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La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2022, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"El Consejo de Estado, en cumplimiento de una Orden de V. E. de 27 de diciembre de 2021, con registro de entrada el día 30 siguiente, ha examinado un expediente sobre responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, promovido por D. ...... ...... .

De antecedentes resulta:

Primero.- Con fecha 4 de febrero de 2020, D. ...... ...... presenta ante el Ministerio de Justicia una reclamación de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia como consecuencia del daño moral y de la pérdida de oportunidad procesal que vincula con la falta de ofrecimiento de acciones tras el fallecimiento de su padre, que imputa al Juzgado de instrucción número 16 de Valencia, y por lo que solicita una indemnización por importe de 290.741 euros.

Del escrito de reclamación y de la documentación que obra en el expediente, se desprenden los siguientes hechos relevantes:

1.º. El 30 de enero de 2007 falleció don ...... , padre del reclamante, víctima de un robo con violencia con uso de arma y asesinato consumado según declaró la sentencia número 188/2008, de 8 de abril de 2008, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia. El padre del reclamante era toxicómano y había "de facto" abandonado a su hijo. Quien ahora reclama se fue de casa a los quince años y ya nunca volvió porque "solo encontraba malos tratos y abandono".

Según relata el reclamante, su progenitor se encontraba el 12 de enero de 2007 en la zona de "las Cañas", entre el barrio de Campamar y la pedanía de Benimamet, en Valencia, con don ...... , que, según los hechos probados de la sentencia, le propuso ir a su casa a coger dinero para droga. Ya en la vivienda, el señor ...... exigió al padre del reclamante que le entregase la cartera y la tarjeta de crédito y que le diese el número secreto. Tras ser herido, el señor ...... accedió a dar el número secreto y su agresor estuvo sacando dinero del cajero los días 12 y 13 de enero mientras lo retenía en contra de su voluntad, asestándole finalmente una cuchillada que penetró en el interior del lóbulo superior del pulmón izquierdo.

Según el informe médico forense de autopsia, la cuchillada en si no era mortal pero el señor ...... sufría patologías previas (VIH, hepatitis b y c, cirrosis hepática) y finalmente, no consiguió sobrevivir tras ser trasladado por su agresor al Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde moriría el 30 de enero de 2007.

2.º. Durante la tramitación de la instrucción (diligencias previas número 00006/2007-G) ante el Juzgado número 16 de Valencia, se constata que se remitió un telegrama oficial con acuse de recibo "a los herederos de ...... , con domicilio en la calle ...... 28-14 de Valencia" informándoles de la muerte del señor ...... y ofreciéndoles las correspondientes acciones. Decía el telegrama que su objeto era hacerle "saber del derecho que le asiste de mostrarse en el proceso formulando acusación por medio de abogado y procurador que podrá solicitar que le sean designados de oficio ..., pudiendo ejercitar este derecho antes del trámite de calificación del delito o falta. Por otra parte, podrá reclamar o renunciar a la restitución, reparación del daño e indemnización por el perjuicio causado por el hecho punible", advirtiendo que de no personarse "el Ministerio Fiscal ejercitará las acciones correspondientes si procediere".

Hay constancia de que doña ...... , madre del fallecido y abuela del reclamante, fue la único miembro de la familia que se personó como acusación familiar en el procedimiento.

3.º. Finalizada la instrucción, la Audiencia Provincial de Valencia emitió sentencia número188/2008, que condenó al señor ...... , y, a efectos de la responsabilidad civil consideró probado también en el fundamento de Derecho octavo, que el fallecido señor ...... no tenía hijos por lo que se previó una indemnización únicamente para los padres del fallecido, habiendo premuerto el padre en 2006, resultando por ello única legitimada para el cobro de la indemnización la madre del fallecido, abuela del reclamante.

4.º. El señor ...... , sostiene que no tuvo conocimiento de la muerte de su padre, ni del procedimiento penal hasta que el 15 de febrero de 2019 recibió una llamada con el motivo de repartir la herencia tras la muerte de su abuela. Aduce que desde que se fue de casa hasta que murió su abuela mantuvo contacto con ella pero que le ocultó que su padre había fallecido. Denuncia que la ocultación por parte de su abuela durante tanto tiempo "es injustificable de todo punto", pero, puntualiza, "no deja de ser una cuestión personal y familiar en la que no existe obligación legal de actuar".

Funda, en fin, el señor ...... su reclamación en el hecho de que el juzgado no realizara actuación alguna dirigida a la comprobación de si efectivamente el fallecido carecía de esposa e hijos. Sostiene que el 31 de enero de 2007, su tía doña ...... ...... ...... había puesto en conocimiento del mismo juzgado que el fallecido era viudo y que tenía un hijo, aunque no sabía dónde vivía. Hay constancia en el expediente de un escrito del Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia, de 31 de enero de 2007, en el que se pone en conocimiento de doña ...... ...... la muerte de su hermano y la contestación a la citada comunicación en la que esta informa al juzgado que "su hermano era viudo y que tiene un hijo llamado ...... ...... de 26 años, el cual reside en Barcelona, ignorando más datos".

Don ...... ...... reclama por el daño moral derivado del desconocimiento del fallecimiento de su padre una indemnización de 239.000 euros y por la pérdida de oportunidad procesal derivada de la falta de ofrecimiento de acciones al perjudicado de delito un total de 51.741 euros, que calcula de acuerdo con el baremo de accidentes de vehículos a motor para el año 2019, a lo que le suma la indemnización que le fue reconocida a su abuela por la muerte de su padre, que ascendía a 30.000 euros. Aduce en última instancia que la sentencia le ignoró figurando "como fundamento de la indemnización que se acordó a favor de mi abuela, que mi padre falleció sin hijos".

Adjunta a su escrito de reclamación el acta de requerimiento para la declaración de herederos de su abuela firmada ante notario de Madrid el 2 de mayo de 2019, y el acta de notoriedad de declaración de herederos de 31 de mayo de 2019, de la que resulta como único heredero de su abuela; un escrito de reclamación que el reclamante remitió a la Audiencia Provincial de Valencia el 14 de junio de 2019, cuando se enteró del fallecimiento de su padre y un auto de la Audiencia Provincial de Valencia de 26 de noviembre de 2019, por el que se declara insolvente al señor ...... .

Segundo.- Con fecha 1 de agosto de 2020, el subdirector general de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal, acusa recibo de la reclamación y solicita la urgente remisión del testimonio de las actuaciones, que son incorporadas al expediente y de entre las que destacan; la sentencia número 188/2008, de 8 de abril de 2008, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, por la que se condenó al señor ...... y la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2008, por la que se estimó parcialmente el recurso de casación interpuesto por este último y se casó la sentencia de la audiencia en relación con la pena impuesta por el delito de robo; el auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia de 17 de septiembre de 2008, en el que incoa la ejecutoria y el auto de la misma audiencia de 1 de septiembre de 2009, en el que se declara la insolvencia del acusado, responsable civil por cuantía de 61.800 euros, sin perjuicio de que en el fututo viniere a mejor fortuna.

Tercero.- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en sesión de 21 de abril de 2021, informó que "la hermana del fallecido, doña ...... ...... , realizó una comparecencia ante el órgano judicial el 31 de enero de 2007, en la que puso de manifiesto al órgano judicial que el fallecido, víctima del delito investigado, tenía un hijo llamado ...... ...... , de 26 años de edad, residente en Barcelona, aunque se desconocía su domicilio. No consta en la documentación remitida que el órgano judicial llevase a cabo ninguna búsqueda del reclamante, como perjudicado por el delito, ni realizase el correspondiente ofrecimiento de acciones".

A la luz de lo extractado, concluyó el informe que en este caso no se había producido un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y que la presente reclamación se enmarcaría, en su caso, dentro del ámbito propio de la responsabilidad patrimonial por error judicial.

Cuarto.- Abierto un plazo de audiencia, hay constancia de que el reclamante presentó un escrito el 7 de junio de 2021 en el sentido de que se trata de un caso de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (y no de un error judicial) por el que debe ser indemnizado.

Quinto.- La Dirección General para el Servicio Público de Justicia ha formulado propuesta de resolución desestimatoria por entender que no hay en este caso perjuicio indemnizable.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen.

I. Se somete a consulta la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado promovida por D. ...... ...... por un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

Según relata D. ...... ...... en su escrito de reclamación, tardó doce años en enterarse del fallecimiento de su padre, víctima de un delito de robo y de asesinato en el año 2007 y que lo hizo, por ser llamado en 2019 como único heredero a la muerte de su abuela paterna.

El reclamante admite que su padre era toxicómano y que no tenía ningún tipo de relación con él; que su abuela paterna se personó en el procedimiento de instrucción y le fue reconocida una indemnización en concepto de responsabilidad civil por sentencia pero que ella siempre le ocultó la muerte de su progenitor. Reclama por un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia como consecuencia del daño moral y la pérdida de oportunidad procesal que vincula con la falta de ofrecimiento de acciones tras el fallecimiento de su padre y por lo que solicita una indemnización por importe de 290.741 euros.

El Consejo General del Poder Judicial enmarca esta reclamación dentro de la responsabilidad patrimonial por error judicial ya que el reclamante manifiesta su disconformidad con resoluciones judiciales y concluye que no se ha producido en este caso un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. En servicio instructor, por su parte, propone desestimar la presente reclamación por entender que no ha quedado acreditado un perjuicio indemnizable.

II. La Comisión Permanente de este Consejo emite el presente dictamen con carácter preceptivo, de conformidad con los artículos 293.2 y 294.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, puestos en relación con el artículo 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

III. Iniciado el procedimiento se constata que ha sido tramitado correctamente. En concreto, obran en el expediente el testimonio de las actuaciones judiciales de las que trae causa la reclamación (antecedente segundo) y el informe del Consejo General del Poder Judicial (antecedente tercero), se ha dado audiencia a la parte reclamante (antecedente cuarto) y ha sido emitida la propuesta de resolución formulada por el director general para el Servicio Público de Justicia (antecedente quinto). La competencia para resolver este procedimiento corresponde a la persona titular del Ministerio de Justicia, como resulta del artículo 293.2 de la LOPJ.

IV. La reclamación ha sido formulada el 4 de febrero de 2020 por la persona legitimada, don ...... ...... , hijo de don ...... . Según el reclamante, la primera noticia que tuvo de la muerte de su padre fue el 15 de febrero de 2019, tras recibir una llamada después de la muerte de su abuela, cuando, sin embargo, el fallecimiento de su padre se había producido 12 años antes, el 30 de enero de 2007. Sostiene que su abuela le ocultó el fallecimiento de su padre y, aunque le reprocha tal ocultación, entiende que eso forma parte del ámbito familiar y que nada se le puede imputar por ello a la Administración de Justicia.

En realidad, a tal alegación se opone el telegrama con acuse de recibo que remitió el Juzgado de Instrucción número16 de Valencia, el 2 de febrero de 2007 a los herederos del señor ...... , comunicándoles el fallecimiento del señor ...... y realizando el correspondiente ofrecimiento de acciones. Y el hecho de que le fuera remitido un telegrama con acuse de recibo, arrojaría como conclusión, que habría prescrito el derecho a reclamar por el transcurso del plazo legalmente establecido. Sin embargo, dado que no hay constancia de que el ahora reclamante lo recibiera, cabe realizar una interpretación antiformalista y pro actione del plazo, y entender presentada la reclamación dentro del mismo.

Pues bien, de acuerdo con la parte del telegrama con acuse de recibo transcrita en el antecedente primero, apartado 2.º del cuerpo del presente dictamen, el Juzgado número 16 de Valencia, les hizo saber a los herederos de don ...... ...... que con fecha 8 de febrero de 2007 se estaban tramitando diligencias por la muerte violenta de su padre y puso en su conocimiento "el derecho que le asiste de mostrarse en el proceso formulando acusación por medio de abogado y procurador que podrá solicitar que le sean designados de oficio ..., pudiendo ejercitar este derecho antes del trámite de calificación del delito o falta. Por otra parte, podrá reclamar o renunciar a la restitución, reparación del daño e indemnización por el perjuicio causado por el hecho punible", advirtiendo que de no personarse "el Ministerio Fiscal ejercitará las acciones correspondientes si procediere".

En opinión del Consejo de Estado aunque no hay constancia de la fecha de recepción de esta notificación, el telegrama se remitió con acuse de recibo y todo apunta que al menos el resto de los familiares del fallecido (en particular, la abuela y la tía del ahora reclamante-según él mismo reconoce y consta en el expediente-) sí que conocieron la muerte de don ...... ; así, doña ...... , la abuela del reclamante se personó en las diligencias y su tía, en respuesta a un escrito del Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, de 31 de enero de 2007, comunicó al juzgado que "su hermano era viudo y que tiene un hijo llamado ...... ...... de 26 años, el cual reside en Barcelona, ignorando más datos" (antecedente primero in fine).

De lo actuado sí que se desprende que el ofrecimiento de acciones, concebido según reiterada jurisprudencia como "un acto procesal de necesaria realización durante la fase de instrucción con la excepción de que no se tuviera noticia en la causa de la existencia de estos perjudicados," se realizó al tiempo de comunicar el fallecimiento a través de un telegrama con acuse de recibo a los herederos.

El Consejo General del Poder Judicial da por sentado que en este caso no se produjo ofrecimiento de acciones. Sin embargo, tal y como se constata en el telegrama de 2 de febrero de 2007, que remitió a los herederos del fallecido el Juzgado número 16 de Valencia (antecedente primero, apartado 2.º), el citado ofrecimiento de acciones se realizó correctamente de acuerdo con lo previsto en los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por real decreto de 14 de septiembre de 1882, y prueba de su recepción es que la abuela del hoy reclamante se personó en el procedimiento.

En todo caso, y según ha señalado en alguna ocasión este supremo órgano consultivo, la Administración de Justicia tiene obligación de poner en conocimiento de los familiares el fallecimiento de finado (memoria de 2007, página 125 y ss.) y realizar el correspondiente ofrecimiento de acciones, pero, de la misma forma, "no cabe apreciar en este caso una falta de diligencia en la actuación judicial calificable como funcionamiento anormal, pues los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no parecen obligar al Secretario judicial a realizar una búsqueda exhaustiva de todos y cada uno de los derechohabientes de la víctima ..." (dictamen número 728/2013, de 19 de septiembre). En definitiva, ambos hechos fueron comunicados a los herederos y resultaron efectivos en la persona de la abuela del ahora reclamante, que se personó en el procedimiento y en la propia tía del reclamante, que, sin embargo, declaró desconocer dónde podía localizar a su sobrino, que había abandonado su domicilio familiar veinte años antes. Se descarta por ello que concurra en este caso un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia resultando que la fundamentación de la sentencia contiene, en efecto, un error fáctico respecto a la inexistencia de hijo del finado que se compadece y explica, por el hecho de que quien ahora reclama no mantuviera relación alguna con su progenitor (ni con la mayor parte de su familia) ni se personara en el procedimiento.

Por las mismas razones apuntadas, no puede trasladarse al Estado el daño moral derivado de la muerte del padre del reclamante, sobre todo cuando ha quedado acreditado que el fallecimiento le fue formalmente comunicado por el juzgado y que fueron sus familiares quienes conscientemente no le comunicaron el fatal desenlace. El propio reclamante reconoce que su abuela se lo ocultó siempre, y que tal ocultación se circunscribe al ámbito familiar y de la que es completamente ajeno el Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia. De lo actuado se desprende con nitidez que don ...... ...... y su padre no tenían relación alguna desde que aquel se fuera de casa con quince años. Todo apunta que por ello, su abuela decidió no revelarle nunca que su padre había muerto y su tía, manifestó ante el juzgado que su hermano fallecido era viudo pero que tenía un hijo que vivía en Barcelona y con el que no tenía contacto alguno desde hacía mucho tiempo.

Estas actitudes vislumbran el distanciamiento afectivo, emocional y físico, que quien ahora reclama, sufría con respecto a su familia sin que las consecuencias de tal distanciamiento le puedan ser oponibles a la Administración de Justicia, tal y como él mismo declara en su escrito de reclamación. La absoluta falta de afectividad entre el reclamante y su fallecido padre es evidente en este caso. Como en supuestos similares analizados por este Consejo de Estado (dictámenes números 499/2005, de 28 de abril y 1.496/2007, de 26 de julio), el daño moral alegado no se compadece con el hecho contrastado de que cuando don...... ...... murió su hijo llevaba muchos años fuera de la casa familiar que había abandonado con 15 años y habría de tardar casi doce años más en enterarse de su fallecimiento. En estas circunstancias, no concurre en este caso un daño moral efectivo ni acreditado, por lo que procede desestimar también por este concepto.

Finalmente, y con respecto a los 30.000 euros que solicita en concepto de indemnización y que se corresponden con la cuantía que la sentencia número 188/2008, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, le reconoció a su abuela en concepto de responsabilidad civil, también ha de ser descartada. En primer lugar, no parece a la luz de los datos incorporados al expediente, que su abuela cobrara efectivamente esa cantidad por cuanto el obligado al pago como responsable civil, el señor ...... , fue declarado insolvente por auto de Audiencia Provincial de Valencia, de 1 de septiembre de 2009, sin perjuicio de que en el fututo viniere a mejor fortuna. En segundo lugar, porque la acción civil derivada del delito es de ejercicio individual y en nombre propio y nada garantiza que, de haber comparecido el reclamante en su debido momento, le hubiera sido reconocida una indemnización por ese importe.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado es de dictamen:

Que procede desestimar la reclamación sometida a consulta".

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 3 de marzo de 2022

LA SECRETARIA GENERAL,

EL PRESIDENTE ACCTAL.,

EXCMA. SRA. MINISTRA DE JUSTICIA.

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