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Consejo de Estado: Dictámenes

Número de expediente: 449/2013 (JUSTICIA)

Referencia:
449/2013
Procedencia:
JUSTICIA
Asunto:
Anteproyecto de ley de Navegación Marítima.
Fecha de aprobación:
24/07/2013

TEXTO DEL DICTAMEN

El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 24 de julio de 2013, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"Por Orden de V. E. de 25 de abril de 2013, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al anteproyecto de Ley de Navegación Marítima (entrada en este Consejo el 26 de abril).

Antecedentes

De antecedentes resulta:

PRIMERO. El anteproyecto de Ley de Navegación Marítima

El anteproyecto de Ley de Navegación Marítima (a partir de ahora el Anteproyecto) tiene fecha de 4 de febrero de 2013, y consta de una exposición de motivos, de quinientos veintitrés artículos, distribuidos en once títulos, distribuidos a su vez en capítulos, doce disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.

Según la exposición de motivos, el Anteproyecto lleva a cabo una amplia reforma del Derecho marítimo español que responde a su imprescindible coordinación con el Derecho Marítimo Internacional y a su adecuación a la práctica actual del transporte marítimo, superando las contradicciones entre los distintos convenios internacionales vigentes en España y la dispersa regulación existente en esta materia. Contempla todos los aspectos de la navegación, tanto de Derecho público como privado, reforzando la tutela de la seguridad de la navegación, la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural subacuático, el uso del mar territorial, la lucha contra la contaminación, los intereses españoles en materia de pesca, la extranjería, la inmigración y la lucha contra el contrabando. Persigue el propósito de acabar con la criticada dualidad de regulaciones existente entre distintos Convenios internacionales ratificados y la legislación interna no ajustada a aquellos y remite en cada materia a los Convenios vigentes, reservándose la ley a dotar de contenido los espacios que aquellos dejan a los Estados.

El Título I contiene una regulación básica y sistemática de la policía de la navegación, inspirada en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (CNUDM/UNCLOS), que se completa con la normativa en materia de puertos del Estado y de marina mercante y que se aplica a buques nacionales y extranjeros que navegan o se detienen en alguna de nuestras aguas, sin perjuicio del respeto a las competencias del Estado del pabellón, a cuya normativa quedan sujetos los buques españoles, donde quiera que se encuentren.

El estatuto jurídico del buque se caracteriza por su movilidad y capacidad de transporte y se aplica a todos los buques -sin distinción de públicos o privados, civiles o militares, mercantes o de recreo, deportivo o científicos-, salvo que su tamaño sea menor de veinticuatro metros o carezca de cubierta corrida. Entonces se califica de "embarcación" -aparte de las "unidades menores" más pequeñas-. Los buques y embarcaciones que son objeto de tráfico mercantil son identificables y registrables mediante un sistema de publicidad material de titularidades y gravámenes que se traslada parcialmente a embarcaciones y artefactos.

El contrato de construcción regula la transmisión de la propiedad y de los riesgos según las prácticas contractuales más difundidas, manteniendo la regulación marítima tradicional a la hora de regular el riesgo en caso de la venta. Se prescinde de las figuras de los préstamos a la gruesa ventura o riesgo de nao, para asentar el crédito marítimo sobre un sistema de privilegios simplificado. Los reduce a los que se aceptan internacionalmente por el Convenio sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval de 1993. Incluye la extensión de la garantía para los créditos salariales de origen dudoso a todos los buques gestionados por una misma empresa.

Se renueva el régimen de los sujetos de la navegación, diferenciando, de una parte, entre propietario y armador y, de otro lado, entre simple cotitularidad del buque y condominio naval. No se podrá ser armador sin posesión del buque y sin su utilización para la navegación, aunque no se precise el ejercicio de una actividad empresarial. Corresponde al armador hacer frente a los actos y omisiones de la dotación del buque y a las obligaciones contraídas por su capitán. Se mantiene el concepto de naviero, limitándolo a quienes se dedican a la explotación de buques mercantes (excluidos los dedicados a la pesca) y, cuando, además, tengan la posesión, serán también armadores.

La Ley también coordina las normas administrativas y mercantiles aplicables al personal marítimo con el Derecho del trabajo, que es la dotación, entendida como el conjunto de todos los individuos embarcados bajo contrato de enrolamiento. Esta regulación complementa lo dispuesto en el Convenio Internacional sobre Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar (STCW, 78/95 -buques mercantes-), en el Convenio Internacional del mismo nombre para el personal de los buques pesqueros (STCW-F/95) y en el Convenio Internacional de Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 74/88), vigentes en España. El concepto amplio de dotación viene a concretar, para un buque determinado, el más genérico de "gente de mar" o "marinos" recogido en el Convenio sobre Trabajo Marítimo 2006 de la Organización Internacional del Trabajo.

La Ley garantiza la libertad profesional del capitán para tomar decisiones autónomas en materia de seguridad y protección del medio ambiente y aclara la responsabilidad del armador por los actos ilícitos del capitán, regulándose la "protesta de mar" como instrumento probatorio que obliga a éste a dejar constancia en el diario de navegación de los acaecimientos ocurridos durante el viaje y a certificarlos de forma unilateral en la protesta.

Sobre la responsabilidad del porteador por daños y averías de las cosas transportadas, se mantiene el régimen vigente, contenido en las Reglas de La Haya-Visby -ratificadas por España- y reguladoras actualmente del 95 por 100 del comercio marítimo mundial. Se han unificado los regímenes de responsabilidad del porteador, aplicables al transporte marítimo en régimen de conocimiento de embarque y al fletamento -derecho necesario en los transportes contratados en régimen de conocimiento de embarque-. Y se han tenido en cuenta, además, los últimos convenios en esta materia, especialmente las conocidas Reglas de Rotterdam, previendo ulteriores modificaciones de su articulado cuando entren en vigor.

El fletamento se configura como contrato de transporte de tipo contractual unificado que se compagina con la previsión de especialidades. Queda excluido de su concepto la contratación de buques a otros fines distintos (tendido de cables, investigación oceanográfica, actuaciones de rompehielos). También se regulan los contratos de pasaje, de remolque en su doble modalidad, de arrendamiento de buque y de arrendamiento náutico (chárter).

Los llamados contratos auxiliares de la navegación incorporan los patrones del tráfico; en concreto, los formularios del Consejo Marítimo Internacional y del Báltico COMIB/BIMCO (Baltic and International Maritime Council) para el contrato de gestión naval o el Convenio sobre Responsabilidad de los empresarios de terminales de transportes en el comercio internacional, hecho en Viena el 19 de abril de 1991 (firmado, pero no ratificado aún por España), que definen el régimen de responsabilidad de la comisión o de la agencia.

El practicaje exige una actuación interactiva con el capitán (a quien corresponde la decisión última) y con la propia dotación. Por ello, se considera culpa exclusiva del práctico la que derive de aspectos dependientes sólo de él como sucede con la inexactitud, la omisión del asesoramiento necesario o la falta de apoyo técnico debido. El armador soportará los daños propios y vendrá obligado a resarcir los ajenos y todos los sujetos imputables (armador, capitán, práctico) serán responsables solidariamente, sin perjuicio de las acciones de regreso que pudieren ejercerse.

El régimen del abordaje se remite al Convenio para la unificación de ciertas reglas en materia de abordaje, hecho en Bruselas el 23 de septiembre de 1910. Se fija la responsabilidad por culpa probada, la exclusión del caso fortuito, la graduación de las culpas efectivamente producidas y se extiende el ámbito de aplicación de esta normativa especial a los procesos penales o administrativos en que se exija una responsabilidad patrimonial. En materia de avería común, se siguen las Reglas de York y Amberes y se regula el derecho de retención y la prescripción. Se ha previsto un procedimiento para los casos en que no se alcance un acuerdo entre los interesados sobre este punto.

Sobre salvamento marítimo la Ley remite al Convenio internacional, hecho en Londres el 28 de abril de 1989, introduciendo mejoras técnicas relevantes en lo tocante al concepto del salvamento, la habilitación del capitán y armador para celebrar convenios al respecto y el reconocimiento de un derecho de retención del salvador.

Se regula el naufragio o hundimiento de buques a los efectos de determinar la situación de los bienes afectados y un régimen sobre la contaminación marítima que impone una responsabilidad cuasi objetiva del armador del buque o del titular del artefacto causante de la contaminación, junto con la exigencia del correspondiente seguro obligatorio, de conformidad con el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil nacida de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos, 1992 (Convenio de Responsabilidad Civil, 1992) y el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil nacida de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos para combustible de los buques (BUNKERS, 2001). La pertenencia de España al ámbito comunitario europeo comporta mayores exigencias en materia de responsabilidad por contaminación marina, lo que implica la exigencia de una mayor calidad en la construcción y mantenimiento de los buques y una atribución de responsabilidad a quien contamina de acuerdo con los principios "prevención en la fuente" y "quien contamina paga".

La Ley simplifica los regímenes de limitación de la responsabilidad a partir del Convenio hecho en Londres el 19 de noviembre de 1976 (CMLR/LLMC), enmendado por el Protocolo de 1996, cuyo régimen se completa. Con excepción de los artefactos navales, la limitación de responsabilidad es invocable en cualquier procedimiento. Su fundamento es objetivo (al referirse solo a determinados créditos) y no genera presunción de responsabilidad al esgrimirlo.

En el tratamiento del seguro marítimo se han seguido los modelos de pólizas y cláusulas de tipo anglosajón. Se trata de una regulación dispositiva exigida por el Derecho de la Unión Europea sobre "Seguros de Grandes Riesgos" cuyo ámbito de aplicación cubre los daños "propios de la navegación marítima". La validez del seguro múltiple no depende de que venga concertado por un mismo tomador. Los riesgos asegurados se delimitan por vía de pacto y, salvo acuerdo en contrario, no se cubren los extraordinarios -bélicos y asimilables-. Tampoco queda cubierto el vicio propio, el desgaste natural para el seguro de buques y la culpa del asegurado. Los contratos de seguro celebrados sobre "buenas o malas noticias" y los contratados con posterioridad a la terminación del riesgo tienen reglas propias.

Corresponde al tomador el deber de declaración exacta y al asegurador, indemnizar el daño producido, pudiendo liquidarse el siniestro por la doble vía del procedimiento de avería o del sistema de abandono pactando la no transmisión del objeto asegurado o de sus restos a la compañía aseguradora. La liquidación puede hacerse extrajudicialmente por medio de los liquidadores de averías. Se recogen también las especialidades de los seguros de protección e indemnización, remitiendo su régimen jurídico a las propias pólizas e incluyendo la acción directa en los casos en que lo prevean así los Convenios internacionales o las normas de la Unión Europea.

En relación con las "especialidades procesales", en materia de jurisdicción y competencia, el Anteproyecto parte de la aplicación preferente de los Convenios internacionales y las normas de la Unión Europea, siendo nulas las cláusulas de sumisión a una jurisdicción extranjera o arbitraje en el extranjero, cuando no hayan sido negociadas individual y separadamente. El régimen del embargo preventivo de buques se regula de acuerdo con el Convenio Internacional sobre el embargo preventivo de buques, hecho en Ginebra el 12 de marzo de 1999, fijándose los criterios para determinar la cuantía de la garantía. La venta judicial del buque se regula a partir del régimen del Convenio sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval de 1993 que prevé la existencia de un sistema de publicidad y de notificaciones antes de la enajenación. Se regula también el procedimiento para limitar la responsabilidad por créditos marítimos, hasta ahora carente de regulación.

Quedan comprendidos en la regulación atinente a la jurisdicción voluntaria sólo los expedientes encomendados a los tribunales. La tramitación y resolución de la protesta de mar e incidencias del viaje, la liquidación de la avería gruesa, el depósito y venta de mercancías y equipajes en el transporte marítimo, el expediente sobre extravío, sustracción o destrucción del conocimiento de embarque y la enajenación de efectos mercantiles alterados o averiados se encomienda a los Notarios y pasan a denominarse certificación pública de expedientes de Derecho marítimo.

Las disposiciones finales atienden las necesidades de armonización de la nueva Ley de Navegación Marítima con otras normas: cuestiones de consumo, contratación electrónica, buques de guerra o la protección de los buques históricos como parte del patrimonio cultural de España. A tal fin, se modifican la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. De cara al futuro, se prevén las modificaciones que pueda requerir la entrada en vigor de las Reglas de Rotterdam o se atienden otras cuestiones específicas para mejor aplicación de la nueva regulación.

SEGUNDO.- Estructura del Anteproyecto

La estructura del Anteproyecto es la siguiente:

El TÍTULO PRELIMINAR ("Disposiciones generales") consta de tres artículos:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. Artículo 2. Fuentes e interpretación. Artículo 3. Navegación de buques de Estado y de guerra.

El TÍTULO I ("De la ordenación administrativa de la navegación"), se estructura de la forma siguiente:

Capítulo I. Del ámbito de aplicación de las normas de policía Artículo 4. Ámbito espacial de aplicación. Artículo 5. Aplicación a buques nacionales. Artículo 6. Aplicación a embarcaciones, artefactos navales y aeronaves.

Capítulo II. Del régimen de estancia en aguas interiores marítimas y en puerto Artículo 7. Entrada en puerto. Artículo 8. Cierre de puertos. Artículo 9. Arribada forzosa. Artículo 10. Régimen general de visita y de estadía. Artículo 11. Polizones. Artículo 12. Jurisdicción sobre buques extranjeros en puerto. Artículo 13. Buques de propulsión nuclear. Artículo 14. Sustancias de carácter radioactivo. Artículo 15. Otras mercancías peligrosas. Artículo 16. Atraque, amarre y fondeo de buques inactivos. Artículo 17. Empleo de medios radioelectrónicos de a bordo. Artículo 18. Despacho de buques.

Capítulo III. Del régimen general de navegación marítima Artículo 19. Régimen general de la navegación en los espacios marítimos españoles. Artículo 20. Excepciones al régimen general de la navegación en los espacios marítimos españoles. Artículo 21. Detención y fondeo. Artículo 22. Exhibición del pabellón y submarinos. Artículo 23. Régimen especial de navegación por la zona contigua. Artículo 24. Navegación de buques pesqueros. Artículo 25. Navegación de buques de investigación. Artículo 26. Cese de las actividades de investigación. Artículo 27. Reglas de rumbo y gobierno y navegación en zona de hielos. Artículo 28. Publicidad de los peligros y ayudas a la navegación. Artículo 29. Avisos de los capitanes. Artículo 30. Sistemas de organización y servicios de tráfico marítimo. Artículo 31. Normas especiales para artefactos navales y plataformas fijas. Artículo 32. Planes de preparación y lucha contra la contaminación. Artículo 33. Obligación de notificar actos de contaminación. Artículo 34. Colaboración internacional. Artículo 35. Medidas especiales a adoptar en la zona contigua. Artículo 36. Detenciones injustificadas e indemnización.

Capítulo IV. Del derecho de paso inocente por el mar territorial Artículo 37. Derecho de paso inocente. Artículo 38. Cumplimiento de leyes y reglamentos. Artículo 39. Prohibiciones. Artículo 40. Buques que comporten riesgos especiales. Artículo 41. Gravámenes a los buques extranjeros. Artículo 42. Suspensión del paso inocente. Artículo 43. Ejercicio de la jurisdicción civil. Artículo 44. Ejercicio de la jurisdicción penal. Artículo 45. Intervención a petición del capitán o Cónsul. Artículo 46. Notificación a un agente diplomático. Artículo 47. Sobrevuelo de aeronaves extranjeras. Capítulo V. Del derecho de persecución y de visita Artículo 48. Ejercicio del derecho de persecución y de visita. Artículo 49. Conducción a puerto nacional.

Capítulo VI. De los buques de Estado extranjeros Artículo 50. Inmunidad. Artículo 51. Navegación por aguas interiores marítimas y entrada en puerto. Artículo 52. Actividades prohibidas en el mar territorial. Artículo 53. Submarinos de Estado. Artículo 54. Medidas respecto a los buques de Estado extranjeros. Artículo 55. Reglamentación especial.

El TÍTULO II ("De los vehículos de la navegación") se estructura como sigue:

Capítulo I. De los buques, embarcaciones y artefactos navales Artículo 56. Buque. Artículo 57. Embarcación. Artículo 58. Artefacto naval. Artículo 59. Plataforma fija. Artículo 60. Naturaleza e identificación del buque. Artículo 61. Accesorios. Artículo 62. Negocios jurídicos y derechos sobre el buque. Artículo 63. Adquisición del buque. Artículo 64. Copropiedad de los vehículos de navegación.

Capítulo II. Del registro de los buques Artículo 65. Registro y matrícula. Artículo 66. Coordinación entre Registros. Sección 1ª. De la inscripción en la sección de buques del Registro de Bienes Muebles Artículo 67. Legislación aplicable. Artículo 68. Competencia. Artículo 69. Bienes inscribibles. Artículo 70. Objeto. Artículo 71. Inscripción y cierre. Artículo 72. Publicidad formal. Artículo 73. Principio de libertad de forma. Artículo 74. Principio de legalidad. Artículo 75. Principio de legitimación. Artículo 76. Principio de fe pública registral. Artículo 77. Principio de inoponibilidad. Sección 2ª. De la documentación de los buques nacionales Artículo 78. Documentación de los buques nacionales. Artículo 79. Certificado de Matrícula. Artículo 80. Patente de Navegación. Artículo 81. Rol de Despacho y Dotación. Artículo 82. Diario de Navegación. Artículo 83. Cuaderno de Bitácora. Artículo 84. Cuaderno de Máquinas. Artículo 85. Forma de llevar los libros. Artículo 86. Conservación de los libros. Artículo 87. Publicidad de los libros.

Capítulo III. De la nacionalidad de los buques Artículo 88. Abanderamiento de buques. Artículo 89. Navegación con pabellón nacional. Artículo 90. Efectos del abanderamiento. Artículo 91. Prohibición de doble nacionalidad y de doble registro. Artículo 92. Pérdida de nacionalidad de procedencia. Artículo 93. Régimen de las garantías reales en caso de cambio definitivo de pabellón. Artículo 94. Cambio temporal de pabellón. Artículo 95. Comienzo y cese del abanderamiento temporal. Artículo 96. Régimen de las garantías reales en caso de cambio temporal de pabellón.

Capítulo IV. De la seguridad de los buques y de las sociedades de clasificación. Artículo 97. Requisitos de seguridad de los buques nacionales. Artículo 98. Control de la seguridad de los buques. Artículo 99. Coste de las inspecciones. Artículo 100. Paralización del buque. Artículo 101. Emisión de certificados de seguridad. Organizaciones autorizadas y su responsabilidad. Artículo 102. Exhibición de los certificados. Artículo 103. Efecto de los certificados. Artículo 104. Inspección de buques extranjeros. Artículo 105. Detención de buques extranjeros. Artículo 106. Función y responsabilidad de las Sociedades de Clasificación. Artículo 107. Inspección y certificación de artefactos navales.

Capítulo V. Del contrato de construcción naval Artículo 108. Concepto y régimen. Artículo 109. Forma del contrato. Artículo 110. Adquisición del dominio. Artículo 111. Obligación de construir. Artículo 112. Obligación de entrega y recepción. Artículo 113. Responsabilidad del constructor. Artículo 114. Pago del precio. Artículo 115. Prescripción de acciones. Artículo 116. Embarcaciones y artefactos navales.

Capítulo VI. De la compraventa Artículo 117. Objeto de la compraventa. Artículo 118. Forma, adquisición de la propiedad y eficacia frente a terceros. Artículo 119. Riesgos y saneamiento. Artículo 120. Caducidad. Artículo 121. Aplicación a otros supuestos.

Capítulo VII. De los derechos de garantía sobre el buque Sección 1ª. De los privilegios marítimos Artículo 122. Régimen jurídico de los privilegios marítimos. Artículo 123. Privilegios sobre la flota. Artículo 124. Otros privilegios. Artículo 125. Exclusión de los créditos de sustitución. Sección 2ª. De la hipoteca naval Artículo 126. Objeto de hipoteca. Artículo 127. Efectos de la hipoteca. Artículo 128. Constitución de la hipoteca. Artículo 129. Modo de constitución. Artículo 130. Personas autorizadas para la constitución. Artículo 131. Hipoteca sobre buque en construcción. Artículo 132. Contenido del documento de constitución. Artículo 133. Contenido de la inscripción. Artículo 134. Extensión de la hipoteca. Artículo 135. Notificación de la hipoteca. Artículo 136. Aseguramiento del buque. Artículo 137. Derecho de preferencia. Artículo 138. Créditos refaccionarios. Artículo 139. Derecho de retención. Artículo 140. Ejercicio del derecho de hipoteca. Artículo 141. Ejecución de la hipoteca naval. Artículo 142. Prescripción. Artículo 143. Reconocimiento de hipotecas sobre buques extranjeros. Artículo 144. Derecho supletorio.

El TÍTULO III ("De los sujetos de la navegación") tiene el siguiente contenido:

Capítulo I. Del armador Artículo 145. Concepto de armador y de naviero. Artículo 146. Inscripción en el Registro Mercantil. Artículo 147. Inscripción en el Registro de Bienes Muebles. Artículo 148. Presunción de armador. Artículo 149. Responsabilidad del armador.

Capítulo II. Del condominio naval Artículo 150. Condominio naval. Artículo 151. Facultades de la mayoría. Artículo 152. Derechos de la minoría. Artículo 153. Del administrador del condominio naval. Artículo 154. Derechos sobre la cuota indivisa. Artículo 155. Derecho de adquisición preferente.

Capítulo III. De la dotación Artículo 156. Concepto de dotación. Artículo 157. Ámbito de aplicación. Artículo 158. Inscripción y documentación. Artículo 159. Embarque y desembarque. Artículo 160. Clasificación del personal de a bordo. Artículo 161. Dotaciones mínimas de seguridad. Artículo 162. Nacionalidad de las dotaciones. Artículo 163. Profesionales del sector pesquero. Artículo 164. Contratación de dotaciones. Sección 1ª. De la titulación, certificación e inspección Artículo 165. Titulación y certificación obligatoria. Artículo 166. Expedición y registro de títulos y certificados. Artículo 167. Obligaciones de los armadores. Artículo 168. Control e inspección de buques nacionales. Artículo 169. Control de buques extranjeros en los puertos nacionales. Artículo 170. Detención de buques extranjeros. Sección 2 ª. Del capitán Artículo 171. Concepto, designación y caracteres. Artículo 172. Nombramiento y cese. Artículo 173. Requisitos y sustitución en el cargo. Artículo 174. Deber de obediencia a los buques de Estado. Artículo 175. Ausencia de autoridades competentes en el extranjero. Artículo 176. Condición de autoridad pública. Artículo 177. Obligación de consignar los hechos producidos. Artículo 178. Actas de registro civil. Artículo 179. Testamentos y fallecimiento durante la navegación. Artículo 180. Destino de los cadáveres. Artículo 181. Entrega de bienes y de documentación. Artículo 182. Obligaciones técnicas del capitán. Artículo 183. Peligro, abandono del buque y salvamento. Artículo 184. Obligación de comunicar accidentes. Artículo 185. Primacía del criterio profesional. Artículo 186. Poder de representación del armador. Artículo 187. Protesta de mar.

El TÍTULO IV ("De los contratos de utilización del buque") está integrado del modo siguiente:

Capítulo I. Del contrato de arrendamiento de buque Artículo 188. Concepto. Artículo 189. Forma del contrato. Artículo 190. Oponibilidad frente a terceros. Artículo 191. Entrega del Buque. Artículo 192. Estado de navegabilidad a la entrega. Artículo 193. Limitaciones de uso del buque y pago del precio. Artículo 194. Obligación de mantener el buque en estado de navegabilidad. Artículo 195. Obligación de restituir el buque a la terminación del contrato. Artículo 196. Efectos de la enajenación del buque sobre el arrendamiento. Artículo 197. Obligación del arrendatario de mantener indemne al arrendador. Artículo 198. Interrupciones en el uso del buque arrendado. Artículo 199. Subarriendo del buque y cesión del arriendo. Artículo 200. Obligaciones del arrendatario que subarrienda. Artículo 201. Efectos del contrato de cesión de arriendo. Artículo 202. Prescripción de acciones.

Capítulo II. Del contrato de fletamento Sección 1ª. Disposiciones generales Artículo 203. Concepto. Artículo 204. Fletamento por tiempo y por viaje. Artículo 205. Fletamento para el transporte de mercancías determinadas en régimen de conocimiento de embarque. Artículo 206. Subfletamento. Artículo 207. Contratación del transporte por el fletador. Artículo 208. Contratos de volumen. Artículo 209. Transporte multimodal. Artículo 210. Contratos de utilización del buque para fines distintos del transporte de mercancías. Sección 2ª. De las obligaciones del porteador Artículo 211. Puesta a disposición del buque. Artículo 212. Navegabilidad del buque. Artículo 213. Características del buque. Artículo 214. Falta de puesta a disposición. Artículo 215. Puerto pactado. Artículo 216. Derecho de designación del puerto. Artículo 217. Muelle o lugar de carga. Artículo 218. Operaciones de carga y estiba. Artículo 219. Carga sobre cubierta. Artículo 220. Realización del viaje. Artículo 221. Retraso en el inicio del viaje. Artículo 222. Desviación. Artículo 223. Deber de custodia. Artículo 224. Arribada por inhabilitación del buque. Artículo 225. Seguridad del puerto. Artículo 226. Determinación del muelle. Artículo 227. Operaciones de descarga. Artículo 228. Obligación de entrega. Sección 3ª. De los deberes del fletador Artículo 229. Presentación de las mercancías para su embarque. Artículo 230. Flete sobre vacío. Artículo 231. Embarque clandestino. Artículo 232. Embarque de mercancías peligrosas. Artículo 233. Cálculo y devengo del flete. Artículo 234. Flete de las mercancías perdidas o averiadas. Artículo 235. Persona obligada al pago del flete. Artículo 236. Privilegio del crédito por el flete. Artículo 237. Retención y depósito. Artículo 238. Retención o depósito en el fletamento por tiempo. Sección 4ª. De la plancha y demoras Artículo 239. Cómputo del plazo de plancha. Artículo 240. Inicio del cómputo de plancha. Artículo 241. Entrada en demoras y su importe. Artículo 242. Duración y cómputo del plazo de demora. Artículo 243. Detención ulterior del buque. Artículo 244. Cómputo independiente de los plazos. Artículo 245. Pago, privilegio y prescripción. Sección 5ª. Del conocimiento de embarque Subsección 1ª. Del conocimiento de embarque en soporte papel Artículo 246. Obligación de entrega del conocimiento de embarque. Artículo 247. Pluralidad de conocimientos. Artículo 248. Menciones obligatorias del conocimiento de embarque. Artículo 249. Firma del conocimiento de embarque. Artículo 250. Ley de circulación del conocimiento de embarque. Artículo 251. Eficacia traslativa. Artículo 252. Derecho a la entrega de las mercancías. Artículo 253. Carácter de título ejecutivo. Artículo 254. Protección del adquirente de buena fe. Artículo 255. Obligación de pago del flete. Artículo 256. Fuerza probatoria del conocimiento de embarque. Artículo 257. Reservas por comprobación. Artículo 258. Reservas sin comprobación. Artículo 259. Eficacia de las reservas. Artículo 260. Garantía legal del cargador. Artículo 261. Cartas de garantía. Subsección 2ª. El conocimiento de embarque en soporte electrónico Artículo 262. Emisión. Artículo 263. Sustitución del conocimiento en soporte papel. Artículo 264. Régimen legal. Artículo 265. Sustitución del conocimiento en soporte electrónico. Artículo 266. Efectos de la sustitución. Sección 6ª. Del documento del transporte multimodal Artículo 267. Del documento del transporte multimodal. Sección 7ª. De las cartas de porte marítimo Artículo 268. De las cartas de porte marítimo. Artículo 269. Menciones de la carta de porte marítimo. Artículo 270. Fuerza probatoria de las cartas de porte marítimo. Artículo 271. Entrega de las mercancías. Sección 8ª. De la extinción anticipada del contrato Artículo 272. Supuestos generales de extinción. Artículo 273. Impedimento temporal. Artículo 274. Impedimentos sobrevenidos durante el viaje. Artículo 275. Modificación del destino por el fletador. Artículo 276. Venta del buque. Sección 9ª. De la responsabilidad del porteador por perdida, daños o retraso Artículo 277. Régimen de responsabilidad. Artículo 278. Porteador contractual y porteador efectivo. Artículo 279. Periodo temporal de responsabilidad. Artículo 280. Retraso en la entrega. Artículo 281. Responsabilidad en el transporte de animales. Artículo 282. Limitación de la responsabilidad por pérdida o daño. Artículo 283. Limitación de la responsabilidad por retraso. Artículo 284. Porteadores sucesivos. Artículo 285. Protestas. Sección 10ª. De la prescripción Artículo 286. Prescripción de acciones.

Capítulo III. Del contrato de pasaje Artículo 287. Concepto. Artículo 288. Menciones del billete de pasaje. Artículo 289. Emisión del billete de pasaje. Artículo 290. Estado de navegabilidad. Artículo 291. Obligación de realizar el viaje. Artículo 292. Interrupción del viaje. Artículo 293. Derechos y obligaciones del pasajero. Artículo 294. Deberes del portador con respecto al equipaje. Artículo 295. Equipaje. Artículo 296. Privilegio y derecho de retención. Artículo 297. Extinción del contrato. Artículo 298. Régimen de responsabilidad. Artículo 299. Limitación de responsabilidad. Artículo 300. Seguro obligatorio.

Capítulo IV. Del contrato de remolque Artículo 301. Concepto. Artículo 302. Remolque transporte. Artículo 303. Remolque maniobra. Artículo 304. Responsabilidad por daños. Artículo 305. Remolque de fortuna. Artículo 306. Prescripción de acciones.

Capítulo V. Del contrato de arrendamiento náutico Artículo 307. Concepto. Artículo 308. Modalidades y régimen aplicable. Artículo 309. Retraso en la entrega del buque o embarcación. Artículo 310. Instrucciones del arrendatario y criterio profesional del patrón. Artículo 311. Deber de informar los daños sufridos. Artículo 312. Seguro obligatorio. Artículo 313. Prescripción.

El TÍTULO V ("De los contratos auxiliares de la navegación") tiene el siguiente contenido:

Capítulo I. Del contrato de gestión naval Artículo 314. Concepto. Artículo 315. El ejercicio de las obligaciones del gestor. Artículo 316. Las formas de actuación del gestor. Artículo 317. Régimen aplicable. Artículo 318. Responsabilidad extracontractual.

Capítulo II. Del contrato de consignación de buques Artículo 319. Concepto. Artículo 320. Régimen. Artículo 321. Firma de conocimientos de embarque. Artículo 322. Responsabilidad por daños a las mercancías. Artículo 323. Tareas de manipulación. Artículo 324. Actuación como transitario.

Capítulo III. Del contrato de practicaje Artículo 325. Contrato de practicaje. Artículo 326. Deberes recíprocos. Artículo 327. Preeminencia del capitán. Artículo 328. Responsabilidad por daños durante la ejecución del practicaje.

Capítulo IV. Del contrato de manipulación portuaria Artículo 329. Concepto y régimen aplicable. Artículo 330. Obligaciones. Artículo 331. Contratación de las operaciones. Artículo 332. Documentación. Artículo 333. Fundamento de la responsabilidad del manipulador portuario. Artículo 334. Limitación de la responsabilidad. Artículo 335. Aplicación del régimen de responsabilidad a las diversas acciones. Artículo 336. Legitimación y acciones. Artículo 337. Prescripción de acciones. Artículo 338. Derecho de retención.

El TÍTULO VI ("De los accidentes de la navegación") tiene el siguiente contenido:

Capítulo I. Del abordaje Artículo 339. Régimen jurídico y concepto de abordaje. Artículo 340. Fundamento de la responsabilidad. Artículo 341. Abordaje por culpa compartida. Artículo 342. Supuestos de solidaridad. Artículo 343. Excepciones oponibles en caso de solidaridad. Artículo 344. Exigencia de requisitos formales. Artículo 345. Aplicabilidad de las normas. Artículo 346. Daños por contaminación derivados de un abordaje.

Capítulo II. De la avería gruesa Artículo 347. Concepto y requisitos del acto. Artículo 348. Sacrificios admisibles en avería gruesa. Artículo 349. Contribución a la avería gruesa. Artículo 350. Ausencia de formalidades. Artículo 351. Causación culposa de la situación de peligro. Artículo 352. Derecho de retención. Artículo 353. Liquidación privada. Artículo 354. Liquidación mediante expediente de certificación pública. Artículo 355. Prescripción. Artículo 356. Libertad de pactos.

Capítulo III. Del salvamento Artículo 357. Régimen jurídico. Artículo 358. Concepto. Artículo 359. Aplicación a buques de Estado. Artículo 360. Salvamento ordenado o supervisado por la autoridad pública. Artículo 361. Contratos de salvamento. Artículo 362. Derecho a premio. Artículo 363. Reparto del premio entre armador y dotación. Artículo 364. Prohibición de efectuar el salvamento. Artículo 365. Derecho de retención. Artículo 366. Buques y cargamentos extranjeros con inmunidad soberana. Artículo 367. Intervención de la Administración marítima. Artículo 368. Bienes salvados de propiedad desconocida.

Capítulo IV. De los bienes naufragados o hundidos Artículo 369. Supuestos de aplicación y relación con el régimen del salvamento. Artículo 370. Obligación de notificación. Artículo 371.Comunicación a los propietarios de los bienes accidentados. Artículo 372. Deber de balizamiento y de prevención de la contaminación. Sección 1ª. De los derechos de propiedad Artículo 373. Conservación de la propiedad. Artículo 374. Prescripción a favor del Estado. Artículo 375. Interrupción de la prescripción adquisitiva. Sección 2ª. Del régimen de las extracciones Artículo 376. Operaciones de exploración. Artículo 377. Operaciones de extracción. Artículo 378. Titulares del derecho a la extracción. Artículo 379. Contratos para la extracción. Artículo 380. Extracción de buques o bienes propiedad del Estado. Artículo 381. Extracción de bienes de comercio prohibido o restringido. Artículo 382. Buques de Estado naufragados o hundidos. Artículo 383. Objetos pertenecientes al patrimonio cultural subacuático situados más allá del mar territorial.

Capítulo V. De la responsabilidad civil por contaminación Artículo 384. Ámbito de aplicación. Artículo 385. Sujetos responsables. Artículo 386. Fundamento de la responsabilidad. Artículo 387. Culpa del perjudicado. Artículo 388. Alcance de la indemnización. Artículo 389. Aseguramiento obligatorio. Artículo 390. Prohibición de navegación. Artículo 391. Aplicación preferente de los Convenios Internacionales.

El TÍTULO VII ("De la limitación de la responsabilidad") se articula así:

Capítulo I. Disposiciones generales Artículo 392. Derecho a limitar la responsabilidad. Artículo 393. Relación con el régimen de responsabilidad. Artículo 394. Ámbito de aplicación. Artículo 395. Regímenes especiales de limitación.

Capítulo II. De los créditos limitables Artículo 396. Reclamaciones sujetas a limitación. Artículo 397. Reclamaciones excluidas de limitación.

Capítulo III. De las sumas máximas de indemnización Artículo 398. Límites generales. Artículo 399. Límites especiales. Artículo 400. Concurrencia de acreedores. Artículo 401. Subrogación. Artículo 402. Conversión a la moneda nacional.

Capítulo IV. Del fondo de limitación Artículo 403. Condición del derecho a limitar. Artículo 404. Destino del fondo y paralización de otras medidas. Artículo 405. Procedimiento y caducidad del derecho a limitar.

El TÍTULO VIII ("Del contrato de seguro marítimo") tiene el siguiente contenido:

Capítulo I. Disposiciones generales Artículo 406. Ámbito de aplicación. Artículo 407. Libertad de pactos.

Capítulo II. De las disposiciones comunes a los distintos tipos de seguro marítimo Sección 1ª. De los intereses asegurados Artículo 408. Existencia del interés asegurado. Artículo 409. Enumeración de los intereses. Artículo 410. Interés en el buque. Artículo 411. Interés en el flete. Artículo 412. Titular del interés. Sección 2ª. Del valor asegurado, del seguro múltiple y del coaseguro Artículo 413. Valor del interés y suma asegurada. Artículo 414. Póliza estimada. Artículo 415. Seguro múltiple. Artículo 416. Coaseguro. Sección 3ª. De los riesgos de la navegación Artículo 417. Riesgos cubiertos. Artículo 418. Exclusión de algunos riesgos. Artículo 419. Dolo y culpa del asegurado y sus dependientes. Artículo 420. Vicio propio. Sección 4ª. De la conclusión del contrato y deberes del contratante Artículo 421. Prueba del seguro. Artículo 422. Existencia de riesgo. Artículo 423. Declaración del riesgo. Artículo 424. Efectos de la inexactitud o reticencia. Artículo 425. Pago de la prima. Artículo 426. Comunicación del siniestro. Artículo 427. Deber de aminorar el daño. Artículo 428. Transmisión del interés asegurado. Sección 5ª. De la indemnización Artículo 429. Obligación de indemnizar. Artículo 430. Cuantía de la indemnización. Artículo 431. Exclusión del reemplazo. Artículo 432. Daños y perjuicios excluidos. Artículo 433. Acciones de avería y de abandono. Artículo 434. Declaración de abandono. Artículo 435. Aceptación expresa o presunta del abandono. Artículo 436. Efectos del abandono. Artículo 437. Liquidación del siniestro y pago de la indemnización. Sección 6ª. De la prescripción Artículo 438. Prescripción.

Capítulo III. De las disposiciones especiales de algunas clases de seguros

Sección 1ª. Del seguro de buques Artículo 439. Seguro por tiempo o por viaje. Artículo 440. Comienzo y fin de la cobertura en el seguro por viaje. Artículo 441. Comienzo y fin de la cobertura en el seguro por tiempo. Artículo 442. Prórroga. Artículo 443. Responsabilidad por abordajes. Artículo 444. Navegabilidad del buque. Artículo 445. Vicios ocultos. Artículo 446. Subrogación contra los miembros de la dotación. Artículo 447. Reconstitución automática del capital asegurado. Artículo 448. Nuevo a viejo. Artículo 449. Casos de abandono. Artículo 450. Plazo de abandono. Artículo 451. Primas y extornos. Artículo 452. Subsidiariedad. Sección 2ª. Del seguro de mercancías Artículo 453. Valoración del interés. Artículo 454. Momento inicial y final de la cobertura. Artículo 455. Cláusula de almacén a almacén. Artículo 456. Mercancías en viaje. Artículo 457. Fases no marítimas del transporte. Artículo 458. Póliza flotante. Artículo 459. Deber de aviso en la póliza flotante. Artículo 460. Extensión de la cobertura durante el viaje. Artículo 461. Casos de abandono. Artículo 462. Plazo de abandono. Sección 3ª. Del seguro de responsabilidad Artículo 463. Ámbito de las normas. Artículo 464. Obligación del asegurador y acción directa. Artículo 465. Límite de la cobertura. Artículo 466. Limitaciones de responsabilidad indemnizatoria. Artículo 467. Seguro obligatorio.

El TITULO IX ("Especialidades procesales") tiene el siguiente contenido:

Capítulo I. De las especialidades de jurisdicción y competencia Artículo 468. Cláusulas de jurisdicción y arbitraje. Artículo 469. Criterios de atribución de competencia.

Capítulo II. Del embargo preventivo de buques Artículo 470. Naturaleza y regulación de la medida. Artículo 471. Competencia. Artículo 472. Embargo por créditos marítimos. Artículo 473. Embargo por otros créditos. Artículo 474. Embargo preventivo y sometimiento a jurisdicción extranjera. Artículo 475. Buques embargables. Artículo 476. Tramitación procesal de la medida de embargo. Artículo 477. Ejecución del embargo. Artículo 478. Notificación del embargo. Artículo 479. Jurisdicción sobre el fondo del litigio.

Capítulo III. De la venta forzosa de buques Artículo 480. Regulación. Artículo 481. Notificación de la venta forzosa. Artículo 482. Plazo y contenido de la notificación. Artículo 483. Tercerías de mejor derecho. Artículo 484. Efectos de la venta forzosa. Artículo 485. Realización por persona o entidad especializada. Artículo 486. Destino de la suma obtenida en la subasta o venta directa del buque.

Capítulo IV. Del procedimiento para limitar la responsabilidad por créditos marítimos Artículo 487. Competencia. Artículo 488. Invocación y plazo de constitución. Artículo 489. Invocación en otros procedimientos. Artículo 490. Contenido de la solicitud. Artículo 491. Admisión y subsanación. Artículo 492. Auto de admisión y de denegación. Artículo 493. Nombramiento de comisario-liquidador. Artículo 494. Formación de piezas y reparto provisional. Artículo 495. Publicidad de la formación de los estados. Artículo 496. Auto de formación del estado pasivo. Artículo 497. Auto de formación del estado activo. Artículo 498. Complemento del estado activo. Artículo 499. Terminación por improcedencia de la limitación. Artículo 500. Pieza y auto de reparto.

El TÍTULO X ("Certificación pública de determinados expedientes de derecho marítimo") se estructura como sigue:

Capítulo I. Disposiciones generales Artículo 501. Competencia. Artículo 502. Días y horas hábiles.

Capítulo II. De la protesta de mar e incidencias del viaje Artículo 503. Acreditación de las incidencias. Artículo 504. Tasación pericial. Capítulo III. De la liquidación de avería gruesa Artículo 505. Objeto del expediente y legitimación. Artículo 506. Solicitud y procedimiento. Artículo 507. Nombramiento e intervención del liquidador. Artículo 508. Impugnaciones. Artículo 509. Aprobación de la liquidación y recurso. Artículo 510. Ejecución.

Capítulo IV. Del depósito y venta de mercancías y equipajes en el transporte marítimo Artículo 511. Ámbito de aplicación y legitimación. Artículo 512. Solicitud. Artículo 513. Procedimiento. Artículo 514. Oposición al pago.

Capítulo V. Del expediente sobre extravío, sustracción o destrucción del conocimiento de embarque Artículo 515. Notario competente. Artículo 516. Requerimiento del tenedor desposeído. Artículo 517. Contenido del requerimiento. Artículo 518. Traslado del requerimiento y alegaciones. Artículo 519. Publicación del requerimiento y sobreseimiento. Artículo 520. Amortización del conocimiento. Artículo 521. Irreivindicabilidad del conocimiento y acciones de daños y perjuicios.

Capítulo VI. De la enajenación de efectos mercantiles alterados o averiados Artículo 522. Ámbito de aplicación. Artículo 523. Valoración pericial. Venta de los efectos.

El Anteproyecto se completa con las siguientes disposiciones;

Disposición adicional primera. Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles y Registro de Buques y Empresas Navieras. Disposición adicional segunda. Actualización de cuantías y mecanismos de garantía alternativos. Disposición adicional tercera. Órganos competentes de la Armada. Disposición adicional cuarta. Contratación electrónica. Disposición adicional quinta. Acciones del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Disposición adicional sexta. Sistemas alternativos de resolución de conflictos con consumidores. Disposición adicional séptima. Buques de guerra españoles. Disposición adicional octava. Vigilancia de los espacios marítimos. Disposición adicional novena. Embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Disposición adicional décima. Embarcaciones de Vigilancia Aduanera. Disposición adicional undécima. Plataforma continental. Disposición adicional duodécima. Buques históricos y réplicas. Disposición transitoria primera. Expedientes de salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones. Disposición transitoria segunda. Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje. Disposición derogatoria única. Derogación de normas. Disposición final primera. Reglas de Rotterdam. Disposición final segunda. Reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Disposición final cuarta. Competencia estatal. Disposición final quinta. Cláusula relativa a Gibraltar. Disposición final sexta. Entrada en vigor.

TERCERO.- La memoria del análisis de impacto normativo

La memoria del análisis de impacto normativo asevera que el Anteproyecto formula un régimen general sobre el tráfico marítimo, moderno y homologable con el del resto de los países de la Unión Europea y de la OCDE y que engarza el Derecho español con los Convenios internacionales que regulan un tráfico caracterizado por su transnacionalidad, dotando a nuestro ordenamiento de una seguridad jurídica de la que hoy carece. Con ello se pondrá fin a una vigencia de más de 125 años del Libro III del Código de Comercio de 1885, cuyas normas quedaron desfasadas hace años y que justifica la promulgación de una Ley de Navegación Marítima que supere las deficiencias originarias y las que el tiempo ha generado. La nueva regulación se propone dotar a nuestro ordenamiento jurídico de la necesaria homogeneidad con el Derecho marítimo internacional y asegurar el engarce entre las normas españolas, las europeas y los Convenios internacionales.

La memoria señala que se facilitará así la interpretación unívoca de las normas por los tribunales. También permitirá la acomodación a la práctica actual en materia de transporte marítimo -que cuenta con buques más veloces, dotados de medios más eficaces para evitar accidentes, con sistemas de comunicaciones que disminuye o elimina la distancia que aislaba al buque del naviero-; con sistemas de seguridad más eficientes y dotados con medios de prevención de la polución de las aguas de los puertos y de las costas. Estas modificaciones han generado nuevos deberes para el propietario, el naviero y el armador que, en caso de incumplimiento, les obligarán a resarcir. Se ha alterado el sistema de privilegios marítimos, introduciendo unos nuevos y modificando o suprimiendo otros. Asimismo, se ha clarificado el orden de prelación de estos créditos marítimos con relación a la hipoteca naval.

La especialidad del Derecho marítimo no está basada en el Anteproyecto sólo en la singularidad de la materia sino también en el origen internacional de las normas recogidas en el texto, lo que incide a la hora de interpretar los preceptos que traen causa de algún Convenio internacional. Se han incluido en el texto de la ley normas de convenios que no han entrado en vigor que se ha entendido que ofrecen un régimen adecuado para la materia de que se trate.

La memoria se hace eco de los trabajos de la Sección 2ª de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación para la reforma del contrato de seguro marítimo y de la Sección Especial para la reforma del Derecho de la Navegación que prepararon a la sazón a una propuesta de anteproyecto de Ley General de la Navegación Marítima. Tras consultar a los sectores afectados, dicha propuesta fue tomada como trabajo de base para la preparación del Anteproyecto, que también ha tenido en cuenta ordenamientos ya clásicos como el Derecho alemán del HGB, el Codice della navigazione italiano de 1942 -en trance de reforma y modernización- y las leyes de Navegación de la República Argentina de 1973, de Chile de 1978 y de Méjico de 1994. Para la redacción del articulado del Anteproyecto se han analizado los textos normativos de numerosos convenios internacionales y las regulaciones de otros tantos Estados y de los organismos supranacionales (OMI, UNCTAD y UNCITRAL).

El Anteproyecto tiene su último referente en el proyecto de Ley general de navegación marítima remitido a las Cortes Generales en diciembre de 2008. Respecto de este texto, el Anteproyecto ahora consultado ha suprimido las normas que pasaron a la legislación de puertos del Estado y marina mercante y de protección del medio marino ya aprobadas; se ha mejorado el tratamiento de los convenios internacionales en esta materia y se han efectuado algunas modificaciones de carácter técnico.

La materia regulada por el Anteproyecto se ha estructurado alrededor de unos ejes ordenadores: el medio acuático en el que se realiza la navegación; el vehículo con el que se realiza la navegación; la persona que organiza los instrumentos con los que se realiza el desplazamiento por el agua y, en fin, la actividad principal realizada. La Ley está centrada en la navegación marítima, regulando esta en sus distintas facetas, con especial atención a la seguridad de la navegación y a la tutela del medio ambiente.

La memoria da cuenta de la tramitación del Anteproyecto, de la participación de diversas organizaciones del sector y de los informes del Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, Consejo General del Notariado, el Consejo Asesor de Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Competencia, cuyas observaciones han sido tenidas en cuenta.

La memoria realiza seguidamente una explicación extensa y completa del contenido del Anteproyecto que permite conocer su alcance y las razones que han llevado a formular las reglas proyectadas.

En cuanto al impacto económico, la Memoria afirma que la futura regulación tendrá un efecto positivo sobre el tráfico marítimo y así ha sido valorada por los principales sectores afectados, teniendo en cuenta que el 85% de las importaciones y el 50% de las exportaciones españolas se realizan por nuestros puertos; que el tráfico portuario español aumentó más de 2,5 veces por encima del PIB y que las exportaciones fueron un 21,8 % superiores a las registradas en 2008. Añade que la flota mercante total controlada por empresas navieras españolas arroja un resultado de 141 buques con pabellón español -con 2,441 millones GT- y 88 buques con pabellón extranjero -con 2,007 millones GT-, lo que hace un total de 229 buques. Y que, en el año 2011 la facturación de las empresas navieras españolas fue del orden de 2.000 millones de euros, datos que ponen de manifiesto la importancia del transporte marítimo para la economía española, pese a que la flota española se ha reducido ligeramente en los últimos años.

La entrada en vigor de la futura Ley no ha de suponer un mayor coste para el sector del transporte marítimo y así lo han valorado los afectados, que, en cambio, comparten los objetivos de la futura regulación.

La futura Ley no tendrá efecto sobre los gastos públicos, ni financieros, ni no financieros. Las normas de policía administrativa incluidas en el Anteproyecto hacen referencia a actuaciones que la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento ya viene realizando habitualmente y para las cuales cuenta con los medios personales y materiales necesarios. El Anteproyecto ha renunciado a la creación de las llamadas Juntas Arbitrales Marítimas -que previó la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 1992-, por lo que se mantiene la competencia de los órganos de la Armada (los juzgados marítimos permanentes), sin que haya en esta materia ninguna repercusión en el gasto público. Por otra parte, las previsiones relativas a la coordinación entre el Registro de Buques y Empresas Navieras y el Registro de Bienes Muebles no comportan creación de nuevos registros y no suponen incremento del gasto público, asumiéndose las tareas respectivas con los recursos humanos existentes.

Desde el punto de vista de los ingresos, el régimen de las tasas por los servicios prestados por la Dirección General de la Marina Mercante ve acortada su tramitación. Se crea la tasa por la emisión del certificado de seguro o de otra garantía financiera relativo a la responsabilidad civil del transportista de pasajeros por mar en caso de accidente cuyo impacto económico sería positivo puesto que se incrementaría la recaudación en una suma aproximada de 314.733,61 euros anuales.

La futura Ley de Navegación Marítima no tendrá ninguna incidencia en materia de género.

CUARTO.- Figuran en el expediente informes de los siguientes organismos:

1.- Propuestas de la Dirección General de la Marina Mercante de inclusión de un apartado 4 del art. 106 - sobre organizaciones de clasificación e inspección- y de supresión de los arts. 3 a 7, 12, 15, 18, 19, 25, 26, 27, 30, 39, 51 a 54, 74 a 82, 84, 85, 89 a 97, 10 y 105 por ser materia ya regulada adecuadamente por el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, de los arts. 59 y 60 -que son materia propia de la Ley de costas- y de los arts. 62 a 69 -por entender que la actual regulación de la Ley 41/2010 resulta adecuada-.

El Ministerio de Fomento propone la modificación de una serie de preceptos de Anteproyecto con la justificación correspondiente. En síntesis, propone referirse en el art. 7 a la legislación medioambiental y a todas las normas aplicables; determinar que el cierre temporal de puertos corresponde a la Autoridad portuaria en el art. 8; introducir en el art. 9 la expresión "lugar de refugio"; mejorar la terminología del art. 10 en cuanto a carga y descarga, así como en el art. 15, para cubrir todas las operaciones posibles respecto a las mercancías peligrosas; introducir en el art. 16 el término atraque; prever la coordinación de las distintas Administraciones en el art. 18 sobre despacho de buques; mejoras de redacción en el art. 29; aclarar en el art. 31 que los buques de paso por mar territorial están utilizando el servicio de señalización marítima y sometidos a la correspondiente tasa; mencionar la protección medioambiental en la suspensión del paso inocente en el art. 32; en el art. 42, hacer referencia a las funciones de la autoridad portuaria; en el art. 49, mencionar, además, a la embarcación o artefacto; en el art. 51, hacer referencia a la legislación portuaria; en el art. 58, hablar de documento de identidad del marino o libreta marítima; en el art. 203, incluir en el contrato de fletamento también la recepción de mercancías; aclarar las funciones de cargadores y destinatarios en el transporte multimodal (art. 209); en los arts. 217, 218 y 220 hacer referencia al transbordo o tránsito marítimo; en el art. 221, matizar la responsabilidad a causas imputables al porteador; en el art. 227, distinguir las operaciones de desestiba y las de descarga; en el art. 229, establecer un período máximo de demora; en el art. 230, especificar que el pago del flete sobre vacío operará cuando las causas del nuevo embarque sean imputables al fletador; en el art. 239, se propone que el cómputo del plazo de plancha se haga por horas, suprimiéndose los festivos o los casos de imposibilidad de trabajar; en el art. 241, incluir que la causa de demora debe ser imputable al fletador; en el art. 242, hablar de horas laborables y consecutivas; en los arts. 243 y 244, hacer referencia a la duración máxima de la demora; en el art. 248, añadir diversas menciones en el conocimiento de embarque y, en el art. 259, complementar las causas de extinción; en el art. 261, diferenciar entre impedimentos que se producen durante el viaje con la ruta pactada o no; en el art. 265, incluir la referencia a operación logística; en el art. 266, poner en relación el período temporal de responsabilidad del porteador con la regulación del contrato de manipulación portuaria; en el art. 269, completar y precisar los elementos capaces de agrupar mercancía; en el art. 270, hacer referencia a perdidas o daños y no a averías; en el art. 272, prever que el consignatario pueda ser el destinatario de las protestas; en el art. 274, mencionar al grupo de personas y a los vehículos en régimen de pasaje y a los conductores de medios de transporte terrestre utilizados en el transporte marítimo; añadir en el art. 275 algunas menciones en los billetes del pasaje y prever los billetes de pasaje colectivo; en el art. 276, no permitir la emisión de billetes al portador; en el art. 277, referirse a la seguridad y comodidad de los pasajeros durante las operaciones de embarque y desembarque; en el art. 280, referirse al desembarque y a acatar las órdenes del capitán del buque; en los arts. 281, 282, 283, 284 y 286, hacer referencia expresa a los vehículos en régimen de pasaje; en el art. 287, utilizar el término buque con capacidad de transporte; en los arts. 288, 289 y 290, hacer referencia a la embarcación; en los arts. 294, 295, 296, 297 y 298 incluir la referencia al naviero; en el art. 302, aclarar que el consignatario no tiene responsabilidad en relación con el contrato de pasaje; en el art. 303, hacer referencia a los pasajes; en el art. 305, especificar que el practicaje se prestará a bordo del buque; incluir en los arts. 309 a 318 la referencia al servicio al pasaje; en el art. 318, se propone la exclusión del derecho de retención de los equipajes y vehículos en régimen de transporte; en el art. 352, recordar la competencia de los puertos del Estado en materia de balizamiento y suprimir el inciso en el art. 365 sobre el fundamento de la responsabilidad.

En un segundo informe de fecha 27 de febrero de 2013, el Ministerio de Fomento mostró su preocupación por el cambio introducido en la disposición adicional tercera, a petición del Ministerio de Defensa, que lleva ahora por título órganos competentes del Estado, lo que incide sobre la regulación de las juntas arbitrales marítimas, sugiriendo que no se hiciera mención alguna sobre el particular permaneciendo la regulación existente en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y que se introdujera una disposición transitoria para urgir al Gobierno a regular esta materia. También se sugería la modificación del art. 370 en cuanto a la notificación de los naufragios o hundimientos en los espacios marítimos españoles, dejando la materia a desarrollo reglamentario.

2.- Una propuesta remitida por el Gabinete del Ministro de Fomento de incluir una disposición adicional relativa a la protección del patrimonio marítimo flotante y al estatuto jurídico de las embarcaciones históricas y tradicionales.

3.- Una propuesta de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de XX julio de 2012, relativa a los diferentes seguros que contemplados en el Anteproyecto, recordando la aplicación a la navegación marítima del Seguro Obligatorio de Viajeros y del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria para embarcaciones de recreo o deportivas. En relación con el art. 38, que crea un seguro por responsabilidad civil por daños a terceros, se indica que no se establece ni su alcance ni sus límites dejando a un posterior desarrollo reglamentario su regulación y el alcance del seguro para buques extranjeros que naveguen por aguas españolas. La misma observación se hace respecto a los arts. 337 y 418 y se indica la conveniencia de coordinar el Capítulo VI -sobre la lucha contra la contaminación- con lo dispuesto en la legislación sobre responsabilidad medioambiental. Finalmente se sugieren diversas mejoras técnicas de redacción en los arts. 438, 442, 445, 451, 452, 453, 457 458, 477, 478, 480 y 483 y la adición de una disposición adicional tercera sobre Revisión de las sumas máximas de indemnización, dejando a salvo que, en el caso de no existir cobertura aseguradora para los seguros obligatorios, se pueda recurrir a otro tipo de garantías alternativas.

4.- Una propuesta del Ministerio del Interior de inclusión en el Anteproyecto de unas nuevas disposiciones -adicional y finales- relativas al régimen especial de los buques y embarcaciones de Estado afectos al servicio de la seguridad pública o de la vigilancia y represión de actividades ilícitas y una habilitación reglamentaria al respecto.

A la vista de la oposición del Ministerio de Justicia a incorporar las sugerencias formuladas por el Ministerio del Interior, en un segundo escrito, éste insiste en que el texto del anteproyecto plantea dificultades y dudas razonadas sobre su alcance en relación con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y reitera sus observaciones señalando que, en principio, le serían aplicables el título I y el capítulo III del título III (conforme a los artículos 5.2 y 157.2). De este modo, el resto del anteproyecto de Ley no sería aplicable al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, porque, de serlo, plantearía dificultades operativas a un servicio esencial para la seguridad pública al tener que sujetarse a las reglas atinentes al régimen de entrada y estancia en los puertos, los requisitos mínimos de dotaciones y de formación de capitanes. Por ello, solicita que declarara de forma expresa la inaplicación a esos buques y embarcaciones de determinados preceptos que explicita mediante una disposición adicional; que regule dicha exclusión para evitar la aplicación a la Guardia Civil de determinadas normas incompatibles con la naturaleza de su actividad y que se incluya una disposición final que habilite al Ministerio para regular un registro específico para los buques y embarcaciones de la Guardia Civil. Además, recuerda las funciones de vigilancia que corresponden al Servicio Marítimo de la Guardia Civil en relación con determinadas materias reguladas en el título I pues la vigilancia del ordenamiento marítimo en aguas de soberanía española corresponde a la Guardia Civil (artículo 1 del Real Decreto 246/1991, de 22 de febrero).

5.- Observaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En ellas se sugiere que se tenga en cuenta la navegación interior y se suscitan dudas sobre la aplicación de la futura Ley a los buques de titularidad de la Agencia Tributaria. La aplicación del Título I a los buques españoles del Estado -como los de la Agencia Tributaria- sólo tendría lugar conforme a lo que se prevea reglamentariamente. Se destaca que el Anteproyecto no hace referencia al Registro de Buques y Empresas Navieras regulado en la Ley de Puertos y de la Marina Mercante y se propone que la inscripción de los buques, embarcaciones y artefactos de titularidad pública sea potestativa. En el Título IV, se considera que sería conveniente valorar la aplicación total o parcial de su contenido a los buques de Estado pues se trata de materias concretas muchas de las cuales pueden tener incidencia en los buques y embarcaciones de la Agencia Tributaria. Se propone una nueva redacción del art. 450 (embargos por otros créditos) y finalmente se formulan algunas observaciones a la memoria, en especial la omisión de la justificación de las competencias reguladoras del Estado.

6.- Observaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En un primer escrito se recuerdan las competencias del Ministerio en materia de construcción naval y la importancia económica de este sector, no habiendo participado el Ministerio en la redacción del Anteproyecto. Indica que el texto se hace eco de los planteamientos de los navieros y no de otros sectores interesados, haciendo hincapié en que se debería tener en cuenta el hecho de que España es más un país de astilleros que de navieros. En esa línea se proponen reformas en el capítulo relativo al contrato de construcción naval; en concreto: en el art. 158, para incluir los contratos de reparación y remodelamiento; en el art. 159, para que la forma escrita sea facultativa; en el art. 160, para prever que la propiedad del buque en construcción corresponda al constructor hasta el momento de entrega del buque al comitente, salvo que las partes acuerden diferirla a un momento posterior; en el art. 162, sugiriendo cambios en el régimen de entrega y recepción, para el supuesto caso de que el comitente no acepte la entrega del buque, no tome posesión del mismo, ni lo retire del astillero estableciendo un sistema de indemnidad del astillero para resarcimiento de los costes adicionales incurridos); en el art. 163, sobre responsabilidad del constructor previendo su carácter dispositivo; en el art., 164, previendo garantías en el pago del precio y el derecho de retención; en el art. 165, para que los plazos de prescripción sean los mismos para ambas partes y en el art. 260 (para prever una regulación reglamentaria autónoma para el chárter de buques y embarcaciones de recreo o deportivas). También propone que la disposición adicional novena incluya una referencia a los contratos de construcción de buques y que se añada una nueva disposición adicional décima sobre la náutica de recreo o deportiva.

En un segundo escrito, el Ministerio propone mejoras técnicas de redacción en el art. 112.1 y 2 en lo tocante a la ampliación del plazo al usual de 180 días y para equilibrar la redacción protegiendo al astillero de una situación irrazonable; en el art. 113.2 para referirse al "uso al que el mismo esté destinado de conformidad con sus características y no dar la opción de resolver el contrato al armador cuando las causas puedan tener origen en sus propios suministros; en el 113.4, proponiendo una redacción similar a la del artículo 269.4 en relación con la limitación de la responsabilidad y en el 115,2, proponiendo el mismo plazo de prescripción para ambas partes.

7.- "Segundas" observaciones del Ministerio de Defensa de 26 de diciembre de 2012 (las primeras no figuran en el expediente) en las que se afirma que los artículos 37 y 38, relativos al derecho de paso inocente, transcriben sólo de modo parcial los artículos 19 y 21 de la CONMAR, omitiendo las doce prohibiciones contenidas en el apartado 2 del artículo 19 y que el art. 42 transcribe de forma ambigua el artículo 25.3 de la CONMAR. El art. 28 no especifica de forma clara las competencias que corresponden, de una parte, al Ministerio de Fomento en los casos de peligro y ayuda y, de otro lado, al Ministerio de Defensa, proponiendo una redacción alternativa. En relación con el art. 348, relativo a los "bienes salvados de propiedad desconocida", se hace hincapié en que deben mantenerse en el seno del Ministerio de Defensa las competencias sobre hallazgos marítimos previstas en el mencionado artículo frente a lo que previene el precepto en el que se atribuyen genéricamente a la Administración marítima. Dichas competencias residen en la actualidad en el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada y en el Almirante Jefe de Acción Marítima, quienes las ejercen en las diversas zonas costeras a través de las autoridades dependientes de ellos. El Anteproyecto atribuye las competencias en materia de auxilios, salvamentos y remolques a las Juntas Arbitrales Marítimas que deben constituirse por aplicación del Convenio de Londres de 1989 y las relativas a hallazgos y extracciones marítimas al Ministerio de Fomento -Dirección General de la Marina Mercante-. La pérdida de estas últimas competencias por la Armada causa un patente perjuicio habida cuenta de la necesidad -para ejercer las funciones de vigilancia marítima y acción del Estado en la mar (que le encomienda la Ley Orgánica de Defensa Nacional)- de conocer el entorno marítimo. Además, en materia de hallazgos y extracciones marítimas, existe un conjunto de circunstancias que aconsejan, en aras del interés general y particularmente del de la Administración General del Estado, mantener las competencias en poder de la Armada. La mayoría -y generalmente los más valiosos- de los restos de buques hundidos o naufragados susceptibles de integrar el patrimonio cultural subacuático son buques de guerra y, por tanto, son bienes de dominio público estatal, inalienables, imprescriptibles e inembargables (art. 132 CE). Además gozan, en el Derecho internacional, de inmunidad frente a la actuación de cualquier otro Estado o particular. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, hasta que no se proceda a estudiar los restos de un naufragio, no se puede determinar si el pecio en cuestión corresponde o no a un buque de guerra. El Anteproyecto debería mantener el régimen jurídico de los hallazgos y extracciones marítimas vigente -con habilitación, en su caso, de un informe previo del Ministerio de Cultura o de la Comunidad Autónoma respectiva si los restos forman o pueden formar parte del patrimonio cultural subacuático-. Por ello se propone sustituir en los artículos 348, 356 y 357 la expresión de "Administración marítima" por la de "Armada", e introducir un nuevo artículo que regule la cuestión de los buques de guerra naufragados o hundidos con el fin de evitar su expolio. Además en la disposición transitoria primera sería necesario garantizar que, en el período transitorio de funcionamiento del Tribunal Marítimo Central y los Juzgados Marítimos Permanentes -hasta la constitución de las Juntas Arbitrales Marítimas- aquellos órganos de la Armada cuenten con el necesario soporte legal respecto de su competencia y de los procedimientos seguidos ante ellos. En tal sentido, se propone que la disposición derogatoria única contenga una expresa referencia a que los órganos de la Armada citados en el apartado 2 de la disposición transitoria primera continuarán rigiéndose y aplicando la Ley 60/1962 hasta que sean sustituidos por las Juntas Arbitrales Marítimas. Por último, se propone cambiar el título del Título II, "De los vehículos de la navegación" por el de "De los medios de navegación".

8.- Observaciones del Ministerio de Economía y Competitividad en las que se recuerda que son de aplicación a la navegación marítima el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros, el del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria para embarcaciones de recreo o deportivas, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y las normas dictadas para su desarrollo. Además, se propone una redacción alternativa para el apartado 1 del artículo 394 añadiendo un apartado para regular cómo actuar en caso de siniestro cuando existe un seguro múltiple.

9.- Observaciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de 29 de octubre de 2012, que señalan que el Anteproyecto contiene algunas regulaciones relevantes relativas a determinadas relaciones laborales en las que inciden normas comunitarias cuya transposición a nuestro ordenamiento ha sido puesta en cuestión por la Comisión Europea. En concreto, en relación con la transposición de la Directiva 93/103/CE, sobre seguridad y salud a bordo de los buques de pesca, llama la atención sobre el hecho de que la definición de armador dada por la mencionada directiva no se ajusta a la usada por el Anteproyecto; omite toda referencia a las categorías profesionales y prevé que el sistema de clasificación profesional de los trabajadores se base en los grupos profesionales, determinándose mediante la negociación colectiva o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. En el artículo 164, se hace referencia al artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores resultando su texto confuso, razón por la cual debería citarse el art. 22 de Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

En relación con la materia de inmigración y emigración, en el artículo 162 ("Nacionalidad de las dotaciones"), se establece que el Capitán y el Primer Oficial de cubierta de los buques nacionales deberán tener la nacionalidad de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo, salvo en los supuestos en que se establezca por la Administración marítima que estos empleos han de ser desempeñados por ciudadanos de nacionalidad española por implicar habitualmente el ejercicio efectivo de prerrogativas propias del poder público. En el caso de buques mercantes, la dotación deberá ser de nacionalidad española o de algún otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo. Respecto de ello se recuerda el art. 10 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, que prevé el posible acceso de los extranjeros al empleo público en los términos previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público. Además se trae a colación el contenido del Real Decreto 240/2007, por el que se incorporó la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, que prevé su aplicación a ciertos miembros de la familia del ciudadano de un Estado miembro y que ampara también a los nacionales de Suiza -disposición adicional tercera- y a sus familiares, reconociéndoles el acceso a cualquier actividad laboral por cuenta ajena y por cuenta propia en las mismas condiciones que los españoles. En este sentido, se recuerda que, de mantenerse en su redacción actual, el artículo 162 no podrá ser interpretado en el sentido de excluir del acceso a dichas funciones a las personas incluidas en el ámbito de aplicación del mencionado Real Decreto 240/2007. Lo contrario sería incurrir en incumplimiento del instrumento jurídico comunitario cuyo contenido es incorporado al ordenamiento español a través de dicho Real Decreto.

10.- Observaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en las que, en lo que se refiere a la solución extrajudicial de conflictos, considera oportuno que se contemple la posibilidad de acudir al arbitraje de consumo -incluyendo una nueva disposición adicional al respecto- y de incorporar alguna referencia a la facultad inspectora de las autoridades de consumo respecto a las obligaciones del portador marítimo de pasajeros, sin perjuicio de las facultades inspectoras de las autoridades marítimas. En un escrito adicional formula una nueva redacción de esa posible disposición adicional.

11.- Observaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en las que se refiere a la redacción de los artículos relacionados con el patrimonio cultural subacuático, proponiendo una redacción alternativa de los arts. 34.3 y 361 para referirse a la Convención sobre la protección del Patrimonio cultural subacuático y demás tratados de los que España sea parte, así como por su normativa específica.

QUINTO.- Han sido consultadas las siguientes organizaciones del sector:

1.- La Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) ha realizado en momentos distintos diversas observaciones o propuestas de enmiendas. En relación con el contrato de fletamento, ha sugerido, de una parte, mejorar el texto utilizando la terminología empleada en el mercado de transporte marítimo y conocimiento de embarque y, de otro lado, contemplar el fletamento para el transporte de mercancías. Junto a ello, se sugieren algunas mejoras de redacción en los arts. 203, 205, 217, 218, 227, 229, 259, 264 y 265 y eliminar el art. 210. Además y sobre la nacionalidad de las dotaciones, la regulación de la materia viene contenida en el apartado 6 a) de la disposición adicional decimoséptima del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado, que establece una vía de posible excepción caso a caso de la norma general de exigencia del 50 por ciento de nacionalidad europea, lo que no se incluye en el Anteproyecto. Por ello, debía incluirse el párrafo en el art. 162 del Anteproyecto o remitirse a la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. En un tercer escrito, se sugieren modificaciones a los arts. 206 y siguientes para sustituir en algunos puntos la palabra dotación por la de tripulación, haciendo referencia a las diversas personas que pueden encontrarse a bordo de un buque, la tripulación mínima de seguridad, otros miembros, otras personas que trabajen a bordo pero no al servicio del armador, pasajeros y personal ajeno a la tripulación y al pasaje, y otros trabajadores en puerto. Añade que deberían limitarse los conceptos anteriores con vistas a la entrada en vigor del Convenio de la OIT sobre trabajo marítimo 2006, que contiene una amplia definición de marino o gente de mar y que, en su Anexo, permite excluir de ese concepto a ciertas personas que trabajan a bordo; por ello, propone una nueva definición del concepto de dotación contenida en el art. 206. Otro escrito se refiere a la propuesta de añadir una disposición final relativa a la limitación de responsabilidad de las organizaciones de inspección, reconocimiento y certificación de buques, dada la autorización prevista en la Directiva 2009/15/CE. Finalmente, se propone la modificación del art. 343, relativo al reparto del premio entre armador y dotación, remitiéndose a lo establecido en los contratos de embarque y convenios colectivos. En cuanto al contrato de remolque, se propone una modificación de su definición para referirse no sólo al remolcado sino al acompañamiento en línea con lo previsto en el art. 127 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Respecto al salvamento, se recuerda lo previsto en el Convenio Internacional sobre salvamento marítimo de 1989 sobre los criterios para determinar la recompensa. La Ley ha previsto que cada parte obligada pague su parte por el premio por el armador del buque salvado.

En un nuevo documento, ANAVE propone cambios en el art. 17 relativo a los polizones; la supresión en el art. 18 de la expresión "en todo momento"; modificaciones en el art. 28 sobre el empleo de medios electrónicos a bordo; la inclusión en el art. 143 de la posibilidad de que los propietarios de buques españoles tengan derecho al abanderamiento temporal en el extranjero en las condiciones que reglamentariamente se determinen; en el art. 222, para que el despido del capitán se rija por el Real Decreto sobre el personal de alta dirección; en el art. 314.2, para incluir la responsabilidad del porteador en el régimen del Convenio de Bruselas de 1924; la eliminación del art. 330 por ser materia regulada por el Reglamento CE 392/1009; en el art. 386 para referirse en vez de a las disposiciones legales a las reglas de York y de Amberes; la adición de una disposición final tercera para modificar el art. 310 2 b) de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que reconozca la responsabilidad de los miembros de la tripulación en las infracciones cometidas; y, finalmente, la adición de una disposición final de modificación del Real Decreto 877/2011, de 24 de junio, para limitar el alcance de la responsabilidad de las organizaciones de inspección, reconocimiento y certificación.

2.- La Asociación Española de Derecho Marítimo propone una reforma del párrafo tercero del art. 249 para hacer la reserva de los pactos en materia de jurisdicción y arbitraje y la adición de una disposición adicional octava en materia de jurisdicción y arbitraje, que tendría aplicación en los supuestos en los que no se aplique el Reglamento CE 44/91.

3.- La Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA) propone la supresión de la acción directa en los seguros de responsabilidad marítima en los arts. 287, 368 y 443; la reducción a un año del plazo de prescripción de acciones en el art. 317; la adición en el art. 392 de una referencia a la mala fe del tomador; no condicionar la nulidad del contrato de seguros celebrado con posterioridad al siniestro o cesación del riesgo en el art. 401; la supresión del art. 404 sobre oposición a la falta de pago de la prima; la modificación del art. 424 sobre la responsabilidad por vicios ocultos y la introducción del "salvo pacto en contrario", en los arts. 427 y 443. En un anterior escrito se incluyen las mismas propuestas y se sugiere modificar el art. 466 -relativo a la no oponibilidad del asegurador de la exoneración de responsabilidad del tercero causante del daño causado por el asegurado- y la introducción de una cláusula adicional novena sobre cláusulas de jurisdicción y arbitraje, haciendo reserva sobre la realidad del acuerdo.

4.- La Asociación Nacional de Empresas Náuticas y la Asociación Española de Grandes Yates han presentado una propuesta conjunta en relación con el contrato de arrendamiento náutico, entendiendo necesario desarrollar la modalidad conocida como chárter como arrendamiento, con o sin tripulación, de puesta a disposición de un buque o embarcación de recreo con una finalidad exclusivamente recreativa o deportiva. Proponen, en consecuencia, una regulación específica de este tipo de contrato, ofreciendo la redacción de unos artículos (287 a 297), que prevén su concepto, modalidades, formas, entrega y devolución del buque, inoperatividad del buque, subarriendo, seguro, etc. En un posterior escrito se hacen sugerencias de modificación del Anteproyecto en relación con la navegación de recreo y deportiva.

5.- La Asociación Nacional de Consignatarios de Buques (ANESCO) propone la modificación del apartado primero del art. 310 - relativo al contrato de manipulación de mercancías- a fin de incluir una expresa remisión a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

SEXTO.- Figura en el expediente un anteproyecto de Ley General de Navegación Marítima, de 31 de octubre de 2012, del que tomó razón el Consejo de Ministros en su reunión de 31 de octubre de 2012.

SÉPTIMO.- Han informado el Anteproyecto las Secretarías Generales Técnicas:

a) Del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, que reitera su propuesta sobre el arbitraje de consumo y las posibles inspecciones de consumo.

b) Del Ministerio de Economía y Competitividad, que formula observaciones sobre la libertad de pactos y el seguro múltiple.

c) Del Ministerio de Defensa, que propone la inclusión de un nuevo capítulo en el Título I que regule el derecho de paso en tránsito de aplicación al Estrecho de Gibraltar, de acuerdo con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar, y la inclusión de un nuevo artículo en el que se establezca que las competencias del Ministerio de Fomento lo serán sin perjuicio de las que correspondan al Ministerio de Defensa y a otros departamentos y de las que tuvieran atribuidas las Comunidades Autónomas; que en el art. 39 se reconozca la competencia del Ministerio de Defensa para la elaboración o publicación de las cartas náuticas y de las publicaciones comunitarias y de la documentación relativa a los distintos sistemas de ayuda a la navegación. En el art. 52, se propone incluir "la recolección de inteligencia por medios electromagnéticos"; en el art. 53, respecto a los submarinos extranjeros, incluir la excepción "cuando se encuentran debidamente autorizados para participar en ejercicios o maniobras militares". Propone que, en el art. 348, se mantenga la competencia del Ministerio de Defensa sobre hallazgos marinos y que se incluya una disposición adicional novena que prevea que la vigilancia de los espacios marítimos se realizará con conocimiento del Ministerio de Defensa y una disposición adicional atinente a la plataforma continental y su posible ampliación más allá de las 200 millas.

d) Del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que formula observaciones al art. 22.3 respecto al paso en tránsito para que se abra un inciso respecto a los buques submarinos extranjeros, de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar; a la disposición adicional primera, proponiendo su supresión porque los límites interiores y exteriores del mar territorial español ya están establecidos. En el apartado dos se debe ser coherente con la posición de España en diversos contenciosos e incluir todos los espacios marítimos reivindicados por España. Finalmente, se hacen observaciones formales con relación a la terminología empleada, al citar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar, a la utilización de la expresión "no marítimas" y a utilizar la expresión "espacios marítimos españoles" en vez de "zonas españolas de interés para la navegación".

e) Del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que manifiesta que, tras haber consultado a sus distintas unidades -incluidas las competentes en materia de pesca y sostenibilidad de la costa y la biodiversidad marina-, no tiene objeciones que formular al Anteproyecto.

OCTAVO.- El Ministerio de Fomento ha propuesto la introducción de una nueva disposición adicional relativa a los buques históricos y réplicas para proteger nuestro patrimonio cultural; de una nueva disposición adicional de reforma del art. 12 de la Ley 14/2000, sobre la liquidación de la tasa, para facilitar su gestión; de otra nueva disposición adicional en relación con la expedición del certificado acreditativo de que el buque posee un seguro u otra garantía financiera (exigido por el Reglamento CE 392/2009), para determinar la cuantía de la tasa y, finalmente, otra disposición adicional más que prevea la posibilidad de modificación de las tasas reguladas en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Propone, además, modificar los arts. 261 j), 62.3, 106 f), 263 b) y 266.4 g) para que las autoridades portuarias ejerzan la competencia en materia de contaminación. Finalmente, sugiere que en el art. 158 se haga referencia, además de a la libreta marítima, al documento de identidad del marino (DIM).

NOVENO.- El Anteproyecto ha sido sometido a los miembros del Consejo Asesor del Medioambiente. Han formulado observaciones a su texto:

a) Ecologistas en Acción que ha criticado que solamente se haya consultado a las empresas del sector pero no a los sindicatos, ni al Colegio Oficial de la Marina Mercante, ni a las organizaciones ecologistas. Seguidamente, critica que los buques y embarcaciones del Estado y buques de guerra no tengan la obligación de cumplir con la normativa ambiental. Solicita la supresión del art. 50 sobre inmunidad y sobre el art. 54, se recuerda que están en vigor la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, y diversos convenios internacionales. Propone el establecimiento de una normativa con exigencias superiores a los mínimos internacionalmente estipulados. También propone la inclusión del Green Passport en la documentación de los buques nacionales y que los certificados referentes a seguridad estén emitidos directamente por la Administración competente y no por empresas privadas. Finalmente sugiere que el armador sea responsable subsidiario de los actos y omisiones de la tripulación del buque.

b) La Asociación para la Defensa de la Naturaleza que ha recordado la necesidad de participación de las ONG medioambientales en la elaboración de esta norma y que, en cuanto al contenido, entiende que el Anteproyecto presenta numerosas carencias y defectos de carácter técnico dado que la mayor parte del Derecho marítimo está regulado por normas europeas y otra gran porción por el Derecho comunitario europeo y que al redactarlo se deberían haber tenido en cuenta diversas convenciones sobre el Derecho del mar y de protección del medioambiente marino o de zonas especialmente protegidas, que cita. Por otro lado, llama la atención sobre el hecho de que la norma no se acomoda a los convenios internacionales. Resalta que el Anteproyecto atiende principalmente a su vertiente privada - unos 339 artículos son de Derecho mercantil-, olvidando el aspecto público de la navegación, como se comprueba con la comparación con el proyecto de 2009. Se critican la nomenclatura y el uso indebido de conceptos indeterminados. En el análisis del articulado se propone la modificación del art. 7 para ampliar las facultades de la Autoridad portuaria sobre la entrada en puerto; del art. 12 para ampliar la jurisdicción a la zona contigua, la zona económica exclusiva y alta mar; del art. 19 para que sean mencionadas las normas ambientales al igual que en el art. 23; del art. 28 para la definición del valor meramente informativo de las cartas y documentos; del art. 31 para hacer referencia expresa a la protección del medio natural; del art. 35.1 en cuanto limita la jurisdicción universal de los tribunales españoles en relación con ciertos delitos contra la seguridad marítima; del art. 248 para que se haga mención de las prescripciones de la normativa comunitaria; del art. 351 para que el abandono del buque hundido o bienes naufragados requiera autorización que sólo podrá otorgarse cuando no sea perjudicial para el medioambiente; del art. 362 para que se especifique que los efectos de la venta forzosa anulan las cargas no preferentes; del art. 364 para que se contemple el caso de buques o artefactos navales y, respecto al art. 378 que, cuando el número de pasajeros transportados exceda del autorizado, el número real sea el determinante de la responsabilidad. Finalmente, se sugiere reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal recogiendo las especialidades del Derecho marítimo.

DÉCIMO.- La Comisión Nacional de la Competencia considera que la regulación proyectada pretende reforzar la seguridad jurídica y la coherencia con la regulación internacional sobre la materia con vocación unificadora y fomenta la libre elección de los operadores, siendo en buena parte de carácter dispositivo, Además, unifica el régimen de responsabilidad y se refiere al tax lease que no beneficia selectivamente a ciertas empresas. Por ello, desde la perspectiva de la competencia, no se formulan observaciones al texto remitido.

UNDÉCIMO.- El Consejo General del Notariado emitió informe. Formula, en primer lugar, unas observaciones generales sobre la seguridad jurídica del tráfico civil y mercantil en materia de navegación marítima, partiendo de lo previsto en el Código de Comercio, en la Ley de Hipoteca Naval y en el Reglamento del Registro Mercantil, insistiendo en la necesidad de escritura pública para los plenos efectos de la transmisión de los buques y que permite acreditar ante terceros la regularidad del negocio jurídico documentado. Critica severamente que el Anteproyecto prescinda del documento público notarial en los arts. 63, 65, 73, 109, 118, 189 o 199, cuando se está impulsando el valor del documento público en otras áreas jurídicas, quebrando el sistema jurídico preventivo de complementariedad del instrumento público y de su inscripción. El acceso al Registro de Bienes Muebles de documentos privados pone en grave riesgo el sistema actual, al faltar la garantía de autenticidad, exactitud e integridad del documento que accede al registro, cuando la calidad del documento es la que justifica el valor y el efecto de la inscripción. En esta línea, formula observaciones concretas a los arts. 63.1, 65.1 y 73 -sobre adquisición del buque-, que establecen el principio de la libertad de forma y que permiten la inscripción registral de documentos privados que no reúnen las garantías propias del documento público en contra de la seguridad jurídica y del interés público a controles adecuados del tráfico mercantil, sin tener en cuenta el valor constitutivo de la escritura de adquisición o transmisión del buque, proponiendo una redacción alternativa de dichos artículos. En consonancia con ello, ofrece redacciones alternativas de los artículos 72.2 y 3 -en cuanto a que el dominio de los buques habrá de acreditarse mediante copia de la escritura pública en la que conste la titularidad-, 109 -sobre la forma del contrato de construcción naval exigiendo escritura pública para su registro-, 118 -sobre la necesidad de escritura pública para efectos hacia terceros de los contratos de compraventa de buque, 128 -requisito de documento público para la constitución de la hipoteca naval-, 129 -escritura pública para la inscripción registral del arrendamiento de buque-, 190 -aclarando que la inscripción no modifica la naturaleza jurídica del negocio- y 179.1 - sobre testamentos durante la navegación-.

En un segundo bloque el Consejo General del Notariado analiza el Título X, sobre certificaciones públicas de determinados expedientes de derecho, que se encomiendan a los notarios y dejan de encomendarse a la judicatura, lo que valora positivamente, salvo que no se incluyan todos los posibles tales como la ejecución de garantías impuestas sobre el buque. Por ello, propone la intervención de notario en el depósito y venta de mercancías y equipaje cuando así se prevea y cuando el destinatario no abone el flete, formulando una redacción articulada completa de un Capítulo V, "Depósito y venta de mercancías y equipajes en el tráfico marítimo", en que se incluye un art. 502 sobre otros expedientes de jurisdicción voluntaria (extravío o sustracción del conocimiento de embarque, las obligaciones contractuales, la autorización para la descarga del buque, apertura de escotillas y ejecución extrajudicial de la hipoteca naval). Respecto de esa ejecución extrajudicial, propone añadir diversos apartados en el art. 141 paras las ventas extrajudiciales administradas por el notario y, con relación al extravío o sustracción del conocimiento de embarque, adicionar un apartado segundo al art. 479 y modificar el art. 482 para prever esa posible intervención de notario.

DUODÉCIMO.- El Consejo General del Poder Judicial ha formulado un amplio informe en el que analiza el contenido del Anteproyecto, haciendo una valoración global, formulando numerosas observaciones a su articulado y llegando a las siguientes conclusiones:

1.- En lugar de efectuar una regulación prolija, que efectúe una transposición a nuestro Derecho interno de la regulación contenida en los numerosos tratados internacionales en materia de navegación marítima suscritos por España, el Anteproyecto se decanta por la técnica de remisión a los textos internacionales aplicables a los diferentes aspectos de la navegación marítima, completada con la regulación de aquellos aspectos que los Tratados dejan a las regulaciones nacionales de los Estados parte. A pesar de que esta técnica merece un parecer favorable, este Consejo es consciente de que introduce complejidad, pues hace imprescindible la consulta del respectivo convenio y su cotejo con las especialidades reguladas por el Anteproyecto para obtener una visión completa de la materia regulada. Se recomienda evitar las remisiones generales a todo un tratado o convenio internacional y, sobre todo, las remisiones genéricas al Derecho internacional, prefiriéndose la mención expresa de los preceptos de las normas convencionales que resultan de aplicación en cada caso. Junto a ello, el informe advierte del riesgo de desfase del texto en proyecto, habida cuenta del tiempo transcurrido desde que se elaboraron las primeras propuestas en esta materia, lo que ha propiciado que en el ínterin hayan sido aprobadas varias normas que inciden en ella. Es el caso, señaladamente, de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y de la Ley de Protección del Medio Marino. En el informe se señalan, sin ánimo exhaustivo, ciertas descoordinaciones entre el Anteproyecto y la Ley de Puertos así como entre aquél y la Convención de Derecho del Mar, como serían la que afecta a las definiciones de buque, buque de guerra y buque de Estado, o la consistente en que el contenido del segundo apartado de la disposición derogatoria única del Anteproyecto sea exactamente el mismo que el ya plasmado en la vigente disposición final tercera de la Ley de Puertos del Estado. Se recomienda revisar el Anteproyecto a fin de lograr una perfecta concordancia con los tratados internacionales así como con aquellas normas nacionales, ya vigentes, que regulan materias que entran dentro del objeto de la norma proyectada.

2.- El Anteproyecto contiene una enumeración y jerarquía de las fuentes aplicables en la materia y una fijación de los criterios de interpretación de la Ley. La norma en proyecto se presenta como un cuerpo supletorio, aplicable en defecto de tratados internacionales y normas comunitarias sobre la materia. Sin embargo, lo que realmente hace el Anteproyecto es completar o integrar los espacios deliberadamente dejados por los tratados internacionales a los Estados parte y, en esa medida, siempre que respete el contenido imperativamente establecido por las normas internacionales, la futura Ley estaría normando esos espacios por primera vez y gozando de la misma primacía que el Tratado tiene en las materias por él sí reguladas. De esta forma, la expresión "en defecto de", empleada en el art. 2.1 del Anteproyecto, resulta ambigua, pues no se trata de proveer para el caso de una ausencia de normas convencionales suscritas por España, sino de integrar, completar o desarrollar aquellas a las que nos hemos adherido. Habida cuenta de ello el Informe recomienda, ora retornar a fórmulas similares a las que emplearon otras propuestas y anteproyectos anteriores, que colocaban como fuente primaria de este sector del Derecho a todas las normas escritas, legales o convencionales, con independencia de que entre ellas hubiera que estar a su vez a las relaciones de jerarquía y complementariedad correspondientes, ora a emplear un giro más preciso que el de "en defecto de", recomendándose en su lugar el de "en tanto no se oponga a lo dispuesto en" u otro similar.

3.- En materia de jurisdicción de los tribunales españoles sobre buques extranjeros, se realizan las siguientes observaciones principales:

a) El Anteproyecto parte de la diferenciación básica entre la jurisdicción sobre buques extranjeros en puerto y demás aguas marítimas interiores (art. 12) y la jurisdicción sobre buques extranjeros en régimen de paso inocente por el mar territorial (arts. 43 a 46). En el primer caso, la jurisdicción civil y penal de los tribunales españoles será plena y la autoridad judicial podrá ordenar la práctica a bordo de las diligencias que sean procedentes y la entrada y registro en el buque, incluidos sus camarotes, sin más requisito que la comunicación al cónsul del pabellón a la mayor brevedad posible. Esta previsión, al tiempo de implicar la derogación del art. 561.1 LECrim, confirma el rechazo a la llamada "excepción de la paz del puerto", en virtud de la cual la jurisdicción de nuestros juzgados y tribunales podría quedar exceptuada con relación a ilícitos penales cometidos en buques extranjeros hallados en puertos nacionales o en aguas interiores españolas, siempre que tales hechos afectasen al orden interior del buque y en ellos participaren solamente ciudadanos extranjeros. El rechazo de esta figura es valorado positivamente por este Consejo, en línea con lo sostenido al respecto en informes anteriores.

b) La previsión del art. 12.3 del Anteproyecto acerca del mantenimiento de la jurisdicción de nuestros tribunales sobre buques extranjeros que naveguen por el mar territorial tras haber abandonado las aguas interiores marítimas o sean detenidos fuera del mar territorial en el ejercicio del derecho de persecución no guarda una perfecta correlación con el art. 43 del Anteproyecto y parece ir más allá de lo preceptuado por el art. 28 de la CONMAR. Estos dos preceptos, con respecto a la jurisdicción civil sobre el buque que navegue por el mar territorial tras abandonar las aguas interiores, contemplan la posibilidad de adoptar únicamente medidas cautelares o ejecutivas.

c) La fórmula empleada por el art. 44 del Anteproyecto debería revisarse, pues parece anteponer el ejercicio de la jurisdicción penal española, conforme a nuestra norma interna, a lo dispuesto en el art 27.1 de la CONMAR, cuando debería suceder al contrario. Este precepto, que no es una norma sobre extensión de la jurisdicción penal sino sobre el alcance de las medidas que, en el ejercicio legítimo de ésta, el Estado ribereño podrá adoptar respecto de personas o hechos ocurridos a bordo de un buque extranjero durante su paso por el mar territorial para la investigación de presuntos delitos, da por supuesta esa jurisdicción, pero pese a ella introduce limitaciones a la posibilidad de practicar detenciones o investigar esos presuntos delitos, con el objetivo de salvaguardar la navegación marítima internacional. Por ello, se sugiere invertir los términos del enunciado del art. 44 del Anteproyecto, de forma que quede claro que el ejercicio de la jurisdicción penal española puede verse modulado en el caso que nos ocupa, por así imponerlo los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de navegación marítima. Asimismo, el Informe recomienda recoger todas las excepciones a la regla general del art. 27.1 de la CONMAR (y no sólo la consistente en que las autoridades locales actúen a petición del capitán del buque o de un representante diplomático o consular del Estado del pabellón), de nuevo concibiéndolas como supuestos en los que, no obstante la existencia de jurisdicción, su ejercicio se ve restringido por mor de exigencias derivadas de "la protección de la navegación marítima" internacional. Por último, teniendo en cuenta que, conforme al art. 27.2 de la CONMAR, las limitaciones impuestas al ejercicio de la jurisdicción penal por los Tribunales del Estado ribereño tampoco operan cuando, de acuerdo con lo previsto en las leyes de ese Estado, se trate de efectuar detenciones e investigaciones a bordo de un buque extranjero que pase por el mar territorial procedente de aguas interiores, el art. 12.3 del Anteproyecto debería modularse tal y como hace el art. 43.2 para la jurisdicción civil. A tal fin, propone agregar un segundo apartado en el art. 44 en el que se señale que lo dispuesto en el apartado anterior no afecta a la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales españoles competentes ordenen detenciones o investigaciones a bordo de un buque extranjero, en relación con un delito cometido a bordo de dicho buque durante su paso, siempre que dicho buque pase por el mar territorial procedente de aguas interiores.

4.- En materia de limitación de la responsabilidad por reclamaciones de Derecho marítimo, el Anteproyecto dispone aplicar el régimen de limitación de responsabilidad por créditos marítimos con independencia de que esa responsabilidad se exija en un procedimiento judicial civil, social o criminal o en vía administrativa (art. 372). Esta solución se basa en la idea de que la responsabilidad civil es la misma tanto si deriva de un ilícito civil como si deriva de un ilícito penal y que, por tanto, las peculiaridades de la normativa marítima reguladora de la limitación de la responsabilidad civil deben reputarse aplicables tanto en la vía civil como en la penal. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que conforme al art. 4 del Convenio, "la persona responsable no tendrá derecho a limitar su responsabilidad si se prueba que el perjuicio fue ocasionado por una acción o una omisión suyas y que incurrió en éstas con intención de causar ese perjuicio, o bien temerariamente y a sabiendas de que probablemente se originaría tal perjuicio", lo que significa que en el ámbito penal seguirá sin ser posible que el autor material de los hechos pueda beneficiarse del régimen de limitación de la responsabilidad.

5.- En relación con el embargo preventivo de buques, cabe destacar las siguientes observaciones:

a) Conforme al art. 453 del Anteproyecto, se presumirá que en este tipo de embargo concurren los requisitos del peligro por la mora procesal y la urgencia y se sugiere extender esa presunción también, de forma explícita, al otro requisito para la adopción de una medida cautelar, cual es el fumus boni iuris.

b) El Convenio internacional sobre el embargo preventivo de buques dispone que el embargo de un buque que no sea propiedad de la persona obligada en virtud del crédito sólo será admisible si, conforme a la ley del Estado en que se solicita el embargo, se puede ejecutar contra ese buque una sentencia dictada en relación con ese crédito, mediante su venta judicial o forzosa. En la medida en que así sea, el Convenio admite que el embargo proceda si el crédito es contra el propietario, el arrendatario a casco desnudo, el gestor o el naviero del buque y está garantizado por un privilegio marítimo concedido por la legislación del Estado en que se solicita el embargo. El Anteproyecto no aclara si el embargo preventivo puede proceder a favor de titulares de créditos marítimos aun cuando el deudor no sea el propietario del buque, pero se recomienda que lo haga, en uno u otro sentido.

c) Se hace necesario modular la regla del art. 730.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme a la cual, si las medidas cautelares acordadas no se hubieran solicitado junto con la demanda principal, quedarán sin efecto si la demanda no se presentare ante el mismo tribunal que conoció de la solicitud de aquéllas en los veinte días siguientes a su adopción, dado que el embargo preventivo de un buque se puede solicitar ante el tribunal del puerto o lugar en que se encuentre el buque o aquel en el que se espera que arribe, aunque dicho tribunal no posea competencia objetiva para conocer de la pretensión principal. Debería pues contemplarse la posibilidad de mantener la medida acordada siempre que la demanda se interponga, dentro del plazo en cuestión, ante el tribunal competente para conocer de la pretensión principal, por más que éste no sea el que haya conocido de la solicitud de embargo.

d) El tratamiento que el Anteproyecto hace del levantamiento del embargo merecería una reconsideración. El Convenio internacional sobre el embargo preventivo de buques contiene dos reglas para el caso de que el buque haya sido embargado en un Estado no parte y la garantía para levantarlo se haya prestado en un Estado parte en función de si, pese a la garantía, el buque ha sido liberado o no. El art. 456 del Anteproyecto, además de limitarse a recoger sólo una de esas dos reglas sin que haya razón aparente para ello, desliza una relevante imprecisión a la hora de trasvasar el contenido del art. 4.5 del Convenio, puesto que alude no al embargo practicado en un Estado que no sea parte del Convenio, sino en general a "un embargo practicado en la jurisdicción de otro Estado". Parece claro que si el Estado en cuestión sí es parte del Convenio, las reglas a aplicar son las de los apartados 1 y 2 de ese art. 4, y no la del apartado 5. En consecuencia, se recomienda enmendar el art. 456.1 del Anteproyecto, ya sea para recoger de manera íntegra el tratamiento que se hace en el Convenio internacional sobre el embargo preventivo de buques, ya para precisar que ese otro Estado donde se haya practicado el embargo debe ser un Estado no parte del Convenio en cuestión.

6.- En materia de venta forzosa de buques, las conclusiones alcanzadas son las siguientes:

a) El Capítulo sobre la venta forzosa de buques incorpora algunos contenidos del Convenio internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval, si bien omite trazar una referencia a éste en tanto Convenio internacional de referencia. Todo lo más, se halla una remisión a ese Convenio en el art. 122.1 del Anteproyecto, en sede de privilegios marítimos. Se recomienda incorporarla en el Capítulo II del Título IX, por coherencia con la sistemática seguida a lo largo de todo el texto y, en la medida en que cabe detectar que algunos aspectos de la regulación convencional de la venta forzosa no se encuentran trasladados al Anteproyecto. Asimismo, es preferible que el art. 464, a la hora de indicar cómo debe repartirse el remanente de la venta forzosa tras satisfacer los créditos "prededucibles", no efectúe una remisión al Capítulo VII del Título II del Anteproyecto, sino que se remita directamente al Convenio internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval, ya que el Capítulo VII del Título II no contiene una enumeración de privilegios marítimos ni dispone el orden de prelación entre los mismos.

b) Para lograr un adecuado ajuste con la normativa internacional a la que España se ha adherido, se considera adecuado aludir en el art. 462.1 del Anteproyecto a los dos requisitos que prevé el art. 12.1 del Convenio internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval: que el buque en cuestión se encuentre en el momento de la venta en el ámbito de la jurisdicción española, y que la venta se haya efectuado de conformidad con nuestra ley y con respeto a lo dispuesto en los arts. 11 y 12 del propio Convenio.

c) Para que los titulares de hipotecas o gravámenes constituidos al portador y los de los créditos privilegiados puedan conocer de la resolución, dictada por una autoridad judicial o administrativa, de proceder a la venta forzosa del buque y, en consecuencia, puedan comunicar la existencia de sus créditos a dicha Autoridad, el Convenio internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval dispone que la notificación de esa resolución se practique por edictos publicados en los periódicos del Estado en que se realice la venta forzosa y, si la Autoridad que vende lo estimare conveniente, en otras publicaciones. Frente a ello, el Anteproyecto dispone que en aquellos casos en que lo exijan los Tratados aplicables, la notificación se practicará por anuncios publicados en dos periódicos de ámbito nacional. Puesto que el legislador español no puede desconocer lo que dispone el citado Convenio a este respecto, no tiene sentido plantear la publicidad a través de anuncios insertados en prensa como una actuación meramente hipotética a la que podrían obligar los tratados internacionales aplicables, sino como una exigencia plasmada en el convenio internacional que rige la materia y al que España se encuentra adherida. En consecuencia, el informe entiende que la dicción del segundo párrafo del art. 460.2 del Anteproyecto debería ser modificada a fin de establecer que la publicación en los periódicos del Estado es obligada - pudiendo concretarse que esa publicación deberá ser en dos periódicos de tirada nacional- y que además los edictos podrán insertarse en otras publicaciones si la autoridad que proceda a la venta forzosa lo estimare conveniente.

7.- A propósito del procedimiento para limitar la responsabilidad por créditos marítimos y, en particular, sobre los efectos del auto por el que se declare constituido el fondo de limitación, cabe concluir lo siguiente:

a) Los apartados 2 y 3 del art. 470 del Anteproyecto disponen que, una vez constituido el fondo de limitación, el titular del derecho a limitar podrá obtener el levantamiento de los embargos y otras medidas cautelares que hayan sido dictados sobre el buque u otros bienes de su propiedad en otros procedimientos judiciales o administrativos sobre la base de que tales procedimientos continuarán su trámite hasta la sentencia, aunque su ejecución deba forzosamente acumularse en el expediente sobre integración y reparto del fondo. Asimismo, tales apartados determinan que la constitución del fondo tendrá como efecto, también en beneficio de otros deudores del mismo crédito, el levantamiento de embargos y medidas cautelares dictadas sobre el buque u otros bienes en otros procedimientos, aunque tales deudores no sean las personas que han invocado el derecho a limitar ni constituido el fondo. Sin embargo, la regulación internacional de la materia prevé que una vez constituido el fondo de limitación, la pérdida de acciones anudada a dicha constitución sólo pueda beneficiar a las personas en cuyo nombre se haya constituido el fondo. En consecuencia, este requisito debería exigirse en el art. 470.2 in fine del Anteproyecto, de tal forma que la pérdida de acciones se produzca "frente a otros deudores del mismo crédito en cuyo nombre se haya constituido el fondo".

b) Otro tanto se recomienda hacer con la exigencia plasmada en el art. 13.3 del Convenio sobre la Limitación de Responsabilidad por Reclamaciones de Derecho Marítimo, conforme a la cual el beneficio consistente en el levantamiento de embargos y otras medidas cautelares que hayan sido dictados sobre el buque u otros bienes en otros procedimientos, sólo se aplicará si el demandante plantea una demanda contra el fondo de limitación ante el Tribunal que lo administra y, además, el fondo está efectivamente disponible y es libremente transferible en lo concerniente a aquella reclamación.

8.- A propósito del procedimiento sobre extravío, sustracción o destrucción del conocimiento de embarque (Capítulo IV del Título IX), se llama la atención sobre el hecho de que su regulación -que proviene prácticamente sin cambios de la Propuesta de anteproyecto de Ley general de la navegación marítima, presentada en 2004 por la Comisión General de Codificación- debe considerarse acertada. Pero siendo esto así y pudiendo extenderse este mismo juicio a otros de los procedimientos especiales que contemplaba aquella Propuesta, el informe se interroga por el motivo de no recogerlos todos en la futura Ley de Navegación Marítima. En particular, echa en falta un tratamiento del expediente de depósito y venta de mercancías o equipajes.

9.- En lo tocante al expediente de liquidación de la avería gruesa, conforme al art. 494 del Anteproyecto la resolución motivada del Notario aprobando, modificando o rechazando la propuesta contenida en el dictamen definitivo del liquidador será recurrible con efectos suspensivos ante el Juzgado de lo mercantil competente, lo que significa que el expediente en cuestión no es enteramente notarial. De este modo, la anunciada "desjudicialización" de los expedientes de jurisdicción voluntaria que se contemplan en el Título X no es completa o, al menos, no por lo que toca al expediente de liquidación de la avería gruesa. El Informe observa el inconveniente añadido de que el art. 494 no prevé un procedimiento específico conforme al cual deba el Juez de lo mercantil llevar a cabo la revisión de la decisión del Notario sobre la liquidación. La sucinta norma del art. 494.11 debería tal vez completarse con alguna referencia a ese procedimiento.

10.- El Anteproyecto prevé que las reclamaciones relacionadas con el salvamento de buques pasen a atribuirse a los órganos jurisdiccionales en lugar de ser resueltas por órganos de naturaleza administrativa, como ahora prevé la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, sobre Auxilios, Salvamentos, Hallazgos y Extracciones Marítimas. El Consejo valora positivamente la supresión de los "Tribunales y Juzgados Marítimos" contemplados en dicha Ley, pues los términos "Tribunal" y "Juzgado" deben reservarse exclusivamente en nuestro ordenamiento para designar aquellos órganos colegiados o unipersonales que ejercen una auténtica potestad jurisdiccional y cuyos integrantes pertenecen al Poder Judicial (artículo 117.3 y 4). Sin embargo, la supresión de esa incorrecta nomenclatura no tiene por qué implicar necesariamente la atribución a los órganos de la jurisdicción ordinaria de las competencias que hasta ahora venían asumiendo los Tribunales y Juzgados Marítimos ya que bastaría con modificar su denominación sin privarles de sus funciones. Se debería hacer un esfuerzo por explicitar los motivos que llevan a atribuir a los órganos judiciales una materia tan altamente especializada que se venía desarrollando de forma satisfactoria y muy dilatada en el tiempo por órganos de naturaleza administrativa, en un contexto que viene estando marcado precisamente por la tendencia opuesta, esto es, por la desjudicialización de materias que no exijan la intervención jurisdiccional. Sobre la creación de las Juntas Arbitrales Marítimas, el Informe señala que aspectos como su composición, ámbito territorial y otros extremos necesarios para su funcionamiento, al igual que su adscripción orgánica, deberían quedar fijados en la Ley, al menos en sus líneas generales, y no dejarse por entero al ulterior desarrollo reglamentario. Asimismo, se recomienda que los actuales Juzgados y Tribunales Marítimos continúen ejerciendo sus funciones en la materia hasta la efectiva constitución de las Juntas Arbitrales Marítimas y que, en ese ínterin, en aras de una mayor seguridad jurídica, las disposiciones del Título II de la Ley 60/1962 ni sean derogadas, ni rebajadas a rango reglamentario.

DECIMOTERCERO.- El Consejo Fiscal ha valorado positivamente el propósito de la Ley pero cuestiona que incluya aspectos que sobrepasan el ámbito mercantil de la navegación marítima. Respecto a su contenido considera que aunque el sistema de fuentes supone una gran complejidad interpretativa cumple una función unificadora. El Consejo Fiscal estima que el Anteproyecto se excede al regular cuestiones relativas a la jurisdicción española a cuyo efecto debería modificarse la LOPJ, tanto en materia civil como penal, considerando más adecuada la aplicación incondicional de la legislación penal española de acuerdo a lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas y el art. 27 LOPJ, insistiendo que el Anteproyecto no es el texto adecuado para regular aspectos relativos a la jurisdicción penal, aparte de no haber previsto la problemática de los pabellones de conveniencia, y de que la inmunidad no puede establecerse por una ley ordinaria. Valora positivamente el sentido modernizador del Título II, la responsabilidad de las sociedades de clasificación, que contribuirá al aumento de los controles, el otorgamiento al capitán de la condición de autoridad pública, la extensión de responsabilidad del armador por los actos ilícitos del capitán y el que se garantice la libertad profesional, tan solo sugiere que se tenga en cuenta la proyectada supresión de las faltas penales para hablar en el art. 17 de "infracción pernal o administrativa". Nada objeta respecto a los Títulos IV y V, pero respecto al régimen de los accidentes de circulación en el Título VI llama la atención de que los arts. 325 y 326 salgan al paso de la interpretación del Tribunal Supremo sobre la legislación aplicable a la responsabilidad, en un proceso penal, siendo reticente a aplicar en la jurisdicción penal el Derecho marítimo, lo que indica la extralimitación normativa en que incurre el Anteproyecto. Para el Consejo Fiscal, la limitación de responsabilidad del naviero por los accidentes marítimos entra en contradicción con las directivas medioambientales europeas y con la exposición de motivos del Anteproyecto que se refiere a quien contamina paga, pues se pretende derogar las normas sobre responsabilidad penal ex delicto reguladas en el Código Penal -que es ley orgánica- y por tanto prevalentes. En relación con el contrato de seguro, critica la posible limitación de la acción directa prevista en el art. 443 pues la acción directa es un derecho de las víctimas de la que las partes no pueden disponer. En las "especialidades procesales", valora positivamente que el embargo preventivo permita la inmovilización del buque como garantía del aseguramiento del crédito y, en la venta forzosa del buque, que la venta se pueda realizar por persona especializada, prescindiendo de la subasta. Nada se objeta a la eliminación de antiguos procedimientos de jurisdicción voluntaria y a la atribución a los notarios de estos expedientes. En conclusión, el Consejo Fiscal valora positivamente el Anteproyecto sin perjuicio de las observaciones formuladas, especialmente a las extralimitaciones que afectan a la jurisdicción y a otros ámbitos jurisdiccionales y no estima adecuado que se configure un Derecho especial marítimo ajeno a los principios y fundamentos del Derecho procesal y la organización jurisdiccional española.

DECIMOCUARTO.- La Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia emitió informe en el que, tras exponer la estructura y contenido del Anteproyecto y describir su tramitación, emite un juicio favorable sobre su texto, indicando las modificaciones introducidas en el texto que responden a las últimas observaciones efectuadas. En relación con el informe del Consejo General del Poder Judicial se ha suprimido el apartado 2 de la disposición derogatoria, pero en relación con la derogación de la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, se recuerda que tales normas seguirán en vigor como normas reglamentarias. Se acepta la observación al art. 2.1 para prever, en relación con las normas internacionales, una aplicación en tanto que no se oponga a tales normas internacionales y se da nueva redacción al párrafo 2 de ese precepto para prever la aplicación con carácter supletorio de las leyes y reglamentos complementarios de la navegación marítima y el recordatorio de la analogía para resolver las cuestiones planteadas en el ámbito del Derecho marítimo. En el art. 44, sobre el ejercicio de la jurisdicción penal, se introduce la matización propuesta y la adición de un segundo párrafo. Se modifica el artículo 45, para su mejor adaptación a las disposiciones de CONMAR y se deroga el párrafo primero del art. 561 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se incorpora un nuevo precepto sobre la extracción de buques de Estado naufragados o hundidos. En relación con el embargo preventivo de buques se aclara en la norma de competencia que, si ordenado el embargo preventivo de un buque, fuera otro tribunal español el competente para conocer el fondo del asunto, se mantendrá la medida acordada siempre que la demanda se interponga dentro de plazo. En la venta forzosa de buques se incluye la cita del Convenio internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval. En el plazo y contenido de la notificación de la fecha prevista para la venta forzosa se incorpora la previsión de que la publicidad, además de a través de anuncios en dos periódicos de ámbito nacional, también se podrá efectuar mediante la inserción de los edictos en otras publicaciones, si lo estimare conveniente la autoridad judicial o administrativa competente. Sobre el destino de la suma obtenida en la subasta o venta directa del bien, la remisión en relación con el reparto del sobrante a otras normas del Anteproyecto se sustituye por una remisión al Convenio internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval. Se añade al final del apartado 2 del art. 470 la expresión "en cuyo nombre se haya constituido el fondo" para que el privilegio no se extienda a otros deudores que no hubieran invocado derecho alguno a limitar esa responsabilidad. En el art. 334, en la rúbrica se suprimen las palabras "o judicial". Se acepta la inclusión del expediente de depósito y venta de mercancías y equipajes en el transporte marítimo en el Titulo X del Anteproyecto. Se desarrolla la impugnación judicial de la resolución del notario en los expedientes de liquidación de avería gruesa. En el expediente de enajenación de efectos mercantiles alterados o averiados se corrigen las disonancias.

De las observaciones del Consejo General del Poder Judicial no se ha aceptado la observación en la que proponía la incorporación de un nuevo apartado en la regulación de la naturaleza y regulación del embargo preventivo de buques para aclarar que no procede a favor de créditos marítimos cuando el deudor no sea el propietario del buque. Esta medida desvirtuaría el Convenio de Embargo Preventivo de Buques de 1999. Otra observación no atendida es la que hace en relación con un posible conflicto entre las definiciones contenidas en el Anteproyecto y las de buque civil, buque mercante y plataforma fija establecidas en el art. 9 de la Ley de Puertos, ya que estas definiciones lo son solo a los efectos de dicha Ley.

Por lo que se refiere al informe del Consejo General del Notariado, sus observaciones han dado lugar a cambios en el artículo relativo a los testamentos y fallecimientos durante la navegación. Se introduce, dentro del Título X, un capítulo dedicado al depósito y venta de mercancías y equipajes en el transporte marítimo. Sobre el extravío o sustracción del conocimiento de embarque, se ha optado por convertirlo en otro de los expedientes del Título X del Anteproyecto. No se aceptan las observaciones para incluir la escritura pública en los artículos relativos a la adquisición del buque, inscripción en la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles, publicidad formal de este registro, forma de los contratos de construcción naval, compraventa de buques y de arrendamiento y la constitución de la hipoteca naval. Se trata de una modificación que resulta inoportuna por representar un coste adicional inexistente. El anteproyecto de Ley de Navegación Marítima mantiene el sistema vigente hasta ahora.

De las observaciones del Consejo Fiscal, se han aceptado las modificaciones a los arts. 44, 45 y 46. En el artículo relativo a las obligaciones del capitán de consignar los hechos producidos durante la navegación se deja de hablar de "delito, falta o infracción administrativa" para hacerlo de "infracción penal o administrativa". En cambio, respecto a las observaciones del Consejo Fiscal no se acepta la observación referida a la inmunidad de los buques de Estado extranjeros que se reconoce al amparo de lo dispuesto en la CONMAR. La limitación de responsabilidad a cualquier proceso no se modifica pues es importante evitar efectos llamadas derivados de que unas u otras jurisdicciones apliquen reglas distintas de responsabilidad.

El Anteproyecto también ha sido informado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente, en cuyo seno se han formulado las observaciones por parte de las organizaciones representadas en ese Consejo (Ecologistas en Acción, WWF España). La primera es que se echan en falta las consultas a sindicatos, al Colegio Oficial de la Marina Mercante y a las organizaciones ecologistas. En relación con estas, se ha pedido el dictamen del Consejo Asesor de Medio Ambiente. Y, con carácter general, señala que las organizaciones que participaron son todas aquellas que lo solicitaron.

Por otro lado, se han introducido otras modificaciones a instancias, bien del propio Ministerio de Justicia, bien de otros departamentos ministeriales. A instancia del Ministerio de Defensa se ha añadido un apartado al artículo 37 para aclarar el régimen del paso en tránsito por el Estrecho de Gibraltar; se perfilan mejor las competencias en relación con la publicidad de los peligros y ayudas a la navegación en el artículo; se mantiene en la Armada la competencia para los expedientes de salvamento y extracción, adaptándose el texto del anteproyecto de Ley en lo que procede. A propuesta del Ministerio de Fomento se ha incorporado la especialidad de las organizaciones responsables de la inspección, reconocimiento y la certificación de buques dentro de las previsiones de las sociedades de clasificación. También se ha introducido una nueva disposición adicional referida a los buques históricos y réplicas y una nueva disposición final que contiene determinadas modificaciones del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Entre los ajustes realizados por iniciativa propia del Ministerio de Justicia, destaca la inclusión de una regulación más extensa del conocimiento de embarque, que coordina estas normas con la regulación del futuro Código Mercantil en lo que respecta a los títulos valores.

Por último, se han incorporado también unas normas específicas del contrato de arrendamiento náutico, a resultas de una propuesta del sector, que conforman el nuevo Capítulo V del Título IV, sobre los contratos de utilización del buque.

Y, en tal estado de tramitación el expediente, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Estado para consulta.

I

1. El Consejo de Estado en Pleno emite su consulta en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, que previene que deberá ser consultado en los "anteproyectos de leyes que hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del derecho comunitario europeo".

2. En cuanto al procedimiento seguido para la elaboración del texto consultado, se han cumplido las exigencias del artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Constan en el expediente la memoria del análisis de impacto normativo, que integra la memoria justificativa, la memoria económica y el informe sobre el impacto por razón de género exigidos por el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, conforme con lo dispuesto en el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo, que entró en vigor el 1 de enero de 2010, tras la aprobación por el Consejo de Ministros, en su reunión de 11 de diciembre de 2009, de la Guía Metodológica para su elaboración.

Han informado las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, de Economía y Competitividad, de Defensa, de Asuntos Exteriores y Cooperación, y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. También lo han hecho los Ministerios de Fomento, del Interior, Hacienda y Administraciones Públicas, Empleo y Seguridad Social e Industria, Energía y Turismo. Se ha dado cumplimiento, por otra parte, al trámite previsto en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, habiendo tomado razón el Consejo de Ministros del Anteproyecto en su reunión de 31 de octubre de 2012.

Han informado además el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y la Comisión Nacional de Competencia. Se ha oído al Consejo General del Notariado, al Consejo Asesor de Medio Ambiente, a la Asociación de Navieros Españoles, a la Asociación Española de Derecho Marítimo, a la Asociación Empresarial del Seguro, a la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, a la Asociación Española de Grandes Yates y a la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques.

En consecuencia, ninguna observación esencial se formula al proyecto por razón de su tramitación.

3. El rango de la norma se considera adecuado habida cuenta la materia regulada.

4. La norma se dicta en el ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en el artículo 149.1.6ª ("legislación mercantil y legislación procesal") y 20ª ("Marina mercante") de la Constitución y respeta el reparto constitucional de competencias.

II

1. El sector de la navegación marítima ha tenido siempre un lugar separado y aparte en el Derecho mercantil. El derecho aplicable a dicho sector se ha configurado, desde siempre, sobre la base de unos caracteres peculiares que lo individualizan frente a las demás ramas del ordenamiento. Caracteres y reglas que, por otra parte, se han concretado en un sistema de normas, antaño casi todas de origen consuetudinario y hogaño con relevantes dosis de gestación privada, que han vivido -y viven- al margen del derecho codificado.

El tradicional particularismo y consuetudinarismo del Derecho de la navegación marítima se han justificado siempre en la singularidad de la empresa marítima y de las expediciones marítimas, auténticos transportes autárquicos como se ha señalado en alguna ocasión, con ocasión de las cuales se generaba una comunidad de riesgos y una solidaridad de intereses especialmente intensas.

No obstante haber quedado superadas las condiciones en que tradicionalmente se producían dichas expediciones marítimas a resultas de los avances de la técnica, el Derecho de la navegación marítima sigue hoy asentado sobre los mismos criterios, si bien con una especial incidencia de los fenómenos de generación privada de las normas que desplazan en muchas ocasiones a las de origen estatal o público.

Junto al Derecho de la navegación marítima, el ordenamiento jurídico articula otros dos sistemas que giran en torno al hecho marítimo: el Derecho del mar, integrante o subsidiario del Derecho internacional, que define los espacios marítimos y los derechos y obligaciones de los Estados en relación con éstos y el Derecho administrativo marítimo que disciplina las facetas del tráfico marítimo en cuanto actividad de interés público y las formas de intervención administrativa en este ámbito.

El Derecho del mar ha tenido también tradicionalmente una configuración consuetudinaria, si bien hoy está en gran medida codificado en la denominada Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, que incorporó la mayor parte de las previsiones del Derecho internacional anterior y, en especial, de las Convenciones de Ginebra de 1958.

2. El Derecho de la navegación marítima nacional tiene como base el Libro III del Código de Comercio de 1885 -en el que se regula el buque, las personas que intervienen en el comercio marítimo, los contratos especiales de ese comercio, los riesgos, daños y accidentes y la liquidación de averías-. Y se complementa con otras normas, entre las que destacan la Ley de Hipoteca Naval de 21 de agosto de 1893, la de 22 de diciembre de 1949 -que introdujo las normas del Convenio de Bruselas de 1924 unificando las reglas del transporte por conocimiento de embarque- y la Ley de 24 de diciembre de 1962 -que incorporó a nuestro Derecho interno el Convenio de Bruselas de 1910 sobre asistencia y salvamento-.

Este cuadro se ha visto notabilísimamente alterado en las últimas décadas por varios hechos significativos, a saber: la incorporación a nuestro derecho de los numerosos tratados internacionales suscritos por España y por la Comunidad Europea, primero, y la Unión Europea, después, sobre la materia; la abundante legislación dictada por estas últimas organizaciones y por otras especializadas como la Organización Marítima Internacional; la aparición de un relevante número de disposiciones de origen privado, gestadas en el seno de organizaciones ajenas a los Estados, que se imponen de facto como obligatorias en el tráfico marítimo, fruto de la autorregulación de los sujetos intervinientes -International Law Association, General Council of British Shipping, Association of shipbrokers and agents Inc, Intertanko, Intercargo, etc.-

Así las cosas, el panorama que presenta nuestro ordenamiento jurídico marítimo está presidido, de un lado, por la obsolescencia de gran número de normas que lo integran -piénsese en gran número de disposiciones contenidas en el Código de Comercio de 1885- y, de otro lado, por su complejidad habida cuenta de la variedad de normas y su diversidad de orígenes.

3. El anteproyecto de Ley sometido a consulta tiene como finalidad remediar el estado actual de nuestro ordenamiento. Persigue, según consta en la memoria que lo acompaña, con un patente ánimo codificador, dotar a nuestro ordenamiento jurídico de la necesaria homogeneidad con el Derecho marítimo internacional adoptado con generalidad por los países marítimos de la UE y OCDE, como exige un tráfico caracterizado por su transnacionalidad; proporcionar seguridad jurídica, al asegurar un perfecto engarce con las normas españolas, europeas y Convenios internacionales hoy vigentes, tanto de derecho público como privado y finalmente asegurar que nuestro derecho, por una parte, refleje la realidad práctica actual del transporte marítimo y, por otra, tenga en cuenta las consecuencias económicas y de todo orden que puedan derivarse de las modificaciones introducidas.

Para alcanzar dichas finalidades, pretende configurarse como cabeza del grupo normativo del Derecho marítimo dando, con afán unificador, una nueva planta al Derecho de la navegación marítima y abordando diversas cuestiones del Derecho del mar y del Derecho administrativo marítimo patrio.

El Consejo de Estado considera encomiable la finalidad perseguida por el anteproyecto de Ley pero no puede dejar de señalar las dificultades que se presentan a la hora de alcanzar la mencionada finalidad y que tienen reflejo en la norma consultada.

4. Como se ha señalado, la regulación de la navegación marítima, la de los espacios marítimos y el medio ambiente marino es primordialmente internacional y está contenida en tratados internacionales - generales, regionales, bilaterales- y en resoluciones de organizaciones internacionales constantemente en situación de cambio y cuya codificación y unificación es difícil -sino imposible- en muchas ocasiones. El anteproyecto de Ley es consciente de esta circunstancia como lo evidencia el artículo 2.1 que previene que "la presente ley se aplicará en defecto de los Tratados Internacionales vigentes en España y las normas de la Unión Europea que regulen la materia".

Al hecho señalado se une el que, en el ámbito del Derecho de la navegación marítima, la crisis del sistema tradicional de fuentes del Derecho, basado en el principio de estatalidad -que comporta que sólo el Estado es fuente material del derecho-, sea especialmente acusada. En su lugar, se ha configurado un sistema de fuentes pleonárquico -multilevel y multistakeholder, dicen los anglosajones-, caracterizado por múltiples niveles de disciplina y por múltiples actores intervinientes, en el que, junto a los sujetos públicos creadores de normas, han aparecido, con creciente influencia, sujetos particulares -sistemas de empresas, organismos privados, etc.- que inventan nuevos y autónomos instrumentos de producción normativa.

Las dificultades expuestas se evidencian en el texto sometido a consulta que, no obstante, merece un juicio general favorable.

La vocación de norma codificadora general se ve en alguna parte satisfecha a la hora de regular los aspectos jurídico-privados del fenómeno de la navegación marítima pero palmariamente frustrada cuando se trata de los aspectos jurídico-públicos y, en especial, de los atinentes al Derecho del mar. Y es que, en esta última materia especialmente, el Anteproyecto ni los regula de manera completa -al no incorporar la disciplina contenida en numerosos tratados internacionales- ni, en ocasiones, de forma correcta -pues al incorporarlos lo hace defectuosamente-. Se genera así una situación que contribuye poco a alcanzar la perseguida y deseable seguridad jurídica en la materia y que se ve agravada por otra parte, como señala el Consejo General del Poder Judicial en su informe, por el hecho de decantarse el Anteproyecto en numerosas ocasiones por la remisión a los textos internacionales aplicables.

Por otra parte, el texto ignora, de una parte, instituciones marítimas consolidadas -como las conferencias marítimas- y, de otro lado, la cuestión de la producción privada de las normas de la navegación marítima y la necesidad de observarlas en las relaciones económicas, so pena de la imposibilidad de operar en el tráfico. Normas que muchas veces ni quedan incorporadas a los contratos celebrados como reglas convencionales, ni son incardinables con facilidad entre los usos del comercio y que el Anteproyecto bien debiera contemplar.

5. Por último, el Consejo de Estado no puede dejar de señalar que la mayor parte de las normas contenidas en el Anteproyecto -en especial las atinentes a la regulación del tráfico empresarial de la navegación marítima- tienen la consideración de derecho dispositivo.

III

El examen del texto del Anteproyecto consultado suscita diversas observaciones y sugerencias, de distinto alcance y relevancia, que, en aras de la claridad, se exponen en relación con cada precepto, agrupados según los títulos que lo integran.

1. En relación con el Título Preliminar ("Disposiciones generales") procede señalar:

a) El artículo 2.2 dispone que "en todo caso, para la interpretación de las normas de esta ley se tendrá en cuenta la primacía de los Tratados Internacionales vigentes en España y la conveniencia de promover la uniformidad en la regulación de las materias objeto de la misma".

El Consejo de Estado considera que no es adecuada la introducción del término "primacía" en el tenor proyectado. En efecto, la inserción de los tratados internacionales en nuestro sistema de fuentes de derecho y su eficacia se hace en ocasiones en términos de superioridad en relación con las otras fuentes, pero tal modo de inserción no agota -ni mucho menos- los posibles modos de hacerlo. Son frecuentes los casos en los que los tratados pasan a formar parte del ordenamiento interno como normas de cabecera de grupos normativos autónomos -o aun como meras piezas de dichos grupos, con equivalencia de rango bien legal, bien reglamentario- que conviven en régimen de igualdad con otros grupos que permanecen ajenos a las normas convencionales. Entre unos y otros no cabe apreciar relación de jerarquía sino de autonomía y, acaso, de coordinación. Esto ocurre con gran frecuencia en el ámbito de la navegación marítima, sin que, por ello, sea dable formular con carácter general la afirmación de la primacía de todos los tratados internacionales vigentes. Por consiguiente, se sugiere sustituir la expresión "se tendrá en cuenta la primacía de los tratados" por "se atenderá a la regulación contenida en los tratados".

b) El artículo 3.4 dispone que la responsabilidad de la Administración por los daños causados por buques españoles de Estado se determinará conforme a las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Dicho precepto debe suprimirse, en primer término, por innecesario, por cuanto la responsabilidad está establecida ya en las correspondientes disposiciones aplicables y, en segundo lugar, por erróneo.

El concepto de buque de Estado comprende todos los de titularidad o uso público siempre que presten servicios públicos de carácter no comercial. Tal concepto no exige que la titularidad del buque corresponda a una Administración pública sino a cualquier entidad integrada en el sector públíco.

Así las cosas, la ligazón que establece el Anteproyecto entre buque español de Estado y responsabilidad patrimonial no se considera correcta. En efecto, como se ha señalado, tienen la consideración de buques de Estado los pertenecientes a las Administraciones públicas y también, en ocasiones, pueden tenerla los pertenecientes a entidades, integradas en el sector público, pero con forma jurídico-privada a las que se encomienda la gestión de una actividad de interés público no comercial.

Es claro que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 9.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, Orgánica del Poder Judicial y 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, los daños causados por los buques pertenecientes a las Administraciones públicas deben ser indemnizados con arreglo a las normas de la responsabilidad patrimonial pero no así los causados por buques cuya titularidad corresponde a entidades integradas en el sector público, que revisten forma jurídico-privada, - teniendo en consecuencia la consideración de buques de Estado conforme a las regulaciones internacionales-, que habrán de ser resarcidos conforme a las normas privadas.

2. El examen del Título I ("De la ordenación administrativa de la navegación") sugiere las siguientes consideraciones:

A) Sobre la libertad de navegación y el derecho de paso inocente

1´. Los artículos 19 y 20 del Anteproyecto regulan el régimen general de la navegación marítima en los espacios marítimos españoles y las excepciones a dicho régimen.

El proyectado artículo 19 establece un régimen de navegación en los espacios marítimos españoles que se separa de lo establecido en la Convención del Derecho del Mar de 1982. En concreto, el proyecto parte del principio de la libertad de navegación de la alta mar y generaliza su aplicación a todos los espacios marítimos españoles. De acuerdo con este criterio y a tenor de lo dispuesto en el artículo 20.1 únicamente mediante acuerdo expreso de la Administración marítima española podrá condicionarse, restringirse o prohibirse, por razones de seguridad y protección marítima, el paso no inocente de los buques extranjeros por nuestro mar territorial.

Tal planteamiento es, como se ha señalado, divergente del contenido en la Convención del Derecho del Mar. El proyecto ignora que la libertad de navegación tiene perfiles diferentes según se trata de la alta mar y la zona económico exclusiva o del resto de los espacios marítimos (artículo 87 de la Convención del Derecho del Mar). En éstos, conforme a la mencionada Convención, la libertad de navegación está -o puede estar- modulada por razón de diversas circunstancias, razón por la cual se configura como derecho de paso inocente cuando se trata del mar territorial (artículo 17 de la Convención de Derecho del Mar) o como derecho de paso en tránsito en los estrechos internacionales (artículo 37 de la Convención del Derecho del Mar). Se distingue así el alcance de la libertad de navegación propia del alta mar -la libertad de la alta mar dice el artículo 87 de la Convención del Derecho del Mar- y el de los demás espacios marítimos.

A juicio del Consejo de Estado la proyección de la libertad de la alta mar sobre todos los espacios marítimos españoles que hace el Anteproyecto carece de todo fundamento, contraviene el régimen establecido en la Convención del Derecho del Mar, comporta una restricción injustificada de la soberanía nacional sobre nuestros espacios marítimos más inmediatos y puede comprometer gravemente los intereses nacionales de seguridad y defensa y entorpecer la labor de la Armada y del Servicio de la Guardia Civil del Mar.

La proyección de la libertad de la alta mar sobre los espacios marítimos españoles hecha por el proyecto únicamente comporta la renuncia -a juicio del Consejo, injustificada- al posible ejercicio de determinados instrumentos de control por parte del Reino de España sobre aquellos, sin que, en la práctica, se vea modificado el libre tránsito de los buques extranjeros por nuestros espacios, ya que pueden hacerlo en virtud del paso inocente reconocido en la Convención de 1982.

Así las cosas, se debe reconsiderar la inclusión de los actuales artículos 19 y 20 del Anteproyecto, bien suprimiéndolos -quedando el régimen de la navegación sujeto a las prescripciones de la Convención de 1982-, bien reformulándose con estricta sujeción a las prescripciones de ésta, de tal suerte que la libre navegación de los buques extranjeros por nuestros espacios marítimos se base en el derecho de paso inocente y no en la libertad de la alta mar. Esta observación tiene carácter esencial a los efectos del artículo 2.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

2´. La regulación del derecho de paso inocente por el mar territorial está contenida en el artículo 37 y siguientes del proyecto sometido a consulta.

El Consejo de Estado aprecia que los preceptos citados se remiten, en primer lugar, al derecho interno -y no al internacional- y, en segundo término, transcriben sólo de modo parcial los artículos 19 y 21 de la Convención del Derecho del Mar, omitiendo muchos de los supuestos comprendidos en el apartado 2 del artículo 19 del citado instrumento internacional.

Considera este Cuerpo Consultivo que tanto el artículo 37.1 como el 38 deben remitir, a la hora de regular la navegación por el mar territorial, en primer término, a la Convención del Derecho del Mar y al resto del ordenamiento internacional -y no a la legislación interna-. Y, además, a fin de evitar interpretaciones indeseables en el sentido de considerar que no resultan de aplicación los supuestos del apartado 2 del artículo 19 de la Convención del Derecho del Mar que no están reseñados en el artículo 39 del Anteproyecto, se considera que debe optarse, bien por incluirlos todos, bien por consignar únicamente los que, no estando contemplados en el precepto del instrumento internacional, se introducen adicionalmente en el proyecto pero siempre de forma precisa y concreta, evitando fórmulas ambiguas como la contenida en el párrafo segundo del número 2 del artículo 39 proyectado.

En efecto, los artículos 37, 39 y 42 del Anteproyecto no se ajustan a las previsiones de la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 pues omiten algunos de los casos enumerados en el artículo 19.2 de dicho instrumento y recogen sus previsiones de forma desordenada y confusa.

En particular, debe señalarse lo siguiente:

A) El artículo 37.1 incluye una cláusula que establece que "la navegación a través del Estrecho de Gibraltar se regirá por lo dispuesto en la Parte III de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982". Esta previsión, a juicio del Consejo de Estado, debería ser suprimida por cuanto puede limitar y comprometer innecesariamente los intereses nacionales. España ha aceptado el régimen de libre paso en tránsito por el Estrecho de Gibraltar pero, con ocasión de las Declaraciones interpretativas realizadas en 1994 con ocasión de la ratificación de la Convención, puso de manifiesto que tal aceptación no era absoluta y plena sino que se reservaba cierta capacidad normativa y de intervención en el Estrecho de Gibraltar. La previsión proyectada, como se señala, menoscaba dicha reserva y resulta innecesaria, razón por la cual debería suprimirse.

B) El artículo 39.4 extiende las prohibiciones que impone a los buques extranjeros para que su paso por el mar territorial sea inocente también a las aguas interiores. Dicha extensión resulta improcedente pues mar territorial y aguas interiores tienen distinta naturaleza y régimen jurídico, siendo el de las segundas más severo y favorable al Estado ribereño. El Consejo de Estado considera improcedente la equiparación proyectada, pues la soberanía del Estado ribereño comprende el derecho a regular el acceso a los puertos -incluidos en las aguas interiores- y hasta impedirlo por causa justificada y no hay razones para renunciar a él.

Por último, el Consejo considera que debe ponderarse la conveniencia de incluir en el texto del Anteproyecto una previsión que acoja la extendida práctica internacional que prevé que, en el caso de cuestionarse si el paso de un determinado buque es inocente o no y siempre que no haya infringido de manera palmaria el ordenamiento, antes de privarle del derecho de paso, deba ser requerido a fin de que clarifique su intención o corrija su conducta de manera inmediata.

3´. Tampoco se considera adecuada la regulación proyectada para el caso de suspensión del paso inocente contenida en el artículo 42 del Anteproyecto. En efecto, éste establece como criterios habilitantes para suspender el paso inocente la defensa de los intereses generales y, en particular, para velar por la seguridad de la navegación y la protección medioambiental. Pues bien, el primero de los conceptos excede lo permitido por el artículo 25.3 de la Convención del Derecho del Mar y los segundos, restringen inadecuadamente lo que el Estado puede hacer conforme a dicho Instrumento.

El artículo 25.3 de la Convención del Derecho del Mar establece que el Estado ribereño podrá, sin discriminar de hecho o de derecho entre buques extranjeros, suspender temporalmente en determinadas áreas del mar territorial, el paso inocente de buques extranjeros si dicha suspensión es indispensable para la protección de su seguridad, incluidos los ejercicios con armas.

En consecuencia, ni se puede suspender el paso inocente por la mera defensa de los intereses generales, ni resulta adecuado restringirlo a los casos de seguridad de la navegación o protección medioambiental, como hace el Anteproyecto. Por ello, el Consejo considera que debe estarse a lo que dice la Convención de Montego Bay.

B) Sobre la intervención de la jurisdicción penal española para conocer de delitos en relación con los buques extranjeros que se encuentren en el mar territorial español

La redacción del artículo 44 proyectado debiera mejorarse a juicio de este Consejo. La lectura del precepto parece limitar la intervención de la jurisdicción penal española en relación con los buques extranjeros que se encuentren en el mar territorial español a los supuestos previstos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ejerciéndose en la forma prevista en los tratados internacionales y, en especial, en el artículo 27.1 de la Convención del Derecho del Mar ("el ejercicio deberá atenerse a lo establecido...").

Sin embargo, la competencia de los tribunales españoles para conocer de delitos en relación con los buques extranjeros que se encuentren en el mar territorial español va más allá de los supuestos mencionados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. En efecto, no debe olvidarse que existen algunos tratados internacionales -ratificados por España- que la facultan -sino obligan- a ejercer su jurisdicción penal sobre los buques extranjeros que se encuentran en su mar territorial en relación con determinados delitos. Se trata de auténticas normas atributivas de competencia. Baste, como botón de muestra, el caso de los delitos contra la seguridad marítima definidos en el Convenio para la Represión de los Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima y su Protocolo, hechos en Roma el 10 de marzo de 1988 y sus Protocolos de enmienda, hechos en Londres el 14 de octubre de 2005 o el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad marítima de 1988 y del Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la Plataforma continental de 1988, de 2005.

Por ello, se considera que el precepto debe decir que "la jurisdicción penal española en relación con los buques extranjeros que se encuentren en el mar territorial español se regirá por lo establecido en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en los tratados internacionales, en especial, en el apartado 1 del artículo 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982".

C) Sobre la navegación por la zona contigua

El artículo 23, relativo al "régimen especial de navegación por la zona contigua", transcribe incorrectamente el artículo 33.1 de la Convención del Derecho del Mar al incluir, dentro del espacio delimitado por las fronteras del Estado, el mar territorial. Esta inclusión es contraria no solo a la citada Convención sino a los tratados suscritos por el Reino de España con sus vecinos. En efecto, con arreglo a aquélla y éstos, el territorio del Estado queda definido por la noción de frontera y, fuera de ésta, está el mar territorial. Por ello, procede sustituir "dentro de sus fronteras, incluido el mar territorial" por la expresión conforme con la usada por la Convención de 1982: "en el territorio nacional y en el mar territorial".

D) Sobre la exclusión de la responsabilidad patrimonial en determinados casos de intervención administrativa

El artículo 14.3, in fine, establece que los servicios de la Administración marítima podrán ordenar a los buques que abandonen las aguas interiores marítimas en plazo determinado en el caso de que su estancia pueda tener efectos peligrosos, "sin que de este hecho se derive responsabilidad patrimonial alguna para la Administración".

El Consejo de Estado considera que dicho inciso final debe ser suprimido. El régimen de responsabilidad aplicable a estos casos debe ser el general establecido en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. A la vista del artículo 106.2 de la Constitución, el régimen de responsabilidad de las Administraciones públicas es una garantía general. En consecuencia, no puede ser suprimida de forma genérica. En relación con el precepto proyectado, es claro que, de ordinario, el abandono por el buque de las aguas interiores a consecuencia de una orden administrativa no generará responsabilidad, estando obligado el armador del buque a soportar los daños que se le irrogaren. Pero pueden darse casos en los que la orden sea antijurídica y se causen daños al armador que no esté obligado a soportarlos, teniendo, en consecuencia, derecho a ser indemnizado. Igual consideración puede hacerse respecto del artículo 26 proyectado y relativo al cese de las actividades de investigación.

3. Otras observaciones y sugerencias al Título Primero son las que siguen:

a) En el artículo 6.2, lo establecido en el sentido de que "salvo previsión expresa en contrario, se entenderá que dichas normas (las del título primero) se aplican también a... las aeronaves que se encuentren en el agua" resulta inadecuado. Los hidroaviones son aeronaves y están sujetos al régimen de la navegación aérea, sin perjuicio de que, a determinados y concretos efectos como es el caso de abordajes -según el Reglamento internacional para prevenir los abordajes en la mar de 1972, en vigor en España desde el 15 de julio de 1977, regla 3.ª, apartado a)- puedan tener la consideración de buques. Sujetarlos a las previsiones de arribada forzosa, régimen de visita y de estadía, polizones, despacho, etc. contemplado en el título examinado resulta por consiguiente improcedente.

b) En el artículo 7.1, párrafo primero, se sugiere sustituir la referencia a la "legislación portuaria, de seguridad, de aduanas, de extranjería e inmigración, de policía, de sanidad y medioambiental"- que tiene carácter taxativo- por la de "legislación aplicable", que no comporta la referencia a una relación tasada de sectores del ordenamiento.

Y, en el párrafo segundo del mismo precepto, se sugiere igualmente reemplazar la enumeración de razones que se hace -que son tasadas- por el más genérico de "interés público general".

c) En el artículo 8.1 se debe incluir el término "ordenar" o "disponer", de tal suerte que se diga que "Corresponde a la Autoridad portuaria ordenar el cierre temporal...".

d) En el artículo 8.3 hay que sustituir el término "acordarse" por "formularse" toda vez que las propuestas de prohibición no se acuerdan.

e) El artículo 9.2 debería ser objeto de una redacción más clara del siguiente o análogo tenor: "La Dirección General de Marina Mercante podrá imponer requisitos y condiciones para la entrada en los puertos o lugares de refugio a los buques potencialmente contaminantes a fin de garantizar la seguridad de las personas, del tráfico marítimo, del medio ambiente y de los bienes".

f) Se sugiere la supresión del artículo 11.3, toda vez que las responsabilidades del Capitán y demás miembros de la dotación -debería decir tripulación- son en todo caso exigibles con arreglo a las disposiciones que así lo establecen (Código Penal, Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, etc.). g) La rúbrica del artículo 12 ("Jurisdicción sobre buques extranjeros en puerto") debe ser objeto de modificación en el sentido de suprimir "en puerto". En efecto, el precepto proyectado, en su apartado 3, no limita la extensión de la jurisdicción de los tribunales españoles sobre los buques a los puertos, a las aguas interiores y al mar territorial sino también "a los casos en que los buques fueran detenidos fuera de éste, en el ejercicio del derecho de persecución".

El derecho de persecución habilita la intervención del Estado más allá de los puertos, las aguas interiores y el mar territorial. Sabido es que el artículo 33 de la Convención del Derecho del Mar atribuye al Estado ribereño el derecho de persecución en su zona contigua para prevenir y sancionar actos que infrinjan sus leyes y reglamentos, aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios cometidos en su territorio o en su mar territorial y aun en la zona económico-exclusiva y alta mar -no obstante no haberse iniciado la persecución en caliente- cuando se trate de delitos de jurisdicción universal contemplados en la propia convención o en otros tratados internacionales.

h) En el artículo 18 se debe introducir el término "conceder" referido a las "preceptivas autorizaciones que corresponda (conceder) a otras autoridades...".

i) En el artículo 21.2, la exigencia de aviso (debe ser comunicación) en caso de necesidad de detenerse o fondear por razón de peligro o fuerza mayor por "todos los medios posibles" -por tanto por varios medios a la vez- resulta excesiva debiendo establecerse que pueda hacerse mediante "cualquier medio".

j) En el artículo 22 se echa en falta la previsión -que constituye costumbre marítima internacional y que se recoge en el artículo 4 del Real Decreto 2335/1980, de 10 de octubre, por el que se regula el uso de la Bandera de España y otras banderas y enseñas a bordo de los buques nacionales- de que los buques españoles deberán izar el pabellón nacional a la vista de buque de guerra o fortaleza. Además, debería incluirse la correspondiente habilitación reglamentaria para que el Gobierno regule la utilización de pabellones.

k) Por otra parte, se echa en falta en el Anteproyecto toda referencia al ejercicio de la jurisdicción en la zona económica exclusiva y la plataforma continental española. Es más, no se prevé la exigencia de autorización a los buques extranjeros para realizar actividades de investigación, extracción de restos arqueológicos, etc. en dichas zonas, lo cual no parece razonable.

l) Finalmente, el Consejo considera que el artículo 47 del Anteproyecto debe ser suprimido al no ser una norma relativa a la navegación marítima sino aérea.

IV

El Título II del Anteproyecto se dedica a la regulación de los "vehículos de la navegación", concepto bajo el cual se agrupan los más específicos de "buque", "embarcación", "artefacto naval" y "plataforma fija", definidos, respectivamente, en los artículos 56 a 59.

La noción de "vehículos de la navegación", cuyo empleo carece de precedentes en el ordenamiento español, parece confinada a la finalidad de designar conceptualmente, en la rúbrica del Título II, distintas categorías a las que después, sin embargo, apenas si se da un tratamiento común. El Anteproyecto sólo vuelve a emplear la expresión "vehículo", en este sentido, para definir los buques y las embarcaciones (artículos 56 y 57) y para hacer referencia a "la copropiedad de los vehículos de la navegación", y aquí el término únicamente se emplea en el título del artículo 64, pues su texto ya habla de "la copropiedad ordinaria del buque, embarcación, artefacto naval o plataforma fija". El término "vehículo" es también utilizado en otros preceptos del Anteproyecto (artículos 258, 295 y 399), pero todos ellos parecen más bien hacer referencia a vehículos automóviles.

El Consejo de Estado llama la atención sobre la innecesariedad de la introducción del referido vocablo -carente de antecedentes- para expresar lo que, de ordinario y tradicionalmente, la legislación y doctrina vienen denominando "medios de navegación".

Ninguno de los restantes términos arriba referidos ("buque", "embarcación", "artefacto naval" y "plataforma fija") son, por el contrario, nuevos en el ordenamiento español. El Código de Comercio emplea casi exclusivamente el término de "buque", y la única ocasión en que hace referencia al de "embarcación" (artículo 649) es aparentemente como sinónimo de aquél, pero la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante sí utiliza los cuatro conceptos mencionados, aunque parte de nociones en líneas generales distintas a las definiciones que para los mismos propone el Anteproyecto. Se formularán a continuación algunas observaciones a estas definiciones, así como a la redacción de otros preceptos de este Título II del Anteproyecto.

1. Los conceptos de buque, embarcación y artefacto naval: artículos 56, 57 y 58 del Anteproyecto

Buque es, para la vigente Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, "cualquier embarcación, plataforma o artefacto flotante, con o sin desplazamiento, apto para la navegación y no afecto al servicio de la defensa nacional" (artículo 9.2 Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, definición de "buque civil"), pudiendo calificarse como "buque mercante" cuando se utilice "para la navegación con un propósito mercantil, excluidos los dedicados a la pesca" (artículo 9.3 Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante). La citada Ley sólo excluye del concepto de buque, como algo diferenciado del mismo, las "plataformas fijas", que define como "todo artefacto o instalación susceptible de realizar operaciones de exploración o explotación de recursos marítimos o de destinarse a cualquier otra actividad, emplazadas sobre el lecho de la mar, anclado o apoyado en él" (artículo 9.4 Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante).

El Anteproyecto, por el contrario, opta por excluir también del concepto de "buque" las embarcaciones y los artefactos navales, que define de forma separada. Así, el buque es, a los efectos de la regulación proyectada, "todo vehículo con estructura y capacidad para navegar por el mar y para transportar personas o cosas, que cuente con cubierta corrida y de eslora igual o superior a 24 metros" (artículo 56), en tanto que "se entiende por embarcación el vehículo que carezca de cubierta corrida y el de eslora inferior a 24 metros, siempre que, en uno y otro caso, no sea calificado reglamentariamente como unidad menor en atención a sus características de propulsión o de utilización" (artículo 57). El único elemento en común entre la definición de buque contenida en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y la que efectúa el Anteproyecto es, por tanto, la capacidad para la navegación, y el concepto del Anteproyecto es bastante menos amplio que el de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, pues no incluye los vehículos pequeños, que deben ser calificados como "embarcaciones", ni tampoco las "plataformas y artefactos flotantes", que son objeto de tratamiento independiente en el artículo 58 del Anteproyecto.

Se ha criticado ampliamente en el expediente esta divergencia entre los conceptos empleados por la vigente Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (que en principio se mantiene inalterada en estos puntos) y la definición que de los mismos hace el Anteproyecto a los efectos de la regulación contenida en el mismo. A juicio del Consejo de Estado, tal divergencia puede dar lugar a problemas prácticos, pues no hay que excluir la existencia de solapamientos de los ámbitos de aplicación de ambas normas.

En relación con este punto, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia ha manifestado que el Anteproyecto "hace en relación con el buque una definición y clasificación a efectos de Derecho privado", en tanto que las definiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante lo son sólo a los efectos de dicha Ley. Esta afirmación contrasta con el propio contenido del Anteproyecto, que, como dice expresamente la exposición de motivos, incluye "prácticamente todos los aspectos de la navegación, tanto de Derecho público como privado". En particular, como acertadamente advierte el Consejo General de la Abogacía Española, el Anteproyecto contiene normas sobre actuaciones administrativas en relación con los buques, como la entrada en puerto (artículo 7) y el cierre de puertos (artículo 8). El tenor literal del artículo 7 del Anteproyecto genera así la duda de si el concepto de buque aplicable para este precepto es el contenido en el artículo 56, conclusión que, aunque pueda parecer lógica, implicaría excluir del derecho a entrar en los puertos españoles abiertos a la navegación marítima a las embarcaciones, pues el referido precepto sólo se refiere expresamente a "los buques".

Además, la existencia de una pluralidad de definiciones de "buque" tiene otras implicaciones más allá del régimen jurídico de los puertos y de la navegación marítima; por ejemplo, en el ámbito fiscal. El régimen especial del impuesto sobre sociedades aplicable a las entidades navieras en función del tonelaje toma como punto de partida el concepto de "buque", y si bien el artículo 124.2 del texto refundido de la Ley reguladora de dicho impuesto (aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo) establece los requisitos que deben reunir los buques cuya explotación posibilita la aplicación del citado régimen (entre otros, ser aptos para la navegación marítima y estar destinados exclusivamente a actividades de transporte de mercancías, pasajeros, salvamento y otros servicios prestados necesariamente en el mar, sin perjuicio de las actividades de remolque), será en todo caso necesario acudir a una definición "base" de buque que, de ser la contenida en el Anteproyecto, excluiría de dicho régimen a los vehículos de eslora inferior a 24 metros.

A juicio del Consejo de Estado, todo lo anterior pone de manifiesto la conveniencia de contar con una definición única del concepto de buque que, por su vocación codificadora, debería incluirse en la Ley de Navegación Marítima, sin perjuicio de las precisiones o modificaciones que puedan incorporarse en otras normas legales a efectos de lo en ellas dispuesto: en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante nada impediría, por ejemplo, hablar de "buques y embarcaciones civiles" y de precisar el concepto de "buques mercantes"; y en la referida Ley del Impuesto de Sociedades habría que añadir, en su caso, que puede tratarse de buques o de embarcaciones. En todo caso, si la definición del Anteproyecto no tuviese esta vocación de aplicación general, los artículos 56 y siguientes deberían expresamente precisar que las definiciones en ellos contenidas lo son "a efectos de lo previsto en la presente Ley".

Más allá de la conveniencia de contar con una definición unificada del concepto de buque para todo el ordenamiento, ha de examinarse el contenido concreto que a este concepto se da en el Anteproyecto. El Consejo General del Poder Judicial ha observado en su informe que la definición de buque del Anteproyecto no resulta coincidente con la contenida en varios de los tratados internacionales suscritos por España en esta materia y con los que la futura Ley debe, evidentemente, guardar la debida coherencia.

Pues bien, si se observa el contenido de dichos tratados, se llega a la conclusión de que tampoco estos ofrecen definiciones idénticas o armonizadas del concepto de buque, lo que hace casi imposible proceder a una simple reproducción de lo establecido en los citados convenios. Sin embargo, no puede dejar de señalarse que todos ellos parten de una noción bastante más amplia que la consagrada en el Anteproyecto, lo que en algunas ocasiones podría ocasionar problemas de articulación de este con aquellos.

El Reglamento Internacional para prevenir los abordajes (Convenio hecho en Londres el 20 de octubre de 1972), por ejemplo, dispone en su Regla 3 que "la palabra "buque" designa a toda clase de embarcaciones, incluidas las embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, utilizadas o que puedan ser utilizadas como medio de transporte sobre el agua". Esta amplia definición no se cohonesta con lo establecido en el artículo 27.1 del Anteproyecto, que se remite al citado Reglamento internacional en los siguientes términos: "todos los buques, sin excepción, deberán ajustar su navegación al cumplimiento de las reglas de luces, señales, rumbo y gobierno contenidas en los reglamentos aplicables, en particular en el Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la mar". Por tanto, el precepto no extiende la obligación a las embarcaciones y plataformas flotantes que, sin embargo, sí estarían incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio.

Un problema semejante puede plantearse en relación con el Convenio Internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimientos de embarque (de 25 de agosto de 1924, según Protocolos de 1968 y 1979), cuyo artículo 1 define el "buque", a los efectos del Convenio, como "cualquier embarcación empleada para el transporte de mercancías por mar". El artículo 246 del Anteproyecto, por el contrario, sólo aplica las reglas sobre el conocimiento de embarque a los buques definidos en el artículo 56, con exclusión, en principio, de las embarcaciones.

Ciertamente, estos desajustes podrían corregirse en el propio Anteproyecto sin necesidad de modificar la definición que éste hace de los conceptos de buque, embarcación y artefacto naval. El artículo 358 del Anteproyecto, por ejemplo, se adapta perfectamente a lo establecido en el Convenio Internacional sobre salvamento marítimo (hecho el Londres el 28 de abril de 1989). En éste se define el buque como "toda nave o embarcación, o toda estructura apta para la navegación" y, en esta línea, el citado artículo 358.1 del Anteproyecto dispone que "se considera salvamento todo acto emprendido para auxiliar o asistir a un buque, embarcación o artefacto naval". Igualmente, el artículo 384 del Anteproyecto dispone que las reglas de responsabilidad civil derivada de daños por contaminación sufridos en las costas y los espacios marítimos españoles son de aplicación a la que proceda de "buques, embarcaciones, artefactos y plataformas fijas", en línea con la amplia definición del concepto de buque que, a estos efectos, contiene el artículo 1 del Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos para combustible de los buques (Bunkers 2001, hecho en Londres el 23 de marzo de 2001): "toda nave apta para la navegación marítima y todo artefacto flotante en el mar, del tipo que sea".

Ahora bien, al margen de esta posibilidad práctica de solventar los eventuales problemas de coherencia entre los tratados internacionales vigentes en España en esta materia y la regulación del Anteproyecto, ha de suscitarse la duda de si la opción conceptual de la que éste parte es o no acertada.

La exclusión del concepto de buque de los "artefactos navales" (definidos en el artículo 58 del Anteproyecto), en primer lugar, no parece plantear importantes problemas. La propia Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, aunque no da una definición concreta del término buque y parece utilizarlo en un sentido bastante amplio, distingue entre buques, plataformas y otras construcciones en el mar como conceptos diferenciados, correspondiendo estos dos últimos, aproximadamente, con la noción de "artefacto naval" del Anteproyecto. Por otra parte, la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, emplea con cierta frecuencia el término "artefacto", aunque también lo integra como uno de los elementos de la definición del buque civil (artículo 9.2).

Mayores dudas plantea la consideración independiente del concepto de buque respecto al de embarcación pues, como se ha visto, los convenios internacionales aplicables son unánimes en la definición de aquél con independencia de sus dimensiones.

No obstante, la idea de deslindar el buque de la embarcación podría resultar acertada desde otro punto de vista. La idea de que una embarcación es un vehículo de menores dimensiones que un buque se desprende ya en cierta forma de algunos preceptos de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que en ocasiones menciona las embarcaciones de forma yuxtapuesta a los buques, como algo diferente a los mismos ("buque o embarcación", "embarcación pesquera o buque de pesca", etc.), y en otras hace referencia a las "embarcaciones deportivas y de recreo" (artículos 223 y siguientes), y el artículo 2.1 del Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre, dispone que se consideran embarcaciones de recreo aquéllas que tengan eslora de casco comprendida entre 2.5 y 24 metros, proyectadas y destinadas para fines recreativos y deportivos, y que no transporten más de 12 pasajeros. Sin embargo, el artículo 9.2 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante introduce cierta confusión en este punto, pues en él el término "embarcación" aparece como uno de los elementos de la definición de "buque". Todo lo anterior podría llevar a valorar positivamente la introducción de una definición clara del concepto. Ahora bien, hay que valorar si esa definición independiente presenta una utilidad práctica que permita compensar las dificultades que entrañan los restantes cambios que, para mantenerla, habría que realizar en otros preceptos del Anteproyecto, en los términos antes analizados.

2. El concepto de plataforma fija: artículo 59 del Anteproyecto

El concepto de plataformas fijas que ofrece el Anteproyecto plantea también problemas por su divergencia con respecto a lo establecido en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. El artículo 59.1 del Anteproyecto contiene una definición coincidente con la del artículo 9.4 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante ("Se entiende por plataforma fija toda estructura o instalación susceptible de realizar operaciones de explotación de los recursos naturales marítimos o de destinarse a cualesquiera otras actividades, emplazada sobre el lecho del mar, fondeada o apoyada en él"); sin embargo, este último precepto excluye del concepto a "aquellas instalaciones como son los oleoductos, gasoductos, cables submarinos, emisarios submarinos, y cualquier otro tipo de tuberías o instalaciones de carácter industrial o de saneamiento".

El contenido de la regulación contenida en el Anteproyecto podría justificar su aplicación a estas instalaciones excluidas del ámbito de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. De nuevo, sin embargo, el Consejo de Estado ha de subrayar la necesidad de disponer, en la medida de lo posible, de definiciones unitarias de los vehículos de la navegación. De conservarse la definición de plataforma fija contenida en el artículo 59 del Anteproyecto, sería necesario, por tanto, que la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante precisase que la exclusión de las instalaciones mencionadas en el segundo párrafo de su vigente artículo 9.4 se efectúa a los exclusivos efectos de la aplicación de dicha Ley.

3. Inscripción de la adquisición del buque: artículo 63 del Anteproyecto

El artículo 63 del Anteproyecto dispone, en su apartado 1, que "la adquisición del buque deberá constar en documento escrito y para que produzca efectos respecto de terceros deberá inscribirse en la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles en virtud de los documentos previstos en el artículo 73".

Sin perjuicio de las observaciones que más adelante se realizarán, con carácter general, en relación con la formalización de los negocios jurídicos sobre el buque, cabe aquí subrayar que el Anteproyecto limita la aplicación de lo establecido en este precepto a los buques, con exclusión de los restantes vehículos de la navegación.

Sólo la adquisición de los buques, definidos en el sentido del artículo 56 del Anteproyecto, deberá, pues, constar en documento escrito e inscribirse en la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles. Esta previsión contrasta con lo dispuesto en el artículo 69 del Anteproyecto, de acuerdo con el cual "todos los buques, embarcaciones y artefactos navales deberán obligatoriamente inscribirse en la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles" (apartado 1), con la única excepción de aquellos que sean de titularidad pública (apartado 2). Asimismo, el artículo 65 establece que "las titularidades y gravámenes sobre los buques, embarcaciones y artefactos navales se inscribirán en la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles, con la finalidad de proporcionar seguridad a las relaciones jurídicas de aquellos". En coherencia con lo establecido en estos dos preceptos, por tanto, el artículo 63.1 del Anteproyecto debería extender la obligación de inscripción en la citada Sección de Buques a las adquisiciones de embarcaciones y artefactos navales. Además, tal y como ha indicado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la ausencia de publicidad registral sobre cualquier negocio jurídico determinante de la titularidad del bien que recaiga, por ejemplo, sobre embarcaciones de recreo o deportivas, "perjudica los derechos de cobro que los legítimos acreedores ostenten frente a los titulares de los mismos, entre los que se halla la Hacienda Pública".

4. Registro y matrícula de los buques: artículos 65 y 66 del Anteproyecto

El Capítulo II del Título II del Anteproyecto, "Del registro de los buques", regula la inscripción en la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles, a la que dedica su sección 1ª (artículos 67 a 77), y la documentación de los buques nacionales, en su sección 2ª (artículos 78 a 87). Sería por ello más acertado que la rúbrica de este Capítulo II fuese "Del registro y documentación de los buques", pues el segundo bloque de materias no está necesariamente comprendido en el primero.

Este Capítulo II cuenta asimismo con dos preceptos introductorios, los artículos 65 y 66, en los que se contempla el doble sistema registral obligatorio de los buques y embarcaciones, que deben inscribirse en la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles y matricularse en el Registro de Buques y Empresas Navieras.

El Anteproyecto opta, en efecto, por el mantenimiento de los dos registros ya existentes, desechando la idea de su unificación por estimarla, según indica la Memoria, "dificultosa y poco operativa". Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 del Anteproyecto, en la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles se inscribirán "las titularidades y gravámenes sobre los buques, embarcaciones y artefactos navales", con la finalidad de "proporcionar seguridad a las relaciones jurídicas de aquellos" (apartado 1), en tanto que "la matrícula de un buque o embarcación corresponde a la Administración marítima a través del Registro de Buques y Empresas Navieras y va destinada a mantener la identificación y el control administrativo de los buques y embarcaciones españoles" (apartado 2).

Esta aparente división de funciones registrales -jurídico- privadas y administrativas, respectivamente- se ve, sin embargo, desmentida en la práctica, pues el Registro de Bienes Muebles no se limita a la mención de la propiedad del buque y los gravámenes que sobre él pesan, y esas circunstancias también han de constar en el Registro de matrícula, que no se circunscribe a dejar constancia de los aspectos técnicos o administrativos del buque o embarcación. Prueba de ello es, por ejemplo, el artículo 252.2 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, de conformidad con el cual "en la inscripción de los buques se hará constar, a efectos de su identificación, todas sus circunstancias esenciales y sus modificaciones, así como los actos y contratos por los que se adquiera o transmita su propiedad, los de constitución de hipotecas o imposición de derechos reales y cualquier otro extremo que se determine legal o reglamentariamente".

Con la finalidad de prevenir los eventuales problemas de esta dualidad registral, el Anteproyecto incorpora, en su artículo 66, una serie de normas destinadas a regir la coordinación entre ambos registros. Así, el apartado 1 dispone que "los asientos que se practiquen en la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles deberán coordinarse con las anotaciones que se hagan en la hoja de asiento del Registro de Buques y Empresas Navieras mediante comunicaciones que deberán cursarse directamente en la forma que reglamentariamente se determine". Por otra parte, el apartado 2 establece que "los titulares de ambos Registros sólo tendrán competencia para expedir certificaciones del contenido que sea propio de los respectivos asientos a su cargo, pero no de los que les consten por comunicaciones derivadas de la obligada coordinación entre ambos organismos. No obstante, si se pidiere en uno de ellos certificación referida a extremos contenidos en el otro, deberá admitirse la solicitud y requerir del Registro competente que la expida, con objeto de que el solicitante pueda obtener en un solo organismo toda la publicidad formal referida al buque". En relación con este punto, ha de recordarse que la Dirección General de los Registros y del Notariado viene manteniendo que la obligación de remisión de datos por parte de los registradores de la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles al Registro Central de Bienes Muebles "se extiende a las inscripciones y anotaciones practicadas en el Registro de Buques, de manera que el Registro Central deberá tener pleno conocimiento de los siguientes datos: a) Nombre del buque, número OMI (Organización Marítima Internacional), pabellón, arqueo y lista, así como matrícula nacional y NIB (número de identificación del buque), si constan..." (Instrucción de la DGRN de 26 de abril de 2001, sobre datos a remitir por los Registros de buques al Registro Central de Bienes Muebles). A juicio del Consejo de Estado, dada la regla establecida en el artículo 66.2 del Anteproyecto, debería aclararse en este o en una futura disposición reglamentaria el modo de proceder del registrador de la Sección de Buques en la remisión de los citados datos al Registro Central de Bienes Muebles y, en particular, si aquél debe, a estos efectos, requerir previamente al Registro de Buques y Empresas Navieras la expedición de la correspondiente certificación.

Por lo demás, ha de hacerse notar que el Anteproyecto únicamente regula en detalle la inscripción en la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles, en tanto que la reglamentación del Registro de Buques y de Empresas Navieras continuará estando en el artículo 251 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, no afectado por el Anteproyecto, y en el Real Decreto 1027/1989, que en principio mantiene su vigencia. El texto sometido a dictamen debería, por motivos de seguridad jurídica, remitirse expresamente a estas normas. Finalmente, llama la atención que el artículo 65.2 del Anteproyecto no haga referencia al Registro Especial de Buques y Empresas Navieras regulado en la disposición adicional decimosexta de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. A la vista de lo que precede, podría añadirse una última frase del siguiente tenor al artículo 65.2 del Anteproyecto: "El Registro de Buques y de Empresas Navieras y el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras se regirán por lo establecido en esta Ley y en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, así como en los reglamentos correspondientes".

5. Inscripción en la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles

A) Legislación aplicable: artículo 67 de Anteproyecto

El artículo 67 del Anteproyecto establece: "El Registro de Bienes Muebles, en su Sección de Buques, se regirá por lo dispuesto en esta ley, en el reglamento a que se refiere la disposición final segunda de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la Comunidad Económica Europea (CEE) en materia de sociedades, y demás disposiciones complementarias y, en todo lo no previsto, por la Ley y el Reglamento Hipotecarios, que regirán con carácter supletorio en cuanto sean aplicables".

El Consejo de Estado no puede dejar de subrayar la necesidad de aprobar la norma reglamentaria anunciada en la disposición final segunda de la Ley 19/1989, a la que se remite el precepto reproducido, sin perjuicio de otra reforma -incluso legal- de mayor alcance que se considerara conveniente efectuar. A este respecto, hay que recordar que, aunque el Registro de Bienes Muebles se creó en la disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, en base, entre otras, a la habilitación concedida en la referida Ley 19/1989, dicha disposición reglamentaria no constituye un reglamento propiamente dicho. En ausencia del mismo, resulta de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria decimotercera del Reglamento del Registro Mercantil (aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio), que contempla la vigencia "transitoria" de las normas del Reglamento del Registro Mercantil aprobado por Decreto de 14 de diciembre de 1956; asimismo, el Real Decreto 1828/1999 dispone que, en todo lo no dispuesto en él "se estará, en cuanto sea aplicable, a lo dispuesto en la Ordenanza del Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, el Reglamento del Registro Mercantil y el Reglamento Hipotecario".

A la vista de la complejidad de esta situación normativa, y dada la fecha de la norma de habilitación reglamentaria que cita el Anteproyecto (1989) y su carácter de ley de reforma de otras disposiciones legales, cuyo contenido se encuentra ya incorporado en estas, el Anteproyecto debería hacer referencia al "reglamento del Registro de Bienes Muebles" o, si se estimase innecesario aprobar una norma reglamentaria de este tipo, a las normas que rijan en esta materia. La referencia al "reglamento a que se refiere la disposición final segunda de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la Comunidad Económica Europea (CEE) en materia de sociedades" resulta, en el actual estado de cosas, extraordinariamente oscura. Por último, el Consejo de Estado considera que, si bien con carácter general resulta adecuado -como se ha señalado- no excluir del Registro de Bienes Muebles a las embarcaciones, puede resultar excesivo el establecer la obligación de inscribirse en el caso de algunas embarcaciones y artefactos que ya están inscritas en registros o listas -por ejemplo en la lista cuarta del Registro de Matrícula regulado en el Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, por el que se regula el abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo-, como es el caso de las "embarcaciones auxiliares de pesca, las auxiliares de acuicultura y los artefactos dedicados al cultivo o estabulación de especies marinas". Por ello, se considera que debería habilitar al Gobierno para que reglamentariamente pudiera excluir de la obligación de inscripción en el Registro de Bienes Muebles a esa clase de embarcaciones y artefactos ya anotados en otras listas o registros.

B) Bienes inscribibles: artículo 69 del Anteproyecto

De conformidad con el artículo 69 del Anteproyecto, deberán obligatoriamente inscribirse en la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles, "todos los buques, embarcaciones y artefactos navales abanderados en España" (apartado 1), siendo únicamente potestativa la inscripción de los que sean de titularidad pública (apartado 2) y de los buques en construcción, salvo que vayan a ser hipotecados, en cuyo caso la inscripción será preceptiva (apartado 3).

La Asociación Nacional de Empresas Náuticas ha sugerido excluir de esta obligación de inscripción en el Registro de Bienes Muebles a las embarcaciones, haciéndola potestativa, aunque se mantendría su obligación de estar matriculadas en el Registro de Buques y Empresas Navieras. La justificación de esta propuesta parece radicar en las especiales características que, según alega la referida Asociación, tiene la navegación de recreo y deportiva.

El Consejo de Estado, sin embargo, estima que en este punto tienen más peso las consideraciones efectuadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que, como ya se expuso, ha manifestado en su informe que "la ausencia de publicidad registral sobre cualquier negocio jurídico determinante de la titularidad del bien o de cualquier otro derecho de contenido económico susceptible de embargo que recaiga sobre buques y embarcaciones de recreo o deportivas, perjudica los derechos de cobro que los legítimos acreedores ostenten frente a los titulares de los mismos, entre los que se halla la Hacienda Pública Estatal". Nada hay que objetar, por tanto, a la previsión del artículo 69 del Anteproyecto, pero cabe subrayar que la memoria parece sostener en este punto un criterio contradictorio con lo establecido en el propio Anteproyecto, al decir que en el mismo "se establece la diferenciación entre los buques, cuya inscripción en el Registro se mantiene obligatoria, y las embarcaciones, cuyo acceso depende de la voluntad o no de obtener protección registral".

C) Inscripción, publicidad formal y principio de libertad de forma: artículos 71, 72 y 73 del Anteproyecto

En líneas generales, la realización de negocios jurídicos sobre el buque sólo se somete en el Anteproyecto al requisito formal de su documentación por escrito, aunque la producción de efectos frente a terceros se subordina frecuentemente a su inscripción registral.

Así, el artículo 63.1 dispone que "la adquisición del buque deberá constar en documento escrito y para que produzca efectos respecto de terceros deberá inscribirse en la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles en virtud de los documentos previstos en el artículo 73". El artículo 118 contiene la misma disposición al regular el contrato de compraventa, y el artículo 71.1 dispone que "la primera inscripción de cada buque en el Registro será de dominio y se practicará en virtud de certificación de la hoja de asiento expedida por el Registro de Buques y Empresas Navieras, acompañada del título de adquisición, que deberá constar en cualquiera de los documentos citados en el artículo 73, salvo que se trate de buques y embarcaciones de recreo o deportivas construidas en serie o de buques procedentes de países cuyas leyes no exijan esa forma de documentación". El artículo 73 del Anteproyecto, al que se remiten los artículos 63 y 71.1, antes reproducidos, dispone en su apartado 1 que "la inscripción en el Registro se practicará en virtud de escritura pública, documento privado, resolución judicial firme o documento administrativo expedido por funcionario con facultades suficientes por razón de su cargo".

De la combinación de estos preceptos resulta que la compraventa de un buque podrá realizarse y producir efectos frente a terceros siempre que se realice en documento escrito y se inscriba en el Registro de Bienes Muebles, inscripción para cuya práctica no es indispensable proceder al otorgamiento de escritura pública, sino que podría también realizarse, de conformidad con el artículo 73.1 del Anteproyecto, en virtud de un documento privado.

El Consejo General del Notariado ha formulado una serie de observaciones críticas en relación con estas previsiones del Anteproyecto. Afirma que "la posibilidad de que tales actos o negocios jurídicos accedan al registro de bienes muebles con base en un documento privado supone una ruptura radical del sistema actualmente existente, aparte de poner en grave riesgo al mismo, pues se olvida que nuestro sistema registral se basa en un control estricto de los negocios jurídicos que acceden al mismo; control que se despliega, con carácter previo, por el notario cuando se pretende la constancia de tales actos o negocios jurídicos en un instrumento público notarial siendo el notario quien garantiza el contenido del contrato, la adecuación de sus cláusulas a la legalidad y a la voluntad de los otorgantes, la capacidad y legitimación de éstos, y en definitiva la autenticidad, exactitud e integridad del documento que accede al registro". En línea con estas observaciones, propone, en resumen, que el acceso al registro no pueda practicarse en virtud de documento privado.

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia manifiesta que la propuesta del Consejo General del Notariado implicaría "una modificación del régimen actual muy polémica y que en estos momentos resulta inoportuna por representar un coste adicional inexistente hasta ahora"; sin embargo, el examen de la normativa actualmente vigente arroja un resultado más matizado en relación con esta cuestión.

Ciertamente, el artículo 573 del Código de Comercio contiene una previsión idéntica a la del artículo 63.1 del Anteproyecto, al disponer que "la adquisición de un buque deberá constar en documento escrito, el cual no producirá efecto respecto a tercero si no se inscribe en el Registro Mercantil". El precepto no aclara, sin embargo, si ese "documento escrito", sea público o privado, tiene en todo caso acceso al Registro. Tal conclusión parece desmentida ya desde el propio Código de Comercio y, de forma más clara, en otras disposiciones, a las que se hará referencia a continuación.

El artículo 578 del Código de Comercio dispone que "si, hallándose el buque en viaje o en puerto extranjero, su dueño o dueños lo enajenaren voluntariamente bien a españoles o a extranjeros con domicilio en capital o puerto de otra nación, la escritura de venta se otorgará ante el Cónsul de España del puerto en que rinda el viaje, y dicha escritura no surtirá efectos respecto de tercero, si no se inscribe en el Registro del Consulado". La referencia indirecta que este artículo hace a la existencia de una escritura pública es sin duda reveladora, pero no permite formular conclusiones generales, pues se refiere al caso específico de la venta de un buque en el extranjero, supuesto que puede haber merecido un régimen especial y de mayor formalidad en atención a sus particulares circunstancias.

Los artículos 149 y 150 del Reglamento del Registro Mercantil de 14 de diciembre de 1956 (preceptos que han de reputarse todavía en vigor de conformidad con la disposición transitoria decimotercera del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, que aprueba el Reglamento del Registro Mercantil) tienen, por el contrario, un alcance general. Tras disponer la obligatoriedad de la inscripción de los buques (artículo 147), el citado Reglamento de 1956 dispone expresamente que, para practicar su primera inscripción, que es la de propiedad, deberá presentarse, además de copia certificada de la matrícula del buque, "el título de adquisición de la propiedad del buque, que constará en escritura pública o en documento auténtico, expedido por autoridad o funcionario competente" y, "cuando la adquisición del buque tenga lugar en astillero por contrato de construcción, se considerará como título de propiedad del buque la escritura pública de entrega del mismo" (artículo 149). En esta misma línea, el artículo 150 del citado Reglamento dispone que "también se inscribirá la propiedad de un buque mediante la escritura pública de su adquisición, acompañada de la certificación de su matrícula en la Comandancia de Marina respectiva, siempre que dicha propiedad no aparezca inscrita a favor de otra persona y el título de propiedad del transmitente sea anterior en un año a la fecha de la inscripción".

La constitución de garantías reales sobre el buque -hipoteca naval o crédito refaccionario- por el contrario, puede instrumentarse mediante documento privado (artículos 3 y 20 de la Ley de Hipoteca Naval de 21 de agosto de 1893). En tal sentido, la Dirección General de Registros y Notariado viene admitiendo la matriculación de buques y embarcaciones con fines lucrativos en virtud del modelo oficial de contrato de venta a plazos o leasing cuando hayan sido comprados en establecimiento de venta al público -y no en virtud de contrato de construcción naval- (RR. DGRN de 7 de julio de 2009 y 25 de julio de 2001).

A la vista de lo anterior, parece que el principio registral de titulación pública rige cuando menos en la actualidad para la primera inscripción del buque, por mor de la vigencia de los referidos preceptos del Reglamento del Registro Mercantil de 1956. Por tanto, la redacción de los artículos 71 y 73 del Anteproyecto podría constituir en el referido caso una modificación del régimen actual que, a juicio del Consejo de Estado, merecería una justificación más detallada de la que se encuentra en el expediente.

La memoria que acompaña al Anteproyecto se limita a afirmar que la regulación proyectada permite "asegurar el sistema de seguridad jurídica propio de nuestro Derecho con un Registro de Buques moderno y eficiente, que es lo que reclama la Secretaría de la UNCTAD como objetivo prioritario para aquellos países que no ofrecen garantías registrales fiables".

En opinión del Consejo de Estado, la anterior explicación podría no resultar suficiente para fundamentar un cambio de tal entidad. Al suprimir la exigencia de la titulación pública para el acceso al Registro, el Anteproyecto hace recaer sobre éste toda la responsabilidad de la verificación de la regularidad formal y material de la titularidad o del negocio jurídico cuya inscripción se solicita. Considera este Consejo de Estado que no debería introducirse cambio alguno en la actual regulación de la cuestión, ponderando la distinta entidad de los buques.

El Tribunal Supremo ha declarado que el que la inscripción del buque sea obligatoria (lo es actualmente en aplicación del artículo 147 del citado Reglamento de 1956, y lo sería también de conformidad con el artículo 69.1 del Anteproyecto) "significa que no es facultativa, pero no que tenga eficacia constitutiva, esto es, que resulte necesaria para que la mutación jurídica o cambio de titularidad se produzca. (...) Realmente, la inscripción de la transmisión del buque en el Registro Mercantil, aunque obligatoria, tiene una naturaleza meramente declarativa, en el sentido de que el cambio jurídico de titularidad se produce o tiene lugar fuera del mundo tabular y en el de que los asientos registrales solamente le atribuyen publicidad", si bien es cierto, añade el Alto Tribunal, que "esa publicidad, en sus vertientes positiva o negativa, provoca determinadas consecuencias de naturaleza sustantiva o material", en particular, "el efecto sustantivo consistente en la inoponibilidad a terceros del título no inscrito" (sentencia de 18 de mayo de 2005).

Por esta razón, resulta importante garantizar que la publicidad registral opere sobre la base de un documento que ofrezca las mayores garantías posibles de regularidad formal y material, y este objetivo parece más fácilmente realizable con el mantenimiento del sistema de documentación pública que haciendo recaer en la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles (que aún no cuenta, ni tan siquiera, con su Reglamento regulador) las tareas de control de la documentación que pretende acceder a él, de la legalidad, exactitud e integridad de su contenido o de la capacidad y legitimación de los otorgantes.

Por lo demás, no hay que olvidar que la exigencia de documentación pública se exige para que la transmisión del mismo produzca plenos efectos administrativos. Así, el artículo 54 del Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, por el que se regula el abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo, prevé que las notificaciones que deben hacerse a la Dirección General de la Marina Mercante para que surtan efectos administrativos la transferencia de titularidad de buques en construcción (artículo 52) o la transferencia inter vivos, a título oneroso o lucrativo, de la propiedad de un buque (artículo 53), "deberán ser comunicadas por el adquirente, aportando, dentro del plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha en que se firmó la escritura, una copia autorizada de la misma, en la que figuren los datos de la transferencia". El Anteproyecto no puede dejar de tener en cuenta esta previsión reglamentaria, que, al no ser totalmente incompatible con la regulación proyectada, seguiría en vigor si no se procede a su derogación expresa. En consecuencia, y sin perjuicio de lo concluido más arriba, si se decidiese no alterar la redacción del Anteproyecto en relación con el acceso al Registro de documentos privados, el texto debería al menos contener una referencia expresa a la obligación de otorgar escritura pública en los casos y a los efectos de lo contemplado en el referido artículo 54 del Real Decreto 1027/1989. En otro caso, habría de procederse a su derogación, pues su tenor literal podría introducir confusión en relación con las formalidades a que están sujetos estos negocios jurídicos.

Por otra parte, hay que precisar que la exigencia de escritura otorgada ante el Cónsul en el supuesto ahora contemplado en el artículo 578 del Código de Comercio desaparecería como consecuencia de la derogación de este precepto (disposición derogatoria única, letra c), del Anteproyecto), pues la previsión del artículo 73.2 del texto sometido a dictamen tiene un alcance muy distinto a aquél ("el Notario español o Cónsul de España en el extranjero que autorice una escritura pública relativa a buques, embarcaciones o artefactos navales deberá obtener de la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles, con carácter previo al otorgamiento, la oportuna información sobre la situación de dominio y cargas y deberá presentarla, directamente o por testimonio, en la forma y por los medios que reglamentariamente se establezcan").

6. Responsabilidad de las organizaciones autorizadas para la inspección y reconocimiento de buques: artículo 101 del Anteproyecto

El artículo 101 del Anteproyecto, tras establecer que "la Administración marítima otorgará los correspondientes certificados de seguridad y de prevención de contaminación a los buques y embarcaciones nacionales que reúnan las condiciones previstas en la legislación aplicable", se refiere a la posibilidad de delegar las actuaciones materiales y, en su caso, la emisión o renovación de los correspondientes certificados, en "organizaciones reconocidas".

Esta posibilidad, contemplada en los convenios internacionales suscritos por España en la materia (en particular, el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, de 1 de noviembre de 1974 -SOLAS-, el Convenio internacional sobre líneas de carga, de 5 de abril de 1966, y el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, de 2 de noviembre de 1973 -MARPOL-), ha sido regulada en el ámbito europeo en el Reglamento (CE) nº 391/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre reglas y normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y en la Directiva 2009/15/CE, de 23 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre reglas y normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas.

La transposición de esta Directiva 2009/15/CE al ordenamiento español se llevó a cabo por medio del Real Decreto 877/2011, de 24 de junio, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades correspondientes de la Administración marítima, en el que se establecen "los casos y condiciones" en que procede dicha delegación, así como otros aspectos de la misma y del funcionamiento de las citadas organizaciones.

El primer párrafo del artículo 101.2 del Anteproyecto no hace, por tanto, sino atribuir rango legal a este mecanismo de autorización a "organizaciones reconocidas", ya previsto, como se indicó, en el Real Decreto 877/2011. Al margen de la valoración positiva que merece la incorporación de esta previsión también en una norma con rango de Ley, puede sugerirse una mejora en la redacción de este primer párrafo del artículo 101.1 del Anteproyecto, en orden a hacer algo más precisa y correcta la expresión "podrá delegar en organizaciones reconocidas". Por una parte, se sugiere sustituir el término "delegar" por el de "autorizar", que es el empleado en la citada norma reglamentaria. Efectivamente, el Real Decreto 877/2011 se refiere a las "Organizaciones autorizadas para efectuar reconocimientos de buques en nombre de la Administración marítima" (capítulo III), y recuerda que esa autorización está precedida del correspondiente "reconocimiento" de la organización en cuestión por la Comisión Europea: tal es la mecánica establecida por la normativa de la Unión Europea. En esta línea, se propone también precisar que la referida autorización podrá recaer en "organizaciones reconocidas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 391/2009", de acuerdo con la definición contenida en los artículos 2.e) de la Directiva 2009/15 y 2.g) del propio Reglamento.

El artículo 8 del Real Decreto 877/2011 contempla el régimen de responsabilidad de las organizaciones autorizadas, que deberán indemnizar a la Administración cuando se declare por sentencia firme o laudo arbitral que la Administración marítima es responsable de un accidente y que debe indemnizar a los perjudicados, así como que los daños han sido causados por la referida organización autorizada. El citado precepto reglamentario contempla tres supuestos distintos en los que puede surgir este derecho a indemnización de la Administración, supuestos que coinciden con los previstos en el artículo 5.2.b) de la Directiva 2009/15/CE. El Real Decreto 877/2011 no introdujo, sin embargo, limitación alguna del importe de esa responsabilidad, una posibilidad que sí contempla el citado artículo de la Directiva, pero que no podía regularse en una norma de rango reglamentario, sino que, tal y como indicó este Consejo de Estado en su dictamen de 9 de junio de 2011 (nº 602/2011), al suponer una limitación cuantitativa al ejercicio de la acción de regreso del Estado contra el responsable y, en consecuencia, una alteración del régimen general del artículo 145.2 de la Ley 30/1992, debe hacerse por ley.

Pues bien, el apartado 3 del artículo 101 del Anteproyecto procede ahora a introducir esos límites de responsabilidad de las organizaciones autorizadas, que serán de cuatro millones de euros en casos de daños físicos o fallecimiento causados por "actos u omisiones negligentes o imprudentes imputables a la organización autorizada", y de dos millones de euros cuando se hayan producido daños materiales causados por "actos u omisiones negligentes o imprudentes imputables a la organización autorizada".

Sin perjuicio de recordar, como ya se hizo en el citado dictamen de 9 de junio de 2011, que el establecimiento de estos límites de responsabilidad debería hacerse con una explicación detallada y suficiente de las razones que llevan a la misma, y de su cuantificación, cabe realizar a continuación algunas observaciones precisas sobre la caracterización en el Anteproyecto de los citados supuestos de limitación de responsabilidad. Y es que, en este punto, el prelegislador se aleja del tenor literal de, al menos, la versión española del artículo 5.2.b) de la Directiva 2009/15. Efectivamente, dicho precepto permite a los Estados miembros limitar el importe máximo pagadero por la organización reconocida a un importe que no puede superar los cuatro millones de euros en el caso de daños corporales o fallecimiento causados por actos u omisiones "negligentes o temerarios", y los dos millones de euros en el caso de daños materiales también producidos por actos u omisiones "negligentes o temerarios". Esta misma expresión fue la recogida en el artículo 8.2 y 3 del Real Decreto 877/2011, que llevó a cabo en este punto, por tanto, una transcripción literal de la versión española de la Directiva.

Si se acude a otras versiones lingüísticas de la Directiva, sin embargo, se observa que la referencia que la española hace a las acciones u omisiones "negligentes o temerarias" podría ser fruto de un error. En la versión inglesa, por ejemplo, se utilizan los términos "negligence or reckless", pudiendo el segundo traducirse tanto por "temerario" como por "imprudente"; en la francesa se habla de "negligence" y de "imprudence", en la italiana de "negligente o imprudente", y en la portuguesa de "negligenca, acto imprudente". Tomando como punto de partida estas otras versiones lingüísticas, el Anteproyecto se refiere, como se ha visto, a la limitación de responsabilidad en los supuestos de "actos u omisiones negligentes o imprudentes" imputables a la organización autorizada, y no a "actos u omisiones negligentes o temerarios".

El Consejo de Estado considera correcta la redacción del Anteproyecto, que se ajusta mejor a una interpretación finalista del artículo 5 de la Directiva. Como acertadamente justifica la memoria, "la versión del texto en español de la Directiva no es correcta a la luz de la distinción que hace entre "acción u omisión dolosa o por negligencia grave", en cuyo caso no hay derecho a limitar, y "actos u omisiones negligentes o temerarios", en cuyo caso proceden las limitaciones a 4 o 2 millones de euros según se trate de daños personales o materiales. En nuestro Derecho y cultura jurídica, el concepto de acción u omisión "temeraria" siempre se ha considerado más grave y merecedora de reproche que la acción u omisión por "negligencia grave", rozando aquella el concepto del dolo eventual. Causaría perplejidad a cualquier aplicador del Derecho admitir la limitación por conductas temerarias y negarla por conductas gravemente negligentes".

No hay que olvidar, a este respecto, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene manteniendo que la interpretación uniforme de una norma europea exige se tomen en consideración a estos efectos todas las versiones lingüísticas de la misma (véanse, por todas, las sentencias de 12 de julio de 1979, Koschniske, 9/79, Rec. p. 2717, apartado 6; y de 10 de septiembre de 2009, Eschig, C-199/08, Rec. p l-8295, apartado 54).

Pues bien, siendo acertada la redacción del artículo 101.3 del Anteproyecto, habría de modificarse el tenor de los apartados 2 y 3 del artículo 8 del Real Decreto 877/2011, para ajustarse a aquélla.

En fin, cabe observar que, en la medida en que esta regulación de los límites de la responsabilidad de las organizaciones autorizadas constituye una transposición de las previsiones de la Directiva 2009/15/CE, ésta debería citarse expresamente en la exposición de motivos del Anteproyecto (artículo 13 de la Directiva 2009/15).

7. El contrato de construcción naval

A) Responsabilidad del constructor: artículo 113

El artículo 113 del Anteproyecto regula el régimen de responsabilidad del constructor de buques, disponiendo en su apartado 1 que "el constructor deberá subsanar los defectos del buque que no fueren manifiestos o no hubieren podido apreciarse razonablemente durante la construcción o en el momento de la entrega, siempre que sean denunciados dentro del año siguiente a ésta. Esta obligación no se extenderá a los vicios que sean consecuencia de la mala calidad o inadecuado diseño de los materiales o elementos aportados por el comitente". El apartado 2 del mismo artículo 113 se refiere a la responsabilidad en los casos en los que "los vicios o defectos hagan al buque inadecuado para su uso normal"; en estos casos, el precepto dispone que "el comitente podrá optar por la resolución del contrato". Este apartado 2 no contiene, sin embargo, la exclusión de responsabilidad en los casos en que los vicios o defectos que provocan la inadecuación del buque provengan "de la mala calidad o inadecuado diseño de los materiales o elementos aportados por el comitente", precisión que también aquí debería añadirse, en coherencia con lo dispuesto en el apartado 1.

Por otra parte, el artículo 108 del Anteproyecto, en el que se define el contrato de construcción naval, atribuye a las normas que lo regulan carácter dispositivo, de modo que "sólo serán aplicables en defecto de pacto libremente convenido por las partes", con la excepción de "lo previsto en el apartado 4 del artículo 113". De acuerdo con este precepto, que tiene, por tanto carácter de Derecho necesario y no puede ser exceptuado por las partes, la responsabilidad del constructor que se regula en dicho artículo 113 "no será susceptible de exoneración en caso de dolo o culpa grave del constructor".

La justificación del carácter de Derecho necesario que el Anteproyecto atribuye a esta norma ha de buscarse en la protección de intereses ajenos a las partes en dicho contrato, intereses que en el presente caso podría no resultar fácil identificar. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuyas observaciones han inspirado gran parte de la regulación que el Anteproyecto hace de este contrato de construcción naval, ha afirmado también en su informe que esta limitación de la autonomía de la voluntad de las partes "va en contra de los estándares contractuales que existen en la práctica donde, pasados una serie de plazos, excluyen de forma total la responsabilidad". Ciertamente, el precepto sólo restringe la aplicación de la norma a la posibilidad de pactar una exoneración de responsabilidad (dejando abierta la limitación de la misma) en los casos especialmente graves de dolo o culpa grave del constructor. Pese a ello, el Consejo de Estado entiende que la redacción del Anteproyecto podría ser reconsiderada en este punto en orden a una valoración de la situación en la que los constructores de buques podrían quedar en determinados casos. A este respecto, el citado Ministerio recuerda que "se han dado casos en Derecho comparado de armadores que encargaron ciertas transformaciones a buques, por ejemplo el alargamiento del mismo, y tras siniestrar el buque, han ido contra el astillero ejecutante de la transformación para pedir daños y perjuicios. En el caso español, esto supondría, en virtud de la responsabilidad patrimonial universal, el fin de algunos astilleros".

B) Prescripción de acciones: artículo 115

El artículo 115 del Anteproyecto establece sendos plazos para la prescripción de las acciones nacidas del incumplimiento del contrato de construcción por el constructor y de las nacidas de la falta de pago del precio de la construcción. De conformidad con el apartado 1, las primeras prescriben a los tres años desde la entrega del buque, en tanto que para las segundas se establece un plazo de prescripción mucho más corto, de un año desde la fecha prevista en el contrato o en su defecto desde que se produjo la entrega. Tal y como ha indicado el Ministerio de Industria, debería reconsiderarse esta diferencia de trato del constructor y del comitente en relación con los plazos para el ejercicio de acciones, o al menos justificarse las razones en que se fundamenta.

8. La compraventa de buque

A) Objeto de la compraventa: artículo 117

El artículo 117 del Anteproyecto define el objeto de la compraventa de buque. Así, de acuerdo con su apartado 1, "salvo pacto en contrario, la venta del buque comprenderá sus partes integrantes y pertenencias, se encuentren o no a bordo", y "también podrá comprender los accesorios". Hay que tener en cuenta, sin embargo, que, de acuerdo con el artículo 62.2 del Anteproyecto, los negocios jurídicos sobre el buque no comprenderán "las pertenencias de propiedad de un tercero, cuyo dominio se haya adquirido con fecha anterior al correspondiente negocio jurídico o acto generador de gravamen". Esta precisión debería integrarse, como salvedad y en forma de remisión al artículo 62.2, en el texto del artículo 117.1 del Anteproyecto.

Por otra parte, el apartado 2 del mismo artículo 117 prevé, con el objetivo de facilitar la determinación del objeto del contrato de compraventa, la elaboración de "un inventario detallado que identifique todos los elementos que son objeto de venta con el buque", técnica que se emplea ya con frecuencia en la práctica en este tipo de contratos. Asimismo, el artículo 117.2 añade a lo anterior que "a falta de inventario o insuficiencia del mismo, se entenderá comprendido en la venta lo que resulte de la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles o del título de propiedad del vendedor siempre que conste en escritura pública", previsión en relación con la cual cabe formular varias observaciones.

En primer lugar, si la introducción de una presunción para el caso de inexistencia de inventario puede resultar de gran utilidad en la práctica, la aplicación de esta misma presunción a los casos de "insuficiencia" del inventario elaborado puede resultar perturbadora. Por una parte, por la propia indeterminación del concepto de "insuficiencia" del inventario existente; y, por otra parte, porque tal existencia es reveladora de una voluntad de las partes de identificar la extensión de los futuros negocios jurídicos que puedan realizarse sobre el buque, voluntad de la que no parece posible prescindir sin más.

En segundo lugar, el Consejo de Estado no puede dejar de subrayar, en línea con las observaciones realizadas en relación con la inscripción del buque en el Registro de Bienes Muebles, lo significativo que resulta el hecho de que la presunción antes referida se construya partiendo de lo que conste en el Registro de Bienes Muebles o en escritura pública, sin atribuir, a estos efectos, suficiente relevancia o hasta credibilidad a lo establecido en un documento privado que, sin embargo, habría sido suficiente para acceder al citado Registro.

B) Traslado de los riesgos al comprador: artículo 119

De conformidad con el artículo 119 del Anteproyecto, "la pérdida y el deterioro que puede sufrir el buque antes de que se realice su entrega será soportado por el vendedor, salvo pacto en contrario. Una vez realizada la entrega, será de cuenta del comprador".

Puede entenderse que la "entrega" que, de acuerdo con esta norma, determina la traslación de los riesgos al comprador del buque, es la entrega material a la que se refiere la primera frase del artículo 118.2 del Anteproyecto, al disponer que "el comprador adquiere la propiedad del buque mediante su entrega". Sin embargo, hay que tener en cuenta que este mismo precepto añade a continuación que "no obstante, la firma del contrato de compraventa constituye la entrega instrumental del buque y transmite su propiedad, salvo pacto en contrario", por lo que también podría interpretarse que la referida traslación de los riesgos se produce con la firma del contrato. El precepto debería, por tanto, aclarar qué tipo de entrega produce el mencionado efecto.

La primera interpretación (traslación de los riesgos con la entrega material, de la posesión, del buque) sería propia de una concepción "mercantilista" de la compraventa del buque, congruente con lo dispuesto para las compraventas mercantiles en el artículo 331 del Código de Comercio. La segunda interpretación (traslación de los riesgos con la entrega instrumental o ficticia del buque, en el momento de la firma del contrato), por el contrario, sería propia de una concepción "civilista" de la compraventa del buque (artículo 1182 del Código Civil, al que se remite el artículo 1452). Esta última podría venir apoyada en el hecho de que el referido artículo 118.2 del Anteproyecto parece estar inspirado en la tradición ficticia prevista en el artículo 1462 del Código Civil. Ahora bien, resulta digno de reflexión el hecho de que el Anteproyecto introduzca ese supuesto de tradición ficticia pero no exija, como hace el artículo 1462 del Código Civil, que la venta se haya hecho mediante escritura pública. Así, si se entendiese, de acuerdo con la que se ha calificado como interpretación "mercantilista", que la traslación de los riesgos sólo se produce con la entrega material del buque, ello implicaría que, en cierta manera, el Anteproyecto considera suficiente para trasladar la propiedad que se haya firmado un contrato (incluso privado) de compraventa, pero ese mismo documento no es por sí apto para producir la traslación de los riesgos al comprador.

9. Los privilegios marítimos

El Anteproyecto introduce un sistema de privilegios marítimos simplificado en contenido y forma, al reducir estos a los reconocidos en el Convenio internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval, hecho en Ginebra el 16 de mayo de 1993 y remitirse a lo establecido en él para regularlos (artículo 122 del Anteproyecto).

En primer lugar, siguiendo una tendencia consagrada en el ámbito internacional ya desde el Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas relativas a los privilegios e hipotecas marítimos, hecho en Bruselas el 10 de abril de 1926, el Anteproyecto reduce prácticamente al mínimo el número de estos privilegios que gravan el buque y se elimina la dualidad de fuentes formalmente vigente para esta materia en nuestro ordenamiento, dualidad que consiste en la coexistencia de fuentes nacionales (artículos 580 y siguientes del Código de Comercio y 31 y siguientes de la Ley de Hipoteca Naval) e internacionales, y cuyos problemas prácticos ha intentado eludir la jurisprudencia optando por interpretar que las normas convencionales desplazaban a las nacionales aun en asuntos estrictamente internos (entre otras, sentencia de 13 de febrero de 2003). Esta simplificación material merece una valoración positiva.

En segundo lugar, el Anteproyecto trata también en este punto de simplificar o "aligerar" la regulación en él contenida desde un punto de vista formal, recurriendo, como en otros casos, a la técnica de la remisión a lo dispuesto en el citado Convenio de Ginebra de 1993. Tal y como indica la Memoria que lo acompaña, el Anteproyecto no incorpora el contenido de dicho Convenio, y, por tanto, a diferencia de lo que se hacía en la propuesta de la Comisión General de Codificación, no enumera los créditos privilegiados y no privilegiados ni regula su orden de prelación, su extinción por transcurso del tiempo ni el cómputo del plazo, cuestiones contempladas en los artículos 4.1 y 2, 5 y 9.1 y 2 del citado Convenio. De acuerdo con el artículo 122.1 del Anteproyecto, "los privilegios marítimos se regirán por lo dispuesto en el Convenio internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval, hecho en Ginebra el 16 de mayo de 1993".

Aunque en líneas generales no hay nada que objetar al empleo de esta técnica normativa, el Consejo de Estado considera que, al menos para la identificación de los créditos privilegiados, el Anteproyecto debería efectuar una remisión expresa al artículo 4 del Convenio de Ginebra, donde éstos se enumeran. Así, en un primer apartado del artículo 122 podría precisarse que "tendrán la consideración de privilegios marítimos los créditos contenidos en el artículo 4 del Convenio internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval, hecho en Ginebra el 16 de mayo de 1993". Alternativamente, podría también optarse por incluir esa disposición como primer apartado de un artículo anterior al actual 122 (sería el nuevo 122, cambiando a continuación toda la numeración hasta el 124), precisándose en el mismo apartado el régimen de esos privilegios marítimos (actual artículo 122.1), e insertando a continuación, como apartados 2 y 3, el contenido del actual artículo 124 del Anteproyecto, que se refiere a la vigencia de otros privilegios.

V

En relación con el Título III del Anteproyecto ("De los sujetos de la navegación"), procede igualmente formular las siguientes consideraciones:

1. Concepto de armador y naviero: artículo 145 del Anteproyecto

Una de las principales novedades conceptuales del Anteproyecto radica en la definición de las figuras del armador y del naviero que ofrece su artículo 145, de acuerdo con el cual "es armador quien, siendo o no su propietario, tiene la posesión de un buque o embarcación, directamente o a través de sus dependientes, y lo dedica a la navegación en su propio nombre y bajo su responsabilidad" (apartado 1), y "se entiende por naviero o empresa naviera la persona física o jurídica que, utilizando buques mercantes propios o ajenos, se dedique a la explotación de los mismos, aún cuando ello no constituya su actividad principal, bajo cualquier modalidad admitida por los usos internacionales" (apartado 2).

La definición de naviero, en primer lugar, se toma literalmente del artículo 10 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante para evitar, según indica la Memoria, "la instauración de dos conceptos de naviero diferentes en el Derecho español", y garantizar así, entre otras cosas, una correcta aplicación de las medidas de apoyo estatal al transporte marítimo. De conformidad con esta definición, el naviero se dedica a la explotación de buques mercantes, de los que puede ser o no propietario.

El concepto de armador, en segundo lugar, viene determinado por el hecho de dedicar un buque o embarcación -sea o no de su propiedad- a la navegación. A diferencia de la actividad del naviero, que es estrictamente mercantil y tiene sólo por objeto buques mercantes, la del armador puede recaer sobre cualquier tipo de buque o de embarcación, incluidos, por tanto, los buques de pesca o las embarcaciones deportivas y de recreo.

Se ha observado en el expediente (informes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del Consejo General de la Abogacía Española, por ejemplo) que el concepto de armador contenido en el Anteproyecto debe cohonestarse con el consagrado en la Directiva 93/103/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el trabajo de los buques de pesca. El artículo 2.f) de esta Directiva define la figura del armador, a los efectos de lo establecido en la misma, en los siguientes términos: "El propietario registrado de un buque, excepto cuando el buque sea fletado con cesión de la gestión náutica o sea gestionado, total o parcialmente, por una persona física o jurídica distinta del propietario registrado en virtud de un acuerdo de gestión; en este caso se considerará que el armador es, según corresponda, el fletador a quien se ha cedido la gestión náutica del buque o la persona física o jurídica que efectúa la gestión del buque".

La Comisión Europea emitió en su día un dictamen motivado (de fecha 31 de mayo de 2012) requiriendo a España la adecuada transposición de este concepto de armador, lo que se llevó a cabo mediante modificación, por Real Decreto 1696/2012, de 21 de diciembre, del artículo 2.6 del Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca. El citado precepto reglamentario reproduce así hoy literalmente la definición de armador contenida en la Directiva.

El concepto de armador recogido en el Anteproyecto no puede contradecir ni alejarse del de la Directiva 93/103/CE y del Real Decreto 1216/1997, pues los buques de pesca (a los que se refiere la regulación de estas dos últimas disposiciones) entran dentro del ámbito de aplicación de aquél y pueden ser objeto, como se ha visto, de la actividad del armador prevista en el mismo.

Entiende el Consejo de Estado que la definición del "armador" del artículo 145.1 del Anteproyecto, aun no siendo una reproducción literal de la contenida en el artículo 2.f) de la Directiva 93/103, resulta compatible con lo establecido en ella, pues la norma europea utiliza como criterio para la definición de la figura del armador el desarrollo de la actividad de "gestión náutica" del buque, actividad que podrá realizar el propietario registrado del buque o bien otra persona física o jurídica a quien éste sea fletado con cesión de dicha gestión náutica. Y la definición del artículo 145 del Anteproyecto recoge todos estos elementos esenciales de la definición contenida en la Directiva.

Ahora bien, no obstante lo dicho, el Consejo de Estado considera que debiera incorporarse al Anteproyecto la definición contenida en el Real Decreto 1696/2012, de 21 de diciembre, con el fin de evitar controversias como las habidas a la sazón con ocasión de la incorporación de la mencionada directiva y que motivaron la modificación del Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, mediante el citado Real Decreto 1696/2012.

Con ocasión de la anterior reflexión, y para finalizar, ha de observarse que la exposición de motivos del Anteproyecto debería hacer una referencia a la citada Directiva 103/93, en la que se deje constancia de la relación entre ambas normas.

2. Inscripción del armador en el Registro Mercantil: artículo 146 del Anteproyecto

El artículo 146 del Anteproyecto dispone que "el armador que dedique el buque a la navegación con fines empresariales deberá inscribirse en el Registro Mercantil". Frente al armador "ordinario", regulado en el artículo 145.1, que tiene la posesión de un buque o embarcación y lo dedica a la navegación, este artículo 146 configura una suerte de armador "cualificado" o "mercantil", que se dedica a la navegación "con fines empresariales".

La redacción de este precepto plantea la duda de si este "armador mercantil" no es, en definitiva, un naviero, pues a primera vista no parece que exista una gran diferencia entre la "explotación" de un buque y la actividad consistente en "dedicarlo a la navegación con fines empresariales". El artículo 146 excluye, como objeto de la actividad de este armador cualificado, las embarcaciones, y si bien no exige que ésta se refiera a buques "mercantes" (como hace la definición del naviero contenida en el artículo 145.2), cabe plantearse si dicha nota no está implícita en el tipo de actividad a la que debe destinarse el buque. Cuando menos, por tanto, existiría un posible solapamiento entre ambas figuras, por lo que debería aclararse en la versión final del Anteproyecto si existe una diferencia sustantiva entre la actividad de "navegación con fines empresariales" (artículo 146) y la de "explotación" de un buque mercante (artículo 145.2).

3. Responsabilidad del armador: artículo 149 del Anteproyecto

De conformidad con el artículo 149 del Anteproyecto, "el armador es responsable ante terceros de los actos y omisiones del capitán y dotación del buque, así como de las obligaciones contraídas por el capitán de acuerdo con lo establecido en el artículo 186, sin perjuicio de su derecho a limitar su responsabilidad en los supuestos establecidos en el título VII". Este precepto excluye, en principio, toda responsabilidad del naviero respecto a los actos u omisiones del capitán y la dotación del buque, una previsión que, como ha indicado en audiencia Ecologistas en Acción, podría prestarse a fraudes. A la vista de esta observación, sería recomendable reconsiderar la atribución de una responsabilidad subsidiaria al naviero, toda vez que, en la práctica judicial internacional, está afirmada su responsabilidad directa.

4. Ámbito de aplicación de las disposiciones relativas a la dotación: artículo 157 del Anteproyecto

De acuerdo con el artículo 157, las disposiciones del Anteproyecto relativas a la dotación "se aplicarán a los miembros de las dotaciones que presten sus servicios en buques nacionales destinados a la navegación marítima con una finalidad empresarial" (apartado 1) y también, "en la forma que se determine reglamentariamente, en buques destinados a otras actividades, así como en embarcaciones o artefactos navales, en la medida que sean conformes con la naturaleza de la actividad" (apartado 2).

En virtud del apartado 2 de este precepto, por tanto, las normas del Anteproyecto antes referidas podrían aplicarse a los buques y embarcaciones de Estado destinados a actividades de seguridad pública o de vigilancia y represión de actividades ilícitas como los de la Guardia Civil, por ejemplo. En línea con las observaciones que ha formulado el Ministerio del Interior en sus sucesivos informes, entiende el Consejo de Estado que la salvedad que introduce el citado artículo ("en la medida que sean conformes con la naturaleza de la actividad") podría no resultar suficiente para excluir en todos los casos la aplicación de las referidas normas a tales buques y embarcaciones. Por lo demás, la exclusión de dicho ámbito de aplicación vendría en estos casos permitida por lo establecido en el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, hecho en Londres el 7 de julio de 1978 (Convenio 1978-STCW 78/95), cuyas normas no se extienden, por ejemplo, a los buques "de los que un Estado sea propietario o empresa explotadora y dedicados exclusivamente a servicios gubernamentales de carácter no comercial".

En orden a eliminar cualquier duda que pudiera subsistir al respecto, por tanto, el Consejo de Estado observa que sería conveniente introducir una disposición adicional destinada a aclarar las previsiones del Anteproyecto aplicables a este tipo de buques y embarcaciones.

5. Nacionalidad de las dotaciones: artículo 162 del Anteproyecto

De conformidad con el artículo 162 del Anteproyecto, "el capitán y el primer oficial de cubierta de los buques nacionales deberán tener la nacionalidad de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo, salvo en los supuestos en que se establezca por la Administración marítima que estos empleos han de ser desempeñados por ciudadanos de nacionalidad española por implicar el ejercicio efectivo de forma habitual de prerrogativas de poder público que no representen una parte muy reducida de sus actividades. El resto de la dotación en el caso de buques mercantes deberá ser de nacionalidad española o de algún otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo, al menos en su 50 por ciento".

En aplicación de lo dispuesto en la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (que se transpuso en España mediante el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico europeo), las previsiones del artículo 162 del Anteproyecto deben extenderse también a aquellos nacionales de terceros Estados que tengan con ciudadanos de la Unión Europea o nacionales de un Estado del EEE alguna de las relaciones de parentesco a que hace referencia la citada Directiva, en la medida en que ésta les reconoce el derecho a la entrada, libre circulación y residencia en territorio español en los mismos términos que un ciudadano de la Unión o nacional de un Estado parte en el EEE. A estos efectos, y con la finalidad de no hacer excesivamente farragoso el ya largo párrafo único del artículo 162, bastaría con añadir un segundo párrafo con el siguiente tenor: "A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, los nacionales de terceros Estados que sean familiares de un ciudadano de la Unión Europea o de un nacional de un Estado miembro del EEE se asimilarán a estos siempre que cumplan con los requisitos del artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero".

Por otra parte, la última frase del artículo 162 introduce, como se ha visto, la exigencia de que, al menos, el 50 por ciento de la dotación de los buques mercantes sea de nacionalidad española o de algún otro Estado miembro del EEE. La disposición adicional decimosexta de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, por la que se regula el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras situado en Canarias, contiene una regla de este mismo tenor pero la complementa con la siguiente excepción: "No obstante lo anterior, cuando no haya disponibilidad de tripulantes de nacionalidad española o de algún otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, cuando medien razones de viabilidad económica del servicio de transporte, o por cualquier otra causa que pudiera tener una incidencia fundamental en la existencia del servicio, el Ministerio de Fomento podrá autorizar a las Empresas solicitantes el empleo de tripulantes no nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en proporción superior a la expresada anteriormente, siempre que quede garantizada la seguridad del buque y la navegación, teniendo en cuenta las formalidades establecidas en la normativa española vigente en materia de extranjería e inmigración".

El silencio que, como anteriormente se indicó, el Anteproyecto guarda en relación con este Registro Especial, unido al carácter general de la regulación legal proyectada, podría llevar a interpretar derogada la referida excepción. Si se pretendiese mantenerla (lo que parece razonable, dadas las peculiares características de los buques que se inscriben en ese registro), sería conveniente introducir en este artículo 162 una referencia a la misma, si bien a estos efectos también podría resultar suficiente con la remisión a la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y la expresa mención del Registro Especial que más arriba se propuso introducir en el artículo 65.2 del Anteproyecto.

6. Obligaciones técnicas del capitán: artículo 182 del Anteproyecto

El artículo 182.1 del Anteproyecto dispone que "el capitán ostenta la dirección técnica de la navegación del buque, asumiendo su gobierno efectivo cuando lo juzgue oportuno y, en particular, en los supuestos previstos en el apartado siguiente".

El Consejo de Estado coincide con la observación realizada por el Consejo General de la Abogacía en relación con este artículo, en el sentido de que el mismo debería completarse, tal y como se hace en otros preceptos, con una referencia expresa a la Convención internacional de aplicación en la materia, que en este caso es el Código Internacional de gestión de la seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación (Código IGS), aprobado por la OMI el 4 de noviembre de 1993.

7. Observaciones formales o de redacción

- Artículo 59.2: Las palabras "bienes inmuebles" deberían estar en singular. - Artículo 158.1: La palabra "documentos" debería estar en singular. VI

En relación con el Título IV del anteproyecto de Ley ("De los contratos de utilización del buque"), el Consejo formula las siguientes observaciones concretas:

a) El artículo 188, bajo el rótulo "concepto" establece que "por el contrato de arrendamiento de buque el arrendador se obliga, a cambio de un precio cierto, a entregar un buque determinado al arrendatario para que éste lo use temporalmente conforme a lo pactado o, en su defecto, según su naturaleza y características".

Este texto corresponde de modo exacto al artículo 238 del proyecto de Ley General de Navegación Marítima, según la versión publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, de 19 de diciembre de 2008.

El Consejo de Estado entiende que el concepto incluye todos los elementos esenciales del contrato. Ahora bien, las definiciones legales han de procurar en lo posible ser sintéticas y concisas. En este sentido, debe llamarse la atención de que el último inciso ("conforme a lo pactado o, en su defecto, según su naturaleza y características") no se sitúa en el plano definidor del contrato de arrendamiento, sino que regula uno de sus aspectos: qué ocurre si no se pacta el uso del buque arrendado.

El Código Civil al definir el arrendamiento de cosas en su artículo 1543 no se extiende a regular el uso del bien, sino que se limita a decir "en el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto". Es en otro precepto, el 1555, relativo a las obligaciones del arrendatario, donde el Código especifica la obligación de dedicar la cosa "al uso pactado; y, en defecto de pacto, al que se infiera de la naturaleza de la cosa arrendada según la costumbre de la tierra" (punto 2º).

La técnica legislativa del Código Civil parece preferible a la del Anteproyecto, de modo que el inciso final del precepto propuesto debería figurar en otro artículo dedicado a los usos del buque.

Por otra parte, el contrato de arrendamiento no solo es aplicable a buques, sino también a embarcaciones, como se infiere del artículo siguiente (el 189), por más que la constancia escrita no se les exija. Ambos tipos de "vehículos" se definen, como es sabido, en los artículos 56 y 57 del Anteproyecto.

Como sería un tanto engorroso en cada precepto del capítulo donde pone "buque" añadir "o embarcación", podría hacerse una referencia general en el primer artículo, mediante un apartado o un inciso que aclarara que cuando cualquier artículo del capítulo se refiere a los buques, se entenderán comprendidas también las embarcaciones, salvo disposición expresa en contrario.

b) El artículo 259.2 dispone, por su parte, que "serán ineficaces las reservas impresas en los formularios de conocimientos de embarque o las insertadas con un sello o estampilla". Este texto se incluye en la subsección 1ª de la sección dedicada al conocimiento de embarque, la cual específicamente versa sobre el conocimiento de embarque "en soporte papel". Por su parte, la subsección 2ª se refiere al conocimiento de embarque en soporte electrónico.

No obstante, el tenor del apartado transcrito del Anteproyecto evoca una realidad que está desapareciendo, la del contrato impreso en formulario con espacios en blanco que se rellenan manualmente o a máquina, o el uso de sellos o estampillas para incluir estipulaciones contractuales. Hoy en día, aunque el conocimiento de embarque sea en papel, lo normal es que se trate de la impresión de un documento informático, que se rellena con carácter previo en el ordenador. En este sentido, el apartado sería innecesario por su escasa aplicabilidad, dada la obsolescencia de la técnica que describe.

En cuanto a las reservas, se regulan en los artículos precedentes: en el 257 las reservas por comprobación y en el 258 las reservas sin comprobación. Ciertamente, las primeras no tiene ningún sentido establecerlas de antemano en una especie de documento de adhesión, porque presuponen una comprobación previa por parte del porteador. Lo mismo ocurre con la reserva sin comprobación del apartado 2 del artículo 258, para el caso de que el porteador sospeche "que la declaración del cargador relativa a las mercancías es inexacta" pero no tenga medios para comprobarlo, en cuyo caso podrá hacer constar como reserva "lo que razonablemente considere información exacta".

Ahora bien, las reservas sin comprobación por carencia de medios adecuados para comprobar la inexactitud de la naturaleza de las mercancías, las marcas de identificación, el número de bultos y, según los casos, la cantidad o el peso, en supuestos en que no exista sospecha de inexactitud, puede tener sentido incorporarlas en documentos tipo. Un ejemplo podría ser el transporte a granel, en relación con la naturaleza de la mercancía. Una tal reserva podría ser pertinente y muy frecuente, hasta el punto de llevarla a formularios de conocimientos de embarque preestablecidos.

Si este fuera el caso, no se entiende por qué se ha de privar de eficacia a la reserva, por el mero hecho de que figure en un formulario. Se ha de recordar que la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, sólo sanciona con la no incorporación al contrato las cláusulas que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa, o no estén firmadas cuando sea exigible, o adolezcan de ser "ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles" (artículo 7). La misma Ley sanciona con la nulidad las condiciones generales contrarias a las leyes imperativas o prohibitivas en perjuicio del adherente, o las abusivas para con consumidores o usuarios (artículo 8). Ciertamente, el texto legal está pensando en un contrato y el conocimiento de embarque es distinto del documento en el que se concierta el contrato de fletamento, aunque tenga carácter contractual. Pero incluso si se extendiera la regulación legal citada al conocimiento de embarque, no parece que una reserva como la mencionada haya de estar incluida de modo necesario en los supuestos de no incorporación o de nulidad.

Así las cosas, de mantenerse el apartado resultaría pertinente limitar la ineficacia de las reservas a que alude a las reguladas en el artículo 257 y en el segundo apartado del 258, así como a las restantes que, en virtud de una aplicación analógica de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, se hayan de tener por no incorporadas o por nulas.

c) El artículo 262.1 prevé que "el conocimiento de embarque podrá emitirse en soporte electrónico cuando el cargador o el porteador lo hayan acordado expresamente por escrito antes de la carga de las mercancías a bordo".

Tal vez la palabra "expresamente" es redundante e innecesaria: un acuerdo escrito previo sobre la materia siempre será expreso. El término "expresamente" además no viene exigido por el Convenio sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo, adoptado por las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 2008 y abierto a la firma en Rotterdam el 23 de septiembre de 2009 (conocido como las Reglas de Rotterdam), que España ha ratificado pero que aún no ha entrado en vigor.

d) El artículo 265.2 versa sobre la sustitución del conocimiento de embarque en soporte electrónico por el mismo documento en soporte papel y dispone que "en ejecución de lo acordado, el porteador deberá entregar al tenedor legítimo el conocimiento de embarque en soporte electrónico, en el que hará constar el hecho y la fecha de la sustitución, la identidad del tenedor legítimo y que ha quedado privado de efectos el conocimiento de embarque sustituido".

La posibilidad de sustitución es paralela a la inversa, esto es, a la sustitución del conocimiento de embarque en papel por conocimiento de embarque en soporte electrónico, contemplada en el artículo 263 del Anteproyecto.

Ambas sustituciones se prevén en las Reglas de Rotterdam que se acaban de citar, en su artículo 10. Por lo que hace a la sustitución del documento electrónico por documento en papel, el apartado 2 de este artículo dispone:

Cuando se haya emitido un documento electrónico de transporte negociable y el porteador y el tenedor del documento acuerden sustituirlo por un documento de transporte negociable: a) El porteador deberá emitir al tenedor, en lugar del documento electrónico, un documento de transporte negociable que contenga la declaración de que dicho documento sustituye al documento electrónico de transporte negociable; y b) A partir de ese momento, el documento electrónico de transporte quedará privado de su eficacia o validez.

Del texto del Anteproyecto llama la atención la obligación de "entregar al tenedor legítimo el conocimiento de embarque en soporte electrónico". A diferencia del documento en papel, que sí puede entregarse (en este sentido es correcto el artículo 263.2 del Anteproyecto), el electrónico más que entregarse se transmite.

En segundo lugar, según la disciplina del Convenio, no es necesario que en el documento electrónico sustituido se haga constar la sustitución ni las demás menciones del precepto del Anteproyecto. En cambio, sí es preciso que en el documento en papel que emite se indique la declaración de que dicho documento sustituye al electrónico. Esto último se omite en el Anteproyecto y debería incorporarse.

Es de notar que el artículo 263.2 del Anteproyecto, que regula la sustitución inversa de papel por documento electrónico, de manera correcta pide las declaraciones en el documento nuevo, no en el que se invalida.

En este sentido, el Consejo de Estado considera que debe plantearse una reformulación del artículo 265.2 del Anteproyecto en línea con el artículo 10.2 de las Reglas de Rotterdam y en paralelo al artículo 263.2.

e) El artículo 287.1 previene: "Por el contrato de pasaje marítimo el porteador se obliga, a cambio del pago de un precio, a transportar por mar, desde un lugar a otro convenido, a una persona y su equipaje".

Este texto corresponde de modo exacto al artículo 324.1 del proyecto de Ley General de Navegación Marítima, según la versión publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, de 19 de diciembre de 2008. El concepto difiere, sin embargo, del que se contiene en el Convenio de Atenas de 13 de septiembre de 1974 relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, ratificado por España, cuyo artículo 1.2 establece:

"Contrato de transporte" es todo contrato concertado por un transportista, o en nombre de un transportista, para el transporte por mar de un pasajero o de un pasajero y su equipaje, según sea el caso.

Por de pronto, conviene prever la posibilidad de que el pasajero no lleve equipaje, como hace el Convenio citado, lo cual desde luego no cambia la naturaleza del contrato. Piénsese, por ejemplo, en pasajes de corta duración, incluso "en el interior de zonas delimitadas por las autoridades marítimas" (artículo 288.2 del Anteproyecto). Por ello, el Anteproyecto debería terminar con una fórmula parecida a la siguiente: "a una persona y, en su caso, a su equipaje".

En segundo lugar, el texto del Anteproyecto está pensando en el contrato de pasaje como forma de transporte, en particular, marítimo. Así dice "desde un lugar a otro convenido", supuestamente distinto del de partida (por eso es "otro"). Sin embargo, esto hoy en día no es una obviedad, dado el enorme desarrollo de los cruceros. Este tipo de pasaje no gira en torno al "transporte" sino al ocio asociado al viaje por mar. De hecho, con mucha frecuencia el crucero inicia y termina su singladura en el mismo puerto, aunque siga un viaje más o menos concertado. Por este motivo sería preferible eliminar del concepto de pasaje el inciso citado ("desde un lugar a otro convenido"), por otra parte ausente del Convenio de Atenas.

En tercer lugar, el contrato de pasaje también es aplicable a embarcaciones, como se aprecia en el artículo 288.2 del Anteproyecto. Sin embargo, las menciones del capítulo se hacen al buque (por ejemplo, artículos 288.1.c), 290, 292, 297c), 297d)). Sería un tanto pesado añadir en todos los supuestos "o embarcación" y por ello cabría hacer una referencia general, tal vez en el primer artículo, extendiendo a las embarcaciones lo previsto para los buques, salvo disposición específica que lo impida.

f) El artículo 292 versa sobre la interrupción del viaje y tiene este contenido:

Si por averías del buque el viaje se interrumpiera antes de llegar al puerto de destino, el porteador deberá correr con los gastos de manutención y alojamiento de los pasajeros mientras el buque se repara. Si el buque quedara inhabilitado definitivamente o el retraso pudiera perjudicar gravemente a los pasajeros, el porteador deberá proveer a su costa el transporte hasta el destino pactado. Si el porteador no lo hiciera, los pasajeros no pagarán precio complementario alguno, sin perjuicio de las responsabilidades exigibles, en su caso, al porteador.

El último inciso del precepto no resulta de fácil comprensión. El inciso anterior establece una obligación del porteador de proveer "a su costa" el transporte de los pasajeros hasta el destino pactado. El último inciso prevé el incumplimiento de esta obligación, para cuyo caso los pasajeros no tendrán que pagar "precio complementario alguno". Si el transporte hasta el destino pactado era a costa del porteador, en caso de cumplimiento de esta obligación los pasajeros no tendrían que pagar un precio complementario. Mucho menos, pues, en caso de incumplimiento.

Así las cosas, el último inciso del precepto es tan oscuro, y siembra tales dudas sobre el carácter "a su costa" del transporte alternativo provisto por el porteador, que sería mejor eliminarlo.

g) El artículo 297, letra d) contempla este supuesto de extinción del contrato de pasaje rezando: "Si antes de comenzar el viaje o durante su ejecución surgieran eventos bélicos que expusieran al buque o al pasajero a riesgos imprevistos, en cuyo caso ambas partes podrán solicitar la rescisión sin indemnización".

Contrasta este párrafo con el anterior, que emplea el concepto jurídico "resolución" para otro supuesto de extinción del contrato. El Consejo de Estado entiende que resulta preferible este último concepto, por más ajustado desde el punto de vista técnico.

Cierto es que el Legislador puede modular las categorías jurídicas como desee, y que de hecho el Código Civil prevé que "los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse en los casos establecidos por la ley" (artículo 1291) y que son rescindibles "cualesquiera otros [contratos] en que especialmente lo determine la ley" (artículo 1291.5º). También es cierto que no siempre las leyes, ni siquiera el Código Civil, han deslindado con precisión la rescisión de la resolución.

No es menester elaborar en este momento una larga exposición dogmática. Baste señalar que suele emplearse la rescisión, como dice la doctrina, para corregir una consecuencia injusta que resultaría del juego normal del ordenamiento jurídico. Por eso se alude a una "ineficacia funcional". Así sucede por ejemplo con la rescisión por lesión y por fraude de acreedores, que son los ejemplos paradigmáticos, pero también con los contratos que tengan por objeto bienes litigiosos. Se trata de evitar que el cumplimiento de ciertos contratos válidos acarree para una de las partes o para un tercero un perjuicio que el ordenamiento quiere salvar. De ahí que no haya más rescisiones que las establecidas por la ley (artículos 1291 y 1293 del Código Civil).

Los "eventos bélicos" a que alude el texto del Anteproyecto se enmarcan en lo que civilmente se entiende por fuerza mayor o caso fortuito, que hace inexigible el cumplimiento de las obligaciones (artículo 1105 del Código Civil). La inexigibilidad de las obligaciones que conforman el contrato (transporte y pago del precio) deriva de su propio contenido, en el que se entiende implícito que no ha de exponer al pasajero ni al buque a riesgos bélicos no previstos por las partes. El contrato se incumple, de modo justificado en este caso, con lo que lo procedente es la resolución contemplada en el artículo 1124 del Código Civil.

Este Alto Cuerpo Consultivo es consciente de que las directrices para la aplicación del Convenio de Atenas aprobadas por el Comité Jurídico de la Organización Marítima Internacional el 19 de octubre de 2006 y publicadas como anexo II al Reglamento 392/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente, mencionan la "rescisión y exclusión automáticas en caso de guerra" (en relación con el contrato de seguro), en la traducción española. No obstante, se reafirma en que el concepto más correcto, también para este caso, es el de resolución.

Por consiguiente, en el Anteproyecto la figura de la resolución del vínculo contractual parece más ajustada que la rescisión. Ha de corregirse en este sentido el precepto.

h) El artículo 300.1 dispone: "El porteador efectivo que ejecute el transporte en un buque que transporte más de doce pasajeros estará obligado a suscribir un seguro obligatorio de su responsabilidad por la muerte y lesiones corporales de los pasajeros que transporte, con un límite por cada pasajero y cada accidente no inferior a lo que establezcan los convenios y las normas de la Unión Europea. Reglamentariamente se regularán los detalles de este seguro obligatorio y del certificado que los buques deberán llevar obligatoriamente a bordo".

El pasado 9 de mayo, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 270/2013, de 19 de abril, sobre el certificado de seguro o la garantía financiera de la responsabilidad civil en el transporte de pasajeros por mar en caso de accidente. Esta norma se dictó teniendo a la vista el Reglamento 392/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente, antes citado. De acuerdo con el artículo 11 de este Reglamento (disposición transitoria), la disposición transitoria primera del Real Decreto citado modulaba la obligación de mantener un seguro de responsabilidad civil o una garantía financiera, retrasándola hasta el 31 de diciembre de 2014 para ciertos buques (de la clase A que realicen viajes exclusivamente entre puertos o puntos en los que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción), y hasta el 31 de diciembre de 2018 para otros buques (de la clase B que realicen idéntico tipo de viajes).

El Anteproyecto sometido a consulta prevé que "reglamentariamente se regularán los detalles de este seguro obligatorio". Pero la obligación de aseguramiento para todos los buques de más de doce pasajeros la impone el artículo 300.1 del texto de modo directo.

Así las cosas, el calendario progresivo antes mencionado, previsto reglamentariamente, dejará de tener aplicación tan pronto entre en vigor la Ley de Navegación Marítima. Como no parece que esta sea la voluntad del Gobierno, procedería bien añadir una disposición transitoria al anteproyecto de Ley, bien insertar un inciso al final del apartado 1 del artículo 300 del texto, que prevea "así como su calendario de aplicación" u otra fórmula similar.

i) Capítulo V: Del contrato de arrendamiento náutico.

Este capítulo, integrado por los artículos 307 a 313, no se hallaba en redacciones anteriores del Anteproyecto. Su incorporación fue propuesta por la Asociación Española de Grandes Yates y la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, que al efecto facilitó un texto articulado (punto cuarto, número 4, de antecedentes), todo él con carácter dispositivo.

El arrendamiento náutico, pese a su denominación, no siempre constituye una figura especial dentro del arrendamiento. En particular, si se contrata con dotación se aplicarán supletoriamente las normas del fletamento que sean acordes con su naturaleza (artículo 308.3). En cambio, si se contrata sin dotación, se rige supletoriamente por las normas del contrato de arrendamiento de buque (artículo 308.2 del Anteproyecto). Así las cosas, el término elegido no puede considerarse feliz, pues induce a confusión con el arrendamiento de buque, pese a no ser siempre una modalidad de éste. Entiende el Consejo de Estado que debería buscarse otra denominación que no tuviera este inconveniente.

j) Artículo 308.

Sus apartados 2 y 3 tienen la redacción que sigue:

2.- El contrato de arrendamiento náutico sin dotación se regulará por las disposiciones del presente capítulo, por las aplicables al contrato de arrendamiento de buque y, en su defecto, por los pactos libremente convenidos por las partes. 3.- El contrato de arrendamiento náutico con dotación se regulará por las disposiciones de este capítulo, por lo previsto en el artículo 210 y, en su defecto, por los pactos libremente convenidos por las partes.

Ambos apartados contienen una regla de supletoriedad normativa, que se acaba de mencionar. Además se refieren a los "pactos libremente convenidos por las partes" y les asignan un lugar subordinado a los preceptos del arrendamiento náutico y a los supletorios. Esto supone, de un modo indirecto y tal vez no querido, dar carácter imperativo a todos los artículos aplicables, pues sólo rigen "en defecto" de tales normas legales.

Los proponentes del capítulo del arrendamiento náutico, como se ha indicado, querían que fuese Derecho dispositivo. Por su propia naturaleza, no se alcanza a comprender por qué han de ser de Derecho imperativo las reglas del arrendamiento náutico sobre retraso en la entrega del buque o embarcación, instrucciones del arrendatario y criterio profesional del patrón y deber de informar sobre los daños.

En cuanto a los preceptos sobre el arrendamiento de buque, aplicables como se ha dicho de modo supletorio al arrendamiento náutico sin dotación, carecen por lo general de índole imperativa para el propio contrato de arrendamiento de buque (cuando tienen carácter imperativo, de modo excepcional, se establece así, por ejemplo en el artículo 192.3 del Anteproyecto). No se entiende por qué han de tenerlo para el arrendamiento náutico.

Lo mismo cabe decir de los artículos sobre fletamento, aplicables de modo supletorio al arrendamiento náutico con dotación (por ejemplo, el artículo 277.2 contempla un supuesto especial de índole imperativa). Si tales artículos no son imperativos para el contrato de fletamento con carácter general, parece ilógico que lo sean para el arrendamiento náutico, cuando se apliquen de modo supletorio.

Así las cosas, el Consejo de Estado entiende que de los apartados 2 y 3 del artículo 308 del Anteproyecto se ha de eliminar el inciso final: "y, en su defecto, por los pactos libremente convenidos por las partes", añadiendo la pertinente conjunción copulativa.

k) El artículo 309.2 proyectado previene que "si el retraso en la entrega o puesta a disposición es superior a cuarenta y ocho horas, además de la indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el arrendatario podrá optar entre resolver el contrato o solicitar su ampliación por un tiempo equivalente al retraso".

La regulación procede de la propuesta de la Asociación Española de Grandes Yates y la Asociación Nacional de Empresas Náuticas.

Tal vez el derecho a "solicitar" pueda ser entendido en un sentido literal por parte de los arrendatarios, haciendo de esta manera inútil esa opción que ofrece el precepto con solo oponer su negativa a la petición. Podría sustituirse "solicitar su ampliación" por "ampliarlo".

l) Capítulo IV: Del contrato de manipulación portuaria.

El contenido del capítulo se inspira en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad de los empresarios de terminales de transporte en el comercio internacional, hecho en Viena el 19 de abril de 1991, que ha sido firmado pero no ratificado por España. Hasta la fecha no ha entrado en vigor. Si algún día este Convenio entra en vigor para España será necesario derogar buena parte del articulado del capítulo y remitirse a él, de acuerdo con la técnica empleada en el anteproyecto de Ley.

VII

En relación con el Título V del anteproyecto de Ley ("De los contratos auxiliares de la navegación"), se han de hacer dos consideraciones:

A) El artículo 323 previene que "cuando el consignatario del buque realice tareas de manipulación portuaria de mercancías se le aplicarán las normas propias de esta actividad", no sin cierta obviedad. Ahora bien, en la medida en que manifiesta la inexistencia de incompatibilidad entre la actividad del consignatario y la de titular de una licencia de manipulación de mercancías obtenida con arreglo a la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, este Consejo no formula ninguna observación a su tenor.

B) El artículo 334 limita la responsabilidad del operador portuario a dos derechos especiales de giro por kilogramo de peso bruto. Tal es uno de los límites de la responsabilidad del porteador de acuerdo con el Protocolo de Bruselas de 21 de diciembre de 1979, que modificó el Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimientos de embarque, hecho en Bruselas el 25 de agosto de 1924 (Reglas de La Haya-Visby). Es inferior al previsto en el citado Convenio de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad de los empresarios de terminales de transporte en el comercio internacional. Como no ha entrado en vigor, no hay óbice para que el Anteproyecto regule con libertad esta cuestión.

Es usual que los convenios internacionales fijen limiten la responsabilidad empleando los derechos especiales de giro definidos por el Fondo Monetario Internacional. Así hacen los dos que se acaban de citar. Sin embargo, no es tan usual emplear este tipo de unidad en normas de producción interna, como será la futura Ley de navegación marítima (aunque algunas leyes lo hacen, como por ejemplo la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, en sus artículos 117 a 119, según las cuantías introducidas en esta norma por el Real Decreto 37/2001, de 19 de enero).

Este Alto Cuerpo Consultivo entiende que al menos podría añadirse a los derechos especiales de giro la expresión "definidos por el Fondo Monetario Internacional" u otra parecida que aclare su origen a personas no familiarizadas con esta unidad de cuenta. Otra opción sería que el precepto remitiese al artículo 402, con las adaptaciones necesarias, o transcribiese una fórmula similar.

VIII

1. El Título VI del Anteproyecto lleva como rúbrica la de "De los accidentes de la navegación" y regula el abordaje, la avería gruesa, el salvamento, los bienes naufragados o hundidos y la responsabilidad civil por contaminación.

La simple enunciación de las materias comprendidas en el título pone de manifiesto la incorrección de su rúbrica, pues, además de regular los accidentes (el abordaje), disciplina las averías (avería gruesa), las asistencias marítimas (salvamento, extracciones y hallazgos bajo la denominación de bienes naufragados o hundidos) y la responsabilidad civil por contaminación. Se sugiere por tanto, bien incluir en la rúbrica la mención de las demás figuras reguladas, bien optar por otra denominación más genérica.

2. El abordaje es regulado en el Capítulo I que, no obstante remitirse al Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Abordaje, firmado en Bruselas el 23 de septiembre de 1910 y a los demás convenios suscritos por el Reino de España, incluye algunas de sus previsiones, pero no recoge todas.

La regulación del abordaje, contenida específicamente en el citado Convenio de Bruselas de 1910, los Convenios de 1952 sobre competencia civil y penal en materia de abordaje, el Reglamento Internacional de abordajes, firmado en Londres el 20 de octubre de 1972 y las denominadas "Reglas de Lisboa", sobre indemnizaciones por abordaje de 1987, concebida como una especificación especial de los principios propios de la culpa extracontractual, distingue los supuestos de abordaje fortuito, culpable, por falta común y dudoso.

El Anteproyecto sólo contempla el abordaje por falta común -que denomina "por culpa compartida"-, omitiendo toda referencia a los demás.

El Consejo considera que deben incluirse en el Anteproyecto las correspondientes previsiones reguladoras de los omitidos: el fortuito -en el que cada nave y carga soportará sus propios daños-; el culpable, causado por culpa, negligencia o impericia -en el que el armador del buque abordador debe indemnizar los daños- y el dudoso, es decir, cuando no pueda determinarse cuál de los buques lo ha causado, en el que se aplicarían los criterios del abordaje fortuito de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Bruselas -frente al vigente del Código de Comercio que lo equipara al abordaje por falta común-.

Echa en falta también este Consejo una previsión en la regulación: la relativa a la cuestión de la aplicación de la limitación de la responsabilidad cuando el abordaje deriva de un ilícito penal bien del naviero, bien de sus auxiliares. Resultaría de utilidad su inclusión para solventar las dudas existentes sobre la cuestión en nuestro derecho.

Es de señalar, por otra parte, que el Anteproyecto sujeta a las disposiciones del capítulo a los abordajes en los que intervienen buques del Estado "sin perjuicio de lo dispuesto en el título I", que los excluye del ámbito de la Ley. El artículo 11 del Convenio de Bruselas de 1910, por su parte, excluye de su ámbito de aplicación a los buques de guerra y de Estado exclusivamente adscritos a un servicio público. No constan en el expediente las razones que justifican la sujeción mencionada y el Consejo no las alcanza, considerando que, salvo que estuvieren muy justificadas, sería aconsejable su inaplicación a esta clase de buques -o al menos a los buques de guerra-.

Finalmente, en el artículo 342.2, debe hablarse de acción de regreso en lugar de "derecho de regreso".

3. El Capítulo II regula la avería gruesa, en la que -aun cuando no lo menciona el Anteproyecto- quedarían comprendidas la arribada forzosa y el naufragio. La regulación se ajusta, en términos generales, a la legislación internacional. Únicamente debe ponderarse la conveniencia de introducir -regulándola- la clásica distinción entre avería legítima e ilegítima, ya que ésta última puede causarse bien sin culpa, bien con culpa, toda vez que el Anteproyecto sólo parece contemplar la legítima y la ilegítima de causación culposa.

Por otra parte, debiera ponderarse si procede incluir una referencia expresa -al modo que hace el Código de Comercio- a la piratería como causante de daños o gastos extraordinarios incardinables en el concepto de avería gruesa.

4. Los Capítulos III y IV disciplinan el salvamento y los bienes naufragados o hundidos -abordándose de manera separada los derechos de propiedad y el régimen de extracciones-. La regulación proyectada quiebra el tradicional esquema, propio del Derecho nacional y marítimo internacional, de englobar cualquier tipo de auxilio o asistencia en el mar -cuyas modalidades son el salvamento o auxilio a un buque en peligro, el remolque o auxilio a un buque que no está en peligro, la extracción o recuperación de pecios y el hallazgo, ajeno a la idea de asistencia- bajo la rúbrica de "asistencias marítimas". Nada tiene no obstante que objetar el Consejo a esta nueva configuración.

La regulación de ambos capítulos se adecua por lo demás a las normas internacionales. Únicamente cabe:

a) Sugerir la inclusión del adjetivo "grave" predicado del peligro en el artículo 358.1, que da el concepto de salvamento. Se trata con ello de hacerse eco de la jurisprudencia nacional y, especialmente, internacional y de las reglas internacionales que diferencian el salvamento de otras figuras -en especial del remolque- por la concurrencia de una situación de peligro grave de pérdida del buque.

b) Llamar la atención sobre el hecho de que, al referirse el mismo artículo 358.1 a las "aguas navegables" -excluidas las continentales-, puede reverdecer la polémica de si puede darse salvamento en las aguas portuarias al considerarse por algunos pronunciamientos que no son aguas navegables sino "de maniobra". Quizás pudiera evitarse la cuestión omitiendo dicho calificativo.

c) Señalar que el artículo 378.2 del Anteproyecto exige, para el caso de extracción, que "si existieran varios propietarios, la solicitud (de autorización) deberá formularse de acuerdo entre ellos...", previsión esta que no se compadece bien con el criterio sentado por la doctrina administrativa y la jurisprudencia contencioso-administrativa de que en los casos de copropiedad y de comunidad de intereses está legitimado para solicitar autorizaciones cualquiera de los titulares, en consonancia con lo establecido en el artículo 394 del Código Civil.

IX

El Título VII del anteproyecto de Ley se intitula "De la limitación de la responsabilidad".

a) El artículo 394.1 establece que: "las normas de este título se aplicarán siempre que cualquiera de los titulares del derecho a limitar invoque dicho derecho ante los órganos judiciales españoles que resulten competentes. A tal efecto será irrelevante la nacionalidad o domicilio de los acreedores o deudores, así como el pabellón del buque respecto al cual se invoque el derecho de limitación".

Puesto que según el artículo anterior, el 393, el régimen de limitación de responsabilidad se aplicará también en la vía administrativa, tal vez convenga insertar en la expresión los "órganos judiciales españoles" las palabras "o administrativos". Ello es coherente, además, con el artículo 489.1 del Anteproyecto, que ofrece esta posibilidad.

b) Artículo 397.1

Dice que "No serán limitables las reclamaciones enumeradas en el artículo 3 del Convenio Internacional sobre la Limitación de Responsabilidad por Reclamaciones de Derecho Marítimo, enmendado por el Protocolo de 1996".

El Protocolo hecho en Londres el 2 de mayo de 1996 ha sido ratificado y rige para España. Sin embargo, el Convenio que el Protocolo enmendaba, el Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de Derecho Marítimo, hecho en Londres el 19 de noviembre de 1976, ha sido denunciado por España por nota verbal dirigida por la Embajada de España en Londres a la Organización Marítima Internacional, con efectos desde el 1 de noviembre de 2007. Esta situación estaba prevista en el propio Protocolo citado, cuyo artículo 12.4 disponía: "Respecto de los Estados parte en el presente Protocolo, la denuncia del Convenio por cualquiera de ellos, efectuada de conformidad con el artículo 19 de dicho Convenio, no se interpretará en modo alguno como una denuncia del Convenio enmendado por el presente Protocolo".

El artículo 3 del Convenio, a que remite el precepto del Anteproyecto sometido a consulta, obedece en gran medida a su redacción original. Sólo su letra a) fue modificada en el Protocolo. En estas condiciones, el Anteproyecto remite al contenido de un precepto que, en su mayor parte, carece de eficacia normativa para España. En estas condiciones, el Consejo de Estado entiende que por seguridad jurídica conviene transcribir en el Anteproyecto el contenido del artículo 3 citado. Por coherencia con la técnica empleada en el Anteproyecto, de no copiar textos normativos internacionales, puede no transcribirse la letra a) del citado artículo y remitirse al Protocolo. En este sentido, el precepto podría comenzar así: "No serán limitables las reclamaciones mencionadas en el artículo 2 del Protocolo de 1996 que enmienda el Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de Derecho Marítimo, hecho en Londres el 19 de noviembre de 1976, ni tampoco las que siguen...".

c) Artículo 398

Previene el precepto proyectado que "salvo en los casos previstos en el artículo siguiente, la suma máxima de indemnización pagadera por reclamaciones limitables se calculará por cada accidente, progresivamente, en función del arqueo bruto del buque respecto al cual hayan nacido los créditos, con arreglo a lo establecido en los artículos 6 a 9 del Convenio Internacional sobre la Limitación de Responsabilidad por Reclamaciones de Derecho Marítimo".

En línea con lo que se acaba de exponer, y dada la denuncia formulada por España del Convenio, convendría remitirse sólo a los artículos del Protocolo y transcribir los restantes. No sería necesario transcribir, sin embargo, diversos apartados de esos artículos que ya están incorporados al texto del Anteproyecto (como el 6.2, que está en el 400.2 o el 7.2, que está en el 399.1) o no necesitan incorporación (como el 6.3).

d) Observaciones de redacción

En el artículo 194.2, en su inciso final, dice "salvo las debidas por culpa del arrendatario" y quizás debería decir "salvo las debidas a culpa del arrendatario".

En el artículo 195.2 tal vez falta la preposición "en" antes del inciso "que se entregó el buque".

El artículo 294 formula primero en plural los destinatarios del transporte ("los viajeros") y al final en singular ("al pasajero"). Resulta mejor emplear siempre el singular, que casa mejor con el carácter de "el equipaje".

En el artículo 310 quizás sobra la preposición "de" tras "la seguridad".

En el artículo 311 se ha deslizado el verbo "pueda" dos veces, en la segunda línea.

En el artículo 330.1 la expresión "la normativa vigente" puede sustituirse por "las normas vigentes".

En el artículo 396.1, letra a) se ha deslizado la errata "o bordo" y se debe corregir por "a bordo".

Los "derechos especiales de giro" en el artículo 399.2 se escriben con mayúsculas, pero en el 334, letra a, con minúscula. Conviene unificar el criterio, y la minúscula parece más acertada.

El artículo 405.1 remite al Capítulo III del Título IX del Anteproyecto y debe remitir al Capítulo IV de ese título.

Conviene revisar los signos de puntuación. Así por ejemplo, en el artículo 314, quizás sobra la coma tras "gestión naval" y falta una coma tras "del armador". En el artículo 392 sobra la primera coma.

X

El Título VIII contiene la regulación del seguro marítimo.

1. Consideraciones generales

El seguro marítimo surge a finales de la Edad Media, en el ámbito de las relaciones comerciales entre los países mediterráneos, como alternativa al "préstamo a la gruesa ventura", sobre el que pesaba una prohibición canónica en razón de que la retribución percibida por el prestamista, en caso de que el buque llegase a buen puerto, se consideraba usuraria.

En España, el seguro marítimo fue contemplado por primera vez en las Ordenanzas de Barcelona de 1435, de donde pasó a las de Burgos de 1538 y Bilbao de 1737, para ser posteriormente recogido, en la época de la codificación, en el Código de Comercio de 1829 y en el vigente de 1885, que lo regula en la sección 3ª del Título III del Libro III (artículos 737 a 805). En el marco proporcionado por el Código de Comercio (en adelante, Cco), se aprobaron en el año 1934 la "póliza española para el seguro de buques" y la "póliza española para el seguro de mercancías y otros intereses del cargador", que son las dos modalidades típicas del seguro marítimo.

La virtualidad práctica del régimen jurídico del seguro marítimo contenido en el Cco y en las pólizas españolas de los seguros de buques y mercancías ha sido muy escasa, habida cuenta de la generalizada utilización en el tráfico marítimo internacional de las cláusulas impuestas por los aseguradores ingleses, que ostentan una posición hegemónica en este ámbito y entre los que destaca Lloyd"s.

Los modelos-tipo de cláusulas inglesas fueron elaborados, en desarrollo de la Marine Insurance Act de 1906, por el Instituto de Aseguradores de Londres (Institute of London Underwriters) y, más tarde, por la Asociación Internacional de Aseguradoras (International Underwriters Association), que ha ido adaptando aquéllos a las cambiantes circunstancias de la navegación marítima. En la actualidad, destacan -por su importancia- las vigentes condiciones generales para el seguro de buques (Institute Time Hull Clauses, de 1 de octubre de 1983) y el seguro de mercancías (Institute Cargo Clauses, de 1 de enero de 1982), aunque existen otras en función de los concretos intereses asegurados.

La influencia de la regulación legal y, sobre todo, convencional inglesa en los mercados aseguradores internacionales pronto determinó la obsolescencia de las legislaciones nacionales internas, también de la española. A principios de la década de los cuarenta del pasado siglo, ya podía leerse, en la primera edición de una obra que pronto se convertiría en clásica, que el Cco español, en lo relativo al seguro marítimo, constituye "un documento legal retrasado y arcaico, en irremediable desarmonía con las exigencias del moderno tráfico mercantil".

Por esta razón, desde los años sesenta se han venido realizando sucesivos intentos, primero por la Asociación Española de Derecho Marítimo y después en el seno de la Comisión General de Codificación, para la reforma del régimen jurídico del seguro marítimo contenido en el Cco, que, sin embargo, la Ley 5/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (en adelante, LCS) mantuvo vigente, tras el fracaso del anteproyecto de Ley de Seguro Marítimo que había sido elaborado en paralelo ese mismo año. Años más tarde, los esfuerzos realizados por la Sección de Derecho Mercantil de la mencionada Comisión encontraron reflejo en el anteproyecto de Ley de Contrato de Seguro Marítimo de 1996, que no llegó a aprobarse como proyecto de Ley, y más recientemente en el proyecto de Ley General de la Navegación Marítima de 2008 (Boletín Oficial del Congreso de los Diputados de 19 de diciembre de 2008, serie A, núm. 14-1), cuya tramitación parlamentaria no pudo concluirse por el fin de la legislatura.

El Anteproyecto ahora sometido a consulta, tributario del proyecto de Ley de 2008, dedica su Título VIII al contrato de seguro marítimo (artículos 406 a 467) y deroga de manera expresa las disposiciones dedicadas a esta figura en la sección 3ª del Título III del Libro III del Cco (artículos 737 a 805).

En la memoria del análisis de impacto normativo de la regulación proyectada se destacan, como razones que aconsejan la reforma de la normativa aplicable al seguro marítimo, las dos siguientes:

a) En primer lugar, "la regulación del seguro marítimo, que goza de una amplia trayectoria histórica, quedó al margen de la Ley 5/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, por lo que dicho contrato seguía regido por disposiciones muy antiguas".

b) En segundo término, "la difusión en nuestro mercado asegurador de modelos contractuales surgidos en el ámbito internacional hacía necesaria la modernización de los preceptos legales específicos del seguro marítimo".

Ambas razones justifican -a juicio del Consejo de Estado- la actualización del régimen jurídico del seguro marítimo a las necesidades actuales del tráfico y comercio internacionales, por más que la aplicación de estas nuevas previsiones vaya a ser muy limitada en un contexto de marcado predominio de los modelos contractuales de inspiración anglosajona.

2. Régimen jurídico

El Título VIII del Anteproyecto (artículos 406 a 467) contiene una regulación del seguro marítimo que, por su carácter de legislación especial, obliga a plantearse si la normativa general del contrato de seguro contenida en la LCS puede considerarse supletoria.

Esta cuestión ya se suscitó bajo la vigencia del actual CCo y fue resuelta afirmativamente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no sin algunos pronunciamientos contradictorios, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2 de la LCS: "Las distintas modalidades del contrato de seguro, en defecto de Ley que les sea aplicable, se regirán -según este precepto- por la presente Ley". Con base en esta previsión, el Alto Tribunal ha llegado a la conclusión de que la LCS tiene eficacia supletoria en el ámbito del seguro marítimo, en defecto de las normas específicas del Cco sobre dicho contrato (sentencia de la Sala de lo Civil -Pleno- de 12 de enero de 2009 -RJ 2009/1743-, en la que se citan las sentencias de 19 de octubre de 1987 -RJ 1987/7297-, de 21 de julio de 1989 -RJ 1989/5771-, de 4 de marzo de 1993 - RJ 1993/1670-, de 20 de febrero de 1995 -RJ 1995/883-, de 2 de diciembre de 1997 -RJ 1997/8773-, de 18 de diciembre de 1998 -RJ 1998/9560-, de 30 de julio de 1999 -RJ 1999/6358- y de 7 de marzo de 2007 -RJ 2007/1825-).

El Anteproyecto remitido en consulta no reconoce de manera expresa el carácter supletorio de la LCS. El artículo 406 prevé, en su apartado 1, que están sujetos a lo dispuesto en el Título VIII de la regulación proyectada los contratos de seguro marítimo, salvo los seguros obligatorios de embarcaciones dedicadas al deporte o recreo, que se regirán, según el apartado 2 del mismo precepto, por la LCS. Nada se dice, por tanto, acerca de la posible supletoriedad de la LCS en los contratos de seguro marítimo distintos de los seguros obligatorios de embarcaciones dedicadas al deporte o recreo.

La doctrina científica, comentando una previsión del mismo tenor contenida en el proyecto de Ley de 2008, ha señalado que esta omisión no debería tener consecuencias prácticas, por cuanto la supletoriedad de la regulación general del contrato de seguro en el ámbito específico del seguro marítimo viene dada por lo dispuesto en el artículo 2 de la LCS.

No obstante, debe tenerse en cuenta que el artículo 2.1 del Anteproyecto establece su propio orden de prelación de fuentes, disponiendo en su párrafo segundo que, de forma supletoria, "se estará a las leyes y reglamentos complementarios y a los usos y costumbres relativos a la navegación marítima", y, a falta de todo ello y en cuanto no se pudiere recurrir a la analogía, "se aplicará el Derecho común".

La proyección al contrato de seguro marítimo del orden de prelación de fuentes contenido en el artículo 2.1 del Anteproyecto podría poner en cuestión la supletoriedad de primer grado de la LCS, dado que esta norma difícilmente puede entenderse ubicada dentro de "las leyes y reglamentos complementarios" de la futura Ley de Navegación Marítima.

Por otra parte, si se considerase la LCS como "Derecho común", serían de aplicación preferente a aquélla los "usos y costumbres relativos a la navegación marítima", surgiendo así un problema diferente, cual es el de si la reiterada utilización de los modelos-tipo de cláusulas inglesas puede considerarse susceptible de generar una práctica que merezca tal calificación y de la que puedan extraerse unos principios rectores del seguro marítimo que nuevamente desplacen a la LCS.

A la vista de las consideraciones realizadas, entiende el Consejo de Estado que el Anteproyecto debería pronunciarse expresamente en su artículo 406 sobre la posición que la LCS ocupa dentro del grupo normativo regulador del seguro marítimo.

3. Concepto y ámbito

El seguro marítimo es aquella modalidad del contrato de seguro que "tiene por objeto -de acuerdo con el artículo 406.1 del Anteproyecto- indemnizar los daños producidos por los riesgos propios de la navegación marítima".

Ni en este precepto, ni en la memoria del análisis de impacto normativo, se aclara si los riesgos de la navegación en "aguas interiores" están sujetos a la regulación del seguro marítimo contenida en el Título VIII de la norma proyectada, como lo estaban en el anteproyecto de Ley del Contrato de Seguro Marítimo de 1996 (artículo 1).

Esta cuestión resulta trascendente dado que el artículo 417 del Anteproyecto considera cubiertos "los riesgos de la navegación", omitiendo el calificativo de "marítima".

A este respecto, debe tenerse en cuenta que el ámbito de aplicación de la regulación proyectada se extiende -de acuerdo con el párrafo segundo de su artículo 1.2- no solo a la navegación marítima sino también a la que se desarrolle en las aguas de los ríos, canales, lagos, embalses naturales o artificiales y demás interiores "en el caso de que sean accesibles para los buques desde el mar pero sólo hasta donde se haga sensible el efecto de las mareas, así como en los tramos navegables de los ríos hasta donde existan puertos de interés general".

De este modo, la redacción del artículo 406.1 del Anteproyecto debería coordinarse con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1.2 del Anteproyecto, precisando que las prescripciones del Título VIII ("Del contrato de seguro marítimo") resultan de aplicación a aquellos contratos de seguros que "tienen por objeto indemnizar los daños producidos por los riesgos propios de la navegación marítima o que se desarrolle en aguas interiores no marítimas en los términos previstos en el párrafo segundo del artículo 1.2".

4. Naturaleza jurídica

El contrato de seguro marítimo es un "seguro de daños" que se encuadra dentro de la categoría de los "seguros de grandes riesgos".

A) El seguro marítimo como seguro de daños

El seguro marítimo es, en efecto, una modalidad del seguro de daños que ofrece protección a los buques y mercancías transportadas frente a los riesgos de la navegación marítima: en tal sentido, el Anteproyecto aclara que la cobertura del asegurador alcanza únicamente a los "daños materiales" (artículo 430.1) y no a los "daños y perjuicios ocasionados por el objeto asegurado a personas" (artículo 432.b).

El encuadramiento del seguro marítimo dentro de los seguros de daños trajo consigo que, bajo la vigencia del Cco, la jurisprudencia del Tribunal Supremo haya considerado aplicables a aquél, en defecto de norma específica, las disposiciones contenidas en los Títulos I ("Disposiciones generales") y II ("Seguros contra daños") de la LCS.

El tratamiento otorgado al seguro marítimo por la regulación proyectada acusa asimismo la influencia de la regulación del seguro de daños contenida en la LCS, que el Anteproyecto reproduce literalmente en algunas ocasiones y excluye de manera implícita en otras, como habrá ocasión de ir comprobando a medida que se avance en el análisis de sus previsiones.

B) El seguro marítimo como seguro de grandes riesgos

El seguro marítimo es considerado un seguro de grandes riesgos por la normativa comunitaria y española: en tal sentido, tanto el artículo 13.27.a) de la Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se regula el acceso a la actividad de seguro y reaseguro y su ejercicio, como el artículo 107.2.a) de la LCS, incluyen dentro de los seguros de grandes riesgos aquellos que cubren los daños sufridos por los "vehículos marítimos, lacustres y fluviales", las "mercancías transportadas" y la "responsabilidad civil de vehículos marítimos, lacustres y fluviales".

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la contratación de los seguros de grandes riesgos, entre los que se encuentra el seguro marítimo, se caracteriza por dos notas fundamentales: la libre elección de la ley aplicable y el carácter dispositivo de la normativa reguladora. Ambas circunstancias han contribuido a la generalizada implantación en el mercado naviero internacional de los modelos de póliza de seguro marítimo aprobados -principalmente- por los aseguradores ingleses, en detrimento de las respectivas legislaciones nacionales. A continuación se examinan por separado cada una de tales notas:

a) Libre elección de la ley aplicable. El artículo 7.2 del Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales, y el artículo 107.2.a) de la LCS prevén que los contratos de seguros por grandes riesgos se regirán por la ley elegida por las partes.

De este modo, la aplicación de la futura Ley de Navegación Marítima, en lo relativo al seguro marítimo, quedará sometida a la voluntad de las partes, que podrán elegir la legislación española o cualquier otra, en el bien entendido de que -conforme al artículo 76.1 del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre (en adelante, LOSSP)- "no podrán asegurarse en terceros países ajenos al Espacio Económico Europeo los buques con estacionamiento habitual en España y los bienes de cualquier clase situados en territorio español, con la única excepción de las mercancías en régimen de transporte internacional".

b) Carácter dispositivo de la normativa reguladora. El régimen jurídico de los seguros de grandes riesgos está sometido a la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, habida cuenta de que, en esta clase de seguros, la posición económica de asegurador y asegurado es equiparable y, por tal razón, no resulta preciso ofrecer a éste la protección propia de las normas imperativas. La memoria del análisis de impacto normativo del Anteproyecto considera erróneamente que el carácter imperativo o dispositivo de la regulación del contrato de seguro está en función de su naturaleza terrestre o marítima: "A diferencia de lo que sucede en el contrato de seguro terrestre, necesitado de una normativa protectora del asegurado y, por ello, inderogable en su perjuicio, el seguro marítimo -dice la memoria- es en lo fundamental un contrato entre empresarios profesionales (entre iguales) y, por ello, la autonomía de la voluntad a la hora de definir el contenido obligacional del contrato debe ser respetada".

En realidad, la normativa reguladora de los seguros de grandes riesgos es siempre dispositiva, con independencia de que se trate de seguros terrestres o marítimos: así, los seguros terrestres, cuando cubren grandes riesgos, están excluidos por el artículo 55.2 de la LCS de la aplicación imperativa de los preceptos de esta norma que, con carácter general, ordena su artículo 2; y los seguros marítimos, calificados ex lege como seguros de grandes riesgos, se rigen -de acuerdo con el todavía vigente artículo 738 del CCo- por "las condiciones que libremente consignen los interesados" en la póliza.

Por tanto, el carácter imperativo o dispositivo del régimen jurídico del contrato de seguro no viene determinado por su naturaleza terrestre o marítima, como se afirma en la memoria, sino en función de que los riesgos asegurados, sean estos terrestres o marítimos, puedan considerarse grandes riesgos: en tal sentido, el apartado IX de la exposición de motivos del Anteproyecto acierta al señalar que "la significación preferentemente dispositiva de sus normas, exigida por el Derecho de la Unión Europea sobre "Seguros de Grandes Riesgos", obedece a la equiparable posición de fuerza de que disfrutan ambas partes contratantes".

En el Anteproyecto ahora examinado, el carácter dispositivo de la normativa aplicable al seguro marítimo se reconoce de manera expresa en su artículo 407 ("Libertad de pactos"), que dice así:

"Salvo que expresamente se disponga de otra forma en los preceptos siguientes, las partes del contrato podrán pactar libremente las condiciones de cobertura que juzguen apropiadas, sin sujeción a forma determinada alguna".

Los términos en que se expresa esta previsión suscitan algunas observaciones:

a) En primer lugar, debe notarse que el artículo 407 del Anteproyecto no consagra tanto la "libertad de pactos" de las partes contratantes a que se refiere su rúbrica, como el "carácter dispositivo" del régimen jurídico del seguro marítimo.

El principio de autonomía de la voluntad o de libertad de pactos se encuentra ya formulado en el artículo 1.255 del Código Civil, conforme al cual "los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral y el orden público".

La libertad de las partes en la determinación del contenido del contrato puede desplegar su eficacia en presencia de normas tanto imperativas como dispositivas, aunque con distinta virtualidad en uno y otro caso: en el primero, los contratantes únicamente pueden llegar a pactos que no resulten contrarios a lo imperativamente previsto en el ordenamiento jurídico de referencia; en el segundo, los contratantes pueden acordar condiciones distintas o incluso contrarias al marco normativo que resulte de aplicación.

El artículo 407 del Anteproyecto hace referencia a este segundo supuesto, cuya nota distintiva no es la autonomía de la voluntad de las partes contratantes -común con el primero-, sino la naturaleza dispositiva del régimen jurídico al que éstas se encuentran sometidas, tal y como sucede precisamente en el ámbito del seguro marítimo.

Por tal razón, la rúbrica del precepto en cuestión resultaría más precisa si, en lugar de referirse genéricamente a la libertad de pactos, hiciera mención al carácter dispositivo de la normativa específica del seguro marítimo.

b) En segundo término, cabe señalar que el artículo 407 del Anteproyecto no regula sólo la libertad de pactos -como indica su rúbrica- sino también la libertad de forma en la contratación del seguro marítimo.

El proyectado precepto aborda conjuntamente ambas cuestiones, pese a que el principio de la autonomía de la voluntad -libertad de pactos- y el principio espiritualista -libertad de forma- se proyectan en planos diferentes: el primero de tales principios, enunciado por el antes mencionado artículo 1.255 del Código Civil, despliega su eficacia en el ámbito de la determinación del "contenido" del contrato; el segundo de ellos, recogido en el artículo 1.278 del Código Civil ("Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez"), desvincula la validez de los contratos de la observancia de una determinada "forma" en su celebración.

Por tratarse de principios jurídicos de alcance diverso, considera el Consejo de Estado que la libertad de pactos -rectius, el carácter dispositivo de la normativa reguladora- y la libertad de forma en la contratación del seguro marítimo deberían tratarse en preceptos distintos o, cuando menos, en apartados diferentes del artículo 407 del Anteproyecto.

En este último caso, la rúbrica actual del precepto, que tan solo se refiere a la libertad de pactos, debería modificarse para hacer también mención a la libertad de forma.

c) Por último, importa subrayar que la identificación de las normas del Anteproyecto que tienen carácter dispositivo ha sido objeto de controversia a lo largo de la tramitación del expediente.

El proyectado artículo 407 señala que las partes del contrato de seguro marítimo podrán pactar libremente las condiciones de cobertura que juzguen apropiados, "salvo que expresamente se disponga de otra forma en los preceptos siguientes".

La memoria del análisis de impacto normativo del Anteproyecto afirma que "sólo en muy concretos casos (artículos 406.2, 425.3, 426 y 464) se ha excluido expresamente la posibilidad de pacto en contrario a lo dispuesto en la norma legal, por motivos de protección de terceros ajenos al contrato o para salvaguardar elementos básicos de su estructura típica indemnizatoria".

El contenido de los cuatro preceptos imperativos mencionados en la memoria es el siguiente:

- El artículo 406.2 prevé que los seguros obligatorios de embarcaciones dedicadas al deporte o recreo se regirán por lo dispuesto en la LCS, "sin que valga pacto en contrario".

- El artículo 425.3 dispone que el asegurador no podrá oponer la falta de pago de la prima al comprador de buena fe de las mercancías a quien se haya entregado certificado de cobertura, "sin que valga pacto en contrario".

- El artículo 426 establece que, en caso de negligencia o retraso culposo en la omisión o tardía comunicación del siniestro, el asegurador tendrá derecho a los daños y perjuicios que se le hubieren causado por ello, "sin que valga pacto en contrario que pretenda imponer al asegurado peor situación".

- El artículo 464 reconoce, en fin, la acción directa del tercero perjudicado contra el asegurador en los denominados seguros de responsabilidad, precisando que "será inválido cualquier pacto contractual que altere lo dispuesto en este artículo".

Como puede apreciarse, la técnica normativa elegida por el Anteproyecto para identificar, dentro de la regulación del contrato de seguro marítimo, los cuatro artículos de carácter imperativo referidos en la memoria, consiste en prohibir los pactos en contrario o declarar la invalidez de tales pactos. De este modo, los restantes preceptos del título X del Anteproyecto dedicados al seguro marítimo, en los que no se contienen prohibiciones o declaraciones similares, constituyen derecho dispositivo por virtud de lo dispuesto en el artículo 407, sin necesidad de que en cada uno de ellos se prevea singularizadamente que cabe el pacto en contrario.

Pese a la aparente claridad de la regulación proyectada, han sido numerosas las observaciones formuladas durante la tramitación del expediente, tanto desde el ámbito privado (Asociación Empresarial del Seguro - UNESPA) como desde el sector público (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Competitividad), sugiriendo que se incluyese la posibilidad de pacto en contrario en diversos preceptos que, por aplicación del artículo 407 del Anteproyecto, tienen ya carácter dispositivo.

Estas observaciones se explican porque el propio Anteproyecto, apartándose de la técnica normativa seguida con carácter general, ha reconocido de manera expresa esa facultad dispositiva de las partes contratantes en determinados preceptos de singular importancia (artículo 430.2, inciso segundo, y artículo 436.1, inciso segundo), a pesar de que, a la vista del contenido del artículo 407, no sea preciso hacerlo, creando de este modo una cierta confusión.

Con el fin de evitar cualquier controversia interpretativa en torno a la naturaleza de los diversos preceptos que integran la proyectada regulación del seguro marítimo y pese a que -en principio- no cabe duda de que el Anteproyecto solo tiene carácter imperativo en los artículos 406.2, 425.3, 426 y 464 mencionados en la memoria del análisis de impacto normativo, sería aconsejable incluir una referencia a estos últimos en el propio artículo 407, que podría así quedar redactado en los siguientes o similares términos:

"Salvo en lo dispuesto imperativamente por los artículos 406, 425.3, 426 y 464, las partes del contrato podrán pactar libremente las condiciones de cobertura que juzguen apropiadas".

De no prosperar esta propuesta, al menos deberá sustituirse la locución "Salvo que expresamente se disponga de otra forma en los preceptos siguientes", utilizada en la redacción actual del artículo 407, por "Salvo que expresamente se disponga de otra forma", dado que el artículo 406.2, de carácter imperativo según la memoria y su propio tenor literal, no se encuentra ubicado "en los preceptos siguientes" al artículo 407 sino que es anterior a éste.

5. Elementos del contrato

Para un análisis ordenado de la regulación proyectada, se distingue a continuación entre elementos personales, reales y formales del contrato de seguro marítimo.

5.1. Personales

Dentro de esta categoría deben incluirse las partes contratantes (A) y los colaboradores de la actividad aseguradora (B).

A) Partes contratantes

Como en todo contrato de seguro, las partes contratantes en el seguro marítimo son tres: el asegurador, que garantiza la cobertura de los intereses expuestos a los riesgos propios de la navegación marítima a cambio de una prima; el tomador, que contrata dicha cobertura con el asegurador y queda obligado al pago de la prima; y el asegurado, que es el titular del interés asegurado en el momento del siniestro.

El Anteproyecto modula la posición jurídica de asegurador, tomador y asegurado, respecto a lo dispuesto por la LCS, en atención a las particularidades propias del tráfico marítimo.

Al tratarse de un seguro de grandes riesgos, la relación entre las partes contratantes del seguro marítimo debe regirse por el principio de ubérrima bona fide, que se refleja en no pocas de las previsiones de la norma proyectada, especialmente -como habrá ocasión de comprobar- en la exactitud exigida al asegurado en la declaración del riesgo objeto de cobertura y en su deber de aminorar las consecuencias del siniestro.

B) Colaboradores de la actividad aseguradora

La disposición adicional tercera de la LOSSP califica como "colaboradores de la actividad aseguradora" a los comisarios y liquidadores de averías, que son dos figuras clásicas del derecho marítimo.

De acuerdo con esta previsión legal, los comisarios de averías se encargan del reconocimiento y valoración de las averías marítimas, sean o no gruesas, mientras que los liquidadores de averías asumen la distribución de la avería gruesa.

El Anteproyecto atribuye nuevas funciones a los comisarios y liquidadores de averías, respectivamente, en el procedimiento para limitar la responsabilidad por créditos marítimos (Capítulo IV del Título IX) y en la liquidación de avería gruesa (Capítulo III del Título IX).

En el concreto ámbito del seguro marítimo, la regulación proyectada admite que los comisarios de averías puedan recibir las comunicaciones del siniestro (artículo 426) y que los liquidadores de averías nombrados de mutuo acuerdo por asegurador y asegurado puedan practicar la liquidación del siniestro con carácter vinculante (artículo 437.4). Estas novedades serán analizadas en los apartados 6 y 7 relativos al contenido del contrato de seguro marítimo y a la liquidación del siniestro.

5.2. Reales

Tienen esta consideración los intereses asegurados (A), el valor atribuido a los mismos (B) y los riesgos objeto de cobertura (C).

A) Intereses asegurados

Se encuentran regulados en la sección 1ª del Capítulo II del Título VIII del Anteproyecto (artículos 408 a 412), bajo la rúbrica "De los intereses asegurados".

El contenido de esta sección exige pronunciarse, en primer lugar, sobre la naturaleza jurídica de los intereses asegurables que se enumeran en la norma proyectada; en segundo término, sobre el requisito de la existencia del interés asegurado como presupuesto para la validez del contrato; en tercer lugar, sobre la regla para la determinación del titular del interés asegurado; y, por último, sobre las condiciones necesarias para que pueda producirse la transmisión de dicho interés.

Estas cuestiones se analizan seguidamente de manera independiente:

a) Naturaleza jurídica y enumeración legal de los intereses asegurables. El artículo 408.1 del Anteproyecto señala, en su inciso primero, que "puede ser objeto del seguro cualquier interés legítimo sometido a los riesgos de la navegación".

El artículo 409 del mismo texto contiene una enumeración de los intereses asegurables, que son, en concreto, "los buques, embarcaciones y artefactos navales, incluso en construcción o desguace" (apartado a), "el flete" (apartado b), "el cargamento" (apartado c), "la responsabilidad civil derivada del ejercicio de la navegación" (apartado d) y, en fin, "cualesquiera otros intereses patrimoniales legítimos expuestos a los riesgos de la navegación marítima" (apartado e).

Los intereses mencionados en los apartados a), b), c) y d) del artículo 409 son los que se encuentran en riesgo con mayor frecuencia durante la navegación marítima, y por ello se mencionan de manera expresa en la regulación proyectada. En todo caso, esta relación de intereses asegurables es meramente ejemplificativa, dado que -como aclara el apartado e) del mismo precepto- pueden asegurarse, además de los ya citados, cualesquiera otros intereses patrimoniales legítimos expuestos a los riesgos de la navegación marítima.

En puridad, son dos las notas necesarias -de acuerdo con el artículo 409.e) del Anteproyecto- para que un determinado interés pueda ser objeto de un contrato de seguro marítimo: la primera, que sea un "interés patrimonial legítimo", de donde se deriva que no es posible asegurar daños de carácter personal; la segunda, que se trate de un interés "expuesto a los riesgos de la navegación marítima".

A juicio del Consejo de Estado, sería pertinente coordinar el tenor del artículo 408.1 con el del artículo 409.e) del Anteproyecto. En el texto sometido a consulta, el artículo 408.1 no hace referencia en su inciso primero a la naturaleza necesariamente "patrimonial" que deben tener los intereses asegurados y olvida que éstos sólo pueden asegurarse cuando estén expuestos a los riesgos propios de una navegación que pueda calificarse de "marítima". Por ello, el precepto quedaría redactado con mayor precisión si dijera: "Puede ser objeto del seguro cualquier interés patrimonial legítimo expuesto a los riesgos propios de la navegación marítima".

Realizada esta observación de alcance general, proceden ahora ciertas puntualizaciones en relación con algunos de los intereses asegurables que se mencionan expresamente en el artículo 409 del Anteproyecto:

a) "Buques, embarcaciones y artefactos navales, incluso en construcción o desguace" (artículo 409.a). El Capítulo I del Título II del Anteproyecto clasifica los vehículos de la navegación marítima en "buques" (artículo 56), "embarcaciones" (artículo 57) y "artefactos navales" (artículo 58), aunque también hace referencia a las "plataformas fijas" (artículo 59).

El artículo 409.a) de la regulación proyectada considera asegurable el interés sobre los buques, embarcaciones y artefactos navales, pero no menciona a las plataformas fijas. No obstante, cabe preguntarse si el interés en las plataformas fijas podría asegurarse mediante un contrato de seguro marítimo distinto del seguro de buques, al amparo de la cláusula de cierre del artículo 409.e) del Anteproyecto, o si, por el contrario, debe aplicarse el régimen general de la LCS. Resultaría aconsejable que en la memoria del análisis de impacto normativo, la exposición de motivos o la parte dispositiva del texto normativo se aclarase esta cuestión.

Por otra parte, el artículo 410 del Anteproyecto dispone que "el seguro del buque comprende el interés sobre sus partes integrantes, pertenencias y accesorios", lo cual constituye una excepción legal a la regla general, prevista en el artículo 62.1 de la regulación proyectada, de que los negocios jurídicos sobre los buques no comprenden sus accesorios, "salvo pacto en contrario". Siendo así, el inciso final del artículo 62.1 del Anteproyecto debería decir "salvo pacto en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 410 de esta ley".

Por lo demás, la ubicación sistemática del artículo 410, dentro de la sección 1ª del capítulo II ("De las disposiciones comunes a los distintos tipos de seguro marítimo") no parece correcta, dado que este precepto se refiere exclusivamente al seguro de buques y, en cuanto tal, debería trasladarse a la sección 1ª ("Del seguro de buques") del Capítulo III ("De las disposiciones especiales de algunas clases de seguros") del Título VIII.

b) "Flete" (artículo 409.b). El Capítulo II del Título IV del Anteproyecto (artículos 203 a 286) regula el contrato de transporte marítimo de mercancías, también denominado "fletamento", por virtud del cual se obliga el porteador, a cambio del pago de un flete, a transportar por mar las mercancías y entregarlas al destinatario en el puerto o lugar de destino.

El artículo 409.a) de la norma proyectada considera asegurable el "interés en el flete", que -según el artículo 411 del propio texto- comprende "el precio por el transporte de mercancías o pasajeros, tanto en curso de realización como esperado", y "el beneficio que se deriva para el naviero o armador del transporte de sus propias mercancías" (apartado 1), valorados "por su importe bruto" (apartado 2).

En este último precepto, la referencia al "naviero o armador" debería sustituirse por "porteador", que -según el Anteproyecto- es la denominación apropiada para quien pone el buque a disposición del fletador en el puerto y fecha convenidos (artículo 211).

Por lo demás, la ubicación sistemática del artículo 410, dentro de la sección 1ª del Capítulo II ("De las disposiciones comunes a los distintos tipos de seguro marítimo"), no resulta acertada, dado que este precepto es únicamente aplicable al seguro del flete y, por tal razón, debería llevarse al Capítulo III ("De las disposiciones especiales de algunas clases de seguros") del Título VIII.

c) "Cargamento" (artículo 409.c). El seguro del cargamento se regula en la sección 2ª del Capítulo III del Título VIII del Anteproyecto (artículos 453 a 462), bajo la rúbrica "Del seguro de mercancías". La norma proyectada utiliza las expresiones "cargamento" y "mercancías" con significado equivalente. No obstante, por razones de coherencia interna del Anteproyecto y para facilitar su compresión, resultaría deseable el empleo de una terminología homogénea.

d) "Responsabilidad civil derivada del ejercicio de la navegación" (artículo 409.d). El aseguramiento de este concreto interés se regula en la sección 3ª del Capítulo III del Título VIII del Anteproyecto (artículos 463 a 467).

La rúbrica y los preceptos de dicha sección omiten, sin causa aparente, el calificativo "civil" cuando regulan el "seguro de responsabilidad" por daños ocasionados por el asegurado a terceros en el curso de la navegación marítima.

Cabe recordar que la expresión "seguro de responsabilidad civil" ha sido tradicionalmente utilizada para identificar aquellos contratos que cubren la responsabilidad por daños causados por el asegurado a terceros: tal es la denominación que acoge, por ejemplo, la sección octava del título II del LCS.

Por tal razón, el Anteproyecto también debería adjetivar el "seguro de responsabilidad" como "civil".

b) Existencia del interés asegurado. El artículo 408 del Anteproyecto contiene dos reglas sobre el particular:

a) La primera regla, contenida en el inciso segundo del artículo 408.1, es que "la inexistencia de interés determinará la nulidad del contrato, salvo en el supuesto previsto en el artículo 422".

El contenido de este precepto obliga a las siguientes observaciones:

- Por una parte, no queda claro si, para la validez del seguro marítimo, el interés asegurable debe existir en la fecha de celebración del contrato o cabe admitir que éste pueda recaer sobre intereses futuros.

El artículo 25 de la LCS dispone que el contrato de seguro contra daños es nulo "si en el momento de su conclusión" no existe un interés del asegurado a la indemnización del daño. Esta previsión ha planteado algunas dificultades para el aseguramiento de intereses futuros en el contrato de seguro terrestre.

El Anteproyecto elude tales dificultades en la regulación del seguro marítimo, omitiendo la exigencia -contenida en el mencionado artículo 25 de la LCS- de que el interés asegurado exista en la fecha de celebración del contrato.

La opción acogida por el texto remitido en consulta no es sino reflejo del principio general favorable a la contratación sobre cosas futuras contenido en el artículo 1271 del Código Civil.

En todo caso y dada la importancia de la cuestión examinada, el Anteproyecto debería pronunciarse de forma más clara sobre la posibilidad de aseguramiento de intereses "presentes o futuros". El lugar idóneo para hacerlo no es el inciso segundo sino el primero del artículo 408 del Anteproyecto, que podría quedar redactado así:

"Podrán ser objeto de seguro los intereses patrimoniales legítimos, presentes o futuros, expuestos a los riesgos de la navegación marítima".

- Por otra parte, no se acaba de comprender la remisión que el inciso segundo del artículo 408.1 del Anteproyecto realiza, en forma de salvedad, al artículo 422.

El artículo 408.1 dispone que la inexistencia de interés determinará la nulidad del contrato, "salvo en el supuesto previsto en el artículo 422".

De acuerdo con el tenor literal de esta salvedad, el artículo 422 debería regular un supuesto de inexistencia de interés que, sin embargo, no comportase la nulidad del contrato.

Sin embargo, el contenido del artículo 422 no es exactamente el indicado. Este precepto -de rúbrica un tanto equívoca ("Existencia del riesgo")- no contempla una excepción a la sanción de nulidad en caso de inexistencia de interés, sino que, por el contrario, prevé la nulidad del contrato del seguro marítimo celebrado con posterioridad al siniestro o cesación del riesgo, siempre que alguna de las partes conociese tal circunstancia. En esta previsión se contemplan, pues, dos supuestos diferentes de nulidad: el del contrato de seguro celebrado con posterioridad al siniestro, cuya nulidad vendría dada por la inexistencia de interés derivada de la realización del riesgo; y el del contrato de seguro celebrado con posterioridad a la cesación del riesgo, cuya nulidad traería causa de la inexistencia de riesgo.

Como quiera que el artículo 408.1 regula la nulidad del contrato por inexistencia de interés, la remisión contenida en este precepto debe entenderse realizada al primero de los supuestos contemplados en el artículo 422: el del contrato celebrado con posterioridad al siniestro, cuya nulidad se sanciona por inexistencia de interés, "siempre que alguna de las partes conociese tal circunstancia".

En todo caso, el artículo 422 no introduce propiamente una salvedad a la regla general de nulidad por inexistencia de interés prevista en el inciso segundo del artículo 408.1 -como la locución final de este último precepto pudiera dar a entender-, sino una aplicación modulada de dicha sanción de nulidad a un caso particular de inexistencia de interés por realización del riesgo.

Por tal razón, el inciso segundo del artículo 408.1 quedaría mejor redactado si dijera:

"La inexistencia de interés determinará la nulidad del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 422".

b) La segunda regla, ubicada en el artículo 408.2, es que "los pactos contractuales en los que se establezca una presunción de la existencia del interés admitirán en todo caso prueba en contrario".

Esta presunción responde a una práctica negocial bastante extendida en algunas modalidades de seguro marítimo en las que se aseguran intereses patrimoniales difusos -así sucede, por ejemplo, en el "seguro del flete" o en el "seguro de desembolsos"- cuya acreditación no resulta fácil: son las cláusulas denominadas "policy proof interest" (PII) o "full interest admitted" (FIA), que habitualmente admiten pacto en contrario.

Pese a que el Anteproyecto se ha limitado a recoger un uso mercantil arraigado en el comercio internacional, no puede dejarse de hacer hincapié en la peculiar naturaleza de la previsión contenida en el precepto comentado.

El artículo 408.2 no establece una "presunción legal" de existencia del interés, sino que parte de la realidad -admitida en el tráfico comercial- de "pactos contractuales en los que establezca una presunción de existencia del interés". Por tanto, la presunción de existencia del interés tiene un origen exclusivamente contractual y se basa en el principio de autonomía de la voluntad: las partes pactan y aceptan que el interés asegurable existe, sin necesidad de que el mismo deba ser acreditado por el asegurado. Una vez admitido que las partes puedan acordar presunciones de tal naturaleza, el Anteproyecto dispone que tales presunciones "admitirán en todo caso prueba en contrario". De este modo, el artículo 408.2 no tiene un contenido dispositivo -como la consideración aislada de la cláusula "admitirán en todo caso prueba en contrario" pudiera dar a entender-, sino que, en realidad, introduce un límite imperativo a la autonomía de la voluntad de las partes.

Por tal razón, este precepto podría incluirse, junto con los artículos 406.2, 425.3, 426 y 464, dentro de aquellos que -según la memoria del análisis de impacto normativo- tienen naturaleza imperativa.

c) Titular del interés asegurado. El artículo 412 del Anteproyecto dispone que el contrato de seguro se entiende concertado por cuenta de quien resulte titular del interés "en el momento del siniestro".

La memoria del análisis de impacto normativo señala que "este precepto, que se aparta directamente de lo establecido en el artículo 7 de la LCS, resulta necesario en el ámbito marítimo", dado que, en muchas ocasiones, la titularidad del interés asegurado cambia en el transcurso del viaje por mar (así, por ejemplo, cuando las mercancías aseguradas son objeto de compraventas sucesivas).

Tan frecuente es esta práctica en el comercio internacional que, hace más de un siglo, la Marine Insurance Act inglesa de 1906, en la que se han inspirado los modelos de póliza anglosajones, ya dispuso: "The assured must be interested in the subject-matter insured at the time of the loss though he need not be interested when the insurance is effected" (artículo 6.1).

La regulación proyectada recoge esta peculiar regla de determinación del titular del interés asegurado, que, en cuanto obedece las particularidades propias del tráfico marítimo, se encuentra justificada.

d) Transmisión del interés asegurado. En la sección 4ª del Capítulo II del Título VIII del Anteproyecto, bajo la rúbrica "De la conclusión del contrato y deberes del contratante", se ubica el artículo 428, que regula los efectos de la transmisión del interés asegurado, tanto en los "seguros de buques y artefactos navales, de otros intereses del armador o naviero de su responsabilidad" (apartados 1 y 2) como en los "seguros de mercancías" (apartado 3).

La ubicación sistemática del artículo 428, dentro de la sección 4ª del Capítulo II ("De las disposiciones comunes a los distintos tipos de seguro marítimo"), no resulta acertada, dado que sus previsiones son aplicables, respectivamente, al "seguro de buques y artefactos navales" (apartados 1 y 2) y al "seguro de mercancías" (apartado 3), pero no a los demás clases de seguros. Por tal razón, dichos apartados deberían llevarse a la sección 1ª ("Del seguro de buques") y a la sección 2ª ("Del seguro de mercancías") del Capítulo III ("De las disposiciones especiales de algunas clases de seguros") del Título VIII.

Por lo demás, cabe observar que el apartado 1 del artículo 428 hace referencia a "los seguros de buques y artefactos navales", omitiendo por error "las embarcaciones", que son también un vehículo apto para la navegación marítima.

B) Valor asegurado

Se encuentra regulado en la sección 2ª del Capítulo II del Título VIII del Anteproyecto, bajo la rúbrica "Del valor asegurado, del seguro múltiple y del coaseguro" (artículos 413 a 416).

El contenido de esta sección obliga a analizar, en primer lugar, los conceptos de "suma asegurada" y "valor del interés asegurado"; en segundo término, las relaciones existentes entre ambos conceptos; y, por último, la incidencia de la concurrencia de varios contratos de seguro ("seguro múltiple") o varios aseguradores ("coaseguro") en las relaciones entre las partes contratantes y en el abono de la suma asegurada.

Cada uno de estos aspectos debe abordarse por separado:

a´) Concepto de "suma asegurada" y "valor del interés asegurado". En cualquier contrato de seguro, la "suma asegurada" y el "valor del interés asegurado" son los dos criterios determinantes del cálculo de la indemnización en caso de siniestro:

- La "suma asegurada" es el límite máximo de la indemnización que el asegurador está obligado a abonar al asegurado si acontece el siniestro.

- El "valor del interés asegurado" viene dado por la evaluación económica que cabe atribuir al interés que es objeto del contrato de seguro. El valor del interés asegurado puede calcularse en el momento del siniestro o fijarse convencionalmente por las partes en la póliza del seguro ("póliza estimada"). Este valor debe tenerse en cuenta para la determinación del daño ocasionado por el siniestro.

La LCS distingue con claridad entre ambos conceptos, disponiendo, por una parte, que "la suma asegurada representa el límite máximo de la indemnización a pagar por el asegurador en cada siniestro" (artículo 27), y, por otra, que "la determinación del daño" se realizará atendiendo al "valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a la realización del siniestro" (artículo 26), aunque -se añade- "las partes, de común acuerdo, podrán fijar en la póliza o con posterioridad a la celebración del contrato el valor del interés asegurado" (artículo 28).

A diferencia de la LCS, el Anteproyecto sometido a consulta no define las nociones de "suma asegurada" y "valor del interés asegurado", por más que su sentido pueda inferirse de lo dispuesto en los artículos 413 y 414. Acaso sería aconsejable una mayor claridad en este punto.

El Anteproyecto presta, sin embargo, una especial atención a la denominada "póliza estimada" como uno de los posibles métodos de determinación del valor del interés asegurado. En concreto, el artículo 414 señala que "en el seguro de buques, embarcaciones y artefactos navales, se presumirá que el valor declarado en la póliza es un valor estimado vinculante para las partes del contrato". En relación con esta previsión, son varias las consideraciones pertinentes:

b´) Desde un punto de vista sustantivo, la regulación proyectada plantea algunas dudas en relación con la forma en que debe pactarse la póliza estimada y las causas posibles de impugnación de la valoración del interés asegurado convenida por las partes:

- En primer lugar, el artículo 414 del Anteproyecto presume que el valor del interés asegurado vincula a las partes cuando haya sido estimado en la "póliza".

El vigente CCo exige igualmente que este pacto se realice en la "póliza" (artículo 752). Aunque el anteproyecto de la Ley del Contrato de Seguro Marítimo de 1996 quiso flexibilizar este criterio, previendo que la estimación del valor del interés asegurado era válida si se consignaba "en el contrato o en documento accesorio" (artículo 8), el Anteproyecto ahora remitido en consulta sólo admite la "póliza" a tales efectos (artículo 414).

Atendiendo a los términos literales de la regulación proyectada, no será posible efectuar la estimación del valor asegurado en un documento distinto de la póliza, como pudiera ser, por ejemplo, el certificado provisional de cobertura del seguro. Con ello, la regulación proyectada se aparta de la normativa general del contrato de seguro contenida en la LCS, que, de manera más abierta, prevé que dicha estimación pueda efectuarse tanto "en la póliza" como "con posterioridad a la celebración del contrato" (artículo 28, párrafo primero).

El rigor formal con que el Anteproyecto regula la póliza estimada contrasta, a juicio del Consejo de Estado, con el carácter meramente consensual otorgado al contrato de seguro marítimo (artículo 407), aunque acaso venga justificado por la trascendencia de la estimación realizada por las partes para el cálculo de la indemnización.

- En segundo término, el artículo 414 del Anteproyecto no contempla expresamente la posibilidad de prueba en contra de la presunción legal en el mismo establecida.

En la regulación actual, dicha prueba está admitida tanto en el CCo, en caso de "fraude", "malicia" o "error" (artículo 752), como en la LCS, cuando medie "violencia, intimidación o dolo", o "por error la estimación sea notablemente superior al valor real" (artículo 28, párrafo tercero).

Siguiendo este criterio común, el anteproyecto de Ley de Contrato de Seguro Marítimo de 1996 atribuyó eficacia vinculante al valor del interés estimado por las partes, "salvo dolo por parte del asegurado o cuando por error sea notablemente superior al valor del interés".

Con posterioridad, el proyecto de Ley General de la Navegación Marítima del año 2008 suprimió la mencionada salvedad, y en esta misma línea se sitúa el Anteproyecto sometido a consulta, que no especifica causa alguna de impugnación del valor estimado en la póliza. De este modo, la norma proyectada trata de incrementar -o, al menos, ese parece su propósito- la seguridad jurídica en las relaciones entre las partes del contrato de seguro marítimo en lo que se refiere a la determinación del valor asegurado.

No obstante, debe repararse en que, conforme a lo dispuesto en el artículo 385.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), "las presunciones establecidas por la ley admitirán prueba en contrario, salvo en los casos en que aquélla expresamente lo prohíba". Como quiera que el artículo 414 del Anteproyecto no prohíbe la impugnación del valor del interés estimado en la póliza, sería posible que las partes cuestionaran la estimación realizada y, además, sin limitación alguna en las causas que a tal fin podrían invocarse, creando con ello una inseguridad mayor de la que actualmente pudiera existir. Por tal razón, si el fin perseguido por el artículo 414 del Anteproyecto es el de que el valor del interés estimado en la póliza no pueda ser impugnado por los contratantes, debería añadirse in fine la locución "sin que se admita prueba en contrario".

c´) Desde un punto de vista sistemático, el artículo 414 del Anteproyecto no contiene una regulación de la póliza estimada de alcance general, para cualquier modalidad del seguro marítimo, sino tan solo para el seguro de buques, embarcaciones y artefactos navales.

Por tal razón, este precepto no debería estar ubicado en la sección 3ª del Capítulo II ("De las disposiciones comunes a los distintos tipos de seguro marítimo") sino en la sección 1ª ("Del seguro de buques") del Capítulo III ("De las disposiciones especiales de algunas clases de seguros") del Título VIII.

b) Relaciones entre "suma asegurada" y "valor del interés asegurado". El importe de la "suma asegurada" y el "valor del interés seguro" pueden o no coincidir.

En caso de que coincidan, se producirá la reparación íntegra del daño en caso de siniestro.

En el supuesto de que no coincidan, pueden plantearse dos supuestos: el "infraseguro", si la suma asegurada es inferior al valor del interés asegurado, o el "sobreseguro", si la suma asegurada es superior al valor del interés asegurado. El Anteproyecto regula ambas figuras en términos prácticamente idénticos a los de los artículos 30 y 31 de la LCS, introduciendo algunas modulaciones de escasa relevancia:

a´) Infraseguro. El artículo 413.1 del Anteproyecto, dedicado al "infraseguro", recoge literalmente el párrafo primero del artículo 30 de la LCS ("Si, en el momento de producción del siniestro, la suma asegurada es inferior al valor del interés, el asegurador indemnizará el daño causado en la misma proporción en que aquélla cubre el interés asegurado").

Bajo la vigencia del Cco, doctrina y jurisprudencia discutieron si la "regla proporcional" prevista en el párrafo primero del artículo 30 de la LCS para el supuesto de infraseguro era supletoriamente aplicable al seguro marítimo o si, por el contrario, hacía falta un acuerdo expreso de las partes contratantes en tal sentido. El Anteproyecto zanja esta cuestión de manera definitiva, trasladando dicha regla al seguro marítimo.

La regulación proyectada no prevé, sin embargo, la facultad de pacto en contrario contemplada en el párrafo segundo del artículo 30 de la LCS ("Las partes, de común acuerdo, podrán excluir en la póliza o con posterioridad a la celebración del contrato la aplicación de la regla proporcional prevista en el párrafo anterior"), probablemente porque el carácter dispositivo de las normas reguladoras del seguro marítimo (artículo 407 de la LCS) siempre permitirá a los contratantes la exclusión de dicha regla.

b´) Sobreseguro. Los artículos 413.2 y 3 del Anteproyecto regulan el "sobreseguro" de manera muy similar al artículo 31 de la LCS. Únicamente se aprecian dos cambios menores respecto a la normativa general del contrato de seguro:

- El primero, que cualquiera de las partes podrá exigir la reducción de la suma y de la prima cuando aquélla supere el valor del interés asegurado (artículo 413.2 del Anteproyecto), sin necesidad de que la suma asegurada exceda "notablemente" de dicho valor (artículo 31, párrafo primero, de la LCS).

- El segundo, que el contrato será "nulo" cuando el sobreseguro se debiera a "mala fe del tomador o del asegurado" (artículo 413.3 del Anteproyecto), y no simplemente "ineficaz" por la "mala fe del asegurado" (artículo 31, párrafo segundo, de la LCS).

A la vista de las consideraciones realizadas, puede afirmarse que las modulaciones que el Anteproyecto introduce respecto a la LCS en materia de "infraseguro" y "sobreseguro" no constituyen auténticas especialidades.

c) Concurrencia de varios seguros ("seguro múltiple") o varios aseguradores ("coaseguro"). En la práctica aseguradora y, en particular, en el ramo de los grandes riesgos al que pertenecen los seguros marítimos, es frecuente que concurran varios seguros o varios aseguradores en la cobertura del mismo riesgo e interés por el mismo período de tiempo.

La regulación proyectada es, en este punto, tributaria de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la LCS, que se reproducen en el Anteproyecto con las siguientes -en este caso sí- especialidades:

a´) Seguro múltiple. De acuerdo con el texto sometido a consulta, el seguro marítimo múltiple no tendrá que ser concertado por el mismo tomador (artículo 415.1 del Anteproyecto), como sucede en la normativa general del contrato de seguro (artículo 32 de la LCS).

Precisamente, la exposición de motivos del Anteproyecto destaca, como una de las novedades de la nueva regulación, que "la validez del seguro múltiple no depende de que venga concertado por un mismo tomador" (apartado IX). No existe -a juicio del Consejo de Estado- razón dogmática alguna que se oponga a esta solución, basada en consideraciones de orden práctico.

b´) Coaseguro. En el coaseguro marítimo, la regulación proyectada reconoce que el "asegurador abridor del seguro" -esto es, el designado en la póliza o, en su defecto, el de mayor cuota en el seguro- está legitimado activamente para la defensa de los intereses de los coaseguradores (artículos 416.2 y 3).

En palabras de la exposición de motivos, el Anteproyecto "establece de forma clara la plena legitimación procesal del cabezalero o abridor de la póliza para actuar activa o pasivamente por cuenta de los coaseguradores" (apartado IX).

Esta legitimación ha sido reconocida, al amparo de la LCS, por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencias de la Sala 1ª de lo Civil núm. 1128/2007, de 31 de octubre, F.D. 3º; y 613/2009, de 21 de septiembre, F.D. 2º).

El texto sometido a consulta se limita, por tanto, a recoger este criterio jurisprudencial.

C) Riesgos de la navegación

Los riesgos cubiertos y excluidos del seguro marítimo se encuentran contemplados en la sección 3ª del Capítulo II del Título VIII del Anteproyecto (artículos 417 a 420), bajo la rúbrica "De los riesgos de la navegación".

No obstante, en la sección 4ª del Capítulo II del Anteproyecto se contiene también una importante previsión en la materia, concretamente en su artículo 422, que condiciona la validez del contrato de seguro marítimo a la existencia de riesgo en el momento de su celebración.

Sin perjuicio de que, por razones sistemáticas, sería preferible que el artículo 422 del Anteproyecto se ubicase en la sección 3ª del Capítulo II, el análisis de su contenido debe abordarse ahora, conjuntamente con el de los artículos 417 a 420.

De este modo, se examinan a continuación, en primer lugar, el requisito de la existencia del riesgo como presupuesto condicionante de la validez del contrato; en segundo término, los riesgos cubiertos por el seguro marítimo; y, por último, los riesgos excluidos de su cobertura de este contrato.

La importancia de estas cuestiones exige su tratamiento autónomo:

a) Existencia del riesgo. Para la validez del contrato de seguro marítimo, el riesgo cubierto debe existir en el momento de su celebración. Por tal razón, el artículo 422.1 del Anteproyecto prevé, en su inciso primero, la nulidad del contrato de seguro "celebrado con posterioridad al siniestro o cesación del riesgo", "siempre que algunas de las partes conociese tal circunstancia".

El conocimiento de dicha circunstancia se presume -según la regulación proyectada- "en el caso de que la noticia de la misma fuera de público conocimiento en el lugar donde se celebró el contrato o en el que residen el asegurador o tomador" (artículo 422.1, inciso segundo). Sin embargo, dicha presunción no resultará de aplicación al contrato celebrado sobre buenas o malas noticias, que sólo será nulo -dice el Anteproyecto- "cuando se demuestre que el tomador conocía el siniestro o el asegurador la cesación del riesgo" (artículo 422.2).

La validez de los contratos celebrados con posterioridad al siniestro o a la cesación del riesgo se hace así depender -tal y como explica de la exposición de motivos del Anteproyecto- del "estado subjetivo de conocimiento que de todo ello tengan las partes" (apartado IX).

UNESPA ha observado que, si el contrato de seguro marítimo ha sido celebrado con posterioridad al siniestro o la cesación del riesgo, carece de todo fundamento que se condicione su nulidad a que "alguna de las partes conociese dichas circunstancias" y que se establezca una presunción legal de conocimiento de las mismas, habida cuenta del desarrollo actual de los medios de comunicación; por la misma razón, considera injustificado el mantenimiento del contrato "sobre buenas o malas noticias". En consecuencia, esta asociación propone que el artículo 422 del Anteproyecto se limite a prever en todo caso la nulidad de los contratos celebrados con posterioridad al siniestro o la cesación del riesgo, con independencia de que alguna de las partes conociese tales eventualidades.

En realidad, el tenor actual del artículo 422 del Anteproyecto recoge una especialidad del seguro marítimo que, en su origen histórico, estuvo justificada en el precario desarrollo de las comunicaciones, que impedía un conocimiento inmediato de los siniestros ocurridos en el mar. En el Derecho marítimo, la cobertura del denominado "riesgo putativo" - entendiendo como tal aquel que sólo existe en la conciencia de las partes, bien porque ya se ha producido el siniestro bien porque se ha producido el feliz arribo del buque a puerto- ha venido siendo considerada válida cuando ninguno de los contratantes conoce que el riesgo realmente ya no existe. En tal sentido, los todavía vigentes artículos 784 y 785 del Cco condicionan la nulidad de los contratos de seguro celebrados con posterioridad al siniestro o la cesación del riesgo o de los contratos de seguros sobre buenas o malas noticias a que alguna de las partes conociese tales circunstancias.

En cambio, los contratos de seguro terrestre son siempre nulos en caso de inexistencia de riesgo, aun el supuesto de que ninguna de las partes conociera la ausencia de este requisito esencial. El artículo 4 de la LCS dispone, en tal sentido, que "el contrato de seguro será nulo, salvo en los casos previstos por la Ley, si en el momento de su conclusión no existía el riesgo o había ocurrido el siniestro".

El artículo 422 del Anteproyecto ha decidido mantener una especialidad histórica del seguro marítimo, cuya justificación, dado el actual desarrollo de las comunicaciones, no resulta tan evidente como en el pasado. Sin embargo, teniendo en cuenta que la legislación comparada sigue contemplando el denominado "riesgo putativo" (cláusula 11.2 de las Institute Cargo Clauses de 1982, aprobadas en el marco de la Marine Insurance Act inglesa de 1906; artículos 8 y 9 de la Loi sur assurances maritimes francesa de 1967; y artículo 514 del Codice della Navigazione italiano de 1942) y que la regulación española del seguro marítimo no es imperativa para las partes contratantes, nada cabe objetar al mantenimiento del artículo 422 del Anteproyecto en sus actuales términos.

b) Riesgos cubiertos. El artículo 417 del Anteproyecto dispone que el asegurador indemnizará al asegurado, "en los términos fijados en el contrato", por los daños que sufra el interés asegurado como consecuencia de los "riesgos de la navegación".

En esta previsión se acoge el "principio de universalidad del riesgo", de forma que cualesquiera riesgos asociados a la navegación pueden ser objeto de cobertura. Este mismo criterio inspira el vigente artículo 755.14º del Cco ("cualesquiera otros accidentes o riesgos de mar") y la legislación comparada ("toute fortune de mer", según el artículo 15 de la Loi sur assurances maritimes de 1967; "every lawful marine adventure", según la Marine Insurance Act inglesa de 1906; "in genere per tutti gli accidenti della navigazione", según el artículo 521 del Codice della Navigazione italiano de 1942)

Sin perjuicio de ello y de conformidad con la naturaleza dispositiva del régimen jurídico del seguro marítimo, las partes podrán optar por el aseguramiento de cualesquiera riesgos de la navegación que afecten al interés asegurado ("principio de universalidad del riesgo") o sólo de algunos ("principio de especialidad del riesgo"). De hecho, en la práctica negocial suele seguirse, según la naturaleza del interés asegurado, uno u otro criterio: así, las Institute Time Hull Clauses, aplicables a los seguros de buques, responden al principio de especialidad del riesgo; en cambio, las Institute Cargo Clauses, diseñadas para el seguro de las mercancías, asumen el principio de universalidad del riesgo.

c) Riesgos excluidos. La regulación proyectada excluye de la cobertura del seguro marítimo una serie de riesgos que podrían calificarse de extraordinarios (artículo 418), así como los ocasionados por dolo y culpa grave del asegurado y sus dependientes (artículo 419) o los provenientes de vicio propio o naturaleza intrínseca del objeto asegurado o del desgaste o uso natural (artículo 420).

Son tres, por tanto, los supuestos de exclusión contemplados por el Anteproyecto:

a´) Riesgos extraordinarios. El artículo 418 del Anteproyecto excluye una serie de "riesgos extraordinarios" con carácter numerus clausus.

La exclusión de determinados "riesgos extraordinarios" de la cobertura del seguro marítimo es habitual en modelos-tipo de póliza de seguro marítimo utilizados por los aseguradores ingleses (así, por ejemplo, en las Institute Time Hull Clauses y las Institute Cargo Clauses).

El aseguramiento de tales riesgos se realiza, en su caso, a través de la contratación de pólizas especiales que tienen sus propios clausulados normalizados: en tal sentido, puede mencionarse, entre otras, las Institute War Clauses para el riesgo de guerra y las Institute Strike Clauses para el riesgo de huelga.

La enumeración en el artículo 418 de los riesgos extraordinarios excluidos se encuentra así en línea con una práctica común en el aseguramiento internacional.

Sin embargo, conviene advertir que la exclusión de los riesgos extraordinarios de la cobertura del seguro contemplada en el artículo 418 no es imperativa, por lo que las partes podrán acordar que algunos de estos riesgos queden incluidos en la cobertura del seguro. A falta de pacto en contrario, los riesgos extraordinarios contemplados en el artículo 418 quedarán excluidos de la cobertura del seguro. En tal sentido se pronuncia la memoria del análisis de impacto normativo ("La delimitación de los riesgos asegurados se confía a la autonomía de las partes. Sin embargo, recogiendo los usos habituales, se precisa la exclusión, salvo pacto en contrario, de los riesgos extraordinarios de carácter bélico y asimilado)" y la exposición de motivos del Anteproyecto ("Los riesgos asegurados se delimitan por vía de pacto. Salvo acuerdo en contrario no cubren los extraordinarios bélicos y asimilables" -apartado IX-).

Como única observación, cabría sugerir que "las huelgas y los cierres patronales", por su reconocimiento constitucional -en el caso de la huelga como derecho fundamental-, no se ubicaran en el apartado c) del artículo 418 junto a determinados actos de connotación ilícita como la "piratería", "el motín" y "las situaciones de alteración del orden público".

b´) Daños ocasionados por dolo y culpa grave del asegurado y sus dependientes. El artículo 419 del Anteproyecto excluye de la cobertura del seguro marítimo los daños ocasionados por "dolo y culpa del asegurado y sus dependientes" en determinados casos.

En concreto, se excluye la responsabilidad del asegurador cuando el siniestro traiga causa de actos dolosos o culposos tanto del asegurado como de los dependientes de éste que desempeñen en tierra funciones de gerencia o dirección de las que dependa el estado de conservación o mantenimiento del objeto asegurado. No obstante, existe responsabilidad del asegurador si el siniestro ha sido ocasionado por los demás dependientes del asegurado.

1. La exclusión de la responsabilidad del asegurador por actos dolosos o culposos del asegurado se prevé en el artículo 419.1 del Anteproyecto:

"El asegurador no responde -dice este precepto- de los daños causados al interés asegurado por dolo del asegurado. Tampoco responderá por culpa grave del asegurado, en cuyo caso quedará al menos un diez por ciento a cargo del asegurado".

Esta previsión se encuentra formulada, especialmente en su inciso segundo, en términos muy deficientes.

El actual artículo 419.1 del Anteproyecto se contemplaba en el proyecto de Ley del año 2008 con una redacción diferente:

"El asegurador no responde -decía el proyecto- de los daños causados al interés asegurado por dolo del asegurado. Tampoco responderá por culpa grave del asegurado, salvo pacto en contrario, en cuyo caso quedará al menos un diez por ciento a cargo del asegurado".

De acuerdo con esta regulación, la exclusión de la responsabilidad del asegurador era imperativa en caso de "dolo" del asegurado y dispositiva en el supuesto de "culpa grave" del asegurado: por tanto, si mediaba culpa grave del asegurado, el asegurador no respondía de los daños derivados del siniestro, salvo que las partes acordasen lo contrario y con el límite imperativo de que "al menos un diez por ciento" de tales daños debían ser asumidos por el asegurado.

En el Anteproyecto remitido en consulta se ha suprimido, en el inciso segundo del artículo 419.1 del Anteproyecto, la expresión "salvo pacto en contrario", seguramente por considerarla innecesaria dado el carácter dispositivo de la regulación del seguro marítimo reconocido por el artículo 407.

Cabe recordar que, de conformidad con el artículo 407, los preceptos integrantes del Título VIII del Anteproyecto -dedicado al seguro marítimo- son dispositivos, salvo que en ellos se establezca expresamente lo contrario. La memoria del análisis de impacto normativo atribuye carácter imperativo a tan solo cuatro preceptos (artículos 406.2, 425.3, 426 y 464). La técnica normativa elegida para identificar los artículos que ostentan carácter imperativo, dentro de la regulación del seguro marítimo, consiste en precisar que su contenido no admite pacto en contrario o declarar la invalidez de tales pactos.

Pues bien, dado que la memoria no menciona el artículo 419.1 entre los preceptos imperativos del Anteproyecto y que en este artículo no se prohíbe ni declara inválido el pacto en contrario, habría que entender que la exclusión de responsabilidad del asegurador es dispositiva tanto en caso de "dolo" como de "culpa grave" del asegurado.

Contrariamente, sin embargo, la exposición de motivos del Anteproyecto viene a sugerir que la exclusión de la responsabilidad del asegurador sigue siendo imperativa si concurre dolo y dispositiva si media culpa grave del asegurado: en tal sentido, se afirma en su apartado IX que el seguro marítimo "no cubre la culpa del asegurado", "salvo acuerdo en contrario", y que "el dolo nunca queda cubierto".

A la vista de esta contradicción, resulta inexcusable que el Anteproyecto aclare, por una parte, si la exclusión de la responsabilidad del asegurador en caso de dolo del asegurado es derecho dispositivo o imperativo, y, por otra, si el límite del diez por ciento del daño a cargo del asegurado es imperativo o debe desaparecer.

Existen en este punto varias alternativas regulatorias:

- La primera de ellas sería que la exclusión de la responsabilidad del asegurador fuese imperativa si concurre dolo y dispositiva si media culpa grave del asegurado, con el límite imperativo, en este segundo caso, del diez por ciento del daño que siempre debe correr a cargo del asegurado. En esta hipótesis, la redacción del precepto debería ser:

"El asegurador no responde de los daños causados al interés asegurado por dolo del asegurado, sin que valga pacto en contrario. Tampoco responderá por culpa grave del asegurado, pero, si las partes acordasen lo contrario, quedará al menos un diez por ciento del daño a cargo del asegurado. Este mínimo del diez por ciento es indisponible para las partes".

- La segunda sería que la exclusión de la responsabilidad del asegurador fuese dispositiva tanto en caso de dolo como de culpa grave del asegurado, con el límite imperativo del diez por ciento del daño a cargo del asegurado, que debería aplicarse en ambos supuestos, sin perjuicio de que pudiera pensarse en establecer uno superior para el dolo. En esta hipótesis, la redacción del precepto debería ser:

"El asegurador no responde de los daños causados al interés asegurado por dolo y culpa grave del asegurado, pero, si las partes acordasen lo contrario, quedará al menos un diez por ciento a cargo del asegurado. Este mínimo del diez por ciento es indisponible para las partes".

- La tercera sería que la exclusión de la responsabilidad del asegurador fuese dispositiva tanto en caso de dolo como de culpa grave del asegurado, sin límite imperativo alguno a la facultad de disposición de las partes. En esta hipótesis, la redacción del precepto debería ser:

"El asegurador no responde de los daños causados al interés asegurado por dolo y culpa grave del asegurado".

2. La exclusión de la responsabilidad del asegurador por los daños ocasionados por dependientes del asegurado que desempeñen en tierra funciones de gerencia o dirección de las que dependa el estado de conservación o de mantenimiento del objeto asegurado se prevé en el artículo 419.3 del Anteproyecto:

"A efectos de este artículo, se asimilará a la culpa grave del asegurado -según este precepto- la de aquellos de sus dependientes que desempeñen en tierra funciones de gerencia o dirección de las que dependa el estado de conservación o de mantenimiento del objeto asegurado".

La asimilación de la culpa grave de los dependientes terrestres en funciones de gerencia o dirección a la culpa grave del asegurado encierra, en realidad, una remisión a lo dispuesto en el artículo 419.1 del Anteproyecto que admite diversas interpretaciones:

- La primera interpretación sería entender que la responsabilidad del asegurador queda excluida en caso de culpa grave de los dependientes terrestres del asegurado en funciones de gerencia o dirección, al igual que sucede, de conformidad con el artículo 419.1, cuando los daños han sido ocasionados por culpa grave del asegurado.

No parece que esta hipótesis sea admisible, pues si la responsabilidad del asegurador queda excluida en caso de culpa grave de los dependientes terrestres del asegurado en funciones de gerencia o dirección, con mayor razón debe estarlo si éstos han actuado dolosamente.

- La segunda interpretación sería considerar que la responsabilidad del asegurador por daños ocasionados por dolo o culpa grave de los dependientes terrestres del asegurado en funciones de gerencia o dirección se regirá por los mismos criterios establecidos en el artículo 419.1 para el caso de culpa grave del asegurado.

De ser éste -como parece- el entendimiento correcto del artículo 419.3, resultaría muy aconsejable que su tenor fuese reformulado, sustituyéndose la "asimilación" actualmente prevista en el precepto por una simple "remisión" al artículo 419.1. En tal sentido, el artículo 419.3, una vez renumerado como artículo 419.2, debería redactarse de este modo:

"La responsabilidad del asegurador por los daños ocasionados con dolo o culpa grave por los dependientes del asegurado que desempeñen en tierra funciones de gerencia o dirección de las que dependa el estado de conservación o de mantenimiento del objeto asegurado se regirá por los criterios previstos en el apartado 1 para el supuesto de culpa grave del asegurado".

? La responsabilidad del asegurador por los daños ocasionados con dolo o culpa por los demás dependientes del asegurado, que no sean dependientes terrestres en función de gerencia o dirección, se afirma en el artículo 419.2 del Anteproyecto:

"El asegurador responderá -dice este precepto- de los siniestros causados por dolo o culpa de los dependientes del asegurado".

El Anteproyecto no excluye la responsabilidad del asegurador en este caso. El precepto en cuestión está pensando fundamentalmente en los dependientes náuticos del asegurado, cuyos actos culposos e incluso dolosos suelen ser, en la mayor parte de las ocasiones, la causa de los siniestros marítimos. La exclusión de la responsabilidad en tales supuestos privaría de sentido al seguro marítimo, de ahí que el Anteproyecto opte de manera correcta por su inclusión dentro de la cobertura.

En todo caso, para distinguir mejor este supuesto del anteriormente examinado, el artículo 419.2, una vez renumerado como artículo 419.3, debería quedar redactado así:

"El asegurador responderá de los siniestros causados por dolo o culpa de los demás dependientes del asegurado".

c´) Daños derivados de vicio propio del objeto asegurado. El Anteproyecto excluye de la cobertura del seguro marítimo los daños provenientes de un vicio propio o de la naturaleza intrínseca del objeto asegurado o del uso o desgaste natural (artículo 420), con alguna matización para el supuesto particular del seguro de buques (artículo 455).

La exclusión de estos riesgos es dispositiva, de forma, que a falta de pacto en contrario, quedan fuera de la cobertura del seguro. En tal sentido, la exposición de motivos del Anteproyecto afirma que, "salvo acuerdo en contrario", el seguro marítimo no cubre "el vicio propio" y el "desgaste natural" de la cosa asegurada.

La regulación proyectada no suscita en este punto controversia alguna.

C) Formales

El vigente artículo 737 del Cco configura el seguro marítimo como un contrato formal, cuya validez se encuentra supeditada a que conste por escrito en la correspondiente póliza:

"Para ser válido el contrato de seguro marítimo -dispone este precepto-, habrá de constar por escrito en póliza firmada por los contratantes. Esta póliza se extenderá y firmará por duplicado, reservándose un ejemplar para cada una de las partes contratantes".

Esta previsión se encuentra, sin embargo, muy alejada de los usos negociales propios de la navegación. En el moderno comercio marítimo internacional, caracterizado por una extraordinaria celeridad en el tránsito de mercancías, la contratación del seguro se produce frecuentemente sin necesidad de su formalización por escrito en una póliza. En ocasiones, esta póliza ni siquiera llega a emitirse, siendo sustituida por un documento de cobertura que el asegurador entrega al tomador del seguro, a efectos meramente probatorios, con posterioridad al inicio de la cobertura.

El Anteproyecto sometido a consulta se aparta del criterio formal del artículo 737 del Cco y, de acuerdo con las prácticas habituales en el sector, conceptúa el seguro marítimo como un contrato de naturaleza consensual, que se perfecciona por el mero consentimiento de las partes contratantes, "sin sujeción -como dice el artículo 407- a forma determinada alguna".

En todo caso, el Anteproyecto cohonesta esta libertad de forma con la obligación del asegurador de entregar al asegurado el documento que pruebe la existencia de la cobertura del riesgo. En tal sentido, el artículo 421 señala:

"El asegurador está obligado a entregar al tomador la póliza o el documento o certificado provisional de cobertura. Antes de que estos documentos sean entregados, el contrato puede ser probado por cualquier medio que demuestre la aceptación de la cobertura por el asegurador".

De acuerdo con esta previsión, la formalización del seguro marítimo en documento escrito -certificado provisional, póliza o cualquier otro- no constituye un requisito ad solemnitatem para la validez del contrato. La obligación de entrega de dicho documento se impone al asegurador con efectos ad probationem, es decir, para facilitar al asegurado la prueba de que la cobertura existe, aunque esta -como aclara expresamente el Anteproyecto- podrá acreditarse "por cualquier medio".

En este momento, cabe recordar que, al analizarse el carácter dispositivo de las normas reguladoras del seguro marítimo, se objetó que el artículo 407 del Anteproyecto contemplara de manera conjunta la libertad de pactos -autonomía de la voluntad de las partes en la determinación del contenido del contrato- y la libertad de forma -perfección del contrato por el mero consentimiento de las partes contratantes- en la contratación del seguro marítimo, por cuanto se trata de cuestiones diferentes, y se sugirió que una y otra debían ser reguladas en preceptos independientes o, cuando menos, en apartados distintos del mismo artículo 407, siempre y cuando se modificase su rúbrica actual, que únicamente menciona la libertad de pactos, para hacerla extensiva al carácter consensual o libertad de forma en esta materia.

A lo dicho entonces cabe ahora añadir que la estrecha conexión entre los referidos artículos 407 y 421 debería quedar reflejada en el Anteproyecto. De este modo, de optarse por regular de forma conjunta la libertad de pactos y la libertad de forma del contrato de seguro marítimo en el mismo artículo 407 -tal y como está previsto actualmente-, debería suprimirse la locución final "sin sujeción a forma determinada alguna" y añadirse un apartado 2 que se expresase en los siguientes o similares términos:

"La válida celebración del contrato de seguro marítimo no exigirá la sujeción a forma determinada alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 421".

6. Contenido del contrato de seguro marítimo

6.1. Obligaciones del asegurado y tomador

En el contrato de seguro marítimo, el tomador o asegurado está obligado a declarar el riesgo al asegurador antes de la conclusión del contrato y comunicarle su agravación en el curso de su ejecución (A), a pagar la prima al asegurador (B), a comunicar el siniestro al asegurador en el plazo legalmente establecido (C) y a evitar o aminorar el daño ocasionado por el siniestro (D).

A) Obligación de declarar el riesgo al asegurador antes de la conclusión del contrato y de comunicarle su agravación en el curso de su ejecución

En la normativa vigente, ambas obligaciones están contempladas en la regulación general del contrato de seguro contenida en la LCS, pero no en el régimen específico del seguro marítimo establecido por el Cco.

Los artículos 423 y 424 del Anteproyecto sometido a consulta recogen tales obligaciones y prevén los efectos de la inexactitud o reticencia del asegurado en su declaración:

(i) Contenido de las obligaciones. La regulación de estas obligaciones es la siguiente:

? Obligación del tomador de declarar el riesgo al asegurador antes de la celebración del contrato de seguro. Actualmente está prevista en el artículo 10 de la LCS, que, en su párrafo primero, dispone que "el tomador del seguro tiene el deber, antes de la conclusión del contrato, de declarar al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo".

En la medida en que el tomador está obligado a responder el cuestionario que le presente el asegurador, la doctrina científica ha considerado que el artículo 10 de la LCS impone un deber meramente "pasivo" o "negativo" de declaración del riesgo.

El artículo 10 de la LCS ha venido siendo aplicado al contrato de seguro marítimo, habida cuenta de que las previsiones del Cco dedicadas a esta figura no prevén la obligación del tomador de declarar el riesgo antes de la conclusión del contrato.

Sin embargo, este deber "pasivo" de declarar el riesgo contemplado en el artículo 10 de la LCS no se adecua de manera suficiente a las peculiaridades del tráfico marítimo, en el que -como señala la memoria del análisis de impacto normativo del Anteproyecto- "no es posible técnicamente prever un cuestionario que recoja las tan diversas circunstancias que pueden afectar a la estimación del riesgo y el asegurado es capaz de valorar profesionalmente dichas circunstancias incluso mejor que el asegurador".

De acuerdo con ello, el artículo 423.1 del Anteproyecto impone al tomador un deber "activo" o "positivo" de declarar, antes de la conclusión del contrato, "todas las circunstancias que conozca, o que razonablemente deba de conocer, que puedan influir sensiblemente en la apreciación del riesgo de un asegurador prudente".

Este deber "activo" o "positivo" únicamente es exigible si el tomador o asegurado por cuenta de quien actúa tiene la condición de empresario o profesional, pero no -tal y como explica la memoria- cuando se trata de particulares que contratan seguros obligatorios de embarcaciones dedicadas al deporte o recreo, los cuales se seguirán rigiendo por lo dispuesto en el artículo 10 de la LCS, en virtud de la remisión contenida en el artículo 406.2 de la LCS.

En estos términos, la novedad introducida por el Anteproyecto se encuentra, a juicio del Consejo de Estado, justificada en la naturaleza de la materia regulada.

? Obligación de comunicar la agravación del riesgo en el curso de la ejecución del contrato. En la normativa vigente, esta obligación se encuentra contemplada en el artículo 11 de la LCS, conforme al cual "el tomador del seguro o el asegurado deberán, en el curso del contrato, comunicar al asegurado, tan pronto como le sea posible, todas las circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal naturaleza que si hubieran sido conocidas por éste en el momento de perfección del contrato no lo habría concluido en condiciones más gravosas".

El artículo 423.1 del Anteproyecto recoge a la letra lo dispuesto en el precepto transcrito, que ya es actualmente aplicable al ámbito del seguro marítimo en virtud de la supletoriedad de la LCS, máxime cuando no existe incompatibilidad entre el contenido de la obligación expuesta y los caracteres propios del seguro marítimo.

Por tanto, la regulación proyectada no introduce en este punto un cambio sustantivo respecto a la normativa vigente.

(ii) Efectos de la inexactitud o reticencia. El artículo 424 del Anteproyecto regula las consecuencias de "la declaración incompleta o inexacta de las circunstancias a que se refiere el artículo anterior", es decir, del riesgo existente en el momento de conclusión del contrato (artículo 423.1) o de la agravación del mismo que pudiera producirse en el curso de la ejecución del contrato (artículo 423.2).

Tales consecuencias serán, en caso de declaración incompleta o inexacta, las dos siguientes:

? La primera, que el asegurador tiene derecho a resolver el contrato en el plazo de un mes, desde el conocimiento de la reserva o inexactitud, y a hacer suyas las primas relativas al período en curso en el momento de resolución (artículo 424.1).

? La segunda, que, si el siniestro se produce antes de que el asegurador llegue al conocimiento de la reticencia o inexactitud, o antes de que transcurra el plazo de un mes desde su conocimiento, se producirá una reducción en la prestación del asegurador, proporcional a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la entidad del riesgo, o incluso su exoneración, si medió dolo o culpa grave del tomador o asegurado (artículo 424.2).

En este punto, el Anteproyecto se inspira en buena medida en lo ya establecido con carácter general por la LCS para el incumplimiento de las obligaciones de declarar el riesgo existente antes de la conclusión del contrato (artículo 10, párrafos segundo y tercero) y la agravación del mismo que pudiera manifestarse en un momento ulterior (artículo 12).

No obstante, la regulación proyectada presenta -en apariencia- una novedad importante en el supuesto particular de agravación del riesgo: la LCS contempla el derecho del asegurador a resolver el contrato desde el mismo momento en que tenga conocimiento de dicha agravación, incluso aunque la declaración realizada por el tomador o asegurado sea completa y exacta (artículo 12); el Anteproyecto, en cambio, sólo reconoce al asegurador ese derecho de resolución en caso de que la declaración sea incompleta o inexacta (artículo 424.1).

Dado el carácter supletorio de la LCS, se plantea la duda -que convendría despejar para evitar controversias interpretativas- de si el Anteproyecto realmente ha querido introducir una especialidad en el seguro marítimo, respecto de la regulación general del contrato de seguro, consistente en que el derecho de resolución del asegurador quede circunscrito al solo y exclusivo supuesto de que la declaración del riesgo sea incompleta o inexacta.

A juicio del Consejo de Estado, la agravación del riesgo, al menos cuando es significativa, constituye un hecho que por sí solo -esto es, sin necesidad de que la comunicación realizada al asegurador por el tomador o asegurado sea incompleta o inexacta- debería facultar al asegurador para la resolución del contrato de seguro marítimo, dado que dicha circunstancia altera la base del negocio jurídico celebrado por las partes.

B) Obligación de pago de la prima al asegurador

El artículo 425 del Anteproyecto regula esta obligación, estableciendo las condiciones de pago de la prima y los efectos que se derivarían de un posible impago:

(i) Condiciones de pago de la prima: en particular, momento y lugar del pago. En la normativa vigente, la determinación del "lugar, tiempo y forma de pago" de la prima del seguro marítimo se remite a lo pactado por las partes en la póliza (artículo 738.13ª del Cco).

El artículo 14 de la LCS establece, en cambio, una regulación mínima de estas cuestiones:

"El tomador del seguro -dice este precepto- está obligado al pago de la prima en las condiciones estipuladas en la póliza. Si se han pactado primas periódicas, la primera de ellas será exigible una vez firmado el contrato. Si en la póliza no se determina ningún lugar para el pago de la prima, se entenderá que ha de hacerse en el domicilio del tomador del seguro".

El artículo 425.1 del Anteproyecto reproduce literalmente lo dispuesto en el artículo 14 de la LCS, con un solo cambio: en el contrato de seguro marítimo, las condiciones de pago pueden estar contempladas -según el primer inciso del artículo 425.1- "en la póliza o el certificado" y no solo en la póliza, en coherencia con la libertad de forma consagrada en el artículo 407. Cabe observar, sin embargo, que el tercer inciso del propio artículo 425.1 menciona la "póliza" como único documento idóneo a efectos de determinar el lugar de pago de la prima: considera el Consejo de Estado que, si el Anteproyecto prevé que las condiciones de pago del seguro marítimo pueden pactarse en "la póliza o el certificado", no existe razón alguna para que el "lugar de pago" -que es una más de tales condiciones- sólo pueda consignarse en la póliza.

Por otra parte, la regla contenida en el segundo inciso del artículo 425.1 del Anteproyecto ("Si se han pactado primas periódicas, la primera de ellas será exigible una vez firmado el contrato") debiera extenderse al supuesto de fraccionamiento de la prima. Bajo la vigencia del Cco, la doctrina científica discutió -con voces autorizadas a favor y en contra- si el fraccionamiento de la prima en el seguro marítimo se encontraba admitido, en decir, si regía o no el principio de indivisibilidad de la prima. El texto sometido a consulta zanja ese debate, admitiendo el fraccionamiento de la prima (artículo 425.2, ab initio). Siendo así, el momento de pago de la primera fracción de la prima debería ser el mismo que el de la primera de las primas periódicas.

(ii) Efectos de la falta de pago de la prima. En la normativa actual, las consecuencias del incumplimiento de la obligación de pago de la prima se encuentran establecidas con carácter general en el artículo 15 de la LCS, pero no se contiene ninguna previsión al respecto en la regulación dedicada por el Cco al seguro marítimo.

El Anteproyecto cubre este vacío, determinando los efectos del impago de la prima así en general como en relación con el seguro de mercancías:

? Régimen general del impago de la prima. El artículo 425.2 del texto sometido a consulta dispone:

"La falta de pago de la prima o de alguna de las fracciones de la prima permite al asegurador resolver el contrato o suspender sus efectos hasta que se abone. La resolución o suspensión se producirá un mes después de que el tomador haya sido requerido al pago de la prima. Sin embargo, tratándose de falta de pago de la prima única o de la primera fracción de prima, el asegurador no responde de los siniestros acaecidos antes del pago, aunque todavía no haya mediado requerimiento de pago".

Este precepto regula de manera conjunta las dos consecuencias que pueden derivarse del impago de la primera y son, por una parte, el derecho del asegurador a la resolución del contrato o la suspensión de sus efectos, y, por otra, la exoneración del asegurador en caso de siniestro.

La regulación proyectada sugiere las siguientes observaciones:

? En primer lugar, el derecho del asegurador a la resolución del contrato o la suspensión de sus efectos no se contempla en el supuesto de impago de las primas periódicas, que, sin embargo, también debería recogerse en el Anteproyecto, mediante el reconocimiento de dicho derecho, con sus diferentes particularidades, en caso de "falta de pago de la prima única o de alguna de las fracciones de la prima o de las primas periódicas" (inciso primero del artículo 425.2) o de "falta de pago de la prima única, de la primera fracción de prima o de la primera prima periódica" (inciso tercero del artículo 425.2).

? En segundo término, los requisitos para la resolución o suspensión del contrato en caso de impago de la prima se regulan en el artículo 425.2 del Anteproyecto con cierta confusión.

Este precepto prevé, en sus incisos primero y segundo, que la resolución o suspensión del contrato "por falta de pago de la prima o de alguna de sus fracciones" se producirá un mes después de que el tomador haya sido requerido para el pago, pero añade, en su inciso tercero, que, tratándose de la "falta de pago de la prima única o de la primera fracción de la prima", el asegurador no responde de los siniestros acaecidos antes del pago, aunque todavía no haya mediado requerimiento de pago.

El inciso tercero del artículo 425.2 está gramaticalmente formulado como una modulación o variante del régimen general del derecho de resolución o suspensión del contrato contenido en el inciso segundo ("Sin embargo", comienza diciendo).

En realidad, este tercer inciso prevé una regla especial de suspensión del contrato por impago de la prima única o primera fracción, distinta de la general contenida en el inciso segundo, de forma que el asegurador no responderá de los siniestros acaecidos antes del pago, sin necesidad de cumplir los requisitos establecidos en el inciso segundo (requerimiento de pago y transcurso del plazo de un mes). En relación con una regla idéntica, contenida en el artículo 15.1 de la LCS, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado "que, en dicha situación de impago de la primera prima o de la prima única, el contrato de seguro está en suspenso y el asegurado carece de derecho a reclamar la indemnización" (sentencias de 14 de abril de 1993, 14 de marzo de 1994 y 7 de abril de 1994, RJ 1994/2730).

No se aclara, sin embargo, cuál es el régimen de resolución del contrato de seguro en caso de impago de la prima única o primera fracción de la prima. El propósito del Anteproyecto parece ser el del que la resolución surta efectos desde el mismo momento en que el asegurador ejercite este derecho, sin necesidad de cumplir los requisitos establecidos en el inciso segundo (requerimiento de pago y transcurso del plazo de un mes), como ya viene estableciendo el artículo 15.1 de la LCS. De ser así, la regulación proyectada debería expresarse con mayor claridad.

? Régimen específico del impago de la prima en el seguro de mercancías. El artículo 425.3 del Anteproyecto contiene una previsión especial aplicable a la falta de pago de la prima del seguro de mercancías: según este precepto, el impago de la prima "no será oponible al comprador de las mercancías de buena fe a quien se haya entregado dicho certificado, sin que valga pacto en contrario". Se trata, por tanto, de una de las pocas disposiciones imperativas contenidas en la proyectada regulación del seguro marítimo.

En el trámite de audiencia, UNESPA se ha opuesto al mantenimiento de este precepto, aduciendo que los aseguradores, para gestionar de forma eficiente las solicitudes de aseguramiento recibidas en más de una ocasión con carácter de urgencia, emiten frecuentemente los certificados de cobertura antes de haber cobrado la prima, por lo que - concluye la mencionada asociación- no está justificado que aquellos asuman las consecuencias del siniestro en caso de impago de la prima.

A juicio del Consejo de Estado, la solución recogida en el Anteproyecto obedece a las particularidades propias del tráfico internacional de mercancías y, en especial, a la celeridad con que el mismo se desarrolla. Dicho tráfico se vería distorsionado -como ha destacado la doctrina científica- si el inicio de la cobertura del seguro quedase condicionado al pago de la prima. Por tal razón, la regulación proyectada se encuentra en este punto justificada.

En todo caso, la ubicación sistemática del artículo 425.3, dentro de la sección 4ª del Capítulo II ("De las disposiciones comunes a los distintos tipos de seguro marítimo"), no parece correcta, dado que este precepto se refiere exclusivamente a los efectos de la falta de pago de la prima del seguro de mercancías y, en cuanto tal, debería figurar en la sección 2ª ("Del seguro de mercancías") del Capítulo III ("De las disposiciones especiales de algunas clases de seguros") del Título VIII.

C) Obligación de comunicar el siniestro en el plazo legalmente establecido

En la normativa vigente, la obligación del asegurado de comunicar el siniestro al asegurador en un plazo determinado está prevista tanto con carácter general (artículo 16 de la LCS) como en relación con el seguro marítimo (artículo 765 del Cco).

El artículo 426 del Anteproyecto sometido a consulta introduce diversas novedades respecto del Cco en relación con los destinatarios de la comunicación del siniestro, la forma y plazo en que debe realizarse dicha comunicación y las consecuencias de la omisión o tardía comunicación:

(i) Destinatarios hábiles para la comunicación del siniestro. De acuerdo con la regulación del seguro marítimo contenida en el Cco, el asegurado debe comunicar el siniestro al "asegurador" (artículo 765).

El Anteproyecto remitido en consulta admite que la comunicación pueda dirigirse tanto al asegurador como al "comisario de averías designado en la póliza" (artículo 426, inciso primero), introduciendo así una especialidad en el ámbito del seguro marítimo frente a la regulación general del contrato de seguro, que sólo contempla la comunicación al asegurador (artículo 16 de la LCS).

Esta novedad no ha suscitado objeción alguna a lo largo de la tramitación del expediente. Cabe observar, en todo caso, que la condición de destinatario de la comunicación del siniestro parece más acorde con la función de los mediadores de seguros que con la desarrollada por los comisarios de averías.

(ii) Forma y plazo de comunicación del siniestro. Según el vigente Cco, el asegurado debe comunicar al asegurador las noticias sobre el siniestro marítimo "por el primer correo siguiente al que en él las recibiere, y por telégrafo, si lo hubiere" (artículo 765).

La referencia al correo postal y al telégrafo ha devenido con el paso del tiempo obsoleta ante la aparición de otros nuevos y más rápidos medios de comunicación (teléfono, fax o correo electrónico, entre otros).

Por tal razón, el proyecto de Ley del año 2008 se limitó a señalar que la comunicación del siniestro marítimo debía realizarse "en el más breve plazo posible", mientras que el Anteproyecto ahora examinado concede al tomador o asegurado un "plazo de siete días, contados a partir del momento en que lo conozcan" (artículo 426, inciso segundo), que es idéntico al recogido en la normativa general del contrato de seguro (artículo 16 de la LCS).

Dadas las negativas consecuencias que el retraso en la comunicación del siniestro puede comportar para los intereses del asegurado, entiende el Consejo de Estado que el establecimiento de un plazo fijo para la comunicación del siniestro se encuentra justificado por razones de seguridad jurídica.

(iii) Omisión o tardía comunicación del siniestro. En la actualidad, el Cco prevé que el asegurado responderá ante el asegurador por los "daños y perjuicios" que le ocasionare la "omisión" de la comunicación del siniestro (artículo 765).

La norma proyectada regula ahora esta cuestión con mayor detalle, distinguiendo un doble supuesto:

? Por un lado, se prevé que el asegurado perderá el derecho a la indemnización en caso de "omisión" de la comunicación del siniestro con "dolo o culpa grave" por su parte o la del tomador (artículo 426, inciso segundo, del Anteproyecto).

Esta misma solución está ya contemplada en la normativa general del contrato de seguro (artículo 16, párrafo tercero, de la LCS).

? Por otro lado, se dispone que el asegurado no perderá al derecho a la indemnización "en caso de negligencia o retraso culposo en la omisión o tardía comunicación del siniestro", aunque el asegurador tendrá "derecho a los daños y perjuicios" que se le hubieran causado por ello, sin que valga pacto en contrario que pretenda imponer al asegurado peor situación (artículo 426, inciso tercero, del Anteproyecto).

En este punto, cabe observar que la locución "en caso de negligencia o retraso culposo en la omisión o tardía comunicación del siniestro" es reiterativa y bastaría con que se dijera "en caso de negligencia en la omisión o tardía comunicación del siniestro"; del mismo modo, la expresión "derecho a los daños y perjuicios" debería sustituirse por "derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios".

Sin perjuicio de estas consideraciones gramaticales, interesa destacar que la regulación proyectada no prevé las consecuencias de una "tardía comunicación" del siniestro por "dolo" del asegurado o tomador del seguro. Adviértase que, mientras el Anteproyecto otorga diferentes efectos a la "omisión" de la comunicación del siniestro en función de que medie "dolo o culpa grave" (artículo 426, inciso segundo) o "negligencia" (artículo 426, inciso tercero), no hace lo mismo con la "tardía comunicación" del siniestro, cuyos efectos sólo contempla si concurre "negligencia" (artículo 426, inciso tercero).

De este modo, se plantea la duda de si el retraso doloso en la comunicación del siniestro determina la pérdida del derecho del asegurado a la indemnización del siniestro, del modo previsto para la omisión dolosa (artículo 426, inciso segundo), o tan solo otorga al asegurador el derecho a reclamar por los daños y perjuicios sufridos por tal circunstancia, en aplicación de la regla establecida para el retraso culposo (artículo 426, inciso tercero). A juicio del Consejo de Estado, el Anteproyecto debería aclarar estar cuestión por su relevancia en las relaciones jurídicas existentes entre asegurador y asegurado.

D) Obligación de evitar o aminorar el daño ocasionado por el siniestro

En la normativa actual del seguro marítimo contenida en el Cco, no existe -a diferencia de lo que sucede en el artículo 17 de la LCS- un reconocimiento genérico de este deber de salvamento, que únicamente se contempla para los supuestos específicos de naufragio y apresamiento del buque (artículo 791), inhabilitación absoluta del buque para navegar (artículo 792) e interrupción del viaje por embargo o detención forzada del buque (artículo 795).

No obstante, la obligación de evitar o aminorar el daño constituye una estipulación habitual en todo los contratos de seguro marítimo y, en cuanto tal, figura de manera expresa en las Institute Time Hull Clauses, con la tradicional denominación de "Sue and Labour", y en las Institute Cargo Clauses, bajo la rúbrica "Minimising Losses".

El artículo 427 del Anteproyecto, bajo la rúbrica "Deber de aminorar el daño", dispone, por una parte, que el "tomador del seguro o el asegurado y sus dependientes" tienen la obligación de "evitar o disminuir" el daño ocasionado por el siniestro (apartado 1), y, por otra, que el asegurador podrá intervenir en la decisión y adopción de las medidas que se adopten (apartado 2) y deberá responder de los "gastos realizados razonablemente por el asegurador y sus dependientes" en cumplimiento de dicha obligación (apartado 3).

La rúbrica actual de este precepto debería sustituirse por otra más ajustada a su exacto contenido, como, por ejemplo, "Deber de evitar o aminorar el daño".

Por otra parte, cabe observar que el apartado 3 del artículo 427 hace al asegurador responsable de los gastos realizados por el asegurador y sus dependientes, pero no de aquellos en que haya incurrido el tomador. Dado que éste es uno de los sujetos obligados a evitar o disminuir el daño según su apartado 1, parece lógico que el asegurador responda también de los gastos efectuados por el tomador. Por ello, el apartado 3 debería corregirse en el sentido indicado, incluyendo una mención al tomador.

Por lo demás, el Anteproyecto no regula -como parece obligado- las consecuencias del incumplimiento de la obligación de evitar o aminorar el daño, ni aclara -como sería aconsejable- si la suma asegurada por el contrato constituye el límite de los gastos que el asegurador está obligado a resarcir al tomador o asegurado.

6.2. Obligaciones del asegurador

El asegurador está obligado a entregar al tomador la póliza o el documento o certificado provisional de cobertura (A) y a indemnizar al asegurado en caso de siniestro (B).

A) Obligación de entregar al tomador la póliza o el documento o certificado provisional de cobertura

Se contempla en el artículo 421 del Anteproyecto y ha sido analizada con anterioridad en el apartado dedicado a la forma del contrato de seguro, al que ahora procede remitirse.

B) Obligación de indemnizar al asegurado en caso de siniestro

Se regula, bajo la rúbrica "De la indemnización", en la sección 5ª del Capítulo II del Título VIII (artículos 429 a 437 del Anteproyecto).

El Anteproyecto se inspira en los principios de indemnidad y exclusión del reemplazo: el primero obliga al asegurador a indemnizar al asegurado (artículo 429) y el segundo impide que el asegurador pueda ser obligado a reemplazar o reparar los objetos asegurados (artículo 431).

Con este punto de partida, la regulación proyectada regula la cuantía de la indemnización y determina los daños y perjuicios excluidos de la misma:

(i) Cuantía de la indemnización. El artículo 430 del Anteproyecto establece las dos siguientes reglas:

? El artículo 430.1 prevé que la indemnización comprenderá el valor de los "daños materiales" que sufra el objeto asegurado y una serie de "coberturas complementarias", entre las que se encuentran "los gastos razonables efectuados por el asegurado y sus dependientes para aminorar el daño" (apartado c).

Como quiera que el deber de salvamento -según el artículo 427.1- comporta una obligación de "evitar" o "aminorar" el daño y recae sobre "el tomador del seguro o el asegurador y sus dependientes", el apartado c) del artículo 430.1 debería corregirse, de forma que se incluya como cobertura complementaria "los gastos razonables efectuados por el tomador del seguro o el asegurado y sus dependientes para tratar de evitar o aminorar el daño".

? El artículo 430.2 dispone que el asegurador podrá aplicar, "en su caso", "la regla proporcional" en la indemnización de las coberturas complementarias: de este modo, cuando el límite de la suma asegurada sea inferior al valor de las coberturas complementarias, el asegurador indemnizará tales coberturas en la misma proporción en que aquella suma cubra su valor, conforme a la regla proporcional prevista para el infraseguro por el artículo 413.1.

La regulación proyectada debería precisar si, a efectos de la aplicación de la regla proporcional, ha de utilizarse la suma asegurada establecida con carácter general en la póliza o una específica que se fije para las coberturas complementarias.

Asimismo, debería suprimirse la previsión, contenida en el inciso final del artículo 430.2, de que "las partes, de común acuerdo, podrán excluir en la póliza o con posterioridad a la celebración del contrato la aplicación de la regla proporcional", dado que esta posibilidad deriva, sin necesidad de que nada se diga en la norma, del carácter dispositivo de la nueva regulación del seguro marítimo reconocido en el artículo 407.

(ii) Daños y perjuicios excluidos. El artículo 432 del Anteproyecto excluye de la indemnización del seguro marítimo: en primer lugar, a los "perjuicios" y, en general "cualquier daño indirecto" derivado del siniestro, salvo los expresamente incluidos por la propia Ley (apartado a); y, en segundo término, a los "daños y perjuicios ocasionados por el objeto asegurado a personas", salvo que la responsabilidad consiguiente sea objeto del seguro (apartado b).

La exclusión de estos daños y perjuicios se explica y justifica en la consideración del seguro marítimo como un seguro de daños en sentido estricto, cuyo objeto es la indemnización de los daños materiales sufridos por el interés asegurado y no de aquellos otros perjuicios que pudieran derivarse del siniestro ni, por supuesto, de los daños y perjuicios ocasionados a las personas. La regulación proyectada se adecua, por tanto, a la naturaleza del seguro marítimo.

En todo caso, cabe observar que el apartado a) del artículo 432 del Anteproyecto, al enumerar los perjuicios que se consideran excluidos de la indemnización del seguro marítimo, incurre en reiteraciones innecesarias e imprecisiones conceptuales: en tal sentido, no existe diferencia alguna entre "retrasos" y "demoras" que exija su mención por separado; asimismo, el perjuicio ocasionado por las "paralizaciones" no puede ser otro que el "retraso" del buque en la arribada a puerto; finalmente, el concepto de "lucro cesante" abarca tanto las "pérdidas de mercado" como las "diferencias de cambio". Sería aconsejable, por tanto, depurar en alguna medida la redacción del precepto en cuestión.

7. Liquidación del siniestro

En estrecha conexión con la obligación del asegurador de indemnizar al asegurado se encuentra la liquidación del siniestro, que no en vano se regula también en la sección 5ª del Capítulo II del Título VIII, bajo la rúbrica "De la indemnización".

La liquidación es la operación dirigida a la determinación del daño ocasionado por el siniestro marítimo y a la cuantificación de la indemnización.

El Anteproyecto establece las diferentes formas de liquidación del siniestro (A), determina las personas facultadas para su práctica y el plazo en que debe efectuarse (B) y regula el pago de la indemnización al asegurado (C).

A) Formas de liquidación

Tradicionalmente han existido, en el ámbito del seguro marítimo, dos procedimientos de liquidación del siniestro marítimo -la acción de "avería" y la acción de "abandono"-, que están ya contemplados en el Cco (artículo 789) y han sido también recogidos por el Anteproyecto (artículo 433.1).

La principal diferencia entre una y otra forma de liquidación del siniestro es la siguiente: en la acción de avería, el asegurador está obligado a indemnizar al asegurado por los daños causados por el siniestro; en la acción de abandono, el asegurador se queda con la propiedad de las cosas aseguradas y debe abonar al asegurado el importe total de la suma asegurada. En este punto, no existe diferencia sustancial entre la regulación vigente en el Cco (artículos 789, 803 y 805) y el Anteproyecto (artículo 436.1). La elección entre la acción de avería y la acción de abandono corresponde -según el Anteproyecto (artículo 433.2)- al asegurado, aunque éste sólo podrá optar por el abandono en los supuestos legalmente establecidos en los artículos 449 y 461 para el seguro de buques y el seguro de mercancías, respectivamente. En breve síntesis, los supuestos de abandono previstos en tales preceptos pueden reconducirse a dos: el primero, que se produzca la pérdida total del buque o de las mercancías; el segundo, que el importe de las reparaciones derivadas del siniestro alcance el valor total de la suma asegurada. De este modo, el ejercicio de la facultad de abandono, aunque discrecional para el asegurado, sólo procederá en una serie de casos determinados de manera taxativa en la regulación proyectada, como actualmente sucede también en el Cco (artículo 789).

La acción de abandono y la acción de avería presentan diferencias importantes en su regulación:

(i) Acción de abandono. La facultad de abandono es una especialidad típica del seguro marítimo y, por tal razón, el Anteproyecto regula con cierto detalle los supuestos en que puede ejercitarse, la forma y contenido de la declaración de abandono, el plazo que el asegurado tiene para formularla, el alcance del abandono, su aceptación por el asegurador y los efectos que trae consigo (artículos 434 a 436), introduciendo una claridad sistemática de la que el Cco carece.

? Supuestos de abandono. El Anteproyecto ha introducido dos importantes novedades, respecto a la normativa vigente, en los supuestos de abandono:

- En el seguro de buques, el Cco permite abandonarlo si el importe de las reparaciones excede de las tres cuartas partes del valor asegurado (artículo 789 in fine), mientras que el Anteproyecto únicamente contempla el abandono cuando el importe de las reparaciones alcance el valor de la suma asegurada (artículo 449.c).

- En el seguro de mercancías, el Cco prevé la posibilidad de abandonarlas cuando haya disminuido en tres cuartas partes el valor asegurado (artículo 789.4º), mientras que el Anteproyecto sólo legitima el abandono en caso de averías cuyo importe, más el coste de reacondicionamiento y reexpedición a destino, alcance el valor de las mercancías establecidos en la póliza (artículo 461.b).

Con ello, la regulación proyectada acoge el criterio seguido por la regulación inglesa de tan frecuente aplicación al seguro marítimo, en la que únicamente se admite el abandono cuando el importe de las reparaciones o la disminución del valor de las mercancías equivalga al menos a la suma asegurada por el contrato (Institute Time Hull Clauses, cláusula 19; Institute Cargo Clauses, cláusula 13; Marine Insurance Act, artículo 60.2º).

A juicio del Consejo de Estado, esta modificación se encuentra justificada, por cuanto supone la asimilación de una regla presente en las pólizas utilizadas en el comercio internacional y, además, introduce una mayor equidad en las relaciones entre asegurador y asegurado.

? Declaración de abandono. La declaración de abandono deberá realizarse en una forma y con un contenido determinado para que surta efectos: en concreto, el artículo 434 del Anteproyecto prevé, por una parte, que el asegurado deberá notificar por escrito el abandono al asegurador, con expresa mención de los seguros o derechos reales que puedan existir sobre el objeto asegurado (apartado 1), y, por otra, que el asegurador podrá suspender el pago de la indemnización hasta que estas circunstancias le sean comunicadas (apartado 2).

El rigor formal con que el Anteproyecto regula la declaración de abandono está ya presente en el propio Cco (artículo 800) y se explica por la seriedad de los efectos que tal declaración comporta.

Por este mismo motivo, parece razonable que el Anteproyecto haya previsto que la declaración de abandono sólo pueda dirigirse al asegurador y no contemple al comisario de averías -a quien sí cabe remitir, en cambio, la comunicación del siniestro (artículo 426)- como uno de los posibles destinatarios de dicha declaración.

? Plazo para el abandono. Para el ejercicio de la facultad de abandono, el asegurado tiene un plazo determinado, transcurrido el cual únicamente podrá reclamar una indemnización del asegurador a través del procedimiento de avería.

A tales efectos, la regulación proyectada establece un plazo diferente en función del tipo de seguro:

- Para el seguro de buques, el Anteproyecto establece en su artículo 449 los casos de abandono y prevé en su artículo 450 que el asegurado deberá presentar la declaración de abandono al asegurador dentro del plazo de noventa días "contados desde la fecha del siniestro".

No obstante, se aclara que, en el supuesto de abandono contemplado en el artículo 449.d) -la pérdida del buque por falta de noticias en el plazo de noventa días-, el plazo de noventa días para la declaración de abandono se computará "una vez transcurridos los otros noventa días en él señalados".

- Para el seguro de mercancías, el Anteproyecto enumera en su artículo 461 los casos de abandono y dispone en su artículo 462 que la declaración de abandono se realizará por el asegurado dentro de los sesenta días "siguientes al de la producción de las circunstancias que para cada caso establece el artículo anterior".

Aunque los términos en que se expresa el artículo 462 para la determinación de la fecha inicial del cómputo del plazo de abandono son diferentes de los utilizados por el artículo 450, no parece que el Anteproyecto haya querido establecer para el seguro de mercancías un dies a quo del cómputo del plazo de abandono distinto de la "fecha del siniestro" prevista para el seguro de buques.

A juicio del Consejo de Estado, el artículo 462 debería tomar -al igual que el artículo 450- la "fecha del siniestro" como dies a quo del cómputo del plazo de abandono, sin perjuicio de que, para el supuesto de abandono previsto en el artículo 461.d) -"pérdida o innavegabilidad sobrevenida al buque durante el viaje, si las mercancías no han podido ser reexpedidas a destino en el plazo de noventa días o en el que fije la póliza, contado desde la pérdida o la navegabilidad"-, sea preciso aclarar que el plazo de sesenta días para la declaración de abandono se computará una vez transcurrido el plazo legal de noventa días o convencional fijado en la póliza desde la pérdida o innavegabilidad.

De acuerdo con ello, el artículo 462 debería redactarse como sigue:

"1. La declaración de abandono deberá presentarse al asegurador dentro del plazo de sesenta días contados desde la fecha del siniestro. En el caso de la letra d) del artículo anterior, el cómputo se iniciará una vez transcurrido el plazo legal de noventa días o el convencional fijado en la póliza, contado desde la pérdida o innavegabilidad.

2. Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior, el asegurado sólo podrá reclamar mediante la acción de avería".

? Alcance del abandono. Se encuentra regulado, conjuntamente con las formas de aceptación del mismo, en el artículo 435 del Anteproyecto, bajo la rúbrica "Aceptación expresa o presunta del abandono".

En concreto, el apartado 1 de este precepto señala que el abandono "no podrá ser parcial ni condicionado y comprenderá la totalidad de las cosas objeto del interés asegurado".

Dado que el "alcance" (total) del abandono previsto en el apartado 1 es, en rigor, una cuestión distinta de las "formas de aceptación" (expresa o presunta) del abandono contempladas en el apartado 2 del mismo artículo, debería modificarse la rúbrica del artículo 435, que en su redacción actual sólo hace referencia a las formas de la aceptación y no a su alcance, o regularse ambas cuestiones en preceptos independientes, uno dedicado al alcance del abandono y otro a su aceptación.

? Aceptación del abandono. La aceptación del abandono puede ser expresa o presunta, como se infiere del apartado 2 del artículo 435 del Anteproyecto y de la propia rúbrica de este precepto. Sería conveniente, no obstante, que el precepto lo dijera expresamente en su parte dispositiva.

En este punto, el Anteproyecto sometido a consulta se aparta de la regulación contenida en el Cco, que no prevé la aceptación presunta: según la regulación proyectada, la aceptación presunta del abandono se entenderá producida si el asegurador "no niega su validez" -quizá sería más correcto decir si "no lo rechaza"- en el plazo de un mes contado desde la recepción de la declaración (artículo 435.2).

A la vista de las consideraciones realizadas, el precepto analizado quedaría más claramente redactado si se expresara en los siguientes o similares términos:

"La aceptación del abandono puede ser expresa o presunta. Se entenderá producido el abandono si el asegurador no lo rechaza en el plazo de un mes contado desde la recepción de la declaración".

? Efectos del abandono. Los efectos del abandono consisten, como antes se ha señalado, en que el asegurado trasmite al asegurador la propiedad de las cosas aseguradas y el asegurador queda obligado al pago del importe total de la suma asegurada (artículos 436, incisos segundo y tercero, y 436.2 del Anteproyecto).

Como novedad destacable, la regulación proyectada admite que "podrá pactarse válidamente en la póliza el derecho del asegurador a renunciar a la transmisión de la propiedad de las cosas aseguradas o sus restos" (artículo 436.1, inciso tercero, del Anteproyecto).

Se trata de una previsión que -según la memoria del análisis de impacto normativo- "los aseguradores reclamaban insistentemente y está generalizada en el derecho comparado, pues resulta relativamente frecuente que dichos restos constituyan una damnosa hereditas, al ser fuente de posible contaminación al medio ambiente o estar sujetos a remoción o extracción".

En realidad, la referencia a esta facultad de las partes estaba justificada en versiones anteriores del Anteproyecto, donde no existía una regla general que consagrase el carácter esencialmente dispositivo de la nueva regulación del seguro marítimo. Sin embargo, dicha previsión resulta ociosa y perturbadora en el Anteproyecto ahora sometido a consulta, teniendo en cuenta que, de conformidad con el artículo 407, las partes pueden pactar libremente las condiciones de cobertura, al margen o incluso en contra de lo dispuesto en la regulación legal, salvo que expresamente se prohíban tales pactos. Como quiera que el artículo 436 no prohíbe el pacto en contrario, las partes siempre podrán pactar la renuncia del derecho del asegurador a la transmisión de la propiedad de las cosas o sus restos, sin necesidad de un reconocimiento explícito de esta facultad. Por tal razón, el inciso tercero del artículo 436.2 debería eliminarse.

(ii) Acción de avería. La acción de avería no se regula en el Anteproyecto de una forma tan precisa como la acción de abandono.

La única referencia a la acción de avería se contiene en el artículo 437.1.b) del Anteproyecto ("Liquidación del siniestro y pago de la indemnización"), que en su inciso segundo regula el plazo que el asegurador ostenta para aceptar la avería notificada por el asegurado y la forma en que debe realizarse dicha notificación: según este precepto, "el asegurador, en el plazo de un mes contado desde que el asegurado aportó la prueba del daño y de sus causas, deberá aceptar el siniestro o manifestar que lo rechaza, a no ser que el procedimiento pericial requiera un plazo más amplio para la averiguación de las causas o que sea necesaria para la liquidación del siniestro la aportación de ulterior documentación por parte del asegurado".

Desde un punto de vista sistemático, esta previsión debería ubicarse en un artículo independiente, después de los dedicados a la acción de abandono e inmediatamente antes del artículo 437 del Anteproyecto.

Desde un punto de vista sustantivo, el contenido del inciso segundo del artículo 437.1.b) suscita varias observaciones:

? En primer lugar, debería esclarecerse si el silencio del asegurador, una vez transcurrido el plazo de un mes que el asegurador tiene para "aceptar el siniestro o manifestar que lo rechaza", supone la aceptación o rechazo de la avería. El inciso segundo del artículo 437.1.b) se limita a señalar que el asegurador deberá aceptar o rechazar el siniestro en dicho plazo, pero no se plantea el supuesto de que no se pronuncie en ninguno de los dos sentidos. Parece inexcusable que la regulación proyectada aborde esta cuestión.

? En segundo término, dado que la comunicación del siniestro puede dirigirse al asegurador o comisario de averías -según el artículo 426 del Anteproyecto-, debería aclararse si la notificación realizada al comisario de averías determina el inicio del cómputo del plazo de un mes otorgado al asegurador por el inciso segundo del artículo 437.1.b) para "aceptar el siniestro o manifestar que lo rechaza".

? Finalmente, debería contemplarse un límite a la posible prórroga del plazo de un mes para la aceptación o rechazo de la avería, prevista en el inciso segundo del artículo 437.1.b) para el supuesto del "procedimiento pericial" puesto en marcha para la averiguación de las causas lo requiera o sea necesaria para la liquidación del siniestro la aportación de ulterior documentación por parte del asegurado. Sin perjuicio de que la regulación proyectada no concreta la naturaleza del procedimiento pericial que podría justificar la ampliación del plazo (podría ser el contradictorio del artículo 38 de la LCS o el realizado por los propios peritos de la compañía), sería conveniente que, por razones de seguridad jurídica, se estableciera un plazo máximo en todo caso.

B) Personas facultadas para la práctica de la liquidación

En el seguro marítimo, como en cualquier otro contrato de seguro, la liquidación del siniestro deberá ser realizada por el asegurador. En tal sentido, el artículo 437.1 del Anteproyecto prevé que el asegurador, una vez haya aceptado el abandono o el siniestro declarado por el asegurado, deberá proceder a la práctica de la liquidación en el plazo fijado en la póliza, que no podrá ser superior a un mes.

No obstante, la regulación proyectada ha introducido una importante novedad en este punto, al contemplar la posibilidad de que las partes -asegurador y asegurado- pacten, antes o después del siniestro, que un liquidador de averías nombrado de mutuo acuerdo efectué la liquidación de aquél. Esta liquidación -dice el artículo 437.4 del Anteproyecto- "será vinculante para ambas partes, salvo que alguna de ellas la impugne judicialmente en el plazo de treinta días desde su notificación".

La memoria del análisis de impacto normativo destaca la introducción de la figura del liquidador de averías como un "método de composición extrajudicial" para "liquidar amistosa y extrajudicialmente los siniestros en los que la complejidad técnica pueda dar lugar a disputas entre las partes".

Desde una perspectiva constitucional, la figura del liquidador de averías es -a juicio del Consejo de Estado- compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la norma fundamental, dado que el sometimiento de las partes a la decisión del liquidador es voluntaria y que la liquidación practicada de ese modo podrá ser revisada por los tribunales ordinarios.

C) Pago de la indemnización al asegurado

El Anteproyecto regula el plazo para el pago de la indemnización, los intereses de demora en caso de impago y la facultad de subrogación del asegurador en la posición del asegurado:

(i) Plazo para el pago. En la regulación actual, el plazo máximo para el pago de la indemnización es distinto en función de que se haya ejercitado la acción de avería (diez días, según el artículo 770 del Cco) o de abandono (sesenta días, según el artículo 805 del Cco).

El Anteproyecto dictaminado establece, en cambio, un plazo único para el pago de la indemnización, con independencia del procedimiento de liquidación que se haya seguido: en concreto, el asegurador deberá proceder al pago de la indemnización en el plazo de "quince días" desde que el asegurado haya mostrado su conformidad con esa liquidación (artículo 437.2).

En caso de divergencia entre el asegurador y el asegurado sobre la cuantía de la indemnización, el asegurado tendrá derecho a la entrega "inmediata" de la cantidad fijada por el asegurador, sin que su percepción impida al asegurado la reclamación judicial de la suma superior que, a su juicio, debería alcanzar la indemnización (artículo 437.3 del Anteproyecto). En la regulación proyectada se califica esta entrega de "inmediata" para significar que el asegurador no puede escudarse en la falta de conformidad del asegurado para demorar el pago de la indemnización. Ahora bien, no sería razonable que, en razón del carácter inmediato de la entrega, el asegurador se viera privado del plazo de quince días para el pago voluntario previsto en caso de conformidad del asegurado. Por tal razón, acaso fuera aconsejable que la entrega no se calificase como "inmediata" y, en su lugar, se previera expresamente que la cantidad fijada por el asegurador deberá ser abonada en el plazo de quince días desde que el asegurado manifestó su falta de conformidad.

(ii) Intereses de demora. Según el artículo 437.2 del Anteproyecto, la demora en el pago obligará al asegurador al abono de los "intereses legales" calculados sobre el importe de la indemnización "a partir del momento fijado, según los casos, en las letras a) y b) del número 1 de este artículo".

Esta previsión obliga a realizar algunas consideraciones sobre la cuantía de los intereses de demora y el dies a quo establecido su cómputo:

? En cuanto a la cuantía de los intereses de demora, el Anteproyecto señala que serán en todo caso determinados en función del "interés legal".

Con ello, el Anteproyecto acoge la regla general prevista para los intereses de demora de las obligaciones pecuniarias en el artículo 1108 del Código Civil ("Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal") y excluye la aplicación supletoria de la regulación de los intereses de demora contenida en los párrafos quinto y sexto del artículo 20 de la LCS ("La indemnización por demora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en un 50%; estos intereses se entenderán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial. No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20%").

La aplicación supletoria al seguro marítimo de los intereses de demora del artículo 20 de la LCS -como de otros preceptos de esta Ley- ha resultado durante años controvertida a nivel doctrinal y jurisprudencial, hasta que la reciente sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 1224/2009, de 12 de enero, estableció como doctrina legal que el artículo 20 de la LCS "debe ser aplicado al seguro marítimo en cuanto norma supletoria, esto es, en defecto de las del Código de Comercio sobre dicho contrato, las cuales siguen vigentes" (F.D. 5º).

El régimen de intereses de demora del artículo 20 de la LCS ofrece al asegurado una especial protección frente al asegurador, como se evidencia con la previsión de un interés anual no inferior al 20% cuando transcurran dos años desde la fecha del siniestro sin que el asegurador haya satisfecho la indemnización debida al asegurado.

La memoria del análisis de impacto normativo del Anteproyecto no explica las razones que han llevado a considerar que, en el ámbito del seguro marítimo, debe aplicarse siempre el interés legal, sin penalización alguna para el asegurador, cualquiera que sea la demora en que éste haya incurrido.

Probablemente sea la distinta condición de los armadores o navieros, respecto del resto de asegurados, lo que explique este distinto tratamiento en el cálculo de los intereses de demora. En efecto, los actores del tráfico marítimo son generalmente empresarios o profesionales que, por su propia condición, se encuentran en una situación de equilibrio frente al asegurador y no necesitan, por ello, el mismo grado de protección que reciben los consumidores y usuarios al amparo del artículo 20 de la LCS.

Sin embargo, tampoco puede desconocerse que el establecimiento de determinadas penalizaciones en atención al período de demora -en los términos previstos en el artículo 20 de la LCS- contribuye a que los aseguradores observen una conducta diligente en el cumplimiento de su obligación de pago. Si a ello se une que no todos los asegurados en el tráfico marítimo gozan de una posición económica que garantice el mencionado equilibrio contractual con los aseguradores, debería ponderarse la conveniencia de contemplar un incremento progresivo de los intereses de demora que, aun cuando fuera de menor intensidad que el previsto en el artículo 20 de la LCS, cumpliese la doble función de proteger a los asegurados y compeler a los aseguradores al pronto pago de la indemnización en caso de siniestro.

? En cuanto al dies a quo del cómputo de los intereses de demora, el Anteproyecto prevé que éstos deberán calcularse a partir del momento fijado, según los casos, en las letras a) y b) del artículo 437.1, es decir, desde la aceptación expresa o presunta del abandono -en la acción de "abandono"- o desde la aceptación del siniestro por el asegurador -en la acción de "avería"-.

De acuerdo con la regulación proyectada, el día inicial del cómputo de los intereses de demora no es la fecha del siniestro -como se prevé, con carácter general, en el párrafo octavo del artículo 20 de la LCS- sino la de aceptación del abandono o la avería por el asegurador.

Nada dice el Anteproyecto del supuesto en que el asegurador rechace el abandono o la avería y, con posterioridad, recaiga un pronunciamiento judicial que le obligue a aceptar uno u otra. A juicio del Consejo de Estado, los intereses de demora no deberían computarse en tal caso desde la declaración judicial -como pudiera inferirse de la remisión que el artículo 437.2 realiza al artículo 437.1.a) del Anteproyecto- sino desde el momento en que el asegurador manifestó su rechazo al abandono o la avería.

En todo caso, la determinación del dies a quo de los intereses de demora está necesitada de una mayor claridad. A tal fin, el artículo 437.2 no debería remitirse a las letras a) y b) del artículo 437.1 del Anteproyecto, sino establecer directamente la fecha inicial de cómputo de tales intereses de acuerdo con el criterio que acaba de indicarse.

(ii) Subrogación. La facultad de subrogación del asegurador en la posición del asegurado, una vez que se ha hecho efectiva la indemnización, es propia de los seguros de daños, entre los que se encuadra -como es sabido- el seguro marítimo. En la normativa vigente, el artículo 780 del Cco prevé la subrogación del asegurador en los derechos o acciones del asegurado contra los responsables del siniestro marítimo que, por "malicia" o "culpa", causaron la pérdida de los efectos asegurados.

El artículo 437.5 del Anteproyecto sometido a consulta regula la subrogación del asegurador, apartándose de lo establecido en el Cco y recogiendo los términos literales del artículo 43 de la LCS.

A diferencia de lo que sucede en el Cco, la subrogación prevista en la LCS y en la regulación proyectada no exige la "malicia" o "culpa" de los responsables del siniestro, sino que, con carácter general, el asegurador podrá ejercitar los derechos y acciones del asegurado "contra quien sea responsable del siniestro o de la agravación de sus consecuencias o de ambos".

No obstante, el asegurador no tendrá derecho a la subrogación -según el artículo 437.5 del Anteproyecto- "contra ninguna de las personas cuyos actos u omisiones den origen a responsabilidad del asegurado, de acuerdo con la ley, ni contra el causante del siniestro que sean (en realidad, debería decir "sea"), respecto del asegurado, pariente en línea recta o colateral dentro del tercer grado civil de consaguinidad, padre adoptante o hijo adoptivo que convivan con el asegurado".

Esta excepción -tomada literalmente del artículo 43 de la LCS- trata de evitar que el derecho del asegurado a la indemnización quede vacío de contenido, como sucedería si el asegurador pudiera reclamar la indemnización abonada al asegurado reclamando bien frente a las personas que dan origen a la responsabilidad del asegurado bien frente a los parientes del asegurado.

En relación con este último supuesto, cabe observar que la prohibición de que el asegurador pueda dirigirse frente a los parientes del asegurado sólo goza de virtualidad práctica cuando el asegurado sea una persona física, lo cual sucederá con mucha mayor frecuencia en los contratos de seguro celebrados al amparo de la LCS que en los contratos de seguro marítimo, pues los armadores o navieros son, en muchas ocasiones, personas jurídicas.

Atendiendo al carácter preponderantemente societario de armadores y navieros, las Institute Time Hull Clauses prevén que, en el seguro de buques, el asegurador no podrá subrogarse en la posición del asegurado para reclamar frente al fletador, cuando éste sea una sociedad "subsidiaria, asociada o filial" del asegurado (cláusula 28).

Entiende el Consejo de Estado que el Anteproyecto, en lugar de limitarse a reproducir el artículo 43 de la LCS, debería adecuarlo en este punto a la forma jurídica societaria que suelen adoptar los actores del tráfico marítimo.

8. Prescripción

El artículo 438 del Anteproyecto dispone que "los derechos derivados del contrato de seguro prescriben en el plazo de dos años, a partir del momento en que pudieron ejercitarse". De este modo, la regulación proyectada recoge el plazo general de dos años establecido en el artículo 23 de la LCS para los seguros de daños, en vez del plazo especial de tres años hasta ahora previsto en el artículo 954 del Cco para el seguro marítimo.

La jurisprudencia civil ha señalado que el plazo establecido en el artículo 954 del Cco debe aplicarse a las relaciones entre las partes del contrato de seguro, pero no a las acciones que el asegurador puede ejercer, en el ejercicio de la facultad de subrogación, frente a los terceros responsables del siniestro (sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 1991 -RJ 1991/8152-, F.D. 2º).

Es preciso advertir que, a falta de previsión en contrario, esta doctrina jurisprudencial será igualmente aplicable, mutatis mutandis, en la interpretación del artículo 438 del Anteproyecto, dado que las acciones del asegurado contra los terceros responsables del siniestro, en las que puede subrogarse el asegurador, no son "derechos derivados del contrato de seguro".

9. Regulación específica de algunas clases de seguros

El Capítulo III del Título VIII del Anteproyecto, bajo la rúbrica "De las disposiciones especiales de algunas clases de seguros", contiene una serie de previsiones particulares sobre el seguro de buques (Sección 1ª, artículos 439 a 452), el seguro de mercancías (Sección 2ª, artículos 453 a 462) y el seguro de responsabilidad civil (Sección 3ª, artículos 463 a 469).

A) Seguro de buques

La sección 1ª del Capítulo III del Título VIII del Anteproyecto (artículos 439 a 452) acoge, bajo la rúbrica "Del seguro de buques", una regulación específica del contrato de seguro marítimo aplicable cuando el interés asegurado es un buque, embarcación o artefacto naval (artículo 444). No obstante, la mayor parte de los preceptos contenidos en esta sección se refieren únicamente al buque, probablemente con el fin de evitar que el texto quede recargado en exceso con la constante repetición de la expresión "buques, embarcaciones y artefactos navales". En todo caso y en aras de evitar posibles dudas interpretativas, sería aconsejable aclarar, al inicio de dicha sección, que el seguro de buques podrá contratarse para asegurar los intereses en buques, embarcaciones y artefactos navales y que todas las referencias hechas a los buques incluyen también a los demás vehículos aptos para la navegación marítima.

Esto sabido, el régimen jurídico específico del seguro de buques define el ámbito de aplicación de esta figura, determina la duración y extensión de la cobertura, modula ciertos derechos y obligaciones de asegurado y asegurador y establece los posibles supuestos de abandono de las mercancías y el plazo en que esta declaración debe efectuarse.

Se analizan a continuación cada uno de estos extremos de la regulación proyectada:

(i) Ámbito de aplicación. El artículo 452 del Anteproyecto prevé, bajo la rúbrica "Subsidiariedad", que las reglas del seguro de buques "se aplicarán al seguro del flete y a otros intereses del armador o naviero en cuanto sean compatibles con su propia naturaleza y lo consientan las cláusulas acordadas por las partes".

Dado que este precepto determina el alcance de la regulación proyectada, debería ubicarse como el primero de los que integran la sección 1ª del Capítulo III del Título VIII del Anteproyecto, dedicada al seguro de buques, con la rúbrica "Ámbito de aplicación" y el siguiente tenor:

"Las normas reguladoras del seguro de buques se aplicarán tanto a los de esta clase como al seguro del flete o de otros intereses del armador o naviero en cuanto sean compatibles con su propia naturaleza y lo consientan las cláusulas acordadas por las partes".

(ii) Duración de la cobertura del seguro. Los artículos 439 a 442 del Anteproyecto establecen que el seguro de buques puede contratarse bien para uno o varios viajes sucesivos bien para un tiempo determinado y regulan el comienzo y fin de la cobertura de ambas modalidades de seguro así como la prórroga de dicha cobertura.

Cabe observar que, en caso de prórroga de la cobertura por concurrencia de alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 442 del Anteproyecto, se impone al "asegurado" la obligación de abonar la proporción de la prima correspondiente al tiempo de prórroga. Parece que debiera sustituirse "asegurado" por "tomador", teniendo en cuenta que éste es quien se encuentra obligado al pago de la prima, de acuerdo con el artículo 425 del Anteproyecto. Además, la rúbrica del precepto debería ser "Prórroga de la cobertura en el seguro por tiempo".

(iii) Extensión de la cobertura del seguro. El artículo 443 del Anteproyecto señala, por una parte, que la cobertura del seguro de buques comprende, además de los daños propios del buque, la responsabilidad civil del armador por daños causados a otros buques y a sus cargamentos en caso de abordaje (apartado 1), y, por otra, que dicha cobertura puede asimismo extenderse a la responsabilidad civil del armador por choque con plataformas fijas u otras obras o instalaciones (apartado 2).

El Anteproyecto incluye dentro de la responsabilidad del armador los daños causados a otros buques y sus cargamentos, pero no menciona los daños a las personas. Esta omisión concuerda con el principio general, establecido en el artículo 432.b) del Anteproyecto, que excluye de la cobertura del seguro marítimo "los daños y perjuicios ocasionados por el objeto asegurado a personas, salvo que la responsabilidad consiguiente sea objeto de seguro". En todo caso, sería aconsejable que el artículo 443 del Anteproyecto contemplara expresamente la exclusión de los daños personales de la responsabilidad civil del armador. A tal fin, bastaría con que este precepto se refiriera en sus dos apartados a los daños y perjuicios "materiales".

(iv) Posición jurídica del asegurado. Además de las obligaciones que corresponden a cualquier asegurado en el contrato de seguro marítimo, el artículo 444 del Anteproyecto le impone el deber de mantener la navegabilidad del buque, embarcación o artefacto naval durante toda la duración de la cobertura.

En la normativa inglesa, el incumplimiento de la obligación de mantener la navegabilidad del buque (warranty of sea worthiness of ship) conlleva la exclusión automática de la cobertura del seguro marítimo.

En cambio, el artículo 444 de la regulación proyectada se limita a enunciar esta obligación y no anuda consecuencia alguna a su eventual incumplimiento, que sólo podrá determinar la exclusión de la cobertura de seguro, por aplicación de lo dispuesto con carácter general en el artículo 419.1, si concurre "dolo" o "culpa grave" del asegurado.

Sería deseable, a juicio del Consejo de Estado, que el artículo 444 se pronunciase sobre los efectos del incumplimiento de la obligación de mantener la navegabilidad del buque, bien determinándolos directamente bien efectuando la correspondiente remisión al artículo 419.1.

(v) Posición jurídica del asegurador. El Anteproyecto contiene una serie de previsiones que delimitan el estatus del asegurador en relación con cuestiones tales como la exclusión de responsabilidad por vicios ocultos, la subrogación contra los miembros de la dotación, la reconstitución automática del capital asegurado, las deducciones de nuevo a viejo y las primas o extornos:

? Exclusión de responsabilidad por vicios ocultos. El artículo 445 señala que el asegurador no responderá de los daños que sufra el asegurado como consecuencia de un "vicio oculto" y define lo que debe entenderse por tal.

Este precepto no suscita observación alguna, por cuanto se limita a adecuar al seguro de buques la exclusión de la cobertura del seguro marítimo establecida con carácter general por el artículo 420 del Anteproyecto para el supuesto de daños que traigan causa de "vicio propio" del objeto asegurado.

? Subrogación contra los miembros de la dotación. El artículo 446 del Anteproyecto dispone que el asegurador no podrá ejercer los derechos en que se subrogue, en caso de siniestro, contra los miembros de la dotación del buque asegurado, "salvo que éstos hubiesen causado el siniestro dolosamente".

Nuevamente se está en presencia de una aplicación al seguro de buques de las limitaciones impuestas por el artículo 437.5 a la facultad de subrogación del asegurador en los derechos y acciones del asegurado contra los responsables del siniestro, que en este caso son los miembros de la dotación del buque.

En todo caso, la salvedad contenida en el artículo 446 debería completarse diciendo "... o su responsabilidad está amparada por un contrato de seguro", en consonancia con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 437.5.

? Reconstitución automática del capital asegurado. El artículo 447 del Anteproyecto establece que el asegurador responderá por la totalidad de la suma asegurada en cada siniestro, sin perjuicio de exigir después de cada siniestro un complemento de la prima.

La regulación proyectada se adecua en este punto a lo dispuesto con alcance general por el artículo 27 de la LCS para el seguro de daño.

? Deducciones de nuevo a viejo. El artículo 448 del Anteproyecto prevé que en la indemnización de daños del buque no se practicarán por el asegurador deducciones de nuevo a viejo.

Esta regla se aparta de lo previsto en el artículo 772 del Cco, que, para el supuesto de avería, dispone que la diferencia entre el valor nuevo -después de la reparación de la avería- y el valor viejo del buque - antes de la reparación- debe deducirse de la indemnización abonada por el asegurador al asegurado.

La práctica de las deducciones de nuevo a viejo contempladas en el Cco está expresamente excluida en las Institute Time Hull Clauses (cláusula 16) que rigen el aseguramiento internacional de buques.

El Anteproyecto se adecua, por tanto, a los usos mercantiles habituales en el seguro de buques.

? Primas y extornos. El artículo 451 del Anteproyecto regula ambas cuestiones en apartados independientes:

- El apartado 1 establece que el asegurador "adquiere la prima" desde el inicio del viaje, en el seguro por viaje, o desde que comienza a correr el plazo fijado, en el seguro por tiempo.

La redacción de esta disposición resultaría más precisa si se dijera que el asegurador "adquiere el derecho a la prima" en lugar de que "adquiere la prima".

- El apartado 2 señala que el "extorno de la prima", es decir, la devolución de la prima o parte de ésta por parte del asegurador, no procederá cuando el asegurado haya abandonado el buque al asegurador o se haya producido una pérdida total del buque cubierta por el contrato (apartado 2).

Esta previsión constituye una novedad respecto del Cco que, en cuanto se ajusta a lo dispuesto en las Institute Hull Clauses (cláusula 39.1) de generalizado seguimiento en el mercado internacional de seguros, no suscita objeción alguna.

(iv) Liquidación del siniestro. El Anteproyecto establece los supuestos legales de abandono en su artículo 449 y el plazo en que el asegurado debe realizar la declaración de abandono en su artículo 450.

Cabe recordar que, al examinarse la regulación de la acción de abandono, ya se analizó el contenido de estos preceptos legales, por lo que es preciso remitirse ahora a las consideraciones allí realizadas. B) Seguro de mercancías

El régimen jurídico del seguro de mercancías contenido en la sección 2ª del Capítulo III del Título VIII (artículos 453 a 462) del Anteproyecto prevé su propio ámbito de aplicación, precisa las reglas para la valoración del interés asegurable, determina la duración y extensión de la cobertura, regula la póliza flotante característica de esta clase de seguros y establece los posibles supuestos de abandono de las mercancías y el plazo en que esta declaración debe efectuarse.

El tratamiento otorgado por la regulación proyectada a estas cuestiones es el siguiente:

(i) Ámbito de aplicación. El artículo 457 del Anteproyecto, bajo la rúbrica "Fases no marítimas del transporte", prevé que "las reglas del seguro marítimo de mercancías se aplicarán a las fase del transporte realizado por otros modos, siempre que sean accesorias del viaje marítimo".

En la medida en que este precepto delimita el alcance de la regulación proyectada, debería ubicarse como el primero de los que integran la sección 2ª del Capítulo III del Título VIII del Anteproyecto, dedicada al seguro de mercancías, con la rúbrica "Ámbito de aplicación" y el siguiente tenor:

"Las normas reguladoras del seguro de mercancías se aplicarán tanto al transporte marítimo como a aquellas fases del transporte realizado por otros modos, siempre que sean accesorias del viaje marítimo".

(ii) Valoración del interés asegurable. El artículo 453 del Anteproyecto establece tres reglas sobre la valoración del interés asegurable: primera, el valor asegurable de las mercancías se fijará, "con sujeción a lo pactado por las partes", teniendo en cuenta su "valor de origen" incrementado con el de los "gastos de su transporte y aduana"; segunda, "podrá incrementarse dicho valor con el importe del beneficio esperado, siempre que no supere el diez por ciento del valor de origen"; y tercera, "para asegurar un margen de beneficio superior será necesario declararlo así expresamente en la póliza o certificado".

Estas reglas de valoración suscitan las siguientes observaciones:

? La primera regla de valoración contiene una remisión a "lo pactado por las partes" que resulta innecesaria, habida cuenta del carácter dispositivo del régimen jurídico del seguro marítimo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 407 del Anteproyecto. Por tal razón, bastaría con que la regulación proyectada se limitara a recoger la antes indicada norma de valoración, sin referencia alguna a la voluntad de los contratantes.

? La segunda y tercera regla de valoración, consideradas conjuntamente, plantean la necesidad de coordinar su redacción. El límite cuantitativo establecido al aseguramiento del importe del beneficio esperado no tiene un carácter imperativo -como pudiera deducirse del segundo inciso del artículo 453-, dado que las partes podrán asegurar un beneficio superior a dicho importe siempre que así lo declaren en la póliza o certificado -de acuerdo con lo dispuesto en el inciso tercero de este mismo precepto-.

A la vista de las consideraciones realizadas, el artículo 453 del Anteproyecto debería estructurarse en dos apartados con la siguiente formulación:

"1. El valor asegurable de las mercancías se fijará teniendo en cuenta su valor de origen y los gastos de transporte y aduana.

2. El valor señalado en el apartado 1 podrá incrementarse con el importe del beneficio esperado. Para asegurar un margen de beneficio superior al diez por ciento del valor en origen de las mercancías, será necesario declararlo así expresamente en la póliza o certificado".

Cabe observar que, de acuerdo con la regulación proyectada, las partes pueden pactar, al margen de la póliza del seguro o el certificado de cobertura, el aseguramiento de un beneficio esperado de importe inferior al diez por ciento del valor en origen de la mercancía. Aunque esta previsión pudiera resultar llamativa, guarda relación con la libertad de forma que rige el contrato de seguro marítimo, cuyas condiciones pueden ser probadas por otros medios distintos de la póliza o el certificado de cobertura (artículos 407 y 421 del Anteproyecto).

(iii) Duración de la cobertura. El Anteproyecto determina el momento inicial y final de la cobertura del seguro de mercancías así en general (artículo 454) como en los supuestos en que el contrato contenga la cláusula "de almacén a almacén" (artículo 455) o recaiga "sobre mercancías en viaje" (artículo 456).

Durante la tramitación del expediente administrativo, la Asociación Empresarial del Seguro - UNESPA y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Competitividad han manifestado que los preceptos reguladores de la duración de la cobertura del seguro de mercancías deberían respetar la libertad de pactos, incluyendo la locución "salvo pacto en contrario". Esta observación se centra de manera especial en la cláusula "de almacén a almacén", que, según la regulación proyectada, sólo otorga cobertura al transporte de las mercancías desde que éstas abandonan el almacén de origen hasta que llegan al almacén de destino, quedando con ello excluidas las operaciones de carga y descarga en estos almacenes, lo cual choca frontalmente -según alegan- con las condiciones generales del Institute Cargo Clauses de generalizada utilización en el mercado español. Para que la cláusula "de almacén a almacén" pueda adaptarse a las diferentes modalidades de cobertura del seguro de mercancías, sería necesario -a juicio de la asociación y el centro directivo mencionados- que se respetase la libertad contractual de los contratantes.

A este respecto, procede nuevamente recordar que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 407 del Anteproyecto, el régimen jurídico del seguro marítimo es dispositivo, de ahí que, salvo en aquellas previsiones que prohíban expresamente el pacto en contrario -entre las que no se encuentran los artículos 454 a 456-, siempre podrá modificarse por las partes contratantes.

Por tal razón, no debería incluirse la locución "salvo pacto en contrario" en ninguno de los preceptos mencionados.

(iv) Extensión de la cobertura del seguro. El artículo 460 del Anteproyecto dispone que las mercancías aseguradas estarán cubiertas "durante todo el viaje", entendiéndose incluidos tanto los "transbordos, operaciones de carga y descarga en puertos de tránsito o arribada y estancia en muelle o almacén en los mismos" (apartado 1) como "los cambios de viaje o ruta ajenos a la voluntad del asegurado" (apartado 2).

No obstante, si tales circunstancias se producen, el asegurado está obligado -según el mismo precepto- a comunicárselas al asegurador y pagar la sobreprima que en su caso pudiera corresponder.

El Anteproyecto no aclara -como debiera- cuáles son las consecuencias del incumplimiento del deber de comunicación que recae sobre el asegurador y, en particular, si dicho incumplimiento puede afectar a la cobertura del seguro.

(v) Póliza flotante. Este tipo de póliza es muy usual en el seguro marítimo de mercancías y, por tal razón, se encuentra regulada en los artículos 458 y 459 del Anteproyecto.

De acuerdo con la regulación proyectada, la póliza flotante proporciona cobertura automática a todos los embarques de mercancías definidos en la póliza que se realicen durante su plazo de vigencia, siempre y cuando el asegurado se lo haya comunicado previamente al asegurador. El incumplimiento de este deber de aviso libera al asegurador de su obligación de cubrir la expedición concreta de que se trate.

En relación con la configuración dada por el Anteproyecto a la póliza flotante, cabe formular las siguientes observaciones:

? En primer lugar, el incumplimiento del deber de aviso sólo debe liberar al asegurador cuando el asegurado no tuviera la obligación de aplicar la póliza flotante a todos los embarques de mercancías especificados en la póliza: de este modo, si el asegurado no está obligado a aplicar a la póliza flotante todas las expediciones definidas en la propia póliza sino solamente las que quiere, el incumplimiento del deber de aviso debería exonerar al asegurador de cualquier responsabilidad por el siniestro acaecido en el curso de un viaje marítimo que no le haya sido comunicado; en cambio, si el asegurado está obligado a aplicar a la póliza flotante todos los embarques definidos en la póliza -tal y como, en forma de presunción, establece el Anteproyecto sometido a consulta (artículo 458.1)-, el asegurador debería asumir su responsabilidad por el siniestro con independencia de que se haya efectuado el "aviso de seguro", dado que este aviso constituye la comunicación de unos hechos que ya son conocidos por el asegurador y que, por tal razón, son relevantes para la determinación de la prima pero no deben serlo para la cobertura del siniestro.

? En segundo término, debe aclararse la redacción del artículo 459.1 del Anteproyecto, pues, en sus términos actuales ("La póliza flotante expresará el plazo de que dispone el asegurado para comunicar al asegurador una expedición en curso, entendiéndose que dicho plazo no será inferior a cuarenta y ocho horas a contar desde el momento en que el asegurado tuvo noticia de la expedición"), cabe dudar de si el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas tiene carácter imperativo, de forma que las partes contratantes no pueden establecer uno inferior en la póliza flotante, o resulta de aplicación subsidiaria para el supuesto de que las partes no hayan pactado otro en la póliza flotante.

(vi) Supuestos y plazo del abandono de mercancías. El Anteproyecto establece los supuestos legales de abandono en su artículo 461 y el plazo en que el asegurado debe realizar la declaración de abandono en su artículo 462.

Cabe recordar que, en un momento anterior de este dictamen, al analizarse la acción de abandono desde una perspectiva general, ya se hizo mención a estos preceptos legales y, en particular, se propuso una nueva redacción para el artículo 462 del anteproyecto. Por tanto, procede ahora remitirse a lo que entonces se dijo.

C) Seguro de responsabilidad

El régimen jurídico del denominado "seguro de responsabilidad" se contiene en la sección 3ª del Capítulo III del Título VIII (artículos 463 a 467) del Anteproyecto.

Estas disposiciones -dice la memoria del análisis de impacto normativo- "representan una novedad absoluta, por cuanto la regulación tradicional del seguro marítimo en el vigente Código de Comercio desconocía la cobertura aseguradora de la responsabilidad civil naviera".

Antes de entrar en el análisis de su contenido, cabe observar que el Anteproyecto omite el calificativo "civil" en la denominación del "seguro de responsabilidad". A juicio del Consejo de Estado, esta omisión debería subsanarse, dado que la responsabilidad del asegurador frente a terceros perjudicados, con independencia de que se califique como contractual o extracontractual, es siempre de naturaleza civil.

La regulación proyectada del seguro de responsabilidad civil -explica la memoria- "sigue en sus líneas esenciales la existente en la LCS, aunque se precisan una serie de cuestiones de no escaso interés", atinentes al ámbito de aplicación de esta figura contractual, a la acción directa de los terceros perjudicados contra el asegurador y a los límites a la cobertura del seguro y de la responsabilidad indemnizatoria, que se abordan a continuación:

(i) Ámbito de aplicación. Se encuentra regulado en los artículos 463 y 467 del Anteproyecto:

? El artículo 463 prevé que las normas reguladoras del seguro voluntario de responsabilidad civil se aplicarán "no solamente a los de esta clase", sino "también a las coberturas del riesgo de nacimiento de determinadas obligaciones de indemnizar a terceros incluidas en seguros marítimos de otra clase": entre estas últimas, cabe mencionar, por ejemplo, la responsabilidad civil del armador por abordajes (artículo 443).

? El artículo 467 establece que "los seguros obligatorios de responsabilidad (civil) exigidos por esta ley se regularán, en primer lugar, por sus normas particulares y, en su defecto, por lo previsto en esta sección". De este modo, el régimen del seguro voluntario de responsabilidad se aplicará de manera supletoria a los seguros obligatorios de responsabilidad civil previstos en el Anteproyecto, que son el del porteador por muerte y lesiones corporales de pasajeros transportados (artículo 300) y el de los armadores o titulares del uso o explotación del artefacto naval o plataforma por daños por contaminación de las costas y aguas navegables (artículo 389).

Por la similitud de la materia regulada, sería aconsejable que los artículos 463 y 467 del Anteproyecto se refundieran en uno solo, bajo la rúbrica "Ámbito de aplicación", que se ubicase como el primero de los que integran la sección 3ª del Capítulo III del Título VIII y constase de dos apartados del tenor de los mencionados preceptos.

(ii) Acción directa de los terceros perjudicados contra el asegurador. El artículo 464 del Anteproyecto reconoce a los terceros perjudicados acción directa contra el asegurador, aunque con importantes diferencias en función de que se trate de "seguros de responsabilidad civil" o "seguros de protección e indemnización":

? En los "seguros de responsabilidad civil", el perjudicado ostenta acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de su obligación de indemnización, sin que resulte válido el pacto en contrario (artículo 464.1).

La regulación proyectada recoge así la acción directa de los terceros perjudicados contra el asegurador prevista en el seguro de responsabilidad civil por el artículo 76 de la LCS. Este último precepto, en principio imperativo por virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la LCS, admite pacto en contrario en los "seguros de grandes riesgos" según el artículo 44 de la misma Ley.

En el Anteproyecto sometido a consulta, sin embargo, la acción del perjudicado contra el asegurador se declara en el artículo 464.1 indisponible para las partes, de forma que -señala la memoria- "cualquier pacto que intente suprimirla (pacto frecuente en determinadas clases de cobertura de responsabilidad naviera) es inválido".

La Asociación Empresarial del Seguro - UNESPA ha observado que la regulación de la acción directa de los terceros perjudicados en el seguro marítimo de responsabilidad civil debería ser disponible para las partes, del mismo modo que se prevé en la LCS para los seguros de grandes riesgos.

En relación con esta cuestión, cabe recordar que el carácter dispositivo de la regulación aplicable a los "seguros de grandes riesgos", entre los que se encuentra el seguro marítimo (artículo 44 de la LCS y artículo 407 del Anteproyecto), se explica porque las partes contratantes de este tipo de seguros suelen encontrarse en una posición de mayor equilibrio contractual y, por tal razón, el asegurado no precisa la protección dispensada por las normas imperativas.

En el seguro de responsabilidad civil, el titular de la acción directa no es, sin embargo, el asegurado, sino los terceros perjudicados ajenos al contrato de seguro, de ahí que se encuentre justificada la declaración de invalidez de los pactos entre asegurador y asegurado que excluyan dicha acción.

Este razonamiento, que la doctrina científica ya ha utilizado para sostener -de lege ferenda- que la acción directa de los terceros perjudicados prevista en el artículo 76 de la LCS no admite pacto en contrario de las partes contratantes, constituye también el fundamento de la indisponibilidad de la acción contemplada en el artículo 464.1 de la proyectada regulación del seguro marítimo de responsabilidad civil.

? En los "seguros de protección e indemnización", el Anteproyecto reconoce a los terceros perjudicados acción directa contra el asegurador cuando así se prevea en "los convenios internacionales en los que España sea Estado parte" o en "normas de la Unión Europea" (artículo 464.2).

Los seguros que el Anteproyecto denomina "de protección e indemnización" se encuentran estrechamente ligados al mercado asegurador inglés y, en concreto, a los P&I clubs -"Protection and indemnity clubs"-, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII. En virtud de la Monopoly Act de 1720, se otorgó el monopolio del seguro marítimo a la Royal Exchange Assurance Company y la London Assurance Company. Al margen de este régimen de monopolio quedaron los aseguradores individuales que ejercían su actividad en el Lloyd"s Coffee House. La atribución en exclusiva de la actividad aseguradora a aquellas dos compañías motivó un notable incremento de las primas y dificultó la cobertura de los riesgos más graves del tráfico marítimo. Por esta razón, los armadores y navieros comenzaron a agruparse en clubs en busca de una protección y ayudas recíprocas.

Los P&I clubs son, en la actualidad, sociedades mutuas de seguros que funcionan bajo la regla "pay to be paid": el club asume la obligación de reembolsar a sus miembros la indemnización que éstos hayan previamente satisfecho a los terceros perjudicados por el siniestro. Como corolario de esta particular estructura jurídica, el derecho inglés no otorga a los terceros perjudicados una acción directa contra el club en cuestión.

Los principales clubs de protección e indemnización se han integrado en el International Group of P&I clubs y, en su seno, ha acordado darse cobertura recíproca a través del correspondiente Pooling Agreement. La Decisión de la Comisión Europea de 12 de abril de 1999 entendió que este sistema no era contrario a la libre competencia en el mercado interior.

El Anteproyecto sometido a consulta ha optado por reconocer la singularidad de estos clubes, previendo que los terceros perjudicados únicamente podrán ejercitar la acción directa contra ellos en los seguros de protección e indemnización cuando así se disponga en los "convenios internacionales en los que España sea Estado parte" o en "normas de la Unión Europea".

La memoria del análisis de impacto normativo justifica este régimen singular en la "raigambre" de estos seguros de protección e indemnización en el ámbito de la navegación marítima.

Por tanto, a diferencia de lo que sucede en los seguros de responsabilidad civil, el artículo 464.1 de la proyectada regulación de los seguros de protección e indemnización no reconoce a los terceros perjudicados, con carácter general, acción directa contra los P&I clubs, sino tan solo en aquellos supuestos en que dicha acción esté contemplada por el Derecho internacional o europeo:

- En el ámbito internacional, la acción directa de los terceros perjudicados contra "el asegurador" o "contra toda persona que provea la garantía financiera para cubrir la responsabilidad del propietario" -referencia esta última con la que se alude principalmente a los P&I clubs- se reconoce, por ejemplo, en el Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1969 (artículo 7.8), el Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos para combustible en buques, hecho en Londres el 23 de marzo de 2001 (artículo 7.10), el Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización en el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, hecho en Londres el 3 de mayo de 1996 (artículo 12.8), y el Convenio internacional sobre la remoción de restos de naufragio, hecho en Nairobi el 18 de mayo de 2007 (artículo 12.10).

- En el ámbito europeo, el artículo 18 del Reglamento (CE) núm. 864/007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, dispone, bajo la rúbrica "Acción directa contra el asegurador del responsable", que la persona perjudicada "podrá accionar directamente contra el asegurador de la persona responsable para reclamarle resarcimiento si así lo dispone la ley aplicable a la obligación extracontractual o la ley aplicable al contrato de seguro". Esta norma de conflicto remite, pues, a lo previsto en las legislaciones nacionales de cada uno de los Estados miembros. La diferencia en el régimen jurídico aplicable a la acción directa de los terceros perjudicados en el seguro de responsabilidad civil y en los seguros de protección e indemnización ha sido denunciada durante la tramitación del expediente.

La Asociación Empresarial del Seguro - UNESPA considera que, con la regulación proyectada, las entidades aseguradoras españolas se encuentran en situación de desventaja respecto de los P&I clubs, dado que los terceros perjudicados podrán reclamar contra aquéllas pero no frente a éstos.

El Consejo Fiscal, por su parte, ha entendido que la proyectada regulación de los seguros de protección e indemnización "hace inmunes a los aseguradores ante las reclamaciones de los perjudicados en accidentes marítimos" y "carece de justificación", por cuanto los seguros de protección e indemnización "son una variedad del seguro de responsabilidad civil, en el cual el reconocimiento legal de la acción directa es un derecho propio de las víctimas, del que las partes del contrato de seguro no pueden disponer", es decir, "las partes del contrato de seguro tienen libertad para establecer sus relaciones bilaterales a través de la póliza de seguro, pero no pueden regular lo que constituye derecho de tercero". Sin perjuicio de ello, este órgano ha valorado "positivamente" la remisión que se efectúa al reconocimiento de tal acción en los convenios internacionales o en las normas de la Unión Europea, toda vez que éstas tienden a proporcionar cobertura de los daños que se puedan ocasionar al medio ambiente y a terceros.

Entiende el Consejo de Estado que las críticas vertidas durante la tramitación del expediente sobre el régimen jurídico de la acción directa en los seguros de protección e indemnización se encuentran justificadas. En el ámbito del derecho y la jurisdicción españoles, las relaciones internas entre los P&I clubs y sus mutualistas asegurados no pueden resultar jurídicamente oponibles a los terceros perjudicados ajenos a dicho particular sistema de aseguramiento ni deben suponer, por ende, una excepción a la acción directa que se les reconoce, siempre y en todo caso, en los seguros de responsabilidad civil. En el proyecto de Ley del año 2008 se eliminó, tras el informe del Consejo General del Poder Judicial, una regulación de la acción directa en los seguros de protección e indemnización similar a la que ahora aparece en el presente Anteproyecto. Las razones expuestas llevan a este Consejo de Estado a llamar la atención sobre la conveniencia de replantearse los términos en que el texto sometido a consulta contempla la acción directa de los terceros perjudicados contra el asegurador en tales seguros, a fin de asegurar su vigencia.

(iii) Límite de la cobertura. El artículo 465 del Anteproyecto dispone que "el asegurador responde como máximo hasta el límite de la suma asegurada por cada uno de los hechos que originen su responsabilidad ocurridos durante la vigencia del contrato".

No existe una previsión semejante en la regulación del seguro de la responsabilidad civil de los artículos 73 a 76 de la LCS. Su fundamento, en todo caso, resulta obvio y no suscita objeción alguna.

(iv) Limitaciones de responsabilidad indemnizatoria. El artículo 467 del Anteproyecto prevé que el asegurador podrá oponer al perjudicado "las mismas excepciones que corresponderían a su asegurado" y, especialmente, "las limitaciones cuantitativas de responsabilidad de que éste último gozase de acuerdo con la ley aplicable" (así, por ejemplo, la limitación legal de responsabilidad por créditos marítimos establecida en el Título VII del Anteproyecto) o "el contrato del que derivase la responsabilidad" (en particular, las limitaciones de deuda del porteador marítimo de personas o cosas).

En realidad, este precepto está regulando cuestiones que, aun estando conexas, son diferentes: las excepciones, por un lado; las limitaciones cuantitativas, por otro. Por tal razón, la rúbrica del precepto, que la doctrina científica ya ha calificado de "equívoca", debería sustituirse por otra más acorde a su contenido, como, por ejemplo, "Excepciones y limitaciones cuantitativas a la responsabilidad indemnizatoria".

XI

El Título IX del Anteproyecto, rubricado "Especialidades procesales" regula las especialidades de jurisdicción y competencia, el embargo preventivo de buque, la venta forzosa de buques y el procedimiento para limitar la responsabilidad por créditos marítimos.

La regulación proyectada consultada se considera adecuada por el Consejo de Estado pues ha sido objeto de depuración respecto de la inicial, acogiéndose la práctica totalidad de las acertadas observaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial.

No obstante, este Cuerpo Consultivo debe señalar:

a) En relación con el artículo 468 del Anteproyecto.

Previene este precepto que "..., serán nulas y se tendrán por no puestas las cláusulas de sumisión a una jurisdicción extranjera o arbitraje en el extranjero, contenidas en los contratos de utilización del buque o en los contratos auxiliares de navegación cuando no hayan sido negociadas individual y separadamente".

El Consejo de Estado valora positivamente la intencionalidad y finalidad de la norma proyectada, pero no puede dejar de llamar la atención sobre el hecho de que se opone frontalmente a la práctica habitual y generalizada seguida en el tráfico y que previsiblemente tendrá una eficacia muy dudosa.

b) En el artículo 469.2 y 3 debe revisarse la redacción ("... los Tribunales del lugar donde se halle: b) el lugar de celebración del contrato...") y sustituirse la expresión "a opción del demandante" por "a elección del demandante" que es la utilizada por la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 52).

c) En relación con el procedimiento para limitar la responsabilidad por créditos marinos, es de señalar que la regulación proyectada, de una parte, cubre la laguna existente sobre el modo procesal de constituir el fondo de limitación y, de otro lado, solventa la dudosa cuestión de si la invocación de la limitación debe plantearse como excepción o defensa dentro del proceso en que se pretende la exigencia o de si puede plantearse como pretensión autónoma y separada, de tal suerte que el naviero podría solicitar de un tribunal competente que se declarare su derecho a limitar la responsabilidad derivada de un determinado evento, con independencia de que las responsabilidades indemnizatorias le fueran exigidas en otro procedimiento. E incluso si se puede plantear dicha solicitud de forma anticipada, cuando todavía no se ha iniciado proceso judicial alguno en reclamación de indemnización.

La cuestión era, como se ha señalado, dudosa a consecuencia de que España no hizo uso de la posibilidad de restringir la limitación al caso de constitución del fondo al suscribir el Convenio Internacional sobre Limitación de Responsabilidad nacida de Reclamaciones de Derecho Marítimo de 1976. Ahora, se dilucidan las dudas -de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que arranca de 24 de octubre de 1995- en el sentido de que la limitación de responsabilidad puede formularse procesalmente como excepción en el procedimiento de reclamación y como procedimiento autónomo, según se deduce de la regulación contenida en los artículos 488 y 489.

No se contempla sin embargo en el Anteproyecto el supuesto del planteamiento preventivo de la pretensión de limitación que puede encontrar amparo en el artículo 6 bis del Convenio de Bruselas de Competencia Judicial de 1968 -hoy incorporado al artículo 7 del Reglamento 44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil -y que será a su vez sustituido a partir del 1 de enero de 2015 por el Reglamento 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de igual título-. Debe ponderarse la conveniencia de hacerlo.

d) Por último, el Consejo de Estado comparte la observación formulada por el Consejo General del Poder Judicial -y no atendida- de que la pérdida de acciones anudada a dicha constitución sólo puede operar respecto de las personas en garantía de quien se haya constituido el fondo, según se deriva de lo establecido en el Convenio de 1976.

XII

Aborda a continuación el Consejo de Estado el examen del Título X del anteproyecto de Ley consultado.

1. Consideraciones generales

El Título X del Anteproyecto sometido a consulta, que lleva la rúbrica de "Certificación pública de determinados expedientes de derecho marítimo", no estaba incluido en el proyecto de Ley del año 2008 y tiene como objeto -según dice la exposición de motivos- "poner al día los expedientes de jurisdicción voluntaria" relativos al comercio marítimo.

Estos expedientes se encuentran todavía regulados en los artículos 2131 a 2161 y 2168 a 2174 del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (en adelante, LEC de 1881), cuya derogación se contempla expresamente en el Anteproyecto (disposición derogatoria única, letra a).

La memoria del análisis de impacto normativo del Anteproyecto y la propia exposición de motivos explican que los expedientes de jurisdicción voluntaria contemplados en la LEC de 1881 son objeto de un doble cambio:

(i) En primer lugar, se eliminan expedientes claramente obsoletos, que habían perdido su razón de ser (como la autorización para la descarga de un buque, para contraer determinadas obligaciones derivadas del contrato de transporte marítimo o para la apertura de escotillas), y se simplifican los restantes.

Los cinco expedientes de Derecho marítimo que se regulan en el Anteproyecto son la protesta de mar e incidencia del viaje (artículos 503 y 504), la liquidación de avería gruesa (artículos 505 a 510), el depósito y venta de mercancías en el transporte marítimo (artículos 511 a 514), el extravío, sustracción o destrucción del conocimiento de embarque (artículos 515 a 521) y la enajenación de efectos mercantiles alterados o averiados (artículos 522 y 523).

Cabe destacar que uno de tales expedientes -el extravío, sustracción o destrucción del conocimiento de embarque- no estaba contemplado en la LEC de 1881 y ha sido introducido ex novo por la regulación proyectada. La exposición de motivos del anteproyecto debería dejar constancia de tal novedad.

(ii) En segundo término, se encomienda a los notarios la tramitación y resolución de estos expedientes, que pasan a denominarse "certificación pública de expedientes de derecho marítimo".

El artículo 501 del Anteproyecto, primero de los que integran su Título X, dispone que "para conocer de los expedientes regulados en este título sólo será competente un Notario, a elección de los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley".

La memoria justifica la oportunidad de esta previsión en que las competencias hasta ahora atribuidas a los órganos jurisdiccionales en los denominados expedientes de jurisdicción voluntaria "pueden ejercerse sin merma ninguna por los notarios, lo que contribuirá, a su vez, a descongestionar nuestros tribunales".

Para un mejor análisis de la regulación proyectada, es preciso el concepto y naturaleza de la jurisdicción voluntaria.

El artículo 1811 de la LEC de 1881 otorga el calificativo de actos de jurisdicción voluntaria a "aquellos en que sea necesaria o se solicite la intervención del Juez, sin estar empeñada, ni promoverse cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas". Por tanto, la jurisdicción voluntaria se define, desde un punto de vista estrictamente legal, por su carácter no contencioso.

Con este punto de partida, se ha discutido si la jurisdicción voluntaria es una auténtica jurisdicción o una administración de derecho privado atribuida por razones históricas a los órganos judiciales. Dejando de lado posiciones maximalistas basadas en la identificación de jurisdicción y proceso contencioso, el examen de la gran variedad de supuestos contenidos en el Libro III de la LEC de 1881 pone de manifiesto que, a través de los expedientes de jurisdicción voluntaria, se ejercen funciones que unas veces son materialmente jurisdiccionales y otras propiamente administrativas: las primeras se orientan a la creación, modificación y extinción de derechos; las segundas pretenden la acreditación, aseguramiento y prevención de hechos o derechos.

Partiendo de esta realidad, se ha defendido desde muy diversos ámbitos la necesidad de transferir todas o algunas de las funciones no jurisdiccionales de los órganos judiciales a otros profesionales del derecho -entre ellos, a los notarios-, con el propósito de aliviar la carga de trabajo de la Administración de Justicia.

En tal sentido se pronunciaba, por ejemplo, la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 16 de septiembre de 1986, a la que hizo referencia la exposición de motivos de la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes para la Reforma Procesal, que permitió la obtención de la declaración de herederos mediante acta de notoriedad y extrajo del ámbito judicial determinadas operaciones de legalización de libros: "El orden civil -señalaba esta exposición de motivos- tiene hoy atribuido el conocimiento de asuntos no jurisdiccionales cuya residencia en sede jurisdiccional dista de ser obligada. Esta atribución tenía sentido en épocas en las que el trafico jurídico era mucho menor, la judicialización de la vida social menos intensa y las garantías ofrecidas por otras instancias nulas. En una situación como la actual, sin embargo, carece de sentido seguir atribuyendo a los órganos judiciales la realización de tareas no jurisdiccionales: tal cosa no repercute más que en disfunciones para la Administración de Justicia -que se debe primordialmente al desarrollo de una función propiamente jurisdiccional- y para los interesados, que ven cómo un asunto que podría tramitarse fácil y económicamente en otra sede, ha de esperar, para su resolución, el orden de tramitación propio de los órganos jurisdiccionales".

Con la aprobación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuya disposición final decimoctava contemplaba el compromiso de que el Gobierno enviaría a las Cortes Generales en el plazo de un año un proyecto de Ley de jurisdicción voluntaria, se reabrió el debate acerca de los límites de la jurisdicción voluntaria, que todavía sigue vivo en espera de una norma con rango de Ley que regule esta materia con alcance general.

En el Anteproyecto sometido a consulta, de los cinco expedientes de Derecho marítimo atribuidos por la regulación proyectada a la competencia notarial, en tres de ellos se dilucidan cuestiones que pueden considerarse jurisdiccionales: la liquidación de la avería de gruesa; el depósito y venta de mercancías y equipajes en el transporte marítimo; y el extravío, sustracción o destrucción del conocimiento de embarque. En todo caso, la regulación proyectada prevé que en tales expedientes existirá la posibilidad de recurrir la decisión notarial ante los tribunales ordinarios (artículos 509.1, 514.1 y 519.3), salvaguardándose de este modo el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución.

Cuestión distinta es que la desjudicialización, salvo en los expedientes de protesta de mar por incidencias del viaje y de enajenación de efectos mercantiles alterados o averiados, no sea completa -como ha advertido el Consejo General del Poder Judicial en su informe-, ya que, en última instancia, los tribunales ordinarios tendrán que conocer de aquellas decisiones notariales que hayan suscitado oposición de los interesados.

2. Observaciones particulares

A) Protesta de mar e incidencias del viaje

Con la denominación de "protesta de mar" se designa aquella manifestación de voluntad, realizada por el capitán del buque ante las autoridades competentes del puerto de destino, para hacer constar determinadas situaciones ocurridas durante el viaje marítimo y, en su caso, exonerarse de responsabilidad por tales hechos.

Los supuestos de protesta antes las autoridades competentes contemplados en el vigente Cco son los siguientes: por avería (artículo 624, párrafo primero); por naufragio (artículo 612, núm. 5; y 624, párrafo segundo); por arribada forzosa (artículo 612.8); por abordaje (artículo 835); y por ataque de corsarios (artículo 623).

El expediente de "protesta de mar" se encuentra actualmente regulado en los artículos 2131 y 2169 a 2174 del Libro III de la LEC del 1881.

El Anteproyecto sometido a consulta deroga los preceptos establecidos en el CCo y la legislación rituaria sobre la protesta de mar, regulando el mencionado expediente en el Capítulo II del Título X del Anteproyecto (artículos 503 y 504), bajo la rúbrica "De la protesta de mar e incidencias del viaje".

El examen de la regulación proyectada sobre el expediente de "protesta de mar e incidencias del viaje" plantea las siguientes observaciones:

(i) El artículo 503 del Anteproyecto, bajo la rúbrica "Acreditación de las incidencias", dispone en su apartado 1 que el capitán del buque deberá hacer constar en el puerto de destino, ante la Capitanía Marítima o ante el Cónsul español si se trata de un puerto extranjero, las incidencias del viaje "en los casos en que la legislación aplicable exija" esta declaración; y añade este mismo precepto en su apartado 2 que "podrá también utilizarse este expediente para acreditar las incidencias cuando el capitán lo considerase conveniente a efectos de exoneración de responsabilidad".

En el Anteproyecto objeto de dictamen, que resultará de aplicación a los buques de nacionalidad española, los supuestos en que el capitán deberá o podrá realizar dicha declaración se encuentran regulados en los artículos 184 y 187:

? En el artículo 184.2, bajo la rúbrica "Obligación de comunicar accidentes", se dispone que los capitanes de los buques nacionales deberán presentarse ante la Administración marítima, dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes a su llegada a puerto nacional, o ante el Cónsul si es puerto extranjero, para realizar una declaración sobre las incidencias contempladas en el artículo 184.1 -"todo accidente de navegación ocurrido en el buque, todo episodio de navegación ocurrido al buque o causado por él, todo episodio de contaminación producido u observado y cualquier otra novedad extraordinaria y de importancia que afecte a la seguridad de la navegación o del medio ambiente marino"-, con transcripción de la parte pertinente del Diario de Navegación.

? En el artículo 187, bajo la rúbrica "Protesta de mar", se prevé que "el capitán podrá levantar una protesta de mar cuando hayan ocurrido hechos de los que pudiera deducirse su responsabilidad".

A la vista del contenido de los artículos 184.2, 187.1 y 503 del Anteproyecto, no queda claro si la declaración sobre las incidencias del viaje y la protesta de mar son la misma cosa.

A juzgar por la rúbrica y el tenor literal de los artículos 184.2 y 187.1, podría sostenerse que la declaración de las incidencias del viaje y la protesta de mar son manifestaciones de voluntad no necesariamente coincidentes: el capitán estaría obligado a declarar las "incidencias del viaje" según el artículo 184.2 y facultado para levantar "protesta de mar" cuando estas u otras incidencias pudieran comprometer su responsabilidad de acuerdo con el artículo 187.1. De este modo, la declaración de las incidencias del viaje sería una obligación, en los términos establecidos en el artículo 184.2, y la protesta de mar una facultad del capitán a efectos de exonerarse de responsabilidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 187.1. Esta interpretación vendría apoyada en la rúbrica del Capítulo II del Título X ("De la protesta del mar e incidencias del viaje"), que alude a la protesta del mar y las incidencias del viaje como si fueran algo distinto.

Contrariamente, sin embargo, el artículo 503 del Anteproyecto prevé que se deberá levantar "acta de protesta" tanto "en los casos en que la legislación aplicable" así lo exija (artículo 184) como "cuando el capitán lo considerase conveniente a efectos de exoneración de responsabilidad" (artículo 187), aplicando así la expresión "protesta de mar" a la declaración de cualesquiera incidencias ocurridas en el viaje marítimo, incluso cuando el capitán no realice tal declaración con el propósito de exonerarse de responsabilidad sino tan solo con el de dejar constancia de que han ocurrido.

A juicio del Consejo de Estado, es regla tradicional del Derecho marítimo que la manifestación efectuada por el capitán del buque de cualesquiera incidencias ocurridas en el viaje marítimo reciba el nombre de "protesta de mar". Por tal razón, los artículos 184.2 y 187.1 del Anteproyecto deberían refundirse en uno solo que, bajo la rúbrica "Protesta de mar", contemplase los supuestos en que dicha protesta es obligatoria ("todo accidente de navegación ocurrido en el buque, todo episodio de navegación ocurrido al buque o causado por él, todo episodio de contaminación producido u observado y cualquier otra novedad extraordinaria y de importancia que afecte a la seguridad de la navegación o del medio ambiente marino") o facultativa ("cuando hayan ocurrido hechos de los que pudiera deducirse su responsabilidad"). Asimismo, la rúbrica del Capítulo II del Título X debería modificarse, pasando a ser "De la protesta de mar por incidencias del viaje".

En otro orden de cosas, la redacción del artículo 503 podría mejorarse en algunos aspectos:

- El artículo 503.1 establece la obligación del capitán de declarar las incidencias del viaje "en los casos en que la legislación aplicable" así lo exija; debería indicarse expresamente que tales casos serán los previstos en la legislación aplicable "al buque"; asimismo, este precepto dispone que la declaración se realizará ante la Capitanía Marítima, "de acuerdo con lo dispuesto en ley": sería más correcto decir "de acuerdo con lo dispuesto en la ley".

- El artículo 503.2 del Anteproyecto prevé, en su inciso segundo, que el capitán, en el plazo de veinticuatro horas a contar desde su llegada a puerto de destino, "deberá entregar una copia del acta de protesta a todos los interesados en los hechos acaecidos, y, en su caso, entregará inexcusablemente copia compulsada a todos los interesados, en la forma prevista en el artículo 187". Con carácter general, la copia del acta de protesta no deberá compulsarse, salvo cuando el capitán levante dicha acta a efectos de exonerarse de responsabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 187.2. Por ello, el segundo inciso del artículo 503.2 quedaría mejor redactado si en el mismo se dijera que el capitán "deberá entregar a todos los interesados en los hechos conocidos una copia del acta de protesta, inexcusablemente compulsada en el supuesto previsto en el artículo 187".

(ii) El artículo 504.1 del Anteproyecto señala, por error, que el Notario procederá al examen del buque, "a petición del capitán o de los interesados por iniciativa", cuando debería decir "por iniciativa de los interesados".

(iii) El artículo 504.2 del Anteproyecto dispone que "la valoración de los daños se realizará por un perito nombrado de común acuerdo por el capitán, los interesados o consignatarios, y en defecto, de acuerdo por el Notario". Aparte de que ha omitido la conjunción copulativa "y" entre el capitán y los interesados o consignatarios, sería aconsejable que este precepto determinase a quién corresponde el pago de los gastos por la intervención del perito y del notario y en qué proporción.

B) Liquidación de la avería gruesa

En el ordenamiento vigente, la liquidación de la avería gruesa se encuentra regulada en los artículos 851 a 868 del Libro III del Cco y en los artículos 1231 a 2146 de la LEC de 1881, que han sido expresamente derogados por el Anteproyecto sometido a consulta.

La norma proyectada regula la avería gruesa en el Capítulo II del Título VI (artículos 347 a 356) y el expediente para su liquidación en el Capítulo III del Título X (artículos 506 a 510).

No se prevé a quién corresponderá el pago de los gastos del liquidador y del notario y en qué proporción. Se trata de una cuestión que el Anteproyecto debería esclarecer.

Por lo demás, la rúbrica del artículo 506 debería sustituirse por la más exacta de "Solicitud y emplazamiento a los interesados", y en el artículo 509.1 debería añadirse el artículo determinado "el" antes del "... dictamen del liquidador".

C) Depósito y venta de mercancías y equipajes del transporte marítimo

En la normativa vigente, la intervención de los efectos mercantiles del transporte marítimo se regula en los artículos 2147 a 2160 de la LEC de 1881, que han sido expresamente derogados por el Anteproyecto sometido a consulta.

La norma proyectada regula este expediente en el Capítulo V del Título X (artículos 511 a 514), cuyo contenido suscita las dos siguientes observaciones:

(i) En primer lugar, se deberían clarificar las causas que justifican la incoación del expediente para el depósito y venta de mercancías y equipajes del transporte marítimo.

El artículo 511 del Anteproyecto prevé que el porteador podrá solicitar el depósito y venta de equipajes del transporte marítimo en los casos en que el destinatario "no abone el flete, el pasaje o los gastos conexos a su transporte" o "no se presente para retirar los efectos porteados". De acuerdo con este precepto, son dos los motivos que pueden fundamentar la iniciación del expediente en cuestión: el impago o la falta de retirada de mercancías por el destinatario.

No obstante, el artículo 512.3 del Anteproyecto, al regular el contenido de dicha solicitud, dispone que "si el impedimento para concluir el transporte se debiere a una circunstancia fortuita sobrevenida durante el viaje, que hiciere imposible, ilegal o prohibida su continuación, deberá acreditarse de forma fehaciente la comprobación del hecho correspondiente". A la vista de este precepto, existe una tercera causa para el depósito y venta de mercancías, además de las dos contempladas en el artículo 511, que es el impedimento para continuar el transporte marítimo por circunstancia fortuita sobrevenida que hiciere imposible, ilegal o prohibida su continuación.

Este tercer motivo no es subsumible ni en el impago ni en la falta de retirada de mercancías por parte del destinatario, por lo que debería mencionarse expresamente en el artículo 511 y en el artículo 512.1.e).

Por lo demás, el artículo 512.3 incurre en pleonasmo cuando dispone que, si el impedimento para concluir el transporte se debiere a una circunstancia fortuita sobrevenida, "deberá acreditarse de forma fehaciente la comprobación del hecho correspondiente". Bastaría con decir que "deberá acreditarse de forma fehaciente el hecho correspondiente".

(ii) En segundo término, deben igualmente aclararse las causas que justifican el depósito y venta de las mercancías o equipajes.

El artículo 513.2 del Anteproyecto prevé que el notario acordará el depósito de las mercancías o el equipaje "si el destinatario no fuere hallado, o el requerido no pagara o diera garantía suficiente de pago en el acto del requerimiento o en las cuarenta y ocho horas siguientes".

Practicado el depósito y nombrado el depositario, el artículo 513 del anteproyecto dispone en su primer párrafo que "el Notario acordará la tasación y venta por persona o entidad especializada o en pública subasta de los efectos señalados", y añade en su párrafo segundo que "la venta de los efectos depositados procederá asimismo cuando ofrecieron riesgo de deterioro, o cuando por sus condiciones u otras circunstancias los gastos de conservación o custodia fueran desproporcionados".

Resulta difícil comprender cuál es la virtualidad práctica de este párrafo segundo del artículo 513.3. No será aplicable cuando el destinatario no sea hallado o, siéndolo, no pague o dé garantía suficiente de pago, ya que en estos supuestos la venta de las mercancías y equipajes procede en todo caso, de acuerdo con el artículo 513.2 y el párrafo primero del 513.3. Tampoco parece posible su aplicación cuando el destinatario sea hallado y pague o dé garantía suficiente de pago, pues en tales casos ni siquiera cabe, según el tenor literal del artículo 513.2, el depósito de los efectos.

Es posible que el Anteproyecto pretenda que los notarios se encuentren facultados para el depósito y venta de las mercancías por riesgo de deterioro o por la existencia de gastos de conservación o custodia desproporcionados, incluso cuando el destinatario sea hallado y pague o dé garantía de pago. De ser así, los artículos 513.2 y 513.3 del Anteproyecto deberían reformularse en términos más precisos.

Por lo demás, debería contemplarse en el artículo 513.2 del Anteproyecto, como una de las causas del depósito de las mercancías o equipajes, el impedimento para continuar el transporte marítimo por circunstancia fortuita sobrevenida que hiciere imposible, ilegal o prohibida su continuación.

D) Extravío, sustracción o destrucción del conocimiento de embarque

En la LEC de 1881 no existía un procedimiento específico para estos supuestos, que había sido reclamado por la doctrina científica y estaba contemplado en el anteproyecto de Ley de jurisdicción voluntaria.

El Anteproyecto ahora remitido en consulta dedica a este expediente el Capítulo V del Título X (artículos 515 a 521).

La regulación proyectada no plantea observaciones de orden sustantivo. No obstante, debe revisarse la redacción del artículo 516.1, sustituyendo "requiriéndoles" por "requiriéndole", ya que el tenedor desposeído dirigirá el requerimiento al notario, y "como" por "la", pues la finalidad del requerimiento es "que se le reconozca la titularidad del conocimiento de embarque desaparecido".

E) Enajenación de efectos mercantiles alterados o averiados

En la normativa vigente, la enajenación de efectos mercantiles alterados o averiados se regula en el artículo 2161 de la LEC de 1881, que ha sido expresamente derogado por el Anteproyecto sometido a consulta.

La norma proyectada regula esta cuestión en el Capítulo VI del Título X (artículos 522 y 523).

Nada se dice acerca del destino que debe darse al precio de la venta de los efectos mercantiles alterados o averiados. Debería preverse que, con dicho precio, se atenderá en primer lugar al pago de los gastos del notario y del perito, y que el remanente se entregará al titular de las mercancías.

XIII

El anteproyecto de Ley cuenta con doce disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales

1. Disposiciones adicionales

a) Disposición adicional primera

La disposición adicional primera del anteproyecto ("Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles y Registro de Buques y Empresas Navieras") contiene una habilitación reglamentaria para el desarrollo de las normas legales sobre Registro de Bienes Muebles y Registro de Buques y Empresas Navieras (apartado 1) y para la coordinación del Registro de Buques y Empresas Navieras y el Censo de la Flota Pesquera Operativa (apartado 2).

La principal diferencia entre ambas habilitaciones es, aparte de su distinto objeto, que el apartado 1 habilita al Gobierno mientras que el apartado 2 contiene una remisión per saltum para el desarrollo reglamentario de la materia concernida.

Dado que esta singular forma de habilitación altera la secuencia normal del proceso de desarrollo normativo -en el que primero interviene el Gobierno, mediante Real Decreto, y eventualmente, por delegación de aquél, los Ministros, a través de la correspondiente Orden-, cabe recordar, por una parte, que el ámbito de la potestad reglamentaria del Gobierno y los Ministros es diferente, correspondiendo al primero con alcance general (artículo 97 de la Constitución; artículos 1.1 y 23.1 de la Ley del Gobierno) y a los segundos "en las materias propias de su departamento" (artículo 4.1.b) de la Ley del Gobierno), y, por otra, que la habilitación a los Ministros para el desarrollo reglamentario de cuestiones que, formando parte de su ámbito competencial, no son puramente organizativas, exige que el contenido sustancial de tales disposiciones y sus efectos estén determinados en las normas superiores respectivas, ya sean leyes, ya sean reales decretos.

En el presente caso, la habilitación contenida en el apartado 2 de la disposición adicional primera del Anteproyecto tiene como finalidad "asegurar la coordinación" del Registro de Buques y Empresas Navieras y del Censo de la Flota Pesquera Operativa. Se trata de una cuestión de mera organización administrativa y, por ello, la habilitación per saltum es admisible en este supuesto.

b) Disposición adicional segunda

La disposición adicional segunda del anteproyecto ("Actualización de cuantías y mecanismos de garantía alternativos") habilita al Gobierno para modificar las cuantías de las sumas de indemnización establecidas en el artículo 399 (apartado 1) y los supuestos y cuantías previstas en el artículo 101.3 (apartado 2), prevé que las revisiones de las cuantías de los convenios a que se remiten las reglas de responsabilidad de los artículos 282, 283, 299, 334 y 398 sólo procederá en virtud de las modificaciones que se vayan produciendo en los tratados internacionales (apartado 3), y contiene una habilitación reglamentaria para el establecimiento de mecanismos de garantía alternativos a los seguros obligatorios previstos en los artículos 300, 389 y 467 de esta Ley.

Los apartados 1 y 4 de esta disposición adicional segunda suscitan algunas observaciones:

(i) Por una parte, el apartado 1 de la disposición adicional habilita al Gobierno para la actualización de las sumas máximas de indemnización que, en concepto de reclamaciones de Derecho marítimo, establece el artículo 399 del Anteproyecto, y obliga a preguntarse sobre la posibilidad y ámbito de dicha actualización.

El artículo 399.1 del Anteproyecto dispone, respecto de las reclamaciones relacionadas con muerte o lesiones corporales de los pasajeros de un buque surgidas en un mismo accidente y con independencia de cuál sea su arqueo bruto, que "el límite de responsabilidad será la cantidad prevista en los convenios internacionales y las normas de la Unión Europea multiplicada por el número de pasajeros que el buque esté autorizado a transportar". En concreto, el artículo 7.1 del Convenio Internacional para la Limitación de Responsabilidad por Reclamaciones de Derecho Marítimo, hecho en Londres el 19 de noviembre de 1976, establece un límite de responsabilidad en las reclamaciones por muerte o lesiones corporales de los pasajeros de un buque. El límite de responsabilidad en estos casos está, por tanto establecido, en una norma convencional internacional. No obstante, el Protocolo de 1996 que enmienda el mencionado Convenio ha añadido un apartado 3 bis al artículo 15 del Convenio, por el que se faculta a los Estados miembros "a regular mediante disposiciones específicas de la legislación nacional el régimen de responsabilidad que se aplicará a las reclamaciones relacionadas con muerte o lesiones corporales de los pasajeros de un buque, a condición de que el límite de responsabilidad no sea inferior al prescrito en el párrafo 1 del artículo 7". Por tanto, la actualización que el Gobierno efectúe de las cuantías del Convenio, siempre que suponga un incremento de las mismas, se adecua al ordenamiento internacional.

El artículo 399.2 del Anteproyecto, por su parte, establece los límites de responsabilidad aplicables a los buques y embarcaciones con arqueo inferior a 300 toneladas tanto "en las reclamaciones relacionadas con muerte o lesiones corporales" (letra a) como "en las demás reclamaciones limitables" (letra b), sin referencia alguna a normas internacionales o europeas. Estas cuantías traen causa de lo dispuesto en el Instrumento de Adhesión de España al Protocolo de 1996 que enmienda el Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, 1976, hecho en Londres el 2 de mayo de 1996, que contiene dos reservas, una de las cuales es que "el límite de responsabilidad para los buques con arqueo inferior a 300 toneladas es regulado por normas específicas del derecho interno del Reino de España, de tal forma que, con respecto a tales buques, el límite de responsabilidad, calculado de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, párrafo 1.a) y b) del Convenio, sea la mitad del límite de responsabilidad aplicable a un buque con arqueo de 2.000 toneladas". En la reserva efectuada al Convenio se establece la regla nacional para la determinación del límite de responsabilidad en buques de arqueo inferior a 300 toneladas, pero dicha regla debe siempre aplicar las cuantías establecidas en el propio Convenio. Por tanto, la actualización de los límites de responsabilidad del artículo 399.1 sólo parece posible respecto de "las reclamaciones relacionadas con muerte o daños corporales" (letra a), dada la previsión contenida en el artículo 15.3 bis del Convenio introducido por el Protocolo de 1996, pero no respecto de "las demás reclamaciones limitables" (letra b).

De acuerdo con las consideraciones expuestas, la habilitación reglamentaria al Gobierno contenida en el apartado 1 de la disposición adicional segunda debería limitarse a la actualización de las cuantías del artículo 399.1 y del apartado a) del artículo 399.2, pero no a las del apartado b) del artículo 399.2.

(ii) Por otra parte, el apartado 4 de la disposición adicional segunda del Anteproyecto contiene una habilitación reglamentaria con destinatario innominado, que, en cuanto faculta para la regulación de "los supuestos en los cuales se puedan constituir mecanismos de garantía alternativos a los seguros obligatorios previstos en los artículos 300, 389 y 467 de esta ley", supone la creación de normas sustantivas no previstas en la Ley y, por ello, sólo puede entenderse dirigida al Gobierno. En tal sentido, el genérico "Reglamentariamente se podrá..." con que principia esta disposición adicional segunda debería sustituirse por "El Gobierno podrá...". c) Disposición adicional tercera

La disposición adicional tercera del anteproyecto ("Órganos competentes de la Armada") prevé que los interesados en las acciones relativas a los premios por salvamentos y a las remuneraciones por remolques de fortuna podrán optar por acudir a los órganos competentes de la Armada, que serán la Junta Central de Arbitrajes Marítimos y los auditores y comisarios de arbitrajes marítimos, o a la jurisdicción civil ordinaria, pero si no hubiere acuerdo entre los interesados, prevalecerá la jurisdicción civil ordinaria.

Desde la aprobación de la Ley 60/1962, de 24 de noviembre, sobre auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimas, estos expedientes -de acuerdo con lo dispuesto en su título II- vienen siendo instruidos por los Juzgados Marítimos Permanentes y resueltos, a falta de acuerdo entre los interesados una vez concluida la instrucción, por el Tribunal Marítimo Central, órgano administrativo, cuyas resoluciones, también de naturaleza jurídico-administrativa, son recurribles en alzada ante el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada y, ulteriormente, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La disposición final tercera del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, previó que "las disposiciones contenidas en el título II de la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, que regula cuestiones relativas a la jurisdicción y procedimiento en materia de auxilios, salvamento, remolques, hallazgos y extracciones marítimas, continuarán en vigor en calidad de normas reglamentarias y podrán ser derogadas o modificadas por el Gobierno a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa y Fomento" (apartado 1), y que, "a propuesta del Ministro de Fomento, el Gobierno deberá reglamentar la organización de los Juzgados Marítimos Permanentes y del Tribunal Marítimo Central, al objeto de adaptarlos a lo previsto en esta ley, pudiendo proceder al cambio de su denominación" (apartado 2).

Como hito final de esta evolución, el Anteproyecto sometido a consulta atribuye el conocimiento de estos expedientes a otros órganos de la Armada de nueva creación (la Junta Central de Arbitrajes Marítimos y los auditores y comisarios de arbitrajes marítimos) o a la jurisdicción civil ordinaria, a elección de los interesados, prevaleciendo esta última en caso de desacuerdo.

Aunque nada dice la memoria del análisis de impacto normativo sobre la ratio de esta previsión, puede suponerse que la regulación proyectada responde a una doble motivación: por una parte, la pretensión de que la instrucción y resolución de estos expedientes, que versan sobre relaciones inter privatos, se traslade a la jurisdicción civil; por otra, la preferencia manifestada por armadores o navieros, en su condición de sujetos interesados, en favor de que tales expedientes puedan seguir siendo resueltos por los órganos competentes de la Armada, dada su singular especialización técnica, la acreditada solvencia de sus resoluciones y el importante acervo de conocimientos acumulados durante los largos años de trayectoria del Tribunal Marítimo Central y de los Juzgados Marítimos Permanentes -y, antes, de los tribunales de presas a los que sucedieron-. Por todo ello, el Consejo de Estado considera acertado el mantenimiento del sistema que encomienda el conocimiento de dichos procedimientos a los órganos especializados de la Armada que se proyectan.

A juicio del Consejo de Estado, la disposición adicional tercera del Anteproyecto cohonesta debidamente ambas posiciones, ofrece una regulación adecuada para la tramitación y resolución de este tipo de expedientes y asegura seguir contando con unos órganos dotados de conocimientos específicos y probada eficacia, para resolver las controversias planteadas a la hora de fijar los premios de salvamento y las remuneraciones por salvamentos y remolques.

En efecto, no suscita ninguna duda la posibilidad de encomendar a órganos administrativos la resolución de conflictos entre particulares, con carácter provisional o no definitivo -por cuanto cabe en última instancia acudir ante los tribunales de justicia-. El ordenamiento ofrece numerosos ejemplos de ello -Juntas Arbitrales de Arrendamientos Rústicos, de Transportes Terrestres, de Consumo, Comisión de Propiedad Intelectual, etc.-, unas veces construidos, bien sobre la técnica de la administrativización del conflicto -conforme a la cual la Administración conoce y resuelve el conflicto y posteriormente la jurisdicción contencioso- administrativa controla el acto dictado-, bien con base en la técnica del arbitraje -conforme a la cual las resoluciones se consideran asimilables a los laudos y, por ende, carecen de las notas de la ejecutividad y del control por la jurisdicción contencioso-administrativa propias de los actos administrativos-.

Únicamente debe señalarse, en cuanto a la regulación proyectada, que la rúbrica actual de esta disposición ("Órganos competentes de la Armada") no expresa debidamente su contenido y, por ello, debería sustituirse por otra más acorde a la finalidad pretendida con esta previsión, como pudiera ser, por ejemplo, "Órganos competentes para la determinación de los premios y remuneraciones por salvamentos y remolques" y que, en la habilitación reglamentaria, debe incluirse el inciso "régimen jurídico", de tal suerte que rece "su composición, régimen jurídico, ámbito territorial y demás extremos necesarios para su funcionamiento se establecerán reglamentariamente, a propuesta del Ministro de Defensa".

d) Disposición adicional cuarta

La disposición adicional cuarta del anteproyecto ("Contratación electrónica") remite la celebración por medios electrónicos de los contratos regulados en esta Ley a lo dispuesto en las normas generales en la materia (apartado 1) y permite a las partes acordar en cualquier momento el cambio de soporte de la documentación contractual (apartado 2).

Esta previsión no plantea observaciones sustantivas, sin perjuicio de que en el apartado 1 deba completarse la referencia a la "Ley 59/2003, de firma electrónica", dejando constancia de su fecha. Debe decirse, por tanto, "Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica".

e) Disposiciones adicionales quinta y sexta

Las disposiciones adicionales quinta y sexta regulan cuestiones concernientes a la protección de los consumidores y usuarios.

La disposición adicional quinta del anteproyecto ("Acciones del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre"), declara incompatible el ejercicio de las acciones previstas en el título V del Libro Segundo de dicho texto refundido por "falta de conformidad del bien con el contrato" con las contempladas en el capítulo VI del título II de la presente Ley respecto al "contrato de compraventa" de buques, concretamente en su artículo 119.2, para el saneamiento por evicción y vicios o defectos ocultos. Esta previsión no es sino reflejo del artículo 117 del texto refundido de la LGDCU, que, bajo la rúbrica "Incompatibilidad de acciones", dispone que el ejercicio de las acciones por falta de conformidad del bien con el contrato previstas en la legislación de consumidores y usuarios será incompatible con las derivadas del saneamiento por vicios ocultos de la compraventa. En todo caso, la rúbrica de esta disposición adicional quinta podría sustituirse por la más sencilla y expresiva de "Incompatibilidad de acciones", ya utilizada por la LGDCU. La disposición adicional sexta del anteproyecto ha sido incorporada a propuesta del Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales y se limita a contemplar una posibilidad ya prevista en la legislación de consumidores y usuarios, como es el sometimiento voluntario de las partes al arbitraje de consumo. Por tal razón, su inclusión no suscita objeción alguna, aunque cabe dudar de su virtualidad práctica en un ámbito tan profesionalizado como en el del tráfico marítimo.

f) Disposición adicional séptima

La disposición adicional séptima del Anteproyecto ("Buques de guerra españoles") prevé que "los comandantes de los buques de guerra españoles pertenecen a la Armada" (párrafo 1) y habilita al Ministerio de Defensa para regular la "Lista Oficial de Buques de la Armada" (párrafo 2).

El párrafo 1 de la disposición adicional séptima no es más que una concreción, para el caso español, de la exigencia general de que los buques de guerra se encuentren "bajo el mando de un militar debidamente designado por el Gobierno de su Estado", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.3 de la norma proyectada.

El párrafo 2 de la disposición adicional séptima, por su parte, contiene una habilitación per saltum en favor del Ministerio de Defensa, que, en cuanto recae sobre materia meramente organizativa, debe considerarse posible.

g) Disposición adicional octava

La disposición adicional octava del anteproyecto ("Vigilancia de los espacios marítimos") ha sido incorporada a solicitud del Ministerio de Defensa, con el fin de dejar constancia del fundamento legal de las operaciones de vigilancia marítima de la Armada, proporcionado por la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional y demás normas en la materia.

En todo caso, sería aconsejable que la disposición adicional octava del Anteproyecto mencionase expresamente el "artículo 16.a" de dicha Ley, que habilita a las Fuerzas Armadas para "la vigilancia de los espacios marítimos, como contribución de la acción del Estado en el mar".

h) Disposiciones adicionales novena y décima

Las disposiciones adicionales novena ("Embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil") y décima ("Embarcaciones de Vigilancia Aduanera") del Anteproyecto atribuyen a estas embarcaciones la condición de "buques civiles del Estado, autorizados por el Gobierno para intervenir en alta mar".

En el artículo 3.2 del Anteproyecto se califican como "buques de Estado" aquellos que están "afectos a la Defensa Nacional u otros de titularidad o uso público, siempre que presenten servicios públicos de carácter no comercial", y en el artículo 3.3 del texto proyectado se dice que los "buques de guerra" son "los buques de Estado adscritos a las Fuerzas Armadas".

Las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera, por su adscripción, no pueden encuadrarse dentro del concepto de "buques de guerra" del artículo 3.3 y, por ello, el calificativo de "buques civiles del Estado" que les atribuye las disposiciones adicionales novena y décima del Anteproyecto resulta adecuado para asegurar su exclusión de las normas generales del Anteproyecto.

i) Disposición adicional undécima

La disposición adicional undécima del Anteproyecto ("Plataforma continental") obedece a una propuesta realizada por el Ministerio de Defensa, que este departamento ha justificado en los trabajos que se están realizando, bajo la coordinación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, para ampliar la plataforma continental española más allá de las 200 millas náuticas en diversas zonas, como el Golfo de Vizcaya y el oeste del archipiélago canario. La posición española ya se ha presentado en la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas, prevista en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, y, de prosperar, supondrá -según el Ministerio de Defensa- "un notable incremento de los espacios marítimos en los que España ejercerá su soberanía en ciertas materias".

En realidad, la previsión proyectada no tiene un contenido propiamente prescriptivo, como es característico de las normas jurídicas, sino que tan solo es reflejo de lo ya dispuesto o que se pueda prever en el futuro en los tratados internacionales de los que el Reino de España es parte y, en su caso, en las normas nacionales en la materia.

Debería completarse, en todo caso, la referencia a la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, añadiendo "celebrada en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982".

j) Disposición adicional duodécima

La disposición adicional duodécima del anteproyecto ("Buques históricos y réplicas") ha sido introducida a sugerencia del Ministerio de Fomento, dado que -según este departamento- "buena parte de los países de nuestro entorno tienen disposiciones similares tendentes a proteger un patrimonio cultural que en España, como nación marinera, reviste gran importancia y es digno de protección".

A tal fin, se prevé la inscripción de tales buques en un registro especial y la concesión de ventajas fiscales, que son medidas típicas dentro de la acción estatal de protección y fomento de bienes de interés cultural ya contempladas por la legislación de patrimonio histórico y puestas en práctica con éxito por las Administraciones competentes. Siendo así, la aplicación de estas medidas a los buques históricos, como manifestación singular del patrimonio histórico, se encuentra justificada.

2. Disposiciones transitorias

a) Disposición transitoria primera

La disposición transitoria primera del Anteproyecto ("Expedientes de salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones") establece que los expedientes administrativos sobre auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimas que se hallaren en tramitación "a la entrada en vigor de la presente Ley", seguirán rigiéndose hasta su completa terminación por las disposiciones de la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, es decir, serán instruidos por los Juzgados Marítimos Permanentes y resueltos por el Tribunal Marítimo Central.

La rúbrica actual de esta disposición transitoria debería sustituirse por la más precisa de "Expedientes de salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones en tramitación".

Interpretando su contenido a sensu contrario, los expedientes iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán regirse por lo previsto en la ya analizada disposición adicional tercera del Anteproyecto, que otorga a los interesados la posibilidad de optar entre los órganos competentes de la Armada (la Junta Central de Arbitrajes Marítimos y los auditores y comisarios de arbitrajes marítimos) o la jurisdicción civil ordinaria.

En la práctica, sin embargo, los interesados, tras la entrada en vigor de la Ley, deberán acudir necesariamente a la jurisdicción civil ordinaria hasta que la Junta Central de Arbitrajes Marítimos y los auditores y comisarios de arbitrajes marítimos sean creados.

Para respetar la posibilidad de que los interesados sometan sus diferencias a órganos especializados en la materia, debería introducirse en la disposición transitoria primera un segundo apartado en el que se prevea que, hasta la creación de la Junta Central de Arbitrajes Marítimos y los auditores y comisarios de arbitrajes marítimos, los interesados podrán optar entre los Juzgados Marítimos Permanentes y el Tribunal Marítimo Central o la jurisdicción civil ordinaria.

b) Disposición transitoria segunda

La disposición transitoria segunda ("Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje") establece que, a efectos de la aplicación del régimen especial del Impuesto de Sociedades de las entidades navieras en función del tonelaje, "las definiciones y demás conceptos establecidos en esta ley serán de aplicación a las solicitudes presentadas a partir de su entrada en vigor".

Se trata de una previsión razonable por los efectos que tales conceptos y definiciones pudieran tener en un ámbito, como el tributario, en el que rige el principio general de irretroactividad de las normas (artículo 10.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

3. Disposición derogatoria única

La disposición derogatoria única contiene una cláusula de derogación tácita y, además, prevé la derogación expresa de una serie de normas. Esta derogación expresa se justifica en la mayor parte de los casos en que las normas expresamente derogadas versan sobre cuestiones que son reguladas por el Anteproyecto, como se examina a continuación:

a) Los artículos 2131 a 2161 y 2168 a 2174 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. En estos preceptos se regulan los expedientes de jurisdicción voluntaria en el Derecho marítimo. Dado que algunos de estos expedientes se encuentran obsoletos y otros han sido atribuidos por el Título X del Anteproyecto a la competencia notarial, bajo la denominación de "Certificación pública de determinados expedientes de derecho marítimo", la derogación de dichos artículos deviene necesaria.

b) El párrafo primero del artículo 561 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. En dicho párrafo se dispone que el juez no podrá entrar en los "buques mercantes extranjeros" sin la autorización del Capitán o, si éste la denegare, sin la del Cónsul de su nación. Se mantiene, en cambio, un privilegio semejante para los "buques de guerra extranjeros" en el párrafo segundo del artículo 561 de la LECr de 1882.

Ciertamente, la prohibición de entrada del juez, salvo autorización, en un buque extranjero, constituye un privilegio que debe limitarse únicamente a los "buques de Estado". Este propósito es el que parece inspirar al Anteproyecto para derogar el párrafo primero ("buques mercantiles extranjeros") y mantener la vigencia del párrafo segundo ("buques de guerra extranjeros") del artículo 561 de la LECr de 1882.

Sin embargo, como no todos los buques de Estado son buques de guerra, sería aconsejable que el párrafo segundo del artículo 561 de la LECr de 1882 fuese actualizado, aplicando el privilegio de los buques de guerra extranjeros a todos los buques de Estado de potencias extranjeras.

c) El Libro III y los artículos 19.3 y 951 a 954 del Código de Comercio. El Libro III se dedica en exclusiva al comercio marítimo y los artículos 19.3 y 951 a 954 contienen diversas previsiones sobre la responsabilidad del naviero y las prescripciones de acciones en el ámbito del Derecho marítimo. Estas materias se encuentran íntegramente reguladas en el Anteproyecto y, por ello, se hace imprescindible la derogación de las normas correspondientes del Código de Comercio.

d) La Ley de 22 de diciembre de 1949, sobre unificación de reglas para los conocimientos de embarque en los buques mercantes. Dado que el conocimiento de embarque se regula en la sección 5ª del Título IV del Anteproyecto (artículos 246 a 266), la derogación de dicha Ley es también inexcusable.

e) La Ley de Hipoteca Naval, de 21 de agosto de 1893. Este derecho de garantía es objeto de la sección 2ª del Capítulo VII del Título II del Anteproyecto (artículo 124 a 144), obligando a la derogación de dicha Ley decimonónica.

f) La Ley 60/1992, de 24 de diciembre, sobre auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimas, excepto las disposiciones del Título II, que continuarán en vigor en calidad de normas reglamentarias. Al salvamento marítimo se dedica el Capítulo III del Título VI del Anteproyecto (artículos 357 a 356). La consiguiente derogación de la Ley 60/1962 no puede ser, sin embargo, total, dado que los expedientes que se encuentran en tramitación se regirán por dicha Ley, de acuerdo con la disposición transitoria primera del Anteproyecto. Esta circunstancia explica que el Título II de la Ley 60/1962 se mantenga vigente, aunque con el carácter de norma reglamentaria que -cabe recordar- ya le había atribuido la disposición final tercera del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

g) La disposición final vigésima sexta de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En esta disposición se aborda el embargo preventivo de buques, ahora regulado por el Capítulo II del Título IX del Anteproyecto (artículos 470 a 479). La derogación de dicha disposición es, pues, necesaria.

4. Disposiciones finales

a) Disposición final primera

La disposición final primera del Anteproyecto ("Reglas de Rotterdam") impone al Gobierno la obligación de remitir un proyecto de Ley a las Cortes Generales para introducir las modificaciones que sean necesarias cuando entre en vigor el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo "de 2008".

Este compromiso es coherente con el hecho de que España fuera el primer país en ratificarlas, en enero de 2011. No obstante, es precisa la ratificación de veinte países para que tales reglas entren en vigor, lo que no se atisba que se vaya a producir de manera inmediata habida cuenta las reticencias para hacerlo por parte de numerosos Estados.

Ahora bien, el Consejo de Estado considera que debiera ponderarse la conveniencia de matizar la previsión establecida en el sentido de obligar, de manera inmediata, a modificar la Ley para introducir los cambios necesarios derivados de la aplicación de las citadas Reglas. En efecto, puede ocurrir que éstas, no obstante ser ratificadas por veinte Estados, tengan una relevancia limitada -o muy limitada- en el tráfico marítimo internacional, de tal suerte que se sigan aplicando otras -como las de La Haya-Bisby- de manera mucho más extendida y que, en consecuencia, no sea conveniente llevar a cabo la modificación legislativa que indefectiblemente se contempla.

Cabe observar que, aun cuando este Convenio fue adoptado por la Asamblea General de la ONU con sede en Nueva York el 11 de diciembre de 2008, su firma se produjo en Rotterdam el 23 de septiembre de 2009. Esta fecha es la que debería figurar en el Anteproyecto.

b) Disposición final segunda

La disposición final segunda ("Reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil") modifica los artículos 681.2 y 685.3 de la LEC:

? Por una parte, el proyectado artículo 681.2 de la LEC sustituye la referencia que en el mismo se hacía a la antigua Ley de Hipoteca Naval de 1893 por otra al artículo 140 del Anteproyecto. En concreto, se prevé que, cuando se reclame el pago de deudas garantizadas con hipoteca naval, la acción podrá dirigirse directamente contra el buque hipotecado en los supuestos establecidos en el mencionado artículo 140. La redacción, en todo caso, no es muy afortunada, dado que en el primer párrafo del artículo 681.2 de la LEC se comienza diciendo que dicha acción directa "sólo podrá ejercitarse" en los casos descritos en las letras a) y e) del artículo 140, pero en el segundo párrafo se admite, con determinados requisitos, en los supuestos de las letras b), c) y d) del artículo 140. El artículo 681.2 de la LEC quedaría mejor redactado si dijera:

"Cuando se reclame el pago de deudas garantizadas por hipoteca naval, la acción prevista en el apartado anterior podrá ejercitarse en todos los casos descritos en el artículo 140 de la Ley de Navegación Marítima.

No obstante, en los casos indicados en las letras c) y d) del referido artículo, la acción sólo podrá ejercitarse previa constatación de la situación real del buque a través de la certificación emitida por la Administración competente, y en el caso de la letra b), será necesario que se presente testimonio de la ejecutoria en que conste la declaración de concurso".

? Por otra parte, el proyectado artículo 685.3 considera título suficiente para despachar ejecución "el documento privado de constitución de la hipoteca naval inscrito en el Registro de Bienes Muebles". Se trata de una previsión coherente con lo que dispone el artículo 128 del Anteproyecto y lo que ya establecía el artículo 3, párrafo cuarto, de la Ley de Hipoteca Naval de 1893, esto es, la posibilidad de constitución de dicha hipoteca en documento privado y de acceso al Registro en dicho soporte. c) Disposición final tercera

La disposición final tercera del Anteproyecto ("Modificación del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante") consta de ocho apartados, en los que se da nueva redacción a los artículos 26.1.j), 62.3, 106.f), 263.b), 266.4.g) y se añaden las disposiciones adicionales trigésimo quinta y trigésimo sexta al texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre (en adelante, Ley de Puertos), y se modifica el artículo 12.5 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (en adelante, Ley 14/2000).

La rúbrica de esta disposición final tercera es nuevamente imprecisa, pues sólo deja constancia de la modificación del texto refundido de la Ley de Puertos, cuando dicha modificación también alcanza a la Ley 14/2000. Debería, por ello, reformularse esta rúbrica.

Entrando en el análisis de los cambios introducidos en el texto refundido de la Ley de Puertos, pueden distinguirse dos tipos: por una parte, se establece que, dentro de las aguas de las zonas de servicio de los puertos, la lucha contra la contaminación marina corresponde a las autoridades portuarias, que estarán obligadas a prestar dicho servicio (artículos 26.1.j; 62.3; 108.f); 263.b); y 266.4.g); por otra, se crea la tasa por la emisión del certificado de seguro o de otra garantía financiera relativa a la responsabilidad civil de transportista de pasajeros por mar en caso de accidente.

La creación de esta tasa trae causa del Reglamento (CE) nº 392/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente, que exige que la Administración marítima de los Estados miembros expida un certificado acreditativo de que el buque posee seguro o está amparado en otra garantía financiera que le permita hacer frente, en su caso, a la responsabilidad civil derivada de un posible siniestro. Este Reglamento entró en vigor el 31 de diciembre de 2012 y, actualmente, se encuentra en tramitación un proyecto de Real Decreto que regulará el procedimiento de expedición del certificado en cuestión. La tasa proyectada es semejante a la ya contemplada el artículo 291 del texto refundido de la Ley de Puertos por la emisión del certificado de seguro o de otra garantía financiera relativa a la responsabilidad civil por daños en caso de contaminación por hidrocarburos. Desde un punto de vista jurídico, cumple con los requisitos del concepto de tasa establecidos en el artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, sobre tasas y precios públicos. En cuanto a la cuantía de la tasa, la memoria del análisis de impacto normativo se limita a señalar que es del mismo importe que la prevista por la emisión del certificado de seguro o de otra garantía financiera relativa a la responsabilidad civil por daños en caso de contaminación por hidrocarburos (120 euros): esta consideración no basta, a juicio del Consejo de Estado, para justificar la cuantía de la tasa propuesta, siendo preciso -de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 8/1989- que la memoria económico-financiera se pronuncie sobre el "coste o valor del recurso o actividad de que se trate", algo que no se hace en la del Anteproyecto sometido a consulta.

Por lo demás, la modificación realizada por la disposición final tercera del Anteproyecto en el artículo 12.5 de la Ley 14/2000 tiene como objeto la introducción del sistema de autoliquidación -en algunos casos de manera obligada- en las tasas por servicios prestados por la Dirección General de la Marina Mercante, lo cual no plantea observaciones.

d) Disposición final cuarta

La disposición final cuarta del Anteproyecto ("Competencia estatal") precisa que la presente Ley se dicta al amparo de las competencias del Estado en materia de legislación mercantil, procesal y de marina mercante, atribuidas por el artículo 149.6ª y 20ª de la Constitución.

La rúbrica de esta disposición debería sustituirse por la más correcta de "Títulos competenciales" y, en su parte dispositiva, sería preciso indicar que la competencia estatal sobre tales materias es "exclusiva", como dice el artículo 149.1 del texto constitucional.

e) Disposición final quinta

La disposición final quinta del Anteproyecto ("Cláusula relativa a Gibraltar") declara que "el presente texto legal no puede ser interpretado como reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones relativos a los espacios marítimos de Gibraltar, que no estén comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht, de 13 de julio de 1713, entre las Coronas de España y Gran Bretaña".

A juicio del Consejo de Estado, se trata de una cautela oportuna, que, por lo demás, es idéntica a la contenida en la disposición final primera de la Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre mar territorial.

XIV

Finalmente, el Consejo de Estado echa de menos en el Anteproyecto consultado toda referencia al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, contemplado en el anexo VI de la Convención del Derecho del Mar, y cuya jurisdicción es prevalente en numerosas materias reguladas por el Anteproyecto -artículos 44, 169, 170, 470 y siguientes-. Dicha omisión no resulta justificada toda vez que la reserva formulada por el Reino de España en relación con su estatuto sólo alcanza a cuestiones de delimitación de la soberanía territorial pero no a su función jurisdiccional misma. Por ello, se considera que sería conveniente introducir, en su caso, en los preceptos antes citados una cláusula que prevea el sistema de solución de conflictos y la competencia del citado Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno es de dictamen:

Que, una vez tenida en cuenta la observación formulada a los artículos 19 y 20 del texto examinado y consideradas las restantes contenidas en el cuerpo de este dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el Anteproyecto sometido a consulta, para su posterior remisión, como proyecto de Ley, a las Cortes Generales."

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 24 de julio de 2013

LA SECRETARIA GENERAL,

EL PRESIDENTE,

EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.

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