El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2019, , emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
"En virtud de Orden de V. E. de 14 de noviembre de 2018, cuya entrada se registró el día siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el anteproyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
De antecedentes resulta:
PRIMERO. Contenido del anteproyecto de Ley y de su memoria
A. El anteproyecto de Ley consta de exposición de motivos, veintitrés artículos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.
Según resulta de su exposición de motivos, el objeto de la norma proyectada consiste en adaptar el ordenamiento jurídico español a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, que es de aplicación desde el 1 de julio de 2016.
Este reglamento derogó la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se estableció un marco comunitario para la firma electrónica y que fue incorporada a nuestro Derecho interno por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, que ahora se deroga con el fin de evitar situaciones de "inseguridad jurídica y vacío normativo" en la prestación de los servicios electrónicos de confianza.
El anteproyecto no realiza una regulación sistemática de estos servicios, dado que, en virtud del principio de primacía del Derecho europeo, no se debe reproducir el contenido el Reglamento (UE) 910/2014. La función de esta ley es "complementarlo en aquellos aspectos concretos que el Reglamento no ha armonizado y cuyo desarrollo prevé en los ordenamientos de los diferentes Estados miembros".
Tales aspectos se refieren, en primer lugar, a los efectos jurídicos de los servicios electrónicos de confianza, a los que se atribuye una "ventaja probatoria" cuando entran dentro de la categoría de los denominados servicios "cualificados"; en segundo término, al régimen de los certificados expedidos por los prestadores para la utilización de tales servicios, en lo que atañe a su tiempo máximo de vigencia, las condiciones para su suspensión o revocación y la forma de comprobación de la identidad y atributos de los solicitantes de certificados cualificados; en tercer lugar, a las obligaciones de los prestadores de servicios, especialmente en lo relativo a la previsión del riesgo derivado de sus actividades mediante la prestación de una garantía económica y la adopción de medidas de seguridad; en cuarto lugar, a la supervisión de los prestadores de servicios, cuyo alcance difiere en función de que estos tengan o no la condición de cualificados; y, por último, a las infracciones y sanciones en la materia.
El articulado del anteproyecto se estructura en cinco títulos.
El título I ("Disposiciones generales") contiene los artículos 1 a 3.
El artículo 1 ("Objeto de la ley") señala que la presente ley viene a regular "determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, como complemento del Reglamento (UE) nº 910/2014".
El artículo 2 ("Ámbito de aplicación") prevé que la ley se aplicará a "los prestadores públicos y privados de servicios electrónicos confianza establecidos en España", así como a los "prestadores residentes o domiciliados en otro Estado que tengan un establecimiento permanente situado en España, siempre que ofrezcan servicios no supervisados por la autoridad competente de otro país de la Unión Europea".
El artículo 3 ("Efectos jurídicos de los documentos electrónicos") establece que el documento electrónico podrá servir de soporte a documentos "públicos", "administrativos" o "privados" (apartado 1), con "el valor y la eficacia jurídica que corresponda a su respectiva naturaleza" (apartado 2); dispone que, cuando tales documentos sean impugnados en un proceso judicial o la parte a quien interese su eficacia así lo solicite, se practicará prueba de los mismos conforme a lo establecido en el artículo 326.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (apartado 3); y, para el caso de que estos documentos hayan sido generados utilizando un servicio electrónico de confianza cualificado, consagra una presunción iuris tantum de que dicho servicio "se ha prestado correctamente si figuraba, en el momento relevante a efectos de la discrepancia, en la lista de confianza de prestadores y servicios cualificados" (apartado 4).
El título II ("Certificados electrónicos") contiene los artículos 4 a 9.
El artículo 4 ("Vigencia y caducidad de los certificados electrónicos") regula la extinción de estos, que podrá producirse por "caducidad", al expirar su periodo de vigencia, o por "revocación", cuando los prestadores de servicios electrónicos de confianza aprecien alguna de las causas legalmente previstas a tal efecto (apartado 1); asimismo, limita el periodo de vigencia de los certificados electrónicos cualificados a un máximo de cinco años (apartado 2).
El artículo 5 ("Revocación y suspensión de los certificados electrónicos") enumera los supuestos en que los prestadores de servicios electrónicos de confianza deberán revocar los certificados electrónicos (apartado 1) o podrán suspender su vigencia (apartado 2); además, prevé que, en cualquiera de estas situaciones, los prestadores deberán informar de la concurrencia de estas circunstancias al titular del certificado, quien, en el caso de suspensión, podrá levantarla antes de que expire su plazo de duración, y si no lo hiciera, se extinguirá la vigencia del certificado (apartado 3).
El artículo 6 ("Identidad y atributos de los titulares de certificados cualificados") regula la forma en que deberá consignarse la identidad del titular en los certificados cualificados, distinguiendo entre los "certificados de firma electrónica y de autenticación en sitio web expedidos a personas físicas", que incluirán su nombre y apellidos y el número de documento nacional de identidad, el número de identidad de extranjero o un pseudónimo, y los "certificados de sello electrónico y de autenticación de sitio web expedidos a personas jurídicas", que dejarán constancia de su denominación o razón social y el número de identificación fiscal; en defecto de tales números, se prevé la utilización de cualquier otro código identificativo (apartado 1). Adicionalmente, los certificados que admitan una "relación de representación" deberán indicar la identidad del representante y el documento que acredite sus facultades, entre otras circunstancias (apartado 2).
El artículo 7 ("Comprobación de la identidad y otras circunstancias de los solicitantes de un certificado cualificado") detalla la forma en que deberá comprobarse la identidad de los solicitantes de los certificados cualificados, que difiere en función de la condición de estos: si el solicitante es una persona física, se exige su personación ante los encargados de verificar su identidad, salvo que presente su firma legitimada notarialmente (apartado 1) o que concurran las condiciones y requisitos técnicos que hagan posible una verificación a distancia en los términos que determinará una orden del Ministro de Economía y Empresa (apartado 2), y se podrá hacer constar en el certificado la forma en que se ha procedido a identificarla, sin perjuicio del deber de colaboración de los prestadores en este punto (apartado 3); si el certificado se solicita para una persona jurídica o para un representante, la comprobación podrá realizarse mediante consulta telemática en el registro público en el que estén inscritos los documentos de constitución y de apoderamiento (apartado 4). Asimismo, se prevé que las circunstancias personales o atributos del solicitante, como la condición de titular de cargo público, pertenencia a un colegio profesional o titulación, se acreditarán mediante los correspondientes documentos oficiales (apartado 5); que la identificación de los solicitantes no será exigible cuando el prestador del servicio ya la hubiera comprobado en virtud de una relación preexistente mediante la personación de aquellos y no hubieran transcurrido cinco años desde entonces (apartado 6); y, por último, que los certificados cualificados expedidos utilizando uno vigente no podrán ser utilizados para la obtención de uno nuevo (apartado 7).
El artículo 8 ("Documento Nacional de Identidad electrónico") lo define como "el documento nacional de identidad que acredita electrónicamente la identidad personal de su titular y permite la firma electrónica de documentos" (apartado 1) y ordena que "todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas reconocerán la eficacia" del mismo (apartado 2).
El artículo 9 ("Requisitos y características del Documento Nacional de Identidad electrónico") señala que los órganos del Ministerio del Interior competentes para la expedición de este documento deberán cumplir con las obligaciones impuestas a los prestadores de servicios electrónicos de confianza cualificados (apartado 1) y prevé que el mismo se regirá por su normativa específica, sin perjuicio de la que le resulte aplicable con carácter general (apartado 2).
El título III ("Obligaciones y responsabilidad de los prestadores de servicios electrónicos de confianza") contiene los artículos 10 a 16.
El artículo 10 ("Protección de los datos personales") dispone que los prestadores de servicios electrónicos de confianza quedarán sujetos a la legislación sobre protección de datos de carácter personal (apartado 1); y establece, para el supuesto de los certificados electrónicos con pseudónimo, que los prestadores deberán constatar la verdadera identidad del titular y conservar la documentación que la acredite (apartado 2); y revelar dicha identidad cuando lo soliciten los órganos judiciales u otras autoridades públicas (apartado 3).
El artículo 11 ("Obligaciones de los servicios electrónicos de confianza") señala que los prestadores de servicios electrónicos de confianza deberán "publicar información veraz y acorde con esta ley y el Reglamento (UE) 910/2014" y "no almacenar ni copiar, por sí o a través de tercero, los datos de creación de la firma, sello o autenticación de sitio web de la persona física o jurídica a la que hayan prestado sus servicios, salvo en el caso de su gestión en nombre del titular" (apartado 1); "disponer de un servicio de consulta sobre el estado de validez o revocación de los certificados emitidos accesible al público" (apartado 2); y "cumplir las siguientes obligaciones adicionales": conservar la información relativa a los servicios prestados durante quince años; constituir un seguro de responsabilidad civil o, en su defecto, un aval bancario o un seguro de caución, por importe mínimo de 1.500.000 euros; comunicar el cese de su actividad a los clientes y al órgano de supervisión con una antelación mínima de dos meses; y enviar el informe de evaluación de la conformidad al Ministerio de Economía y Empresa en los términos previstos en el artículo 20.1 del Reglamento (UE) 910/2014 (apartado 3).
El artículo 12 ("Declaración de prácticas de los servicios electrónicos de confianza") la define, con carácter general, como un documento en el que los prestadores deberán describir la forma en que prestan los servicios electrónicos de confianza y aseguran el cumplimiento de sus obligaciones e informan sobre el modo correcto de utilización de sus servicios, de ahí que esta declaración haya de estar disponible al menos por vía electrónica y de forma gratuita (apartado 1); y, para el caso de los servicios de emisión de certificados, se concretan los puntos que debe contener esta declaración (apartado 2).
El artículo 13 ("Responsabilidad de los prestadores de servicios electrónicos de confianza") dispone que estos serán responsables por los daños y perjuicios que causen en el ejercicio de su actividad cuando incumplan las obligaciones que les impone esta ley y el Reglamento (UE) 910/2014 (apartado 1); así como de los que ocasionen "las personas u otros prestadores en que deleguen la ejecución de alguna o algunas de las funciones necesarias" para la prestación de tales servicios (apartado 2); y precisa que, tratándose de prestadores que formen parte del sector público, responderán de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (apartado 3).
El artículo 14 ("Limitaciones de responsabilidad de los prestadores de servicios electrónicos de confianza") señala que éstos no serán responsables de los daños y perjuicios en determinados supuestos de intencionalidad o falta de diligencia de "la persona a la que ha prestado sus servicios" (apartado 1) o "el destinatario" de los mismos (apartado 2), así como en el de "inexactitud de los datos que consten en el certificado electrónico, si éstos han sido acreditados mediante documento público" (apartado 3).
El artículo 15 ("Servicios electrónicos de confianza no cualificados") dispone que los prestadores de tales servicios no necesitan autorización administrativa para iniciar su actividad, aunque deberán comunicarla al Ministerio de Economía y Empresa en el plazo de tres meses desde su inicio.
El artículo 16 ("Obligaciones de seguridad de la información") establece que los prestadores de servicios electrónicos de confianza deberán notificar al Ministerio de Economía y Empresa las violaciones de seguridad o pérdidas de la integridad señaladas en el artículo 19.2 del Reglamento (UE) 910/2014 (apartado 1), tomar las medidas necesarias para resolver los incidentes de seguridad que les afecten (apartado 2) y ampliar la información suministrada en la notificación inicial en el plazo de un mes desde la resolución del incidente (apartado 3).
El título IV ("Supervisión y control") contiene los artículos 17 a 20.
El artículo 17 ("Órgano de supervisión") prevé que el Ministerio de Economía y Empresa controlará el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 910/2014 y en esta ley (apartado 1) y que, a tal fin, podrá acordar las "medidas apropiadas", algunas de las cuales se mencionan ejemplificativamente (apartado 2).
El artículo 18 ("Actuaciones inspectoras") establece que el Ministerio de Economía y Empresa podrá, en el ejercicio de su función de supervisión, realizar las "actuaciones inspectoras que sean precisas", gozando sus funcionarios de la consideración de autoridad pública en el desempeño de tal cometido (apartado 1); recurrir a "entidades independientes y técnicamente cualificadas" para que le asistan (apartado 2); y requerir la práctica de "pruebas en laboratorios o entidades especializadas" (apartado 3).
El artículo 19 ("Mantenimiento de la lista de confianza") dispone que el Ministerio de Economía y Empresa establecerá, mantendrá y publicará una lista con información sobre los prestadores cualificados de servicios de confianza y sobre los servicios que prestan (apartado 1); por otra parte, prevé que la revocación de la cualificación a un prestador o un servicio mediante su retirada de la lista de confianza es independiente de la aplicación del régimen sancionador (apartado 2).
El artículo 20 ("Información y colaboración") impone a todas las personas o entidades relacionadas con los prestadores de servicios de confianza la obligación de facilitar información y colaboración al Ministerio de Economía y Empresa, así como la de permitir el acceso a sus instalaciones (apartado 1); señala que la información referente a los prestadores cualificados podrá ser objeto de publicación en la dirección de Internet del Ministerio de Economía y Empresa (apartado 2); sujeta a los prestadores cualificados a la obligación de remitir al Ministerio, antes del 1 de febrero de cada año, un informe sobre su actividad en el ejercicio precedente, para su remisión a la Unión Europea (apartado 3); y obliga al Ministerio a informar a la Agencia España de Protección de Datos sobre la infracción de normas sobre protección de datos de carácter personal o incidentes de seguridad que se produzcan (apartado 4).
El título V ("Infracciones y sanciones") contiene los artículos 21 a 23.
El artículo 21 ("Infracciones") clasifica las infracciones de los preceptos del Reglamento (UE) 910/2014 y de esta ley en muy graves, graves y leves (apartado 1); prevé que una infracción grave se convertirá en muy grave cuando "se hayan causado daños graves constatables a usuarios concretos o la seguridad de los servicios de confianza se haya visto gravemente afectada" (apartado 2); y tipifica los hechos que constituyen infracciones graves (apartado 3) y leves (apartado 4).
El artículo 22 ("Sanciones") determina los límites cuantitativos mínimo y máximo de las multas por la comisión de infracciones muy graves, graves y leves (apartado 1); establece que la cuantía de estas se determinará en su grado mínimo, medio o máximo en función de una serie de circunstancias (apartado 2); y ordena que las resoluciones sancionadoras por la comisión de infracciones graves o muy graves sean publicadas en el sitio de Internet del Ministerio de Economía y Empresa (apartado 3).
El artículo 23 ("Potestad sancionadora") atribuye la competencia para la imposición de sanciones, en el caso de infracciones muy graves, al titular del Ministerio de Economía y Empresa, y si se trata de infracciones graves y leves, al titular de la Secretaría de Estado para el Avance Digital.
La disposición adicional primera ("Fe pública y servicios electrónicos de confianza") señala que lo dispuesto en esta ley no sustituye ni modifica las normas que regulan las funciones que corresponden a los funcionarios que tengan legalmente atribuida la facultad de dar fe en documentos en lo que se refiere al ámbito de sus competencias.
La disposición adicional segunda ("Efectos jurídicos de los sistemas utilizados en las Administraciones Públicas") prevé que todos los sistemas de identificación, firma y sello electrónico previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán plenos efectos jurídicos.
La disposición transitoria primera ("Comunicación de actividad por prestadores de servicios no cualificados ya existentes") establece que los prestadores de servicios no cualificados que ya vinieran prestando servicios deberán comunicar su actividad al Ministerio de Economía y Empresa en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley, salvo que hubieran realizado esta comunicación con anterioridad.
La disposición transitoria segunda ("Desarrollo reglamentario del Documento Nacional de Identidad electrónico") aclara que, hasta que se desarrolle reglamentariamente el Documento Nacional de Identidad electrónico, se mantendrá en vigor el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica.
La disposición derogatoria única ("Derogación normativa") prevé la derogación expresa de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, del artículo 25 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, y de la Orden del Ministerio de Fomento de 21 de febrero de 2000, por la que se aprueba el Reglamento de acreditación de prestadores de servicios de certificación y de certificación de determinados productos de firma electrónica; asimismo, contempla la derogación de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley.
La disposición final primera ("Modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información") otorga nueva redacción al artículo 2.1 de esta ley, previendo que las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica deberán disponer de un medio seguro de interlocución telemático, aunque no necesariamente basado -esta es la novedad- en certificados electrónicos como sucedía hasta ahora, con el fin de dar cabida a otros medios de identificación usados con frecuencia en el sector privado.
La disposición final segunda ("Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil") da nueva redacción al apartado 3 del artículo 326 de esta ley, suprimiendo la referencia que en el mismo se contiene al artículo 3 de la Ley de firma electrónica y sustituyéndola por otra actualizada al "artículo 3 de la Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza y en el Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior".
La disposición final tercera ("Título competencial") precisa, en su primer párrafo, que esta ley se dicta al amparo en las competencias estatales exclusivas en materia de "legislación civil", de "telecomunicaciones" y de "seguridad pública", conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1.8.ª, 21.ª y 29.ª de la Constitución española; y añade, en su segundo párrafo, que el artículo 3 de esta ley encuentra "además" cobertura en la competencia estatal exclusiva sobre "legislación procesal" prevista en el artículo 149.1.6.ª del mismo texto constitucional.
La disposición final cuarta ("Desarrollo reglamentario") habilita al Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y aplicación de esta ley.
La disposición final quinta ("Entrada en vigor") prevé que la presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
B. La memoria del análisis de impacto normativo justifica la oportunidad del anteproyecto de Ley en términos similares a los de su exposición de motivos, subrayando la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 910/2014, relativo a la identificación electrónica y a los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, que ha derogado a la Directiva 1999/93/CE por la que se estableció un marco comunitario para la firma electrónica.
La Directiva 1999/93/CE fue incorporada al Derecho español por la Ley 59/2003 de firma electrónica, actualmente en vigor. Aunque el Reglamento (UE) 910/2014 es directamente aplicable desde el 1 de julio de 2016, y desplaza en consecuencia a la Ley 59/2003 en todo aquello regulado por él, el anteproyecto ha optado por derogar esta ley, en lugar de modificarla, ponderando los siguientes factores reseñados en la memoria:
1. La vigencia de la Ley 59/2003, y la consiguiente aplicación de aquellos de sus preceptos que no se opongan a lo establecido en el Reglamento (UE) 910/2014, ocasiona un "riesgo de situaciones de inseguridad jurídica" en las relaciones telemáticas de ciudadanos, empresas y Administraciones públicas derivado de la transición al nuevo marco legislativo europeo, en razón de las diferencias que pudieran suscitarse en la interpretación de las normas aplicables.
2. La aplicación de la Ley 59/2003 de firma electrónica a los servicios electrónicos de confianza regulados en el Reglamento (UE) 910/2014 es susceptible de provocar "vacíos normativos", especialmente en lo que se refiere al régimen de infracciones y sanciones, ya que el previsto en dicha ley no puede ser de aplicación analógica a servicios distintos de la firma electrónica.
3. El Reglamento (UE) 910/2014 regula los servicios electrónicos de confianza, de los cuales la firma electrónica es solo uno, y remite al criterio de los Estados miembros la reglamentación de determinados aspectos de tales servicios, que es preciso abordar sin demora.
El anteproyecto de Ley contiene, por tanto, una regulación de los servicios electrónicos de confianza que viene a complementar la prevista en el Reglamento (UE) 910/2014, y deroga la Ley 59/2003 de firma electrónica, entre otras normas.
Tras estas consideraciones, la memoria identifica los títulos competenciales del Estado que sirven de fundamento al anteproyecto y describe su contenido y tramitación, analizando las observaciones recibidas e indicando las razones que han llevado a la aceptación o rechazo de cada una de ellas.
Por último, se analizan los impactos que traerá consigo la aprobación de la presente ley. Los efectos de la nueva regulación -dice la memoria- serán positivos para la economía y, en particular, para la competencia del mercado, por cuanto proporciona un marco común para la prestación de los servicios electrónicos de confianza. Y sus previsiones no tendrán repercusión presupuestaria, aunque traerán consigo -concluye- un aumento de las cargas administrativas de los prestadores de tales servicios que se cuantifica por la memoria en 29.200 euros anuales para cada uno de ellos.
II. Contenido del expediente
Con fecha 23 de octubre de 2016, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información autorizó el inicio del expediente para la elaboración y tramitación de un anteproyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza que sustituyera a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y adaptase el ordenamiento jurídico español a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.
El 20 de diciembre de 2016 se procedió a una consulta pública con carácter previo a la elaboración del anteproyecto de Ley, cuyo texto inicial vio la luz el 5 de abril de 2017 e iba acompañado de una memoria del análisis de impacto normativo de la misma fecha.
Ese mismo día se abrió el trámite de audiencia e información pública, durante el cual han alegado diversos prestadores de servicios electrónicos de confianza, algunos de titularidad pública o que ejercen funciones de esta naturaleza (Autoridad de certificación de la Cámara de Comercio de España -Camerfirma S. A.-, Autoridad de certificación de la Abogacía -Aca-, Agencia Notarial de Certificación - Ancert S. L. U.-, Empresa vasca de certificación y servicios -Izenpe S. A.-, Consorcio Administración Abierta de Cataluña/Agencia catalana de certificación -Aoc/CatCert-) y otros privados (Firmaprofesional S. A., European Agency of Digital Trust S. L., Aviva Voice Systems & Services S. L., MailTeck S. A., Negonation Tractis S. L., Sistemas Informáticos Abiertos -SIA S. A.-, Signe S. A., Zerocoma, S. L., Coloriuris S. L. y Banco Santander, S. A.), asociaciones empresariales (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones -Anfac- y Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica -Ametic-), un despacho de abogados (Embid & Oliver Abogados, S. L. P.) y varios especialistas en la materia.
A la vista de las observaciones recibidas, se formuló un nuevo texto del anteproyecto de Ley, de 18 de octubre de 2017, con una memoria de la misma fecha, que fue notificado a la Comisión Europea en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información.
Seguidamente, la norma proyectada fue informada por diferentes departamentos ministeriales, a saber: por la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, el 6 de noviembre de 2017; por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el 15 de noviembre de 2017; por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, los días 27 y 30 de noviembre de 2017; por la Dirección General de los Registros y del Notariado y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, los días 11 y 19 de diciembre de 2017; por la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, el 28 de diciembre de 2017; por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el 11 de enero de 2018; y por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital, el 30 de enero de 2018.
El anteproyecto de Ley ha sido también informado, con fecha 13 de febrero de 2018, por la Agencia Española de Protección de Datos.
El 20 de febrero de 2018, la Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias, dependiente de la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, certificó que el anteproyecto de Ley había sido sometido al procedimiento de notificación establecido en la Directiva (UE) 2015/1535, sin que ni la Comisión Europea ni los Estados miembros hubieran formulado dictamen razonado o cualesquiera otras observaciones en el plazo otorgado al efecto, que vencía el 19 de febrero anterior, por lo que -a juicio de la mencionada dirección general- podía continuar la tramitación del anteproyecto.
El 10 de abril de 2018 se concluyó un tercer texto del anteproyecto de Ley y de su memoria, que fue informado favorablemente por el Comité Ejecutivo de la Comisión de Estrategia TIC del Ministerio de Hacienda y Función Pública el 13 de abril, y por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad el 29 de mayo siguiente.
También se han incorporado los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Consejo General del Poder Judicial, de fechas 5 de junio y 24 de julio de 2018.
El 8 de octubre de 2018, el anteproyecto recibió la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública.
El último texto del anteproyecto y de la memoria lleva fecha de 15 de octubre de 2018.
A la vista de estos antecedentes, se formulan las siguientes consideraciones.
I. Objeto y carácter de la consulta
Se somete a consulta el anteproyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
La norma proyectada complementa lo dispuesto en el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.
El dictamen se emite, por tanto, con carácter preceptivo, de acuerdo con el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, conforme al cual el Consejo de Estado en Pleno deberá ser consultado sobre los "anteproyectos de leyes que hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo del derecho comunitario europeo".
II. Procedimiento de elaboración del anteproyecto
El expediente se ha tramitado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Con carácter previo a la elaboración del anteproyecto de Ley se sustanció, a través del portal web del departamento ministerial competente, una consulta pública para recabar la opinión de los sujetos potencialmente afectados por la disposición y de las organizaciones más representativas en el ámbito objeto de regulación.
El texto de la norma, una vez redactado, fue sometido a audiencia de los ciudadanos y las organizaciones o asociaciones interesadas.
Asimismo se notificó a la Comisión Europea, en cumplimiento de lo previsto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información
Se han evacuado también los informes que resultaban preceptivos y cuantos otros se estimaron convenientes para garantizar el acierto y legalidad de la norma, y se ha recabado, en fin, la aprobación previa del Ministerio de Política Territorial y Función Pública antes de la remisión del expediente al Consejo de Estado.
III. Títulos competenciales del anteproyecto
La disposición final tercera del anteproyecto de Ley invoca, con alcance general, las competencias exclusivas del Estado sobre "legislación civil", "telecomunicaciones" y "seguridad pública" contempladas en el artículo 149.1.8.ª, 21.ª y 29.ª de la Constitución, y, con carácter específico, en relación con el artículo 3 del anteproyecto, la competencia estatal exclusiva sobre la "legislación procesal" prevista en el artículo 149.1.6.ª del texto constitucional.
Los títulos competenciales generales sobre legislación civil, telecomunicaciones y seguridad pública ya sirvieron de fundamento a la regulación contenida en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
El título competencial específico sobre legislación procesal ha sido introducido, en el curso de la tramitación del presente anteproyecto, a sugerencia de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. La mención de este título competencial en relación con el artículo 3 del anteproyecto, que regula los efectos jurídicos de los documentos electrónicos, es acertada, pero debería igualmente extenderse a la disposición final segunda del anteproyecto, que modifica el apartado 3 del artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de prueba.
Finalmente, podría resultar aconsejable incluir una referencia a la competencia estatal exclusiva sobre "las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas" y sobre "el procedimiento administrativo común" prevista en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, a propósito de dos preceptos de la norma proyectada: el artículo 13.3 del anteproyecto, que remite la exigencia de responsabilidad de los prestadores de servicios electrónicos de confianza que formen parte del sector público a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; y la disposición adicional segunda del anteproyecto, que atribuye plenos efectos jurídicos a todos los sistemas de identificación, firma y sello electrónico de las Administraciones públicas previstos en ambas leyes.
IV. Marco normativo europeo
El Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, conocido como Reglamento eIDAS (acrónimo de la expresión inglesa "electronic Identification, Authentication and trust Services), tiene su antecedente inmediato en la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se estableció un marco comunitario para la firma electrónica.
El ámbito material del Reglamento (UE) 910/2014 es significativamente más amplio que el de la Directiva 1999/93/CE, a la que deroga. La Directiva 1999/93/CE se refería exclusivamente a la firma electrónica, "sin ofrecer un marco global transfronterizo e intersectorial para garantizar unas transacciones seguras, fiables y de fácil uso". El Reglamento (UE) 910/2014 "se propone reforzar la confianza en las transacciones electrónicas en el mercado interior, proporcionando una base común para lograr interacciones electrónicas seguras entre los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas e incrementando, en consecuencia, la eficacia de los servicios en línea públicos, los negocios electrónicos y el comercio electrónico en la Unión" (considerandos 2 y 3). Con tal objetivo, el Reglamento (UE) 910/2014 adopta las siguientes medidas:
- Elimina las barreras existentes para el uso transfronterizo de los servicios en línea ofrecidos por un organismo del sector público de los Estados miembros, estableciendo el principio de reconocimiento mutuo de los medios de identificación electrónica que sean necesarios en virtud de la normativa o la práctica administrativa nacionales para acceder a tales servicios, siempre que empleen un nivel de seguridad sustancial o alto y hayan sido notificados a la Comisión Europea e incluidos en la lista que esta deberá publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea;
- establece un marco jurídico general para la prestación y utilización de los servicios de confianza en las transacciones electrónicas, dentro de los cuales se incluyen las firmas electrónicas, los sellos electrónicos, los sellos de tiempo electrónicos, los servicios de entrega electrónica certificada y los servicios de certificados para autenticación de sitios web; y
- consagra el principio de que no se deben denegar efectos jurídicos a los documentos electrónicos por el mero hecho de estar en este formato, a fin de garantizar que las transacciones electrónicas no sean rechazadas por tal circunstancia.
El Reglamento (UE) 910/2014 consta de cincuenta y dos artículos distribuidos en cinco capítulos: el capítulo I ("Disposiciones generales", artículos 1 a 5) define el objeto y ámbito de la norma y contiene, entre otras previsiones, un catálogo de definiciones, en línea con lo que viene siendo usual en la normativa europea; el capítulo II ("Identificación electrónica", artículos 6 a 12) regula las condiciones para el reconocimiento mutuo de los medios de identificación electrónica exigidos por los Estados miembros para el acceso a sus servicios públicos en línea; el capítulo III ("Servicios de confianza", artículos 13 a 45) define las características de estos servicios y los requisitos que deben concurrir en las personas que los presten; el capítulo IV ("Documentos electrónicos", artículo 46) determina los efectos jurídicos de los documentos expedidos en este formato; el capítulo V ("Delegación de poderes y disposiciones de ejecución", artículos 47 y 48) faculta a la Comisión Europea para adoptar actos delegados en desarrollo del Reglamento; y el capítulo VI ("Disposiciones finales", artículos 49 a 52) prevé, entre otras cosas, la derogación de la Directiva 1999/93/CE y la aplicación del Reglamento (UE) 910/2014 a partir del 1 de julio de 2016. Finalmente, consta de cuatro anexos con previsiones complementarias en relación con los servicios electrónicos de confianza.
El anteproyecto de Ley sometido a consulta aborda determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza y de los documentos electrónicos a que se refieren los capítulos III y IV del Reglamento (UE) 910/2014.
No se ocupa, en cambio, de los medios de identificación electrónica para el uso transfronterizo de los servicios en línea ofrecidos por organismos del sector público regulados en el capítulo II del Reglamento (UE) 910/2014, que ya fueron objeto de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, los artículos 9 y 10 de esta ley establecen unos sistemas de identificación y firma de los interesados ante las Administraciones públicas "plenamente coherentes" -como dice su preámbulo- con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 910/2014, que prevé "la obligación de los Estados miembros de admitir los sistemas de identificación electrónica notificados a la Comisión Europea por el resto de Estados miembros, así como los sistemas de firma y sello electrónicos basados en certificados electrónicos cualificados emitidos por prestadores de servicios que figuren en las listas de confianza de otros Estados miembros de la Unión Europea". Se trata de una regulación que, además, entra dentro de la competencia estatal exclusiva sobre el procedimiento administrativo común ex artículo 149.1.18.ª de la Constitución, como ha reconocido el Tribunal Constitucional (Sentencia 55/2018, de 24 de mayo, FJ 9º).
Por su relación con el contenido del anteproyecto de Ley sometido a consulta, se exponen a continuación, de forma somera, la regulación de los servicios electrónicos de confianza y de los documentos electrónicos establecida en los capítulos III y IV del Reglamento (UE) 910/2014.
1. Servicios electrónicos de confianza
1.1. Definición y clases
De acuerdo con el Reglamento (UE) 910/2014 (artículo 3, punto 16), los "servicios de confianza" son "aquellos servicios electrónicos prestados habitualmente a cambio de una remuneración, consistentes en:
- la creación, verificación y validación de firmas electrónicas, sellos electrónicos o sellos de tiempo electrónicos, servicios de entrega electrónica certificada y certificados relativos a estos servicios, o
- la creación, verificación y validación de certificados para la autenticación de sitios web, o
- la preservación de firmas, sellos o certificados electrónicos relativos a estos servicios".
Atendiendo a esta definición, existen cinco diferentes servicios electrónicos de confianza: la firma electrónica, el sello electrónico, el sello de tiempo electrónico, el servicio de entrega electrónica certificada y el certificado de autenticación de un sitio web. Aunque se trata de una lista numerus clausus, el considerando 25 del Reglamento (UE) n.º 910/2014 precisa que "los Estados miembros deben conservar la libertad para definir otros tipos de servicios de confianza, además de los que forman parte de la lista cerrada de servicios de confianza prevista en el presente Reglamento, a efectos de su reconocimiento a nivel nacional como servicios de confianza cualificados".
Cada uno de los servicios electrónicos de confianza contemplados en el Reglamento (UE) 910/2014 cumple una función propia y distinta de la de los demás.
La "firma electrónica" es el sistema de identificación propio de las personas físicas y de los representantes de las personas jurídicas. Se define como "los datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar" (artículo 3, punto 10). Junto a la firma electrónica que reúne las características de esta definición, usualmente conocida -aunque la normativa europea no utilice este término- como firma electrónica simple, el Reglamento (UE) 910/2014 contempla, en atención a su mayor nivel de seguridad, la firma electrónica avanzada y la firma electrónica cualificada. Las diferencias entre estos tres tipos de firma son las siguientes:
- La firma electrónica simple establece una vinculación lógica entre los datos contenidos en un documento electrónico y los datos de una determinada persona, pero no garantiza que esta haya sido el firmante. Un ejemplo sería, en la contratación on line, la aceptación a través de una página web, pulsando el correspondiente icono, de las cláusulas de un contrato, o las manifestaciones de voluntad remitidas a través de un correo electrónico vinculado a una cuenta, usuario y contraseña determinados.
- La firma electrónica avanzada requiere una serie de requisitos adicionales destinados a garantizar que el firmante es la persona a quien se solicitó la firma y que no se ha suplantado su identidad. Tales requisitos son: primero, "estar vinculada al firmante de manera única"; segundo, "permitir la identificación del firmante"; tercero, "haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo"; y cuarto, "estar vinculada con los datos firmados por la misma de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable" (artículo 3, punto 11, y artículo 26). La utilización de la firma electrónica avanzada requiere de un certificado expedido por un prestador de servicios electrónicos de confianza -declaración electrónica que vincula los datos de validación de una firma con una persona física y confirma, al menos, el nombre o el seudónimo de esa persona- y de un dispositivo de creación de firma -equipo o programa informático configurado que se utiliza para crear una firma electrónica-. Es el caso, por ejemplo, de las firmas biométricas manuscritas basadas en un certificado electrónico expedido por el prestador del servicio y que permiten al usuario firmar desde sus propios dispositivos móviles; o el de la firma electrónica utilizada por los contribuyentes en sus relaciones telemáticas con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, previa descarga en su equipo informático de un certificado extendido al efecto por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
- La firma electrónica cualificada es "una firma electrónica avanzada que se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrónica" (artículo 3, punto 12). Esta clase de firma exige que tanto el certificado expedido por el prestador como el dispositivo de creación de firma tengan la condición de cualificados, para lo cual deberán cumplir una serie de requisitos, establecidos en los anexos I y II del Reglamento (UE) 910/2014. La concurrencia de ambos requisitos (certificado cualificado y dispositivo cualificado de creación) es necesaria para que la firma digital avanzada pueda considerarse cualificada. De este modo, la firma digital avanzada basada en un certificado cualificado que no se crea a través de un dispositivo cualificado no puede calificarse de cualificada. Un ejemplo de firma electrónica cualificada sería la que se realiza con el denominado Documento Nacional de Identidad electrónico, utilizando la correspondiente clave personal y un lector de seguridad específico, o el carné de colegiación como abogado, que -como el DNI- incorpora un chip necesario para firmar, a través del correspondiente lector, los escritos forenses dirigidos a juzgados y tribunales.
El "sello electrónico" es el sistema de identificación propio de las personas jurídicas que permite acreditar que un documento o cualquier otro activo digital, como programas informáticos o servidores, tienen su origen en aquellas (considerandos 59 y 65). Se define como "los datos en formato electrónico anejos a otros datos en formato electrónico, o asociados de manera lógica con ellos, para garantizar el origen y la integridad de estos últimos" (artículo 3, punto 25). En atención a su diferente nivel de seguridad, el Reglamento (UE) 910/2014 distingue el sello electrónico simple del avanzado (artículo 3, punto 26, y artículo 36) y el cualificado (artículo 3, punto 27), en función de criterios sustancialmente idénticos a los ya vistos en relación con la firma electrónica.
El "sello de tiempo electrónico" son "datos en formato electrónico que vinculan otros datos en formato electrónico con un instante concreto, aportando la prueba de que estos últimos datos existían en ese instante" (artículo 3, punto 33). Este sello puede adquirir la condición de cualificado, por su mayor nivel de seguridad, si cumple una serie de requisitos adicionales (artículo 3, punto 34, y artículo 44).
El "servicio de entrega electrónica certificada" es un "servicio que permite transmitir datos entre partes terceras por medios electrónicos y aporta pruebas relacionadas con la gestión de los datos transmitidos, incluida la prueba del envío y la recepción de los datos, y que protege los datos transmitidos frente a los riesgos de pérdida, robo, deterioro o alteración no autorizada" (artículo 3, punto 36). Este servicio se considerará cualificado si reúne los requisitos reglamentariamente establecidos al efecto (artículo 3, punto 37, y artículo 42).
Por último, el "certificado de autenticación de un sitio web" es "una declaración que permite autenticar un sitio web y vincula el sitio web con la persona física o jurídica a quien se ha expedido el certificado" (artículo 3, punto 38). Como en los casos anteriores, este certificado tendrá la condición de cualificado bajo ciertas condiciones (artículo 3, punto 39, y artículo 45).
1.2. Régimen jurídico
El Reglamento (UE) 910/2014 establece el régimen jurídico de los servicios electrónicos de confianza y de sus prestadores. La norma europea combina una serie de previsiones generales, aplicables a todos los servicios de esta naturaleza, sean o no cualificados, con disposiciones específicas únicamente referidas a los servicios cualificados, en razón del mayor nivel de seguridad exigido a estos. Las cuestiones reguladas son, entre otras, las siguientes:
A) Efectos jurídicos de los servicios electrónicos de confianza. El Reglamento (UE) 910/2014 mantiene el principio general, ya previsto en la Directiva 1999/93/CE, de que todos los servicios electrónicos de confianza, sean o no cualificados, producen efectos jurídicos y deben ser admitidos como prueba en los procedimientos judiciales (artículos 25.1, 35.1, 41.1 y 43.1). La determinación de los efectos jurídicos de estos servicios "corresponde al Derecho nacional, salvo disposición contraria del presente Reglamento" (considerando 22).
En el caso de los servicios cualificados, la regulación nacional de sus efectos jurídicos se encuentra condicionada por aquellas previsiones del Reglamento que atribuyen a tales servicios un valor probatorio consecuente con su propio carácter, y así:
- La firma electrónica cualificada tiene "un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita" (artículo 25.2).
- El sello electrónico cualificado disfruta de "la presunción de integridad de los datos y de la corrección del origen de los datos a los que el sello electrónico cualificado esté vinculado" (artículo 35.2).
- El sello cualificado de tiempo electrónico goza de "la presunción de exactitud de la fecha y hora que indican y de la integridad de los datos a los que la fecha y hora estén vinculadas" (artículo 41.2).
- Los datos enviados y recibidos mediante un servicio cualificado de entrega electrónica certificada se encuentran revestidos de "la presunción de la integridad de los datos, el envío de dichos datos por el remitente identificado, la recepción por el destinatario identificado y la exactitud de la fecha y hora de envío y recepción de los datos que indica el servicio cualificado de entrega electrónica certificada" (artículo 43.2).
B) Vigencia, suspensión y revocación de los certificados relativos a tales servicios. El Reglamento (UE) 910/2014 parte de la asunción de que los certificados creados por los prestadores de servicios electrónicos de confianza están sujetos a un periodo de validez, no armonizado a nivel europeo, y pueden ser objeto de suspensión o revocación.
La Directiva 1999/93/CE ya preveía la existencia de un periodo de validez de los certificados y la posibilidad de revocación. El Reglamento (UE) 910/2014 contempla ahora también su eventual suspensión, teniendo en cuenta que "es una práctica operativa establecida de los prestadores de servicios de confianza en una serie de Estados miembros, distinta de la revocación y que conlleva la pérdida temporal de la validez de un certificado" (considerando 53).
En cualquier caso, el régimen jurídico de la revocación y suspensión no se encuentra regulado de manera detallada ni con carácter general en el Reglamento (UE) 910/2014, que se limita a contemplar la revocación y suspensión de los certificados cualificados: en tal sentido dispone, respecto de la revocación, que el certificado revocado "perderá su validez desde el momento de la revocación y no podrá en ninguna circunstancia recuperar su estado" (artículos 28.4 y 38.4), y, respecto de la suspensión, que el certificado suspendido "perderá su validez durante el periodo de suspensión" y que el prestador del servicio deberá proporcionar información sobre el estado y periodo de suspensión del mismo (artículos 28.5 y 38.5).
En este marco, los Estados miembros se encuentran facultados para regular, a través de sus respectivas normas nacionales, la suspensión y revocación de los certificados en todos aquellos extremos no contemplados en el Reglamento (UE) 910/2014.
C) Comprobación de la identidad y los atributos de los solicitantes de certificados. Aunque todos los certificados electrónicos vinculan los datos de validación de una firma o sello electrónico o de un sitio web con una persona física o jurídica determinada, son aquellos que revisten la condición de certificados cualificados los que proporcionan unas mayores garantías acerca de la realidad de dicha vinculación.
Precisamente por ello, el Reglamento (UE) 910/2014 se preocupa de que el proceso de identificación de los solicitantes de un certificado cualificado se desarrolle correctamente, disponiendo a tal efecto que los prestadores deberán verificar, "por los medios apropiados y de acuerdo con el Derecho nacional", la identidad y, si procede, cualquier atributo específico de aquellos. El rigor que debe observarse en este proceso no está reñido con la posibilidad, admitida por la propia norma europea, de que la información sea verificada por el prestador "bien directamente bien por medio de un tercero de conformidad con el Derecho nacional" y de que dicha verificación se realice "en presencia de la persona física o un representante de la persona jurídica" o "a distancia, utilizando métodos de confianza reconocidos a escala nacional que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física" (artículo 24.1).
De este modo, los Estados miembros están habilitados para decidir si la verificación de la identidad del solicitante de un certificado cualificado puede ser realizada por un tercero distinto del prestador del servicio y para determinar cuáles son los medios a distancia que en todo caso pueden ser utilizados en dicho proceso.
Por lo demás, el Reglamento (UE) 910/2014 permite que la identidad de los titulares de los certificados cualificados se consigne utilizando identificadores nacionales (documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, etc.), "a condición de que tales atributos específicos no comprometan la interoperabilidad y el reconocimiento transfronterizos de los certificados cualificados (considerando 54); y no prohíbe que dicha identidad se haga constar mediante seudónimo, aunque los Estados miembros podrán exigir la identificación del titular (considerando 33 y artículo 5.2).
D) Inicio de la actividad de los prestadores de servicios. La Directiva 1999/93/CE consagraba el libre acceso al mercado de los prestadores de servicios, al disponer de forma expresa que los Estados miembros no podían condicionar la prestación de servicios a la obtención de una autorización previa (artículo 3). El Reglamento (UE) 910/2014 introduce una novedad importante en este punto, distinguiendo entre servicios de confianza cualificados y no cualificados.
Los prestadores de servicios cualificados quedan ahora sometidos a un proceso de verificación administrativa previa al comienzo de su actividad. El Reglamento establece que deberán presentar al organismo de supervisión una notificación de su intención de iniciar la prestación de su actividad y un informe de evaluación de la conformidad expedido por un organismo acreditado. Si el organismo de supervisión concluye que el solicitante cumple con los requisitos establecidos, le concederá la cualificación, tras lo cual el prestador quedará incluido en la denominada "lista de confianza". Una vez que haya sido incorporado a la referida lista, podrá iniciar su actividad. La lista de confianza deberá mantenerse en todo momento actualizada y a disposición del público con la información relativa a los prestadores cualificados y a los servicios cualificados que estos prestan. En caso de incumplimiento de los requisitos aplicables, el organismo de supervisión podrá retirar la cualificación al prestador, que, en consecuencia, será excluido de la lista de confianza (artículos 21 y 22).
Los prestadores de servicios no cualificados no están sujetos al proceso de verificación administrativa previa establecido para los cualificados. El Reglamento no condiciona de forma alguna el inicio de actividad de los prestadores de servicios no cualificados, cuyo acceso al mercado es, en consecuencia, libre.
E) Estatuto de los prestadores de servicios. Con carácter general, el Reglamento (UE) 910/2014 sujeta a los prestadores, sean o no cualificados, al cumplimiento de los requisitos exigidos para la prestación de cada uno de los diferentes servicios electrónicos de confianza, así como a la observancia de las normas en materia de protección de datos de carácter personal. Asimismo, establece unos requisitos de seguridad y un régimen de responsabilidad comunes a todos ellos:
- Los prestadores deberán adoptar las "medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad" de los servicios electrónicos de confianza; asimismo, están obligados a notificar cualquier "violación de seguridad" o "pérdida de integridad" que tenga un impacto significativo en el servicio de confianza prestado o en los datos personales correspondientes: a tal fin, se dispone que dicha notificación deberá realizarse "sin demoras indebidas pero en cualquier caso en un plazo de 24 horas tras tener conocimiento de ellas" y dirigirse "al organismo de supervisión y, en caso pertinente, a otros organismos relevantes como el organismo nacional competente en materia de seguridad de la información, o la autoridad de protección de datos", así como a la "persona física o jurídica" que pueda resultar afectada (artículo 19, en relación con los considerandos 32 y 38).
- Los prestadores deberán responder de los perjuicios ocasionados "de forma deliberada o por negligencia" a cualquier persona física o jurídica en razón del incumplimiento de las obligaciones que les incumben. Esta previsión deberá aplicarse "con arreglo a las normas nacionales sobre responsabilidad", a las que se remiten cuestiones tales como la definición de los perjuicios indemnizables y de los conceptos de intencionalidad o negligencia o la regulación del procedimiento aplicable, entre otras (artículo 13, en relación con el considerando 37).
Con independencia de esta regulación común, aplicable a los prestadores de servicios cualificados y no cualificados, el Reglamento (UE) 910/2014 impone a los prestadores de servicios cualificados una serie de obligaciones específicas; entre otras, las siguientes (artículos 24.2 y 3):
- Mantener "recursos financieros suficientes" o contratar "pólizas de seguros de responsabilidad civil adecuadas", "de conformidad con la legislación nacional", para hacer frente a su eventual responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de su actividad.
- Utilizar "sistemas y productos fiables" desde el punto de vista técnico y de seguridad para garantizar que los datos de creación se encuentren siempre bajo el control exclusivo de su titular.
- Conservar la información relativa a los servicios prestados durante un "periodo de tiempo apropiado".
- Disponer de un sistema accesible al público sobre el "estado de validez o revocación" de los certificados.
- Informar al organismo de supervisión de la "intención de cesar" en la prestación de los servicios y contar con un "plan de cese" que garantice la continuidad del servicio.
F) Supervisión de los prestadores de servicios. El Reglamento (UE) 910/2014 dispone que los Estados miembros deberán designar un organismo que supervise a los prestadores de servicios electrónicos de confianza. Aunque la supervisión se extiende tanto a los prestadores cualificados como a los no cualificados, el alcance de la misma varía en uno y otro caso (artículos 17 y 20):
- Los prestadores cualificados están sujetos a una supervisión previa y posterior.
Antes del inicio de su actividad, deben notificar al organismo de supervisión su intención de prestar estos servicios y entregarle un informe de evaluación de conformidad expedido por un organismo acreditado. Si cumplen los requisitos reglamentariamente exigidos para la prestación de los servicios, el organismo de supervisión les otorgará la oportuna cualificación, quedando incluidos en la lista de confianza.
Después del inicio de su actividad, los prestadores se someterán a auditorías periódicas, al menos cada veinticuatro meses, por parte de un organismo de evaluación de la conformidad, cuyo informe deberán remitir al organismo de supervisión. Asimismo, el organismo de supervisión podrá en cualquier momento auditar por sí mismo a los prestadores o solicitar su evaluación de conformidad con un organismo acreditado. Si en estas auditorías se constata el incumplimiento de los requisitos establecidos para la prestación del servicio, el organismo de supervisión podrá revocarles la cualificación, quedando excluidos de la lista de confianza.
- Los prestadores no cualificados están únicamente sujetos a una supervisión posterior, en el supuesto de que el organismo competente al efecto reciba información de que estos no cumplen los requisitos establecidos para el desarrollo de su actividad.
Por lo demás, el organismo de supervisión está obligado, en el ejercicio de sus funciones, a informar y cooperar con las restantes autoridades y, en particular, con las encargadas de la protección de datos de carácter personal, a quienes deberá informar de los resultados de las auditorías de los prestadores cualificados de servicios de confianza y de los incidentes en materia de seguridad, en el caso de que resultasen infringidas las normas sobre protección de datos de carácter personal (artículo 17, en relación con los considerandos 31 y 36).
G) Sanciones por incumplimiento. El Reglamento (UE) 910/2014 remite a los Estados miembros el establecimiento de "normas relativas aplicables a las infracciones del presente Reglamento", con el único condicionante de que sean "eficaces, proporcionales y disuasorias" (artículo 16).
2. Documentos electrónicos
El Reglamento (UE) 910/2014 regula los documentos electrónicos en un capítulo distinto -el capítulo IV- del dedicado a los servicios electrónicos de confianza -el capítulo III-, estableciendo el principio de que "no se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a un documento electrónico por el mero hecho de estar en formato electrónico" (artículo 46).
V. Valoración general del anteproyecto
El anteproyecto de Ley sometido a consulta adecúa el ordenamiento jurídico español a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 910/2014, respetando los límites que una norma de estas características impone a la capacidad legislativa de los Estados miembros.
La aprobación del Reglamento (UE) nº 910/2014 viene motivada por la necesidad de crear un marco jurídico uniforme para las transacciones electrónicas en la Unión Europea. La Directiva 1999/93/CE se reveló insuficiente para alcanzar este objetivo tanto por su contenido, referido exclusivamente a la firma electrónica, como por su naturaleza jurídica, dado que, al igual que todas las normas de este tipo, solo obligaba a los Estados miembros "en cuanto al resultado" que debía conseguirse, dejando en manos de las autoridades nacionales "la elección de la forma y de los medios" para su consecución (artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), lo que, en la práctica, se tradujo en una armonización de las legislaciones nacionales tan solo relativa. El Reglamento (UE) 910/2014 derogó la Directiva 1999/93/CE con el fin de regular de forma sistemática los servicios electrónicos de confianza y, al mismo tiempo, conseguir un mayor grado de aproximación entre las legislaciones de los Estados miembros.
La elección del reglamento para esta tarea armonizadora obedece precisamente a que se trata de un instrumento normativo que es "obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro" (artículo 288 TFUE), de forma que las autoridades nacionales no pueden aprobar normas de transposición del mismo, como sucede en el caso de las directivas, y deben aplicarlo en sus propios términos.
Pese a ello, la aplicabilidad directa del reglamento no priva a las Estados miembros de toda capacidad normativa sobre la materia regulada. Antes bien, están obligados -dijo el Consejo de Estado en su dictamen nº 757/2017, de 26 de octubre- a adaptar los ordenamientos nacionales para garantizar que aquella cualidad se haga efectiva: A) Esta adaptación implica, en primer lugar, la necesaria modificación o derogación, por razones de seguridad jurídica, de las normas nacionales que sean incompatibles con el nuevo reglamento.
Como ha señalado el propio Tribunal de Justicia de la Unión, "la incompatibilidad de una legislación nacional con las disposiciones del Derecho comunitario, aunque sean directamente aplicables, sólo puede quedar definitivamente eliminada mediante disposiciones internas de carácter obligatorio que tengan el mismo valor jurídico que las disposiciones internas que deban modificarse" (STJCE de 23 de febrero de 2006, Comisión/España, C-205/04, apartado 18; en el mismo sentido SSTJCE de 13 de marzo de 1997, Comisión/Francia, C197/96, apartado 14; de 10 de mayo de 2001, Comisión/Países Bajos, C144/99, apartado 21; de 17 de enero de 2002, Comisión/Irlanda, C394/00, apartado 11; y de 8 de diciembre de 2005, Comisión/Luxemburgo, C115/05, apartado 6).
Esa necesaria modificación o derogación alcanza a cuantas disposiciones fueran incompatibles o redundantes con el contenido del reglamento y pudieran poner en cuestión su aplicación directa o dificultar su interpretación.
Por tal razón, el anteproyecto de Ley sometido a consulta deroga varias normas, entre las que destaca -por su relevancia- la Ley 59/2003 de firma electrónica, por la que se incorporó al Derecho español la Directiva 1999/93/CE, y modifica otras como la Ley de Enjuiciamiento Civil.
B) La adaptación de la legislación nacional puede también exigir, en algunos casos puntuales, la adopción de nuevas disposiciones llamadas a completar la regulación europea. La aplicabilidad directa del reglamento no excluye, en efecto, esa labor puntual de complemento de la normativa de los Estados miembros. Así lo reconoce expresamente el Tribunal de Justicia, al destacar que, "si bien, en razón de la propia índole de los Reglamentos y de su función en el sistema de las fuentes del Derecho comunitario, sus disposiciones tienen, por lo general, un efecto inmediato en los ordenamientos jurídicos nacionales, sin que sea preciso que las autoridades nacionales adopten medidas de aplicación, algunas de sus disposiciones pueden requerir, para su ejecución, la adopción de medidas de aplicación por los Estados miembros" (STJCE de 11 de enero de 2001, Monte Arcosu, C-403/98, apartado 26); más concretamente, el propio Tribunal ha señalado que la aplicabilidad directa de un reglamento no se opone a que el mismo "faculte a una Institución comunitaria o a un Estado miembro para dictar medidas de aplicación" (STJCE de 27 de septiembre de 1979, Eridiana, 230/78, apartado 34). De este modo, la adopción de medidas nacionales de aplicación exige, en principio, una habilitación expresa del reglamento en favor de los Estados miembros.
El Reglamento (UE) 910/2014 realiza, a lo largo de su articulado, numerosas remisiones al derecho nacional para la regulación de determinadas cuestiones, tal y como se ha expuesto en el apartado IV de las consideraciones del presente dictamen. Junto a estas habilitaciones específicas, el considerando 24 de la norma europea contiene una de alcance general, al señalar que "los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones nacionales, acordes con el Derecho de la Unión, relativas a los servicios de confianza, siempre que tales servicios no estén plenamente armonizados por el presente Reglamento".
En tal sentido, la exposición de motivos del anteproyecto precisa que "la función de esta ley" es "complementar" el Reglamento (UE) 910/2014 en aquellos aspectos que este "no ha armonizado" y "deja al criterio de los Estados miembros"; mientras que su artículo 1 del anteproyecto señala que "la presente ley tiene por objeto regular determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, como complemento del Reglamento (UE) 910/2014".
El anteproyecto se abstiene, por tanto, de reproducir las previsiones del Reglamento (UE) 910/2014, como resulta obligado en estos casos, abordando únicamente aquellas cuestiones que la norma europea remite a la decisión de los Estados miembros o que no se encuentran armonizadas. De este modo, la regulación proyectada adquiere coherencia y sentido en el marco proporcionado por la norma europea.
VI. Observaciones particulares al anteproyecto
En los anteproyectos de ley que, como el presente, vienen a complementar las previsiones de un reglamento europeo, resulta aconsejable que las exposiciones de motivos sinteticen de manera ordenada las líneas fundamentales del reglamento europeo al que la ley nacional sirve de complemento y los aspectos que esta viene a concretar. La exposición que precede al anteproyecto sometido a consulta no cumple, sin embargo, con estas expectativas. Su lectura no permite comprender debidamente el alcance del Reglamento (UE) 910/2014 ni los cambios que este ha supuesto, a nivel del Derecho de la Unión Europea (impropiamente denominado "Derecho comunitario" en la exposición), respecto de la Directiva 1999/93/CE. Y tampoco se extracta el contenido de la nueva ley con el rigor y claridad que sería exigible.
El Reglamento (UE) 910/2014 se caracteriza, desde un punto de vista regulatorio, por dos notas fundamentales de las que la exposición de motivos debería hacerse eco: en primer lugar, por la incorporación de una categoría, la de "servicios electrónicos de confianza", en la cual se incluyen, además de la firma electrónica regulada por la Directiva 1999/93/CE, otros servicios (sello electrónico, sello de tiempo electrónico, servicio de entrega electrónica certificada y certificado de autenticación de un sitio web); y, en segundo término, por el establecimiento de un régimen jurídico específico para los servicios electrónicos de confianza cualificados, consecuente con su mayor nivel de seguridad y la singular relevancia probatoria que, por tal razón, se les atribuye respecto a los servicios no cualificados.
Desde este planteamiento básico debe abordarse ahora el análisis del anteproyecto, que, en relación con la materia regulada, contiene previsiones generales aplicables a todos los servicios electrónicos de confianza, sean o no cualificados (artículos 1, 2, 4, 5, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20.1, 20.4, 21, 22 y 23), junto a otras que son específicas de los servicios cualificados (artículos 3.4, 6, 7, 11.3, 19, 20.2 y 20.3) o de los no cualificados (artículos 3.3 y 15).
1. Disposiciones generales
El título I del anteproyecto (artículos 1 a 3) precisa el objeto de la ley, delimita su ámbito de aplicación y regula los efectos jurídicos de los documentos electrónicos.
El ámbito de la norma proyectada ha experimentado algunos cambios respecto a lo dispuesto en la Ley 59/2003 de firma electrónica (artículo 2): en esta se preveía su aplicación, en todo caso, a los prestadores establecidos en España y a los residentes o domiciliados en otro Estado que tuvieran un establecimiento permanente situado en España. El artículo 2 del anteproyecto aclara que la presente ley se aplicará a los prestadores "públicos y privados" establecidos en España, así como a los prestadores de otros Estados con establecimiento permanente en España, "siempre que ofrezcan servicios no supervisados por la autoridad competente de otro país de la Unión Europea". Esta última precisión se ha introducido para evitar duplicidades en el ejercicio de las funciones de supervisión, tal y como solicitaron diversas entidades en el trámite de consulta pública y parece por otro lado razonable. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo General del Poder Judicial han observado que el anteproyecto prescinde de los conceptos de "establecimiento permanente" y "presunción de establecimiento" contenidos en la Ley 59/2003, que contribuían a delimitar su ámbito de aplicación, sugiriendo que vuelvan a incluirse. Pero dado que el establecimiento de los prestadores de servicios de la sociedad de la información se encuentra regulado con alcance general - tal y como explica la memoria- en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, cuyo artículo 2 ya define tales conceptos, no resulta necesario reproducirlos en el anteproyecto, como hace la Ley 59/2003 de forma redundante.
De mayor trascendencia es la regulación contenida en el artículo 3 del anteproyecto, en el que se abordan dos aspectos que, aunque estrechamente conectados en la práctica, son conceptualmente distintos: las clases y efectos de los documentos electrónicos (apartados 1 y 2); y la prueba de los documentos electrónicos que hayan sido generados utilizando un servicio electrónico de confianza (apartados 3 y 4).
1.1. Clases y efectos de los documentos electrónicos
El artículo 3 del anteproyecto establece las diferentes clases de documentos electrónicos -públicos, administrativos y privados (apartado 1) y les reconoce el valor y eficacia jurídica que corresponda a su respectiva naturaleza (apartado 2), en términos sustancialmente idénticos a los de la Ley 59/2003 de firma electrónica (artículos 3.6 y 3.7).
En su primera versión, el anteproyecto había optado por prescindir de la regulación contenida en la Ley 59/2003, limitándose a señalar que "los documentos electrónicos tendrán la fuerza probatoria prevista en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil". La Dirección General de los Registros y del Notariado observó que las previsiones en su día introducidas en el artículo 3 de la Ley 59/2003 respondían a la necesidad de contar con una disciplina general de los documentos electrónicos que también tuviera en cuenta sus efectos fuera del proceso, sugiriendo, en consecuencia, que las mismas se reprodujesen en el presente anteproyecto. El artículo 3 del último texto de la norma proyectada recoge la observación formulada por este centro directivo, distinguiendo en su apartado 1 entre los diferentes tipos de documento electrónico -públicos, administrativos y privados- y disponiendo en su apartado 2 que tales documentos tendrán el valor y eficacia jurídica que corresponda a su respectiva naturaleza.
A juicio del Consejo de Estado, la redacción originaria del artículo 3.1 del anteproyecto era efectivamente insuficiente por cuanto se limitaba a contemplar la "fuerza probatoria" de los documentos electrónicos dentro del proceso. Y la última redacción de este precepto constituye una reiteración innecesaria de los diferentes tipos de documentos contemplados en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El anteproyecto no debe reproducir esa regulación, remitiéndose a lo dispuesto en dichas normas. Por tanto, deben suprimirse los artículos 3.1 y 3.2 del anteproyecto, que, a lo sumo, podrían sustituirse por un nuevo precepto que dijera:
"El documento electrónico será soporte de documentos públicos, administrativos y privados, que tendrán el valor y la eficacia jurídica que corresponda a su respectiva naturaleza, de conformidad con la legislación que les resulte aplicable".
1.2. Prueba de los documentos electrónicos
El artículo 3 del anteproyecto de Ley establece en sus apartados 3 y 4 reglas sobre la práctica de la prueba de los documentos electrónicos en que se hubieran utilizado servicios electrónicos de confianza.
Dado que la regulación ha sido objetada por el Consejo General del Poder Judicial, en los términos que enseguida se verán, es conveniente reproducir el contenido de estos preceptos.
El artículo 3.3 del anteproyecto se refiere a los documentos electrónicos generados con un servicio electrónico de confianza "no cualificado", aunque en el mismo no se contenga esta precisión, que resulta de la memoria y de su interpretación sistemática con el artículo 3.4 de la norma proyectada. El precepto en cuestión dice así:
"Cuando la autenticidad, integridad, precisión de fecha y hora u otras características de un documento electrónico que un servicio electrónico de confianza de los previstos en el Reglamento (UE) 910/2014 permita acreditar, se impugnaren o la parte a quien interese su eficacia así lo solicite, se practicará prueba sobre estos extremos, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 326 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil".
El artículo 3.4 del anteproyecto, por su parte, se consagra a los documentos electrónicos producidos mediante un servicio electrónico de confianza "cualificado" y tiene el siguiente tenor:
"Si se hubiera utilizado algún servicio de confianza de los previstos en el Reglamento citado en el apartado anterior, se presumirá que el documento reúne la característica cuestionada y que el servicio de confianza se ha prestado correctamente si figuraba, en el momento relevante a los efectos de la discrepancia, en la lista de confianza de prestadores y servicios cualificados.
Si aun así se impugnare el documento electrónico, la carga de realizar la comprobación corresponderá a quien haya presentado el documento electrónico en el que se haya presentado el servicio cualificado. Si dichas comprobaciones obtienen un resultado positivo, serán las costas, gastos y derechos que origine la comprobación exclusivamente a cargo de quien hubiese formulado la impugnación. Si, a juicio del tribunal, la impugnación hubiese sido temeraria, podrá imponerle, además, una multa de 120 a 600 euros".
A la vista de la genérica redacción de estos preceptos, en los que se habla -a secas- de "documento electrónico", y teniendo en cuenta que los documentos electrónicos pueden ser -como dice el artículo 3.1 del anteproyecto- públicos, administrativos o privados, el Consejo General del Poder Judicial ha observado que la remisión que el artículo 3.3 del anteproyecto, relativo a la prueba de documentos electrónicos en que se hubieran utilizado servicios electrónicos de confianza no cualificados, realiza al artículo 326.2 de la LEC es "inadecuada", en la medida en que este precepto procesal únicamente regula la impugnación de los "documentos privados". El mismo Consejo considera que, tratándose de un documento público o administrativo electrónico, la impugnación debería realizarse de acuerdo con lo dispuesto, para los documentos de esta naturaleza, en los artículos 320 y 322 de la LEC.
El departamento ministerial proponente no ha acogido la observación formulada, manteniendo en el artículo 3.3 del último texto del anteproyecto la remisión al artículo 326.2 de la LEC referido a la impugnación de los documentos privados. La memoria justifica esta decisión en que el artículo 3.3 del anteproyecto no regula la prueba de todos los documentos electrónicos, sino tan solo la de los documentos privados electrónicos, dejando a salvo, por tanto, la aplicación de los artículos 320 y 322 de la LEC en caso de impugnación de un documento público electrónico.
Efectivamente, las reglas en materia de prueba contenidas en los artículos 3.3 y 3.4 del anteproyecto están pensadas exclusivamente para los documentos privados electrónicos. Así lo confirma que la disposición final segunda del anteproyecto modifique el apartado 3 del artículo 326 de la LEC, cuya rúbrica es "Fuerza probatoria de los documentos privados", incluyendo en el mismo -en los términos que a continuación se indican- una remisión a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza:
"Cuando la parte a quien interese la eficacia de un documento electrónico lo pida o se impugne el mismo, se procederá con arreglo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza y en el Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior".
La confusión acerca del alcance de la regulación proyectada es, en todo caso, enteramente imputable a los términos en que se pronuncia el anteproyecto, cuyos artículos 3.3 y 3.4 hablan genéricamente de "documento electrónico". Dado que la pretensión de la norma es -según resulta de su memoria- regular la prueba de los documentos electrónicos privados, debe incluirse en ambos preceptos el adjetivo calificativo "privado" después del sustantivo "documento electrónico".
La cuestión que aquí se expone no es en modo alguno baladí. La inclusión del referido adjetivo es necesaria para evitar una interpretación de los artículos 3.3 y 3.4 del anteproyecto que, incluyendo dentro de su ámbito de aplicación a los documentos públicos y administrativos -tal es la interpretación que pudiera deducirse del informe del Consejo General del Poder Judicial-, llevara a entender que la eficacia probatoria de estos es mayor cuando se utiliza un servicio electrónico de confianza cualificado que cuando interviene un servicio de confianza no cualificado o, simplemente, se estampa una firma manuscrita.
La diferente fuerza probatoria que la legislación procesal española atribuye a los documentos públicos y administrativos, frente a los documentos privados, deriva de su propia naturaleza, es decir, de que hayan sido otorgados por funcionarios que tengan legalmente atribuida la facultad de dar fe pública, judicial, notarial o administrativa (documentos públicos) o por otros funcionarios o empleados públicos (documentos administrativos). Los documentos públicos y administrativos gozan así de una presunción de exactitud e integridad, de ahí que, si fueran impugnados, la parte que los aporta al proceso no tendrá que desplegar ninguna actividad probatoria adicional: el órgano jurisdiccional competente procederá a la comprobación o cotejo con los originales, aunque se encuentren en "soporte electrónico" (artículos 319 y 320 LEC). En cambio, los documentos privados carecen de dicha presunción, por lo que, si fuesen impugnados, la parte que los hubiera presentado deberá acreditar su autenticidad a través de cualquier medio de prueba útil o pertinente al efecto (artículo 326.2 LEC).
La presunción de certeza, exactitud e integridad de los documentos públicos y administrativos no se encuentra condicionada a la utilización de un servicio electrónico de confianza ni se refuerza cuando hubiera intervenido este, sino que trae causa de la condición pública de la autoridad que los otorga. No sucede lo mismo con los documentos privados, pues, como no disfrutan de la presunción de certeza e integridad de los documentos públicos y administrativos, no resulta indiferente, desde un punto de vista probatorio, que se haya utilizado un servicio electrónico de confianza, especialmente si este es cualificado.
Las consideraciones precedentes explican, y también justifican -a criterio de este Consejo de Estado-, que los artículos 3.3 y 3.4 del anteproyecto regulen únicamente la prueba procesal de los documentos electrónicos privados en que hubiera intervenido un servicio electrónico de confianza.
La regulación de los artículos 3.3 y 3.4 del anteproyecto no es, sin embargo, novedosa, ni trae propiamente causa del Reglamento (UE) 910/2014, pese a lo que pudiera inferirse de su exposición de motivos (pág. 2, párrafo segundo). La Directiva 1999/93/CE ya reconocía efectos jurídicos a la firma electrónica y, en especial, a la firma electrónica "reconocida" (artículo 5) -la que en el Reglamento (UE) 910/2014 se conoce como "cualificada"-. De ahí que la vigente Ley 59/2003 de firma electrónica, por la que se incorporó al ordenamiento español la Directiva 1999/93/CE, atribuyese eficacia jurídica a la firma electrónica dentro y fuera del proceso, otorgando una fuerza probatoria reforzada a la firma electrónica "reconocida".
Los artículos 3.3 y 3.4 del anteproyecto son remedo de los artículos 3.8 y 3.9 de la Ley 59/2003 de firma electrónica, con algunos cambios en su redacción. El criterio rector de la nueva regulación es, en todo caso, el mismo que el de la legislación vigente:
- Los documentos electrónicos privados en los que se hubiera utilizado un servicio electrónico de confianza "no cualificado" tendrán la misma fuerza probatoria que si en los mismos no hubiera intervenido tal servicio, es decir, la misma fuerza probatoria que cualquier otro documento privado. Por tal razón, el artículo 3.3 del anteproyecto remite a las reglas generales en materia de prueba de documentos privados establecidas en el artículo 326.2 de la LEC. Y así, si se impugna el documento, la parte que lo haya aportado deberá acreditar su contenido utilizando todos los medios de prueba útiles y pertinentes al efecto.
- En cambio, los documentos electrónicos privados generados con un servicio de confianza "cualificado", a los que se refiere el artículo 3.4 del anteproyecto, cuentan con una presunción de certeza e integridad derivada de la sola circunstancia de que dicho servicio haya sido dispensado por un prestador cualificado.
El artículo 3.4 del anteproyecto no recoge propiamente esta presunción, que resulta de lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 910/2014 para los diferentes servicios (artículos 25.2, 35.2, 41.2 y 43.2) y, por ello, no es necesario reproducir, sino una presunción nueva y distinta, adicional de la anterior y no prevista en la legislación precedente, a saber, la de que "se presumirá" que el documento electrónico privado ha sido elaborado utilizando un "servicio de confianza cualificado" y que este servicio "se ha prestado correctamente" si "figuraba, en el momento relevante a los efectos de la discrepancia, en la lista de confianza de prestadores y servicios cualificados". Con ello, el artículo 3.4 del anteproyecto anuda la presunción de certeza e integridad prevista en el Reglamento (UE) 910/2014 a la inclusión del servicio en la lista de confianza. Se trata de una presunción que -a juicio del Consejo de Estado- tiene fundamento.
El problema es que, a renglón seguido, el artículo 3.4 del anteproyecto prevé, de modo similar a la Ley 59/2003, que "si aun así se impugnare el documento electrónico, la carga de la comprobación corresponderá a quien haya presentado el documento electrónico en el que se haya utilizado el servicio cualificado". Esta previsión, que tenía sentido en la Ley 59/2003, carece del mismo en el marco del presente anteproyecto.
Bajo la vigencia de la Directiva 1999/93/CE no existía una lista de confianza de prestadores y servicios cualificados. La Ley 59/2003 dispuso, y aún dispone, que la parte que quiera beneficiarse de la presunción de exactitud e integridad asociada a la firma electrónica "reconocida" (hoy llamada "cualificada") tiene la carga de comprobar, si el documento se impugna, que dicha firma reúne los requisitos propios de una firma reconocida. A resultas de la creación de la lista de confianza en el Reglamento (UE) 910/2014, el anteproyecto ha previsto que, si el servicio se encuentra en dicha lista, se presumirá que el mismo es cualificado y se ha prestado correctamente. El establecimiento de esta presunción en beneficio de la parte que aporta el documento electrónico privado se compadece mal con la previsión que, en caso de impugnación del documento, impone a esa misma parte la obligación de comprobar que el servicio cualificado se prestó correctamente. Si se quiere que la presunción surta efectos, la carga de desvirtuarla, en caso de impugnación, debe recaer en quien sostiene la impugnación. En otro caso, la presunción quedará reducida a mera entelequia.
Una vez realizadas las consideraciones que preceden, cabe efectuar una final en relación con la ubicación de las previsiones contenidas en los artículos 3.3 y 3.4 del anteproyecto y el juego cruzado de remisiones entre los preceptos de la futura Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Los artículos 3.3 y 3.4 del anteproyecto son preceptos procesales que, por su naturaleza, no deben figurar en la Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, sino en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El contenido de estos preceptos debería llevarse -a través de la correspondiente disposición final de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil- al artículo 326 de la LEC ("Fuerza probatoria de los documentos privados"), figurando, con los ajustes de redacción que sean pertinentes, como apartados 3 y 4 de éste.
Asimismo, procedería suprimir los artículos 3.3 y 3.4 del anteproyecto, incluyendo un nuevo apartado 3 que se expresase en los siguientes o similares términos:
"La prueba de los documentos electrónicos privados en los que se hubiera utilizado un servicio de confianza no cualificado se regirá por lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 326 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Si el servicio fuera cualificado, se estará a lo previsto en el apartado 4 del mismo precepto".
Con esta formulación, o con cualquier otra que se exprese de forma parecida, no solo mejoraría la técnica normativa utilizada por el anteproyecto, sino que este ganaría en claridad.
El Consejo de Estado quiere insistir, en todo caso, en la ineludible necesidad de que el anteproyecto aclare que la regulación de la prueba de los documentos electrónicos generados con servicios electrónicos de confianza se refiere a los documentos electrónicos privados.
Las observaciones realizadas a este precepto se formulan con carácter esencial, a los efectos previstos en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
2. Certificados electrónicos
El título II del anteproyecto (artículos 4 a 9) regula diversas cuestiones atinentes al régimen jurídico de los certificados electrónicos que han sido objeto de controversia durante la tramitación del anteproyecto:
- Así ha sucedido con el plazo de vigencia de los certificados cualificados, que -según prevé el artículo 4.1 del anteproyecto- "no será superior a cinco años".
Durante el trámite de consulta previa, algunas entidades propusieron aumentarlo a diez años, otras reducirlo a tres y un buen número de ellas, tantas como las que abogan por su existencia, pidieron su supresión, por considerar que la seguridad de los certificados no depende de la fijación de un plazo sino de la fortaleza de los algoritmos: estas últimas sugieren que el anteproyecto debería habilitar al Ministerio para que, de acuerdo con las recomendaciones del Centro Criptológico Nacional, estableciese los plazos adecuados en cada caso.
Debido a la disparidad de criterios, el texto inicial del anteproyecto optó por mantener el periodo máximo de vigencia de cinco años previsto en la Ley 59/2003 de firma electrónica (artículo 8.2).
Con ocasión de la tramitación ministerial del expediente, la Dirección General de los Registros y del Notariado y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia han observado que dicha limitación "no existe en otros países de la Unión Europea", que supone una "pérdida de competitividad" y que se trata de un "tema técnico" sobre el que el anteproyecto no se tendría que pronunciar, proponiendo que se suprima el plazo de cinco años y se prevea que la vigencia de los certificados deberá ser "la adecuada para el uso y basada en estándares técnicos de seguridad".
En el análisis de esta cuestión procede recordar que todos los certificados tienen el plazo de vigencia determinado por las autoridades de certificación en función del número de años durante el cual se prevea que seguirán siendo seguros. Al expirar dicho plazo, los certificados quedan incursos en causa de caducidad y su titular tendrá que obtener uno nuevo, incluso aunque desde un punto de vista técnico pudieran seguir siendo seguros.
Desde este punto de vista, la fijación de un plazo máximo de vigencia en el anteproyecto, que opere como límite a las autoridades de certificaciones, constituye una cautela que, en principio, no resulta cuestionable, siempre que se logre un equilibrio entre la eficiencia y la seguridad de los sistemas de certificación; es decir, que ni se establezca un plazo demasiado corto, en detrimento de la eficiencia, ni uno demasiado largo, con menoscabo de la seguridad.
A juicio del Consejo de Estado, no resultan del expediente razones fundadas para entender que el plazo de cinco años establecido por el anteproyecto, idéntico al de la actual Ley 59/2003, no cumpla tales exigencias.
- El artículo 5 del anteproyecto regula la revocación y suspensión de los certificados. Las escasas previsiones el Reglamento (UE) 910/2014 en relación con esta materia se hacen a propósito de los certificados cualificados. El anteproyecto ha optado, sin embargo, por establecer una regulación de alcance general, aplicable tanto a los certificados cualificados como a los no cualificados. Se trata de una regulación necesaria, dada la parquedad con que se pronuncia la norma europea en este punto.
Las causas de revocación y suspensión se recogen en los apartados 1 y 2 del artículo 5 del anteproyecto, en términos similares a los de la Ley 59/2003 (artículos 8.1 y 9.1). De acuerdo con la norma proyectada, tres de las diez causas de revocación de los certificados pueden igualmente determinar su suspensión ("solicitud" del titular del certificado - artículo 5.1.a)-; "resolución judicial o administrativa que lo ordene"-artículo 5.1.c)- y "cualquier otra causa lícita prevista en la declaración de prácticas del servicio de confianza" -artículo 5.1.h)-), mientras que otras dos causas de revocación justifican la suspensión "en los casos de duda" sobre su concurrencia (artículo 5.1.b) y g)). El anteproyecto impone la revocación en términos imperativos, como una obligación del prestador del servicio (artículo 5.1), mientras que la suspensión se contempla como una mera facultad del prestador (artículo 5.2). El carácter facultativo de la suspensión no se compadece, sin embargo, con la naturaleza de al menos una de las causas de suspensión, como es la existencia de "una resolución judicial o administrativa que lo ordene" (artículo 5.1.c)), supuesto en el que los prestadores carecen de margen de actuación: si la resolución ordena la revocación, no cabe la suspensión, y si ordena la suspensión, debe ésta acordarse en todo caso; del mismo modo, la suspensión del certificado también parece obligada cuando exista una "solicitud" de su titular que así lo pida (artículo 5.1.a)). En cambio, la suspensión puede contemplarse como una facultad de prestador "en los casos de duda" sobre la concurrencia de las circunstancias previstas en los artículos 5.1.b) y g) o cuando sobrevenga cualquier otra causa lícita prevista en la declaración de prácticas del servicio, en los términos del artículo 5.1.h). En consecuencia, debería darse nueva redacción al artículo 5.2 del anteproyecto, para distinguir entre las causas que obligan a la suspensión del certificado -entre las cuales ha de figurar necesariamente, a juicio de este Consejo de Estado, que una resolución judicial o administrativa así lo ordene- y aquellas otras que la habilitan pero no la imponen -entre estas últimas, debe repararse en que la referencia a "cualquier otra causa lícita" contemplada en la declaración de prácticas está formulada, como en la legislación vigente, en términos de gran amplitud, con cierto menoscabo de la seguridad jurídica en la determinación de la licitud de tales causas-.
En otro orden de cosas, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Función Pública ha sugerido que el anteproyecto debería incluir una previsión que dijera que un certificado suspendido que se vuelve a activar "se considera válido durante el periodo en que estuvo suspendido" -sic-. Pero esta sugerencia no solo es contraria a la propia naturaleza de la suspensión, sino también a lo que el artículo 28.5.a) del Reglamento (UE) 910/2014 dispone para los certificados cualificados ("Si un certificado cualificado de firma electrónica ha sido suspendido temporalmente, ese certificado perderá su validez durante el período de suspensión") y que, por identidad de razón, es aplicable a los no cualificados.
- El artículo 6 del anteproyecto regula la forma en que debe constar la identidad del titular en los certificados.
El apartado 1 exige, en el caso de personas físicas, que figure "su nombre y apellidos y su número de documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero o número de identificación fiscal" o un "pseudónimo que conste como tal de manera inequívoca", y si se trata de personas jurídicas, "su denominación o razón social y su número de identificación fiscal". En defecto de estos números, se admite -algo no previsto actualmente en la Ley 59/2003- la utilización de otro "código o número identificativo" que identifique a su titular de forma unívoca y permanente en el tiempo. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Función Pública ha objetado la posibilidad de que el titular de un certificado pueda identificarse con un código o número identificativo distinto del que figura en el documento nacional de identidad, el número de identidad de extranjero o el número de identificación fiscal. La memoria recuerda que la posibilidad de identificarse a través de dicho código, en defecto de los anteriores números, viene motivada por la circunstancia de que los prestadores españoles desarrollan su actividad mercantil tanto en España como en el extranjero, incluso fuera de la Unión Europea, donde los usuarios carecen de los mismos. Además, debe tenerse en cuenta -como señala igualmente la memoria- que la introducción de identificadores nacionales fue aceptada con reticencia por la Unión Europea, que finalmente terminó admitiéndola "a condición -dice el considerando 54 del Reglamento (UE) 910/2014- de que tales atributos específicos no comprometan la interoperabilidad y el reconocimiento transfronterizos de los certificados y las firmas electrónicas cualificados". En este estado de cosas, la utilización, a falta de identificadores nacionales, de un código o número identificativo, no resulta objetable, siempre y cuando identifique a su titular "de forma unívoca y permanente en el tiempo", como precisamente exige la regulación proyectada.
Todavía en relación con el apartado 1 del artículo 6 del anteproyecto, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha observado que la posibilidad de que la identidad de la persona física titular de un certificado se haga constar mediante pseudónimo impediría la necesaria identificación de los interesados en el procedimiento administrativo exigida por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Reglamento (UE) 910/2014 admite, sin embargo, dicha posibilidad, que "no debe impedir a los Estados miembros - como señala su considerando 33- exigir la identificación de las personas de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión". En tal sentido, el artículo 10 del anteproyecto prevé que los prestadores deberán constatar la verdadera identidad del titular del certificado y revelarla a las autoridades públicas que lo requieran. Por tanto, la regulación proyectada resulta coherente con lo dispuesto en la norma europea, al tiempo que faculta a las autoridades españolas para requerir la identidad personal del interesado cuando resulte necesario.
El apartado 2 del artículo 6 del anteproyecto prevé, por su parte, que los certificados electrónicos de los representantes de una persona física o jurídica deberán indicar, entre otras circunstancias, el documento que acredite las facultades del firmante. La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior ha observado que "en la práctica puede surgir el problema" de que "el documento haya sido modificado o revocado y el certificado continúe vigente y se puedan realizar negocios jurídicos o trámites administrativos sin tener poder bastante para ello". Este problema, que no es exclusivo de los certificados electrónicos de los representantes, sino en general de cualquier relación de apoderamiento, es abordado por el anteproyecto de forma correcta, al disponer su artículo 5.1.e) que, en caso de terminación de la representación, tanto el representante como la entidad representada están obligados a solicitar la revocación, de forma que, si no comunicasen dicha circunstancia, los prestadores de servicios quedarán exonerados de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados (artículo 14.b), de los que deberán responder aquellos. Ambas previsiones estaban ya estaban incorporadas al texto del anteproyecto examinado por la mencionada Secretaría General Técnica y se han mantenido en el remitido al Consejo de Estado. La misma Secretaría ha realizado algunas otras consideraciones a propósito del precepto comentado igualmente carentes de fundamento y a las que se da cumplida y razonada respuesta en la memoria del análisis de impacto normativo.
- El artículo 7 del anteproyecto regula la forma en que debe comprobarse la identidad de los solicitantes de un certificado cualificado, previendo que dicha comprobación podrá realizarse de forma presencial o a distancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.1 del Reglamento (UE) 910/2014.
Algunas secretarías generales técnicas han realizado observaciones de menor importancia en relación con este precepto, sobre las que se pronuncia con fundamento la memoria, para rechazarlas. Otras exigen algunas consideraciones adicionales.
La Dirección General de los Registros y del Notariado ha sugerido que, en los supuestos de identificación a distancia (telepersonación o videoconferencia) admitidos por el apartado 2 del artículo 7 del anteproyecto, los instrumentos técnicos para realizarla se entreguen al interesado en presencia de un notario. Teniendo en cuenta que los medios tecnológicos actuales permitirían una identificación fiable sin la presencia de un fedatario público, la reivindicación de este centro directivo, que no fue asumida en el ulterior informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, tampoco se ha trasladado al último texto del anteproyecto.
Ya en relación con el apartado 6 del artículo 7 del anteproyecto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha observado que la posibilidad de obtener un certificado sin personación, cuando al prestador del servicio le constase ya la identidad del solicitante en virtud de una relación preexistente en la que hubiera existido personación y no hubieran pasado desde entonces más de cinco años, supone una reducción de los incentivos a la competencia entre prestadores durante este periodo de tiempo. Pero la idoneidad de esta previsión, que ya figura en la Ley 59/2003, debe ser examinada ponderando no solo los intereses comerciales de los prestadores de servicios, sino también los personales de los propios solicitantes. Desde ese punto de vista, cabe entender que el precepto comentado reduce razonablemente las cargas de estos, al no exigirles una nueva personación, al tiempo que no introduce un menoscabo relevante de la competencia en el mercado.
Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha sostenido que la renovación de un certificado cualificado utilizando uno vigente, admitida por el anteproyecto una sola vez, como resulta a sensu contrario de lo dispuesto en el apartado 7 de su artículo 7, exige adoptar cautelas para evitar el intercambio de información comercialmente sensible entre potenciales competidores. Este organismo no explica en qué podría consistir ese intercambio ni dice qué cautelas serían las pertinentes. Se trata, en realidad, de una alegación meramente discursiva y, en cuanto tal, no ha sido recogida por el anteproyecto.
- Los artículos 8 y 9 del anteproyecto se ocupan del "Documento Nacional de Identidad electrónico" como si se tratara de un certificado electrónico. Estos preceptos ya figuran, con idéntico tenor y ubicación sistemática, en la Ley 59/2003 de firma electrónica, que acuñó dicha denominación y le otorgó expresamente la consideración de "certificado electrónico" (artículos 15 y 16, en relación con el apartado III de la exposición de motivos). El denominado "Documento Nacional de Identidad electrónico" por la Ley 59/2003 y el presente anteproyecto no es, sin embargo, un certificado electrónico ni tampoco una especie, tipo o variante del Documento Nacional de Identidad: lo que sucede es que el Documento Nacional de Identidad, al ser expedido, lleva asociada la obtención de los certificados electrónicos de autenticación y de firma electrónica. El artículo 8 de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, asume correctamente -en opinión del Consejo de Estado- un concepto unitario del Documento Nacional de Identidad, al señalar que "es un documento público y oficial" con "suficiente valor" para "la acreditación de la identidad y los datos personales de su titular" (apartado 1), así como para "la identificación electrónica de su titular" y "la firma electrónica de documentos", "en los términos previstos en la legislación específica" (apartado 3). El Documento Nacional de Identidad permite, por tanto, la identificación presencial de su titular, mediante su sola exhibición, y también la electrónica, con el uso de los certificados de autenticación y firma electrónica. Ni la Ley Orgánica 4/2015, ya mencionada, ni el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica, emplean la denominación "Documento Nacional de Identidad electrónico" o consideran a éste como una categoría autónoma, y mucho menos lo califican de certificado electrónico. Atendiendo a estas consideraciones, los artículos 8 y 9 del anteproyecto deberían ser reformulados, refundidos en uno solo y ubicados, al margen del título II dedicado a los certificados electrónicos, en una disposición adicional.
3. Obligaciones y responsabilidad de los prestadores de servicios electrónicos de confianza
El título III del anteproyecto (artículos 10 a 16) contiene diversas previsiones destinadas a concretar, en el marco del Reglamento (UE) 910/2014, el elenco de obligaciones que corresponden a los prestadores de servicios y su responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasionen en el ejercicio de su actividad.
3.1. Obligaciones de los prestadores
Las obligaciones de los prestadores de servicios no se agotan en las contenidas en el artículo 11 del anteproyecto, cuya rúbrica es efectivamente la de "Obligaciones de los prestadores de servicios electrónicos de confianza" Los artículos 10, 12, 14 y 15 del anteproyecto establecen otras de diversa índole. Estos preceptos no realizan una enumeración exhaustiva de las obligaciones de los prestadores, limitándose a otorgar una configuración precisa a algunas de las formuladas en el Reglamento (UE) 910/2014 o a introducir otras que resultan coherentes con la finalidad perseguida por la norma europea. La sistemática seguida por el anteproyecto debería mejorarse para ofrecer una exposición más ordenada y clara de estas obligaciones.
Son dos las previsiones que merecen alguna consideración:
- La primera de ellas se contiene en el artículo 11.3.b) del anteproyecto, que impone a los prestadores de servicios cualificados, salvo a los que formen parte del sector público, la obligación de constituir un seguro de responsabilidad civil, aval bancario o seguro de caución de 1.500.000 euros, que se incrementará, si prestan más de un servicio cualificado, en 500.000 euros más por cada uno de ellos.
La regulación proyectada reduce así la garantía establecida en la Ley 59/2013 por importe de 3.000.0000 euros (artículo 20.2). Según la exposición de motivos del anteproyecto, la nueva cuantía "se estima suficiente para cubrir los riesgos derivados del servicio, tiene en cuenta la diversidad de servicios en el mercado y no penaliza a los prestadores con mayor oferta". Teniendo en cuenta que el importe de 1.500.000 euros se incrementará en 500.000 euros por cada servicio adicional que se preste, no se entiende bien a qué se refiere la exposición cuando dice que la garantía "no penaliza a los prestadores con mayor oferta".
El precepto comentado contempla la posibilidad de que en vía reglamentaria se modifiquen tanto el importe de la garantía como los medios de aseguramiento idóneos a tal fin. Se trata de una deslegalización que, aun cuando ya está contemplada en la legislación vigente, puede considerarse excesiva, al no fijarse límite o condicionamiento alguno al titular de la potestad reglamentaria.
Por otra parte, durante la tramitación del expediente ha suscitado alguna controversia que los prestadores de servicios integrados en el sector público queden exonerados de la obligación de constituir la garantía. Esta exclusión ya está prevista en la legislación vigente para la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La disposición adicional quinta de la Ley 59/2003 de firma electrónica introdujo un nuevo apartado doce en el artículo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, eximiendo a dicho organismo. El anteproyecto extiende ahora esta exención, de forma general, a cualquier prestador que pertenezca al sector público.
La Comisión Nacional de los Mercados y de Competencia ha considerado que, con esta previsión, se introduce "un trato diferenciado entre los prestadores públicos y privados" que haría "necesaria" una "justificación", máxime cuando "la anterior regulación no incluía esta excepción en términos tan abiertos". El Consejo General del Poder Judicial ha resaltado, igualmente, "la carencia de una justificación de la exclusión de los prestadores públicos".
En respuesta a estas observaciones, la memoria del análisis de impacto normativo, en su última redacción, señala que la exención de las entidades del sector público se fundamenta en que están sometidas al régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 del anteproyecto.
Pero no es esa, en puridad, la razón que justifica un tratamiento distinto de los prestadores públicos, ya que los prestadores privados también están sujetos a un régimen de responsabilidad, el previsto por la legislación civil, y no por ello dejan de estar obligados a constituir una garantía económica. Esa razón se encuentra, como resulta evidente, en que las Administraciones públicas tienen, en principio, un volumen de recursos financieros suficiente para hacer frente a los eventuales daños y perjuicios que pudieran derivarse de las actuaciones de los prestadores públicos de servicios de confianza.
Siendo así, su exclusión tiene cobertura en el Reglamento (UE) 910/2014, cuyo artículo 24.c) prevé, "con respecto al riesgo de la responsabilidad por daños y perjuicios", que los prestadores "mantendrán recursos financieros suficientes u obtendrán pólizas de seguros de responsabilidad adecuadas, de conformidad con la legislación nacional". De acuerdo con la norma europea, la constitución de un seguro no es obligada, si la legislación nacional así lo prevé, para aquellos prestadores que tengan recursos financieros suficientes para hacer frente a su eventual responsabilidad. Por ello, la exención de los prestadores públicos, prevista en el anteproyecto, se ajusta al Derecho de la Unión Europea.
- El segundo de los preceptos en que es preciso hacer hincapié es el artículo 15 del anteproyecto, que, bajo la rúbrica "Servicios electrónicos de confianza no cualificados", dispone que los prestadores no cualificados "no necesitan autorización administrativa para iniciar su actividad, pero deberán comunicar su actividad al Ministerio de Economía y Empresa en el plazo de tres meses desde que la inicien", así como "la modificación de los datos inicialmente transmitidos y el cese de su actividad" en el mismo plazo.
La rúbrica del precepto es demasiado genérica y debería sustituirse por otra más precisa que refleje su contenido, por ejemplo, "Inicio de servicios electrónicos de confianza no cualificados".
El deber de comunicación que se impone a los prestadores de servicios no cualificados en el precepto comentado no está previsto en el Reglamento (UE) 910/2014, pero tampoco contraviene las previsiones de este y tiene, además, una justificación razonable.
La Directiva 1999/93/CE dispuso que los Estados miembros no podían condicionar la prestación de servicios de certificación a la obtención de autorización previa (artículo 3.1). La Ley 59/2003 de firma electrónica recogió esta previsión, disponiendo que "la prestación de servicios de certificación no está sujeta a autorización previa" (artículo 5.1), pero impuso a los prestadores el deber de comunicar al departamento ministerial competente el inicio de su actividad (artículo 30.1).
El Reglamento (UE) 910/2014 distingue ahora entre los prestadores de servicios cualificados y no cualificados, estableciendo que los primeros deberán superar, antes del inicio de su actividad, un proceso de verificación en el que el organismo supervisor comprobará, a la vista del informe emitido por un organismo de evaluación de la conformidad, si el solicitante cumple los requisitos exigidos al efecto, otorgándole, en caso afirmativo, la cualificación requerida, tras lo cual quedará incluido en la lista de confianza de prestadores y servicios cualificados y podrá comenzar a prestar sus servicios.
La exposición de motivos del anteproyecto de Ley da cuenta de este cambio de criterio respecto de la legislación precedente, señalando que "el Reglamento (UE) 910/2014 prevé, para los servicios cualificados, un sistema de autorización previa en sustitución de la comunicación establecida en la Directiva 1999/93/CE" (apartado IV, pág. 4). Esta afirmación es inexacta en un doble sentido: en primer lugar, porque no fue la Directiva 1999/93/CE, sino la Ley 59/2003, la que estableció el deber de comunicación previa; y, en segundo término, porque el Reglamento (UE) 910/2014 no exige que los prestadores de servicios cualificados obtengan una autorización previa, sino que se sometan, antes del inicio de su actividad, a un proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la prestación de tales servicios. Cuando la norma europea exige una "verificación", quiere poner de manifiesto que se trata de un proceso reglado en el que, una vez constatado el cumplimiento de las condiciones exigidas, el organismo de supervisión está obligado a otorgar la cualificación al solicitante, sin margen alguno para la discrecionalidad. El género de las autorizaciones administrativas engloba, en cambio, tanto a las regladas como a las discrecionales. Con la sustitución del término "verificación" por el de "autorización", el anteproyecto no alberga ciertamente el propósito de que la prestación de servicios cualificados quede sujeta a una autorización discrecional, que resultaría contraria a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 910/2014, como reconoce la memoria. Pero la conveniencia de evitar cualquier equívoco en esta materia -durante la tramitación del expediente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha entendido que la regulación proyectada contempla "un margen de discrecionalidad" para determinar si los prestadores cumplen los requisitos establecidos- aconseja utilizar los mismos términos que emplea la norma europea, eliminando las referencias que se hacen a la noción de autorización administrativa en el preámbulo y en el artículo 15 del anteproyecto.
Respecto del inicio de actividad de los prestadores no cualificados, el Reglamento (UE) 910/2014 guarda silencio. Estos prestadores no están sujetos, por tanto, a un proceso de verificación administrativa ni pueden ser sometidos a tipo de control previo alguno. El deber de comunicación previsto en el artículo 15 del anteproyecto es meramente informativo y no resulta -a juicio del Consejo de Estado- contrario a lo dispuesto en la norma europea.
3.2. Responsabilidad de los prestadores
El artículo 13 del Reglamento (UE) 910/2014 regula esta cuestión de forma parecida al artículo 6 de la Directiva 1999/93/CE, estableciendo, entre otras previsiones, que los prestadores serán responsables de los perjuicios causados "de forma deliberada o por negligencia" (apartado 1) y que la exigencia de responsabilidad se ajustará a lo dispuesto en "las normas nacionales sobre responsabilidad" (apartado 3).
Los artículos 13 y 14 del anteproyecto complementan lo dispuesto en el Reglamento (UE) 910/2014:
- El primero de estos preceptos, el artículo 13, no plantea, en sus dos primeros apartados, observación alguna. En cambio, el apartado 3, que no figuraba en el texto inicial y fue introducido a propuesta del Ministerio del Interior, merece alguna reflexión.
La Secretaría General Técnica de este departamento ministerial observó que la responsabilidad de los prestadores de servicios de confianza que actúan "en régimen de derecho administrativo" -esta naturaleza tiene la actividad desplegada por el Ministerio del Interior en relación con el documento nacional de identidad y sus certificados electrónicos anejos- debería someterse al régimen previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sugiriendo que así se indicase en el anteproyecto.
El artículo 13.3 del anteproyecto recoge esta previsión, con la misma redacción que le dio la mencionada Secretaría General Técnica, disponiendo -en términos genéricos- que "los prestadores de servicios electrónicos de confianza que formen parte del sector público" responderán de conformidad con lo dispuesto en las leyes indicadas.
Ocurre, sin embargo, que no todos los prestadores públicos de servicios electrónicos de confianza actúan en régimen de derecho administrativo, sujetándose en ocasiones al derecho privado. Tal es el caso, muy relevante, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, cuyo Estatuto, aprobado por Real Decreto 1114/1999, de 25 de junio, señala, como uno de los fines de este organismo, la prestación de servicios de seguridad, técnicos y administrativos, en las comunicaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT), así como la expedición, fabricación y suministro de los títulos o certificados de usuario o soportes en tarjeta necesarios, introduciendo una distinción en el régimen jurídico aplicable a tales servicios en función de que se presten "en el ámbito de las Administraciones públicas y sus organismos públicos, vinculados o dependientes a tal fin" o "para personas privadas": en el primer caso, el organismo se regirá por las normas de derecho administrativo que el Estatuto menciona y que son el precedente inmediato de las vigentes Leyes 39 y 40/2015; en el segundo, en cambio, "la entidad actuará a todos los efectos en régimen de derecho privado" (artículo 2.2, letras g) y h)). Así las cosas, en el supuesto de que la Fábrica preste sus servicios a particulares, en régimen de derecho privado, las normas sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas no resultarían aplicables.
En definitiva, debería introducirse una precisión en el artículo 13.3 para circunscribir su ámbito a "los prestadores de servicios electrónicos de confianza que formen parte del sector público y actúen en régimen de derecho administrativo, o, quizá mejor, suprimirlo.
- El artículo 14 del anteproyecto establece, por su parte, una serie de "limitaciones a la responsabilidad de los prestadores de servicios electrónicos de confianza".
El considerando 37 y el artículo 13.3 del Reglamento (UE) 910/2014 admiten que los prestadores de servicios puedan introducir limitaciones en determinadas circunstancias, relativas a la utilización de los servicios que prestan, que los exima de responsabilidad por los perjuicios derivados del uso de los mismos que supere dichas limitaciones, con el fin de evaluar el riesgo financiero que tendrían que cubrir a través de las correspondientes pólizas.
Pero las limitaciones contenidas en el artículo 14 del anteproyecto no son limitaciones propiamente contractuales, sino supuestos de exoneración legal de responsabilidad de los prestadores de servicios electrónicos de confianza, muy similares a los ya previstos en términos análogos por la Ley 59/2003 (artículo 23), en los que el usuario o destinatario de los servicios electrónicos de confianza haya actuado con intencionalidad o negligencia.
A juicio del Consejo de Estado, esta regulación encuentra cobertura en la remisión, contenida en el artículo 13.3 del Reglamento (UE) 910/2014, a "las normas nacionales sobre responsabilidad", que no son solo aquellas que versan sobre el procedimiento aplicable, sino también otras como, "por ejemplo" -dice el considerando 37-, las relativas a "la definición de los perjuicios" o de "la intencionalidad" y "negligencia". Precisamente, el artículo 14 del anteproyecto contempla supuestos en que los daños y perjuicios derivados del servicio no obedecen a la intencionalidad o negligencia de su prestador, sino a la de sus usuarios o destinatarios.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo General del Poder Judicial han entendido que algunos de estos supuestos pueden generar cierta inseguridad jurídica. Pero el examen de la formulación que a los mismos otorga el anteproyecto únicamente evidencia el grado de apertura necesario para que, en su aplicación práctica, puedan ponderarse las circunstancias concurrentes en cada caso.
4. Supervisión y control
El título IV del anteproyecto (artículos 17 a 20) no establece el régimen de supervisión y control de los prestadores de servicios, que se encuentra regulado en el Reglamento (UE) 910/2014 (artículos 17, 20 y 21), ni reproduce las disposiciones de este, de forma consecuente con la naturaleza de la norma europea, limitándose a introducir algunas previsiones de carácter operativo necesarias para la aplicación de dicho régimen.
El sistema de supervisión y control instaurado por el Reglamento (UE) 910/2014 ha supuesto un cambio relevante respecto de la legislación precedente. Bajo la vigencia de la Directiva 1999/93/CE, la supervisión de los prestadores de servicios era siempre posterior y nunca previa. El Reglamento (UE) 910/2014 distingue ahora entre los prestadores de servicios cualificados y no cualificados, estableciendo para los primeros una supervisión previa que no existe para los segundos -el antes mencionado proceso de verificación-, junto a una supervisión posterior que, aunque con diferente intensidad, es común a unos y otros.
El título IV del anteproyecto se limita a designar el organismo nacional que ejercerá las funciones de supervisión, a regular determinados aspectos de su actuación y a imponer a los operadores del mercado un deber de colaboración e información respecto de aquel.
El texto inicial de la norma proyectada designaba como organismo de supervisión al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, pero, a resultas de la nueva organización departamental, el artículo 17 del último texto del anteproyecto atribuye las funciones de supervisión y control al Ministerio de Economía y Empresa, del que ahora depende la Secretaría de Estado para el Avance Digital.
El Reglamento (UE) 910/2014 admite, por otra parte, la posibilidad de que el organismo de supervisión de los prestadores de servicios sea diferente del organismo competente para mantener, establecer y publicar la lista de confianza de prestadores y servicios cualificados en la que serán incluidos aquellos que superen el proceso de verificación previa. Sin embargo, el artículo 19 del anteproyecto ha optado -correctamente a juicio de este Consejo- por que sea el Ministerio de Economía y Empresa también el encargado de llevar la lista de confianza.
Precisamente en relación con el proceso de verificación previa de los prestadores cualificados, regulado en el artículo 21.2 del Reglamento (UE) 910/2014, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia ha sugerido que se otorgue al silencio administrativo un sentido positivo. La memoria ha rechazado esta observación, recordando que en dicho precepto se dice que "si la verificación no ha concluido en el plazo de tres meses, el organismo de supervisión informará al prestador de servicios de confianza especificando los motivos de la demora y el plazo previsto para concluir la verificación". A la vista de esta previsión, el departamento ministerial proponente entiende que el silencio debe ser negativo, de conformidad con el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, que excepciona de la regla general del silencio administrativo positivo aquellos supuestos en que una norma de Derecho de la Unión Europea establezca lo contrario. El Consejo de Estado comparte esta conclusión, que no obsta para que el anteproyecto deba establecer un plazo máximo, en todo caso superior a los tres meses, para la resolución y notificación del proceso de verificación, ni para que se prevea que, al llegar su término, el silencio tendrá carácter negativo. El establecimiento de ese plazo máximo, que podría ubicarse como un nuevo precepto dentro del propio título IV, es necesario, por exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución y del carácter revisor de la jurisdicción contencioso- administrativa, para que, en su caso, los solicitantes puedan acudir ante esta.
5. Infracciones y sanciones
El título V del anteproyecto ("Infracciones y sanciones", artículos 21 a 23) establece el régimen sancionador, al amparo de la habilitación expresa en favor de los Estados miembros contenida en el artículo 16 del Reglamento (UE) 910/2014.
La regulación proyectada en esta materia suscita una observación referida a la tipificación de las infracciones muy graves. El artículo 21 clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, realizando una descripción detallada de las conductas que constituyen infracciones leves (apartado 4) e infracciones graves (apartado 3), pero no de las que dan lugar a infracciones muy graves. Respecto de estas últimas se limita a señalar que "una infracción grave se convertirá en muy grave cuando, como consecuencia de ella, se hayan causado daños graves constatables a usuarios concretos o la seguridad de los servicios de confianza se haya visto gravemente afectada" (apartado 2).
La memoria del análisis de impacto normativo reconoce que el anteproyecto "no tipifica específicamente infracciones muy graves", considerando como tales a las infracciones graves en las que concurran las circunstancias a que alude el precepto transcrito.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital observó, durante la tramitación del expediente, que el principio de tipicidad previsto en el artículo 27.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, como reflejo del principio de legalidad consagrado en los artículos 9.3 y 25.1 de la Constitución, aconsejaba una mayor precisión en la delimitación de los ilícitos susceptibles de constituir infracciones muy graves. Esta sugerencia no ha sido sin embargo aceptada, por entenderse que las circunstancias exigidas por el artículo 21.2 del anteproyecto para la conversión de las infracciones graves en muy graves son suficientes a este respecto.
En reiterados pronunciamientos, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el principio de legalidad sancionadora consagrado en el artículo 25.1 de la Constitución comporta una "exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, que hace recaer sobre el legislador el deber de configurarlas en las leyes sancionadoras con la mayor precisión posible para que los ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo proscrito y prever, así, las consecuencias de sus acciones", de forma que la norma punitiva "permita predecir con suficiente grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción del que puede hacerse merecedor quien la cometa, lo que conlleva que no quepa constitucionalmente admitir formulaciones tan abiertas por su amplitud, vaguedad o indefinición, que la efectividad dependa de una decisión prácticamente libre y arbitraria del intérprete y juzgador (Sentencias del Tribunal Constitucional 242/2005, de 10 de octubre, FJ 2º; 26/20005, de 14 de febrero, FJ 3º; y 100/2003, de 2 de junio, FJ 2º).
Aunque las exigencias del principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador no son evidentemente las mismas que en el derecho penal, habida cuenta de la diversidad de bienes jurídicos en presencia, el legislador está obligado a una determinación de las conductas sancionables tan precisa como sea posible, teniendo en consideración las características del sector objeto de regulación sobre el que se proyecta la acción administrativa. En tal sentido, no parece ocioso recordar que el artículo 31.2 de la vigente Ley 59/2003 de firma electrónica sí identifica los concretos incumplimientos de la normativa aplicable que constituyen infracciones muy graves, evidenciando que, en el ámbito de los servicios electrónicos de confianza, es posible tipificar esa clase de infracciones con un grado de detalle significativamente superior al que se observa en la regulación proyectada.
En efecto, las circunstancias exigidas por el artículo 21.2 del anteproyecto para que una infracción grave pueda considerarse muy grave -a saber, que hayan causado "daños graves constatables a usuarios concretos" o que "la seguridad de los servicios de confianza se haya visto gravemente afectada"- se formulan con una indeterminación tal que, en la práctica, queda enteramente en manos del órgano administrativo la decisión de calificar la conducta de uno u otro modo. La norma proyectada no proporciona criterios que permitan predecir, con un razonable grado de certeza, qué gravedad deberán revestir los daños causados o la afectación de la seguridad ocasionada por la infracción para que pueda calificarse de muy grave.
Ciertamente, las resoluciones administrativas sancionadoras que se dicten en cada caso deberán estar debidamente motivadas y la valoración que en las mismas se haga de las circunstancias concurrentes quedará sujeta a control jurisdiccional. Pero las garantías asociadas a este deber de motivación en el plano de la aplicación normativa no pueden sustituir a las exigencias de una lex certa en la definición del régimen sancionador.
En definitiva, el precepto comentado no satisface debidamente las exigencias del principio constitucional de tipicidad, por lo que -a criterio de este Consejo- debería ser reformulado para incluir un catálogo de las conductas susceptibles de ser consideradas infracciones muy graves. Esta observación de constitucionalidad se formula a los efectos previstos en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
Asimismo, debe extremarse el cuidado en la redacción de los tipos de las infracciones graves y leves. Por solo poner algunos ejemplos, el artículo 21.3.i) del anteproyecto tipifica como infracción grave "la demostración" de una notoria falta de interés en la resolución de los incidentes de seguridad, cuando dicha demostración es un elemento común a cualquier ilícito administrativo que, sin ella, no puede ser sancionado; y el artículo 21.4.a) del anteproyecto tipifica como infracción leve "no publicar información veraz", cuando el hecho sancionable consiste, en realidad, en publicar información que no sea veraz o acorde con la ley o acorde con el Reglamento (UE) 910/2014.
VII. Recapitulación
Con independencia del juicio favorable que, en términos generales, merece el anteproyecto, son varios los puntos que deberían ser reformulados, y, entre ellos, cabe destacar -por su importancia- los siguientes: la exposición de motivos, para reflejar de manera más ordenada y exacta el contenido del Reglamento (UE) 910/2014 y del propio anteproyecto; el artículo 3, para suprimir o reformular la clasificación de los documentos electrónicos de sus apartados 1 y 2 y clarificar que la prueba de los documentos electrónicos generados con servicios electrónicos de confianza regulada en sus apartados 3 y 4 se refiere a los documentos privados, remitiendo el contenido de tales apartados a la Ley de Enjuiciamiento Civil; el artículo 5, para precisar, entre otros aspectos, que la suspensión de un certificado es obligatoria cuando una resolución judicial o administrativa así lo ordene; los artículos 8 y 9, para regular los certificados electrónicos asociados al Documento Nacional Electrónico sin menoscabo de la concepción unitaria que debe darse a este documento; el artículo 13.3, para distinguir el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios en función de que actúen en régimen de derecho administrativo o derecho privado; el artículo 15, para eliminar el término "autorización administrativa", también utilizado en el preámbulo, por cuanto podría dar lugar a entender que existe una discrecionalidad administrativa en la "verificación" de los prestadores cualificados que la norma europea no admite; y el artículo 21.2, para regula las infracciones muy graves de una forma que se ajuste al principio constitucional de tipicidad; asimismo, debe incluirse un nuevo precepto en el título IV que indique el plazo máximo de resolución y notificación del proceso de verificación administrativa de los prestadores cualificados y el sentido negativo del silencio.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno, es de dictamen:
Que, una vez tenida en cuenta la observación formulada en relación con los artículos 3 y 21.2, y consideradas las restantes contenidas en el cuerpo del presente dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, para su aprobación como proyecto de Ley y su posterior remisión a las Cortes Generales".
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 28 de febrero de 2019
LA SECRETARIA GENERAL,
EL PRESIDENTE ACCTAL.,
EXCMA. SRA. MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA.
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