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Consejo de Estado: Dictámenes

Número de expediente: 15/2022 (EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL)

Referencia:
15/2022
Procedencia:
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Asunto:
Proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil.
Fecha de aprobación:
20/01/2022

TEXTO DEL DICTAMEN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 20 de enero de 2022, con asistencia de los señores que al margen se expresan, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"En cumplimiento de una Orden comunicada de V. E., de 4 de enero de 2022, con registro de entrada el día 5 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a un proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil.

De antecedentes resulta:

PRIMERO. - Contenido del proyecto de Real Decreto y de su memoria

A.- El proyecto de Real Decreto

El proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, que constituye el objeto del expediente, remitido a este Consejo (citado también, abreviadamente en lo sucesivo, como el "Proyecto"), fechado el 4 de enero de 2022, viene precedido de dos borradores de 5 de octubre y 26 de noviembre de 2021.

El Proyecto consta de un preámbulo, catorce artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, cuatro disposiciones finales y tres anexos.

El preámbulo se inicia con la cita de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que introduce importantes cambios con objeto de adaptar el sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020-2030. Tras reseñar las aportaciones más sobresalientes del texto, con relación a la Educación Infantil, señala que la nueva ley "incorpora a la ordenación y a los principios pedagógicos de la etapa el respeto a la específica cultura de la infancia que definen la Convención sobre los Derechos del Niño y las Observaciones Generales de su Comité".

En desarrollo de lo anteriormente expuesto, dice el preámbulo, que el objeto del proyectado Real Decreto es establecer las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, entendida como una etapa educativa única, con identidad propia y organizada en dos ciclos que responden ambos a una misma intencionalidad educativa. Y, en este sentido, el Real Decreto en proyecto define los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa, así como las competencias clave cuyo desarrollo deberá iniciarse desde el comienzo mismo de la escolarización. Además, para cada una de las áreas, se fijan las competencias específicas previstas para la etapa, así como los criterios de evaluación y los saberes básicos establecidos para cada ciclo.

Prosigue el preámbulo señalando que, con carácter meramente orientativo y con el fin de facilitar al profesorado su propia práctica, se propone una definición de situación de aprendizaje y se establecen principios para su diseño. También se incluyen otras disposiciones referidas a aspectos esenciales de la ordenación de la etapa, como la evaluación, la atención a las diferencias individuales y la autonomía de los centros.

Concluye la parte expositiva señalando que su adopción responde a los principios de buena regulación, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Y añade que el proyectado Real Decreto tiene carácter de norma básica y se dicta, al amparo de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la Constitución para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

Por lo que hace a la parte dispositiva, el Proyecto consta de catorce artículos:

- El artículo 1 determina el objeto de la norma proyectada, como es el de establecer la ordenación y las enseñanzas mínimas de la etapa de Educación Infantil.

- El artículo 2 establece una serie de definiciones, donde se encuentran los objetivos, las competencias clave, competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos y situaciones de aprendizaje.

- El artículo 3 se refiere a la etapa de Educación Infantil en el marco del sistema educativo.

- El artículo 4 regula los fines de la etapa.

- El artículo 5 atiende a los principios generales.

- El artículo 6 trata de los principios pedagógicos.

- El artículo 7 enumera los objetivos de la etapa.

- El artículo 8 aborda en tres apartados las áreas en las que se ordenan los contenidos educativos.

- El artículo 9 trata en sus tres apartados, según los anexos I, II y III, las competencias clave, competencias específicas y las situaciones de aprendizaje.

- El artículo 10 aborda la normativa del currículo.

- El artículo 11 se refiere a determinadas cuestiones generales sobre el horario.

- El artículo 12 alude a la evaluación que será global, continua y formativa.

- En el artículo 13, con seis apartados, se tratan cuestiones referentes a la atención a las diferencias individuales.

- Y el artículo 14 se refiere, finalmente, a la autonomía de los centros.

En cuanto a las disposiciones adicionales, la primera prevé que las enseñanzas de religión se incluirán en el segundo ciclo de la Educación Infantil, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; y la segunda se refiere a la posibilidad de las Administraciones educativas de establecer el uso de metodologías de aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, sin que ello suponga modificación de los aspectos básicos regulados en el proyectado Real Decreto.

La disposición transitoria única prevé que el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, mantendrá sus efectos y será de aplicación hasta el fin del curso escolar 2021-2022.

En la disposición derogatoria única se deroga expresamente el Real Decreto 1630/2006, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria. Asimismo, se derogan tácitamente cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el Real Decreto que se proyecta.

En la disposición final primera se dice que el Real Decreto tiene carácter de norma básica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución. En la disposición final segunda se habilita al titular del Ministerio de Educación y Formación Profesional para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución y desarrollo de lo establecido en el proyecto de Real Decreto. En la disposición final tercera se dice que el contenido de la norma en proyecto se implementará en el curso escolar 2022-2023. Y en la disposición final cuarta se prevé que el Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Los anexos se refieren a las competencias clave de la Educación Infantil (anexo I), a las áreas de la Educación Infantil (anexo II) y a las situaciones de aprendizaje (anexo III).

B.- La memoria del análisis de impacto normativo

La memoria del análisis de impacto normativo, de 4 de enero de 2022, que se inicia con un resumen ejecutivo, justifica la oportunidad de la norma proyectada en términos análogos al preámbulo.

En concreto, señala la memoria que el fin y objetivo principal perseguido con el presente proyecto de Real Decreto es establecer las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, organizada en dos ciclos que responden ambos a una misma intencionalidad educativa. Partiendo de esta visión de conjunto, y recogiendo al mismo tiempo el mandato del artículo 14.7 de la LOE, que por primera vez encomienda al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, la definición de los contenidos educativos del currículo del primer ciclo, el proyecto de Real Decreto define, en primer lugar, los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa, así como las competencias clave cuyo desarrollo deberá iniciarse desde el comienzo mismo de la escolarización.

La memoria señala, "las reformas que se plantean con relación a la ordenación académica y el diseño curricular, encuentran su principal motivación en la necesidad de establecer un modelo renovado que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los resultados educativos del alumnado, y satisfaga la demanda generalizada en la sociedad española de una educación de calidad para todos. En este sentido, se considera clave llevar a cabo una revisión del currículo escolar que no solo permita corregir las carencias detectadas en sistemas anteriores, sino que, al mismo tiempo, tenga en cuenta los nuevos objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020/2030".

En cuanto a las denominadas "alternativas", la memoria subraya que no procede considerar ninguna otra alternativa, dado que el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 3/2006, establece que, con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes, el Gobierno fijará, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas.

A continuación, la memoria hace una valoración positiva de la adecuación del Proyecto a los principios de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, de acuerdo con las previsiones del artículo 128 de dicha Ley 39/2015, señala la memoria que se han respetado los principios de buena regulación, recogidos en el artículo 129 del mismo texto legal.

Recuerda también que este Real Decreto que se proyecta viene recogido en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2021 que fue aprobado por el Consejo de Ministros, el 31 de agosto de 2021.

La memoria se refiere a continuación al contenido del Proyecto, a su tramitación y al análisis de adecuación al orden de distribución de competencias que reconoce al Estado la potestad de legislar esta materia en virtud del artículo 149.1.30.ª de la Constitución.

En cuanto a los impactos, se refiere en primer lugar, al impacto económico general señalando lo siguiente: "Se ha evaluado el impacto que este proyecto de real decreto tendrá en los precios, la productividad, el empleo, las PYMES, la innovación, los consumidores y la economía europea, y este ha resultado ser nulo". Y añade que, en cualquier caso, dado que la norma es un desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, se presupone que los efectos sobre la economía han sido ya detallados en la memoria del análisis de impacto normativo de la ley, por lo que no se considera necesario un análisis exhaustivo posterior.

Se dice también que no se prevé que tenga efectos que distorsionen la competencia del mercado, ni supone, a priori, un aumento o disminución de las cargas administrativas que recaen sobre el ciudadano, dado que no regula los procedimientos administrativos mediante los cuales se relaciona la Administración pública con el ciudadano.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 47.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, señala la memoria que el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RMRR), ha sido concretado para España en la Decisión de Ejecución del Consejo (en adelante, CID, por sus siglas en inglés Council Implementing Decision) de 13 de junio, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, y en su correspondiente anexo. El Proyecto se encuentra enmarcado en el hito 304, componente 21, reforma 2, ("Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años"), del anexo CID y está vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dicho plan de recuperación, transformación y resiliencia de España ha establecido para el componente 21 una inversión total estimada de 1.648 millones de euros.

En lo atinente al impacto laboral, la memoria vuelve a remitirse al anexo de la CID donde se recoge que en el marco de esta reforma al menos cien expertos externos participarán en la elaboración del currículo de los ámbitos y temas de las distintas etapas educativas y de los marcos de evaluación, que servirán de base para la elaboración de los reales decretos relativos al nuevo currículo y al marco común de evaluación.

En cuanto a los impactos por razón de género, en la infancia y la adolescencia, en la familia, y en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, el Proyecto "tiene un impacto positivo", según se expone en la memoria.

También se analiza el impacto en el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración digital y el impacto sobre el cambio climático que, en ambos casos, se concluye que es "nulo".

La memoria termina con la evaluación "ex post", señalando que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (artículo 28), y en el Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa (artículo 3), se señala que este Proyecto ha sido incluido en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2021, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de agosto de 2021, donde no se ha previsto que deba ser objeto de evaluación por sus resultados.

A continuación, la memoria incorpora un anexo con la valoración de las aportaciones recibidas al proyecto de Real Decreto presentadas por los distintos órganos intervinientes en el procedimiento de elaboración.

SEGUNDO. - Contenido del expediente

Además de la Orden comunicada de V. E., el Proyecto y un índice numerado de documentos, integran el expediente:

- Certificado de la subdirectora general de la Oficina de Atención al Ciudadano, de fecha 29 de abril de 2021, acreditativo de "Consulta pública previa" de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

- Certificado del secretario de la Comisión de Ordenación Académica, de fecha 8 de octubre de 2021, en el que se hacen constar las reuniones de la Comisión de Ordenación Académica de la Conferencia de Educación, celebrada en 29 de julio de 2021, y de la Comisión General de Educación de la Conferencia de Educación, de 29 de septiembre de 2021, en las que fue informado el proyecto de Real Decreto.

- Extractos de los borradores de las actas de las indicadas reuniones de la Comisión de Ordenación Académica de la Conferencia de Educación y de la Comisión General de Educación. En concreto, en la primera de ellas, tras la exposición de la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial sobre el Proyecto y su contenido, constan unas breves intervenciones de los representantes de las Comunidades Autónomas de Murcia, Madrid, Cataluña, Galicia y Andalucía limitadas, básicamente, a los anexos.

- Dictamen 26/2021, de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2021, sobre el proyecto de Real Decreto. El Consejo Escolar del Estado "contempla favorablemente que la nueva regulación de la LOE, referida a la Educación infantil (artículo 14.7), asigne al Gobierno la determinación de los contenidos educativos del primer ciclo de la educación infantil". Por otra parte, el Consejo valora positivamente que se refuerce en el Proyecto el carácter unitario y educativo de la etapa, sin perjuicio de que la misma se estructure en dos ciclos, puesto que en los dos ciclos se recoge la misma estructura y las mismas áreas, aunque con competencias específicas y saberes básicos potenciados, según los casos y adaptados a las edades de los niños. Se resalta la potenciación del enfoque competencial que se asigna a las enseñanzas de los dos ciclos.

- Certificado de la subdirectora general de la Oficina de Atención al Ciudadano, de fecha 2 de noviembre de 2021, que acredita la realización del trámite de información pública previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

- Informe del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de 29 de noviembre de 2021, en virtud de lo previsto en el artículo 26.5.1.º de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en el que se indica que no se formulan observaciones.

- Informe del Consejo Nacional de la Discapacidad, de 29 de noviembre de 2021, en virtud de lo previsto en el artículo 26.5.1.º de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, remitido por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En concreto, han informado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); la Confederación ASPACE; el Grupo Social ONCE; la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER); la Confederación Autismo España; la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) y D. (Experto).

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, a los efectos previstos en el artículo 26.5, párrafo 4, de la Ley del Gobierno, emitido el 16 de diciembre de 2021.

- Informe de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial, de 16 de diciembre de 2021, en virtud de lo previsto en el artículo 26.5.6.º de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Concluye que el Proyecto puede dictarse al amparo de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª sobre regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. Hace una observación con relación a la disposición final segunda relativa al título competencial que ha sido incorporada a la última de las versiones del Proyecto (hay que tener en cuenta que en esta última versión el título competencial se integra dentro de la disposición final primera).

- Informe, de fecha 23 de diciembre de 2021, de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, previsto en el artículo 26.9 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen.

I. Objeto

Se somete a consulta el proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil.

El dictamen se emite con carácter preceptivo y urgente, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, cuyo artículo 22 prevé, en su apartado 3, que su Comisión Permanente deberá ser consultada en relación con los "reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones".

II. Procedimiento de elaboración

El proyecto de Real Decreto ha seguido los trámites del procedimiento de elaboración de reglamentos establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en otras normas de legal y pertinente aplicación.

Con el texto proyectado se adjunta una memoria del análisis de impacto normativo, en la que se razona sobre la oportunidad de la norma y se pondera su impacto económico, presupuestario y por razón de género, entre otros (artículo 24.1, letras a) y b), de la Ley del Gobierno; y Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio).

En el expediente remitido al Consejo de Estado obran los informes de las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de Derechos Sociales y Agenda 2030 y del Ministerio de Educación y Formación Profesional, promotor de la propuesta normativa.

Asimismo, han sido oídas las comunidades autónomas en el seno de la Comisión General de Educación de la Conferencia de Educación, y se ha incorporado el informe en materia de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de conformidad con lo previsto en el apartado sexto del artículo 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

También constan en el expediente los certificados de la Subdirección General de la Oficina de Atención al Ciudadano, el de la Secretaría de la Comisión de Ordenación Académica en el que se hacen constar las reuniones tanto de la propia Comisión de Ordenación Académica como de la Comisión General de Educación (se acompaña extracto de los borradores de actas) y el informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.

Obra, igualmente, el dictamen de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado y el informe del Consejo Nacional de la Discapacidad.

III. Base normativa y rango

La norma legal de referencia es la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre.

De acuerdo con el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, y los artículos 6 y 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, corresponde al Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, dictar la normativa básica que desarrolle y recoja esas modificaciones, por lo que el Proyecto de norma debe tener el rango de real decreto.

En concreto, el artículo 6.3 de la citada ley orgánica, modificado por la Ley Orgánica 3/2020, dispone "3. Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, fijará, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas. Para la Formación Profesional fijará así mismo los resultados de aprendizaje correspondientes a las enseñanzas mínimas". Este precepto debe ponerse en conexión con lo previsto en el artículo 14.7 de la citada ley orgánica que dispone que el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, "determinará los contenidos educativos del primer ciclo de la educación infantil de acuerdo con lo previsto en el presente capítulo ...".

Por otro lado, el Proyecto viene a derogar otro del mismo rango, el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil.

Por consiguiente, el rango de la norma proyectada -real decreto- se considera suficiente y adecuado.

IV. Competencia del Estado

El Proyecto se dicta, como se indica en su disposición final primera, al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

Y se dicta en virtud de la habilitación que confiere al Gobierno el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 2/2006, modificada por la Ley Orgánica de 2020, y en uso de la competencia estatal para la ordenación general del sistema educativo y para la fijación de las enseñanzas mínimas recogida en el artículo 6 bis apartado 1.a) y c), de la propia Ley Orgánica 2/2006:

"Artículo 6 bis. Distribución de competencias.

1. Corresponde al Gobierno:

a) La ordenación general del sistema educativo.

(... )

c) La fijación de las enseñanzas mínimas a que se refiere el artículo anterior...".

Y el apartado 3 del citado artículo 6 bis preceptúa que "Corresponde a las comunidades autónomas el ejercicio de sus competencias estatutarias en materia de educación y el desarrollo de las disposiciones de la presente Ley Orgánica".

Dice la disposición final primera del Proyecto, en sus párrafos segundo y tercero, que "Los criterios de evaluación y los saberes básicos del primer ciclo, recogidos en el anexo II, carecen de carácter de normativa básica y son orientativos para el logro de las competencias de la etapa. El anexo III carece del carácter de legislación básica".

Por su parte, todas las comunidades autónomas han asumido estatutariamente competencias sobre la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y en las leyes orgánicas que, conforme al artículo 81.1 de la misma lo desarrollen, de las facultades que asigna al Estado el artículo 149.1.30.ª de la Constitución y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.

En relación con la competencia del Estado en esta materia, el Tribunal Constitucional (entre otras, en las sentencias 87/1983, FJ 4 y 88/1983, FJ 3), ha señalado que "la competencia -no discutida- del Estado para fijar las "enseñanzas mínimas", lleva el que dentro de este concepto se comprendan la fijación de objetivos por bloques temáticos, que en relación a cada disciplina o materia de las contenidas en las "enseñanzas mínimas" realiza el Real Decreto origen del conflicto, así como también de los horarios mínimos que se consideren necesarios para su enseñanza efectiva y completa, atendiendo al rendimiento escolar medio" (sentencia 88/83, FJ 3).

También, en la sentencia 154/2005, FJ 8, el Tribunal Constitucional, citando doctrina sentada con anterioridad, señala que la competencia reservada al Estado por el citado artículo 149.1.30.ª de la Constitución comprende como tal "la competencia para establecer los títulos correspondientes a cada nivel y ciclo educativo, en sus distintas modalidades, con valor habilitante tanto desde el punto de vista académico como para el ejercicio de las profesiones tituladas, es decir, aquellas cuyo ejercicio exige un título (i. e., Graduado Escolar, Bachiller, Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico en la especialidad correspondiente, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Doctor), así como comprende también la competencia para expedir los títulos correspondientes y para homologar los que no sean expedidos por el Estado".

Los criterios de evaluación y los saberes básicos del primer ciclo, recogidos en el anexo II, carecen de carácter de legislación básica y son orientativos para el logro de las competencias de la etapa y de la misma manera el anexo III carece del carácter de legislación básica.

Hay que añadir que el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil, que el Proyecto se propone derogar, no ha sido objeto de controversias competenciales en sede constitucional, pero sí fue objeto de un requerimiento previo por parte de la Generalidad de Cataluña sin que finalmente, se interpusiera conflicto positivo de competencias.

A la vista de todo ello, se considera que existe título competencial suficiente para amparar la norma proyectada, de acuerdo también con lo informado por la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial, de 16 de diciembre de 2021.

Se considera, conforme a la legislación y la jurisprudencia constitucional expuestas, que el Estado tiene competencia para dictar el Proyecto sometido a consulta.

V. Consideraciones

Como señala el artículo 1 del Proyecto, el objeto de la norma que se proyecta es establecer la ordenación y las enseñanzas mínimas de la etapa de educación infantil que tiene carácter voluntario y está dividida en dos ciclos.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de octubre, de Educación (LOE), tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), modificó el ámbito del currículo, considerándolo como el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la ley, modificando la redacción legal precedente (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE), que consideraba como elementos integrantes del currículo: los objetivos, competencias, metodologías didácticas, estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación.

La LOMLOE atribuye al Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, la fijación de los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas (artículo 6.3 en concordancia con el artículo 14.7 que se refiere específicamente a los contenidos educativos de la educación infantil), a partir de los cuales las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas reguladas en la ley; también los centros docentes pueden desarrollar y completar el currículo de las diferentes etapas y ciclos en el uso de su autonomía.

Hay que recordar que la principal modificación se ha producido en el artículo 14.7 de la Ley Orgánica con relación al primer ciclo de educación infantil. Así, la redacción original dada por la LOE de 2006 decía: "Las Administraciones educativas determinarán los contenidos educativos del primer ciclo de la educación infantil de acuerdo con lo previsto en el presente capítulo ...". Esta redacción derivó en un deslinde competencial entre el primer y segundo ciclo de Educación Infantil que tuvo su proyección en el artículo 5.4 del Real Decreto 1630/2006, señalando el Consejo de Estado a ese respecto que se ajustaba los términos de la redacción dada en aquel momento por la Ley Orgánica 2/2006.

La nueva redacción dada por la LOMLOE de 2020 asigna al Gobierno una intervención, en colaboración con las Administraciones educativas autonómicas, para establecer esos contenidos básicos o principios generales: "El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, determinará los contenidos educativos del primer ciclo de la educación infantil de acuerdo con lo previsto en el presente capítulo...". De este modo, la Ley Orgánica de 2020 ha eliminado definitivamente el deslinde de competencias de las Administraciones educativas en relación con el primer y segundo ciclo de la Educación infantil.

A diferencia del Real Decreto 1630/2006, cuyo artículo 5.1 reproducía lo dispuesto en la redacción entonces vigente del artículo 14.7 de la Ley Orgánica, ahora el Proyecto modifica este aspecto para ajustarlo a la nueva redacción del citado precepto legal, y el artículo 5 establece una serie de principios generales para la educación infantil en su conjunto, sin diferenciar ahora entre el primer y segundo ciclo.

Asimismo, los principios pedagógicos (artículo 6 del Proyecto), los objetivos de la etapa (artículo 7), las áreas en las que se organizan los contenidos educativos (artículo 8), las competencias (artículo 9), el currículo (artículo 10), los horarios (artículo 11), la evaluación (artículo 12), la atención a las diferencias individuales (artículo 13) o la autonomía de los centros (artículo 14) se extiende a los dos ciclos en que se ordena la etapa de Educación Infantil, no suscitando objeciones el contenido de estos preceptos.

En definitiva, el proyecto de Real Decreto viene a sustituir al Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. Y ello porque se modifican las competencias curriculares del primer ciclo de la Educación Infantil, que en la legislación precedente se atribuían a las Administraciones educativas respectivas, aunque había preceptos en el propio Real Decreto 1630/2006, que también se referían al primer ciclo. De hecho, el Consejo de Estado, en su dictamen 2.519/2006, de 21 de diciembre, con motivo del examen del entonces proyecto de Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas de segundo ciclo de la Educación Infantil, ya advertía que, si bien la norma se refería únicamente al segundo ciclo de la Educación infantil, el análisis del contenido de la misma evidenciaba que algunos de sus artículos tenían un alcance diferente refiriéndose también al primer ciclo.

En todo caso, el Proyecto examinado reproduce la estructura y gran parte de los contenidos de los previos reales decretos que el Consejo de Estado ha tenido ya la oportunidad de dictaminar. Como se determina en el artículo 14 de la Ley Orgánica y recoge el Proyecto, entre los principios pedagógicos de la etapa se mantienen los regulados en la anterior redacción normativa, aunque se modifica el apartado 3, de dicho artículo 14, principalmente, al que se añade el texto siguiente: "... También se incluirán la educación en valores, la educación para el consumo responsable y sostenible y la promoción y educación para la salud. Además, se facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada e igualitaria y adquieran autonomía personal".

También, en lo que respecta a los objetivos de la etapa, la nueva redacción legal mantiene los existentes en la anterior redacción de la LOE y agrega dos objetivos nuevos: "e) relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en el uso de la empatía y la resolución pacífica de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia" y "h) promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres." Ambos apartados se han integrado en el Proyecto al regular los objetivos (artículo 7 del Proyecto).

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto remitido en consulta".

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 20 de enero de 2022

LA SECRETARIA GENERAL,

LA PRESIDENTA,

EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.

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