La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 13 de enero de 2022, con asistencia de los señores que al margen se expresan, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
"En cumplimiento de una Orden comunicada de V. E., de 8 de noviembre de 2021, con registro de entrada el día 10 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a un proyecto de Real Decreto de flexibilización de los requisitos exigibles para impartir ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, así como de la oferta de formación profesional en centros del sistema educativo y de formación profesional para el empleo.
De antecedentes resulta:
PRIMERO.- Contenido del proyecto de Real Decreto y de su memoria
A.- El proyecto de Real Decreto
El proyecto de Real Decreto de flexibilización de los requisitos exigibles para impartir ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, así como de la oferta de formación profesional en centros del sistema educativo y de formación profesional para el empleo, y que constituye el objeto del expediente remitido a este Consejo (citado también, abreviadamente en lo sucesivo, como el "Proyecto"), fechado el 29 de octubre de 2021, viene precedido de dos borradores con fechas de 2 de marzo y 25 de octubre de 2021.
El Proyecto consta de un preámbulo, cinco artículos y tres disposiciones finales.
El preámbulo se inicia con la cita de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que establece que los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y serán expedidos por las Administraciones competentes, acreditando las correspondientes cualificaciones profesionales a quienes los hayan obtenido, y en su caso, surten los correspondientes efectos académicos y profesionales según la legislación aplicable.
A continuación, se señala que la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, contempla entre sus objetivos la flexibilización de las enseñanzas de formación profesional. Y, en concreto, el artículo 42, apartado primero, determina que el Gobierno promoverá que los centros autorizados para impartir formación profesional del sistema educativo, que reúnan los requisitos necesarios, puedan impartir formación profesional para el empleo, de acuerdo con lo recogido en la Ley Orgánica 5/2002. Y prevé que las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, consolidarán una red estable de centros de formación profesional que permita armonizar la oferta y avanzar en la calidad de la misma.
En este sentido, la parte expositiva del Proyecto se refiere al Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, que determina los requisitos mínimos de los centros donde se impartan las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. Cita también el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, que establece unos requisitos generales de los centros que impartan la formación conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad. Y, también, alude a los reales decretos por los que se establecen los certificados de profesionalidad, que determinan los requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos.
Considera el Proyecto, en su preámbulo, que toda vez que estas ofertas de formación profesional están vinculadas al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales se evidencia que, para impartir la formación conducente a la adquisición de las mismas cualificaciones, se exigen requisitos diferentes en función del tipo de oferta de formación, circunstancia que dificulta una oferta integral que dé una adecuada respuesta a las necesidades de formación de la ciudadanía y del mercado de trabajo en cada territorio. Y señala que "de este modo resulta necesario flexibilizar los requisitos de los centros para impartir formación profesional vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y generalizar una oferta formativa integrada en los centros educativos. Asimismo, el Plan de modernización de la formación profesional pretende garantizar una formación y cualificación profesional que facilite la incorporación y la permanencia de la población en el mercado laboral, dando así cobertura a las necesidades del sector productivo, lo que requiere establecer nuevas posibilidades de ofertas de formación profesional del sistema educativo que se adapten a estas nuevas exigencias. Este plan no puede desarrollarse con los objetivos y líneas de actuación que en él se incluyen si no se consiguen los elementos de flexibilidad que se proponen en el presente Real Decreto".
Matiza el preámbulo que el Real Decreto proyectado no modifica lo ya establecido en los citados Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, sino que complementa y amplía los supuestos previstos en ambos como requisitos para la oferta de enseñanzas de formación profesional.
Concluye la parte expositiva señalando que su adopción responde a los principios de buena regulación, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por lo que hace a la parte dispositiva, el Proyecto consta de cinco artículos:
o El artículo 1 ("Objeto y ámbito de aplicación") dispone que la norma proyectada tiene por objeto flexibilizar los requisitos para impartir ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de títulos de formación profesional, certificados de profesionalidad y otras ofertas formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
o El artículo 2 se refiere a la flexibilización de requisitos de los centros para impartir certificados de profesionalidad y otras acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
o El artículo 3 regula la flexibilización de requisitos de los espacios, instalaciones y equipamientos requeridos para la impartición de certificados de profesionalidad.
o El artículo 4 aborda la flexibilización de requisitos de los formadores de certificados de profesionalidad.
o Y, el artículo 5 trata de la flexibilización de la oferta formativa de Títulos de Formación Profesional.
En cuanto a las disposiciones, la final primera, señala que la norma proyectada se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 7.ª y 30.ª, primer inciso, del artículo 149.1 de la Constitución; la disposición final segunda autoriza a la titular del Ministerio de Educación y Formación Profesional para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo del Real Decreto que se proyecta; y, por último, la disposición final tercera establece la entrada en vigor del proyectado Real Decreto el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
B.- La memoria del análisis de impacto normativo
La memoria del análisis de impacto normativo, de 29 de octubre de 2021, que se inicia con un resumen ejecutivo, justifica la oportunidad de la norma proyectada en términos análogos al preámbulo.
En concreto, señala la memoria, que el fin y objetivo principal perseguido con el presente proyecto de Real Decreto es flexibilizar los requisitos para impartir ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de títulos de formación profesional, certificados de profesionalidad y otras ofertas formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Asimismo, pretende avanzar en la ampliación y flexibilización de la oferta de formación profesional.
En cuanto a las denominadas "alternativas", la memoria subraya que el Real Decreto proyectado no modifica lo establecido en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, ni en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, complementando y ampliando los supuestos previstos en ambos como requisitos para la oferta de enseñanzas de formación profesional. Por ello, concluye la memoria, que no se ha planteado ninguna otra alternativa a la prevista y tampoco se ha considerado la opción de ausencia normativa.
A continuación, la memoria hace una valoración positiva de la adecuación del Proyecto a los principios de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, de acuerdo con las previsiones del artículo 129 de dicha Ley 39/2015, señala la memoria que se han respetado los principios de buena regulación.
La memoria se refiere a continuación al contenido del Proyecto, a su tramitación y al análisis de adecuación al orden de distribución de competencias que reconoce al Estado la potestad de legislar esta materia en virtud del artículo 149.1.1.ª, 7.ª y 30.ª de la Constitución.
En cuanto a los impactos económico y presupuestario, la memoria indica que la entrada en vigor de la regulación proyectada "supone una reducción de gastos para la administración al permitir un uso eficiente y eficaz de los recursos humanos y de equipamientos existentes, al compartir dichos recursos tanto para la obtención de títulos de formación profesional como para la obtención de certificados de profesionalidad". Y, por otro lado, se indica que la aprobación de la norma proyectada no supone incremento alguno de gasto público, toda vez que esta norma viene a complementar y ampliar normativa de similares características ("El Proyecto no establece medidas que vayan a suponer un aumento del gasto público").
Tampoco conlleva cargas administrativas, dice la memoria, para los ciudadanos, al tratarse de una normativa que complementa y amplía los supuestos previstos en los Reales Decretos 34/2008 y 1147/2011.
Por otro lado, se indica que el impacto del proyecto de Real Decreto es positivo por razón de género al beneficiar por igual a mujeres y hombres, pues las oportunidades de aprovechamiento de esta norma proyectada por ambos son equivalentes.
La memoria examina otros impactos como el de la infancia y adolescencia concluyendo, que es "neutro" por cuanto no regula nada relacionado con el mismo. Y lo mismo se dice con relación al impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Finalmente, la memoria concluye que, respecto al impacto medioambiental, este es positivo al permitir un uso eficiente y eficaz de los equipamientos existentes, al compartir dichos recursos y aprovechar los mismos para las diferentes acciones formativas.
SEGUNDO.- Contenido del expediente
Además de la Orden comunicada de V. E., el Proyecto y un índice numerado de documentos, integran el expediente:
- Informe de la Abogacía del Estado del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de 20 de enero de 2021.
- Certificado de la subdirectora general de la Oficina de Atención al Ciudadano, de 25 enero de 2021, acreditativo de "Consulta pública previa" de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
- Certificado de la Secretaría del Consejo General de Formación Profesional, emitido el 24 de marzo de 2021, acreditativo de que el proyecto de Real Decreto fue informado por la Comisión Permanente del Consejo General de Formación Profesional en la sesión celebrada el 23 de marzo de 2021.
- Certificado de la subdirectora general de la Oficina de Atención al Ciudadano, de fecha 25 de marzo de 2021, que acredita la realización del trámite de información pública previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
- Dictamen número 7/2021, de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, aprobado en sesión celebrada el día 30 de abril de 2021, relativo al proyecto de Real Decreto. Y voto particular del consejero representante de la Confederación de Trabajadores de la Enseñanza Intersindical (STES) al citado dictamen.
- Acta de 26 de julio de 2021, de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo General de Formación Profesional, celebrada el 23 de marzo de 2021, en la que fue informado el proyecto de Real Decreto. El punto 7 del acta recoge la exposición de la presidenta de la Comisión sobre el Proyecto y las intervenciones de: (i) D. Juan Carlos Tejada (CEOE) que valora positivamente el Proyecto siempre que la flexibilización no se limite a los centros públicos; (ii) D. Xose Saians (CIG) que se plantea, en sentido contrario, si todos los centros privados y concertados van a poder impartir la formación parcial de certificados de profesionalidad; (iii) Dña. Gema Torres (CC.OO.) indicando, que por parte de su sindicato, ya se hicieron llegar algunas observaciones en la mesa de diálogo y le plantea dudas la aprobación de un Proyecto cuando se va a debatir una ley que, probablemente, tenga que analizar todas estas cosas; y (iv) D. Javier González (CEPYME) que reitera las consideraciones realizadas por CEOE y añade el tema de formación de adultos entendiendo que los centros privados tienen mucha experiencia en formación de adultos.
- Informe de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial, de 27 de julio de 2021, en virtud de lo previsto en el artículo 26.5.6.º de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
- Informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de 13 de septiembre de 2021, en virtud de lo previsto en el artículo 26.5.1.º de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. No formula objeciones al Proyecto.
- Informe de fecha 20 de octubre de 2021, de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, previsto en el artículo 26.9 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, a los efectos previstos en el artículo 26.5 párrafo 4 de la Ley del Gobierno, emitido el 28 de octubre de 2021. El informe desarrolla los antecedentes y el objeto del Proyecto. A continuación, se refiere a su estructura, contenido y fundamento competencial.
- Acta de la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 5 de noviembre de 2021, en la que fue informado el proyecto de Real Decreto.
Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen.
Ya en el Consejo de Estado, la Secretaría General de Formación Profesional emitió un informe el 21 de diciembre de 2021, que tuvo entrada ese mismo día, en el que se exponían las razones por las que, a pesar de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de Formación Profesional, debía proseguirse con la tramitación del proyecto de Real Decreto. El informe parte, como el preámbulo del Proyecto, de la cita de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que establece que los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y serán expedidos por las Administraciones competentes, acreditando las correspondientes cualificaciones profesionales a quienes los hayan obtenido, y en su caso, surten los correspondientes efectos académicos y profesionales según la legislación aplicable.
Estas ofertas, tanto de la Formación Profesional de Sistema Educativo, como de la Formación Profesional para el Empleo, aun teniendo un referente común en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, han venido siendo ordenadas y reguladas, en cuanto a sus requisitos, por dos Administraciones distintas: la Administración educativa y la Administración laboral, siendo las principales normas aplicables, con carácter básico, las siguientes: (i) para los títulos de formación profesional: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo; (ii) para los certificados de profesionalidad: Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, y el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
Dice el informe que, con independencia de estas normas de ordenación, cada real decreto por el que se establecen los respectivos títulos y certificados, especifica los requisitos de espacios, instalaciones, profesorado y formadores, siendo en ocasiones sustancialmente distintos para ofertas formativas que acreditan las mismas cualificaciones profesionales. "El Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, aprobado recientemente por el Congreso de los Diputados, y que sigue su tramitación parlamentaria en el Senado, establecerá un marco jurídico adecuado para el posterior desarrollo reglamentario de un sistema que integra a la Formación Profesional del Sistema Educativo y a la Formación Profesional para el Empleo. Concretamente, en dicho desarrollo, habrá de ordenarse de forma conjunta todo el sistema establecido en Grados A, B, C, D y E, y ese desarrollo sustituirá lo previsto en los RRDD 1147/2011 y 34/2008, antes citados. Lógicamente, en ese momento se determinarán los requisitos de espacio, instalaciones, profesorado y formadores, dando un carácter formal y estable al futuro modelo. Sin embargo, debemos ser conscientes de que las leyes no existen hasta que no se promulgan, no se aplican hasta que entran en vigor, y no son eficaces hasta tanto no se desarrollan reglamentariamente. En este sentido, la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la F.P. no pasa de ser un proyecto en trámite parlamentario que, aunque muy improbable, podría decaer por circunstancias sobrevenidas antes de su definitiva aprobación. Por otra parte, el desarrollo reglamentario no es inmediato. Como consecuencia de lo expuesto, el Gobierno, como no puede ser de otra manera, está obligado a adoptar las medidas que, en el actual marco jurídico, palíen el serio problema que tenemos de oferta formativa en nuestro país, y es precisamente a ello a lo que contribuye el presente Real Decreto".
I. Objeto
Se somete a consulta el proyecto de Real Decreto de flexibilización de los requisitos exigibles para impartir ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, así como de la oferta de formación profesional en centros del sistema educativo y de formación profesional para el empleo.
El dictamen se emite con carácter preceptivo y urgente, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, cuyo artículo 22 prevé, en su apartado 3, que su Comisión Permanente deberá ser consultada en relación con los "reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones".
II. Procedimiento de elaboración
El proyecto de Real Decreto ha seguido los trámites del procedimiento de elaboración de reglamentos establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en otras normas de legal y pertinente aplicación.
Con el texto proyectado se adjunta una memoria del análisis de impacto normativo, en la que se razona sobre la oportunidad de la norma y se pondera su impacto económico, presupuestario y por razón de género.
Con relación a la memoria, no obstante, hay que señalar que, en lo atinente al impacto económico, se limita a señalar que "tiene un impacto económico positivo ya que supone una reducción de gastos para la administración al permitir un uso eficiente y eficaz de los recursos humanos y de equipamientos existentes, al compartir dichos recursos tanto para la obtención de títulos de formación profesional como para la obtención de certificados de profesionalidad y de otras ofertas formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, ya que flexibiliza los requisitos para su impartición. Asimismo, supone un impacto positivo sobre la economía en general al hacer más sencillo el acceso de los ciudadanos a la formación, con la consecuencia de una población activa mejor formada con mayor competencia en el desempeño profesional, lo que reduce los gastos en formación internos de las empresas y mejora la productividad general de las mismas. En los ciudadanos afectados, mejorará su formación y les permitirá un más sencillo acceso al empleo, con mayor posibilidad de acceso a empleos más estables y con mejor remuneración".
A este respecto conviene recordar que, de conformidad con lo previsto en el apartado d) del artículo 2.1 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, su apartado 1.º exige evaluar las consecuencias de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la propuesta de la norma. También la Ley 2/2011, de 3 de marzo, de Economía Sostenible, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, o la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, inciden en la necesidad de que las iniciativas normativas de la Administración se justifiquen de manera suficiente, no solo para suministrar al titular de la potestad reglamentaria la información precisa para tomar la decisión de que se trate, sino para que la expresión detallada de sus razones pueda, en su caso, facilitar el control judicial. En este sentido, la memoria debería haber atendido y explicado las repercusiones del Proyecto en la economía y en el empleo, razonando su impacto y valorando si es significativo. El propio Proyecto trata de cuestiones que tienen una evidente trascendencia económica.
A juicio del Consejo de Estado, la memoria carece de un mínimo estudio económico que, en este caso, resulta capital tal y como ha subrayado el Tribunal Supremo (entre otras, sentencias de 27 de noviembre de 2006 y 12 de diciembre de 2016), por cuanto proporciona al Gobierno una información sobre los costes que las medidas adoptadas puedan suponer a fin de que, contraponiendo estos con las ventajas que aquellas han de representar, evidenciadas en la memoria justificativa, la decisión se adopte con conocimiento de todos los aspectos, tanto negativos como positivos que la aprobación del reglamento ha de significar. Respecto a la memoria económica -ha dicho el Alto Tribunal- que es cierto que no cabe exigir una ponderación detallada y exacta de todos los costes que pueda suponer una norma reglamentaria, pues se trata de datos cuya completa determinación puede resultar imposible en el momento de aprobarse aquella, pero al menos es preciso la elaboración de una estimación aproximada que tenga en cuenta las variables que puedan producirse.
Resulta también llamativo que nada se diga acerca del impacto presupuestario de un Proyecto que pretende ampliar la oferta de formación profesional, por la vía de la flexibilización. A este respecto la memoria se limita a señalar que la aprobación del Proyecto "no supone incremento alguno de gasto público, toda vez que esta norma viene a complementar y ampliar normativa de similares características. El Proyecto no establece medidas que vayan a suponer un aumento del gasto público".
En el expediente remitido al Consejo de Estado obran los informes de las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Educación y Formación Profesional, promotor de la propuesta normativa. Asimismo, consta el informe en materia de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de conformidad con lo previsto en el apartado sexto del artículo 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
También constan en el expediente los certificados de la Subdirección General de la Oficina de Atención al Ciudadano, el de la Secretaría del Consejo General de la Formación Profesional, el acta de la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y el informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Y obra, igualmente, el dictamen de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado.
No consta en el expediente el trámite de audiencia a las comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta a este respecto, que la actuación estatal en materia de formación profesional ha constituido, con carácter general, una fuente de controversias competenciales con las comunidades autónomas. Entre otros conflictos, recuérdese el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalidad de Cataluña contra los artículos 5.1; 7; 8.4, 11.7 y la disposición final primera, apartado 2, párrafos primero y segundo, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, resuelto por la sentencia 111/2012, de 24 de mayo. Dicha sentencia, en lo atinente a la cuestión que ahora trata el proyecto de Real Decreto sobre los títulos y certificados de profesionalidad y como se dirá más abajo al tratar la específica cuestión de la competencia del Estado, entendió que la comprensión del precepto (artículo 8.4) ha de partir de la premisa de que la intervención del Estado tiene una distinta intensidad en función de la modalidad de formación profesional sobre la que se esté actuando.
A los efectos que ahora interesa, la sentencia señalaba que, deben tenerse en cuenta las dos vertientes competenciales presentes en la regulación examinada y considerar que, mientras en el ámbito laboral es competencia exclusiva del Estado la íntegra regulación de la materia merced al título del artículo 149.1.7.ª de la CE (lo que le permite regular completamente los requisitos y procedimientos para la evaluación y acreditación de las competencias, así como sus efectos), en la esfera educativa, el Estado no tiene ese monopolio legislativo en virtud del artículo 149.1.30.ª de la CE, y debe quedar un margen para que las comunidades autónomas ejerzan sus competencias normativas.
Pues bien, no consta en el expediente que el citado Proyecto haya tenido eco alguno en las comunidades autónomas, lo que hubiera sido deseable teniendo en cuenta las controversias competenciales que, como se ha dicho, genera esta materia.
III. Base normativa y rango
La norma legal de referencia es la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. En concreto, conforme a su artículo 8, ("Reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales"):
"1. Los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, son expedidos por las Administraciones competentes y tendrán los efectos que le correspondan con arreglo a la normativa de la Unión Europea relativa al sistema general de reconocimiento de la formación profesional en los Estados miembros de la Unión Europea y demás Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Dichos títulos y certificados acreditan las correspondientes cualificaciones profesionales a quienes los hayan obtenido, y en su caso, surten los correspondientes efectos académicos según la legislación aplicable.
2. La evaluación y la acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, tendrá como referente el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y se desarrollará siguiendo en todo caso criterios que garanticen la fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación.
3. El reconocimiento de las competencias profesionales así evaluadas, cuando no completen las cualificaciones recogidas en algún título de formación profesional o certificado de profesionalidad, se realizará a través de una acreditación parcial acumulable con la finalidad, en su caso, de completar la formación conducente a la obtención del correspondiente título o certificado.
4. El Gobierno, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, fijará los requisitos y procedimientos para la evaluación y acreditación de las competencias, así como los efectos de las mismas".
Además, su disposición final tercera ("Habilitación para el desarrollo normativo") habilita al Gobierno a fin de que dicte, previa consulta al Consejo General de Formación Profesional, la normativa precisa para el desarrollo de la propia ley orgánica, en el ámbito de sus competencias.
En paralelo, el apartado primero del artículo 42 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, señala: "1. Corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, programar la oferta de las enseñanzas de formación profesional. Los estudios de formación profesional contemplados en esta Ley podrán realizarse en los centros educativos que en ella se regulan, así como en los centros integrados de formación profesional a los que se refiere el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. El Gobierno, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, establecerá los requisitos básicos que deberán reunir los centros que impartan ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de títulos de formación profesional. El Gobierno promoverá que los centros autorizados para impartir formación profesional del sistema educativo, que reúnan los requisitos necesarios, puedan impartir formación profesional para el empleo, de acuerdo con lo recogido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional".
Por consiguiente, el rango de la norma proyectada -real decreto- se considera suficiente y adecuado.
IV. Competencia del Estado
El Proyecto se dicta, como se indica en su disposición final primera, al amparo del artículo 149.1, 7.ª y 30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; la legislación laboral; y la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Estos mismos títulos competenciales son los invocados por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral (y por el reciente Real Decreto 143/2021 que lo modifica), por el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, y por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
A este respecto ha de recordarse que según la STC 111/2012, de 24 de mayo, la comprensión del artículo 8.4 de la Ley Orgánica 5/2002 ha de partir de la premisa de que "la intervención del Estado tiene una distinta intensidad en función de la modalidad de formación profesional sobre la que se esté actuando, lo que impide realizar una lectura unívoca del mismo. Por ello, es preciso tener en cuenta las dos vertientes competenciales presentes en la regulación examinada y considerar que, mientras el ámbito laboral es competencia exclusiva del Estado la íntegra regulación de la materia merced al título del artículo 149.1.7 CE (lo que le permite regular completamente los requisitos y procedimientos para la evaluación y acreditación de las competencias, así como sus efectos), en la esfera educativa el Estado no tiene ese monopolio legislativo en virtud del artículo 149.1.30 CE y debe quedar un margen para que las Comunidades Autónomas ejerzan sus competencias normativas. Por tanto, es en el campo del sistema educativo en el que se enmarca la impugnación del artículo 8.4 y en él el entendimiento de dicho precepto habrá de realizarse de acuerdo con las competencias que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas ostentan en la materia".
Partiendo de esta base, el Tribunal Constitucional declaró constitucional el artículo 8.4 de la Ley Orgánica 5/2002, en relación con el sistema educativo, por cuanto entendió que "no reserva al Gobierno la íntegra regulación de todos los aspectos referidos a la evaluación y acreditación de las competencias, sino sólo de aquellos contenidos y criterios básicos que forman parte de las enseñanzas mínimas, por lo que queda un margen a las Comunidades Autónomas para desarrollar sus facultades normativas inherentes a las competencias que ostentan en la materia, de donde se extrae la consecuencia de que el precepto impugnado no vulnera el orden constitucional de competencias".
Se considera, conforme a la legislación y la jurisprudencia constitucional expuestas, que el Estado tiene competencia para dictar el Proyecto sometido a consulta.
V. Observación general
La regulación de la formación profesional en España se enmarca en el artículo 27 de la Constitución, que reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, orientando el objeto de la educación al pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales en conexión con el artículo 40 del citado texto constitucional, que dispone que los poderes públicos promoverán una política orientada al pleno empleo y fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales.
El desarrollo de estos preceptos ha tenido lugar de conformidad con el reparto competencial operado entre el Estado y las comunidades autónomas al amparo de los artículos 148 y 149, número 1, 1.ª, 7.ª, 18.ª y 30.ª de la Constitución.
Dentro de ese marco, la regulación de la formación profesional se ha abordado tanto a través de la legislación laboral que ha alumbrado la llamada formación profesional para el empleo (entre otras, la todavía vigente Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional), como mediante la regulación relativa al sector educativo.
La formación profesional para el empleo se concreta en los certificados de profesionalidad, que son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales adquiridas en el empleo y previstas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, actualmente regido por la citada Ley Orgánica 5/2002.
Y, en lo que se refiere a la legislación del sistema educativo, que originó la llamada formación profesional del sistema educativo, la formación profesional ha venido desarrollándose en las diversas normas reguladoras del sistema educativo, estando actualmente vigente la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), con las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. A modo de recordatorio, téngase en cuenta que esta regulación de la formación profesional en el sistema educativo (LOE) distingue tres grados de la formación profesional: básico (con la nueva Ley Orgánica 3/2020, se denomina "grado formativo básico"), medio o técnico y superior o técnico superior.
Las disposiciones legales referidas a cada uno de los dos indicados sistemas de formación profesional (el laboral y el educativo) han sido objeto de un desarrollo reglamentario extenso y complejo.
A modo de ejemplo, con relación a la formación profesional para el empleo, pueden citarse los siguientes: Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo, por el que se crea el Instituto Nacional de las Cualificaciones; Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, que regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales; Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad; Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero, que recoge el régimen de los Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la formación profesional; Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, recientemente modificado por el Real Decreto 143/2021; o Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
Y, con relación a la formación profesional en el sistema educativo, pueden señalarse, también como ejemplo, los siguientes: Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, referido a los requisitos básicos de los Centros integrados de formación profesional; Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, que establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo; Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Por otro lado, a todo lo anterior ha de añadirse todo un conjunto de numerosas normas autonómicas, relativas a la ordenación académica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y la ordenación de las enseñanzas de formación profesional para el empleo.
Pues bien, hay que tener en cuenta que los dos sistemas descritos (formación profesional del sistema educativo y formación profesional para el empleo) son los que el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional se propone integrar en un sistema unitario de formación profesional, tal y como conoció el Consejo de Estado, en fase de anteproyecto, y que dio lugar al dictamen número 723/2021, de 6 de septiembre. Con ello, se pretende, según se expone en su exposición de motivos, dar una respuesta eficaz a las exigencias del nuevo modelo económico, dinámico y digitalizado, y a las demandas del tejido empresarial español, que precisa de colectivos cualificados y que no quede anclado en la dicotomía existente entre los dos subsistemas ahora existentes.
Hechas estas precisiones anteriores y entrando en el examen de la norma objeto de consulta, el proyecto de Real Decreto parte de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que establece que los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y serán expedidos por las Administraciones competentes. El Proyecto, citando nuevamente la referida Ley Orgánica de 2002, determina que las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, consolidaran una red estable de centros de formación profesional que permita armonizar la oferta y avanzar en la calidad de la misma. Para ello se establece, entre otros asuntos, que las Administraciones educativas y laborales competentes establecerán el procedimiento para que los centros autorizados para impartir formación profesional del sistema educativo, que reúnan los requisitos necesarios, puedan impartir también formación profesional para el empleo.
Sobre la base de todo ello, el proyecto de Real Decreto ahora examinado tiene por objeto flexibilizar los requisitos con relación a las ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de "certificados de profesionalidad y otras ofertas formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 5/2002" (artículo 1). Los artículos 2, 3, 4 y 5 se refieren a la flexibilización de requisitos en centros, espacios, instalaciones y equipamientos o de los propios formadores, para expedir los correspondientes certificados de profesionalidad u otros certificados de competencia de formación profesional, en concordancia con lo previsto en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y, sobre todo, en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, "para la impartición de los certificados de profesionalidad y otras acciones formativas de formación profesional para el empleo vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales" (artículo 2.1).
Con carácter general, este Consejo de Estado no pone objeción alguna a una propuesta normativa reglamentaria que, en línea con lo pretendido por la Ley Orgánica 3/2020 que modificó la Ley Orgánica de Educación de 2002, introduce criterios de flexibilización de las enseñanzas de formación profesional y la agilización de procesos de incorporación de nuevos contenidos para un mayor acceso al mercado laboral -con la correspondiente mejora de igualdad de oportunidades-, siempre que no deterioren el nivel educativo exigido para el desempeño de las tareas que se validan o certifican.
Sin embargo, como ya se ha avanzado más arriba, debe tenerse muy en consideración que, a fecha del presente dictamen, se encuentra en su última fase de tramitación parlamentaria el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de Formación Profesional.
En la versión del proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de Formación Profesional publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de 13 de diciembre de 2021, se indica en su exposición de motivos lo siguiente:
"La actual regulación de la formación profesional en España no cumple con los requisitos y resultados de un buen sistema que acaban de señalarse. La base de nuestro ordenamiento en materia de formación profesional, la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y la Formación Profesional, creó un sistema de formación profesional ligado al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales que supuso un indudable avance. Pero los dos sistemas creados desde entonces, la formación profesional del sistema educativo, con sus correspondientes ciclos formativos, y la formación profesional para el empleo, a través de los certificados de profesionalidad, no sirven para dar una respuesta eficaz, veinte años después, a las necesidades y al modelo que la nueva economía requiere. Su división en dos subsistemas destinados a diferentes colectivos, sin relación entre ellos, es fuente de limitaciones importantes en la cualificación y recualificación profesional en España. De aquí la urgente necesidad de su reforma. Esta urgencia se ve facilitada por la oportunidad que ahora representan los Fondos Europeos "Next Generation UE" para financiar el nuevo sistema de formación profesional. Los argumentos anteriores y la insuficiencia de la regulación vigente ponen de manifiesto la necesidad y trascendencia de un nuevo sistema. Su objetivo es la constitución y ordenación de un sistema de formación profesional al servicio de un régimen de formación y acompañamiento profesionales que sea capaz de responder con flexibilidad a los intereses, las expectativas y las aspiraciones de cualificación profesional de las personas a lo largo de su vida. A la vez, ha de ser también un poderoso instrumento para el fortalecimiento y sostenibilidad de la economía que satisfaga las competencias demandadas por el mundo laboral, tanto para el aumento de la productividad como para la generación de empleo y su mantenimiento por parte de los sectores productivos".
Por otro lado, en el capítulo II del título I de la nueva ley orgánica se proyecta crear, modificando así el actual Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, un Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales, alineando la denominación con el significado que tiene en los países de la Unión Europea y evitando, de ese modo, los errores interpretativos a que ha venido dando lugar el término "cualificación". Todo ello, sin perjuicio de la proyectada creación de un Catálogo Modular de Formación Profesional y de un Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional.
Además, la flexibilización de la formación hasta las "microformaciones" (tal y como literalmente se refiere la exposición de motivos del proyecto de ley orgánica en diversas ocasiones) requiere contar con referentes menores, como son los estándares de competencia (equivalentes a las unidades de competencia contenidas en las hasta ahora cualificaciones profesionales). Los estándares de competencia se organizarán por familias profesionales y por niveles en función de la complejidad de las tareas que describen.
A todo lo antedicho se une que la propia Secretaría General de Formación Profesional, en el informe emitido el 21 de diciembre de 2021, que tuvo entrada en el Consejo de Estado ese mismo día, reconoce lo siguiente: "... El Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, aprobado recientemente por el Congreso de los Diputados, y que sigue su tramitación parlamentaria en el Senado, establecerá un marco jurídico adecuado para el posterior desarrollo reglamentario de un sistema que integra a la Formación Profesional del Sistema Educativo y a la Formación Profesional para el Empleo. Concretamente, en dicho desarrollo, habrá de ordenarse de forma conjunta todo el sistema establecido en Grados A, B, C, D y E, y ese desarrollo sustituirá lo previsto en los RRDD 1147/2011 y 34/2008, antes citados. Lógicamente, en ese momento se determinarán los requisitos de espacio, instalaciones, profesorado y formadores, dando un carácter formal y estable al futuro modelo". Únicamente, considera el citado informe que el Proyecto de Real Decreto sometido a examen debe tramitarse porque la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional es un "proyecto en trámite parlamentario que, aunque muy improbable, podría decaer por circunstancias sobrevenidas antes de su definitiva aprobación".
A la vista de todo ello, a juicio del Consejo de Estado, de acuerdo con un principio de calidad técnica y congruencia de la iniciativa normativa, sería más oportuno no proseguir con la tramitación de este proyecto de Real Decreto en el estado de tramitación en que se encuentra el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de Formación Profesional; especialmente, teniendo en cuenta el contenido del proyecto de Real Decreto y, consecuentemente, las modificaciones que va a exigir que se lleven a cabo en el texto del citado proyecto para ajustarlo al proyecto de Ley Orgánica que, según la proyectada disposición derogatoria, prevé derogar la propia Ley Orgánica 5/2002.
Es cierto que el artículo 42.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, se refiere a la oferta de las enseñanzas de formación profesional y señala, "el Gobierno promoverá que los centros autorizados para impartir formación profesional del sistema educativo, que reúnan los requisitos necesarios, puedan impartir formación profesional para el empleo, de acuerdo con lo recogido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional".
Pero, evidentemente, esta previsión, como el propio texto reproducido indica, debe hacerse "de acuerdo con lo recogido en la Ley Orgánica 5/2002", norma que será derogada por la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de Formación Profesional. En este sentido, el propio artículo 3.1 de esa nueva ley que se está proyectando dispone, entre otros principios generales, que el sistema de formación profesional se desarrolla conforme a los "principios de (...) flexibilidad y modularidad de ofertas de formación acreditables y acumulables en un continuo de formación conducente a diversos niveles de acreditaciones, certificados y titulaciones".
De tener en cuenta esta observación por la autoridad consultante, sería deseable que la eventual futura regulación sobre la flexibilización de los requisitos exigibles en las ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de las correspondientes acreditaciones de profesionalidad estuviera armonizada con el resto de reformas que habrán de llevarse a cabo en los vigentes reales decretos reguladores de esta materia, en particular, el Real Decreto 34/2008 , de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, que establece unos requisitos generales de los centros que impartan la formación conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad, y el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, que determina los requisitos de los centros donde se impartan las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo.
VI. Consideraciones al texto del Proyecto
Para el caso de que la autoridad consultante no atendiera a todo lo expuesto en la observación general precedente y considerase proseguir con la tramitación del Proyecto, se formulan a continuación una serie de observaciones al texto normativo proyectado.
a) El título del Proyecto es el siguiente: "Proyecto de Real Decreto XXX/2021, de xx de xx, de flexibilización de los requisitos exigibles para impartir ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, así como de la oferta de formación profesional en centros del sistema educativo y de formación profesional para el empleo".
Se sugiere simplificar el título en línea con lo previsto en el propio mandato a que se refiere la Ley Orgánica 3/2020, con una redacción del siguiente tener o similar: "Proyecto de Real Decreto XXX/2021, de xx de xx, de flexibilización de los requisitos exigibles para la obtención de certificados de profesionalidad y de la oferta de formación profesional".
b) El artículo 1 lleva por rúbrica "Objeto y ámbito de aplicación" y dispone lo siguiente: "Este real decreto tiene por objeto flexibilizar los requisitos para impartir ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de títulos de formación profesional, certificados de profesionalidad y otras ofertas formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Asimismo, tiene por objeto avanzar en la ampliación y flexibilización de la oferta de formación profesional".
En primer lugar, el artículo 1 parece que solo atiende al "objeto" pero no al "ámbito de aplicación", lo que exigiría el correspondiente ajuste en la rúbrica del citado precepto.
Por otro lado, a la vista del contenido del Proyecto puede apreciarse que el objeto de este proyecto de Real Decreto a que se refiere el artículo 1 no se corresponde con su contenido, ya que los artículos 2, 3 y 4 se refieren a la flexibilización de requisitos relacionados con la impartición de certificados de profesionalidad y el artículo 5, aunque en su rúbrica, hace referencia a la "oferta formativa de Títulos de Formación Profesional", sin embargo, como puede apreciarse de una rápida lectura no está introduciendo criterios de flexibilización de los propios títulos de formación profesional, sino que viene a permitir que se puedan diseñar otras "ofertas modulares parciales de menor duración que los títulos (...) bajo la denominación de certificados de formación profesional, certificados de competencia o certificados parciales de competencia".
Dicho de otro modo, resulta necesario diferenciar entre: (i) los certificados que permiten acreditar que una persona alcanza los requisitos necesarios para el cumplimiento de una actividad profesional, de acuerdo con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que expide el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y (ii) los títulos de Formación Profesional que son el resultado de una formación educativa que expide el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Lo que ahora se pretende flexibilizar en el Proyecto está en conexión con los certificados pertenecientes al primer grupo, esto es, los relativos a los procedimientos de reconocimiento y evaluación de la competencia adquirida mediante la experiencia laboral u otros aprendizajes para adquirir condiciones para su promoción profesional y laboral, de modo que, a fin de evitar confusión, habría que eliminar la expresión "títulos de formación profesional" del artículo 1 y sustituir la rúbrica del artículo 5 para ajustarla a su contenido.
Todo ello, sin perjuicio de recordar que, en el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que se está tramitando en fase parlamentaria, ya el Consejo de Estado, en su dictamen número 723/2021, antes citado, con relación al entonces anteproyecto, señalaba la necesidad de sistematizar y definir mejor los "títulos, certificados y acreditaciones", expresión que se utiliza repetidamente en el texto proyectado.
Finalmente, con relación al artículo 1 del Proyecto, se sugiere eliminar el último inciso ("Asimismo, tiene por objeto avanzar en la ampliación y flexibilización de la oferta de formación profesional") porque no hace más que reiterar lo ya expresado anteriormente.
c) El artículo 2 se refiere a la flexibilización de requisitos de los centros para impartir certificados de profesionalidad y otras acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El apartado 1 de dicho precepto debe reformularse, pues carece de toda comprensión en los términos en que se expone. Dice que "además de los requisitos establecidos en el artículo 12 bis del Real Decreto 34/2008 (...) también se considerarán suficientes, de forma alternativa, los requisitos sobre espacios formativos establecidos en el artículo 46 del Real Decreto 1147/2011". Sin embargo, de una simple lectura del artículo 12 bis, apartado primero, se desprende que este precepto se remite precisamente "a los requisitos especificados" en otros reales decretos, entendiendo entre ellos, el Real Decreto 1147/2011. De modo que no parece que pueda ofrecerse como alternativa -tal y como pretende el Proyecto- los requisitos previstos en uno u otro real decreto, pues uno se remite al otro.
d) El artículo 4 aborda la flexibilización de requisitos de los formadores de certificados de profesionalidad. Se sugiere también modificar la redacción del citado precepto, pues resulta de difícil comprensión, especialmente, la segunda parte del párrafo: "... teniendo en cuenta la correspondencia de las unidades de competencia asociadas a los módulos profesionales de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 y en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su convalidación, así como la atribución docente de dichos módulos profesionales".
e) El artículo 5 del Proyecto es un ejemplo muy ilustrativo que abunda en la conveniencia sugerida por este Consejo de Estado para coordinar esta propuesta de flexibilización de los requisitos en el ámbito de la formación profesional que pretende el Proyecto con el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de Formación Profesional.
El precepto proyectado, partiendo de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 1147/2011, exhorta a las Administraciones educativas a que puedan "diseñar o autorizar ofertas modulares parciales de menor duración que los títulos y cursos de especialización, bajo la denominación de certificados de formación profesional, certificados de competencia o certificados parciales de competencia".
La propia Secretaría General de Formación Profesional, en su informe de 21 de diciembre de 2021, señala que el Real Decreto 1147/2011, como también el Real Decreto 34/2008, van a tener que ser "sustituidos" para adecuarse a la futura Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional.
Este Consejo entiende que, en determinados casos, podría llegar a justificarse la urgencia de un desarrollo reglamentario para regular determinadas situaciones que no pueden esperar a la aprobación de una ulterior norma relacionada con la misma. Pero, en este caso, resulta de difícil comprensión (o, cuando menos de una insuficiente coherencia en las propuestas normativas) que se ofrezca a las Administraciones educativas la posibilidad de diseñar o autorizar ofertas modulares parciales con denominaciones diversas, cuando parece inminente la aprobación de una nueva regulación general de formación profesional que va a obligar -y así lo reconoce expresamente la Secretaría General de Formación Profesional- a un global "desarrollo reglamentario de un sistema que integra a la Formación Profesional del Sistema Educativo y a la Formación Profesional para el Empleo" .
Sin perjuicio de lo anterior, habría sido más razonable que el artículo 5 del Proyecto se hubiera configurado directamente como una reforma del artículo 6 del Real Decreto 1147/2011, a través de una disposición final. Téngase en cuenta que el artículo 6.2 del citado Real Decreto señala lo siguiente: "2. Con el fin de promover la formación a lo largo de la vida, las Administraciones educativas podrán organizar la impartición de los módulos profesionales en unidades formativas de menor duración. Estas unidades podrán ser certificables. La certificación tendrá validez en el ámbito de la correspondiente Administración educativa. La superación de todas las unidades formativas que constituyen un módulo profesional dará derecho a la certificación del mismo, que es la unidad mínima de certificación con valor en todo el territorio nacional". El artículo 5 del Proyecto podría articularse, por ejemplo, como un nuevo apartado 3 del artículo 6 del real decreto de 2011.
Finalmente, debería corregirse el apartado 7 del mismo artículo 5 del Proyecto, suprimiendo la primera frase ("Estas ofertas formativas serán certificables"), puesto que, precisamente, todos los apartados anteriores de este artículo giran en torno a la posibilidad de que esas nuevas ofertas modulares parciales que se puedan diseñar serán certificables a través de los certificados de formación profesional, certificados de competencia o certificados parciales de competencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo del presente dictamen, y muy particularmente la expuesta en la consideración V del mismo, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto remitido en consulta".
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 13 de enero de 2022
LA SECRETARIA GENERAL,
LA PRESIDENTA,
EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. - 3 -
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