La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2022, con asistencia de los señores que al margen se expresan, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
"En cumplimiento de una Orden comunicada de V. E., de 10 de noviembre de 2021 (registrada de entrada el día siguiente), el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a un proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal.
ANTECEDENTES
Primero. Contenido del proyecto de Real Decreto y del proyectado Reglamento
El proyecto de Real Decreto objeto del expediente que ahora se dictamina (al que se aludirá también en lo sucesivo, de modo abreviado, como el "Proyecto de Real Decreto") está fechado el 22 de octubre de 2021 y se compone de un preámbulo, un único artículo, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El preámbulo empieza por indicar que la vigencia parcial del Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal, aprobado por el Decreto 437/1969, de 27 de febrero (al que también se aludirá, en adelante, de modo abreviado, como el "Reglamento Orgánico"), es una anomalía jurídica en nuestro ordenamiento jurídico por tratarse de una norma anterior a la vigente Constitución y por ser igualmente anterior al vigente Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre (citado, en lo sucesivo, de modo abreviado, como el "Estatuto Orgánico").
Por lo que se refiere al carácter preconstitucional del Reglamento Orgánico, el preámbulo señala que reflejaba una concepción gubernativa del Ministerio Fiscal, dependiente del Poder Ejecutivo, distinta de la "fórmula híbrida, donde concurren los tres poderes del Estado" que caracterizaría a la concepción del Ministerio Fiscal en la vigente Constitución, que ubica al Ministerio Fiscal en el título que dedica al Poder Judicial (título VI), determinando, al mismo tiempo, que el fiscal general del Estado es nombrado por el rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, y encomendándole la defensa de la legalidad.
Y, en lo que concierne a que el Reglamento Orgánico es anterior al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el preámbulo recuerda la configuración que ese estatuto da al Ministerio Fiscal en cuanto órgano de relevancia constitucional integrado, con autonomía funcional, dentro del Poder Judicial, y sostiene que la pervivencia parcial del Reglamento Orgánico ha sido posible por no haberse alterado los principios orgánicos (unidad de actuación y dependencia jerárquica) y los principios funcionales (defensa de la legalidad e imparcialidad) y porque solo se han considerado vigentes los preceptos del Reglamento Orgánico que fueran compatibles con el Estatuto Orgánico.
Tras aludir a que el actual modelo del Ministerio Fiscal puede experimentar cambios en los próximos tiempos como consecuencia del comienzo de las actividades de la Fiscalía Europea y de los cambios estructurales, organizativos y funcionales derivados de la proyectada nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, el preámbulo sostiene que resulta necesario actualizar y completar el escalón reglamentario de la legislación aplicable al Ministerio Fiscal, aprobando un nuevo Reglamento del mismo, que atienda al mandato contenido en ese sentido en el Estatuto Orgánico.
Seguidamente, el preámbulo da cuenta de la sistemática y contenido del Proyecto de Real Decreto y del proyectado nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal.
Finalmente, el preámbulo sostiene que ese proyectado nuevo Reglamento se ajusta a los principios de buena regulación previstos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se acoge a la habilitación reglamentaria contenida en la disposición final primera de la Ley 50/1981 y en la disposición final primera de la Ley 14/2003, de 26 de mayo, que modificó la anterior ley, y ha sido informado por el Consejo Fiscal y por el Consejo General del Poder Judicial .
El párrafo que precede a la parte dispositiva del Proyecto de Real Decreto afirma que el mismo se somete al Consejo de Ministros a propuesta de la ministra de Justicia, con la aprobación previa del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de acuerdo con el Consejo de Estado.
Por lo que hace a la parte dispositiva del Proyecto de Real Decreto:
- Su único artículo aprueba del Reglamento del Ministerio Fiscal, cuyo texto se inserta a continuación.
- La disposición adicional primera se ocupa de la publicidad de las resoluciones del fiscal general del Estado en materia de nombramiento, designaciones, ceses y destacamentos, así como de las notificaciones o citaciones que deban ser objeto de publicidad.
- La disposición adicional segunda se refiere a la normativa aplicable al régimen de Seguridad Social.
- La única disposición transitoria se ocupa del régimen aplicable a los procedimientos disciplinarios en tramitación.
- La disposición derogatoria alcanza al Decreto 437/1969, de 27 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal.
- La disposición final primera habilita al titular del Ministerio de Justicia para dictar las normas de desarrollo del proyectado Reglamento.
- La disposición final segunda estipula que el proyectado Real Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo lo dispuesto en los párrafos a) y b) del artículo 75 del proyectado Reglamento, que entrará en vigor a los tres años de esa publicación.
Por su parte, el proyectado nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal (al que también se aludirá, en lo sucesivo, de modo abreviado, como el "Proyecto de Reglamento") está integrado por 188 artículos y una disposición adicional, que responden a la siguiente estructura sistemática y contenidos:
- Título preliminar, rubricado "Disposiciones generales" y comprensivo de los artículos 1 a 3, que se ocupan del objeto del proyectado Reglamento, su ámbito subjetivo de aplicación y régimen jurídico aplicable al Ministerio Fiscal en lo no expresamente previsto en su nuevo reglamento.
- Título I, que, bajo la rúbrica "Disposiciones preliminares, principios rectores, procedimientos y disposiciones generales", engloba los artículos 4 a 28, estructurados del siguiente modo:
- Capítulo I, "Disposiciones preliminares", del que forman parte los artículos 4 y 5, con los siguientes contenidos:
- Artículo 4: Definición y naturaleza constitucional.
- Artículo 5: Carácter de autoridad.
- Capítulo II, "De los principios rectores", que incluye los artículos 6 a 10:
- Artículo 6. Disposición general.
- Artículo 7. Unidad de actuación.
- Artículo 8. Dependencia jerárquica.
- Artículo 9. Legalidad.
- Artículo 10. Imparcialidad.
- Capítulo III, "De los procedimientos y formas de los actos del Ministerio Fiscal", que comprende los artículos 11 a 13:
- Artículo 11. Principios generales.
- Artículo 12. Tipos de procedimientos.
- Artículo 13. Forma de los actos y resoluciones del Ministerio Fiscal.
- Capítulo IV, "De la Inspección Fiscal y sus funciones", que engloba los artículos 14 a 20:
- Artículo 14. La Inspección Fiscal.
- Artículo 15. Composición de la Inspección Fiscal.
- Artículo 16. Principios de funcionamiento de la Inspección Fiscal.
- Artículo 17. Funciones de la Inspección Fiscal.
- Artículo 18. Organización y funcionamiento de la Inspección Fiscal.
- Artículo 19. Plan anual de actuación de la Inspección Fiscal.
- Artículo 20. Tipos de inspecciones y visitas de inspección.
- Capítulo V, "Disposiciones generales", que comprende los artículos 21 a 28.
- Artículo 21. Atención al público.
- Artículo 22. Asistencia a juicios, vistas y comparecencias.
- Artículo 23. Visitas a los centros o establecimientos.
- Artículo 24. Reparto de trabajo.
- Artículo 25. Despachos de trabajo y locales anexos.
- Artículo 26. Tratamiento de datos.
- Artículo 27. Clases de recompensas y prohibición específica.
- Artículo 28. Regulación y procedimiento para la obtención.
- Título II. "De las categorías, adquisición y pérdida de la condición de fiscal" (artículos 29 a 46)
- Capítulo I. "De las categorías de la carrera fiscal"
- Artículo 29. De las categorías de la carrera fiscal.
- Capítulo II. "De la adquisición de la condición de fiscal", que comprende los artículos 30 a 36:
- Artículo 30. Forma de ingreso.
- Artículo 31. Curso teórico-práctico.
- Artículo 32. Repetición del curso.
- Artículo 33. Nombramiento y adjudicación de destino.
- Artículo 34. Nombramiento y adjudicación de destino de las personas con discapacidad.
- Artículo 35. Juramento o promesa y toma posesión.
- Artículo 36. Abogados Fiscales en expectativa de destino.
- Capítulo III. "De la pérdida de la condición de fiscal", en el que se integran los artículos 37 a 41:
- Artículo 37. Causas de pérdida de la condición de fiscal.
- Artículo 38. Renuncia a la carrera fiscal.
- Artículo 39. Separación del servicio por sanción disciplinaria.
- Artículo 40. Pena principal o accesoria de inhabilitación.
- Artículo 41. Incapacidad para el ejercicio de las funciones del Ministerio Fiscal.
- Capítulo IV. "Del procedimiento de rehabilitación", comprensivo de los artículos 42 a 46:
- Artículo 42. Disposiciones generales.
- Artículo 43. Procedimiento.
- Artículo 44. Rehabilitación en el supuesto de renuncia por disposición legal.
- Artículo 45. Rehabilitación en el supuesto de jubilación por incapacidad permanente.
- Artículo 46. Rehabilitación los demás supuestos.
- Título III. "De la provisión de destinos" (artículos 47 a 84)
- Capítulo I. "Disposiciones generales", que comprende los artículos 47 a 51:
- Artículo 47. Principios generales.
- Artículo 48. Procedimientos de provisión de destinos.
- Artículo 49. Solicitudes.
- Artículo 50. Nombramientos y plazos posesorios.
- Artículo 51. Juramento o promesa y toma de posesión.
- Capítulo II. "De la provisión de plazas de designación directa del Fiscal General del Estado", formado por los artículos 52 a 54:
- Artículo 52. Procedimiento y requisitos.
- Artículo 53. Incorporación al cargo o destino y permanencia en los mismos.
- Artículo 54. Duración del mandato y cese.
- Capítulo III. "De la provisión de plazas de nombramiento discrecional", que incluye los artículos 55 a 67:
- Artículo 55. Plazas de nombramiento discrecional. Convocatoria.
- Artículo 56. Requisitos de los solicitantes.
- Artículo 57. Acreditación del conocimiento de idiomas cooficiales y del Derecho Civil propio de las Comunidades Autónomas.
- Artículo 58. Procedimiento de nombramiento.
- Artículo 59. Incorporación al cargo o destino y permanencia en los mismos.
- Artículo 60. Duración del mandato.
- Artículo 61. Expiración del mandato.
- Artículo 62. Remoción.
- Artículo 63. Renuncia.
- Artículo 64. Forma y efectos del cese.
- Artículo 65. Adscripción provisional.
- Artículo 66. Nombramiento y cese de Fiscales decanos.
- Artículo 67. Nombramiento y cese de Fiscales Delegados de Fiscalías Especiales y de Fiscales Delegados Especialistas.
- Capítulo IV. "Del procedimiento de concurso reglado", compuesto por los artículos 68 a 76:
- Artículo 68. Destinos a proveer por concurso reglado.
- Artículo 69. Obligación de concursar.
- Artículo 70. Imposibilidad de concursar.
- Artículo 71. Fiscales víctimas de violencia de género.
- Artículo 72. Tiempo de permanencia en el destino.
- Artículo 73. Carácter de los destinos.
- Artículo 74. Resolución del concurso.
- Artículo 75. Criterios especiales para la provisión de vacantes en Comunidades Autónomas con idioma cooficial o Derecho civil propio.
- Artículo 76. Cese.
- Capítulo V. "Del desempeño temporal de destinos y desplazamientos de los fiscales", que incluye los artículos 77 a 81:
- Artículo 77. Traslado temporal en régimen de comisión de servicio.
- Artículo 78. Comisión de servicios en órganos que no forman parte del Ministerio Fiscal.
- Artículo 79. Destacamentos temporales.
- Artículo 80. Desplazamientos de los fiscales.
- Artículo 81. Desplazamientos de los vocales del Consejo Fiscal.
- Capítulo VI. "De los traslados forzosos", que comprende los artículos 82 a 83:
- Artículo 82. Supuestos.
- Artículo 83. Procedimiento para traslado forzoso.
- Capítulo VII. "De la cobertura de destinos mediante sustitución"
- Artículo 84. Sustitución de los miembros del Ministerio Fiscal.
- Título IV. "De las situaciones administrativas" (artículos 85 a 98)
- Capítulo I. "De las clases: servicio activo, servicios especiales y excedencia voluntaria", que comprende los artículos 85 a 90:
- Artículo 85. Situaciones administrativas.
- Artículo 86. Servicio activo.
- Artículo 87. Servicios especiales.
- Artículo 88. Declaración y efectos de situación de servicios especiales.
- Artículo 89. Excedencia voluntaria.
- Artículo 90. Efectos económicos y administrativos de la excedencia voluntaria.
- Capítulo II. "De la suspensión de funciones", del que forman parte los artículos 91 a 93:
- Artículo 91. Suspensión de funciones.
- Artículo 92. Suspensión provisional.
- Artículo 93. Suspensión definitiva.
- Capítulo III. "Del reingreso al servicio activo", comprensivo de los artículos 94 a 98:
- Artículo 94. Reingreso desde situaciones que comportan reserva de plaza.
- Artículo 95. Reingreso desde situaciones que no comportan reserva de plaza.
- Artículo 96. Reingreso en determinados supuestos.
- Artículo 97. Declaración de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular.
- Artículo 98. Concurrencia de peticiones para cubrir vacantes.
- Título V. "De los permisos" (artículos 99 a 122)
- Capítulo I. "De las clases de permisos", que comprende los artículos 99 a 116:
- Artículo 99. Derecho al disfrute de permisos.
- Artículo 100. Permiso de vacaciones.
- Artículo 101. Permisos por asuntos propios.
- Artículo 102. Otros permisos por causas justificadas.
- Artículo 103. Permiso por matrimonio.
- Artículo 104. Permiso por embarazo y parto.
- Artículo 105. Permiso por riesgo durante el embarazo o parto.
- Artículo 106. Permiso por acogimiento, guarda con fines de adopción o adopción.
- Artículo 107. Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo.
- Artículo 108. Permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad graves.
- Artículo 109. Reducciones de jornada para conciliar la vida personal, familiar y laboral.
- Artículo 110. Víctimas de violencia de género.
- Artículo 111. Permiso por enfermedad.
- Artículo 112. Permiso para la realización de estudios.
- Artículo 113. Permiso por estudios para actualizar la formación.
- Artículo 114. Efectos retributivos de los permisos para realizar estudios
- Artículo 115. Permiso por asuntos propios sin derecho a retribución.
- Artículo 116. Permisos extraordinarios.
- Capítulo II. "Disposiciones comunes sobre la concesión de permisos", que incluye los artículos 117 a 122:
- Artículo 117. Efectos económicos y profesionales de los permisos.
- Artículo 118. Solicitud y plazo para la concesión.
- Artículo 119. Incompatibilidad de permisos.
- Artículo 120. Concesión de permisos.
- Artículo 121. Comunicaciones.
- Artículo 122. Denegación.
- Título VI. "De los derechos y deberes" (artículos 123 a 127)
- Capítulo I. "De los derechos", del que forman parte los artículos 123 a 126:
- Artículo 123. Derechos profesionales.
- Artículo 124. Derecho de asociación.
- Artículo 125. Derecho a la salud y a la protección frente a los riesgos laborales.
- Artículo 126. Honores, tratamiento y protocolo.
- Capítulo II. "De los deberes"
- Artículo 127. Deberes de los fiscales.
- Título VII. "De las incompatibilidades y prohibiciones" (artículos 128 a 142)
- Capítulo I. "De las incompatibilidades absolutas", formado por los artículos 128 a 137:
- Artículo 128. Incompatibilidades.
- Artículo 129. Cese de la actividad incompatible.
- Artículo 130. Actividades compatibles.
- Artículo 131. Requisitos generales de compatibilidad.
- Artículo 132. Actividades docentes.
- Artículo 133. Actividades de investigación o asesoramiento en las Administraciones Públicas.
- Artículo 134. Competencia y procedimiento.
- Artículo 135. Forma de la solicitud.
- Artículo 136. Tramitación y efectos.
- Artículo 137. Cláusula de exclusión.
- Capítulo II. "De las incompatibilidades relativas", que integra los artículos 138 a 140:
- Artículo 138. Supuestos de incompatibilidad.
- Artículo 139. Traslado forzoso por incompatibilidad.
- Artículo 140. Incompatibilidad sobrevenida.
- Capítulo III. "De las prohibiciones", que comprende los artículos 141 a 142:
- Artículo 141. Prohibiciones.
- Artículo 142. Efectos del incumplimiento de las prohibiciones.
- Título VIII. "De la jubilación" (artículos 143 a 146)
- Artículo 143. Disposiciones generales.
- Artículo 144. Jubilación forzosa por edad.
- Artículo 145. Jubilación por incapacidad permanente.
- Artículo 146. Jubilación voluntaria y anticipada.
- Título IX. "Del régimen de responsabilidad" (artículos 147 a 187)
- Capítulo I. "De las formas de responsabilidad", que comprende los artículos 147 a 165:
- Artículo 147. Clases de responsabilidad.
- Sección 1.ª "De la responsabilidad penal" (artículos 148 a 150)
- Artículo 148. Régimen General.
- Artículo 149. Deber de informar y actuación de oficio del Ministerio Fiscal.
- Artículo 150. Suspensión cautelar.
- Sección 2.ª "De la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia" (artículo 151)
- Artículo 151. Reglas generales.
- Sección 3.ª "De la responsabilidad disciplinaria" (artículos 152 a 165)
- Artículo 152. Exigencia de responsabilidad disciplinaria.
- Artículo 153. Principios rectores.
- Artículo 154. Concurrencia de responsabilidad penal y disciplinaria.
- Artículo 155. Clases de faltas.
- Artículo 156. Responsables de las faltas disciplinarias.
- Artículo 157. Sanciones disciplinarias.
- Artículo 158. Proporcionalidad de las sanciones.
- Artículo 159. Competencia.
- Artículo 160. Recursos.
- Artículo 161. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
- Artículo 162. Prescripción de las faltas.
- Artículo 163. Prescripción de las sanciones.
- Artículo 164. Anotación y cancelación de las sanciones.
- Artículo 165. Procedimiento de cancelación.
- Capítulo II. "Del procedimiento disciplinario", en el que se integran los artículos 166 a 184:
- Sección 1.ª "Reglas generales" (artículos 166 a 167)
- Artículo 166. Principio de legalidad sancionadora.
- Artículo 167. Impulso de oficio.
- Sección 2.ª "Actuaciones previas" (artículos 168 a 172)
- Artículo 168. Recepción de denuncias y quejas.
- Artículo 169. Actuaciones preliminares.
- Artículo 170. Inexistencia de indicios de responsabilidad.
- Artículo 171. Instrucción sumaria en caso de falta leve.
- Artículo 172. Diligencias informativas.
- Sección 3.ª "Expediente disciplinario" (artículos 173 a 184)
- Artículo 173. Iniciación del expediente.
- Artículo 174. Acuerdo de no iniciación o archivo.
- Artículo 175. Acuerdo de incoación.
- Artículo 176. Intervención del expedientado.
- Artículo 177. Abstención y recusación.
- Artículo 178. Suspensión cautelar.
- Artículo 179. Instrucción del expediente.
- Artículo 180. Pliego de cargos y audiencia al interesado.
- Artículo 181. Propuesta de resolución.
- Artículo 182. Resolución del expediente.
- Artículo 183. Duración del expediente. Plazos de caducidad.
- Artículo 184. Notificaciones.
- Capítulo III. "Del Fiscal Promotor de la Acción Disciplinaria", que comprende los artículos 185 a 187:
- Artículo 185. Competencia y facultades.
- Artículo 186. Nombramiento y cese.
- Artículo 187. Medios materiales y personales.
- Título X. "Del Escalafón del Ministerio Fiscal"
- Artículo 188. Escalafón del Ministerio Fiscal.
Por último, la disposición adicional se refiere a la Dirección de Comunicación de la Fiscalía General del Estado.
Segundo. Memoria del análisis de impacto normativo
El Proyecto de Real Decreto y el Proyecto de Reglamento son objeto de una memoria normal del análisis de su impacto normativo, también fechada el 22 de octubre de 2021, que consta de un resumen ejecutivo y que aborda, en primer lugar, la oportunidad de la proyectada nueva regulación, resumiendo su motivación y objetivos en unos términos similares a los del preámbulo del Proyecto de Real Decreto. Tras aludir a que no existen soluciones alternativas a esa nueva regulación y sostener que la misma se adecúa a los principios de buena regulación, la memoria detalla su rango normativo y la considera congruente con el ordenamiento jurídico español y el Derecho de la Unión Europea y ajustada al orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
Seguidamente, la memoria resume la estructura y contenido del proyectado Reglamento y aborda el análisis de sus diversos impactos.
Por lo que hace al de índole económica y presupuestaria, señala que no alterará los créditos presupuestarios actualmente disponibles, teniendo solo un incremento del gasto público la creación de la aludida Dirección de Comunicación de la Fiscalía General del Estado (disposición adicional del Proyecto de Reglamento), cifrado en un total de 68.765,93 euros. La memoria añade que la proyectada nueva regulación no afecta a las cargas administrativas existentes y que reconoce una serie de nuevos derechos a las fiscales víctimas de violencia de género (cambios de destino, excedencia por razón de esa violencia, ausencias justificadas y reducciones de jornada), por todo lo cual tiene un positivo impacto por razón de género.
La memoria señala que la proyectada reglamentación tiene impacto nulo en la infancia, adolescencia y familia, destacando, a propósito de este último impacto, que las medidas contenidas en esa nueva reglamentación dan continuidad y concreción a las que ya están previstas en la legislación de índole general aplicable a los miembros de la carrera fiscal.
Por último, la memoria descarta otro tipo de impactos.
El siguiente capítulo de la memoria está dedicado a la tramitación a que ha sido sometido el Proyecto de Reglamento, recogiendo las observaciones avanzadas en el trámite de información pública, la aprobación previa por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y las observaciones y sugerencias formuladas por las Secretarías Generales Técnicas de ese departamento ministerial y de los Ministerios de Trabajo y Economía Social, Hacienda, Interior y Justicia, Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal.
La memoria da cuenta de las decisiones adoptadas respecto de la incorporación de tales observaciones y sugerencias al texto de la proyectada reglamentación, expresándose, en algunos casos, las razones que ha llevado a aceptarlas o rechazarlas.
Por último, la memoria sostiene que, en razón de la naturaleza de la nueva reglamentación, no es preciso analizar los resultados de su aplicación, no habiéndola incluido el plan anual normativo de la Administración General del Estado dentro de las novedades normativas cuyos resultados deben ser objeto de evaluación.
Tercero. Contenido del expediente
Además del Proyecto de Real Decreto y del Proyecto de Reglamento, se integran en el expediente:
a) Dos primeras versiones del proyectado Real Decreto y Reglamento, de 13 de febrero y 20 de marzo de 2019, acompañadas de sus memorias del análisis de impacto normativo, cuya estructura y alcance son similares a los de los proyectos finalmente preparados.
b) Un informe del Consejo Fiscal, de 25 de febrero de 2019, referido a la primera versión de la iniciativa normativa que ahora se considera.
Después de exponer los antecedentes y la estructura de esa primera versión, el informe del Consejo Fiscal contiene una reflexión inicial, que empieza por recordar el sustancial cambio que la vigente Constitución introdujo en la configuración del Ministerio Fiscal y que se desarrolló por el Estatuto Orgánico, que lo conceptuó como un órgano de relevancia constitucional que se integra, desde una posición de autonomía, dentro del Poder Judicial.
El informe sostiene que esa posición de autonomía debe inspirar al proyectado nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal, atribuyendo al propio Ministerio Público la competencia para organizar y gestionar todos los aspectos que sirvan a esa autonomía y considerando que el nuevo Reglamento no puede entrar en previsiones concretas que restrinjan indebidamente la capacidad del Ministerio Fiscal para organizarse y gestionarse con autonomía.
Desde esa óptica general, el informe pasa seguidamente a avanzar observaciones concretas a cada uno de los títulos en que se estructura el proyectado nuevo Reglamento.
c) Un trámite de audiencia e información pública practicada durante el período comprendido entre el 7 y el 28 de marzo de 2019, en cuyo transcurso formuló diversas observaciones la Asociación de Fiscales.
d) Informes referidos a las dos versiones reseñadas en el primer inciso de este punto tercero de antecedentes. Obran al respecto en el expediente:
- Dos informes de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de 7 y 29 de marzo de 2019, que, antes de que ese ministerio sustanciase el trámite de aprobación previa de la proyectada nueva reglamentación, avanzaron diversas observaciones a su contenido.
- Un informe de la Secretaría General Técnica de Ministerio de Hacienda, de 15 de marzo de 2019.
- Un informe de la Secretaría General Técnica de Ministerio del Interior, de 25 de marzo de 2019.
e) Una tercera versión del proyectado Real Decreto y Reglamento, de 11 de mayo de 2021, cuya estructura y alcance son similares a los de los proyectos sometidos a dictamen de este Consejo y que cuenta con una memoria del análisis de su impacto normativo.
f) Informes referidos a esa tercera versión. El expediente incluye al respecto:
- Un informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda, de 2 de julio de 2021.
- Un informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de 3 de junio de 2021, al que se acompaña un oficio del secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, de 1 de junio anterior, en el que, por delegación del ministro de Política Territorial y Función Pública, se otorga la aprobación previa prevista en el artículo 26, número 5, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
- Un informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de 2 de junio de 2021, que contiene unos capítulos iniciales dedicados a dar cuenta del objeto, antecedentes, estructura y contenido de la proyectada nueva reglamentación.
El informe inicia su análisis de fondo por el fundamento jurídico y rango normativo de la nueva reglamentación, su congruencia con el ordenamiento jurídico, su adecuación al orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, la derogación de la regulación preexistente, la entrada en vigor de la nueva regulación, su conformidad con los principios de buena regulación y la tramitación practicada.
Seguidamente, el informe entra a examinar la calidad técnica de la propuesta, diferenciando al respecto entre unas consideraciones generales, unas consideraciones particulares a la parte dispositiva de la proyectada nueva regulación, unas consideraciones generales de carácter formal y unas consideraciones formales particulares.
Las consideraciones generales analizan la aplicación de la proyectada norma a los abogados fiscales sustitutos y su relación con el régimen reglamentario aplicable a esas sustituciones, el rango de diversas previsiones, la técnica normativa y la reproducción de precepto legales, la estructura de los contenidos de la proyectada norma y las rúbricas de algunas de sus partes.
Las consideraciones particulares se centran en la rúbrica general de la norma proyectada, su parte expositiva, la rúbrica de su título X, sus artículos 1; 2; 11, número 2; 27, número 6; 34, número 2; 45, número 3;68, número 2; 84.g); 120, número 1; 144, número 1; 145; 147, y 185, y las disposiciones finales, adicional, transitoria y derogatoria.
Las consideraciones generales de carácter formal se centran en la adecuación de la iniciativa a las Directrices de técnica normativa y al lenguaje.
Por último, el informe se cierra con un análisis de la memoria del análisis de impacto normativo, que echa en falta una justificación de que se haya optado por una memoria abreviada y formula, a continuación, observaciones sobre el contenido general, estructura, resumen ejecutivo de la memoria, análisis de la oportunidad de la iniciativa, descripción de su contenido, análisis jurídico y aspectos formales.
- Un informe del Consejo General del Poder Judicial, de 27 de junio de 2021, que, tras un breve resumen de los antecedentes de esta iniciativa normativa, unas consideraciones generales sobre la función del Consejo General del Poder Judicial y un recordatorio de la estructura y contenido del Proyecto de Reglamento, contiene sendos capítulos dedicados a las consideraciones generales y particulares sobre la iniciativa normativa ahora dictaminada.
Las consideraciones generales destacan el alcance de la potestad reglamentaria referida al desarrollo del Estatuto Orgánico, se hacen eco de las dudas e incertidumbres que resultan de la aplicación del actual Reglamento Orgánico, destacan las consecuencias de haber optado entre un real decreto aprobatorio y un reglamento anexo y señalan las consecuencias del carácter supletorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por su parte, el apartado de consideraciones particulares contiene observaciones diferenciadas a cada uno de los títulos en que estructura el Proyecto, cerrándose el informe con un apartado de conclusiones que, en treinta puntos, recapitulan las observaciones en él formuladas.
- Un informe del Consejo Fiscal, de 7 de junio de 2021, referido a la disposición adicional del proyectado Reglamento del Ministerio Fiscal, que crea la Dirección de Comunicación de la Fiscalía General del Estado.
El informe avanza una opinión favorable a esa decisión, que considera en línea con la que han adoptado otras instituciones análogas, considera que la sede normativa adecuada para regular ese nuevo órgano es el Estatuto Orgánico, siendo procedente que, en tanto se modifica esa Ley, se regule la aludida dirección en el Reglamento del Ministerio Fiscal y, finalmente, propone una redacción para la disposición adicional consultada.
g) Una cuarta versión del Proyecto de Real Decreto y del Proyecto de Reglamento, de 9 de julio de 2021, cuya estructura y alcance son similares al de los textos sometidos a dictamen de este Consejo y que viene acompañada de su memoria del análisis de impacto normativo.
h) Un informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, de 13 de octubre de 2021, que, tras hacerse eco de haber recibido las cuatro versiones de la presente iniciativa normativa, describe su objeto y contenido, antecedentes y rango jurídico y tramitación practicada.
Seguidamente, el informe avanza observaciones a la parte expositiva de la proyectada reglamentación, disposiciones finales del proyectado Real Decreto, artículo único del proyectado Reglamento, memoria del análisis de su impacto normativo y aspectos de estilo.
CONSIDERACIONES
A la vista de los anteriores antecedentes, el Consejo de Estado formula las siguientes consideraciones:
Primera. El expediente sometido a dictamen de este Cuerpo Consultivo se refiere a un proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal, norma que se dirige a desarrollar las previsiones de la norma legal que recoge el régimen básico aplicable al Ministerio Público, cual es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal aprobado por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre.
Consiguientemente, se está ahora ante un proyecto de Reglamento ejecutivo del referido texto legal, de modo que la Comisión Permanente del Consejo de Estado dictamina el presente expediente con carácter preceptivo toda vez que el artículo 22, número tres, de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, requiere que se le consulten los expedientes relativo a proyectos de "Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones".
Segunda. Por lo que se refiere a la tramitación dada al expediente que ahora se dictamina, obran en él las previas versiones del texto reglamentario finalmente preparado (apartados tercero, a), e) y h), de antecedentes), información sobre el trámite de audiencia e información pública practicado, los informes emitidos por diversos órganos y entidades públicas, la aprobación de la proyectada reglamentación por el departamento ministerial entonces competente para ello (el Ministerio de Política Territorial y Función Pública) y los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (punto tercero de antecedentes).
Mención aparte merece el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, preceptivo en cuanto departamento ministerial proponente (artículo 24, número 2, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno).
En relación con todo ese material, importa hacer algunas consideraciones:
- El Consejo Fiscal ha intervenido en dos ocasiones, refiriéndose la primera de ellas a la primera versión del proyectado Reglamento, mientras que la segunda se ha centrado en la disposición adicional incluida a partir de la tercera versión de la iniciativa reglamentaria, que se ocupa de la creación, dentro de la Fiscalía General del Estado, de un puesto de director de Comunicación.
Aunque hubiera sido preferible que la intervención del Consejo Fiscal se hubiese producido respecto de una versión más avanzada de la proyectada reglamentación, no puede pasarse por alto que, a lo largo de sus sucesivas versiones, no se han planteado cuestiones que fueran radicalmente diferentes de las abordadas desde la primera. Por ello, la temprana intervención del Consejo Fiscal en el expediente no supone, en el sentir de este Consejo, una anomalía relevante.
- Por lo que hace a la memoria del análisis de impacto normativo, se corresponde con el alcance de las novedades que contiene la proyectada reglamentación, siendo de destacar el examen que contiene a propósito de los impactos de diversa índole de esa nueva regulación, especialmente los vinculados con la perspectiva de género. En efecto, la memoria acierta en destacar que las novedades en ese campo no son decisiones autónomamente adoptadas por el proyectado texto normativo, sino que responden a incluir en él innovaciones generales que se han introducido en nuestro ordenamiento jurídico y de las que un nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal debía hacerse eco.
En definitiva, estima este Consejo que la tramitación practicada se ajusta a las exigencias previstas para una adecuada preparación de las iniciativas normativas.
Tercera. Entrando ya en su examen sustantivo, procede empezarlo poniendo de relieve la singularidad del proyectado Reglamento.
Tal y como destaca su preámbulo, viene a sustituir al vigente Reglamento Orgánico del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por el Decreto 437/1969, de 27 de febrero. Ese reglamento orgánico fue la norma reglamentaria de desarrollo del texto que contenía en ese momento la regulación general del Ministerio Fiscal, como era el Estatuto de Ministerio Fiscal, de 21 de junio de 1926.
Ese estatuto perduró hasta el régimen jurídico presidido por la vigente Constitución, cuyo artículo 124 reconfiguró al Ministerio Fiscal, lo que exigió una nueva regulación general del mismo, contenida en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y derogó al Estatuto de 1926. Consecuentemente, el Proyecto de Reglamento se propone culminar el cambio de instrumentos de regulación de nuestro ministerio público, derogando el Reglamento Orgánico de 1969, de modo que el régimen jurídico aplicable al Ministerio Fiscal pasará a estar contenido en el Estatuto Orgánico y en el nuevo Reglamento.
No obstante, y tal y como destaca el preámbulo de la norma preparada, el Ministerio Fiscal está sujeto a un proceso abierto de revisión. Buena prueba de ello es que su norma legal general ya ha sido objeto de importantes modificaciones, entre las que cabe destacar las introducidas por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, que afectaron a su autonomía y se propusieron modernizar y racionalizar su estructura, ahondando en el principio de especialización de los órganos del Ministerio Fiscal y adecuando su estructura al régimen territorial instaurado por la Constitución, y por las Leyes Orgánicas 7 y 9/2021, de 26 de mayo y 1 de julio, en relación con la Fiscalía Europea y la protección de datos de carácter personal. Y ese proceso abierto de revisión puede saldarse en próximas modificaciones de gran alcance, la más relevante de las cuales puede derivar del posible cambio del modelo español de instrucción del proceso criminal, que, recogiendo un modelo de muy amplia difusión en el Derecho comparado, pase a encomendar al Ministerio Fiscal la investigación e instrucción de las causas penales bajo la simultánea instauración de juzgados y tribunales de garantías, encargados de sustanciar las decisiones de instrucción e investigación que requieran de intervención judicial y de revisar las decisiones y actuaciones de instrucción adoptadas por el Ministerio Fiscal.
En todo caso, y enmarcado dentro de ese proceso abierto de revisión, el Proyecto de Reglamento es un importante paso en la actualización del régimen jurídico del Ministerio Fiscal al modelo que del mismo contiene la Constitución y fue ya instaurado por el Estatuto Orgánico.
Por lo que se refiere al encuadramiento del Reglamento preparado, importa también apuntar que, siendo un desarrollo reglamentario del Estatuto Orgánico, la nueva reglamentación del Ministerio Fiscal parte del sistema de fuentes a él aplicable, contenido en la disposición adicional primera del aludido estatuto, que declara supletoriamente aplicable la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con las cuestiones más relevantes del estatuto jurídico de los miembros de la carrera fiscal.
A la hora de tratar algunas de esas cuestiones se ha planteado que la proyectada reglamentación las aborde en términos diferenciados respecto del que reciben en la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus normas reglamentarias de desarrollo. Como habrá ocasión de desarrollar en ulteriores consideraciones de la presente consulta, se trata de un enfoque que va más allá del aludido carácter supletorio y que está conectado con la autonomía funcional con que el Ministerio Fiscal se integra en el Poder Judicial (artículos 1 y 2 del Estatuto Orgánico).
Por último, la elaboración del Proyecto de Reglamento ha suscitado una cuestión clásica en los reglamentos ejecutivos, cual es el mejor modo de articular la relación de sus preceptos con los de las leyes que desarrollan. En concreto, suele suscitarse al respecto si es acertado que esos reglamentos contengan y reproduzcan preceptos de las leyes en cuestión, lo que en ocasiones se presenta como recomendable desde el punto de vista de que la reglamentación de que se trate ofrezca una regulación completa de la materia. No obstante, también se ha planteado al respecto el riesgo de las confusiones e incertidumbres que esa reproducción de preceptos legales en textos reglamentarios puede suscitar respecto del exacto alcance y rango de las previsiones de esos reglamentos, por la posibilidad de que se consideren preceptos de naturaleza y rango reglamentario lo que son, en realidad, prescripciones normativas de rango legal. Para hacer frente a ese peligro, se ha recurrido en muchas ocasiones a que esos preceptos legales transportados a normas reglamentarias recojan una expresa indicación de su auténtico origen y naturaleza, especificando la norma legal que incorporan, solo a efectos de completitud, dentro del texto reglamentario en cuestión.
Conectada con esta misma cuestión están las remisiones que los reglamentos ejecutivos pueden contener a los preceptos legales que desarrollan. Esa técnica, que no es exclusiva de tales reglamentos, puede ser útil para aclarar el sentido de los preceptos reglamentarios, pero ha de utilizarse con mesura y contención, ya que, como este Consejo ha destacado en numerosas ocasiones, puede tener algunas importantes contraindicaciones. Por de pronto, las remisiones a otros preceptos se enfrentan al problema de los cambios que estos últimos pueden experimentar, con la consiguiente inseguridad acerca del sentido que siga teniendo el precepto reglamentario en cuestión. Además, el abuso de remisiones internas o a otros textos normativos desluce frecuentemente la técnica y factura de las normas jurídicas, puede añadir información superflua e innecesaria y, en ocasiones, puede confundir el alcance del precepto en que se incluya.
En diversas consideraciones del presente dictamen habrá ocasión de volver sobre estas cuestiones y de valorar sus consecuencias para el texto sometido a dictamen.
Cuarta. Hechas las anteriores reflexiones de carácter general, procede ahora indicar que, a fin de facilitar el contraste de esta consulta con el proyecto reglamentario a que se refiere, el presente dictamen abordará las previsiones de ese proyecto siguiendo su mismo orden y sistemática.
Quinta. Normas generales del Proyecto de Real Decreto
Ese proyecto responde a la clásica técnica de diferenciar entre el Real Decreto que aprueba determinada reglamentación y esta última y, en ese sentido, está correctamente definido, si bien algunas de sus previsiones generales suscitan algún comentario particularizado.
1. La publicidad de algunas resoluciones del fiscal general del Estado. Se ocupa de esta cuestión la disposición adicional primera del Proyecto de Real Decreto, que incluye entre tales resoluciones "las notificaciones o citaciones" cuya regulación exija que sean objeto de publicidad. En puridad de términos, las "notificaciones" no son resoluciones o decisiones, sino una forma de traslado de estas últimas, de modo que la proyectada norma debería referirse a "comunicaciones" o a un término similar en lugar de a "notificaciones".
Dentro de esa disposición adicional, falta la conjunción copulativa "y" en lugar de la coma que precede al término "destacamentos".
2. Las habilitaciones para el desarrollo del proyectado Reglamento del Ministerio Fiscal. La disposición final primera del Proyecto de Real Decreto contiene la clásica habilitación al titular del Ministerio de Justicia para dictar las normas de desarrollo del proyectado Reglamento.
Sin perjuicio de esa habilitación, y al servicio de la autonomía funcional que está legalmente reconocida al Ministerio Fiscal y en la que ha enfatizado el informe del Consejo Fiscal al Proyecto de Reglamento, este Consejo entiende que la aludida la disposición final podría también contener una alusión a las instrucciones y decisiones que los órganos del Ministerio Fiscal y, muy señaladamente, la Fiscalía General del Estado pueden adoptar en desarrollo del Reglamento del Ministerio Fiscal, cuestión de la que se ofrecerán algunos ejemplos en las ulteriores consideraciones de la presente consulta.
3. La entrada en vigor. Las menciones que la disposición final segunda del Proyecto de Real Decreto contiene a la entrada en vigor "en el plazo" (de veinte días y tres años, según los casos) podrían ser leídas en el sentido de que esa entrada en vigor se producirá en algún momento dentro de esos plazos, cuando es claro que se efectuará al finalizar los mismos. Por ello, tales menciones deberían sustituirse por las más acuñadas de "a los veinte días" y "a los tres años".
Sexta. Las disposiciones generales sobre el proyectado nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal
Se ocupa de las mismas el título preliminar del Proyecto de Reglamento (artículos 1 a 3), que plantea algunas cuestiones relevantes que merecen ser examinadas por separado.
1. El objeto del proyectado Reglamento. El proyectado artículo 1 ciñe ese objeto al desarrollo del estatuto jurídico de los miembros del Ministerio Fiscal y a "determinados aspectos orgánicos" del régimen interno de ese ministerio y, en efecto, el Proyecto de Reglamento contiene algunas previsiones organizativas, como son las que dedica a la Inspección Fiscal (capítulo IV de su título I) y a la creación de la Dirección de Comunicación de la Fiscalía General del Estado (disposición adicional).
Se suscita al respecto el hecho de que la proyectada reglamentación prescinde del calificativo "orgánico" que sí tiene el vigente Reglamento del Ministerio Fiscal.
Obviamente, ese calificativo no es un término unívoco para referirse a normas que se ocupan de la organización o de los órganos de determinada entidad, como lo prueba, de forma bien elocuente, su empleo, con un alcance bien diferenciado, para caracterizar a las leyes orgánicas. También puede recordarse al respecto, el sentido totalmente diferente con que utilizaron esa calificación de orgánica la decimonónica Ley Orgánica del Poder Judicial y la actual Ley Orgánica del Poder Judicial. Otros ejemplos de utilización de tal calificativo en un sentido no limitado a esa acepción de "organizativa" se encuentra en el Reglamento de este Consejo. Por ello, puede entenderse que emplear o no tal adjetivo no es un dato que, por sí solo, explicite o acote el alcance del texto en cuestión.
En el concreto caso que ahora se dictamina, es claro que el propósito a que responde la preparación del texto normativo informado es el de proceder a la reglamentación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, es decir al desarrollo reglamentario general de la norma de rango legal que regula a ese ministerio. En esa labor, la reglamentación que se elabore puede abordar los aspectos organizativos que sean necesarios para perfilar adecuadamente el régimen legal contenido en el Estatuto Orgánico.
Ocurre, sin embargo, que el Proyecto de Reglamento se centra mayoritariamente en el estatuto jurídico de los miembros del Ministerio Fiscal, de manera que dedica unos pocos preceptos a la otra materia que aborda (los aludidos "determinados aspectos orgánicos" del régimen interno del Ministerio Fiscal). A ello ha de añadirse que la regulación de los órganos y estructura interna del Ministerio Fiscal está contenida en el propio estatuto orgánico y ha sido el objeto de las modificaciones de este último a que se ha hecho anteriormente referencia. Por último, es también de notar que, como habrá ocasión de examinar en ulteriores consideraciones, las previsiones de índole organizativa que contiene el Proyecto de Reglamento añaden muy poco desarrollo al Estatuto Orgánico.
Aunque es cierto que el actual Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal contiene diversas previsiones de índole organizativa, no lo es menos que el nuevo Reglamento propugnado se desenvuelve en unas coordenadas esencialmente diferentes de su predecesor. Por todo ello, y a la vista del muy escaso contenido organizativo del Proyecto de Reglamento, entiende este Consejo que, puestos a perfilar los instrumentos normativos aplicables al actual régimen jurídico del Ministerio Fiscal, es preferible que su nuevo Reglamento se centre en regular el estatuto jurídico de los miembros del Ministerio Fiscal y que las decisiones sobre la organización y estructura interna del Ministerio Público queden contenidas en su norma legal (el Estatuto Orgánico), al menos hasta el momento en que se tenga identificada una porción significativa de cuestiones que requieran ser recogidas en un desarrollo reglamentario de ese texto legal.
Por otra parte, comparte este Consejo el criterio del Consejo Fiscal de que la mejor ubicación para la proyectada Dirección de Comunicación de la Fiscalía General del Estado es ese estatuto y no una disposición adicional del nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal.
En definitiva, sin que deba objetar frontalmente el criterio seguido por el Proyecto de Reglamento, entiende el Consejo de Estado que los cambios que quieran introducirse en la estructura interna y organización del Ministerio Fiscal deberían incorporarse al Estatuto Orgánico, centrando el proyectado nuevo Reglamento en la pormenorización del estatuto jurídico de los miembros del Ministerio Público.
En un plano menor de consideraciones, el apartado número 2 del artículo 1 del Proyecto de Reglamento lista las materias contenidas en ese estatuto jurídico, reproduciendo los términos de la disposición adicional primera del Estatuto Orgánico, de los que falta la alusión que esta última contiene a "incapacidades" y a los que añade únicamente unas expresas menciones a los permisos y a la provisión de destinos.
2. El ámbito sujeto de aplicación. El artículo 2.b), del Proyecto de Reglamento incluye en ese ámbito a los abogados fiscales sustitutos, cuestión sobre la que se volverá en la ulterior consideración de este dictamen que examina el régimen de sustitución dentro de la carrera fiscal.
3. El régimen jurídico aplicable al Ministerio Fiscal. Teniendo en cuenta las reflexiones generales que se avanzaron en la tercera consideración del presente dictamen, es de notar que el apartado número 1 del artículo 3 del Proyecto de Reglamento se limita a recordar y remitirse a la disposición adicional primera del Estatuto Orgánico. Siendo esta una norma general de claro alcance, no resulta necesario recordarla ni reiterarla, lo que lleva a sugerir que se suprima ese primer apartado del artículo 3 del proyectado Reglamento.
Por lo que se refiere al primer párrafo de su apartado número 2, referido a las Leyes 39 y 40/2015, la formulación de que serán aplicables "en cuanto no resulte incompatible con los principios que rigen la organización y funcionamiento del Ministerio Fiscal" no resulta acertada ya que no refleja la naturaleza general de tales leyes, cuya entrada en acción en determinado ámbito especial no depende de un test de incompatibilidad, sino de la clásica relación entre normas generales y especiales.
El segundo párrafo de ese artículo 3, número 2, señala que "a excepción de los supuestos legalmente previstos, los actos, acuerdos y decisiones del Fiscal General del Estado agotan la vía administrativa". Se trata de una previsión general sobre el régimen jurídico y eficacia de esos actos administrativos, que tendría mejor ubicación en la norma legal general del Ministerio Fiscal, es decir, en el Estatuto Orgánico.
A la vista de las anteriores consideraciones, y teniendo también en cuenta lo previsto en el Estatuto Orgánico sobre el régimen jurídico aplicable al Ministerio Fiscal, entiende este Consejo que el artículo 3 del proyectado Reglamento debiera quedar reformulado en una línea próxima o equivalente a "En defecto de lo previsto en el régimen jurídico aplicable al Ministerio Fiscal en relación con la forma y procedimiento de los actos, resoluciones y acuerdos en materia administrativa y gubernativa de los órganos del Ministerio Fiscal y con los recursos contra ellos, serán de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público".
Séptima. Las disposiciones sobre los principios rectores y procedimientos del Ministerio Fiscal
El título I del Proyecto de Reglamento, formado por los artículos 4 a 28, lleva la rúbrica "Disposiciones preliminares, principios rectores, procedimientos y disposiciones generales", incurriendo la proyectada reglamentación en una proliferación e indefinición entre sus disposiciones "preliminares" y "generales", ya que también el título preliminar lleva la rúbrica "Disposiciones generales", que vuelve a utilizarse en el capítulo V del título I del proyectado Reglamento.
Por otra parte, el artículo 4, número 1, del Proyecto de Reglamento, ubicado dentro del capítulo I de ese título I, bajo la rúbrica "Disposiciones preliminares", es una suerte de refundición de los artículos 1 y 2 del Estatuto Orgánico. Desarrollando en este punto las apreciaciones de índole general que se efectuaron en la tercera consideración del presente dictamen, entiende este Consejo que ha de huirse de esa técnica, ya que introduce una indeseable confusión entre lo que son preceptos de rango legal y de rango reglamentario.
A ello ha de añadirse que el apartado número 2 de ese artículo 4 es reproducción del artículo 2, número 2, del Estatuto Orgánico y que el apartado número 3 de ese mismo artículo aporta muy escaso contenido a las funciones propias del Ministerio Fiscal.
Por todo ello, estima este Consejo que debiera suprimirse el artículo 4 del Proyecto de Reglamento. Junto a ello, se aprecia que su artículo 5 es mera reproducción, sin añadido alguno, del artículo 23 del Estatuto Orgánico, por lo que también puede suprimirse sin merma de utilidad para la proyectada reglamentación.
En definitiva, resulta prescindible el capítulo I del título I del Proyecto de Reglamento, con lo que pudiera también suprimirse la alusión a "disposiciones preliminares" que figura en la rúbrica general de ese título.
Hechas esas consideraciones sistemáticas de carácter general sobre el título I de la proyectada reglamentación, puede ya pasarse a considerar los puntos más relevantes que suscita su contenido.
1. La disposición general y las normas que sirven a la unidad de actuación del Ministerio Fiscal. Esas cuestiones figuran en los artículos 6 y 7 del Proyecto de Reglamento.
Por lo que concierne al artículo 6, es mera reiteración, sin añadido o particularización alguna, del artículo 1 del Estatuto Orgánico, por lo que resulta innecesario mantenerlo en la proyectada reglamentación. La misma observación ha de efectuarse a los apartados números 1 a 3 y 5 del artículo 7, que solo reproducen preceptos del Estatuto Orgánico, sin introducir precisiones.
El apartado número 4 de ese artículo 7 se ocupa de la sustitución del fiscal general del estado, que corresponde, en caso de ausencia, imposibilidad o vacante, al teniente fiscal del Tribunal Supremo, lo que ya está previsto en el Estatuto Orgánico, añadiéndose, sin embargo, la especificación de que, a falta de teniente fiscal del Tribunal Supremo o en caso de imposibilidad del mismo, el fiscal general del Estado será sustituido por el fiscal jefe Inspector y, en su defecto, por el fiscal de Sala con mayor antigüedad en el escalafón. Convendría precisar si la "falta" de teniente fiscal se refiere a no estar provisto el cargo, es decir a estar vacante a fin de diferenciar el caso del de la ausencia del teniente fiscal, supuesto para el que el apartado comentado debiera incluir la oportuna previsión. Adicionalmente, ese apartado número 4 alude a la imposibilidad del teniente fiscal, añadiendo "en materia gubernativa". Aunque la proximidad entre los términos "imposibilidad" y "en materia gubernativa" podría sugerir que esa materia es la que determina la imposibilidad de actuación del teniente fiscal, la formulación general del precepto parece estar pensando en que la materia gubernativa es el ámbito en que el fiscal jefe Inspector o el correspondiente fiscal de Sala sustituirá al fiscal general del Estado en caso de imposibilidad del teniente fiscal. En todo caso, la cuestión relativa a la sustitución del fiscal general del Estado deberá quedar aclarada en la redacción definitiva del proyectado Reglamento.
El apartado 6 del artículo 7 aborda una cuestión de detalle propia de un texto reglamentario, como son los visados que deben expedir los fiscales jefes, resultando acertado que el segundo párrafo de ese artículo y apartado remita su concreción a las instrucciones internas emanadas de los diversos órganos del Ministerio Fiscal, ya que ello se corresponde con la posición autónoma que está legalmente reconocida al ministerio público.
2. La dependencia jerárquica. Como cuestión de técnica jurídica, se sugiere que el apartado 4 del artículo 8 del Proyecto de Reglamento se formule en términos positivos, indicando el conducto a través del cual deberán cursar los fiscales sus instancias, solicitudes y quejas al Ministerio de Justicia o a los órganos del Ministerio Fiscal.
3. La presunción de autenticidad de las diligencias del Ministerio Fiscal. En algunos ámbitos de la actuación administrativa, se prevé una presunción de exactitud de los datos que recojan determinados agentes públicos, frecuentemente a los efectos del ejercicio de potestades disciplinarias o de intervención. Diferentemente, el artículo 11, número 3, del Proyecto de Reglamento recoge una presunción de distinto significado, ya se refiere a las diligencias del Ministerio Fiscal y no, por el contrario, a los datos y apreciaciones que los miembros del ministerio público puedan recoger en tales documentos.
Dado que esa misma presunción de autenticidad está ya proclamada por el artículo 5 del Estatuto Orgánico, entiende este Consejo que el artículo 11, número 3, del proyectado Reglamento nada añade al régimen jurídico del ministerio público y podría ser, por tanto, suprimido sin merma alguna de la utilidad de la nueva reglamentación preparada.
4. Los tipos de procedimientos del Ministerio Fiscal. El artículo 12 del proyectado Reglamento diferencia entre diligencias (de investigación y preprocesales) y expedientes gubernativos.
La terminología utilizada para calificar las diligencias apunta a que todas ellas tienen una vocación procesal (penal en el caso de las de investigación y de otros órdenes jurisdiccionales en las preprocesales). Aunque ese calificativo de "preprocesales" también figura en algunas previsiones del Estatuto Orgánico (artículo 5), el Proyecto de Reglamento lo utiliza con un alcance mucho más general, para referirse a una segunda gran categoría de diligencias que tendrán un amplísimo campo de desenvolvimiento y que pueden no desembocar necesariamente en actuaciones procesales. Por ello, podría ocurrir que se incluyan en esa categoría casos de diligencias a las que no convenga el calificativo que les atribuye la propuesta reglamentación. Por ello, debiera considerarse la posibilidad de una distinta calificación, más abierta, como podría ser la de "diligencias de actuación".
Y, en lo que concierne a los expedientes gubernativos, el artículo 12 contempla los referidos a cuestiones de organización interna del Ministerio Fiscal, vida administrativa de los fiscales y actuaciones en materia disciplinaria, a los que añade una cláusula general ("aquellos otros no comprendidos en los apartados anteriores"). Dada la importancia que las actuaciones del Ministerio Fiscal tienen para los particulares interesados y que el artículo 21 del Proyecto de Reglamento previene que las reclamaciones, denuncias o cualquier solicitud formulada por los particulares determinará la apertura de un expediente gubernativo, entiende este Consejo que ese caso concreto debiera también quedar expresamente recogido en el artículo 12 del Proyecto de Reglamento.
5. La forma de los actos y resoluciones del Ministerio Fiscal. Resulta un tanto contradictorio que el artículo 13, número 1, del proyectado Reglamento empiece afirmando que "todas las resoluciones del Ministerio Fiscal adoptarán la forma de decreto" para afirmar, a continuación, que ello es "sin perjuicio de las decisiones que se reflejen mediante diligencias de ordenación, de constancia o de tramitación según los casos". Sería más preciso y recomendable que ese precepto recogiese los casos en que las resoluciones del Ministerio Fiscal deban adoptar cada una de esas formas.
Por lo que hace a los decretos dictados en los expedientes gubernativos, el apartado número 2 de ese mismo artículo 13 señala que "serán generalmente motivados", considerando este Consejo necesario suprimir ese adverbio modal para expresar que tales decretos deberán ser siempre motivados, teniendo esta observación carácter esencial, en el concreto sentido previsto por el artículo 130, número 3, del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.
6. La Inspección Fiscal. En la tercera consideración de la presente consulta ya quedó indicado cuál es el criterio de este Consejo respecto de la mejor articulación de las normas relativas a la estructura y organización del Ministerio Fiscal.
Aplicando esas consideraciones de carácter general al concreto caso de la Inspección Fiscal, las previsiones que el capítulo IV del título I del Proyecto de Reglamento (artículos 14 a 20) dedica a esa Inspección incluyen algunos puntos que merecen un comentario particularizado.
a) La definición de la Inspección Fiscal. Dedicado a recordar que corresponde al fiscal general del Estado la alta inspección de los órganos que componen el Ministerio Fiscal, el apartado número 1 del artículo 14 del proyectado Reglamento resulta una norma innecesaria a los efectos de definir las funciones de la Inspección Fiscal.
Esas funciones están enunciadas en el artículo 13, número dos, del Estatuto Orgánico, que señala que la Inspección Fiscal ejercerá sus funciones por delegación del fiscal general del Estado "en la forma que el reglamento determine". No obstante, el apartado número 2 del artículo 14 del Proyecto de Reglamento reproduce los términos del aludido artículo 13, sin entrar en el detalle que le demanda la norma legal con la que está conectado. En tales circunstancias, resulta necesario completar el contenido del actual artículo 14, número 2, del proyectado Reglamento o prescindir de incluirlo en ese reglamento.
b) La composición de la Inspección Fiscal. De las previsiones recogidas en el artículo 15 del Proyecto de Reglamento, solo la incluida en su apartado número 2 aporta algún desarrollo reglamentario al artículo 13, número dos, del Estatuto Orgánico, especificando que corresponderá al teniente fiscal Inspector sustituir al fiscal jefe Inspector en caso de ausencia, vacante o imposibilidad.
En consecuencia, podría prescindirse, sin merma, de los actuales apartados números 1 y 2 del artículo 15 del proyectado Reglamento.
c) Los principios de funcionamiento de la Inspección Fiscal. El inciso b) del artículo 16 del Proyecto de Reglamento alude a la eficiencia y flexibilidad en la organización interna y del trabajo de los inspectores fiscales y añade "incluyendo para su consideración los conocimientos especializados".
Además de resultar aconsejable una redacción más directa del principio de facilitar e identificar los conocimientos especializados necesarios, no parece que el mismo se refiera, únicamente, a la eficiencia y flexibilidad en la organización interna y trabajo de los miembros del Ministerio Fiscal. Por lo tanto, se recomienda una enunciación más general del principio referido a los conocimientos especializados, incluso definiéndolo como un principio autónomo y adicional a los que recoge el proyectado Reglamento.
d) Las funciones de la Inspección Fiscal. Se ocupa de ellas el artículo 17 del Proyecto de Reglamento, varios de cuyos apartados (números 1, 2, 3 y 7) recogen que le corresponde "conocer" de variadas cuestiones (la regularidad del funcionamiento del Ministerio Fiscal, las prácticas generales y concretas de los órganos fiscales, las condiciones, aptitudes y conducta de los miembros del Ministerio Fiscal y los procedimientos gubernativos correspondientes al estatuto profesional y vida administrativa de tales miembros). Dado que se trata de un órgano al que corresponde una función general inspectora del Ministerio Fiscal, entiende este Consejo que el proyectado Reglamento debe contener un régimen mucho más preciso acerca de las concretas actuaciones que correspondan a la Inspección Fiscal en los ámbitos recogidos en los aludida números 1, 2, 3 y 7 del artículo 17, no siendo apropiado utilizar en ello el verbo "conocer", que representa una fórmula abierta y excesivamente indeterminada.
También requiere de revisión la función que se atribuye a la Inspección Fiscal para que, a la vista de sus previas actuaciones en relación con determinadas situaciones, pueda adoptar las "decisiones que puedan ser pertinentes para su adecuación a la legalidad" (números 1, 2, 3 y 4). En estos casos, no parece que las funciones de la Inspección Fiscal serán siempre de adopción de decisiones, ya que, con toda probabilidad, incluirán también la de formalizar propuestas de mejora. En la revisión de esos apartados deberían contemplarse las iniciativas conjuntas que la Inspección Fiscal puede tener que llevar a cabo junto a otros órganos del Ministerio Fiscal. Por lo demás, resulta llamativo que las funciones de propuesta que la Inspección Fiscal pueda ejercitar se constriñan solo a situaciones que no se adecúen a la legalidad, lo que parece privarle de poder plantear propuestas de mejora en relación con situaciones de otro tipo. Esta observación se extiende también al número 5, aunque el mismo se limite a prever las decisiones que puede adoptar la Inspección Fiscal, sin exigir que tengan por objeto que las situaciones en cuestión se adecúen a la legalidad.
Dentro del número 4, parece excesivamente limitado ceñir las quejas a las "disfunciones en los servicios que han de prestar los órganos fiscales", ya que tales quejas pueden tener otras causas.
El número 7 del artículo 17 del proyectado Reglamento señala que será función de la Inspección Fiscal "conocer y, en su caso, intervenir o informar en los procedimientos gubernativos correspondientes a la gestión del estatuto profesional y vida administrativa de los miembros del Ministerio Fiscal". Con independencia del comentario ya efectuado a propósito del término "conocer", resulta necesario que tal inciso recoja los criterios a los que responderán esas diversas funciones de la Inspección Fiscal en relación con los mencionados procedimientos gubernativos.
El número 10 de ese proyectado artículo 17 recoge la función de la Inspección Fiscal de asesorar al Consejo Fiscal en las materias propias de la Inspección Fiscal "o que le pueda encomendar". Dado que la Inspección Fiscal forma parte de la Fiscalía General del Estado (artículo 13 del Estatuto Orgánico), parece que será el fiscal general del Estado quien pueda encomendar a la Inspección Fiscal que le asesore en las materias que considere conveniente. Además, las funciones legalmente atribuidas al Consejo Fiscal incluyen la de conocer los planes anuales de la Inspección Fiscal (artículo 14.h), del Estatuto Orgánico), por lo que parece razonable que ese Consejo pueda ser asesorado por la Inspección Fiscal en materia de inspección del Ministerio Fiscal. Sin embargo, tales funciones no incluyen la de recabar el asesoramiento de la Inspección Fiscal en otras materias. De nuevo, parece que será el fiscal general del Estado quien podrá encomendar a la Inspección Fiscal asesorar al Consejo Fiscal en esas otras materias.
En consecuencia, debe suprimirse la fórmula "o que le pueda encomendar" del artículo 17, número 10, del Proyecto de Reglamento, teniendo esta observación carácter esencial, en el concreto sentido previsto por el artículo 130, número 3, del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.
e) La organización y funcionamiento de la Inspección Fiscal. El artículo 18 de Proyecto de Reglamento dispone que esas cuestiones se desarrollarán por medio de normas internas "que fijará el Fiscal Jefe Inspector, previa autorización del Fiscal General del Estado". Además de que el verbo "fijar" resulta inusual, es poco clara la alusión a la "previa autorización" del fiscal general del Estado, ya que, en los términos en que está formulado, ese artículo 18 puede leerse en el sentido de que exige una previa autorización del fiscal general del Estado para que el fiscal jefe Inspector proceda a fijar las normas internas de la Inspección Fiscal. Sin embargo, estando reglamentariamente previsto que existan unas normas internas de organización y funcionamiento de la Inspección Fiscal, no parece lógico que el fiscal general del Estado deba previamente autorizar la elaboración de tales normas. En realidad, el Proyecto de Reglamento parece estar contemplando que el fiscal jefe Inspector elabore una propuesta de normas internas de organización y funcionamiento de la Inspección Fiscal y que su aprobación corresponda al fiscal general del Estado, lo que responde a la respectiva posición que esos dos órganos tienen dentro de la Fiscalía General del Estado.
En todo caso, la proyectada reglamentación debe dejar claramente establecida la distribución de funciones respecto de la aprobación de las normas internas de organización y funcionamiento de la Inspección Fiscal.
f) El plan anual de actuación de la Inspección Fiscal. En su literalidad, el artículo 19 del proyectado Reglamento prevé que, a lo largo del último mes del año, el fiscal jefe Inspector ponga en conocimiento del Consejo Fiscal el plan anual de visitas de inspección para el próximo año "junto con las visitas que se haya efectuado durante esa anualidad".
Dado que corresponde al Consejo Fiscal conocer los planes anuales de visitas de la Inspección Fiscal, lo más recomendable es que el fiscal jefe Inspector le dé cuenta de los mismos sin apurar el aludido plazo, a fin de que pueda tomar en consideración las eventuales observaciones y sugerencias del mencionado consejo. Pero, siendo así, la simultánea presentación de las visitas efectuadas durante el año en curso puede ser incompleta por no recoger las últimas que puedan estar efectuándose. Por otra parte, esa presentación simultánea del plan para el próximo año y de la información del plan corriente no puede basarse en que esa información sea esencial para el plan del año siguiente, ya que este último no responderá, solamente, a esa perspectiva tan a corto plazo, sino que, con toda probabilidad, tendrá también en cuenta la experiencia y datos procedentes de las visitas efectuadas en previos años.
En definitiva, estima este Consejo que sería preferible que el artículo 19 del proyectado Reglamento desvinculase la información que ha de facilitarse al Consejo Fiscal respecto del plan de visitas de la Inspección Fiscal para el año siguiente de la información relativa al plan de visitas del año en curso.
g) El resultado de las visitas de inspección. Al ocuparse de las actas que recojan el resultado de las visitas de inspección, el apartado número 4 del artículo 20 del proyectado Reglamento parece contemplar que las propuestas de mejora que deriven de tales visitas formen parte de sus actas. Siendo ello posible, entiende este Consejo que la proyectada reglamentación debería dejar la cuestión más abierta y contemplar expresamente que esas propuestas puedan quedar recogidas en las actas en cuestión o ser objeto de actuaciones posteriores a tales actas.
7. La asistencia a juicios, visitas y comparecencias. Por lo que se refiere a la asistencia a juicios, el apartado número 1 del artículo 22 del Proyecto entra, en el criterio de este Consejo, en demasiados detalles (dirigirse con anticipación a la sede de la correspondiente fiscalía, esperar en ella...), siendo preferible que se centrase en establecer un deber de diligencia para atender puntualmente tales juicios y en encomendar a los órganos del Ministerio Fiscal para que adopten las medidas necesarias y oportunas a tales efectos.
Y, en lo concerniente al orden de intervención del Ministerio Fiscal en los procesos no penales, no procede que el apartado número 3 de ese mismo artículo 22 disponga que se producirá en último lugar y tras las conclusiones de las partes, ya que es un extremo que excede de las posibilidades normativas abiertas al proyectado Reglamento y que depende de las correspondientes previsiones legales y decisiones que adopten los órganos judiciales intervinientes, tal y como como ese precepto recoge finalmente, al aludir a la posibilidad de que "la ley disponga lo contrario". En consecuencia, ha de eliminarse ese apartado número 3, teniendo esta observación carácter esencial, en el concreto sentido previsto por el artículo 130, número 3, del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.
8. Los despachos de trabajo y locales anexos. El artículo 72 del Estatuto Orgánico contiene una directriz legal general sobre las instalaciones físicas de que deben disponer los servicios del Ministerio Fiscal, lo que forma parte del dibujo general resultante de la norma legal general aplicable a ese ministerio. Podría ocurrir que esa directriz requiera de un complemento reglamentario, que introduzca detalles o pormenorizaciones. Sin embargo, el apartado número 1 del artículo 25 del Proyecto de Reglamento, referido a esas instalaciones físicas de las fiscalías, se limita a proclamar lo que ya está enunciado por el Estatuto Orgánico, por lo que resulta una norma innecesaria, salvo en lo que se refiere a la previsión de que las fiscalías con plantilla superior a cuatro miembros deban contar con una sala polivalente para la celebración de juntas, videoconferencias u otras actividades propias de la unidad, ya que se trata de una razonable concreción de la exigencia de instalaciones adecuadas.
Resulta también claramente innecesario que el apartado número 2 de ese mismo artículo 25 disponga que las fiscalías contarán con la dotación material necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones, puesto que se trata de una obvia exigencia de organización y gestión.
9. Las recompensas. Se ocupan de ellas los artículos 27 y 28 del proyectado Reglamento, el primero de los cuales recoge el cuadro de recompensas y la prohibición de otorgarlas a los miembros de la carrera fiscal que hayan sido corregidos disciplinariamente en los dos años anteriores y no tengan cancelada la anotación de su sanción, mientras que el segundo habilita al fiscal general del Estado para regular el procedimiento de obtención de tales recompensas.
Por referirse a aspectos de la misma cuestión, ambos preceptos podrían refundirse en uno solo.
Por lo que se refiere al cuadro de recompensas, incluye (artículo 27, número 1.c), del Proyecto de Reglamento) la concesión del correspondiente grado en la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, pero efectuando la importante puntualización de que tal concesión debe hacerse "a juicio del Gobierno", que es, en efecto, a quien corresponde otorgar tal distinción. Siendo ello así, es claro que no se trata de una recompensa que forme parte del estatuto profesional específico del Ministerio Fiscal, sino de la posibilidad de que sus miembros, al igual que otras personas de distinta condición profesional, accedan a una recompensa que está específicamente destinada a las personas que desempeñen relevantes servicios de índole jurídica. En consecuencia, el proyectado Reglamento debe suprimir esa mención a la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, lo que, obviamente, es por completo independiente de la posibilidad de que se otorgue tal distinción a los miembros de la carrera fiscal que lleven a cabo servicios que les hagan merecedores de ella.
Octava. La adquisición y pérdida de la condición de fiscal
Aborda estas cuestiones el título II del Proyecto de Reglamento (artículos 29 a 46), cuyas previsiones suscitan algunos extremos a considerar por separado.
1. La forma de ingreso en la carrera fiscal. El artículo 30 del proyectado Reglamento regula la forma de ingreso en la carrera fiscal, dentro del marco legal contenido en el artículo 42 del Estatuto Orgánico y en los artículos 301 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Tras el apartado 1 de ese precepto, que hace referencia a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, su apartado 2 regula el proceso de selección, y en su párrafo segundo establece lo siguiente:
"Las pruebas que integran el proceso selectivo para el ingreso en la carrera fiscal contemplarán el estudio del principio de igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo las medidas contra la violencia de género y su aplicación con carácter transversal en el ámbito de las funciones propias de los miembros del Ministerio Fiscal".
Se reproduce aquí una disposición ya contenida en el artículo 310 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aplicable a las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción tanto en la carrera judicial como en la carrera fiscal. Dicho precepto hace también referencia a la inclusión en el temario de dichas pruebas de "la tutela judicial de los derechos de la infancia y la adolescencia, su protección y la aplicación del principio del interés superior de la persona menor de edad", previsión que sería acertado recoger también en este artículo del proyecto.
El apartado 4 del proyectado artículo 30 se refiere a la convocatoria de las pruebas de ingreso, que se realizará conjuntamente con la de ingreso en la carrera judicial, tal y como prevé el artículo 301.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En su párrafo segundo, este artículo 30.4 reproduce la previsión de ese mismo artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de que los candidatos aprobados optarán, según el orden de la puntuación obtenida, por una u otra carrera en el plazo y momento que se fije "por la Comisión de Selección establecida por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio". No estaría de más añadir "... establecido por el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio", para que la remisión sea más clara.
2. Los requisitos exigibles a los candidatos. El apartado 5 del proyectado artículo 30 establece que los requisitos que han de cumplir los aspirantes y, en general, el proceso selectivo para el acceso a la carrera fiscal "se regirán por las bases de la convocatoria acordadas por dicha Comisión de Selección con arreglo a la normativa que la regule, de acuerdo con la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y con las especialidades establecidas en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, y en este reglamento". Las remisiones generales de este tipo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio de las especialidades previstas en el Estatuto Orgánico, pueden generar en algunos casos pequeños desajustes y problemas interpretativos que cabría evitar con un desarrollo reglamentario más detallado.
En relación con los requisitos de los aspirantes, por ejemplo, el artículo 301, número 6, de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece lo siguiente: "En todos los casos se exigirá no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad que establece esta ley y no tener la edad de jubilación en la Carrera Judicial ni alcanzarla durante el tiempo máximo previsto legal y reglamentariamente para la duración del proceso selectivo, hasta la toma de posesión incluido, si es el caso, el curso de selección en la Escuela Judicial". La remisión general del artículo 30, número 5, del Proyecto de Reglamento a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la fórmula "en todos los casos" con que se inicia este precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial implican que lo allí previsto es también de aplicación para el acceso a la carrera fiscal, sin perjuicio de sus especialidades. Sin embargo, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las causas de incapacidad que contempla el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial "para el ingreso en la Carrera Judicial" no coinciden exactamente con la lista de "incapacitados para el ejercicio de funciones fiscales" con arreglo al artículo 44 del Estatuto Orgánico, ya que este último considera incapacitados a los concursados no rehabilitados, supuesto no contemplado en el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, a la inversa, esa ley orgánica hace referencia al caso de "los procesados o inculpados por delito doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento, y los que no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles", supuestos no incluidos en el artículo 44 del Estatuto Orgánico. Asimismo, el hecho de que el artículo 301.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se refiera exclusivamente, a la edad de jubilación en la carrera judicial y a la duración del curso en la Escuela Judicial puede plantear dudas sobre la aplicación de este requisito en relación con la carrera fiscal. Por todo ello, sería conveniente desarrollar estas cuestiones en el proyectado Reglamento de forma más prolija, dotando al régimen de ingreso en la carrera fiscal de una regulación reglamentaria propia y lo más completa posible.
El apartado 6 de este artículo 30 contiene también una remisión normativa, al disponer que el régimen de acceso a la carrera fiscal de las personas con discapacidad "será el mismo previsto para el acceso a la carrera judicial". Para mayor claridad, podría precisarse que ese régimen está previsto en el artículo 301, apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en sus normas de desarrollo (en particular, los artículos 8 a 15 del Reglamento 2/2011, de la carrera judicial, aprobado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 28 de abril de 2011).
3. El curso teórico-práctico. El artículo 31 del proyectado Reglamento se refiere al curso teórico-práctico de carácter igualmente selectivo que deberán seguir en el Centro de Estudios Jurídicos los aspirantes que hayan superado los ejercicios de la oposición y ejercitado la opción por la carrera fiscal.
El apartado 1 de este artículo presenta un pequeño defecto de redacción en su primer párrafo, que tiene el siguiente tenor literal:
"Los aspirantes que habiendo superado los ejercicios de la oposición y ejercitado la opción por la carrera fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, y en los términos previstos en la convocatoria, ingresarán en el Centro de Estudios Jurídicos para realizar el curso teórico-práctico de carácter selectivo".
Una redacción más correcta sería "Los aspirantes que hayan superado los ejercicios de la oposición y ejercitado la opción por la carrera fiscal, (...), ingresarán en el Centro de Estudios Jurídicos...", o bien "Los aspirantes que, habiendo superado los ejercicios de la oposición, ejercitasen la opción por la carrera fiscal...".
El párrafo segundo de este mismo artículo 31, número 1, establece lo siguiente:
"A partir de ese momento tendrán, a todos los efectos, la consideración de fiscales en prácticas".
La fórmula "A partir de ese momento" requiere una mayor precisión, pues podría interpretarse por referencia al último hito temporal referido en el párrafo precedente, que es el del ingreso en el Centro de Estudios Jurídicos. Esa interpretación podría generar un vacío en el periodo intermedio desde el momento en que se aprueba la oposición y se opta por la carrera fiscal hasta el inicio del curso; para evitarlo, y en línea con lo dispuesto para la carrera judicial en el artículo 306.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo proyectado debería dejar claro que tendrán la consideración de fiscales en prácticas todos los aspirantes que hayan aprobado la oposición, desde el momento en que ejerciten la opción por la carrera fiscal.
4. Las causas de pérdida de la condición de fiscal. El proyectado artículo 37, número 1, enumera las siguientes causas de pérdida de la condición de fiscal:
"a) Renuncia.
b) Pérdida de la nacionalidad española.
c) Sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviera carácter firme.
d) Pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso, en aquellos casos en que la pena privativa de libertad impuesta sea superior a seis meses.
e) Haber incurrido en cualquiera de las causas de incapacidad de las que establece la Ley 50/1981, de 30 de diciembre".
El supuesto de condena por delito doloso a una pena privativa de libertad superior a seis meses (letra d) del artículo 37.1) debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 44.2.º del Estatuto Orgánico, pues ese precepto legal establece que están incapacitados para el ejercicio de funciones fiscales todos los condenados por delito doloso, mientras no hayan obtenido rehabilitación, si bien a continuación prevé que, en los casos de pena no superior a seis meses, "el Fiscal General del Estado, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podrá sustituir la pérdida de la condición de Fiscal por la sanción de suspensión de hasta tres años". El Estatuto Orgánico prevé, por tanto, como regla general, la pérdida de la condición de fiscal en todos los casos de condena por delito doloso, sin perjuicio de la facultad del fiscal general del Estado de sustituirla por una mera suspensión en algunos casos (condenas a penas privativas de libertad no superiores a seis meses). En consecuencia, el precepto reglamentario ahora proyectado debe revisarse para que respete lo establecido en Estatuto Orgánico Esta observación se formula con carácter esencial a efectos de lo previsto en el artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.
5. La renuncia a la carrera fiscal. Dentro del ya comentado cuadro general de causas de pérdida de la condición de Fiscal, el proyectado artículo 38 regula, en concreto, la renuncia a la carrera fiscal. El apartado 2 de ese precepto dispone que se entenderá que "renuncian por disposición legal a la carrera fiscal quienes se negaren a prestar juramento o promesa y quienes, sin justa causa, dejasen de tomar posesión en los plazos legalmente establecidos o no cesaren en la actividad incompatible absoluta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129". Sin embargo, el precepto no introduce ninguna diferencia práctica entre la renuncia que expresa y voluntariamente pueda formularse y este tipo de renuncias "tácitas" o por disposición legal (denominación esta última que emplea el Proyecto de Reglamento en el artículo 44).
El apartado 4 del proyectado artículo 38 contiene, por su parte, una previsión exclusivamente aplicable a lo que califica como "renuncia voluntaria", al establecer que "cuando la renuncia fuese voluntaria deberá manifestarse por escrito y aceptarse expresamente por la persona titular del Ministerio de Justicia previo informe del Fiscal General del Estado, que podrá proponer motivadamente el aplazamiento de la aceptación por necesidades del servicio o hasta que finalice el expediente disciplinario que pueda tener incoado".
Ocurre, sin embargo, que esta previsión para la "renuncia voluntaria" puede ser en la práctica difícilmente aplicable a una renuncia "tácita" o ex lege, aunque igualmente voluntaria -por ejemplo, la de quien simplemente no tome posesión o no cese en la actividad incompatible, sin realizar una manifestación expresa por escrito al respecto-. El precepto debe, por tanto, aclarar si es aplicable solo a los casos de renuncias voluntarias y expresas. Asimismo, debe incluirse en el proyectado Reglamento algún tipo de actuación formal declarativa para el caso de las renuncias tácitas o ex lege, tal y como hace el actual artículo 52 del Reglamento Orgánico.
6. Disposiciones generales para la rehabilitación en la condición de miembro de la carrera fiscal. El artículo 42 del Proyecto de Reglamento encabeza el capítulo IV de su título II, relativo al procedimiento de rehabilitación en la condición de miembro del Ministerio Fiscal, con una serie de disposiciones generales.
El apartado 1 de este artículo señala que la solicitud de rehabilitación se presentará "de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3", precepto relativo a los procedimientos de provisión de destinos en la carrera fiscal, y que a su vez establece que la presentación de solicitudes deberá realizarse por medios electrónicos conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Esta doble remisión resulta innecesaria; sería preferible que el artículo 42.1 estableciese directamente la obligación del interesado de presentar la solicitud de rehabilitación por medios electrónicos. Tal obligación deriva, en todo caso, de lo dispuesto en el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, dada la condición de empleado público del solicitante.
7. Rehabilitación en el supuesto de renuncia por disposición legal. El proyectado artículo 44 se refiere a la rehabilitación en los supuestos de renuncia "tácita" o ex lege contemplados en el artículo 38, disponiendo, entre otras cosas, que "la rehabilitación exigirá que se aprecia la concurrencia de justo impedimento", frase que convendría completar precisando que se refiere al impedimento que justifique la falta de juramento o promesa o de la toma de posesión.
8. Rehabilitación en los demás supuestos. En la rúbrica del artículo 46 del Proyecto de Reglamento falta la preposición "en". Este precepto se refiere a la rehabilitación de quienes hayan sido separados de la carrera fiscal en virtud de sanción disciplinaria, supuesto que "se regirá supletoriamente, en cuanto le sea de aplicación, por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, para Jueces y Magistrados". Se limita así el precepto a recoger una previsión ya contenida en el artículo 70 del Estatuto Orgánico. Considera el Consejo de Estado que debería aprovecharse la aprobación del proyectado Reglamento para concretar con mayor grado de detalle las reglas aplicables a estos casos, dentro del marco legal de los artículos 380 y 381 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (que son, por lo demás, extremadamente sucintos). Cabe plantear, por ejemplo, la conveniencia de mantener la exigencia de la previa cancelación de antecedentes que contempla el artículo 54.3 del vigente Reglamento (el artículo 380 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece el requisito de la previa rehabilitación establecida en el Código Penal, si procediere) y, si se estima oportuno, algún plazo mínimo para promover la rehabilitación.
Novena. La provisión de destinos en el Ministerio Fiscal
El título III del Proyecto de Reglamento ("De la provisión de destinos") se estructura en siete capítulos que pasan a comentarse por separado.
1. Las disposiciones generales sobre la provisión de destino. Dentro del capítulo I de ese título III, el proyectado artículo 48 regula los procedimientos de provisión de destinos, estableciendo, en su apartado 2, que dichas bases deberán contener, "entre otros, los siguientes requisitos". Si se trata de requisitos que han de cumplir las bases, sería bueno especificarlos (o indicar dónde se concretan esos otros requisitos), si bien parece que, en realidad, no se trata de "requisitos" sino menciones o extremos que han de incorporar las bases (por lo que sería mejor decir que las bases deben incluir "los siguientes extremos" o análoga expresión).
Entre esos extremos parece razonable que hayan de incluirse los criterios para su adjudicación en todo caso [y no "en su caso", como dice el apartado (a) del citado artículo 48.2]. En cuanto a lo indicado en el apartado (c), sería conveniente que, en los casos allí previstos, no solo se concrete si se tendrá en cuenta el conocimiento del idioma cooficial o Derecho civil propio, sino también los términos en que se tendrán en cuenta.
En el artículo 49, aparte de corregirse una errata en el inciso final de su apartado 1 ("previstas") y en el inciso final de su apartado 3 ("para"), debería modificarse el apartado 2, según el cual carecerán de validez las solicitudes que se formulen en forma condicionada (a salvo de lo dispuesto en el artículo 73.3), "o no estén redactadas con claridad". Parece que lo procedente en estos casos no sería negarle validez a la solicitud, sino dar al solicitante un trámite de subsanación que, por lo demás, contempla y admite el apartado siguiente de este mismo artículo 49 para casos de defectos o errores materiales (téngase en cuenta que la "falta de claridad" puede considerarse un simple "defecto" o puede derivar de un sencillo error material).
En el artículo 50, aparte de corregirse una errata en el inciso final del apartado 2 ("los mismos"), se sugiere reconsiderar lo dispuesto en el apartado 3. En rigor, lo lógico sería que se computara el servicio activo desde que hay nombramiento y toma de posesión, en línea con lo que establece el artículo 45.1 del Estatuto Orgánico para la adquisición de la condición de miembro del Ministerio Fiscal ("La condición de miembro del Ministerio Fiscal se adquiere, una vez hecho válidamente el nombramiento, por el juramento o promesa, y la toma de posesión"). Otra posibilidad sería introducir la regla en el título IV ("De las situaciones administrativas") en los términos que se recogen, para otros ámbitos, en el artículo 507 de la Ley Orgánica del Poder Judicial o en el artículo 3.i) del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo (se considerarán en servicio activo "cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante procedimientos de provisión de puestos de trabajo, durante el plazo posesorio").
2. La provisión de plazas de designación directa del fiscal general del Estado. El capítulo II ("De la provisión de plazas de designación directa del Fiscal General del Estado") del título III del Proyecto de Reglamento consta de tres artículos, dedicados a ese régimen especial de provisión de plazas del Ministerio Fiscal.
El artículo 54 ("Duración del mandato y cese") establece en su apartado 3 que, en los casos allí previstos, los fiscales, una vez cesados, se incorporarán en calidad de adscritos, a su elección y hasta obtener plaza en propiedad, a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma o Provincial de Madrid, o a la fiscalía en la que estuviesen destinados antes de ocupar la plaza en la que cesan. Y a continuación se establece una excepción, en los siguientes términos: "No obstante, si el cese se hubiera producido a instancia del interesado, éste se reintegrará en calidad de adscrito, hasta obtener plaza en propiedad, a la fiscalía en la que estuviera destinado antes de ocupar la plaza en la que cesa".
El Consejo Fiscal considera que ello supone una restricción del derecho de elección que el artículo 36, número 3. del Estatuto Orgánico establece. Ciertamente, el citado artículo de la ley se refiere a los casos en que estos fiscales sean "relevados o cesados", mientras que el segundo párrafo del proyectado artículo 54, número 3, se refiere al caso en que el cese se produjera a instancia del interesado, lo que da una fisonomía distinta al supuesto, más próximo a una renuncia (y el Estatuto Orgánico distingue en alguna ocasión entre el cese y la renuncia; p. ej., en el artículo 41.4, al decir "una vez relevados o cesados en sus cargos, o en caso de renuncia aceptada por el Fiscal General del Estado"). No obstante, la misma configuración del supuesto proyectado -no como una renuncia, sino como un cese a instancia del interesado- parece querer enmarcarlo en el ámbito del artículo 36, número 3, del Estatuto Orgánico, por lo que lo más coherente con dicha configuración sería mantener aquel derecho de elección.
Por lo demás, en el inciso final del artículo 54, número 5, se sugiere cambiar el tiempo verbal ("quienes sí lo sean" por "quienes sí lo hayan sido").
3. La provisión de plazas de nombramiento discrecional. El capítulo III ("De la provisión de plazas de nombramiento discrecional") del título III del Proyecto de Reglamento se abre con el artículo 55, referido a la convocatoria, en cuyo apartado 2 se dice que la convocatoria para proveer los cargos sujetos a un periodo determinado de duración se publicará con suficiente antelación a la expiración de dicho período, "fecha que se tendrá en cuenta para valorar la concurrencia de los requisitos de los aspirantes a la plaza ofertada". Parece que la fecha que se ha de tomar como referencia es la de la expiración del periodo (en cuanto antecedente inmediato) y no la de la publicación de la convocatoria, si bien las dudas podrían despejarse con una redacción más clara. En todo caso, esta previsión es discordante de la que se recoge a continuación en el artículo 56, número 1, que establece que podrán concurrir a los cargos y destinos indicados en el artículo anterior los miembros del Ministerio Fiscal "que a la fecha de expiración del plazo de solicitudes se hallen en situación administrativa de servicio activo".
La redacción del artículo 55, número 2, procede de una propuesta del Consejo Fiscal, y es posible que, al acogerse dicha propuesta, no se realizara la correspondiente adaptación en el artículo 56, número 1, por lo que deberían armonizarse ambas previsiones.
El artículo 56 ("Requisitos de los solicitantes") prevé que cuando concurran varios candidatos, "a igualdad de méritos será determinante el conocimiento del idioma cooficial, y preferente el conocimiento del Derecho Civil propio" (inciso final del apartado 6). Suscita dudas el hecho de que se establezca como presupuesto en ambos casos la existencia de una situación de "igualdad de méritos"; dudas que derivan de los perfiles algo difusos que presentan los conceptos de mérito preferente y mérito determinante a estos efectos.
El citado precepto del Proyecto trae causa de lo dispuesto en el artículo 36, número 6, del Estatuto Orgánico, que dispone lo siguiente:
"Para la provisión de plazas en las Fiscalías con sede en Comunidades Autónomas con idioma cooficial será mérito determinante la acreditación, con arreglo a los criterios que reglamentariamente se establezcan, del conocimiento de dicho idioma.
Se valorará, como mérito preferente, con arreglo a los criterios que reglamentariamente se establezcan, el conocimiento del Derecho propio de la Comunidad".
En ambos párrafos se hace una remisión expresa a los criterios que reglamentariamente se establezcan, por lo que entiende el Consejo de Estado que la norma reglamentaria ahora proyectada debería precisar con claridad cuáles son los criterios que configuran al primero como mérito determinante y al segundo como mérito preferente. Ciertamente, algo se aclara en el artículo 75 proyectado, en relación con los concursos reglados (aunque con una redacción confusa, como después se advertirá), pero la configuración que allí se da del mérito determinante no encaja bien con el presupuesto que en este artículo 56 se recoge de "a igualdad de méritos". En suma, sin desconocer las diferencias que a estos efectos puede haber entre los nombramientos discrecionales (a los que se refiere este artículo 56) y los concursos reglados (a los que se refiere el artículo 75) resulta necesaria una mejor coordinación entre ambos preceptos y una mayor claridad de los conceptos de referencia.
En este sentido, sería conveniente precisar con claridad en este desarrollo reglamentario qué debe entenderse por mérito determinante y qué por mérito preferente a estos efectos y, en definitiva, con arreglo a qué criterios han de valorarse uno y otro, teniendo en cuenta las remisiones reglamentarias específicas que incorpora el artículo 36, número 6, del Estatuto Orgánico.
El artículo 58, número 6, dispone que el fiscal general del Estado, oído el Consejo Fiscal, elevará a la persona titular del Ministerio de Justicia propuesta motivada de los candidatos para ocupar cada una de las plazas convocadas para su resolución. En relación con ello, conviene recordar que el nombramiento de los fiscales de las dos primeras categorías se hace por real decreto mientras que los demás nombramientos se hacen por orden del ministro de Justicia (artículo 38, número 1, del Estatuto Orgánico), lo que se sugiere recoger aquí para evitar dudas.
El artículo 61 ("Expiración del mandato") dispone que el cese en los puestos o cargos de nombramiento discrecional se producirá en la fecha de expiración del plazo legal previsto (al que se refiere el artículo 60 anterior); y añade que, no obstante, el cesado continuará desempeñando sus funciones hasta su renovación "o, en su caso, hasta la publicación en el Boletín Oficial del Estado de quien fuera nombrado para sustituirlo".
A juicio del Consejo de Estado ha de modificarse el inciso entrecomillado, puesto que "quien fuera nombrado para sustituirlo" no desempeñará las funciones correspondientes a ese puesto o cargo hasta que tome posesión, por lo que quedaría un periodo (el llamado plazo posesorio) en el que nadie desempeñaría las funciones del puesto o cargo, lo que puede redundar en perjuicio del interés público al que el Ministerio Fiscal sirve. Para evitar esa solución de continuidad entre el ejercicio del cargo por un fiscal y el ejercicio por quien le sucede, se propone sustituir el inciso final del artículo 61, de forma que termine diciendo "... o, en su caso, hasta la toma de posesión de quien fuera nombrado para sustituirlo".
El artículo 63 ("Renuncia") dispone que los fiscales que allí se mencionan podrán renunciar al cargo, "renuncia que deberá ser aceptada por el Fiscal General del Estado" (y precisa que, una vez aceptada dicha renuncia, el Gobierno, mediante real decreto, procederá a cesarle en el cargo).
Este artículo sigue muy de cerca lo dispuesto en el artículo 41.4 (en relación con el 41, número 3) del Estatuto Orgánico, si bien ese precepto legal parece contemplar distintos casos o posibilidades ("una vez relevados o cesados en sus cargos, o en caso de renuncia aceptada por el Fiscal General del Estado"), mientras que el proyectado artículo 63 dice que la renuncia "deberá ser aceptada por el Fiscal General del Estado". A juicio del Consejo de Estado puede mantenerse el matiz introducido en la norma proyectada, puesto que no parece que aquellos fiscales puedan ser obligados a seguir en el cargo que ocupan en contra de su voluntad; y, por otra parte, la exigencia de aceptación y de publicación del cese dan cierto margen para la protección del interés público en las situaciones en que pudiera verse perjudicado.
El artículo 67.1 dispone que los fiscales delegados de las fiscalías especiales serán nombrados, tras convocatoria pública, mediante decreto del fiscal general del Estado, "a propuesta del Fiscal de la Sala Jefe de la Fiscalía Especial", previo informe del Fiscal jefe de la fiscalía correspondiente y oído el Consejo Fiscal. Puede percibirse una diferencia respecto de lo previsto en el artículo 19, número 5, del Estatuto Orgánico, que exige que la designación sea "previo informe de los Fiscales Jefes de la Fiscalía Especial y la Fiscalía territorial correspondiente". Así, el artículo proyectado prevé una propuesta (sin más precisión: ni siquiera se dice "propuesta motivada"), donde la ley exige un informe. Por ello, y a la vista de lo dispuesto en el citado artículo 19, número 5, entiende el Consejo de Estado que la propuesta debe acompañarse de un informe -aunque sea sucinto- del fiscal jefe proponente.
El segundo párrafo del mismo artículo 67.1 proyectado prevé que la designación se hará entre los solicitantes de cada plantilla, y añade: "Se valorará especialmente la formación específica y la experiencia práctica en las materias propias de las Fiscalías Especiales". Sin embargo, el artículo 19, número 5, del Estatuto Orgánico exige que los interesados lo soliciten "acreditando su especialización en la materia en los términos que reglamentariamente se establezcan". Se trata, por tanto, de una remisión reglamentaria específica recogida en ese artículo 19.5 que no se desarrolla en el proyectado Reglamento, por lo que, a juicio del Consejo de Estado, resulta necesario que se precisen los términos en que se ha de acreditar la especialización en la materia a estos efectos. Además, según se desprende del tantas veces citado artículo 19, número 5, alguna especialización debe acreditarse en todo caso, mientras que el artículo 67.1 proyectado no exige esa acreditación, sino que se limita a indicar que "se valorará especialmente", lo que parece dar por supuesto que no es necesario acreditar especialización alguna (aunque se valorará, en caso de que se acredite).
Por todo ello, entiende el Consejo de Estado que debe revisarse la redacción del segundo párrafo del proyectado artículo 67, número 1, para ajustarlo a lo dispuesto en el artículo 19.5 del Estatuto Orgánico. Esta observación tiene carácter esencial, en el concreto sentido previsto por el artículo 130, número 3, del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.
4. El procedimiento de concurso reglado. El capítulo IV ("Del procedimiento de concurso reglado") del título III del Proyecto de Reglamento comienza con el artículo 68, cuyo primer apartado dispone que los restantes destinos del Ministerio Fiscal se proveerán mediante concurso entre fiscales de la categoría que corresponda, "atendiendo al mejor puesto en el escalafón y, en su caso, a las preferencias que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, y este reglamento, se establezcan en las bases de la convocatoria".
La base legal de dicho precepto se encuentra en el artículo 36, número 5, del Estatuto Orgánico, cuyo primer inciso dice lo siguiente: "Los demás destinos fiscales se proveerán mediante concurso entre funcionarios de la categoría, atendiendo al mejor puesto escalafonal". Nótese, por tanto, que el citado artículo 36.5 de la Ley dice "atendiendo al mejor puesto escalafonal", sin establecer otras preferencias ni remitirlas al desarrollo reglamentario. Si la ley prevé otras preferencias -o se introducen en el futuro- no hay duda de que las bases de la convocatoria podrán recogerlas. Sin embargo, a juicio del Consejo de Estado, el Reglamento proyectado no puede establecer unas preferencias que no estén previstas en la ley, puesto que con ello se contravendría, sin base legal, lo dispuesto en el inciso inicial del mencionado artículo 36, número 5, en cuanto exige que se provean atendiendo al mejor puesto en el escalafón.
Sentado lo anterior, hay que precisar que sí puede haber preferencias previstas en el Estatuto Orgánico que sean desarrolladas en el Reglamento proyectado (p. ej., en relación con el conocimiento del Derecho propio de la comunidad autónoma, allí donde proceda). Por ello, debe revisarse la redacción del proyectado artículo 68, para evitar las dudas aludidas (p.ej., con el siguiente o análogo tenor: "... atendiendo al mejor puesto en el escalafón y, en su caso, a las preferencias previstas en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, que se establezcan en las bases de la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en este reglamento").
El artículo 72 se refiere al tiempo de permanencia en el destino, con lo que se desarrolla el segundo inciso del artículo 36, número 5, del Estatuto Orgánico, en el que se dispone lo siguiente:
"Para solicitar nuevo destino habrá de permanecerse, cuando menos, dos años en el anterior, siempre que se hubiera accedido a aquel a petición propia, salvo en el primer destino para aquellos Fiscales tras su ingreso en la carrera fiscal una vez superado el proceso selectivo, en cuyo caso el plazo será de un año".
El apartado 1 del proyectado artículo 72 computa los dos años "desde la fecha de la publicación del real decreto u orden ministerial de nombramiento". En línea con lo que se ha observado más arriba, el cómputo debería hacerse desde la toma de posesión (puesto que es desde entonces desde cuando el funcionario "permanece" en ese destino, como exige la ley).
El artículo 74 regula la resolución del concurso. Su párrafo segundo, referido a la presentación de solicitudes, se remite a lo dispuesto en el artículo 48, número 3; del Proyecto de Reglamento; por su parte ese artículo 48, número 3, indica que la presentación de solicitudes deberá realizarse por medios electrónicos conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Se sugiere sustituir esa doble remisión o reenvío por una remisión directa desde el artículo 74, mediante la reproducción de lo dispuesto en el artículo 48, número 3.
El artículo 75 recoge los criterios especiales para la provisión de vacantes en comunidades autónomas con idioma cooficial o Derecho civil propio, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 36, número 6, del Estatuto Orgánico, que dispone lo siguiente:
"Para la provisión de plazas en las Fiscalías con sede en Comunidades Autónomas con idioma cooficial será mérito determinante la acreditación, con arreglo a los criterios que reglamentariamente se establezcan, del conocimiento de dicho idioma.
Se valorará, como mérito preferente, con arreglo a los criterios que reglamentariamente se establezcan, el conocimiento del Derecho propio de la Comunidad".
La redacción proyectada en los apartados a) y b) del artículo 75 parecen querer atribuir, en efecto, la consideración de mérito determinante a la acreditación del conocimiento del idioma cooficial; y de mérito preferente al conocimiento del Derecho propio de la comunidad autónoma. Sin embargo, lo hacen con una redacción defectuosa o confusa, que debe ser revisada y corregida. Por otra parte, ha de notarse que el mencionado artículo 36, número 6, atribuye el carácter de mérito preferente al conocimiento "del Derecho propio" de la Comunidad Autónoma, mientras que la norma proyectada se lo atribuye al conocimiento "del Derecho civil propio" de la comunidad autónoma. Por lo demás, no puede sino recordarse aquí lo que ya se ha advertido en relación con el artículo 56 del Proyecto, acerca de la necesidad de precisar con claridad los conceptos de mérito preferente y mérito determinante, teniendo en cuenta las remisiones reglamentarias específicas que incorpora el artículo 36, número 6, del Estatuto Orgánico
5. El desempeño temporal de destinos y los desplazamientos de los fiscales. El capítulo V ("Del desempeño temporal de destinos y desplazamientos de los Fiscales") del título III del Proyecto de Reglamento consta de cinco artículos. El proyectado artículo 78 regula la comisión de servicio en órganos que no forman parte del Ministerio Fiscal. En su apartado 1 conviene aclarar la referencia que se hace a "la misma limitación temporal prevista en el artículo anterior" y, en particular, si la limitación temporal consiste en que deba ser inferior a seis meses o superior a tal periodo, puesto que el proyectado artículo 77 contempla ambas limitaciones temporales.
Mayores dudas suscita el artículo 79, referido a los destacamentos temporales. Su apartado 1 dispone que, cuando el volumen o complejidad de los asuntos lo requiera, el fiscal general del Estado, de oficio o a propuesta del fiscal superior de la comunidad autónoma, oídos el Consejo Fiscal y los fiscales jefes de los órganos afectados, y garantizando en todo caso la audiencia del fiscal interesado, podrá ordenar que se destaquen temporalmente uno o varios fiscales a una fiscalía determinada. Nada hay que objetar a este apartado, que reproduce lo dispuesto en el artículo 21, número 5, segundo párrafo, del Estatuto Orgánico.
Las dudas surgen del apartado 2 del proyectado artículo 79, que atribuye la misma facultad, y en los mismos casos, al fiscal superior de la comunidad autónoma dentro del ámbito de su territorio; atribución esta que no contempla el citado artículo 21, número 5, que, por el contrario, otorga esa facultad al fiscal general del Estado, mientras que al fiscal superior de la comunidad autónoma le asigna una facultad de propuesta. No se ignora que el artículo 22, número 4, del Estatuto Orgánico dispone que los fiscales superiores de las comunidades autónomas ejercerán dentro de su territorio las funciones previstas en el artículo 21; pero este artículo 21 le atribuye una facultad de propuesta, reservando la decisión al fiscal general del Estado. Por tanto, entiende el Consejo de Estado que debe suprimirse el proyectado artículo 79, número 2, (con el ajuste correspondiente en el apartado 3 del mismo artículo 79 mediante la supresión de la referencia que hace al fiscal superior de la comunidad autónoma). Esta observación tiene carácter esencial, en el concreto sentido previsto por el artículo 130, número 3, del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.
6. La cobertura de destino mediante sustitución. Cierra el título III del Proyecto de Reglamento su capítulo VII, referido a la cobertura de destinos mediante sustitución. Está integrado por un único artículo, el artículo 84, dedicado a la "sustitución de los miembros del Ministerio Fiscal". En él se dispone que las sustituciones de los miembros del Ministerio Fiscal "se producirán con arreglo a la normativa reguladora del régimen de sustituciones de la carrera fiscal, rigiendo como principio general la preferencia de la sustitución profesional".
Recientemente ha dictaminado este Consejo de Estado un proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen de sustituciones y medidas de apoyo o refuerzo en el Ministerio Fiscal (dictamen del expediente número 20/2022), cuyo contenido trae causa de las habilitaciones contenidas en el Estatuto Orgánico y, en particular, en su disposición adicional cuarta (al igual que el proyectado artículo 84).
A juicio del Consejo de Estado, la regulación contenida en ese otro proyecto de real decreto debe quedar incluida en el proyectado nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal, ya que ello permitiría disponer de una regulación global de la materia en un único texto normativo, lo que se considera la mejor opción desde el punto de vista de la técnica normativa. Por otra parte, tratándose de dos iniciativas normativas preparadas en la misma fase de revisión del régimen aplicable al Ministerio Fiscal, responden a las mismas premisas y principios inspiradores, de modo que su propugnada refundición dentro del nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal no presenta mayores dificultades que las del ajuste formal del articulado de este último.
Por último, esta observación no se ve afectada por la posibilidad de que el referido proyecto de real decreto sea eventualmente aprobado antes del proyectado nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal. De darse tal eventualidad, el Proyecto de Real Decreto debería incorporar un nuevo artículo (2) que derogase ese real decreto que hubiese regulado por separado el régimen de sustituciones y medidas de apoyo y refuerzo en el Ministerio Fiscal, lo que se completaría con la inclusión del contenido de ese real decreto en el nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal.
Décima. Las situaciones administrativas de los miembros de la carrera fiscal
El título IV ("De las situaciones administrativas") del Proyecto de Reglamento se estructura en tres capítulos, estructura que la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa ha propuesto modificar, mediante la incorporación del capítulo II ("De la suspensión de funciones") al Capítulo I (titulado "De las clases: servicio activo, servicios especiales y excedencia voluntaria"), de forma que el capítulo III ("Del reingreso al servicio activo") pasaría a ser el capítulo II. Se trata, en efecto, de una estructura conceptualmente más lógica, por lo que el Consejo de Estado sugiere reconsiderar esa posibilidad, en línea con lo informado por la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.
El punto de partida de la regulación incluida en este título IV se encuentra en el artículo 47 del Estatuto Orgánico, único que integra el capítulo IV ("De las situaciones en la Carrera Fiscal") de su título III, y que dispone: "Las situaciones administrativas en la Carrera Fiscal se acomodarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial para Jueces y Magistrados y serán desarrolladas reglamentariamente". El verbo utilizado ("se acomodarán") parece apuntar a algo distinto a una aplicación directa de las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con las situaciones administrativas de los fiscales, con un designio más orientado a que se tengan en cuenta sus criterios y pautas, pero con las necesarias adaptaciones.
Por su parte, el párrafo primero de la disposición adicional primera del Estatuto Orgánico establece que, en cuanto a situaciones administrativas (entre otras materias), "será de aplicación supletoria lo dispuesto para Jueces y Magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial". El hecho de que se haga expresa referencia a las situaciones administrativas en esta regla de supletoriedad parece apuntar en la misma dirección de que las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial en este concreto ámbito no son de aplicación directa y estricta, de forma que pueden realizarse las oportunas adaptaciones en el desarrollo reglamentario del aludido estatuto, siguiendo, eso sí, las pautas y criterios recogidos en la aludida ley orgánica.
En este sentido, el Tribunal Supremo, en sentencia de 21 de mayo de 2019 (ROJ 1746/2019), cita jurisprudencia anterior (vigente, dice, al no haberse aprobado un reglamento de desarrollo del Estatuto Orgánico) para afirmar que la supletoriedad de la Ley Orgánica del Poder Judicial supone la necesidad de acudir a ella "para extraer los criterios" que permitan colmar la falta de normas específicas en el ámbito de la carrera fiscal, de manera que "no es irrazonable, sino todo lo contrario, seguir las pautas que marca" a la hora de resolver los problemas que aquella falta de normas específicas plantea.
En consecuencia, entiende el Consejo de Estado que no resulta imprescindible que el desarrollo reglamentario respete de forma escrupulosa cada previsión de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de situaciones administrativas de jueces y magistrados, aunque sí que se "acomode" (esto es, que se adapte o se amolde) a la regulación allí contenida, que siga sus pautas y criterios, lo que permite realizar las oportunas adaptaciones. De este modo, el hecho de que no se siga de forma rigurosa cada concreta previsión de la Ley Orgánica del Poder Judicial no implicará necesariamente una tacha de ilegalidad; solo lo hará en aquellos casos en que la divergencia sea tal que no pueda considerarse una adaptación al ámbito del Ministerio Fiscal (por más que los perfiles entre unos y otros casos puedan no ser siempre fáciles de distinguir). En todo caso, el Reglamento proyectado podrá introducir matices o precisiones sobre las previsiones de la mencionada ley orgánica, en cuanto se trata de un desarrollo reglamentario que, lógicamente, ha de suponer un grado de profundización superior, a partir de los criterios y pautas que marca esa ley orgánica.
Hechas esas consideraciones generales sobre el título IV del proyecto de Reglamento, algún comentario más particularizado merecen sus previsiones concretas.
1. El cuadro general de situaciones administrativas. El capítulo I del título IV del Proyecto de Reglamento se abre con el artículo 85, que relaciona las distintas situaciones administrativas; y a continuación dicho capítulo regula las situaciones de servicio activo, servicios especiales y excedencia voluntaria (pero deja fuera la de suspensión de funciones, de la que se ocupa el capítulo II, como ya se ha advertido, con las dudas que ello suscita desde el punto de vista de la estructura lógica del proyectado título IV).
El artículo 86, al delimitar el servicio activo, se refiere a los casos en que los miembros de la carrera fiscal ocupen plaza correspondiente a dicha carrera y, después de recoger otros supuestos, termina con un inciso final referido al caso en que se encuentren en "situaciones asimilables" que deriven de la integración de España en la Unión Europea. A juicio del Consejo de Estado sería preferible hablar de "situaciones asimiladas", por razones de seguridad jurídica.
El artículo 87 se refiere a la situación de servicios especiales. En su apartado (a) se refiere a los casos en que los miembros de la carrera fiscal sean nombrados "Presidente o Vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia", referencia desactualizada que debe sustituirse por otra al "Presidente o Consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia".
Por otra parte, y con carácter general, se advierte que en distintas referencias a nombramientos o cargos de las comunidades autónomas se ha añadido la mención "y Ciudades de Ceuta y Melilla" (así, en los proyectados artículos 87.a), 87.d), 87.e), 87.f) y 89.1.b). Ello deriva, al parecer, de una sugerencia realizada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, hecha con carácter general en relación con este artículo, indicando que "se refiere en varios de sus apartados a diversos puestos y cargos en las Comunidades Autónomas", por lo que se propone que se incluya, asimismo, "y Ciudades de Ceuta y Melilla", sin mayor justificación.
Sin embargo, dicha incorporación no debe hacerse acríticamente, puesto que lo que en unos casos puede tener sentido, puede no tenerlo en otros, al no existir órganos equivalentes en esas ciudades autónomas (como sucede cuando se trata de referencias al Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas o Consejo de Estado, entre otros). Resulta por ello necesario hacer una revisión de los distintos supuestos en que se ha añadido esa referencia sobre lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En el apartado (a) del artículo 87, la mención que se hace de los consejeros de Estado debe entenderse referida solo a los consejeros permanentes. En el apartado (b) del mismo artículo 87 se contempla el caso de que los miembros de la carrera fiscal sean autorizados para realizar una misión internacional "previo informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación", lo que se aparta de lo previsto en el artículo 351.b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (que dice "previa declaración de interés por el Ministerio de Asuntos Exteriores"), lo que se considera más acertado, teniendo en cuenta las funciones que a este ministerio le corresponden de acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales ("la propuesta y ejecución de la política exterior, de las relaciones con la Unión Europea y de la cooperación internacional al desarrollo, de conformidad con las directrices del Gobierno y en aplicación del principio de unidad de acción en el exterior").
En fin, en el apartado f) del artículo 87 llaman la atención algunos cambios introducidos respecto de lo previsto en el artículo 351.f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como son la supresión de la referencia a nombramiento para cargo político o de confianza por acuerdo del Pleno de la Entidad local, o el hecho de que, entre los "elegidos para cargos públicos representativos" se haya incluido la referencia a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y se haya suprimido, en cambio, la mención de las Juntas Generales de los Territorios Históricos, de lo que no ofrece explicación alguna la memoria. Parece que debería suprimirse la referencia a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (en la medida en que sus miembros son diputados o senadores y no son directamente elegidos para esa asamblea) y valorarse la inclusión de una referencia a los órganos forales de los territorios históricos (o, en caso contrario, debería dejarse constancia en la memoria de las razones en que se basa el tenor proyectado).
Tampoco contempla el aludido artículo 351 los casos previstos en los apartados (g) y (h) del artículo 87 proyectado, que incluyen referencias a los cargos de director de Formación de la Carrera Fiscal y director del Centro de Estudios Jurídicos, y a la designación para desempeñar puestos de asesoramiento o confianza como personal eventual (al amparo, dice, de lo previsto en el artículo 87, número 1.i), de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público). Hubiera sido deseable que la memoria hubiera explicado las razones que han llevado a añadir estos casos, más allá de la escueta referencia que hace a su inclusión.
2. La suspensión de funciones. El capítulo II del título IV del Proyecto de Reglamento consta solo de tres artículos (lo que abunda en la oportunidad de su integración en el capítulo I de ese mismo título). El primero de ellos, artículo 91, se refiere a la suspensión de funciones en general, mientras que el artículo 92 regula la suspensión provisional y el artículo 93 se ocupa de la suspensión definitiva.
En relación con el proyectado artículo 91, recoge un tercer caso en que se pasa a la situación de suspensión ("con motivo de la tramitación de un expediente de jubilación por incapacidad"), que no está previsto en el artículo 362 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero que constituye una adaptación razonable a la vista de lo dispuesto en el artículo 46, e) del Estatuto Orgánico (que establece que la condición de fiscal se pierde, entre otras causas, por haber incurrido en alguna de las causas de incapacidad); así las cosas, parece que durante la tramitación del correspondiente procedimiento tiene sentido que se pueda acordar el pase a esta situación.
Por lo demás, el proyectado artículo 92 recoge lo dispuesto en los artículos 362 y 363 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mientras que el artículo 93 del Proyecto sigue muy de cerca lo dispuesto en el artículo 365 del mismo cuerpo legal.
3. El reingreso al servicio activo. El proyectado artículo 94, primero del capítulo III del título IV del Proyecto de Reglamento, regula el reingreso desde situaciones que comportan reserva de plaza. Su apartado 1 dispone, en su segundo párrafo, que la solicitud se acompañe de la diligencia de cese, si bien en rigor no sería necesario, en la medida en que se trate de un documento que ya obra en poder de la Administración, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015.
El último inciso de su apartado 1 dispone que el reingreso "tendrá efectos económicos y administrativos desde el día siguiente al cese en el puesto o cargo determinante de la situación de servicios especiales". Esta previsión se aparta de lo dispuesto en el artículo 355 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de acuerdo con el cual "el reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de la solicitud", lo que parece que tiene un sentido incentivador para que no se retrase la presentación de la solicitud. A juicio del Consejo de Estado, el Proyecto de Reglamento debería recoger esta misma regla en beneficio del mejor funcionamiento del Ministerio Fiscal, sin que se vean las razones para establecer una diferencia en este punto entre los miembros de la carrera fiscal y los jueces y magistrados. Por lo demás, se advierte una errata en este mismo apartado 1, párrafo tercero (que debería decir "... el día siguiente a aquel en que se produjo...").
El artículo 95 regula el reingreso desde situaciones que no comportan reserva de plaza. Según el último párrafo de su apartado (a), a la solicitud de reingreso "deberán acompañar una certificación expedida por quien sea jefe de personal del cuerpo, escala o carrera, organismo o entidad en el que hubiesen cesado, acreditativa de los servicios prestados hasta su cese, si ha sido o no sancionado, en su caso, tipo de falta disciplinaria y sanción impuesta y declaración de no estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad". Entiende el Consejo de Estado que debería permitirse que se aporte bien la certificación o bien la solicitud de certificación. Téngase en cuenta que la solicitud ha de presentarse en el plazo máximo de diez días desde el cese y que, según el artículo 53, número 1.d), de la Ley 39/2015, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a no presentar datos y documentos "no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas".
El apartado 5 del mismo artículo 95 establece que, cuando se solicite el reingreso al servicio activo desde la situación de excedencia voluntaria por interés particular que haya tenido una duración superior a diez años, y desde la situación de suspensión definitiva, el interesado deberá aportar certificado de antecedentes penales, declaración de no estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio de las funciones de la carrera fiscal y, en su caso, certificación acreditativa de haber cumplido o estar próximo a cumplir la sanción disciplinaria o la pena impuesta. Dado que se trata de casos que ya están incluidos en el apartado 2 del mismo artículo, en los que ha de aportarse la documentación prevista en el apartado 3 (de acuerdo con el inciso inicial de ese apartado 3), este apartado 5 resulta reiterativo, por lo que debería suprimirse.
Undécima. Permisos de los miembros del Ministerio Fiscal
El título V del Proyecto de Reglamento recoge los permisos y se distribuye en dos capítulos, el primero, relativo a la regulación de las clases de permisos y el segundo, que contiene la regulación de las disposiciones comunes sobre la concesión de permisos.
El capítulo I de ese título regula todos los permisos de los que pueden disponer los fiscales de carrera, lo que ha de valorarse teniendo en cuenta que el artículo 52 del Estatuto Orgánico dispone que "los miembros del Ministerio Fiscal gozarán de los permisos y licencias, y del régimen de recompensas, que reglamentariamente se establezcan, inspirados, unos y otros en lo dispuesto para Jueces y Magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial".
En este sentido, el Proyecto de Reglamento hace referencia expresa a que los miembros de la carrera fiscal tienen derecho a disfrutar de los permisos en las condiciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dentro del libro IV de esa ley orgánica (de los jueces y magistrados), se recogen los permisos y licencias en el capítulo VIII, artículos 371 y siguientes.
Pero, además, prevé el proyectado Reglamento que los fiscales de carrera "dispondrán, al menos, de todos los derechos establecidos para los miembros de la Administración General del Estado y que supongan una mejora en materia de conciliación, permisos y cualquier otro reconocido en dicho ámbito, sin perjuicio del respeto a las particularidades propias del régimen interno de la carrera fiscal", que regula precisamente la norma proyectada. En todo caso, de acuerdo con el artículo 373.7 in fine, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, "el Consejo General del Poder Judicial tendrá la obligación de adaptar de manera inmediata, mediante acuerdo del pleno, cualquier modificación que, cumpliendo esos requisitos, se produzca en dicho régimen".
Estos permisos están regulados en su mayor parte en los artículos 373, 374, 375 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, de acuerdo con el artículo 377 de esta norma, reglamentariamente se desarrollará el régimen jurídico de las licencias y permisos, determinando la autoridad a quien corresponda otorgarlas y su duración, y cuanto no se halle establecido en esa ley orgánica.
Al amparo de esta habilitación, se dictó el Reglamento 2/2011, de la Carrera Judicial, que fue aprobado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 28 de abril de 2011. En línea con la regulación de los permisos y licencias que contiene el citado reglamento, el proyectado Reglamento del Ministerio Fiscal contempla un conjunto de permisos que pasan a analizarse por separado.
1.º El permiso de vacaciones. Comprende veintidós días hábiles durante cada año natural, a disfrutar hasta el 31 de enero del año siguiente, preferiblemente en los meses de julio, agosto y septiembre y por meses completos (artículo 100). Al cumplir quince años en la carrera se tiene derecho a un día hábil adicional, y otro al cumplir 20, 25 y 30, hasta un total de veintiséis días hábiles de vacaciones por año natural. El proyecto de Reglamento prevé que no se considerarán hábiles los sábados, los domingos y los declarados festivos, aspecto en el que el proyecto se adecúa a lo previsto en materia de plazos en el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo más detallado que el artículo 371 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, a estos efectos, solo alude a que los sábados no serán considerados hábiles. La planificación del disfrute de las vacaciones las realizará el fiscal jefe con suficiente antelación de acuerdo con las necesidades del servicio, su resolución denegatoria deberá estar motivada y frente a ella se puede interponer recurso de alzada y potestativo de reposición.
2.º El permiso por asuntos propios. Figura regulado en el proyectado artículo 101 del Proyecto de Reglamento, que recoge lo previsto en el artículo 373.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y prevé que los fiscales puedan disfrutar "de permisos de tres días, sin que puedan exceder de seis permisos en el año natural, ni de uno al mes. Los tres días podrán disfrutarse, separada o acumuladamente, siempre dentro del mismo mes". La solicitud deberá ser justificada al superior jerárquico, que deberá autorizarla en cada caso, pudiendo ser denegada "cuando coincidan con señalamientos, vistas u otros servicios, salvo que se justifique que la petición obedece a una causa imprevista o de urgencia".
El Consejo Fiscal ha observado con razón la contradicción interna en la que incurre este artículo al prever que los tres días puedan disfrutarse separada o acumuladamente y que ello representa una limitación no justificada de un derecho reconocido a jueces y magistrados. Comparte el Consejo de Estado que la redacción puede resultar contradictoria, pero coincide literalmente con lo previsto en el citado artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que se sugiere adoptar la fórmula prevista en el artículo 213 del Reglamento de la Carrera Judicial, que prevé que el disfrute de los tres días habrá de ser continuado, entendiéndose consumido el permiso, aunque solo se haya empleado parcialmente.
3.º Otros permisos justificados. Son los que el artículo 102 del proyectado Reglamento prevé por traslado de residencia (un día); concurrencia a exámenes y evaluación en centros oficiales (durante los días de su celebración); cumplimiento de un deber de carácter público o personal (por el tiempo indispensable) y cumplimiento de un deber relacionado con la conciliación de la vida familiar y laboral. Parece conveniente que el concepto "tiempo indispensable" sea objeto de precisión o concreción, especialmente por referirse a deberes de singular relevancia. No obstante, y trayendo a colación la posición autónoma que corresponde al Ministerio Fiscal, esa precisión y concreción puede llevarse a cabo por normas y decisiones adoptadas por los diferentes escalones de su organización.
4.º El permiso por matrimonio. Comprende quince días hábiles antes o después de la celebración del matrimonio, que deberá ser debidamente justificada.
5.º El permiso por embarazo, vinculado a la realización de exámenes prenatales y de técnicas de preparación al parto, Previsto en el artículo 104 del Proyecto de Reglamento, requiere también de la correspondiente justificación.
6.º El permiso de parto. Comprende dieciséis semanas, que se amplían a dieciocho en el caso de discapacidad del hijo y, en los supuestos de parto múltiple, en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, correspondiendo una a cada uno de los progenitores (artículo 104 apartados 2, 3 y 4). Las seis primeras semanas posteriores al parto serán en todo caso de descanso obligatorio e ininterrumpidas. En el caso de parto prematuro y en aquellos, en que, por otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará durante el periodo de hospitalización por un máximo de trece semanas adicionales.
7.º El permiso por riesgo durante el embarazo o parto. Este permiso se recoge en el artículo 105 del proyectado Reglamento y permite a las fiscales acceder a él tanto cuando el desempeño de sus funciones y las particulares circunstancias de su puesto de trabajo puedan influir negativamente en su salud o en la de su hijo. Hay dos permisos diferenciados, el de riesgo durante el embarazo y el que puede concurrir durante el periodo de lactancia materna. A estos dos permisos se refiere también el artículo 58 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, por lo que resulta pertinente que se reconozca a las fiscales en los mismos términos que el artículo 58 hace para las funcionarias y el artículo 218 del Reglamento 2/2011 para los miembros de la carrera judicial.
Ahora bien, el artículo 58 de la citada ley orgánica regula el permiso por riesgo durante el embarazo, como un permiso distinto del derivado del parto porque cuando una fiscal o funcionaria está de parto, la licencia o permiso que se le concede, lo es por el hecho del parto, es decir, que ya hay permiso expresamente previsto para los casos en los que el parto sea simple, múltiple o prematuro, por ejemplo. El proyectado artículo 105 se refiere, por el contrario, al permiso durante el embarazo y parto, en el mismo sentido que lo hace el artículo 218.3 del Reglamento de la Carrera Judicial.
En consecuencia, el Consejo de Estado entiende que, si el proyectado artículo 105 mantiene la remisión al artículo 58 de la aludida ley orgánica, debiera referirse únicamente al permiso por riesgo durante el embarazo y lactancia, ya que el relativo al parto no se menciona en el citado artículo 58 y se reconoce, como ya se ha apuntado, en el proyectado artículo 104. Incluso es aconsejable que, para mayor claridad, se incluyan en un único artículo todos los permisos que se pueden derivar del embarazo, es decir, los que pueden resultar para acudir a pruebas neonatales y clases de preparación al parto -actualmente proyectado en el artículo 104.1- y los mencionados por riesgo del embarazo -artículo 105-.
Además, en esa misma línea de unificar el tratamiento que se hace en los distintos artículos a los distintos permisos, convendría replantearse el contenido del apartado 4 del artículo 104. Según este artículo:
"En el supuesto en que, llegado el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo, ésta se encontrase en situación de riesgo por el parto o lactancia natural en los términos del artículo 58 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, o si esa incorporación supone riesgo para su salud, el otro progenitor o progenitora, podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido".
De una parte, cabe reiterar que el citado artículo 58 recoge dos permisos claramente diferenciados, el que se puede solicitar por riesgo durante el embarazo y el que se puede pedir durante la lactancia materna. La referencia que se hace por tanto al parto cuando el Proyecto de Reglamento se remite expresamente a ese artículo 58 debe ser, por tanto, suprimida. De esta forma, la primera parte del artículo podría quedar así redactada:
"En el supuesto en que, llegado el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo, ésta se encontrase en situación de riesgo de embarazo o derivado de la lactancia natural en los términos del artículo 58 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres...".
De otra parte, el tenor literal del proyectado artículo es confuso, pero resulta idéntico al previsto en el Reglamento de la Carrera Fiscal. El proyectado artículo, junto con el riesgo por embarazo o lactancia, se refiere al riesgo que la incorporación de la madre a su puesto de trabajo puede suponer para la salud, que se trataría de un permiso distinto e impreciso en su proyectada dicción que da derecho al otro progenitor a seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido.
8.º El permiso por acogimiento, guarda con fines de adopción y adopción. El Proyecto de Reglamento distingue entre este permiso en general para aquellas personas que realicen acogimiento, guarda y adopción (artículo 106) y el mismo permiso para el progenitor diferente a la madre biológica (artículo 107). Del contenido de ambos artículos no se desprende a qué atiende la citada diferenciación de régimen jurídico y quizás resulte conveniente unificar en un mismo artículo las normas relativas a este permiso, incorporando en este caso al artículo 106, las previsiones del proyectado artículo 107 que se refieren al ejercicio de este permiso (duración, descanso obligatorio, interrupción del permiso, jornada, etc.) con el consiguiente reajuste en la numeración de los artículos que le siguen.
En el citado artículo 106 el proyectado Reglamento regula el derecho a un permiso para la asistencia a las preceptivas sesiones de información, preparación y realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad; los permisos de dieciséis a dieciocho semanas por adopción, adopción múltiple o adopción de persona con discapacidad, respectivamente; los permisos de dos semanas más en los casos de adopción internacional y las normas de ejercicio de los citados permisos cuando concurran dos progenitores, que deberán disfrutarlo obligatoriamente durante las seis semanas posteriores a la adopción y extenderlo hasta los doce meses del hijo interrumpiendo cada periodo de disfrute con un preaviso de al menos quince días.
En el apartado 2 in fine del artículo 106 se señala lo siguiente:
"El cómputo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso".
En opinión del Consejo de Estado debería especificarse en este artículo cómo y dónde deberán formalizar los titulares del permiso su elección de que el cómputo empiece a contar a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento o a partir de la resolución judicial, ya que esa decisión es trascendental para el cómputo del permiso y debe haber constancia de la misma también a los efectos del pago del permiso retribuido por adopción.
9.º El permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave. En el proyectado artículo 108 se contemplan distintos tipos de permiso por fallecimiento, accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica distinguiendo entre el grado de consanguinidad o afinidad existente entre el miembro de la carrera fiscal y el familiar que fallezca, tenga un accidente, una enfermedad grave o sea intervenido quirúrgicamente u hospitalizado y la localidad en la que se produzca alguna de estas situaciones.
Tanto en la rúbrica de este artículo como en su primer apartado se deberá corregir la errata de concordancia ("enfermedad graves").
10.º El derecho a la reducción de jornada para conciliar la vida personal, familiar y laboral. Previsto en el artículo 109 del Proyecto de Reglamento, contempla, como supuestos, la lactancia (una hora), el nacimiento de hijos prematuros o que estén hospitalizados (dos horas), la guarda legal y el cuidado directo de un menor de doce años, persona mayor que requiera especial dedicación o persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida (máximo del 50 por 100 de la jornada).
11.º El derecho a la reducción de jornada de las fiscales que sean víctimas de la violencia de género para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral. Además, el artículo 110 del proyectado Reglamento considera justificadas las ausencias de las fiscales víctimas de la violencia de género por el tiempo y las condiciones que determinen los informes de los servicios sociales de atención o de salud, según proceda.
12.º El permiso por enfermedad. Está recogido en el artículo 111 del Proyecto de Reglamento, cuyo apartado cuarto prevé que "en cualquier momento del proceso de enfermedad en que el Fiscal jefe apreciase que la situación es irrecuperable y susceptible de incapacidad permanente, o a instancia del interesado, se dirigirán a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado para que proceda a la incoación del expediente de jubilación por incapacidad permanente en los términos establecidos en el título VIII del presente reglamento".
Facilitaría la labor de los destinatarios de la norma citar expresamente el artículo 145 del Proyecto de Reglamento, que dentro de su título VIII, regula el procedimiento de declaración de jubilación por incapacidad permanente y que, en efecto, iniciará y tramitará la Inspección Fiscal, con audiencia al interesado y con la práctica de las pruebas necesarias que acrediten la concurrencia del motivo de incapacidad.
13.º Los permisos para la realización de estudios. Además de los estudios relacionados con las funciones del Ministerio Fiscal (artículo 112), el proyectado Reglamento también prevé permisos para actualizar la formación (artículo 113), dedicados a los fiscales que lleven en el ejercicio efectivo de funciones más de diez años ininterrumpidos.
14.º El permiso por asuntos propios sin sueldo. Previsto en el artículo 115 del Proyecto de Reglamento, tienen una duración acumulada que no podrá ser superior a tres meses cada dos años.
15.º Los permisos extraordinarios. El capítulo I del título V del proyectado Reglamento finaliza con la regulación de los permisos extraordinarios, distinguiendo entre, de un lado, el permiso extraordinario para asistir a cursos de selección o prácticas en el Centro de Estudios Jurídicos o en otros centros de selección para el acceso a la función pública por la duración de tal curso y, de otro lado, los permisos extraordinarios que podrán solicitar los directivos o representantes de asociaciones de fiscales y los miembros de las asociaciones de fiscales para concurrir a las actividades asociativas; los candidatos y representantes de las candidaturas que concurran a las elecciones al Consejo Fiscal, dentro del periodo de campaña electoral y los fiscales que sean compromisarios de la Mutualidad General Judicial, cuando sean convocados para asistir a las asambleas de la misma. La concesión de estos permisos está subordinada a las necesidades del servicio.
Junto a ese listado de permisos, el título V del proyecto de Reglamento recoge (capítulo II) las disposiciones comunes sobre la concesión de permisos y consta de seis artículos. El proyectado Reglamento se refiere en primer lugar, a los efectos económicos y profesionales de los permisos (artículo 117) y se extiende, en segundo lugar, a las normas de procedimiento para la concesión o denegación de estos permisos.
El artículo 118 se refiere a las solicitudes y a los plazos. En su apartado primero prevé que "las solicitudes serán dirigidas al Fiscal jefe en la forma establecida en el artículo 48.3". Este último artículo está referido al procedimiento de provisión de destinos y establece, al efecto, que la presentación de solicitudes deberá realizarse por medios electrónicos conforme a lo previsto en la Ley 39/2015.
En opinión de este Consejo de Estado resulta técnicamente más correcto y más comprensible para el destinatario de la norma proyectada que, cuando el artículo 118.1 se refiere a las solicitudes de los permisos y licencias, indique que deberán realizarse por medio de medios electrónicos y se remita a lo previsto en el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por su parte, el artículo 119 introduce las reglas relativas a la incompatibilidad de permisos y el artículo 120 se refiere a la concesión de permisos. En realidad, el contenido de este último artículo hace referencia a la competencia para la concesión de permisos, distinguiéndose entre aquellos que serán concedidos por el fiscal jefe que corresponda, de aquellos que son competencia del fiscal general y todos aquellos que corresponda a la persona titular del Ministerio de Justicia (que serán, los no comprendidas en los apartados anteriores para el fiscal jefe o el fiscal general del Estado y que estén previstos en el reglamento).
Estima este Consejo que la rúbrica de este precepto debe hacer una referencia más concreta a la competencia para la concesión de permisos y que, con la finalidad de ganar en comprensión y de facilitar la labor de los destinatarios, el texto de ese precepto ha de delimitar, clara y expresamente, cuáles son los permisos cuya concesión corresponde al titular del Ministerio de Justicia.
Finalmente, dentro del referido capítulo II el título V del Proyecto de Reglamento, el artículo 121 se refiere al régimen de comunicaciones entre las autoridades que intervienen en el procedimiento de concesión de licencias y permisos y el artículo 122 recoge los casos en los que se podrán denegar los permisos. En concreto, se señala que los permisos podrán ser reducidos o denegados por necesidades del servicio, por el retraso en el despacho de asuntos que tuviere encomendados el solicitante o por no concurrir los requisitos necesarios para su concesión. Asimismo, cuando concurran circunstancias excepcionales, podrán ser suspendidos o revocados. En todo caso, señala el proyectado Reglamento, "los acuerdos de denegación, revocación o suspensión de los permisos deberán ser fundados y serán susceptibles de recurso en los plazos y por los motivos que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre".
En este punto en particular, partiendo que los acuerdos de denegación, suspensión o revocación de un permiso o licencia, deberán estar siempre justificados en alguna de las causas a las que se refiere este artículo, debe en él preverse que tales acuerdos habrán de estar siempre motivados. Se sugiere, por tanto, la sustitución del término "fundados" por el de "motivados". Adicionalmente convendría mejorar la remisión que en materia de recursos administrativos se realiza en el artículo 122.3 in fine, que habrá de ser completa a los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimosegunda. Los derechos y deberes de los miembros del Ministerio Fiscal
Se ocupa de tales derechos y deberes el título VI del Proyecto de Reglamento, que aparece estructurado en dos capítulos, dedicados, respectivamente, a esos derechos y deberes.
1. Los derechos de los miembros del Ministerio Fiscal. Como tales prevé el capítulo I los derechos profesionales (artículo 123), de asociación (artículo 124) y de salud y protección frente a los riesgos laborales (artículo 125). También se recogen (artículo 126) los honores, el tratamiento y el protocolo, en consonancia con lo previsto en los artículos 53 y 54 del Estatuto Orgánico.
En la regulación del derecho de asociación, el artículo 124, número 8, prevé que, el Ministerio de Justicia, de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria, podrá conceder subvenciones públicas por gastos de organización y funcionamiento y por actividades de interés para la justicia y la vida asociativa, a las asociaciones profesionales que acrediten tener el grado de implantación efectiva. Ese grado aparece definido en el apartado 5 de ese mismo artículo, que lo refiere a toda asociación que cuente con un porcentaje igual o superior al 2 % de los integrantes de la carrera fiscal en servicio activo.
2. Los deberes de los miembros del Ministerio Fiscal. El capítulo II del título VI del Proyecto del Reglamento (artículo 127) recoge los deberes, en unos términos que se adecúan a las previsiones contenidas en los artículos 48, 49 y 50 del Estatuto Orgánico.
Como novedad, el apartado c) del proyectado artículo 127 señala que los miembros del Ministerio Fiscal "están obligados a residir en una población compatible con la puntual atención de todas las tareas y servicios propias del cargo o destino. Asimismo, deberán asistir durante el tiempo necesario, y de conformidad con las instrucciones del Fiscal jefe, a la fiscalía en la que presten sus servicios y a los juzgados y tribunales en los que se deba actuar".
El artículo 49 del Estatuto Orgánico proclama, sin matices, que los miembros del Ministerio Fiscal deberán residir en la población donde tengan su destino, de la que solo podrán ausentarse con permiso de sus superiores jerárquicos. Parece claro que las restricciones a la libertad de residencia serán admisibles cuando vengan impuestas por una norma con rango de ley o se desprendan de la necesaria eficacia en el desempeño del cargo o de la singularidad de la función que se desempeñe.
Partiendo de esas coordenadas legales, entiende este Consejo que no pueden desconocerse las profundas transformaciones que se han producido en la configuración y distribución de los núcleos de población, la consiguiente aparición de poblaciones legalmente diferenciadas, pero físicamente muy próximas y estrechamente relacionadas por los medios de transporte y comunicación disponibles, las consiguientes posibilidades que se abren a los residentes en tales poblaciones para diferenciar los emplazamientos en que llevan a cabo sus actividades laborales, profesionales y económicas, de un lado y, de otro, su vida personal y familiar, y los datos de índole económica, social y de movilidad que condicionan la elección de la residencia de las personas. Valorando todos esos datos, las distintas normas reguladoras de la función pública que han sido aprobadas en los últimos tiempos han venido contemplando el deber de residencia desde esa perspectiva material o funcional, que vincula el lugar de residencia con el estricto cumplimiento de la jornada, el horario y las funciones propias, permitiendo que el lugar de residencia de los funcionarios no tenga necesariamente que coincidir con el lugar donde esté legalmente ubicado su destino.
Aplicando estas consideraciones al presente caso, no resulta objetable la solución adoptada por el proyectado Reglamento, al vincular el deber de residencia con una población que sea compatible con que el afectado pueda puntualmente desempeñar todas las tareas y servicios propias de su cargo o destino.
Decimotercera. Las incompatibilidades y prohibiciones de los miembros del Ministerio Fiscal
Se ocupa de esta cuestión el título VII del Proyecto de Reglamento, estructurado en tres capítulos, dedicados a las incompatibilidades absolutas, incompatibilidades relativas y prohibiciones, respectivamente.
En relación con las incompatibilidades absolutas, el primero de esos capítulos se remite a las enumeradas en el artículo 57 del Estatuto Orgánico, que prevé que quienes se encuentren ejerciendo cualquier cargo o profesión de los expresados en ese estatuto deberán cesar en el plazo de ocho días en el ejercicio de la actividad incompatible. Nótese que la rúbrica del título (incompatibilidades y prohibiciones) y la de su capítulo I (de las incompatibilidades absolutas) se refieren únicamente al régimen de incompatibilidades y prohibiciones, sin hacer referencia alguna al régimen previsto para la compatibilidad. Ocurre, sin embargo, que la mayor parte de ese capítulo I se refiere a la regulación de las actividades compatibles, cuáles son sus requisitos, cómo ha de realizarse la solicitud de la compatibilidad, cómo se tramita el procedimiento y las normas relativas a la resolución y a la renovación periódica de la autorización de la actividad compatible (artículos 130 a 137).
En opinión del Consejo de Estado, al menos la rúbrica del capítulo I del título VII del Proyecto de Reglamento debería hacer referencia a las incompatibilidades absolutas y a las actividades compatibles, materias que incluso podrían ser objeto de regulación diferenciada, en dos capítulos, con la consiguiente reordenación del título VII.
Además, la redacción de los dos artículos dedicados a la regulación del régimen de incompatibilidades absolutas resulta confusa y su lectura no contribuye a facilitar la comprensión de sus destinatarios. Aunque una depurada técnica normativa aconseja no abusar de la copia literal de artículos de otros textos normativos y de las remisiones externas o internas, una y otra técnica pueden ser utilizadas cuando faciliten la labor del aplicador de la norma. En este caso, el proyectado artículo 128 remite en bloque la regulación de las incompatibilidades absolutas al artículo 57 del Estatuto Orgánico y, a renglón seguido, el proyectado artículo 129 se centra en tales incompatibilidades derivadas de determinados empleos, cargos o profesiones, para remitirse de nuevo al artículo anterior.
El capítulo II del título VII regula las incompatibilidades relativas también por remisión expresa del proyectado artículo 138, número 1, al régimen previsto en el artículo 58 del Estatuto Orgánico. Ocurre, al igual que en el anterior capítulo, que el artículo 138, número 2, se remite, en concreto, a una de las causas de incompatibilidad previstas en el citado artículo 58 (la relativa a las relaciones de consanguinidad o de afinidad dentro del segundo grado en una misma fiscalía) y lo mismo ocurre en el artículo 139. Este Consejo entiende que bastaría con incluir unas remisiones generales a los términos de la norma legal con la que está vinculado el proyectado Reglamento o, de mantenerse remisiones concretas a algunos de sus preceptos, revisarlas para que ofrezcan la necesaria claridad y precisión.
En fin, dentro del título VII del proyecto de Reglamento, su capítulo II regula las prohibiciones por remisión, de una parte, en el proyectado artículo 141 a lo previsto en el artículo 59 del Estatuto Orgánico y, de otra, por remisión en cuanto a sus efectos, al proyectado título IX del proyectado Reglamento y a lo dispuesto en los artículos 61 a 64 del Estatuto Orgánico.
Decimocuarta. La jubilación de los miembros del Ministerio Fiscal
El título VIII del Proyecto de Reglamento contiene las normas relativas a la jubilación de los miembros de la carrera fiscal, incluyendo la jubilación forzosa por edad, la jubilación por incapacidad permanente, la jubilación voluntaria y la jubilación anticipada (artículos 143 a 146).
A pesar de que el proyectado artículo 143, número 2, remite la regulación del procedimiento de jubilación a los establecido con carácter principal en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Estatuto Orgánico y el proyectado Reglamento, se refiere también, en lo no previsto en ninguna de estas tres normas, a la Ley de Clases Pasivas y a la de la Seguridad Social. Con todo, regula los aspectos básicos del procedimiento, que se impulsará de oficio en todos sus trámites y su resolución habrá de ser motivada y ser objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado.
En este título, únicamente se suscitan dos cuestiones.
La primera se refiere al apartado número 2 del proyectado artículo 146, que se refiere a las solicitudes de jubilación del interesado que se realizarán "mediante escrito dirigido a la Inspección Fiscal, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3". Se sugiere de nuevo que se suprima la remisión interna a este artículo y se diga que la solicitud deberá realizarse por medios electrónicos como establece el artículo 14.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En segundo lugar, el apartado número 3 de ese mismo artículo señala que "la persona titular del Ministerio de Justicia dictará resolución motivada con la suficiente antelación. Dicha resolución pondrá fin al procedimiento". A juicio de este Consejo de Estado la norma debería ser más concreta y, en lugar de esa alusión a "con la suficiente antelación", y vincular la resolución del procedimiento con el plazo máximo previsto en ese mismo artículo para decidir acerca de la jubilación voluntaria que, será de seis meses.
Ese mismo artículo 146 del proyectado Reglamento señala que tendrá sentido desestimatorio el silencio administrativo en aquellos casos en los que la solicitud de jubilación voluntaria no sea resuelta en el citado plazo de seis meses. Llama la atención que, separándose esa previsión de la regla general de sentido estimatorio del artículo 24, número 1, de la Ley 39/2015, la memoria del análisis de impacto normativo no recoja una explicación de los motivos que fundamenten separarse de la aludida regla general.
De acuerdo con el citado artículo 24, número 1, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.
En este contexto, el Consejo de Estado entiende que no existe cobertura legal para dar efecto desestimatorio al silencio que pueda producirse en el caso que ahora se analiza ni en las normas que se refieren a la carrera fiscal en materia de jubilación forzosa (el artículo 386 de la Ley Orgánica del Poder Judicial o el artículo 46.2 del Estatuto Orgánico), ni en las que hacen lo propio para los funcionarios públicos (el artículo 28, número 2.b), texto refundido en materia de clases pasivas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, y el artículo 67, número 2, del Estatuto Básico de los empleados públicos).
En estas circunstancias, considera el Consejo de Estado que debe suprimirse la referencia que se hace al silencio negativo en el proyectado artículo 146, número 3, in fine ("Cuando la resolución no se dicte en el plazo señalado en el artículo anterior, el interesado podrá entender desestimada la solicitud").
Esta observación tiene carácter esencial, en el concreto sentido previsto por el artículo 130, número 3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.
Decimoquinta. El régimen de responsabilidad de los miembros del Ministerio Fiscal
El título IX del Proyecto de Reglamento (artículos 147 a 187) regula el régimen de responsabilidad de los miembros de la carrera fiscal, bajo la cobertura que le brindan las normas que se encuentran en el capítulo VII del Estatuto Orgánico (artículo 60, dedicado a la responsabilidad civil y penal, y artículo 61, referido a la responsabilidad disciplinaria).
En este sentido el artículo 147 del proyectado Reglamento se refiere a las distintas clases de responsabilidad de los miembros de la carrera fiscal y dispone:
"Artículo 147. Clases de responsabilidad.
1. Los miembros del Ministerio Fiscal están sujetos a responsabilidad por los actos u omisiones que tengan lugar en el ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas.
En el ámbito regulado en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, y en este reglamento, la responsabilidad de los miembros del Ministerio Fiscal será penal y disciplinaria.
2. Asimismo, podrá exigirse a los miembros del Ministerio Fiscal responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, en la forma en que determine la ley.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores y, sin perjuicio de las particularidades propias de su normativa específica, será aplicable a quienes, sin pertenecer a la carrera fiscal ejerzan como abogados fiscales sus funciones de carácter no permanente en el Ministerio Fiscal".
El precepto proyectado merece varias consideraciones generales, la primera de las cuales es la relativa a la responsabilidad civil, que no consta como tal en el desarrollo reglamentario, a pesar de la referencia inicial que consta en el actual artículo 60 del Estatuto Orgánico, que dispone que "la exigencia de responsabilidad civil y penal a los miembros del Ministerio Fiscal y la repetición contra los mismos por parte de la Administración del Estado, en su caso, se regirá, en cuando les sea de aplicación, por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial para Jueces y Magistrados".
En relación con esa declaración general, ha de recordarse que, por Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial, eliminando la responsabilidad civil directa de los jueces y magistrados por el ejercitado de sus funciones jurisdiccionales, que había sido escasamente utilizada en la práctica. La exposición de motivos de esa norma expresaba que "con ello se alinea la responsabilidad de los Jueces con la del resto de los empleados públicos y se da cumplimiento a las recomendaciones del Consejo de Europa en esta materia. Esa exención de responsabilidad no excluye lógicamente, que la Administración pueda repetir, en vía administrativa, contra el Juez o Magistrado si éste ha incurrido en dolo o culpa grave". En consecuencia, está justificado que el proyectado Reglamento no contemple la responsabilidad civil de los miembros de la carrera fiscal por el ejercicio de sus funciones, lo que debería llevar en algún momento a revisar el aludido artículo 6 del Estatuto Orgánico.
Una segunda consideración de índole general respecto del título IX del Proyecto de Reglamento se refiere a los términos en que el proyectado artículo 147, número 2, se refiere a la responsabilidad patrimonial que afirma podrá exigirse a los miembros del Ministerio Fiscal por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Se trata de una redacción desafortunada e imprecisa, ya que la aludida responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia se exige al Estado en los términos previstos por el artículo 121 de la Constitución y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por lo tanto, ha de entenderse que el apartado 2 de ese artículo 147 se refiere a las acciones de regreso. Como dispone en general para los funcionarios y servidores públicos el artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, estas acciones de regreso o repetición caben cuando, una vez indemnizados los lesionados por el funcionamiento de los servicios públicos, la Administración exija en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
En consecuencia, resulta necesario que el proyectado artículo 147, número 2, sea revisado en esa línea, que es la seguida por el artículo 151 del Proyecto de Reglamento, en el que falta, sin embargo, una alusión a la mencionada acción de repetición.
Esta observación tiene carácter esencial, en el concreto sentido previsto por el artículo 130, número 3, del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.
Despejadas esas consideraciones de índole general, procede avanzar comentarios más concretos sobre la regulación contenida en el título IX del Proyecto de Reglamento.
1. La responsabilidad patrimonial. Partiendo de la acotación ya efectuada, es de notar que el proyectado artículo 151 ciñe la responsabilidad patrimonial de los miembros de la carrera fiscal a "los daños y perjuicios causados por los fiscales en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas en el ámbito jurisdiccional" y añade que podrá reclamarse "con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial".
En el desempeño de sus funciones, el Consejo de Estado ha tenido ocasión de analizar los supuestos de reclamaciones de responsabilidad por un alegado mal funcionamiento del Ministerio Fiscal, deslindando las funciones del Ministerio Fiscal cercanas a lo jurisdiccional de aquellas otras distintas, pero que también corresponden al Ministerio Fiscal. El asunto tiene especial trascendencia, ya que en uno de los casos la responsabilidad opera por funcionamiento anormal y en el otro alcanza tanto el funcionamiento normal como el anormal, como expresó el dictamen del expediente número 2.922/2004, de 25 de noviembre de 2005. Así se procedió, por ejemplo, en el dictamen del expediente número 1.162/2008, de 27 de noviembre, que llegó a la conclusión de que existe un mal funcionamiento de la Administración de Justicia, y en el dictamen del expediente número 1.275/2009, de 26 de noviembre, en el que se estimó que la actuación del Ministerio Fiscal no traía causa del ejercicio de las funciones que le están legalmente encomendadas en el curso de unas determinadas actuaciones judiciales, sino de las que se le atribuyen en una fase conceptual y temporal distinta, como es la referida a la comprobación y esclarecimiento de hechos aparentemente delictivos.
La distinción entre unas y otras funciones se proyecta, por otra parte, en el procedimiento, ya que en los casos en que no se trata de actuaciones de índole instrumental para el ejercicio de potestades jurisdiccionales, sino de actuaciones del Ministerio Fiscal realizadas al margen del proceso, la reclamación puede tramitarse como una pretensión indemnizatoria por el funcionamiento del Ministerio Fiscal, y no como una reclamación de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, de modo que no queda sometida al régimen y trámite procedimental previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino al general actualmente previsto en las Leyes 39 y 40/2015. Ejemplo elocuente de las diferencias procedimentales que existen entre esos dos casos de eventual responsabilidad patrimonial generada por actuaciones del Ministerio Fiscal es que en el segundo grupo de casos resulta necesario recabar informe del Ministerio Fiscal, mientras que cabe prescindir del informe del Consejo General del Poder Judicial. Así se expresó, por ejemplo, en dictámenes de 26 de septiembre de 2012 y de 11 de octubre de 2018, relativo a los expedientes números 635/2012 y 485/2018, respectivamente.
Entiende por lo expuesto el Consejo de Estado que resultaría más preciso que la referencia que el proyectado artículo 151 hace al régimen previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, se completase añadiendo una mención al régimen previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En todo caso, y por la importancia de la cuestión, no está demás indicar que ese deslinde de los distintos casos de eventuales responsabilidades patrimoniales dimanantes de actuaciones del Ministerio Fiscal debiera quedar también reflejado en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
2. La responsabilidad penal. Como dispone el ya citado artículo 60 del Estatuto Orgánico, la exigencia de responsabilidad penal a los miembros del Ministerio Fiscal se regirá, en cuanto les sea de aplicación, por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial para jueces y magistrados, precepto cuyo contenido se reproduce en el artículo 148 del Proyecto de Reglamento, remitiéndose ambos preceptos a los artículos 405 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dentro de estos márgenes, el deber de informar sobre la posible comisión de delitos y de actuar de oficio que la norma proyectada impone en su artículo 149 a los miembros del Ministerio Fiscal, constituye una plasmación de los mismos deberes impuestos a los jueces, los magistrados y otras autoridades en los artículos 407, 408 y 409 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Supone cierta innovación la regulación de la suspensión de funciones. Tanto el Reglamento Orgánico como el Estatuto Orgánico contemplan la suspensión de funciones como sanción (artículo 66 del Estatuto orgánico). Sin embargo, el Proyecto de Reglamento también añade la suspensión provisional de funciones, entendida como medida cautelar y originadora de la situación administrativa a la que se refiere el artículo 362 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece:
"1. La suspensión provisional podrá acordarse durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario.
2. La suspensión provisional durante la tramitación de un procedimiento disciplinario no podrá exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento por causa imputable al interesado".
En esa línea, el artículo 150 del Proyecto de Reglamento, bajo la rúbrica "Suspensión cautelar", dispone:
"1. El Fiscal General del Estado podrá acordar motivadamente, con arreglo a los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad, previa audiencia del interesado y de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal, la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal.
Dicha suspensión se acordará, en todo caso:
a) cuando se dicte auto de apertura de juicio oral o de prisión por delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas,
b) cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado auto de prisión, de libertad bajo fianza o de procesamiento.
2. En situaciones de urgencia, el Fiscal General del Estado podrá adoptar de manera igualmente motivada la medida con carácter cautelarísimo, atendiendo a la naturaleza y gravedad de los hechos y a su incidencia en el correcto desempeño de las funciones del fiscal. En este caso, también motivadamente, habrá de levantar o confirmar la medida en el plazo de tres días hábiles, tras oír a la Comisión Permanente del Consejo Fiscal y al propio afectado.
Contra la decisión del Fiscal General del Estado por la que se acuerde la suspensión cautelar podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular del Ministerio de Justicia.
3. La suspensión podrá ser alzada por el Fiscal General del Estado, de oficio o a instancia del interesado, si varían las circunstancias que motivaron su adopción, tras oír a la Comisión Permanente del Consejo Fiscal y, en su caso, al propio afectado. Se alzará en todo caso si la causa concluye con sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento o archivo".
Como se aprecia, la norma regula dos tipos de medidas, la cautelar y la cautelarísima, prevista para "situaciones de urgencia". La medida habrá de adoptarse motivadamente, pero es de resaltar que la cautelarísima puede adoptarse sin audiencia al interesado. No aprecia este Consejo de Estado que puedan existir razones que justifiquen prescindir de ese trámite de audiencia. Es preciso recordar que la medida cautelar de suspensión, configurada en estos términos como cautelarísima, no aparece ni en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni en el Estatuto Orgánico. Adicionalmente, y aun pensando en casos en que susciten indicios especialmente graves respecto de la actuación de un miembro de la carrera fiscal, que requieran una reacción y respuesta especialmente urgente, el principio de dependencia jerárquica que preside el Ministerio Fiscal y su regulación específica de atribución de funciones permite relevar del caso al miembro en cuestión, sin tener que decretar para ello su suspensión de funciones.
Por todo ello, el Consejo de Estado entiende que ha de suprimirse esa suspensión cautelarísima del artículo 150 del Proyecto de Reglamento, teniendo esta observación carácter esencial en el concreto sentido previsto en el artículo 130, número 3, del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de18 de julio.
3. La responsabilidad disciplinaria. Al igual que las previas versiones ya consideradas de la responsabilidad de los miembros de la carrera fiscal, la cobertura legal de las normas que el Proyecto de Reglamento dedica a la responsabilidad disciplinaria de los fiscales se encuentra en los artículos 60 y siguientes del Estatuto Orgánico, que contempla que las faltas cometidas por los miembros del Ministerio Fiscal, pueden ser leves, graves y muy graves y están enumeradas en los artículos 62, 63 y 64 de la citada ley.
En relación con las previsiones que el Proyecto de Reglamento contiene a propósito de esa responsabilidad disciplinaria existen diversos aspectos a considerar por separado.
a) Los principios aplicables al ejercicio de la potestad disciplinaria. El proyectado artículo 153 describe los principios rectores de la potestad disciplinaria. Esta enumeración es más propia de una norma con rango legal que de un reglamento como el proyectado. Los principios de tipicidad, irretroactividad, presunción de inocencia, contradicción, proporcionalidad y culpabilidad en la potestad sancionadora proceden de la misma Constitución y nada se gana incluyéndolos en norma con rango inferior. De considerarse preciso enunciarlos, debieran consignarse en el Estatuto Orgánico. En todo caso, si se opta por mantener el precepto en el proyectado nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal, sería oportuno añadirle el principio de legalidad, ahora incluido en la rúbrica del proyectado artículo 166, en la línea de los enumerados por el artículo 94 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) El órgano competente para la instrucción de los expedientes disciplinarios. No supone innovación sobre el régimen legal vigente el contenido de la mayor parte de los artículos, entre ellos, el artículo 155, sobre las clases de faltas, el artículo 156, sobre los responsables, el artículo 157, sobre las sanciones disciplinarias y el artículo 158 sobre la proporcionalidad de las sanciones.
Aparece, sin embargo, una nueva figura en el artículo 159. Se trata del fiscal Promotor de la Acción Disciplinaria. Tiene su antecedente en el Promotor de la Acción Disciplinaria, regulado en los artículos 603 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En la estructura del Consejo General de Poder Judicial, a quien compete su nombramiento, el Promotor tiene a su cargo la recepción de quejas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, la recepción de denuncias, la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios y la presentación de los cargos ante la Comisión Disciplinaria. En el mismo sentido se atribuye ahora al fiscal Promotor de la Acción Disciplinaria la función de incoar y tramitar expedientes disciplinarios, regulada en el artículo 159 de la norma proyectada.
Sobre esta figura se ha planteado a lo largo de la tramitación del expediente una duda relativa al incremento de costes que puede suponer, cuestión que quedó despejada al destacarse que se crea la función, pero sin provisión de nueva plaza ni asignación de una retribución complementaria. En el mismo sentido se dispone en el proyectado artículo 186 que la función es compatible con las funciones propias del cargo. El sistema es muy semejante al actual, en que para la instrucción de los expedientes disciplinarios se viene designando a un fiscal de Sala mediante insaculación, asistido de su propio personal auxiliar, como ha señalado el propio Consejo Fiscal en su informe.
El régimen del fiscal Promotor de la Acción Disciplinaria consta en los artículos 185 y siguientes de la norma proyectada. La función puede corresponder a miembros de la carrera fiscal, con categoría de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo o de Fiscal con más de veinticinco años de antigüedad en la carrera. Será nombrado por decreto del fiscal general del Estado, oído el Consejo Fiscal. Se nombrará, además, un sustituto para casos de abstención, recusación o imposibilidad transitoria, que debe reunir las mismas condiciones de idoneidad.
En lo que se refiere a la competencia, es precisa una referencia al artículo 159 del Proyecto de Reglamento, que dispone:
"Artículo 159. Competencia.
1. Será competente para la incoación y tramitación de los expedientes disciplinarios el Fiscal Promotor de la Acción Disciplinaria, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para la imposición de la sanción de advertencia por falta leve.
2. Serán competentes para la imposición de sanciones las autoridades que en cada caso señala el reglamento".
Esa referencia al "reglamento" ha de serlo, en realidad, al artículo 67 del Estatuto Orgánico, ya que el proyectado Reglamento no contiene ni ha de contener normas sobre atribución de ese tipo de competencias, de modo que ha de salvarse ese extremo.
c) La incoación de los expedientes disciplinarios. Respecto de esa incoación, la regulación comienza en el proyectado artículo 167, que se refiere al impulso de oficio, señalando que "el expediente disciplinario se iniciará por acuerdo del Fiscal Promotor de la Acción Disciplinaria y se impulsará de oficio en todos sus trámites". En el Reglamento vigente, su artículo 128 expresa que "la orden de formar expediente puede darse por el Ministerio de Justicia o por cualquiera de los que, según el artículo 123, tienen facultad para imponer la corrección. En la misma orden, cuando dimane de funcionarios u Organismos del Ministerio Fiscal, se hará la designación de Instructor, si el que mande formar el expediente no lo instruye por sí". No consta ya esta mención a la forma de iniciación del expediente administrativo por orden general, no figura dentro de la actual regulación general del procedimiento administrativo. En efecto como dispone el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: "Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia". En el proyecto de norma sometida a consulta se regula con detalle la tramitación de las denuncias (artículo 168 y concordantes), pero no consta regulación alguna sobre la orden de incoación del expediente disciplinario dictada por los órganos jerárquicamente competentes. Parece oportuno incluir esta referencia, ya que la incoación del expediente puede venir determinada bien por denuncias, bien por órdenes.
d) La caducidad de los expedientes disciplinarios. La cuestión se regula en el artículo 183 del proyectado Reglamento, en el que se ha aceptado la acertada sugerencia del Consejo General del Poder Judicial, de modo que el plazo de duración de la instrucción es el de un año.
CONCLUSIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
- Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones esenciales contenidas en la consideración séptima (a los artículos 13, número 2; 17, número 10, y 22, número 3), octava (al artículo 37, número 1.d), novena (a los artículos 67, número 1, y 79, número 2), decimocuarta (al artículo 146, número 3) y decimoquinta (a los artículos 147, número 2, y 150) y valoradas las restantes, puede V. E. elevar a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal".
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 17 de febrero de 2022
LA SECRETARIA GENERAL,
LA PRESIDENTA,
EXCMA. SRA. MINISTRA DE JUSTICIA.
- 1 -
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid