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Consejo de Estado: Dictámenes

Número de expediente: 1365/2022 (HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA)

Referencia:
1365/2022
Procedencia:
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Asunto:
Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE y se modifica el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, aprobado por Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero.
Fecha de aprobación:
10/11/2022

TEXTO DEL DICTAMEN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2022, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"En cumplimiento de la Orden de V. E. con registro de entrada el 26 de julio de 2021, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE y se modifica el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, aprobado por Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero.

De antecedentes resulta:

Primero.- El proyecto de real decreto sometido a consulta se compone de un preámbulo, un artículo en el que se aprueba el estatuto de la entidad pública empresarial ENAIRE, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

El preámbulo relata la trayectoria orgánica y normativa que ha sufrido el ente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea desde su creación, por mandato del artículo 82.uno de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, hasta la actualidad, poniendo de relieve la necesidad de modificar el estatuto de la entidad para adaptarlo a sus actuales funciones y competencias, así como al Derecho Europeo.

En relación con este, expresa la importancia que ha tenido el desarrollo del Cielo Único Europeo, estructurado sobre los Reglamentos (CE) números 549, 550 y 551/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, todos de 10 de marzo de 2004 y sus normas de desarrollo.

Relata el contenido del nuevo estatuto que inserta a continuación y señala que el real decreto atiende a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, acreditando la observancia de cada uno de ellos y justificando la falta de audiencia a los ciudadanos en virtud de la naturaleza organizativa del proyecto de disposición.

La parte final consta de dos disposiciones adicionales (relativas al no incremento de asignaciones presupuestarias, dotaciones ni retribuciones o gastos de personal; y a la referencia de los órganos suprimidos), una disposición transitoria (que disciplina la aplicación del proyecto a determinados procedimientos en tramitación medioambiental en el ámbito de las funciones que se atribuyen a la agencia como órgano sustantivo), una disposición derogatoria (del vigente Estatuto de ENAIRE, así como cualquier norma de igual o inferior rango que se oponga a lo previsto en el proyecto) y tres disposiciones finales, que modifican el Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (primera), habilitan al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación del real decreto (segunda) y determinan la entrada en vigor de aquel el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo determinados preceptos, que enumera y disciplina en lo concerniente a su régimen particular de entrada en vigor.

El Estatuto de la entidad pública empresarial ENAIRE se inserta a continuación y se estructura en 34 artículos divididos en ocho capítulos.

El capítulo I, bajo la rúbrica "disposiciones generales", versa sobre la naturaleza jurídica y adscripción de la entidad, su régimen jurídico y de impugnación de sus actos y la posibilidad de participar en sociedades (artículos 1 a 4).

En el capítulo II se ubica la regulación relativa al objeto y funciones de la entidad (artículo 5) y se atribuye al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el ejercicio de las facultades de expropiación forzosa que sean precisas para el cumplimiento de los fines de ENAIRE E. P. E., que ostentará a tales efectos la condición de beneficiario (artículo 6).

El capítulo III, "de los órganos de gobierno y gestión y su funcionamiento", se divide en 4 secciones, la primera relativa a las disposiciones comunes e integrada por un solo artículo 7 que disciplina los órganos de gobierno y gestión; la sección segunda atinente al Consejo de Administración, su composición y funciones y su régimen de funcionamiento (artículos 8 a 13); la sección tercera (artículos 14 y 15) sobre el presidente y sus funciones; y la sección cuarta (artículos 16 y 17) concerniente a los órganos de gestión.

El capítulo IV versa sobre el régimen patrimonial de ENAIRE E. P. E. en los artículos 18 a 21, que declaran el carácter demanial de los bienes adscritos a la entidad para el cumplimiento de sus funciones, así como la obligación de formar y mantener actualizado un inventario de bienes y derechos.

En el capítulo V se disciplina el régimen económico y financiero, la obligación de formular un Programa de Actuación Plurianual (artículo 22) y el régimen de contabilidad, control económico-financiero y control de eficacia y supervisión continua (artículo 23).

El capítulo VI regula la elaboración anual de los presupuestos de explotación y de capital (artículo 24), del ejercicio económico y la formulación de cuentas anuales (artículo 25); el régimen de financiación y los recursos económicos de que dispone ENAIRE E. P. E. y otros aspectos relacionados con la aplicación de excedentes, el régimen de endeudamiento y los beneficios tributarios de que puede gozar (artículos 26 a 31).

El capítulo VII, "de los recursos humanos", aborda el régimen de personal (artículo 32), y el régimen de incompatibilidades y retributivo (artículo 33).

El capítulo VIII está integrado por un solo precepto -artículo 34- relativo a la contratación de ENAIRE E. P. E., que estará sujeta a lo previsto en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, y a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Segundo.- Durante la tramitación del procedimiento de elaboración de la norma consultada se han emitido los siguientes informes, que integran el expediente:

a) El proyecto de Real Decreto inicial y su memoria del análisis de impacto normativo, ambos de 14 de febrero de 2018.

b) Informe de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), de fecha 23 de marzo de 2018, sin observaciones.

c) Informe de fecha 23 de abril de 2018, elaborado por el Ministerio de Defensa de conformidad con el artículo 26.5, párrafo primero, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

d) Informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), de fecha 13 de julio de 2018, en el que se hacen dos sugerencias que se aceptan e incorporan, así como una solicitud de dotación de los medios necesarios para poder asumir la responsabilidad derivada de las competencias que se le atribuyen.

e) Segundo proyecto de Real Decreto y su memoria del análisis de impacto normativo, de octubre y noviembre de 2018 respectivamente.

f) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en cumplimiento de lo previsto en el artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997, emitido en fecha 11 de febrero de 2019.

g) Plan Anual de ENAIRE para el año 2019, elaborado en noviembre de 2018, acta de aprobación del Plan Operativo de ENAIRE para 2019 -fechado en enero de 2019- y propuesta del Programa de Actuación Plurianual de ENAIRE 2019-2022.

h) Informe favorable de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda sobre la creación de un puesto directivo, de fecha 16 de julio de 2019.

i) Segundo informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), de fecha 14 de agosto de 2019, cuyas sugerencias han sido incorporadas al texto sometido a consulta.

j) Tercer proyecto de Real Decreto y su memoria del análisis de impacto normativo, de septiembre y octubre de 2019 respectivamente.

k) Segundo informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, fechado el 27 de abril de 2020, en cumplimiento del artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997.

l) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda de 30 de julio de 2020, al amparo de lo previsto en el artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997.

m) Nota de contestación de ENAIRE en la que acepta la gran mayoría de las observaciones planteadas por las secretarías generales técnicas de los Ministerios de Política Territorial y Función Pública y de Hacienda en sus respectivos informes, si bien da respuesta a aquellas que no se aceptan, razonando los motivos que han fundado tal posición.

n) Cuarto proyecto de Real Decreto y su memoria del análisis de impacto normativo, ambos de junio de 2021, elaborados de conformidad con las observaciones formuladas.

ñ) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana previsto en el artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997, de fecha 31 de agosto de 2021.

o) Quinto y sexto proyecto de Real decreto y quinta memoria del análisis de impacto normativo, de diciembre de 2021.

p) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Función Pública previsto en el artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de fecha 21 de febrero de 2022.

q) Séptimo texto del proyecto de Real Decreto y sexta memoria del análisis de impacto normativo, de marzo de 2022.

r) Incorporación del "Plan Estratégico de ENAIRE 2021-2025, Plan de Vuelo 2025" aprobado por el Consejo de Administración el 30 de abril de 2021, y Plan Empresarial de ENAIRE 2022-2026, fechado el 30 de noviembre de 2021.

s) Nota de la Dirección General de Aviación Civil con información adicional sobre el régimen de la Unión Europea en materia de planificación de los proveedores de servicios de navegación aérea.

t) Octavo texto del proyecto de Real Decreto y séptima memoria, de 8 de mayo de 2022 según el índice de documentación remitida pero que continúa fechado en marzo de 2022.

u) Informe del Ministerio Hacienda y Función Pública de fecha 23 de mayo de 2022, reiterando la observación en relación con el artículo 30 del Estatuto de ENAIRE.

v) Noveno texto del proyecto de Real Decreto (sometido a consulta) y octava memoria, de 27 de mayo de 2022 según el índice de documentos, pero fechada en marzo de 2022. La memoria del análisis de impacto normativo realizada de forma abreviada, explica que las razones para el dictado de la norma responden a la necesidad de ajustar el ordenamiento jurídico interno a la normativa de la Unión Europea, adaptar el régimen jurídico de la entidad pública empresarial al marco vigente y reordenar las funciones en orden al cumplimiento de las obligaciones ambientales en el ámbito de la aviación civil. Justifica la modificación parcial del Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en la necesidad de cumplir con el Derecho europeo atribuyendo a un órgano distinto de ENAIRE las funciones en materia de diseño de estructuras de espacio aéreo y las funciones medioambientales, así como aquellas no asumidas por AENA S. M. E., S. A., que transitoriamente desempeña ENAIRE hasta su atribución a otra entidad. Analizados los impactos, considera que la norma no tiene efectos significativos sobre la competencia, no afecta a las cargas administrativas, no tiene impacto económico ni presupuestario y su impacto de género es nulo. En materia medioambiental el impacto del proyecto es positivo dado que disciplina el ejercicio de las funciones de naturaleza medioambiental en el ámbito aeroportuario y de la navegación aérea. Otros impactos tomados en consideración y cuya presencia no se aprecia son los concernientes a la infancia, adolescencia y la familia, así como en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Añade que tampoco afecta a la normativa OACI.

w) Último informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Función Pública previsto en el artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997. El informe, fechado el 10 junio de 2022, manifiesta su conformidad con el texto final y no formula observaciones.

x) Oficio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de remisión expediente y de petición de continuación con la tramitación, de fecha 14 de julio de 2022.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Estado para consulta.

El Consejo de Estado emite su dictamen, con carácter preceptivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.3 de su Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril. Dispone dicho precepto que la Comisión Permanente será consultada en los asuntos atinentes a "reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones".

I.- Contenido del proyecto

El asunto sometido a consulta se refiere a la aprobación del Estatuto de la entidad pública empresarial ENAIRE, así como a la modificación del Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

ENAIRE EPE encuentra su origen en Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, ente de derecho público creado por mandato del artículo 82.uno de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990. Su constitución efectiva tuvo lugar con la entrada en vigor de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 905/1991, de 14 de junio y vigente hasta la actualidad, con diversas reformas. El texto sometido a consulta contempla su derogación expresa.

AENA, en la configuración referida, mantuvo su naturaleza y régimen jurídico hasta la aprobación de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), que estableció una nueva clasificación y regulación de los organismos públicos, lo que determinó que el artículo 64 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social dispusiera la adaptación del ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea a la Ley 6/1997, de 14 de abril y ello mediante su configuración como una "Entidad Pública Empresarial de las previstas en la letra b) del apartado 1 del artículo 43 de la Ley 6/1997" que deberá regirse por las disposiciones de dicha ley y lo dispuesto en ese artículo.

La entidad pública empresarial AENA sufrió una nueva transformación de la mano del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, que introdujo una modificación sustancial en las funciones y competencias atribuidas inicialmente a la entidad, al segregar las relativas a la gestión y explotación de los servicios aeroportuarios, atribuyéndolas a un ente de nueva creación, una sociedad mercantil estatal creada por el artículo 7 del Real Decreto-ley: Aena Aeropuertos, S. A.

A partir de entonces coexisten AENA y Aena Aeropuertos, S. A., hasta la actualidad, si bien con el cambio de denominación que introdujo la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que modificó la denominación de la entidad pública empresarial AENA a la de ENAIRE E. P. E. (artículo 18.2 Ley 18/2014); y la denominación de la sociedad mercantil Aena Aeropuertos, S. A. por la de AENA, S. A. (artículo 18.1 Ley 18/2014), hoy AENA S. M. E.

Por otro lado, la disposición adicional tercera de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, contuvo una autorización legal para la creación, por parte del Gobierno, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, "para la ejecución de las funciones de ordenación, supervisión e inspección de la seguridad del transporte aéreo y de los sistemas de navegación aérea y de seguridad aeroportuaria en sus vertientes de inspección y control de productos aeronáuticos, de actividades aéreas y del personal aeronáutico. Así como, para las funciones de detección, análisis y evaluación de los riesgos de seguridad en este modo de transporte". En ejercicio de tal facultad, tuvo lugar el dictado del Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, consolidando un nuevo modelo de gestión basado en el desdoblamiento de la autoridad aeronáutica entre la agencia de nueva creación, con competencias inspectoras y sancionadoras en materia de aviación civil así como de propuesta en materia de seguridad aérea; y la Dirección General de Aviación Civil en cuanto a la política estratégica en materia de aviación civil y la política de transporte aéreo.

La trayectoria descrita en lo concerniente a la personificación de los organismos públicos con competencias en materia de aviación civil ha sido consecuencia de las transformaciones operadas a nivel funcional en los sectores de la navegación aérea, los servicios aéreos y la seguridad aérea, tanto por decisión del legislador español como a consecuencia de imperativos europeos, establecidos al amparo de la política común de transportes (artículos 90 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea -en adelante TFUE-) y de las redes transeuropeas de transportes, telecomunicaciones y energía (artículos 170 y siguientes del TFUE).

Ejemplo de ello es la creación del Cielo Único Europeo, orientado desde los primeros Reglamentos U(E) dictados en la materia en 2004, a la armonización y mejor prestación de los servicios de navegación aérea, introduciendo novedades en la estructura y organización nacional de la aviación, determinando la necesidad de diferenciar entre navegación aérea y gestión aeroportuaria, obligando a los Estados miembros a dar el mismo tratamiento a los vuelos intraeuropeos que a los nacionales, e imponiendo obligaciones de certificación para la prestación de servicios de navegación aérea y requisitos para los servicios de tránsito aéreo.

A nivel nacional y como antes se adelantó, la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de los servicios de tránsito aéreo, designó al ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea -hoy ENAIRE E. P. E.- para proveer en exclusiva los servicios de tránsito aéreo de control de área y control de aproximación, y los de información de vuelo, alerta y asesoramiento asociados a los volúmenes de espacio aéreo en los que se prestan tales servicios; mientras que el Real Decreto-ley 13/2010 segregó todas las competencias en materia de gestión y explotación de los servicios aeroportuarios y las atribuyó a Aena Aeropuertos, S. A. -hoy AENA S. M. E.-.

Las competencias no atribuidas a Aena Aeropuertos, S. A., por las normas referidas ni por la Ley 18/2014, quedaron residenciadas en ENAIRE E. P. E. transitoriamente hasta su atribución a otro órgano (disposición adicional undécima de la Ley 18/2014).

El texto sometido a consulta atribuye ahora tales funciones a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, cuyo estatuto fue aprobado por Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero y que ahora se modifica.

El texto sometido a consulta opera así una adaptación del Estatuto de ENAIRE E. P. E. a las modificaciones habidas en los últimos años tanto a nivel competencial como en lo concerniente a la organización interna de la entidad pública empresarial, que debe ajustarse a las previsiones contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; y modifica el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para atribuir a esta la titularidad de ciertas competencias que hasta ahora desempeñaba con carácter transitorio ENAIRE E. P. E.

II. Habilitación legal y rango normativo

Expresa la memoria del análisis de impacto normativo que, siendo ENAIRE un organismo público estatal, el proyecto se dicta en el ejercicio de las competencias de autoorganización del Estado, y atiende a lo previsto en el artículo 93 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuyo apartado 2 establece que los estatutos de los organismos públicos se aprobarán por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del ministerio al que el organismo esté vinculado o sea dependiente.

En efecto, además de estas previsiones normativas, el texto proyectado encuentra amparo para su dictado en la disposición adicional decimonovena de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia; que modificó el régimen de los órganos de gobierno de ENAIRE E. P. E. con carácter temporal, previendo su aplicación "hasta que el Gobierno apruebe el Estatuto de la entidad pública empresarial, adaptándola a las previsiones contenidas en el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre (...)", esto es, a la separación en la funciones aeroportuarias, atribuidas por dicho real decreto-ley a Aena, S. A. y las relativas a la navegación aérea.

Además, el texto proyectado opera un ajuste del régimen de los órganos de gobierno a lo dispuesto en la Ley 40/2015, a través de una norma con un rango normativo adecuado no solo al texto que deroga, sino también al apartado 8 de la citada disposición adicional decimonovena, que señala que las disposiciones estatutarias contenidas en esa norma podrán modificarse por la de rango reglamentario que apruebe el estatuto de la entidad pública empresarial.

En el mismo sentido, la disposición adicional cuarta de la Ley 40/2015, antes citada, habilita para la actualización de los estatutos de los organismos públicos. Su párrafo segundo, aplicable al Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, añade que los organismos y entidades a los que se refiere el artículo 84.1 de esta ley (entre otros, las agencias estatales), existentes en el momento de la entrada en vigor de la misma, deberán adaptarse a su contenido antes del 1 de octubre de 2024, rigiéndose hasta que se realice la adaptación por su normativa específica. La disposición derogatoria única de la Ley 40/2015, señala "hasta que, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta, concluya el plazo de adaptación de las agencias existentes en el sector público estatal, se mantendrá en vigor la Ley 28/2006, de 18 de julio".

III. Procedimiento

El proyecto de Real Decreto se ha tramitado de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El texto definitivo de la norma se acompaña de una memoria abreviada, lo que es acorde con el artículo 3 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, en relación con el artículo 26.3 de la Ley del Gobierno, por cuanto la aprobación del real decreto no comportará un impacto económico, ni sobre la competencia ni supone un incremento o reducción de cargas administrativas.

Se ha prescindido de los trámites de consulta pública y de audiencia en tanto que el proyecto tiene carácter de norma organizativa de una entidad dependiente de la Administración General del Estado (artículo 26.2 de la Ley del Gobierno); y han informado las secretarías generales técnicas de los Ministerios de Defensa y de los, entonces, Ministerios de Política Territorial y Función Pública y Hacienda. También han informado los Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Hacienda y Función Pública en su condición de proponentes del proyecto de Real Decreto, de acuerdo con lo requerido por el artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Los distintos órganos informantes han formulado varias observaciones la mayor parte de las cuales han sido tomadas en consideración en la elaboración del texto definitivo.

El proyecto se ha elaborado de forma consensuada con la entidad pública empresarial ENAIRE y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Adicionalmente, la agencia ha informado el proyecto en dos ocasiones.

Empero lo anterior, deben señalarse dos cosas respecto de la tramitación del texto sometido a consulta:

- El proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el estatuto de ENAIRE E. P. E. estuvo incluido en el Plan Normativo Anual 2018, si bien su tramitación se ha dilatado, según la memoria, a raíz de "las sucesivas modificaciones normativas que han obligado a ir adaptando las modificaciones del Estatuto de la Agencia a las necesidades que, en orden a la atribución de competencias, se han ido generando por dichas modificaciones, así como por la necesidad de alcanzar los necesarios consensos internos".

- No consta que se haya solicitado, ni figura incorporado, el preceptivo informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (artículo 26.9 de la Ley del Gobierno), y en el artículo 2.1 del Real Decreto 1081/2017, de 29 de diciembre, por el que se establece el régimen de funcionamiento de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa. Sus funciones son, como se infiere de su propia denominación, de verificación de la corrección técnica de las propuestas normativas y de evaluación de su calidad, confirmando la congruencia de las iniciativas con el ordenamiento jurídico en el que se insertan, así como la precisión del lenguaje empleado y la observancia de las Directrices de técnica normativa.

La ausencia de este informe impide considerar cumplidas, en puridad, las exigencias de índole procedimental que deben seguirse para preparar un texto normativo como el ahora examinado.

IV.- Consideraciones generales.

El texto proyectado se propone actualizar el Estatuto de ENAIRE E. P. E., tanto en el plano competencial para incorporar, entre otras, las funciones que en materia de procedimientos de vuelo y estructuras de espacio aéreo establece el Real Decreto 310/2022, de 3 de mayo, por el que se completa el régimen jurídico para la aprobación de los cambios de espacio aéreo y los procedimientos civiles de vuelo, y las derivadas de la necesaria articulación nacional de las medidas impuestas por los reglamentos de la Unión Europea; como en el plano organizativo para actualizar la estructura interna de la entidad pública empresarial adaptándola a las exigencias de la Ley 40/2015.

En lo concerniente al plano competencial, el estatuto suprime cualquier referencia a las funciones de gestión aeroportuaria -que corresponden a Aena S. M. E.-, mantiene la atribución de la prestación del Servicio de Información Aeronáutica (AIS) y la Publicación de Información Aeronáutica (AIP), en nombre del Estado, y actualiza las correspondientes a su condición de proveedor de servicios de navegación aérea (entre otras, el diseño, construcción y explotación de infraestructuras y sistemas de navegación aérea). Por otro lado, adecua las funciones de ENAIRE a las previsiones de la Ley 9/2010, que le atribuyen las competencias en materia de provisión de los servicios de tránsito aéreo de control de área y control de aproximación, información de vuelo y Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS). En línea con lo previsto en la Ley 18/2014, se le atribuye la función de coordinación operativa nacional e internacional de la red nacional de gestión del tráfico aéreo, la participación en la definición de la política, directrices y planificación estratégica del espacio aéreo y de los sistemas de navegación aérea; y la participación en organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con sus funciones como prestador de servicios de navegación aérea y coordinador operativo de la red nacional de gestión del tráfico aéreo. También se le atribuyen funciones para la elaboración y tramitación de las respectivas propuestas en los bloques de espacio aéreo en los que esté designado por la provisión de servicios de tránsito aéreo de conformidad con el régimen diseñado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/373 de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, por el que se establecen requisitos comunes para los proveedores de servicios de gestión del tránsito aéreo/navegación aérea y otras funciones de la red de gestión del tránsito aéreo y su supervisión, y la liberalización de los servicios de diseño de estructuras de espacio aéreo y procedimientos de vuelo; así como otras que ya viene en materia de gestión del espacio aéreo.

Por otro lado, se modifica el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para atribuirle las competencias que transitoriamente venía desempeñando ENAIRE E. P. E. tras la segregación funcional y orgánica con AENA S. M. E. y que no podía desempeñar esta última por su condición de sociedad mercantil. No se ha aprovechado la circunstancia para actualizar la estructura orgánica de la agencia y ello porque, según señala la memoria, ello conllevaría una demora inaceptable, de la misma manera que posponer la atribución de funciones a la agencia hasta el momento de actualización de su estructura a lo dispuesto en la Ley 40/2015 comportaría un retraso injustificable. Son varios los informes que, durante la tramitación del procedimiento, han evidenciado su disconformidad con esta decisión, considerando preciso remitir todas las reformas relativas al Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea a un momento posterior y único, por razones de seguridad jurídica. Comparte el Consejo de Estado este criterio si bien considera que, a la vista de la nueva redacción que, de la disposición adicional cuarta de la Ley 40/2015, introdujo la disposición final trigésima cuarta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, ampliando el plazo de adaptación de los organismos públicos al 1 de octubre de 2024, puede entenderse que tal actualización tendrá lugar dentro de éste término y que por tanto, procede la modificación parcial del estatuto de la agencia por las razones expuestas en la memoria.

Una de las principales novedades de la reforma estatutaria que se introducen es la atribución a la agencia de las funciones de naturaleza aeroportuaria que asumió temporal y transitoriamente ENARIE tras la creación de AENA S. M. E., S., entre otras las de "aprobación de proyectos" -artículo 11.3.b) del estatuto que se deroga- y que implican el ejercicio de autoridad pública, lo que nunca puede reconocerse a una sociedad mercantil. Por tal motivo se incluyen también, entre las funciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, las relativas a la condición de órgano sustantivo a los efectos de la evaluación ambiental de proyectos, conforme a lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

En sintonía con las funciones ejecutivas de la agencia y su condición de autoridad nacional de supervisión de la aviación civil, se le atribuyen las competencias para el establecimiento de restricciones operativas en los aeropuertos, así como su competencia en los aeropuertos de competencia estatal para la supervisión, inspección y sanción de las obligaciones derivadas de la aplicación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y sus disposiciones de desarrollo (entre otras en relación con el seguimiento de las servidumbres aeronáuticas acústicas, los mapas estratégicos de ruido y sus respectivos planes de acción).

También se le atribuyen de manera expresa, una serie de funciones que viene desempeñando en relación con determinadas actuaciones sobre emisiones, cese de actividad y elaboración de las propuestas de asignación de derechos de emisión y otras equivalentes desde la adopción de la Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo. El ejercicio de tales competencias se incardinan en el ámbito de las funciones ejecutivas atribuidas a dicha entidad -por virtud del Reglamento (UE) n.º 748/2012 de la Comisión, de 3 de agosto de 2012, por el que se establecen las disposiciones de aplicación sobre la certificación de aeronavegabilidad y medioambiental de las aeronaves y los productos, componentes y equipos relacionados con ellas, así como sobre la certificación de las organizaciones de diseño y de producción y el Reglamento (UE) n.º 1321/2014 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y productos aeronáuticos, componentes y equipos y sobre la aprobación de las organizaciones y personal que participan en dichas tareas- y el texto proyectado las concreta en el estatuto de la agencia por razones de seguridad jurídica.

V.- Observaciones

Sin perjuicio de la idoneidad del texto proyectado y sometido a consulta, es preciso formular una serie de consideraciones en relación con los siguientes extremos:

A.- Memoria

1.- La memoria del análisis de impacto normativo es, a pesar de su calificación como "abreviada", extensa y suficientemente expresiva del objetivo, fines, contenido e impactos del texto proyectado, si bien debe ser supervisada para actualizar la fecha de su elaboración, que en el índice del expediente consta elaborada el 27 de mayo de 2022 y en el texto obra el mes de marzo del mismo año, o bien corregir la fecha que consta en el índice del expediente.

2.- Por otro lado, en el apartado III.A), relativo a la base jurídica y rango del proyecto, identifica como fundamento normativo para el dictado de las "modificaciones del Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, derogada la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos" el artículo 93.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre". Deben señalarse al respecto dos cosas:

En primer lugar, el artículo 93.2 referido determina que los estatutos de los organismos públicos se aprobarán por real decreto del Consejo de Ministros, de manera que se pronuncia sobre el rango de la norma reguladora del estatuto, pero se erige como fundamento jurídico que ampara su dictado, es decir, no opera como la norma de soporte que contempla la competencia que se actúa para la aprobación de la disposición reglamentaria.

Por otro lado, la reforma que el texto proyectado acomete en el estatuto de la agencia no es organizativa, sino funcional. Se limita a incorporar una serie de competencias y a determinar a qué órganos corresponde su ejercicio, pero no modifica el régimen organizativo de la agencia ni lo adapta a los contenidos de la Ley 40/2015, que es para lo que el artículo 93.2 referido habilita.

Por otro último, aun cuando la disposición derogatoria única de la Ley 40/2015 privó de efectos a la Ley 28/2006, lo cierto es que la disposición final trigésima cuarta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, introdujo en la Ley 40/2015 varios artículos relativos a las agencias estatales -artículos 108 bis a 108 sexies-, así como modificó la disposición adicional cuarta para incluir a todos los organismos públicos en la obligación de actualizar su régimen jurídico; de manera que debería ser esta y no el artículo 93.2 el precepto en el que amparar el fundamento normativo para la modificación del estatuto de la agencia si se hubiera operado una reforma de su estructura organizativa, lo que no ha tenido lugar.

3.- El artículo 26 de la Ley 50/1997 exige, en su apartado 3 -relativo al contenido mínimo de la memoria del análisis de impacto normativo- que la memoria contenga un análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias [artículo 26.3.c)]. Esta omisión se considera menor en la medida en la que la norma tiene carácter organizativo y, por tanto, se dicta al amparo de las competencias que a tal fin corresponden a la Administración General del Estado, no obstante lo cual, podría completarse la memoria en este sentido.

B.- Proyecto de Real Decreto

1.- La disposición adicional segunda contempla la supresión de órganos directivos y señala, en su apartado 4, que las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos se adscribirán provisionalmente, "mediante resolución del secretario general de la Agencia". Se sugiere suprimir la expresión "general" pues de conformidad con los artículos 21 y siguientes del Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, aprobado por Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, la denominación del cargo es la de "secretario", sin otro complemento.

2.- La disposición transitoria única debe corregirse en dos sentidos:

- El primer párrafo señala que los proyectos a los que se refiere el artículo 9.1.m) apartado 1.º del Estatuto de AESA que estén en tramitación de evaluación ambiental a la entrada en vigor de las modificaciones introducidas por este real decreto, proseguirán su tramitación ante la agencia (AESA) "conforme a lo previsto en la disposición adicional sexta del citado Estatuto, conservando todos los trámites realizados".

Esta referencia al estatuto debe cambiarse a otra por el real decreto, pues lo que la disposición final primera del texto proyectado adiciona al Estatuto de AESA es una disposición adicional sexta al Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

De este modo la disposición transitoria única párrafo primero in fine debe rezar "conforme a lo previsto en la disposición adicional sexta del citado Real Decreto 184/2008, conservando todos los trámites realizados".

- Por otro lado, la redacción del segundo párrafo, en el que se aprecia alguna errata, así como incluir una referencia al artículo 9.1 del Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, pues el apartado 1.º de la letra m) que menciona, lo es de tal precepto.

3.- La disposición final primera modifica el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, aprobado por Real Decreto 184/2008, añadiendo dos nuevas disposiciones adicionales en su apartado Uno y modificando el texto del estatuto en el apartado Dos.

Este segundo apartado introduce varias reformas en la redacción del texto actualmente vigente, entre otros, el apartado 5 modifica la letra K del artículo 17.1 del Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para añadir, entre las funciones del Consejo Rector, la del "nombramiento y cese, a propuesta del Director, de los titulares de los órganos operativos y de la Secretaría General de la Agencia". Del mismo modo que antes se señaló, es preciso suprimir la expresión "general" en la calificación del secretario de la agencia, para adecuarlo a la regulación vigente.

Por otro lado, este apartado Dos de la disposición final primera del proyecto de Real Decreto, modifica el artículo 9 del Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para, entre otras cosas, adicionar tres nuevas letras m), n) y ñ). La nueva letra m) comienza con la expresión "además", quizá no la más idónea para iniciar un texto como el que se introduce. Se sugiere por ello reconsiderar la redacción de ese apartado.

Por último, en el número 6 del apartado Dos de la disposición final primera es preciso añadir, en la cita a la letra q) del artículo 26, el apartado 1, es decir, se modifica la redacción de la letra q) del artículo 26.1 del estatuto de la agencia.

4.- La disposición final tercera, relativa a la entrada en vigor del real decreto, prevé una excepción respecto de lo previsto en el artículo 9.1, letra m), apartado 1.º "en relación con los aeropuertos de interés general". Sin embargo, el artículo 9.1, letra m), apartado 1.º hace referencia a los aeródromos, helipuertos y aeropuertos civiles de competencia de la Administración General del Estado, por lo que se sugiere revisar la redacción de ambos preceptos para conferir coherencia interna al texto.

C.- Estatuto de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE

1.- El capítulo III del Estatuto de la Entidad Pública ENAIRE disciplina su estructura organizativa en los artículos 7 y siguientes, manteniendo la que de los órganos de gobierno y gestión de ENAIRE dispuso la disposición adicional decimonovena de la Ley 18/2014, que estableció que "1. Hasta que el Gobierno apruebe el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Enaire, adaptándolo a las previsiones contenidas en el Real Decreto-ley 13/2010 (...), la regulación de sus órganos de gobierno y gestión será la siguiente. 2. Los órganos de Gobierno de la Entidad serán su Consejo de Administración y el presidente de la misma, cargo que recaerá en el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. 3. Serán órganos de gestión el director general, así como aquellos otros a los que se atribuya dicha condición (...)".

Esta estructura se aparta, sin embargo, de la dispuesta con posterioridad al real decreto-ley referido por la Ley 40/2015, que establece en su artículo 90.1 que "los organismos públicos se estructuran en los órganos de gobierno, y ejecutivos que se determinen en su respectivo Estatuto. Los máximos órganos de gobierno son el Presidente y el Consejo Rector. El estatuto puede, no obstante, prever otros órganos de gobierno con atribuciones distintas".

Así las cosas, los máximos órganos de gobierno de los organismos públicos, con independencia de que se puedan crear órganos adicionales, son como mínimo el presidente y el Consejo Rector.

Durante la tramitación del procedimiento se han formulado observaciones por parte de los Ministerios de Política Territorial y Función Pública el 11 de febrero de 2019 y el Ministerio de Hacienda y Función Pública en informe de 21 de febrero de 2022, solicitando el cambio de denominación del Consejo de Administración (denominación anterior) por la de Consejo Rector, que es la que impone la legislación vigente, si bien el texto sometido a consulta se ha limitado a señalar en el artículo 7 que son órganos de gobierno de ENAIRE E. P. E. su "Consejo Rector, denominado Consejo de Administración", y el presidente de la Entidad.

Coincide el Consejo de Estado con el parecer de los departamentos ministeriales en lo atinente a la necesaria observancia de la denominación prescrita por la Ley 40/2015, lo que obliga a modificar y corregir la denominación del órgano de gobierno colegiado contenida en los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12.1 y 2, 13.1, 15.1.a), b), c) y e); artículo 16.1 y 2, 16.3 apartados a), f) y g), artículo 16.4, y artículo 20 para adaptarla a lo exigido por la ley que resulta de aplicación.

En línea con lo anterior y para verificar un correcto ajuste de la terminología empleada por el estatuto con la prevista en la Ley 40/2015 -que es la norma que habilita para su dictado-, es preciso sustituir en el artículo 7 la referencia a "órganos de gobierno y gestión" por la de "órganos de gobierno y ejecutivos", que es lo que dispone el artículo 90.1 de la Ley 40/2015, y en línea con ello, modificar también la redacción del apartado 2 del artículo 7, así como la denominación de la sección 4.ª del capítulo III y el artículo 17.

2.- El artículo 10 regula las funciones del Consejo de Administración, entre las que contempla, en el apartado 1.b) la relativa a la aprobación de la organización de ENAIRE E. P. E. y sus modificaciones, en el marco de lo dispuesto en el estatuto.

Por su parte, el artículo 17 disciplina los órganos de gestión, señalando que tendrán tal consideración, así como la de personal directivo, tres direcciones que enumera y la Secretaría General. El apartado 2 del artículo 17 establece que "sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1.b) de estos Estatutos, corresponde al Consejo aprobar el resto de la organización de ENAIRE EPE con sujeción, en todo caso, a lo dispuesto en materia de ordenación de puestos de trabajo y normativa presupuestaria".

El artículo 93.1.b) de la Ley 40/2015 establece que el contenido mínimo de los estatutos deberá comprender, entre otros extremos, "la determinación de su estructura organizativa, con expresión de la composición, funciones, competencias y rango administrativo que corresponda a cada órgano. Asimismo, se especificarán aquellos de sus actos y resoluciones que agoten la vía administrativa". Por su parte, el artículo 106.2.a), relativo a las entidades públicas empresariales, establece que los estatutos deberán hacer constar la estructura directiva de gestión, en concreto, deberá determinar el personal directivo.

La lectura conjunta de los artículos 12 y 17 sugiere la posibilidad de que el Consejo de Administración modifique la estructura de la organización creando nuevos puestos directivos, lo que vulnera lo previsto en la Ley 40/2015, de manera que tales previsiones se deben corregir o eliminar.

3- El artículo 16 regula la figura del director general, y señala en su apartado 1 que su nombramiento corresponde al Consejo de Administración a propuesta del presidente. En ausencia de ninguna otra previsión relativa a los requisitos de elegibilidad, sería conveniente incluir una referencia al artículo 106.2.a) de la Ley 40/2015, que determina que el personal directivo de las entidades públicas empresariales será nombrado con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 11 del artículo 55, atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del presente dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE y se modifica el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, aprobado por Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero".

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 10 de noviembre de 2022

LA SECRETARIA GENERAL,

EL PRESIDENTE A. I.,

EXCMA. SRA. MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

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