniente la continuidad del aprovechamiento, podrá exigir del concesionario la entrega de los bienes objeto de reversión en condiciones de explotación tal como prevén los artículos 164.3, 165.3 y 167.3 y 4. Si por el contrario lo considerase inviable, o su mantenimiento resultase contrario al interés público, podrá exigir la demolición de lo construido en dominio público de conformidad con el artículo 101 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas".

El último inciso del segundo párrafo de este precepto, introducido por el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, fue impugnado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. En una sentencia de 25 de octubre de 2013 (recurso 559/2012), la sala razonó que la circunstancia de que el artículo 53.4 del texto refundido de la Ley de Aguas únicamente contemple la reversión gratuita y libre de cargas de las obras construidas en el dominio público hidráulico no determina, per se, que la eventual demolición de tales infraestructuras carezca de cobertura legal; esta deriva de lo establecido en el artículo 101.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que tiene el carácter de norma básica con arreglo a la disposición final segunda de dicha ley y que resulta aplicable subsidiariamente, en defecto de la legislación sectorial específica, en virtud del artículo 5.4 del citado cuerpo normativo.

Endesa Generación, S. A. U., e Iberdrola, S. A., sostienen que la aplicación del artículo 89.4 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico a las concesiones otorgadas con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985 contravendría el apartado 1 de la disposición transitoria primera del texto refundido de la Ley de Aguas actualmente vigente, a cuyo tenor "[q]uienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión administrativa (...) seguirán disfrutando de sus derechos, de acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985 establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma, de no fijarse en su título otro menor".

El Consejo de Estado no comparte este parecer: la reversión o la demolición de las obras construidas para hacer efectivo el aprovechamiento constituye una consecuencia de la declaración de extinción del derecho al uso privativo de las aguas que en nada afecta a su disfrute y que se tiene que regir por la normativa vigente en la fecha en la que el procedimiento de declaración de extinción del derecho de aprovechamiento haya sido iniciado. Así se desprende, con carácter general, de la letra a) de la disposición transitoria tercera de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas interpretada sensu contrario; y, específicamente, de la disposición transitoria tercera de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en cuya virtud los expedientes patrimoniales que se encuentren en tramitación pasarán a regirse por esa ley desde su entrada en vigor.

Y así lo ha entendido la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional recientemente, en una sentencia de 1 de marzo de 2022 (recurso 1733/2019) en la que ha aclarado que la aplicación del artículo 89.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico a una concesión otorgada con anterioridad a la Ley de Aguas de 1985 "no constituye retroactividad alguna sino la aplicación de la legislación vigente en el momento de los hechos (...) sin que la Administración haya variado los términos de la concesión, sino que lo que lo que ha cambiado son los efectos legales derivados de tal finalización por el transcurso del plazo de la concesión".

(B.) Confirmada la aplicabilidad del artículo 89.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico al asunto sometido a consulta, se debe valorar si la Administración ha justificado de forma adecuada la inviabilidad del aprovechamiento o el hecho de que su mantenimiento resulte contrario al interés público -que son los motivos en los que puede fundamentarse la demolición-.

Las sociedades concesionarias y el Ayuntamiento de Castilblanco han alegado, en concreto, que la existencia de una toma que capta las aguas del embalse construido sobre el río Guadalupejo para abastecer a las poblaciones de Valdecaballeros y Castilblanco impide acordar la demolición de las infraestructuras vinculadas al aprovechamiento. AEMS-Ríos con Vida ha sostenido que la legalización de este uso privativo -que carece de un título administrativo que le dé cobertura jurídica- exige la realización de un estudio previo sobre las alternativas existentes para que se escoja aquella que garantice el suministro con una dotación de agua menor. La Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha afirmado en su informe complementario que, tras la demolición de la presa sobre el río Guadalupejo, el abastecimiento se llevaría a cabo desde el embalse de García Sola y que los ayuntamientos beneficiados por este uso tendrían que obtener la correspondiente concesión administrativa. Y la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha limitado a asumir la línea argumental del organismo de cuenca en su propuesta de resolución.

Este Alto Cuerpo Consultivo considera que de la documentación que obra en el expediente se deduce lo siguiente:

- En primer lugar, la falta de viabilidad del aprovechamiento resulta indiscutible, puesto que la Central Nuclear de Valdecaballeros -a cuyos servicios venía a dar soporte- no ha llegado a ser puesta en funcionamiento. En principio, ello permitiría a la Administración acordar la demolición de las obras construidas en el demanio público, en la medida en que el último inciso del segundo párrafo del artículo 89.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico emplea la conjunción disyuntiva "o" al describir los presupuestos habilitantes de esta decisión y que, por ende, basta la concurrencia de alguna de las circunstancias contempladas en dicho precepto para que la demolición pueda ser legítimamente acordada.

- En segundo lugar, en la actualidad el abastecimiento de las poblaciones de Valdecaballeros y Castilblanco se canaliza a través de una toma que está localizada aguas arriba de la presa construida sobre el río Guadalupejo y que no cuenta con la preceptiva concesión administrativa.

Dada la relevancia del abastecimiento de agua a poblaciones -que el artículo 60.3 del texto refundido de la Ley de Aguas configura como el uso privativo prioritario del dominio público hidráulico, en coherencia con el reconocimiento del derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial por parte de la resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 28 de julio de 2010- y la correlativa necesidad de adoptar las medidas necesarias para garantizarlo, teniendo en cuenta que ni las entidades locales afectadas ni el organismo de cuenca han realizado actuación alguna para legalizar el aprovechamiento y que el río de Guadalupejo está sometido a un régimen de protección medioambiental específico -el Decreto 62/2003, de 8 de mayo, de la Junta de Extremadura lo ha convertido en un Corredor Ecológico de la Biodiversidad-, la Administración debería resolver el destino del abastecimiento de Valdecaballeros y Castilblanco antes de decidir acerca de la demolición de la presa construida sobre el río Guadalupejo o, al menos, suspender los efectos de la declaración de extinción del derecho al uso privativo de las aguas concedido por Orden Ministerial de 22 de marzo de 1982 hasta que se estudie la viabilidad del abastecimiento y la mejor manera de articularlo.

Solo de este modo se evitaría que la resolución del procedimiento sobre el que versa la presente consulta, al pronunciarse sobre la continuidad o demolición de las infraestructuras que posibilitan el funcionamiento del aprovechamiento, condicione el resultado del expediente relativo al abastecimiento de Valdecaballeros y Castilblanco que debería incoarse con carácter urgente. En su seno, tras analizar las diferentes formas a través de las que se podía canalizar el abastecimiento, el organismo de cuenca podría alcanzar la conclusión de que la presa construida sobre el río Guadalupejo- que ahora propone demoler- constituye el medio más idóneo de abastecer a estas poblaciones.

- En tercer y último lugar, la Subdirección General de Energía Nuclear ha indicado que "tanto en el caso de la Central Nuclear de Valdecaballeros como en el caso de la Central Nuclear de Lemóniz, los edificios existentes se han cedido en la situación constructiva en la que se encontraban estos proyectos cuando se dispuso por Ley su paralización", lo que parece que debería ser tomado en consideración por la Administración al resolver este expediente, desde el momento en que el artículo 89.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico le habilita, que no obliga, a acordar la demolición de las obras construidas en el demanio público cuando concurren determinados presupuestos -en efecto, este precepto utiliza la fórmula "podrá exigir", y no "exigirá", al referirse a la demolición-.

En definitiva, a juicio del Consejo de Estado, en abstracto, la demolición propuesta por la autoridad consultante es legal, pero, a la vista de las circunstancias del caso concreto que se acaban de reseñar, su oportunidad se debería ponderar detenidamente y, en su caso, justificar detalladamente con el objeto de asegurar la coherencia interna de la acción administrativa y de impedir la producción de perjuicios graves para los intereses generales.

Sea como fuere, si finalmente se acordase la demolición, esta operación se tendría que ejecutar a costa de las sociedades concesionarias. Así lo requiere el artículo 101 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, al que el artículo 89.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico se remite expresamente. Y así se desprende de la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 21 de diciembre de 2015 -que concluyó que el importe pendiente de compensación a los titulares de la Central Nuclear de Valdecaballeros era cero euros- y de la Orden TEC/1/2020, de 3 de enero -que ordenó la cesión de los activos de dicha central pendientes de enajenar a la Comunidad Autónoma de Extremadura, al amparo de la habilitación normativa recogida en el apartado 3 de la disposición adicional séptima de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, el cual imponía como límite temporal a esta habilitación la íntegra satisfacción de la compensación que los titulares del aprovechamiento tenían derecho a percibir-, ninguna de las cuales ha sido recurrida por Endesa Generación, S. A. U., e Iberdrola, S. A., que, de este modo, han aceptado su plena satisfacción por los daños derivados de la paralización de las obras de construcción de la Central Nuclear de Valdecaballeros.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

1.º Que procede declarar la extinción del derecho al uso privativo de las aguas al que se refiere la presente consulta.

2.º Que la Confederación Hidrográfica del Guadiana debe adoptar las medidas necesarias para evitar que la eventual demolición de la presa construida sobre el río Guadalupejo ponga en peligro el abastecimiento a las poblaciones de Valdecaballeros y Castilblanco.

3.º Que, en caso de acordarse la demolición de las infraestructuras, su coste tendría que ser asumido por las sociedades concesionarias".

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 17 de noviembre de 2022

LA SECRETARIA GENERAL,

LA PRESIDENTA,

EXCMA. SRA. VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO.

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