La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2021, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
"El Consejo de Estado, en cumplimiento de una Orden de V. E. de 28 de septiembre de 2021, con registro de entrada el día 29 siguiente, ha examinado el proyecto de Real Decreto por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.
De antecedentes resulta:
Primero. El Proyecto de Real Decreto
El Proyecto de Real Decreto por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional (el Proyecto), fechado el 28 de septiembre de 2021, consta de preámbulo, veintiséis artículos, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
Comienza el preámbulo indicando que la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha abordado una ambiciosa transformación del sistema educativo español con el objetivo principal, según declara la propia ley orgánica en su exposición de motivos, de establecer un renovado ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los resultados educativos del alumnado y que satisfaga la demanda de una educación de calidad para todos.
En el marco de esta renovación, prosigue el preámbulo del Proyecto, en las etapas que integran la educación obligatoria y el Bachillerato, la Ley Orgánica 3/2020 modifica significativamente la regulación de la evaluación, la promoción y la titulación, basándola principalmente en la consecución de los objetivos y en la adquisición de las competencias que se estimen necesarios para la formación del alumnado en cada momento. En línea con este marco normativo, presenta una especial relevancia la actuación colegiada del equipo docente, al que se otorga la responsabilidad de la decisión sobre la promoción y la titulación de su alumnado. Al mismo tiempo, la Ley Orgánica 3/2020 favorece el establecimiento de mecanismos de apoyo y refuerzo, previendo que la permanencia en un mismo curso escolar en la educación básica debe ser considerada una medida excepcional que solo se podrá adoptar una vez durante la Educación Primaria y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria, y que deberá ir acompañada de un plan específico y personalizado de apoyo para la adquisición de las competencias no alcanzadas.
Siguiendo este planteamiento, la Ley Orgánica 3/2020 ha previsto que los alumnos y alumnas que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria hayan alcanzado las competencias y los objetivos de la etapa obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con las decisiones adoptadas de forma colegiada por su profesorado. La superación de un Ciclo Formativo de Grado Básico conducirá igualmente a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Por su parte, en Bachillerato, el profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si los alumnos han logrado los objetivos y han alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. La promoción de primero a segundo de Bachillerato se prevé cuando se hayan superado las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo. Para obtener el título será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato si bien se contempla la posibilidad de que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se considere que han alcanzado los objetivos y las competencias vinculados a ese título, de modo análogo a los procedimientos de compensación que existen en la enseñanza universitaria.
Por lo que se refiere a la Formación Profesional, la evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará por módulos, teniendo en cuenta la globalidad del ciclo.
En el calendario de implantación que recoge la disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, se prevé la incorporación de las modificaciones previstas en diferentes fases, combinando la conveniencia de no aplazar más de lo necesario la renovación del sistema con la necesidad de que las Administraciones dispongan de tiempo para la regulación de aquellos aspectos que exigen una preparación más laboriosa. De acuerdo con dicho calendario, las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas, así como las relativas a las condiciones de titulación de Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos de Grado Básico y Bachillerato, se implantarán al inicio del curso siguiente a la entrada en vigor de la ley, si bien la incorporación gradual de las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de las distintas etapas se posponen al curso escolar que se inicie un año después.
Como indica el preámbulo, en tanto que no se publiquen los reales decretos que desarrollen estos aspectos, procede abordar la regulación de la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, que serán de aplicación, para todos los cursos, en el curso 2021-2022 y, para los cursos pares, en el 2022-2023, conforme a lo dispuesto en la mencionada ley orgánica y con las adaptaciones precisas para su aplicación a la organización de las etapas todavía en vigor.
En cualquier caso, destaca la parte introductoria del Proyecto que la implantación de las modificaciones previstas en la nueva ley orgánica ha de ir vinculada a la aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, hasta que las autoridades correspondientes no determinen que han dejado de concurrir las circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia generada por la COVID-19.
El preámbulo concluye haciendo referencia a la observancia por el Proyecto de los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a las entidades y organismos que han intervenido en su tramitación, además de a las competencias del Estado para dictar la norma proyectada.
El Proyecto divide su parte articulada en veintiséis artículos, agrupados en siete capítulos.
El capítulo I, dedicado a las "Disposiciones generales", contiene siete artículos dedicados, respectivamente, al objeto y el ámbito de aplicación de la norma (artículos 1 y 2), los referentes de la evaluación (artículo 3), el derecho del alumnado a una evaluación objetiva (artículo 4), la participación y el derecho a la información de madres, padres o tutores legales (artículo 5), la atención a las diferencias individuales en la evaluación (artículo 6) y la evaluación de la lengua cooficial (artículo 7).
Conforme a los artículos 1 y 2:
"Artículo 1. Objeto. El presente real decreto tiene por objeto establecer la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.
Artículo 2. Ámbito de aplicación. Lo establecido en el presente real decreto será de aplicación en los centros que imparta Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, así como en los centros autorizados por las respectivas Administraciones educativas para impartir enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller".
El capítulo II trata de la "Educación Primaria" y regula la evaluación y la promoción en esta etapa educativa (artículos 8 y 9).
El capítulo III se dedica a la "Educación Secundaria Obligatoria"; al igual que el capítulo anterior, dedica dos artículos (10 y 11) a la evaluación y la promoción, respectivamente. Además de ello, regula el denominado consejo orientador (artículo 12), la incorporación a los programas de diversificación curricular (artículo 13), la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (artículo 14), la incorporación a un ciclo formativo de Grado Básico (artículo 15) y el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (artículo 16).
El capítulo IV trata de los "Ciclos de Formación Profesional Básica" y regula la evaluación y la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (artículos 17 y 18).
El capítulo V regula el "Bachillerato". En este capítulo se contienen normas sobre la evaluación (artículo 19), la promoción (artículo 20), el título de Bachiller (artículo 21) y la obtención del título de Bachiller desde otras enseñanzas (artículo 22).
El capítulo VI se dedica a la "Formación profesional"; contiene un único artículo (artículo 23) que regula la evaluación y la titulación.
Finalmente, el capítulo VII establece el régimen de la "Educación de personas adultas", regulando la educación básica (artículo 24), el Bachillerato (artículo 25) y las pruebas libres para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller (artículo 26).
La disposición transitoria primera se dedica a la obtención del título de Bachiller en las modalidades de Ciencias o de Humanidades y Ciencias Sociales desde las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza.
La disposición transitoria segunda trata de la obtención del título de Bachiller con el título de Técnico Superior de Formación Profesional.
La disposición transitoria tercera regula la evaluación y promoción en la Educación para personas adultas.
La disposición transitoria cuarta se dedica a los documentos de evaluación.
La disposición transitoria quinta, carente de título, establece las reglas relativas a la supresión de la evaluación extraordinaria en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.
La disposición derogatoria única ("Derogación normativa") prevé que queden derogados los artículos 11 y 12 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, y los artículos 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33 y 34, y los apartados 4 y 7 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, así como cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el proyectado real decreto.
La disposición final primera ("Título competencial") establece que el Proyecto se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Por medio de la disposición final segunda, dedicada a la "Aplicación", se faculta a la persona titular del Ministerio de Educación y Formación Profesional para dictar cuantas disposiciones requiera la aplicación de lo dispuesto en el proyectado real decreto, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas.
Y la disposición final tercera, dedicada a la "Entrada en vigor", dispone que el Proyecto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", añadiendo que "su contenido será de aplicación a partir del curso escolar 2021-2022".
Segundo. Memoria del análisis de impacto normativo
La memoria del análisis de impacto normativo, de 28 de septiembre de 2021, se ha elaborado de forma abreviada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, al haberse estimado que del Proyecto no se derivan impactos apreciables en la mayor parte de los ámbitos, por lo que no procede la elaboración de una memoria completa.
Tras analizar la oportunidad de la propuesta y sus objetivos, así como las alternativas normativas posibles, se examinan el contenido y la estructura del Proyecto.
En el análisis jurídico de la iniciativa proyectada se examinan, entre otras cuestiones, su fundamento en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución y en los artículos 6 y 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y rango normativo, además de su coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, siendo desarrollo de lo previsto en la disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, sobre calendario de implantación de las novedades introducidas en la LOE.
La memoria entiende que el proyecto se adecúa al orden de distribución de competencias. Tras describir la tramitación, procede al análisis de impactos.
Se estima que el Proyecto tendrá un impacto positivo en la economía en general, al tener por objetivo, como la Ley Orgánica 3/2020, la mejora de la evaluación y la promoción del alumnado, lo que conllevará un impacto positivo, también, en la productividad y el empleo. A esto se suma, además, el hecho de que por primera vez se regula la titulación del alumnado con necesidades educativas especiales, permitiendo su acceso al título desde las adaptaciones curriculares, lo cual incidirá en una reducción de la tasa de los no titulados en este colectivo y, consiguientemente, del de los jóvenes que ni estudian ni trabajan.
Entiende la memoria que el Proyecto no tiene incidencia sobre la competencia en el mercado ni en materia de cargas administrativas.
Por lo que se refiere al impacto presupuestario, se entiende que algunas medidas, como el establecimiento de procedimientos de detección precoz de dificultades de aprendizaje, de apoyo a los alumnos y las alumnas que las manifiestan, o de refuerzo y recuperación de competencias no alcanzadas, tendrán un coste, pero que será inferior al que supone para el sistema actualmente la elevada tasa de repeticiones que se dan en las dos etapas de educación obligatoria superior. Para la memoria, en la medida en que el sistema vaya sustituyendo el recurso a la repetición por los recursos para el apoyo, se producirá una mayor eficiencia del gasto. En cuanto a los criterios de titulación, continúa la memoria, el Proyecto no contempla la exigencia de realizar pruebas finales de las etapas Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato, que ya fueron suspendidas temporalmente mediante el Real Decreto-ley 5/2016, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Para la memoria, el coste de las evaluaciones finales de Bachillerato puede considerarse equivalente al de las pruebas de acceso a la universidad que las sustituyen, aun cuando en este caso necesariamente el gasto se realiza a través de las universidades y en el caso de las evaluaciones finales de Bachillerato "no estaba previamente determinado en la Ley el procedimiento". En el caso de la Educación Primaria y de la ESO, la eliminación de las evaluaciones finales ha supuesto la sustitución por unas evaluaciones muestrales "que debieran tener menor coste". Concluye este apartado de análisis de impactos señalándose que la previsión de realización de evaluaciones de diagnóstico de carácter censal, en el cuarto curso de Educación Primaria y en el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, supone un coste en el peor de los casos comparable al de las evaluaciones finales que se suprimen.
En cuanto al impacto por razón de género, se han tomado como referencia los datos de partida que se presentan en la memoria de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. De acuerdo con el análisis que contiene, se evidencia que sigue habiendo elementos de mejora en la ordenación del sistema educativo español desde una perspectiva de eliminación de desigualdades y contribución al desarrollo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. No obstante, según la memoria, los principales aspectos sobre los que se espera tener impacto, están más directamente relacionados con aspectos curriculares y organizativos y de formación del profesorado, que serán objeto de ulteriores desarrollos, que con el proceso de evaluación y los criterios de promoción y titulación regulados en el Proyecto, que resulta aplicable de igual forma a los hombres y a las mujeres, sin que de la misma puedan derivarse consecuencias negativas discriminatorias por razón de género.
El impacto en la infancia y la adolescencia se estima positivo porque la nueva regulación de la evaluación, la promoción y la titulación incrementarán el porcentaje del alumnado que realizan el curso conforme a su edad, del mismo modo que la flexibilización de las condiciones para la obtención del título de Graduado en ESO se espera que permita reducir la tasa de abandono escolar temprano en nuestro país.
El impacto en la familia se estima nulo.
En cuanto al impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se considera positivo por cuanto las medidas que incorpora -atención individualizada, prevención de dificultades de aprendizaje, mecanismos de refuerzo, medidas de flexibilización o personalización de la evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo- persiguen hacer efectivo su derecho a la educación en igualdad.
Se ha evaluado el impacto que tendrá para la ciudadanía y para la Administración el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración digital que conlleve la norma, y se considera nulo, como también el impacto sobre el cambio climático.
La memoria concluye con un apartado dedicado a la evaluación ex post, en el que se indica que, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en el Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa (artículo 3), el Proyecto ha sido incluido en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2021, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de agosto de 2021, donde no se ha previsto que deba ser objeto de evaluación por sus resultados.
La memoria se acompaña de unos anexos I y II en los que, respectivamente, se contiene la valoración de las aportaciones efectuadas sobre el Proyecto y la memoria a lo largo de la tramitación del expediente, indicando si se aceptan o se rechazan. Tercero. Contenido del expediente
Obran en el expediente, además de un índice de los documentos que lo integran, las versiones anteriores del Proyecto, fechadas el 29 de junio y el 11 de agosto de 2021, así como de la memoria del análisis de impacto normativo, también de 11 de agosto de 2021.
Se ha incorporado el certificado de la subdirectora general de la Oficina de Atención al Ciudadano, de fecha 25 de mayo de 2021, acreditativo de "Consulta pública previa" de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley del Gobierno, que se celebró durante el plazo comprendido entre los días 4 y 19 de mayo de 2021, ambos incluidos.
También se ha incorporado el certificado del director de Gabinete del secretario de estado de Educación y secretario de la Comisión General de Educación de la Conferencia de Educación, emitido el 22 de julio de 2021, acreditativo de la consulta a las comunidades autónomas del proyecto de Real Decreto por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en el currículo, la organización y objetivos y programas de cada etapa.
La sesión fue celebrada el 16 de julio de 2021 y a ella asistieron todas las comunidades autónomas.
Se ha adjuntado el borrador del acta de dicha sesión de 16 de julio de 2021 de la Comisión General de Educación de la Conferencia de Educación; en dicho borrador se recoge la intervención del secretario de estado de Educación, refiriendo las novedades que contiene el Proyecto, así como las manifestaciones efectuadas por los representantes de las comunidades autónomas.
Obra en el expediente el dictamen 21/2021, de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, aprobado en su sesión de día 22 de julio de 2021, sobre el proyecto de Real Decreto. En el dictamen se formulan una serie de observaciones "sobre adecuación normativa" (apartado II) y de mejora de la redacción (apartado III), la mayor parte de las cuales han sido tenidas en cuenta e incorporadas al Proyecto.
Se ha incorporado el certificado de la subdirectora general de la Oficina de Atención al Ciudadano, de fecha 26 de julio de 2021, que acredita la realización del trámite de información pública previsto en el artículo 26.6 de la Ley del Gobierno, entre los días 2 y 23 de julio de 2021, ambos incluidos.
Se ha emitido por la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial (2 de septiembre de 2021), el informe previsto en el artículo 26.5.6.º de la Ley del Gobierno.
Con fecha 21 de septiembre de 2021, la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa emite el informe previsto en el artículo 26.9 de la Ley del Gobierno, en el que se formulan una serie de observaciones al Proyecto (sobre los artículos 1, 2, 11, 23 y la disposición derogatoria y la disposición final primera, además del régimen transitorio y de entrada en vigor, entre otras) y a la memoria, que han sido atendidas en su mayor parte.
Se ha emitido informe por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de conformidad con el artículo 26.5 párrafo 4 de la Ley del Gobierno, con fecha 23 de septiembre de 2021. En él se realizan observaciones al texto proyectado que en general han sido incorporadas, así como también a la memoria.
En tal estado, el expediente ha sido remitido al Consejo de Estado para dictamen.
I. Objeto y competencia
La consulta versa sobre un proyecto de Real Decreto por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.
La competencia para emitir el presente dictamen corresponde a la Comisión Permanente del Consejo de Estado, conforme a lo previsto en el artículo 22.3 de su Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
II. Tramitación del expediente
En términos generales, se han observado las previsiones que para la tramitación de disposiciones de carácter general contiene el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Obran en el expediente las sucesivas versiones del Proyecto, así como de la memoria del análisis de impacto normativo.
Se han celebrado los trámites de consulta pública previa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley del Gobierno, y de información pública, previsto en el artículo 26.6 de la citada ley.
Han intervenido las comunidades autónomas en la tramitación del Proyecto a través de la Comisión General de Educación de la Conferencia de Educación, según resulta del certificado del director de Gabinete del secretario de estado de Educación y secretario de dicha comisión general, emitido el 22 de julio de 2021, y del borrador del acta de la sesión de 16 de julio de 2021, de la mencionada comisión.
Ha emitido el dictamen 21/2021 la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, en su sesión del día 22 de julio de 2021.
Se ha emitido por la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial (2 de septiembre de 2021), el informe previsto en el artículo 26.5.6.º de la Ley del Gobierno.
Con fecha 21 de septiembre de 2021, la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa emite el informe previsto en el artículo 26.9 de la Ley del Gobierno.
Y ha informado la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, con arreglo a lo previsto en el artículo 26.5 párrafo 4 de la Ley del Gobierno.
La tramitación, por ello, ha de estimarse adecuada.
Por lo que se refiere a la memoria, sin embargo, han de efectuarse algunas consideraciones.
Ante todo, se recuerda que, como se ha indicado en los antecedentes del presente dictamen, la memoria se ha formulado con el carácter de abreviada, atendiendo a la posibilidad brindada por el artículo 3 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que permite elaborar una memoria de ese carácter "cuando se estime que de la propuesta normativa no se derivan impactos apreciables en ninguno de los ámbitos enunciados, o estos no son significativos".
Pero la propia memoria estima que el Proyecto presenta importantes efectos positivos en varios ámbitos -económico general, presupuestario (aunque no lo cuantifique), en la infancia y la adolescencia y en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad-, en la estela de las relevantes modificaciones de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, llevadas a cabo por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. De ello parece lógico deducir que la memoria debía haber sido completa y no abreviada, teniendo en cuenta, además, que el Proyecto es el primero que se dicta en desarrollo de la indicada reforma legal que ha introducido modificaciones sustanciales en la LOE.
Junto a ello, ha de indicarse que la evaluación del impacto presupuestario del Proyecto se sustenta en una serie de consideraciones generales sobre la posible mayor eficiencia en el gasto público que las medidas que aquel incorpora podrán tener en este ámbito; pero dichas estimaciones no se acompañan de una cuantificación, ni siquiera aproximada, de dicho impacto, lo que impide efectuar una valoración adecuada de este apartado de la memoria.
Ya se ha indicado en los antecedentes del presente dictamen que en materia de evaluación ex post, la memoria indica que el Proyecto se ha incluido en el Plan anual Normativo de la Administración General del Estado para 2021, en el que no se ha previsto que deba ser objeto de evaluación por sus resultados.
La explicación puede estar relacionada con el hecho de que, como recogen el preámbulo del Proyecto y la memoria, la norma sometida a la consideración del Consejo de Estado está llamada a ser sustituida en un plazo breve por otras disposiciones de rango reglamentario dirigidas a la regulación general de las diferentes etapas educativas, de lo que podría inferirse que esas nuevas normas sí serán objeto de evaluación ex post, en la medida en que permitirán conocer, a través de dicho análisis de los resultados de su aprobación y aplicación, si las novedades introducidas por la Ley Orgánica 3/2020 en la LOE han dado los frutos esperados.
Esta deducción, en cualquier caso, no cuenta con sustento en el expediente, por lo que el Consejo de Estado debe llamar la atención sobre esa exclusión, entendiendo que ha de ser revisada, a fin de que se valore el impacto económico real que tendrá la norma proyectada, así como la consecución de los objetivos que persigue. Y ello por cuanto, si se atiende al contenido del artículo 3.1 del Real Decreto 286/2017 de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa, se aprecia que, por su contenido, el Proyecto puede presentar "c) Incidencia relevante sobre los derechos y libertades constitucionales" -artículo 27 de la Constitución-, así como "e) Impacto sobre la economía en su conjunto o sobre sectores destacados de la misma", lo que justificaría el sometimiento a dicha evaluación.
Esta, además, sería más que recomendable para poder valorar si la norma proyectada alcanza los objetivos perseguidos, en particular, el de la reducción de la tasa de abandono escolar temprano en nuestro país.
A este respecto, ha de recordarse que, según el artículo 2.5 del Real Decreto 286/2017, "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, las personas titulares de los Departamentos ministeriales podrán elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, propuestas normativas que no figuren en el Plan Anual, justificándolo adecuadamente en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Asimismo, la Memoria indicará si la norma debe someterse a evaluación "ex post", así como los términos y plazos previstos para llevarla a cabo".
A juicio del Consejo de Estado, en el caso del Proyecto está justificado que por la autoridad consultante se atienda a la previsión transcrita.
III. Base y rango normativos
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, atribuye en las letras a) y b) de su artículo 6 bis al Gobierno las competencias en materia de ordenación general del sistema educativo y de programación general de la enseñanza, en los términos establecidos en los artículos 27 y siguientes de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
Como establece la disposición final sexta de la LOE ("Desarrollo de la presente Ley"), "las normas de esta Ley podrán ser desarrolladas por las Comunidades Autónomas, a excepción de las relativas a aquellas materias cuya regulación se encomienda por la misma al Gobierno o que corresponden al Estado conforme a lo establecido en la disposición adicional primera, número 2, de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación".
Por consiguiente, y atendiendo a lo establecido en el artículo 6 bis de la LOE, en conexión con dicha disposición final sexta, corresponde al Gobierno la aprobación de las normas reglamentarias que complementen y desarrollen lo establecido en la Ley Orgánica de Educación en lo relativo a la ordenación general del sistema educativo y de programación general de la enseñanza.
A lo anterior ha de añadirse que la citada ley orgánica de Educación ha sido objeto de una reciente y amplia reforma por parte de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, en cuya disposición final quinta, apartado 2, se prevé que "al inicio del curso siguiente a la entrada en vigor de la ley se implantarán:
"a) Las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas. b) Las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de educación secundaria obligatoria, ciclos formativos de grado básico y bachillerato. c) La titulación de las enseñanzas profesionales de música y danza. d) Las condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas".
Dicha entrada en vigor tuvo lugar en los términos de la disposición final sexta de la propia Ley Orgánica 3/2020, esto es, a los veinte días de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", que se produjo el 30 de diciembre de 2020.
Por tanto, para el curso 2021-2022 han de estar aprobadas las normas reglamentarias que disciplinen las cuestiones indicadas, correspondiendo su aprobación al Gobierno. Así resulta del artículo 1 del Proyecto, que indica que este tiene por objeto "establecer la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional".
Del examen de su contenido, se desprende que el Proyecto constituye el desarrollo reglamentario de los siguientes artículos de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación:
- Artículos 20 y 20 bis, que regulan la evaluación y promoción durante la etapa de Educación primaria. - Artículo 27, que regula los programas de diversificación curricular en la ESO. - Artículo 28, sobre evaluación y promoción en la ESO. - Artículo 30, relativo a los ciclos formativos de grado básico. - Artículo 31, que regula la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. - Artículo 36, que establece la evaluación y promoción en el Bachillerato. - Artículo 37, sobre la obtención del Título de Bachiller. - Artículo 43, relativo a la evaluación de la Formación Profesional. - Artículo 44, que regula las titulaciones en la Formación Profesional. - Artículo 50, que establece la titulación de las enseñanzas profesionales de música y danza.
Junto con lo anterior, el Proyecto regula también los aspectos de la evaluación, promoción y titulación de la Educación para personas adultas, establecida en el capítulo IX de la Ley Orgánica de Educación.
En relación con la titulación de las enseñanzas profesionales de música o danza, -materia que de acuerdo con el apartado 2, párrafo c), de la disposición final quinta, también debe aplicarse en el curso 2021-2022- se regula en el artículo 22.3 del Proyecto, la obtención el título de Bachiller en la modalidad de Artes de quienes hayan superado las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza; y en la disposición transitoria primera del Proyecto, la obtención del título de Bachiller en las modalidades de Ciencias o de Humanidades y Ciencias Sociales, desde las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, y hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, en el currículo, la organización y los objetivos de las enseñanzas.
Se entiende, por tanto, que existe base normativa suficiente para la aprobación de la norma proyectada y que su rango -real decreto- es el adecuado.
IV. Competencia del Estado
Como resulta de la disposición final primera del Proyecto, se ampara en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
En relación con este precepto existe una copiosa jurisprudencia constitucional que se ha pronunciado sobre su alcance; así, la STC 184/2012 declaró que por medio de dicho artículo la Constitución atribuye al Estado dos competencias diferenciadas: una de carácter exclusivo para la "regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales", y otra relativa al dictado de las "normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia".
En relación con esta segunda atribución competencial, la STC 109/2019, de 1 de octubre, indicaba que, en virtud de tal atribución, corresponde también al Estado la función de definir los principios normativos y generales y uniformes de ordenación de las materias enunciadas en tal artículo 27 de la Constitución, asegurando, "una orientación unitaria y dotada de cierta estabilidad en todo aquello que el legislador considera en cada momento aspectos esenciales de dicho sector material" (STC 184/2012, de 17 de octubre, FJ 3, y 24/2014, FJ 3), a lo que añade que en materia de educación el Estado "ciertamente debe establecer esas bases de forma suficientemente amplia y flexible como para permitir que las comunidades autónomas con competencias normativas en la materia puedan adoptar sus propias alternativas políticas en función de sus circunstancias específicas" (STC 131/1996, de 11 de julio, FJ 3).
Ahondando en estas cuestiones, es de especial interés la STC 14/2018, de 20 de febrero, en la que se insertó en la competencia prevista en el segundo inciso del artículo 149.1.30.ª de la Constitución el régimen de las pruebas de evaluación, que se configuraban entonces en la LOE como condición necesaria (aunque no suficiente) para la obtención de los títulos académicos de ESO y bachillerato. A lo que añadía que en el, ex artículo 149.1.30.ª CE, primer inciso, el Estado está habilitado para acometer la entera normación de las pruebas finales de evaluación, en la medida en que su superación es condición inexcusable para la obtención de los títulos académicos de ESO y bachillerato. Esta competencia estatal comprende tanto el establecimiento general de los criterios de evaluación y características de las pruebas, como la concreta determinación de su diseño y contenido para cada convocatoria, pues en este ámbito la competencia autonómica es meramente ejecutiva y se traduce, por utilizar los términos del artículo 144.1, párrafo tercero de la LOE, en la "realización material de las pruebas".
En la STC 14/2018, se declaró que "la sustitución de la anterior evaluación de diagnóstico de las competencias básicas por un procedimiento de evaluación individualizada para la etapa de educación primaria constituye una opción adoptada legítimamente por el legislador estatal en el ámbito de sus competencias". En este mismo ámbito puede incluirse la opción adoptada ahora por la Ley Orgánica 3/2020 y que el Proyecto desarrolla, en los términos que enuncia su artículo 1.
Y todo ello, a su vez, puede ponerse en conexión con el artículo 27.8 de la Constitución, sobre la homologación del sistema educativo en cualquier parte del territorio nacional, homologación en la que se incluyen necesariamente los requisitos básicos del acceso de un nivel educativo a otro y del tránsito de un tipo de enseñanzas a otras, según la STC 207/2012, de 14 de noviembre.
En suma, se entiende que el Estado ostenta competencia para dictar la norma proyectada.
V. Análisis del Proyecto
Como ya se ha indicado, el Proyecto se dicta de conformidad con lo establecido, entre otras previsiones legales, en la disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, conforme a cuyo segundo apartado:
"2. Al inicio del curso siguiente a la entrada en vigor de esta Ley se implantarán:
a) Las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas. b) Las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de educación secundaria obligatoria, ciclos formativos de grado básico y bachillerato. c) La titulación de las enseñanzas profesionales de música y danza. d) Las condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas".
En conexión con ello, el Proyecto prevé en su disposición final tercera su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", si bien añade que "su contenido será de aplicación a partir del curso escolar 2021-2022".
Pero, ha de tenerse en cuenta que, como señala el preámbulo de la norma proyectada en su párrafos séptimo y octavo:
"En el calendario de implantación que recoge su disposición final quinta, la nueva ley prevé la incorporación de las modificaciones previstas en diferentes fases, combinando la conveniencia de no aplazar más de lo necesario la renovación del sistema con la necesidad de que las Administraciones dispongan de tiempo para la regulación de aquellos aspectos que exigen una preparación más laboriosa. De acuerdo con dicho calendario, las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas, así como las relativas a las condiciones de titulación de Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos de Grado Básico y Bachillerato se implantarán al inicio del curso siguiente a la entrada en vigor de la ley, si bien la incorporación gradual de las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de las distintas etapas se posponen al curso escolar que se inicie un año después.
Procede pues, en tanto que no se publiquen los reales decretos que desarrollen estos aspectos, regular la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, que serán de aplicación, para todos los cursos, en el curso 2021-2022 y, para los cursos pares, en el 2022-2023, conforme a lo dispuesto en la ley y con las adaptaciones precisas para su aplicación a la organización de las etapas todavía en vigor".
Puede deducirse, y así lo refrenda la memoria, que el Proyecto tiene un carácter que podría calificarse de provisional, en la medida en que es una norma reglamentaria de desarrollo de la LOE, en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020 -la primera que se tramita por el ministerio consultante-, que está llamada a ser sustituida por las que regulen las diferentes etapas de la educación de forma completa. En esta línea, la memoria del análisis de impacto normativo, al analizar la "entrada en vigor y vigencia" de la norma proyectada, indica que el calendario de implantación previsto en la mencionada disposición final quinta justifica la inmediatez de la entrada en vigor que se prevé para este proyecto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley del Gobierno. A lo que añade que "la norma estará vigente de manera indefinida hasta que se produzca su derogación. No obstante, se ha previsto ya que esta tendrá lugar mediante la publicación de los reales decretos que desarrollen las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos y programas de cada etapa por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre".
Por tanto, la norma sometida a consulta está llamada a tener una vigencia limitada en el tiempo, aunque no pueda precisarse aún cuál será esta. Ello, es evidente, no es óbice para su tramitación ni para su aprobación, pero implica una cierta pugna con la aspiración de estabilidad del ordenamiento jurídico que, en el ámbito educativo en que está llamado a insertarse el Proyecto, ha de coordinarse con la necesidad de desarrollar los cambios legislativos que se producen con regularidad.
Precisamente a esos cambios, ya se ha indicado, obedece la iniciativa normativa sometida a la consideración del Consejo de Estado. Es posible advertir numerosas reproducciones en el Proyecto de artículos de la Ley Orgánica de Educación en la versión dada por la Ley Orgánica 3/2020.
Como ya se ha señalado, el Proyecto constituye el desarrollo reglamentario de, entre otros, los artículos 20 y 20 bis, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 43, 44 y 50, además de lo previsto en el capítulo IX de la LOE, sobre educación de las personas adultas.
Dicho desarrollo, en la forma plasmada en el Proyecto, se considera en términos generales correcta, si bien han de efectuarse algunas observaciones concretas a su contenido:
V.1. Referentes de la evaluación (artículo 3):
Esta cuestión se encuentra regulada en la actualidad por el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en los que dichos referentes se identifican con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que se contienen en sus respectivos anexos. El Proyecto prevé de manera expresa que esos estándares de aprendizaje evaluables contenidos en los anexos de los citados reales decretos "tienen carácter meramente orientativo".
Alguna comunidad autónoma ha cuestionado este calificativo dada la necesaria observancia de dichos estándares que ha estado en vigor hasta la fecha.
Pero ha de tenerse en cuenta que ya el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, dispuso en su artículo 4 ("Adaptación del currículo y de las programaciones didácticas") que, "con el objeto de facilitar la elaboración de las programaciones didácticas, y su adaptación a las circunstancias derivadas de las decisiones sobre la presencialidad del alumnado en los centros, los estándares de aprendizaje evaluables, a los que se refieren los artículos 6 y 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tendrán carácter orientativo para los centros".
Ese carácter ha sido confirmado por la Ley Orgánica 3/2020, en cuya disposición transitoria segunda bis, dedicada a los "Estándares de aprendizaje evaluables", se establece a este respecto:
"Hasta la implantación de las modificaciones introducidas en esta Ley relativas al currículo, la organización y objetivos de educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato, los estándares de aprendizaje evaluables, a los que se refiere el artículo 6 bis, tras la redacción de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, tendrán carácter orientativo".
Por tanto, la previsión del proyectado artículo 3 es conforme con el marco legal vigente, si bien ha de revisarse la redacción, pues no tiene su adecuada correlación la expresión "dichos anexos" del segundo inciso de su apartado 1.
En cualquier caso, cabe señalar de forma adicional que la utilización de los indicados estándares para la evaluación del alumnado será, en principio, limitada, habida cuenta de que las modificaciones en los ámbitos del currículo, la organización y los objetivos de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato han de entrar en vigor también, en gran parte, en los cursos que se inicien un año después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2020, tal y como resulta de la propia disposición final quinta ya citada; en concreto, conforme a sus apartados 3 a 6:
"3. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de educación primaria se implantarán para los cursos primero, tercero y quinto en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor de esta Ley, y para los cursos segundo, cuarto y sexto en el curso que se inicie dos años después de dicha entrada en vigor.
4. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos y programas de educación secundaria obligatoria se implantarán para los cursos primero y tercero en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor de esta Ley, y para los cursos segundo y cuarto en el curso que se inicie dos años después de dicha entrada en vigor.
5. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de bachillerato se implantarán para el primer curso en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor de esta Ley, y para el segundo curso en el curso que se inicie dos años después de dicha entrada en vigor.
6. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos en los ciclos formativos de grado básico se implantarán en el curso que se inicie un año después de la entrada en vigor de esta Ley. En este curso se suprimirá la oferta de módulos obligatorios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial preexistentes. El segundo curso de los ciclos formativos de grado básico se implantará en el curso que se inicie dos años después de dicha entrada en vigor. En este curso se suprimirá la oferta de módulos voluntarios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial preexistentes". En definitiva, los reales decretos reguladores de dichas cuestiones en desarrollo de la Ley Orgánica 3/2020 son elementos claves para la puesta en marcha del conjunto de modificaciones que, en los indicados ámbitos, se han introducido por aquella en la regulación de la educación primaria y secundaria y en el bachillerato, pues con su aprobación y entrada en vigor se evitará la aplicación en un mismo curso (sobre todo en el 2021-2022) de elementos que, como los estándares de aprendizaje, parecen llamados a desaparecer, con aquellos otros que resultan del cambio legal indicado y dan una nueva estructura y contenido a dichas etapas educativas.
V.2. Régimen de evaluación (artículos 8.5 y 10.5 y disposición transitoria quinta):
El artículo 8, dedicado a la evaluación en la educación primaria, establece en su apartado 5 que "el equipo docente llevará a cabo la evaluación final del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso".
Por su parte, el artículo 10, dedicado a la evaluación en la educación secundaria obligatoria, establece en los mismos términos, que "el equipo docente llevará a cabo la evaluación final del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar".
Esta segunda previsión -pero que por su íntima conexión también podría traerse a colación la primera citada- ha de ponerse en relación con lo establecido en la disposición transitoria quinta del Proyecto, a cuyo tenor:
"En el caso de que alguna Administración educativa estime que la supresión de la evaluación extraordinaria en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria que establece el artículo 10.5 del presente real decreto podría causar graves perjuicios a la programación de la enseñanza que hubiera realizado para el curso 2021-2022 en su ámbito territorial, podrá aplazar la aplicación de este precepto hasta el curso 2022-2023".
Como puede observarse, esta disposición transitoria da a entender que la supresión de la evaluación extraordinaria en la educación secundaria obligatoria (ESO) se debe al citado artículo 10.5.
Pero esa supresión, en realidad, no se debe al Proyecto.
A este respecto, ha de recordarse que ya el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, dedicaba el artículo 21 a la evaluación final en esa etapa y regulaba las convocatorias ordinarias y extraordinarias.
Posteriormente, el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, regulaba las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, partiendo de la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, a los artículos 29 y 36 bis, en relación con el artículo 144, todos ellos de la LOE. En su artículo 6 contemplaba que anualmente se celebrarían dos convocatorias en cada Administración educativa: una ordinaria y otra extraordinaria.
A continuación, cabe destacar el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Por medio de este real decreto-ley se modificó el régimen de esas evaluaciones finales que quedaron privadas de efectos académicos, pasando a tener carácter muestral y finalidad diagnóstica.
El ultimo hito de esta evolución lo representa el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, que procede en su artículo 7 a la supresión de las evaluaciones de final de etapa previstas en los artículos 21 y 29 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En concreto, dispone:
"A partir del curso 2020-2021, y con vigencia indefinida, no se realizarán las siguientes evaluaciones finales:
a) De Educación Primaria, recogida en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y en el artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
b) De Educación Secundaria Obligatoria, establecida en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 2 del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa".
Por consiguiente, la supresión de las evaluaciones finales, tanto ordinarias como extraordinarias, fue llevada a cabo por este real decreto-ley que entró en vigor el 1 de octubre de 2020.
A ello ha de añadirse que la LOE, en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, no regula la figura de las "evaluaciones finales" de etapa educativa. Antes bien, regula para la educación primaria la evaluación durante la etapa (artículo 20) y la evaluación de diagnóstico (artículo 21), en tanto que en la ESO la cuestión de la evaluación y la promoción se regulan en el artículo 28 y la evaluación de diagnóstico en el artículo 29.
Centrado el análisis en el artículo 28, en sus apartados 1 y 2 se establece lo siguiente:
"1. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de educación secundaria obligatoria será continua, formativa e integradora.
2. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o alumna".
No hay por tanto mención alguna a las evaluaciones finales en la LOE; y la memoria del Proyecto se hace eco de la eliminación de aquellas por el Real Decreto-ley 31/2020.
Tomando los anteriores datos en consideración llama poderosamente la atención que la evaluación que regula el artículo 10.5 del Proyecto se adjetive como "final", calificativo que no es preciso emplear, teniendo en cuenta que se trata de un proceso continuo, que se desarrolla a lo largo del curso académico. Se sugiere, por ello, la eliminación del adjetivo "final" en este artículo 10.5, como también en el artículo 8.5.
Y en conexión con lo anterior ha de entenderse que la supresión de las evaluaciones finales de nuestro ordenamiento implica, como es obvio, la de sus convocatorias ordinarias y extraordinarias, reguladas en los términos ya citados.
De ello resulta que la supresión de la evaluación final de la ESO, tanto ordinaria como extraordinaria, no se debe al artículo 10.5 del Proyecto, por las razones ya apuntadas, por lo que ha de revisarse su redacción.
Pero es que además ha de destacarse que lo que prevé esta disposición transitoria es una excepción al régimen contenido en el artículo 7 del Real Decreto-ley 31/2020, excepción que esta norma con rango de ley no prevé y que tampoco parece encontrar acomodo en la Ley Orgánica 3/2020. No desconoce el Consejo de Estado que los plazos establecidos en el calendario de implantación de la indicada ley orgánica pueden ser breves para poder atender con el debido sosiego la tramitación de las normas que han de proceder a su desarrollo reglamentario; pero ello no puede traducirse en la introducción en dichas normas de previsiones dirigidas a enervar la eficacia de un mandato legal suficientemente claro en sus términos. Esta insuficiencia de rango impide exceptuar el régimen contenido en el artículo 7 del Real Decreto-ley 31/2020 por la norma proyectada.
Esta observación a la disposición transitoria quinta tiene carácter esencial, a los efectos del artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.
V.3. Promoción (artículo 11):
La regulación de la promoción en la ESO se encuentra regulada en el artículo 28 de la LOE en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, cuyos términos son atendidos por el Proyecto en sus líneas principales.
La exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/2020 en su párrafo cuadragésimo indica a este respecto:
"Se regula la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas de educación secundaria obligatoria, que será continua, formativa e integradora. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o alumna. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y se considere que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo caso promocionarán quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. Los proyectos educativos de los centros regularán las actuaciones del equipo docente responsable de la evaluación, de acuerdo con lo establecido por las Administraciones educativas. La permanencia en el mismo curso debe entenderse como una medida de carácter excepcional, por lo que solo se podrá utilizar una vez en el mismo curso y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria". Para analizar esta cuestión es preciso recordar que la LOE diferencia entre áreas, ámbitos y materias, como resulta de su articulado, primando el enfoque de áreas y materias en la educación primaria y de ámbitos y materias en la educación secundaria obligatoria.
Así, por ejemplo, el artículo 18, que versa sobre la organización de la etapa de educación primaria, dispone en su apartado 1, que tal etapa "comprende tres ciclos de dos años académicos cada uno y se organiza en áreas, que tendrán un carácter global e integrador, estarán orientadas al desarrollo de las competencias del alumnado y podrán organizarse en ámbitos".
Por su parte, el artículo 24 de la LOE, dedicado a la "Organización de los cursos primero a tercero de educación secundaria obligatoria", dispone, en lo que aquí interesa:
"1. Las materias de los cursos primero a tercero de la etapa, que se podrán agrupar en ámbitos, serán las siguientes:
a) Biología y Geología. b) Educación Física. c) Educación Plástica, Visual y Audiovisual. d) Física y Química. e) Geografía e Historia. f) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura. g) Lengua Extranjera. h) Matemáticas. i) Música. j) Tecnología y Digitalización.
Las Administraciones educativas podrán incluir una segunda lengua extranjera entre las materias a las que se refiere este apartado. 2. En cada uno de los cursos todos los alumnos y alumnas cursarán las materias siguientes:
a) Biología y Geología y/o Física y Química. b) Educación Física. c) Geografía e Historia. d) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura. e) Lengua Extranjera. f) Matemáticas.
Asimismo, en cada uno de los tres primeros cursos se incluirá al menos una materia del ámbito artístico. (...)
7. Los centros educativos podrán establecer organizaciones didácticas que impliquen impartir conjuntamente diferentes materias de un mismo ámbito, de acuerdo con su proyecto educativo...".
A lo anterior cabe añadir lo previsto en el vigente Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, que precisa la relación del siguiente modo:
"Artículo 2. Definiciones.
1. A efectos de este real decreto, se entenderá por:
a. Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.
Artículo 17. Integración de materias en ámbitos de conocimiento.
Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, las Administraciones educativas y, en su caso, los centros docentes, podrán agrupar las materias del primer curso en ámbitos de conocimiento...".
Una vez recordados estos extremos, cabe analizar lo establecido en el artículo 11 del Proyecto, en relación con el artículo 28 de la LOE.
Este dispone en sus apartados 2 y 3:
"2. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o alumna.
3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo caso promocionarán quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. Los proyectos educativos de los centros regularán las actuaciones del equipo docente responsable de la evaluación, de acuerdo con lo establecido por las Administraciones educativas".
Como puede observarse, la LOE diferencia en este artículo 28.3 dos supuestos: uno, que puede denominarse de promoción automática y que se predica "en todo caso" de los alumnos que hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan una evaluación negativa en una o dos materias; y otro, el de promoción por decisión del equipo docente, que obviamente no puede coincidir con el ámbito de la promoción automática y que, por ello, ha de entenderse referido a alumnos con un mayor número de materias no superadas que el que asegura la promoción automática.
En relación con la modalidad de promoción por el equipo docente sería deseable que se delimitase la noción de "la naturaleza de las materias no superadas" que permiten seguir con éxito, a criterio del equipo docente, el curso siguiente.
Por su parte, el artículo 11 del Proyecto, en sus apartados 1 y 2 dispone:
"Artículo 11. Promoción.
1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas, de forma colegiada, por el equipo docente, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o la alumna.
2. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas les permite seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo caso promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. A los efectos de lo dispuesto en este apartado, se computarán solo una vez las materias o ámbitos de distintos cursos que tengan idéntica denominación".
Sobre este apartado 2 han de efectuarse dos observaciones:
- La primera de ellas, se refiere a la diferente redacción que presenta el inciso que comienza con la expresión "en todo caso". Mientras que en la LOE se prevé que "promocionarán quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados", el Proyecto dice que "promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados". Aun cuando pudieran considerarse que ambas redacciones se refieren a la misma cuestión, lo cierto es que es preferible que la norma reglamentaria no introduzca redacciones disímiles a las que emplea la norma legal que desarrolla, por lo que se entiende que ha de ajustarse la redacción del Proyecto a la del citado artículo 28.3 de la LOE.
- La segunda de ellas está referida al inciso final del proyectado artículo 11.2. Como se ha indicado con anterioridad, la promoción automática del alumnado con arreglo al artículo 28.3 de la LOE solo alcanza a quienes "hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evolución negativa en una o dos materias". Dado que las materias (las tradicionales asignaturas) son las claramente delimitadas en el artículo 24 de la LOE, entiende el Consejo de Estado que la regla del artículo 28.3 referida a la promoción automática ha de mantenerse en sus términos, en el bien entendido de que dicha promoción está limitada a la evolución negativa de una o dos materias o asignaturas, sin que quepa ampliar la redacción legal del supuesto con el último inciso del proyectado artículo 11.2. Es decir, que la promoción automática solo es posible en los casos previstos en el artículo 28.3 de la LOE, sin que quepa extender su ámbito con la regla de cómputo y de identidad de denominación que dicho inciso final del Proyecto contiene. Cuestión distinta es que ese inciso puede predicarse del mecanismo de promoción por el equipo docente, cuyo margen de actuación es amplio con esta materia, como ya se ha observado y que podría decidir la promoción aun cuando no se hubiere superado varias materias o varios ámbitos con idéntica denominación, siempre que concurra las circunstancias del inciso inicial del artículo 28.3 de la ley y del artículo 11.2 del Proyecto. En definitiva, el Consejo de Estado considera por el inciso final del proyectado artículo 11.2 no es predicable de lo que se ha denominado "promoción automática", por lo que ha de revisarse el Proyecto en este punto para respetar lo establecido en el artículo 28.3 de la LOE.
Esta observación tiene carácter esencial, de conformidad con el artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.
V.4. Título de Bachiller (artículo 21):
La regulación de esta materia se contiene en el artículo 37 de la LOE; a tenor de su primer apartado:
"Artículo 37. Título de Bachiller.
1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de bachillerato. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las condiciones y procedimientos para que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que en ella no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada y se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título".
Por su parte, el artículo 21 del Proyecto, dedicado a la misma materia, establece:
"2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato.
3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller por un alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan además todas las condiciones siguientes:
a) que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título. b) que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno o la alumna en la materia. c) que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. d) que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o superior a cinco.
En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica obtenida en la materia no superada".
Como puede observarse, las condiciones establecidas en las letras c) y d) del artículo 21 del Proyecto no se contienen en el artículo 37 de la LOE.
Este precepto, habilita al Gobierno para que, previa consulta a las comunidades autónomas -verificada en la tramitación del expediente, como se ha indicado en los antecedentes-, establezca las condiciones y procedimientos por medio de los que, de manera excepcional, el equipo docente puede decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una. Y añade las dos condiciones ya transcritas y que el Proyecto recoge en las letras a) y b) del citado artículo 21.3.
El reglamento proyectado amplía por tanto el elenco de condiciones de obligada observancia por los alumnos y a valorar por el equipo docente de cara a permitir a aquellos la obtención del título de Bachiller, aun cuando no hayan superado una materia. Dicha ampliación podría considerarse amparada por la LOE, en cuanto esta faculta al Gobierno para establecer "las condiciones y procedimientos" para la obtención excepcional del título de Bachiller, en los términos indicados, de modo que por medio de esa habilitación el Gobierno podría ampliar las dos condiciones ya enunciadas en el inciso final del citado artículo 37.1 de la LOE.
Cabe por ello entender, a juicio del Consejo de Estado, que se faculta por la LOE al Gobierno para fijar las condiciones a las que ha de atender el equipo docente para decidir la obtención excepcional del título de Bachiller a los alumnos que hayan superado todas las materias excepto una, siendo factible que introduzca condiciones adicionales a las ya fijadas por el legislador.
V.5. Otras observaciones: A fin de mejorar la redacción e intelección del texto proyectado, se efectúan a continuación una serie de observaciones adicionales:
- El artículo 1 concluye con un doble punto y seguido que ha de ser corregido.
- En el artículo 6.4 se reproduce el 42.4, párrafo segundo, de la LOE cuando se indica que el alumnado "podrá contar con un curso adicional". Aun siendo reproducción literal podría precisarse que los alumnos a que se refieren podrían prolongar su escolarización un curso adicional para la consecución de los objetivos de la enseñanza básica.
- En el artículo 13.2, último párrafo, se emplea la expresión "conformidad", a este respecto, el artículo 20.3 de la LOE emplea el verbo "oído", término que parece más acorde con el régimen del proyectado artículo 5, por lo que debe revisarse. - En el artículo 17, dedicado a la evaluación en los ciclos de Formación Profesional básica, se emplea la denominación "módulos de Comunicación y Sociedad y de Ciencias Aplicadas".
Sin embargo, en el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional (sobre cuyo anteproyecto el Consejo de Estado emitió el dictamen número 723/2021, de 6 de septiembre) se emplea la de "ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales", en su artículo 44 dedicado a los ciclos formativos de Grado Básico.
El Consejo de Estado encarece que se coordinen ambas iniciativas normativas, a fin de evitar disparidades innecesarias, como también podría resultar del contraste entre ese mismo artículo 44 del Proyecto de ley orgánica y lo previsto en el artículo 23 de la norma sometida a consulta.
En este mismo artículo 17, en su apartado 3, se indica que "la tutoría tendrá una especial consideración", lo que es reproducción del artículo 30.3 de la LOE. Ello no obstante se entiende que la tutoría tendrá una especial "relevancia" y así podría indicarse en el texto proyectado.
- En la disposición transitoria segunda debería precisarse en su parte final que lo que se habilita es la obtención del título de Bachiller "en la modalidad elegida", habida cuenta de que se trata de una disposición por medio de la que se permite al alumnado en posesión de un título profesional de Música o Danza la obtención en una modalidad distinta a la de Artes, que es la posibilidad que contemplan los artículos 37.4 y 50.2 de la LOE tras la modificación efectuada por la Ley Orgánica 3/2020.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenidas en cuentas las observaciones efectuadas al artículo 11.2 y a la disposición transitoria quinta, y consideradas las restantes, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional".
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 11 de noviembre de 2021
LA SECRETARIA GENERAL,
LA PRESIDENTA,
EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
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