Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2012, emitió, por unanimidad, con inhibición del Consejero Sr. Ledesma, el siguiente dictamen:

"En cumplimiento de la Orden de V. E. de 31 de enero de 2012 (registrada de entrada el 2 de febrero siguiente), el Consejo de Estado ha examinado la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por ...... .

De antecedentes resulta:

PRIMERO.- Con fechas 24 de marzo de 2010 y 27 de enero de 2011, ...... formuló reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por los daños y perjuicios que dice sufridos a consecuencia de una demora de ocho años habida en la resolución del expediente de homologación de su título de "Bachelor of Science in Business Administration" obtenido en la University of Wales (Reino Unido) al correspondiente español de Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.

Señala la reclamante que su solicitud de homologación fue presentada el 11 de junio de 2003. En aquel momento contaba con veinticinco años de edad y tenía la intención de opositar al Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado. El expediente administrativo de homologación del título se ha resuelto casi ocho años después, condicionándola a la superación de una prueba de conjunto en relación con dos materias específicas.

La pendencia del procedimiento -dice la interesada- se ha prolongado durante unos años decisivos y determinantes para cualquier persona, como son los inmediatamente posteriores a la culminación de la formación universitaria y previos al inicio de la actividad profesional.

Solicita una indemnización de 75.000 euros por los "graves daños personales y profesionales, materiales y morales" que dice sufridos a consecuencia de la tardanza en resolver el expediente de homologación.

SEGUNDO.- Al expediente se ha incorporado la documentación relativa a los hechos de que trae causa la presente reclamación, de donde resulta:

(i) Con fecha 11 de junio de 2003, ...... solicitó la homologación de su título de "Bachelor of Science in Business Administration" obtenido en la University of Wales (Reino Unido) al correspondiente español de Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.

(ii) En la fase de instrucción del expediente de homologación se comprobó que la interesada había cursado sus estudios en la Institución Empresarial Europea en los cursos académicos 1995/1996 y 1996/1997 y que dichos estudios se habían impartido sin contar el citado centro con la autorización administrativa exigida por el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, para impartir enseñanzas conducentes a la obtención de ese título universitario, ya que dicha autorización fue otorgada por Resolución de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid de 11 de septiembre de 1997, con efectos a partir del curso 1997/1998.

(iii) Con fecha 26 de noviembre de 2003 se concedió audiencia a la interesada, poniendo en su conocimiento que el centro en que había cursado sus estudios carecía de autorización administrativa para impartirlos y que el Consejo de Coordinación Universitaria había considerado "no susceptibles de homologación conforme al Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior, aquéllos en que los estudios conducentes a su obtención no hayan sido cursados íntegramente en universidades, instituciones o centros de enseñanzas superior debidamente reconocidos o autorizados por las autoridades competentes conforme a la correspondiente normativa".

En escrito presentado el 17 de diciembre de 2003, la Sra. ...... formuló las alegaciones que creyó oportunas en defensa de su derecho.

(iv) Por Orden de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte de 20 de febrero de 2004 se denegó la homologación solicitada por carecer el centro en que la interesada había cursado sus estudios de autorización administrativa para impartir tales enseñanzas.

(v) Con fecha 7 de abril de 2004, ...... interpuso recurso de reposición contra la resolución denegatoria de la homologación, que fue desestimado por Orden de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte de 20 de septiembre de 2004.

(vi) Interpuesto recurso contencioso-administrativo por la interesada, fue estimado parcialmente por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 15 de marzo de 2007, en la que se acordó la retroacción de las actuaciones al momento de la solicitud de homologación al objeto de que se tramitase el correspondiente expediente de homologación y, en el seno del mismo, se emitiese el "oportuno dictamen por el órgano técnico competente sobre el juicio de equivalencia de la formación cursada por la solicitante en relación con la exigida en España para la obtención del título español".

(vii) Preparado recurso de casación por la Abogacía del Estado contra la referida Sentencia, fue declarado desierto por Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2007.

Con fecha 19 de julio de 2007 tuvo entrada en el Ministerio el oficio de devolución del expediente, al que se adjuntaba copia del referido Auto, con el fin de que se llevase a puro y debido efecto lo acordado en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 15 de marzo de 2007.

(viii) En cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia, la Subdirección General de Títulos, Homologaciones y Convalidaciones remitió, con fecha 4 de octubre de 2007, el expediente de homologación al Consejo de Coordinación Universitaria para que, en el plazo máximo de tres meses, emitiese el informe previsto en el Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de homologación de títulos de educación superior, sobre la equivalencia de los estudios cursados por la interesada con los del correspondiente título español.

El Consejo devolvió el expediente a la Subdirección General de Títulos, Homologaciones y Convalidaciones, con el ruego de que se requiriesen a la interesada los programas analíticos de las materias cursadas. Este requerimiento se efectuó el 9 de julio de 2008 y los programas analíticos fueron aportados por la Sra. ...... con fecha 4 de septiembre de 2008.

El 17 de octubre de 2008 se devolvió el expediente al Consejo de Coordinación Universitaria para la emisión de su preceptivo dictamen, acordándose la suspensión del plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento, de acuerdo con el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con fecha 2 de marzo de 2010 tuvo entrada en la Subdirección General de Títulos, Homologaciones y Convalidaciones el informe del Consejo de Coordinación Universitaria, que condicionaba la homologación solicitada a la superación de una prueba de aptitud o curso tutelado en dos materias: "Economía Española y Mundial"; y "Microeconomía".

(ix) El mismo 2 de marzo de 2010 se concedió audiencia a la interesada, quien, con fecha 24 de marzo, realizó las alegaciones y presentó los documentos que consideró pertinentes para demostrar que no tenía las carencias de formación que se le imputaban; en este mismo escrito formuló reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios que dice sufridos a consecuencia de la demora en la homologación de su título.

(x) A la vista de las alegaciones y documentos presentados, con fecha 4 de junio de 2010 se remitió de nuevo el expediente al Consejo de Coordinación Universitaria a fin de que, si lo entendía pertinente, reconsiderase el informe emitido. El 23 de diciembre de 2010 tuvo entrada en la Subdirección General de Títulos, Homologaciones y Convalidaciones un nuevo informe del Consejo de Coordinación Universitaria que ratificaba lo dicho en el primero de sus informes.

(xi) El mismo 23 de diciembre de 2010, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación resolvió que la homologación del título de "Bachelor of Science in Business Administration" obtenido por ...... en la University of Wales (Reino Unido) al título español de Licenciada en Administración y Dirección de Empresas quedase condicionada a una prueba de conjunto específica para acreditar conocimientos en las materias de "Economía Española y Mundial" y de "Microeconomía".

(xii) Con fecha 27 de enero de 2011, ...... interpuso recurso de alzada contra la referida resolución, que fue desestimado por Resolución de la Subsecretaria del Ministerio de Educación de 16 de marzo de 2011; en este recurso se formulaba nuevamente reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios que entiende sufridos a consecuencia de la demora en la homologación de su título.

TERCERO.- Con fecha 7 de octubre de 2011, el Jefe de Área de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones informó desfavorablemente la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la interesada.

CUARTO.- Con fecha 7 de diciembre de 2011 se concedió audiencia, con vista del expediente, a la interesada, quien no ha formulado alegaciones en el plazo concedido al efecto.

QUINTO.- Con fecha 16 de enero de 2012, el Jefe de Área de Recursos propuso la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial.

SEXTO.- Con fecha 19 de enero de 2012, la Abogada del Estado-adjunta informó favorablemente la propuesta de resolución desestimatoria.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen.

I

Se somete a consulta la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por ...... .

II

El artículo 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, que es aplicable a la presente consulta en su redacción vigente en el momento de la presentación de la reclamación (anterior a la reforma de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo), exigía el dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado cuando la cuantía de la indemnización reclamada sea igual o superior a 6.000 euros.

En el presente caso, la reclamante solicita una indemnización de 75.000 euros, de ahí la obligatoriedad del dictamen.

III

El artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone en su inciso primero que "en todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo".

La interesada ha presentado su reclamación de responsabilidad patrimonial el 24 de marzo de 2010 y la ha reiterado el 27 de enero de 2011, solicitando una indemnización por los daños y perjuicios que dice sufridos a consecuencia de la demora habida en la resolución del expediente de homologación de su título.

El último acto administrativo conocido que se ha dictado en el expediente de homologación del título es incluso posterior a las fechas en que se planteó la reclamación: se trata de la Resolución de la Subsecretaria del Ministerio de Educación de 16 de marzo de 2011, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por ...... contra la Resolución del Secretario General Técnico del Ministerio de Educación de 23 de diciembre de 2010, por la que se dispuso que la homologación del título de "Bachelor of Science in Business Administration" obtenido por la interesada en la University of Wales (Reino Unido) al título español de Licenciada en Administración y Dirección de Empresas quedaba condicionada a la superación de una prueba de conjunto específica para acreditar conocimientos en las materias de "Economía Española y Mundial" y de "Microeconomía".

En tales circunstancias, debe entenderse que la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la Sra. ...... se ha formulado en el plazo legalmente establecido.

IV

El procedimiento se ha tramitado respetando lo dispuesto en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se regula el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

Constan así evacuados los actos de instrucción pertinentes -en particular, se ha incorporado el informe del servicio causante del daño, que es la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones del Ministerio de Educación-, se ha concedido audiencia a la reclamante y, en fin, se ha formulado propuesta de resolución, que ha sido debidamente informada por la Abogacía del Estado.

V

Antes de entrar en el concreto examen de la pretensión indemnizatoria formulada por la reclamante, procede recordar que son requisitos exigidos para apreciar la existencia de la responsabilidad patrimonial de la Administración: en primer lugar, que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas; en segundo término, que el daño o lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa e inmediata de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal; y, finalmente, que el reclamante no tenga el deber de soportar el daño, pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de la Administración de indemnizar: la lesión indemnizable ha de ser entendida, pues, como daño o perjuicio antijurídico. Tales exigencias vienen convenidas por los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y, además, han sido precisadas por constante jurisprudencia y reiterada doctrina del Consejo de Estado.

En cuanto a la prueba de estos requisitos, dispone el artículo 217.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que "corresponde al actor (...) la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda...". Este precepto es aplicable con carácter general a aquellas personas que pretendan que se declare su derecho a una prestación económica por parte de la Administración, toda vez que tal derecho es inescindible de la correlativa obligación de la Administración pública en tal sentido. El sujeto reclamante tiene, por ello, la carga de probar la concurrencia de los requisitos exigidos para el cumplimiento de la obligación de indemnizar.

VI

La reclamante solicita una indemnización de 75.000 euros por los daños y perjuicios que dice sufridos a consecuencia de la demora de ocho años -entre 2003 y 2011- habida en la resolución del expediente administrativo de homologación de su título de "Bachelor of Science in Business Administration" obtenido en la University of Wales (Reino Unido) al correspondiente español de Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.

Para el correcto examen de la reclamación planteada es preciso distinguir, dentro del intervalo temporal a que se refiere la interesada, dos períodos distintos:

A) Un primer período, que se inicia con la solicitud de homologación formulada por la interesada el 11 de junio de 2003 -denegada por Orden de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte de 20 de febrero de 2004- y concluye con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional de 15 de marzo de 2007, que anuló la Orden denegatoria de la homologación y ordenó la retroacción de las actuaciones.

La Orden de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte de 20 de febrero de 2004 denegó la homologación solicitada porque la interesada había cursado sus estudios en un centro educativo, denominado "Institución Empresarial Europea", que carecía de la autorización administrativa exigida por el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril. La interesada asistió a dicho centro durante los cursos 1995/1996 y 1996/1997 y la autorización administrativa para impartir el título objeto de la homologación fue otorgada por Resolución de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid de 11 de septiembre de 1997, con efectos a partir del curso 1997/1998. La falta de autorización administrativa del centro constituyó la causa de la denegación de la homologación del título solicitada por la Sra. ...... .

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 15 de marzo de 2007 estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la interesada, anulando la Orden denegatoria de la homologación y acordando la retroacción de las actuaciones al momento de la solicitud, a fin de que se tramitase el correspondiente expediente de homologación y, en el seno del mismo, se emitiese el "oportuno dictamen por el órgano técnico competente sobre el juicio de equivalencia de la formación cursada por la solicitante en relación con la exigida en España para la obtención del título español".

Dentro de este primer período, de casi cuatro años de duración, el procedimiento administrativo de homologación duró poco más de siete meses (entre el 11 de junio de 2003 y el 20 de febrero de 2004) y el procedimiento jurisdiccional contencioso-administrativo se prolongó durante más de tres años (desde la interposición del recurso contencioso- administrativo, cuya fecha no consta pero que hubo de interponerse -por exigencia legal- en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la Orden denegatoria de la homologación, que lleva fecha de 20 de febrero de 2004, hasta la notificación a la Administración de la firmeza de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 15 de marzo de 2007, que se produjo una vez que el Auto del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2007 declaró desierto el recurso de casación preparado por la Abogacía del Estado).

No se aprecia en la tramitación del procedimiento administrativo de homologación una demora susceptible de ocasionar a la interesada daños y perjuicios que deban ser indemnizados a título de responsabilidad patrimonial: el entonces vigente Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, por el que se regulaban las condiciones de homologación de títulos de educación superior, establecía un plazo máximo de seis meses para la resolución del expediente de homologación (artículos 9 y 10), y el procedimiento de homologación del título de la Sra. ...... fue resuelto en poco más de siete meses.

Por otra parte, la Orden de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte de 20 de febrero de 2004, denegatoria de la homologación solicitada, se ajustó -en el momento de dictarse- a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en materia de homologación de títulos extranjeros de educación superior.

Para comprender esta jurisprudencia, conviene examinar la vigente regulación normativa de la homologación de títulos extranjeros de educación superior y establecer las diferencias con la normativa anterior en el concreto aspecto que importa al presente dictamen.

El artículo 86.3 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, prevé que los títulos y enseñanzas de educación superior correspondientes a estudios extranjeros realizados, en todo o en parte, en España solo podrán ser sometidos al trámite de homologación o convalidación si los centros donde se realizaron los citados estudios cuentan con la autorización administrativa del órgano autonómico competente. Esta misma exigencia figura en el artículo 5.2.b) del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por la que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.

La normativa universitaria anterior, constituida por la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, por el que se regulaban las condiciones de homologación de títulos de educación superior, no mencionaba expresamente el requisito de la autorización administrativa del centro entre los necesarios para obtener la homologación del título. Sin embargo, el artículo 18 del Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, preveía que "el establecimiento en España de Centros extranjeros de enseñanza superior, para impartir, tanto a alumnos españoles como extranjeros y conforme a sistemas educativos vigentes en otros países, enseñanzas conducentes a la obtención de títulos homologables académicamente a los universitarios oficiales del sistema educativo español". Con base en esta previsión reglamentaria, el Ministerio de Educación y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, expresada en numerosos pronunciamientos -entre otras, las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de abril de 2001 (RJ 2001/2543), de 9 de diciembre de 2003 (RJ 2003/8475) y 22 de junio de 2004 (RJ 2004/3863)- entendieron que la denegación de la homologación de un título extranjero de educación superior obtenido bajo la vigencia de la Ley 11/1983 y del Real Decreto 86/1987 resultaba procedente en ausencia de la autorización administrativa exigida por el Real Decreto 557/1991 a los centros que impartían enseñanzas conducentes a la obtención de títulos europeos de educación superior.

En el presente caso, la interesada había obtenido su título durante los cursos 1995/1996 y 1996/1997 -estando en vigor, por tanto, la Ley 11/1983 y el Real Decreto 86/1987-, en un centro que carecía de dicha autorización administrativa. En consecuencia, la Orden de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte de 20 de febrero de 2004 denegatoria de la homologación se ajustó a la interpretación jurisprudencial de la Ley 11/1983 y del Real Decreto 86/1987 existente en aquel momento, que venía reforzada por el hecho de que el nuevo artículo 86.3 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, había incluido expresamente la autorización administrativa del centro como uno de los requisitos de la homologación.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo cambió de criterio en sus Sentencias de 19 de junio de 2006 (RJ 2006/4633) y 30 de junio de 2006 (RJ 2006/1533), después seguido por otras muchas. El Alto Tribunal destacó que ni la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, ni el Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de homologación de títulos de educación superior, supeditaban la homologación del título al requisito de la previa autorización administrativa del centro docente exigida por el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, y que tales normas únicamente exigían un juicio de equivalencia entre las enseñanzas cursadas en el extranjero y las conducentes al título español; asimismo, observó que la homologación de los títulos extranjeros de educación superior se había condicionado a la autorización administrativa del centro por primera vez en el artículo 86.3 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el correlativo artículo 5.2.d) del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, sobre condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior; con base en esta doble premisa, el Tribunal Supremo entendió que la referida autorización administrativa era un requisito de los centros educativos y no una condición para la homologación de los estudios, concluyendo que, tratándose de estudios cursados bajo la vigencia de la Ley 11/1983 y del Real Decreto 86/1987, no podía denegarse la homologación del título por falta de autorización administrativa del centro en el que se habían cursado los estudios, debiendo realizarse un juicio de equivalencia de las enseñanzas cursadas con las correspondientes del título español.

La Orden de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte de 20 de febrero de 2004, denegatoria de la homologación solicitada, se dictó antes de este giro jurisprudencial, es decir, cuando el Tribunal Supremo todavía entendía que la falta de autorización administrativa era fundamento suficiente para la denegación de la homologación de los títulos obtenidos estando en vigor la Ley 11/1983 y el Real Decreto 86/1987.

En consecuencia, la anulación de la Orden de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte de 20 de febrero de 2004 por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 15 de marzo de 2007 obedeció a un cambio jurisprudencial que la interesada tiene el deber jurídico de soportar (artículo 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y que, en todo caso, no es imputable a una errónea aplicación del ordenamiento por parte de la Administración.

B) El segundo período se inició el 19 de julio de 2007, fecha en que tuvo entrada en el Ministerio de Educación el oficio de devolución del expediente -al que se adjuntaba copia del Auto del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2007 en que se declara desierto el recurso de casación- con el fin de que se llevase a puro y debido efecto lo acordado en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 15 de marzo de 2007, y concluyó con la Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación de 23 de diciembre de 2010, por la que se condicionó la homologación del título a la superación de una prueba de conjunto en dos materias específicas.

El plazo máximo para resolver y notificar el expediente de homologación era de seis meses (artículos 9 y 10 del Real Decreto 86/1987; artículo 15 del Real Decreto 285/2004); dicho plazo estuvo suspendido durante tres meses, con ocasión de la solicitud del preceptivo dictamen al Consejo de Coordinación Universitaria (artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992).

Descontando este plazo de nueve meses, se habría producido un retraso aproximado de más de dos años y medio en la tramitación y resolución del expediente de homologación. Aunque el Consejo de Estado no considera que los daños y perjuicios que dice sufridos la interesada sean susceptibles de indemnización -por las razones que enseguida se verán-, se trata de un retraso excesivo que cabe achacar a la injustificada tardanza del Consejo de Coordinación Universitaria en la emisión de su preceptivo dictamen sobre la equivalencia de títulos. Dicho dictamen debía emitirse en el plazo de tres meses (artículo 9.1 del Real Decreto 86/1987; artículo 12.3 del Real Decreto 285/2004). En el supuesto sometido a dictamen, el expediente fue remitido a dicho Consejo el 4 de octubre de 2007 y el dictamen tuvo entrada en el Ministerio el 2 de marzo de 2010, dos años y medio más tarde. No es la primera vez que el Consejo de Estado aprecia una demora ostensible en la emisión de este dictamen. Deberían, pues, adoptarse las medidas oportunas para que no volviera a repetirse en futuros expedientes.

En todo caso, la interesada no fundamenta su pretensión indemnizatoria en el mero hecho del retraso sino en que el mismo se produjo durante unos años decisivos para su desarrollo personal, como son los inmediatamente posteriores a la terminación de sus estudios universitarios y previos al inicio de su carrera profesional; en concreto, dice la Sra. ...... que en el año 2003, cuando solicitó la homologación, deseaba opositar al Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado.

Pues bien, si el interés de la ahora reclamante en aprovechar esos años justamente calificados de decisivos pasaba por conseguir una pronta homologación de su título, no se entiende que dejase pasar nada menos que seis años entre la obtención de dicho título (1997) y la solicitud de homologación (2003). Esos seis años superan con creces el tiempo empleado por la Administración en la resolución del expediente de homologación tramitado tras la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 15 de marzo de 2007.

Por otra parte, los daños y perjuicios cuya indemnización solicita la reclamante en modo alguno han sido acreditados. La Sra. ...... se limita a solicitar 75.000 euros por los "graves perjuicios personales y profesionales, materiales y morales" que dice sufridos. Más allá de esta genérica alegación, la interesada no realiza un mínimo esfuerzo de concreción de esos daños. La homologación de un título extranjero al correspondiente español no confiere al reclamante un derecho a la obtención de un concreto puesto de trabajo ni desde luego garantiza el ingreso en el Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado, máxime cuando no consta siquiera que la interesada haya superado la prueba de conjunto a la que está condicionada la homologación. No se ha aportado con la reclamación prueba alguna que pueda servir para acreditar que la interesada tenía una expectativa cierta de obtener unos ingresos determinados con el ejercicio de su profesión y que dicha expectativa se haya visto frustrada por la falta de homologación del título. Tampoco aporta indicio alguno de haber sufrido daños morales. En tales circunstancias, la indemnización solicitada por la interesada en razón de no haber podido ejercer la profesión correspondiente al título homologado o de no haber podido acceder a un determinado cuerpo de funcionarios carece de todo sustento probatorio y debe, por ello, ser desestimada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada."

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 23 de febrero de 2012

LA SECRETARIA GENERAL,

EL PRESIDENTE,

EXCMO. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.