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Consejo de Estado: Dictámenes

Número de expediente: 106/2022 (TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA)

Referencia:
106/2022
Procedencia:
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Asunto:
Proyecto de "Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre".
Fecha de aprobación:
10/03/2022

TEXTO DEL DICTAMEN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2022, con asistencia de los señores que al margen se expresan, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"En cumplimiento de la Orden de V. E. de fecha 6 de febrero de 2022, con registro de entrada el día siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de "Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre".

De antecedentes resulta:

PRIMERO.- El proyecto de Real Decreto

El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de un preámbulo, un artículo, una disposición transitoria y una disposición final.

El preámbulo se inicia indicando que desde la aprobación del Reglamento del Sector Ferroviario por el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, ha ido cobrando más importancia la utilización de medios electrónicos, lo que ha determinado la necesidad de introducir en el ámbito ferroviario, en línea con lo que se ha hecho con otros modos de transporte, un sistema de reclamaciones que utilice medios electrónicos y complemente el modelo vigente basado en el libro de reclamaciones.

Con ello se pretende adaptar el sistema de reclamaciones a la realidad actual, en la que muchos usuarios cuentan con acceso a internet y los administradores de infraestructuras y empresas ferroviarias han desarrollado aplicaciones informáticas para la gestión de las reclamaciones. Además, esta novedad permitirá contar con sistemas más ágiles, rápidos y accesibles y posibilitará una labor más eficiente de los servicios de inspección a la hora de identificar hechos que pueden ser constitutivos de infracciones reguladas en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.

A continuación, el preámbulo justifica el cumplimiento de los principios de regulación y hace una sucinta referencia a la tramitación seguida.

La parte dispositiva del proyecto se compone de un artículo, dividido en diez apartados, que modifica el Reglamento del Sector Ferroviario:

- El apartado uno modifica la rúbrica de la sección V del capítulo IV del título III que pasa de denominarse "El libro de reclamaciones" a "Sistemas de reclamaciones".

- El apartado dos modifica el artículo 98, que pasa a denominarse "Modalidades de reclamaciones". Establece que los administradores de infraestructuras ferroviarias y las empresas ferroviarias deberán disponer de un libro de reclamaciones, conforme al modelo establecido en el anexo II, y de aplicaciones informáticas que permitan a los usuarios acceder a un formulario en el que realizar las reclamaciones por medios electrónicos, conforme al modelo previsto en el anexo I. Añade que el usuario podrá optar por cualquiera de estas vías para interponer sus reclamaciones y que los modelos podrán modificarse o adaptarse a cada tipo de servicio por orden de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

- El apartado tres añade un nuevo inciso al artículo 99 ("Acceso de los usuarios") en el que se indica que "todas las páginas web donde puedan adquirirse o reservarse títulos de viaje deberán integrar un enlace directo a la aplicación informática en la que los usuarios puedan realizar sus reclamaciones".

- El apartado cuatro modifica el artículo 100 ("Formalidades"). Añade un nuevo apartado que dispone que las aplicaciones a través de las que los usuarios puedan formular sus reclamaciones y los formularios diseñados al efecto, deberán cumplir las condiciones que establezca la Dirección General de Transporte Terrestre y, en concreto, deberán permitir al reclamante conservar un justificante que acredite la realización de la reclamación, su contenido y la fecha y hora de presentación.

Para el caso de las hojas de reclamaciones físicas, se indica que se confeccionarán por triplicado, en vez de cuadruplicado, ya que se elimina la copia que debía remitirse al órgano que diligenció el libro de reclamaciones, que se sustituye por la obligación de las entidades de registrar las reclamaciones presentadas por esta modalidad en la aplicación informática de reclamaciones con la que deben contar conforme al artículo 98.1.

- El apartado cinco modifica el artículo 101 ("Formulación de reclamaciones"). En él se recoge el contenido mínimo que los formularios de reclamaciones electrónicas o los libros de reclamaciones deben permitir consignar a los usuarios. También se establece la obligación de los titulares de los servicios y actividades de facilitar el libro de reclamaciones cuando lo soliciten los usuarios y de informarles sobre la posibilidad de efectuar la reclamación por vía electrónica. Por último, indica que el personal de los administradores de infraestructuras o las empresas ferroviarias encargados de facilitar el libro de reclamaciones u hojas del mismo, deberán asistir a toda persona que tenga dificultades para cumplimentarlos, especialmente cuando se trate de personas mayores o con discapacidad.

- El apartado seis modifica el artículo 102 ("Procedimiento"). Dispone que los viajeros podrán presentar sus reclamaciones dentro de los tres meses siguientes a los hechos que dieron lugar a la misma. Formulada la reclamación, los administradores de infraestructuras ferroviarias o la empresa ferroviaria deberá contestar en el plazo de un mes desde su recepción, ampliable excepcionalmente hasta tres, informando, en su caso, de las medidas adoptadas al respecto. Las entidades obligadas a presentar libro de reclamaciones deberán registrar la contestación a las presentadas mediante esta modalidad en la aplicación informática a la que alude el artículo 98.1. Por último, se indica que el interesado tendrá derecho a acceder a los documentos que forman parte del expediente a que dé lugar la reclamación.

- El apartado siete modifica el artículo 104 ("Rótulo") para añadir que el rótulo visible con el que deben contar los lugares en los que sea obligatorio disponer de libro de reclamaciones u hojas del mismo, deberá especificar la posibilidad de interponer reclamaciones por medios electrónicos e incluirá un código que pueda ser leído y descifrado mediante un lector óptico que remita a la correspondiente aplicación de reclamaciones.

- El apartado ocho suprime el anexo del Reglamento del Sector Ferroviario que contenía el "Modelo Oficial de Libro de Reclamaciones" e indica que "queda sin contenido".

- Los apartados nueve y diez añaden dos anexos al Reglamento del Sector Ferroviario, en los que se recogen el "Modelo oficial de reclamación electrónica" y el "Modelo oficial de Libro de Reclamaciones", respectivamente.

El texto del proyecto de Real Decreto se cierra con una disposición transitoria y una disposición final. La disposición transitoria establece que la Dirección General de Transporte Terrestre, deberá publicar las condiciones que han de cumplir las aplicaciones y formularios a los que se refiere el artículo 100.1 del reglamento, en el plazo máximo de doce meses, contados desde la entrada en vigor del Real Decreto. Por su parte, los administradores de infraestructuras ferroviarias y las empresas ferroviarias ya existentes deberán tener en funcionamiento dichas aplicaciones en un plazo no superior a doce meses desde la publicación de aquellas condiciones. La disposición final dispone que el Real Decreto entrará en vigor el 1 de julio de 2022.

SEGUNDO.- El expediente

En el expediente remitido al Consejo de Estado, junto con la Orden de V. E., el índice de documentos que lo componen y el texto del Real Decreto en proyecto, constan los siguientes documentos y actuaciones:

A) Texto inicial del proyecto de Real Decreto y sus sucesivas versiones, con sus correspondientes memorias del análisis de impacto normativo, que incorporan un resumen ejecutivo.

En su versión final, la memoria del análisis de impacto normativo, aborda la oportunidad del proyecto, desarrollando las explicaciones recogidas en el preámbulo. En particular, destaca las ventajas que este nuevo sistema de reclamaciones conllevará, tanto para los usuarios, como para los propios operadores y los encargados de supervisar los servicios ferroviarios. Además, en tanto que se mantiene el sistema tradicional del libro de reclamaciones, no se perjudicará a aquellos otros usuarios que por diversas razones encuentren dificultades para utilizar los medios electrónicos.

La memoria indica que no se han considerado otras alternativas, que el proyecto está incluido en el borrador del Plan Anual Normativo de 2022 y que se basa en el mismo título competencial que el Reglamento del Sector Ferroviario que viene a modificar.

A continuación, examina el contenido de la norma, describe los principales hitos de la tramitación y analiza las diferentes observaciones recibidas, justificando su aceptación o rechazo.

Finalmente, lleva a cabo un análisis de los principales impactos. Considera que la norma no producirá impactos económicos y presupuestarios relevantes, pues las inversiones que deberán afrontar los administradores de infraestructuras y las empresas ferroviarias no serán muy cuantiosas al utilizar ya medios electrónicos para la gestión de las reclamaciones.

En cuanto a las cargas administrativas, pone de manifiesto que los administradores generales de infraestructuras ferroviarias y las empresas que prestan servicios de transporte de viajeros en la actualidad cuentan ya con un sistema de reclamaciones electrónicas, por lo que el cambio normativo que se pretende viene simplemente a reconocer esta situación, a regular y homogeneizar este tipo de reclamaciones y a permitir a los servicios de inspección del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana supervisar estos sistemas de reclamaciones. También indica que, atendiendo al método simplificado de medición de cargas administrativas y su reducción, la diferencia en el coste unitario de presentar una solicitud por escrito a formularla por medios electrónicos es de 75 euros. Teniendo en cuenta que, en 2019, RENFE recibió 189.214 reclamaciones (de las cuales 85.896 ya fueron presentadas de forma electrónica) y que se prevé un incremento del 51 % en los servicios de transporte de viajeros a partir del 2025, el sistema que se introduce producirá un ahorro significativo de costes.

No se aprecian impactos por razón de género, en la infancia, la adolescencia o la familia. Tampoco de carácter social, medioambiental, en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, aunque el hecho de que se introduzca el sistema electrónico de reclamación puede facilitar su formulación por personas con movilidad reducida.

B) Documentación relativa a los trámites de consulta pública previa y audiencia e información pública practicados.

El proyecto de Real Decreto se sometió a un trámite de consulta pública previa, en el que no se formularon observaciones. Posteriormente, se publicó en la página web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y se envió a las comunidades autónomas, a las ciudades de Ceuta y Melilla, así como a diversas entidades representativas del sector.

Han formulado observaciones las siguientes entidades: el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE), Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), el Consejo Asesor del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción (FACUA). También consta el voto particular de un consejero de la sección de viajeros del Consejo Nacional del Transporte Terrestre. La aceptación o rechazo de las diferentes sugerencias se justifica debidamente en la memoria del análisis de impacto normativo.

Entre las observaciones rechazadas cabe destacar la inclusión de referencias específicas a la normativa sobre accesibilidad universal y a la posibilidad de reclamar por vía telefónica o ante las juntas arbitrales de transporte, así como la indicación al usuario de la siguiente instancia administrativa ante la que reclamar.

C) El 15 de junio de 2021, se solicitó informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, sin que conste que lo haya emitido.

D) El proyecto de Real Decreto, con las modificaciones introducidas tras el trámite de audiencia e información pública, se sometió nuevamente a la consideración de RENFE y ADIF. Ambas entidades mostraron su conformidad con el proyecto.

E) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Consumo, de 1 de septiembre de 2021, en el que no se formulaban observaciones.

F) Informe de la Secretaría General Técnica del entonces Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de 24 de junio de 2021, que consideraba que el proyecto no debía someterse al trámite de aprobación previa, aunque formulaba una serie de observaciones de técnica normativa que han sido, en su mayoría, aceptadas. También indicaba que la memoria debía cuantificar las cargas administrativas que introducía el proyecto, lo que se ha hecho.

G) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de 16 de noviembre de 2021, que recogía diversas observaciones:

- Como observación general, indicaba que era necesario aprobar un nuevo reglamento de desarrollo de la Ley 38/2015, puesto que el actual se dictó cuando estaba vigente la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. En respuesta a esta observación, la memoria explica que es preferible acometer esta labor en un momento posterior, dado que se está tramitando una importante reforma de la Ley 38/2015.

- También llamaba la atención sobre el hecho de que la Ley 38/2015, solo obliga a las empresas ferroviarias cuyo objeto sea el transporte de viajeros a contar con un libro de reclamaciones y establecer un sistema de atención a las que se presenten. Tal obligación para los administradores de infraestructuras no se establece en la ley, sino en el Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril, por lo que sugería incorporar una referencia a esta norma en la memoria, lo que se ha hecho.

- Además, proponía precisar el órgano de inspección y control que podrá acceder a las aplicaciones de reclamaciones y justificar en la memoria esta previsión. Se aceptan estas propuestas, aunque la referencia a la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre como órgano encargado de tales funciones se mantiene en la memoria, para evitar que el texto del proyecto pueda quedar desfasado ante eventuales cambios en la estructura del departamento.

- Por último, consideraba que debía precisarse el dies a quo para el cómputo de los plazos de contestación de las reclamaciones e indicar los recursos a disposición de los usuarios cuando sus reclamaciones no hayan prosperado. La primera sugerencia se ha aceptado, pero no así la segunda, ya que, como indica la memoria, existe una gran heterogeneidad en las reclamaciones, por lo que no es posible indicar a priori la instancia ante la que los usuarios pueden recurrir.

Y, en tal estado de tramitación, se emite el presente dictamen.

I.- Objeto y competencia

Se somete a consulta el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre.

El dictamen se emite con carácter preceptivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 apartados 2 y 3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, en cuya virtud su Comisión Permanente deberá ser consultada en los casos de "disposiciones reglamentarias que se dicten en ejecución, cumplimiento o desarrollo (...) del derecho comunitario europeo" y de "reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones".

II. Reparto competencial, habilitación y rango

II.1. Aunque el proyecto de Real Decreto no lo indica expresamente, cabe considerar que se dicta al amparo del artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre ferrocarriles y transportes terrestres que transcurren por el territorio de más de una comunidad autónoma.

Las razones por las que no se expresa en el proyecto de Real Decreto el título competencial que sirve de fundamento al proyecto es porque se considera que es el mismo que el de la norma que pretende modificar. Ahora bien, debe hacerse notar que la disposición final tercera del Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, alude a diversos títulos competenciales, en concreto a los recogidos en el artículo 149.1.13.ª, 14.ª, 21.ª y 24.ª de la Constitución Española. Sería conveniente, en consecuencia, precisar, al menos en la memoria del análisis de impacto normativo, cuál de dichos títulos sirve de cobertura a la modificación que se pretende acometer por el Real Decreto en proyecto.

II.2. Por lo que respecta a la habilitación legal para dictar la norma proyectada, debe encontrarse en la disposición final tercera de la Ley 38/2015, que dispone que "el Gobierno y el Ministro de Fomento, según los casos, adoptarán las medidas necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley", en relación con el artículo 58.4.a), que establece la obligación de las empresas ferroviarias de establecer un sistema de atención de las reclamaciones que presenten los usuarios, en los términos que se desarrollen reglamentariamente.

Asimismo, el proyecto de Real Decreto desarrolla las previsiones del Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril, cuyo artículo 28 prevé que las empresas ferroviarias y los administradores de estación con un promedio anual de al menos 10.000 viajeros por día deberán establecer un mecanismo de tramitación de reclamaciones.

También puede considerarse que el proyecto de Real Decreto desarrolla la previsión genérica contenida en el artículo 21 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que establece la obligación de los empresarios de informar a los consumidores y usuarios sobre la forma de interponer sus quejas y reclamaciones.

II.3. En cuanto al rango normativo con el que se presenta el proyecto de Real Decreto, no cabe formular ninguna objeción, ya que se trata de una modificación de otro real decreto.

III. Procedimiento

En el procedimiento seguido para la elaboración del texto sometido a consulta se han cumplido las exigencias del artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Consta en el expediente la versión definitiva del proyecto sometido a consulta y la correspondiente memoria del análisis de impacto normativo, cuyo contenido se ajusta, en términos generales, a las previsiones del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. No obstante, se echa en falta una justificación del cumplimiento de los principios de buena regulación, una referencia a la vigencia indefinida de la norma, así como una precisión, en los términos antes señalados, del título competencial que le sirve de fundamento, todo ello en cumplimiento del artículo 2 del citado Real Decreto 931/2017.

Obran también en el expediente los informes de los diversos órganos administrativos que han participado en su tramitación, en particular, los informes del Consejo Nacional de Transportes Terrestres y del Consejo Asesor del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como de la Secretaría General Técnica de dicho ministerio, como proponente del proyecto.

Se ha sustanciado un trámite de consulta pública previa y el proyecto de Real Decreto se ha sometido a información pública y se ha dado audiencia a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, así como a las entidades representativas del sector, que han podido formular observaciones al respecto, las cuales han sido debidamente valoradas por el ministerio proponente.

IV. Observaciones de fondo

El proyecto de Real Decreto sometido a consulta tiene por objeto reformar la regulación del sistema de reclamaciones contenida en la sección V, del capítulo IV del título III (artículos 98 a 104) del Reglamento del Sector Ferroviario, con la finalidad de incorporar la obligación de las empresas ferroviarias y administradores de infraestructuras de contar, además de con el tradicional libro de reclamaciones, con un sistema informático para presentar y gestionar las reclamaciones de los usuarios. Muchos de los operadores en el ámbito ferroviario ya cuentan con esta posibilidad, como se hace constar en la memoria, por lo que el proyecto de Real Decreto viene a reconocer y regular esta situación.

Se trata, además, de una obligación que ya está presente para otros modos de transporte, en concreto en el ámbito del transporte por carretera, donde se regula en el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, tras la reforma operada por el Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, en términos similares a los ahora proyectados.

El Consejo de Estado considera adecuado, en términos generales, el contenido de la norma proyectada, sin perjuicio de formular las siguientes observaciones:

1. Sería preferible que el apartado 4 del artículo 98 se refiriera a "la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana", en vez de a "la Ministra".

2. El apartado 2 del artículo 101 se refiere a "los titulares de los servicios y actividades". Sin embargo, el resto de preceptos contemplados en el proyecto de Real Decreto aluden a los administradores de infraestructuras ferroviarias y empresas ferroviarias o a las entidades obligadas a presentar libro de reclamaciones. Sería preferible mantener la misma terminología en aras de evitar confusiones.

Del mismo modo, el artículo 102.1 se refiere a los "viajeros", cuando los demás preceptos utilizan el término "usuarios", siendo preferible mantener este último por razones de uniformidad. Lo mismo cabe señalar de los anexos.

3. El apartado 3 del artículo 101, dispone: "El personal de los administradores de infraestructuras o las empresas ferroviarias encargados de facilitar el libro de reclamaciones u hojas del mismo deberán asistir a toda persona que tenga dificultades para cumplimentarlos, especialmente cuando se trata de personas mayores o con discapacidad".

Se sugiere ampliar esta obligación de asistencia a los casos en los que los usuarios presenten las reclamaciones por medio de la aplicación informática, de manera que no se limite a los supuestos en los que se utilicen los libros de reclamaciones físicos tradicionales, ya que cabe pensar que podrán encontrar también dificultades con el nuevo sistema.

4. El artículo 102.1 dispone: "formulada una reclamación, los administradores de infraestructuras o la empresa ferroviaria deberán contestar en el plazo de un mes desde su recepción, informando al reclamante, en su caso, de las medidas adoptadas al respecto".

La redacción de este inciso no garantiza que la respuesta que se dé al reclamante esté motivada en todos los casos, lo que viene exigido por el artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2021/782. Debe completarse, por tanto, la redacción de este precepto para incluir una referencia a la necesidad de motivación de la respuesta.

Además, se sugiere añadir a este artículo un nuevo apartado en el que se recoja el contenido del apartado 3 del artículo 28 del Reglamento (UE) 2021/782, que indica que la información detallada acerca del procedimiento de tramitación de la reclamación será accesible al público, incluidas las personas con discapacidad o movilidad reducida, previa solicitud.

5. El apartado ocho del artículo 1 del proyecto de Real Decreto dispone: "se suprime el anexo Modelo Oficial de Libro de Reclamaciones, que queda sin contenido". No tiene sentido este último inciso, por lo que debe eliminarse.

6. Los anexos I y II recogen los modelos oficiales de reclamación electrónica y de libro de reclamaciones.

Se considera necesario que tales modelos se ajusten al contenido mínimo previsto en el artículo 101.1 del reglamento, ya que, por ejemplo, no permiten indicar el medio de preferencia para la recepción de cualquier información o resolución adoptada en relación con la reclamación y tampoco incluyen un apartado para la identificación y firma de un testigo presencial de los hechos objeto de reclamación.

Asimismo, en relación con la protección de datos, deben corregirse los apartados denominados "legitimación", que se refieren a que el tratamiento de los datos es una obligación impuesta por el artículo 98 del reglamento. Ha de hacerse notar que, conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, "el tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley". En consecuencia, la referencia al Reglamento del Sector Ferroviario no sirve de fundamento para el tratamiento de los datos y debe suprimirse, sustituyéndose por la correspondiente referencia a la Ley del Sector Ferroviario y a la normativa de la Unión Europea o, en caso de no considerarse suficientes las previsiones recogidas en ellas para fundar el tratamiento de los datos, por la invocación de alguno de los otros títulos de legitimación para efectuar dicho tratamiento. Esta observación tiene carácter esencial a los efectos del artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.

De mantenerse como título de legitimación para el tratamiento de los datos el cumplimiento de una obligación legal, carece de sentido el contenido del apartado "Derechos" de los modelos de reclamación, en lo que se refiere a la posibilidad de retirar el consentimiento del interesado. Esta previsión solo estaría justificada si el tratamiento de los datos se basara en dicho consentimiento, pero no si deriva directamente de las previsiones de la ley o del Derecho europeo.

Por último, con independencia de la decisión que se adopte en relación con la base para el tratamiento de los datos, se sugiere reformular la frase "[D]dicha retirada del consentimiento no afectará a la solicitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a tal retirada" a fin de aclarar su significado, pues no se alcanza a comprender con la redacción actual lo que quiere indicar.

7. La disposición transitoria única otorga un plazo de doce meses a la Dirección General de Transporte Terrestre para publicar las condiciones que han de cumplir las aplicaciones y formularios para la presentación de reclamaciones por medios informáticos, e indica que los administradores de infraestructuras ferroviarias y las empresas ferroviarias ya existentes deberán tener en funcionamiento las aplicaciones informáticas para la presentación de reclamaciones en un plazo no superior a doce meses desde la fecha en que tales condiciones hayan sido publicadas.

Esta disposición transitoria parece diferir la aplicación de todas las previsiones contenidas en el proyecto de Real Decreto relativas a la obligación de contar con un sistema informático para la presentación y tramitación de las reclamaciones hasta dentro de dos años.

Además de que esta disposición no se adecúa a las Directrices de técnica normativa (apartado 40 in fine), aprobadas por acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, ya que tiene un contenido más propio de una disposición final, suscita dudas su relación con la disposición final única, que indica que el Real Decreto en proyecto entrará en vigor el 1 de julio de 2022.

Debe concretarse la relación entre estas dos disposiciones, aclarando si las empresas ferroviarias y administradores de infraestructuras ferroviarias deben contar desde el 1 de julio de 2022 con sistemas informáticos para la presentación y gestión de las reclamaciones, sin perjuicio de que posteriormente hayan de adaptarlos a las condiciones que establezca la Dirección General de Transporte Terrestre en un plazo de doce meses desde su publicación, o si, por el contrario, tales entidades no tienen la obligación de disponer de los citados sistemas informáticos hasta dentro de dos años.

En este segundo caso, el plazo de dos años, introducido a propuesta de RENFE, parece excesivo, habida cuenta de que, como se indica en la memoria del análisis de impacto normativo, los administradores generales de infraestructuras ferroviarias y RENFE VIAJEROS, S. A., ya cuentan con un sistema de reclamaciones electrónicas, por lo que debería ponderarse la conveniencia de reducirlo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez tenida en cuenta la observación esencial formulada a los anexos que incorpora el proyecto de Real Decreto y consideradas las restantes, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre".

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 10 de marzo de 2022

LA SECRETARIA GENERAL,

EL PRESIDENTE ACCTAL.,

EXCMA. SRA. MINISTRA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA.

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