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Consejo de Estado: Dictámenes

Número de expediente: 837/2012 (EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE)

Referencia:
837/2012
Procedencia:
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Asunto:
Recurso extraordinario de revisión número 592/12, interpuesto por ...... .
Fecha de aprobación:
08/11/2012

TEXTO DEL DICTAMEN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2012, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"En cumplimiento de Orden de V. E., el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al recurso extraordinario de revisión interpuesto por ...... .

De antecedentes resulta:

PRIMERO.- Con fecha 5 de diciembre de 2011, ...... interpuso recurso extraordinario de revisión contra la Orden del Ministro de Educación de 11 de noviembre de 2010, por la que se le denegó la homologación del título inglés de Bachelor Honours in Environmental Management de la University of Wales al título español de "Licenciado en Ciencias Ambientales".

Señala el recurrente que, con posterioridad a dicha denegación, se le concedió la homologación del mismo título inglés al grado académico español de "Licenciado" por Orden del Ministro de Educación de 26 de septiembre de 2011, tal y como acredita con la credencial nº 2011/H19329 que le ha sido expedida al efecto.

Considera el interesado que existe una contradicción entre la homologación del título inglés al grado académico español de "Licenciado" y la negativa a la homologación de aquel título al de "Licenciado en Ciencias Ambientales" incluido en el Catálogo español de títulos universitarios oficiales.

Entiende, por ello, que la credencial aportada es un documento de valor esencial a los efectos del artículo 118.1.2ª de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cuanto evidencia el error de la Orden del Ministro de Educación de 11 de noviembre de 2010.

SEGUNDO.- Obra en el expediente diversa documentación relacionada con el acto impugnado que permite identificar y distinguir dos diferentes solicitudes y expedientes de homologación tramitados a instancia del interesado:

A) Expediente de homologación de título extranjero de educación superior (Bachelor Honours in Environmental Management de la University of Wales) a un título español del Catálogo de títulos universitarios oficiales ("Licenciado en Ciencias Ambientales"). La tramitación de este expediente fue la siguiente:

(i) Con fecha 26 de noviembre de 2009, el Sr. ...... solicitó la homologación del título inglés de Bachelor Honours in Environmental Management de la University of Wales al título español de Licenciado en Ciencias Ambientales.

El interesado había realizado las estudios conducentes a la obtención del título inglés en el Colegio "Marcelo Spínola" de Sevilla entre los años 1995/96 y 1998/99.

(ii) En la fase de instrucción del expediente, la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones observó que dicho centro carecía, durante el curso académico 1995/1996, de la autorización administrativa para impartir estudios extranjeros exigida por el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios; dicha autorización le fue concedida por Orden de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 12 de julio de 1996, con efectos a partir del curso 1996/1997.

En escrito de 20 de enero de 2010 se puso dicha circunstancia en conocimiento del Sr. ...... , indicándole que -de acuerdo con el artículo 86.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el artículo 5.2.b) del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos extranjeros de educación superior- no pueden ser objeto de homologación los títulos o estudios extranjeros realizados, en todo o en parte, en España, cuando los centros carezcan de la oportuna autorización para impartir tales enseñanzas, y concediéndole un plazo de 15 días para formular las oportunas alegaciones.

El 8 de febrero de 2010 tuvo entrada escrito del interesado en el que se desgranan argumentos diversos en apoyo de la homologación solicitada.

(iii) Por Orden del Ministro de Educación de 11 de noviembre de 2010 -dictada por la Subdirectora General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones en virtud de la delegación por aquel conferida- se denegó la homologación solicitada por la falta de autorización administrativa del centro en que el Sr. ...... había realizado sus estudios.

B) Expediente de homologación de título extranjero de educación superior (Bachelor Honours in Environmental Management de la University of Wales) a un grado académico español ("Licenciado"). La tramitación de este expediente fue la siguiente:

(i) Con fecha 8 de enero de 2010, el Sr. ...... solicitó la homologación del título inglés de Bachelor Honours in Environmental Management de la University of Wales al grado académico español de "Licenciado".

(ii) En la fase de instrucción del expediente, la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones observó que dicho centro carecía, durante el curso académico 1995/1996, de la autorización administrativa para impartir estudios extranjeros exigida por el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios; dicha autorización le fue concedida por Orden de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 12 de julio de 1996, con efectos a partir del curso 1996/1997.

En escrito de 5 de octubre de 2010 se puso dicha circunstancia en conocimiento del Sr. ...... , indicándole que -de acuerdo con el artículo 86.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el artículo 5.2.b) del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos extranjeros de educación superior- no pueden ser objeto de homologación los títulos o estudios extranjeros realizados, en todo o en parte, en España, cuando los centros carezcan de la oportuna autorización para impartir tales enseñanzas, y concediéndole un plazo de 15 días para formular las oportunas alegaciones.

(iii) El 31 de marzo de 2011, la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones requirió al Sr. ...... copia compulsada de la certificación expedida por la University of Wales que acreditase los créditos requeridos para la obtención del título y el nivel al que corresponden; dicha copia fue aportada por el interesado el 1 de julio siguiente.

(iv) Por Orden del Ministro de Educación de 26 de septiembre de 2011 -dictada por la Subdirectora General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones en virtud de la delegación por aquel conferida- se acordó que el título inglés del interesado "quede homologado al Grado académico español de Licenciado", con la expresa advertencia de que "esta homologación concede al título extranjero indicado los mismos efectos del grado académico universitario español con el cual se homologa en todo el territorio nacional", pero "no supone en ningún caso la homologación a un título concreto de los incluidos en el Catálogo de títulos universitarios oficiales, ni surte los efectos profesionales que la normativa vigente reserva exclusivamente a los mismos".

TERCERO.- Con fecha 6 de marzo de 2012, la Jefa de Servicio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones informó el recurso extraordinario de revisión interpuesto, concluyendo que no procedía su "admisión a trámite".

CUARTO.- Con fecha 27 de abril de 2012, el Jefe de Área de Recursos propuso la desestimación del recurso extraordinario de revisión.

Señala la propuesta que "es necesario distinguir entre la figura de la homologación de un título extranjero de educación superior a un determinado título español de los incluidos en el Catálogo de títulos universitarios oficiales y la de la homologación de un título extranjero de educación superior a un determinado Grado académico español (actualmente solo se puede conceder el Grado de Licenciado o de Diplomado).

Ambas requieren -añade la propuesta- "la realización de un juicio valorativo o de ponderación, que ha de tener en cuenta los criterios señalados para ello en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, concretamente para la primera de ellas los previstos en su artículo 9, y para la segunda en su artículo 19, y si bien estos requisitos son similares en ambos casos, el artículo 9 exige, como no podía ser de otro modo, uno más, el relativo a los contenidos formativos superados para la obtención del título extranjero, pues no hay que olvidar que la homologación a un título del Catálogo de títulos universitarios oficiales supone el reconocimiento de la formación superada para la obtención del título extranjero como equivalente a la exigida en España para la obtención de un concreto título español, mientras que la homologación a un grado académico supone el reconocimiento de que la formación superada para la obtención del título extranjero es equivalente a la exigida en España para la obtención de un grado académico inherente a cualquiera de los niveles en que se estructuran los estudios universitarios españoles y no a un título concreto, homologación ésta que, como antes se indicó, por el momento solo puede referirse al Grado de Licenciado o de Diplomado".

A la vista de esta distinción, entiende el instructor que "la Credencial de la que el interesado pretende valerse para fundamentar su recurso carece del carácter de documento de valor esencial, no sólo porque no evidencia por sí misma que la resolución recurrida hubiese sido distinta, pues, como se ha indicado, se exigen criterios distintos en una y otra homologación, sino también, y es lo fundamental, porque no evidencia error de forma concluyente y definitiva, al tratarse de un problema de interpretación jurídica".

En tal sentido, explica la propuesta que el régimen jurídico vigente en el momento en que el interesado solicitó la homologación de su título inglés al español de "Licenciado en Ciencias Ambientales" -el 25 de noviembre de 2009- exigía, para dicha homologación, que los centros españoles contasen con la oportuna autorización administrativa para impartir los estudios extranjeros (artículo 86.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo 5.2.b) del Real Decreto 285/2004, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior). Por esta razón, se le denegó la homologación solicitada por Orden del Ministro de Educación de 11 de noviembre de 2010.

Sin embargo, una "nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo" -aclara la propuesta- ha entendido que debe aplicarse el ordenamiento vigente en el momento en que los interesados realizaron sus estudios; el Sr. ...... concluyó las enseñanzas conducentes a la obtención del título extranjero en el curso 1998/1999 y la normativa entonces en vigor (Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de homologación de títulos extranjeros de Educación Superior) no preveía que la autorización administrativa del centro fuese un requisito para la homologación. Por ello -concluye la propuesta-, se le concedió la homologación de su título inglés al grado académico de "Licenciado" por Orden del Ministro de Educación de 26 de septiembre de 2011.

QUINTO.- Con fecha 19 de junio de 2012, la Abogada del Estado-adjunta informó de conformidad la propuesta de resolución desestimatoria.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen.

I

Se somete a consulta el recurso extraordinario de revisión interpuesto por ...... .

Este dictamen se emite con carácter preceptivo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, cuyo artículo 22.9 dispone que su Comisión Permanente deberá ser consultada en los "recursos administrativos de revisión".

II

El recurso de revisión interpuesto por el Sr. ...... tiene un carácter extraordinario, lo que se refleja en una doble característica de este recurso:

(i) En primer lugar, tiene por objeto la anulación de actos administrativos firmes, contra los que no cabe, por tanto, recurso ordinario en vía administrativa.

(ii) En segundo término, tal y como el Consejo de Estado tiene reiteradamente declarado y lo sigue afirmando en sus frecuentes dictámenes sobre pretensiones de revisión de actos administrativos firmes, procede exclusivamente en una serie de supuestos tasados que deben ser objeto de interpretación estricta para evitar que se convierta en una vía ordinaria de impugnación de los actos administrativos firmes.

En su escrito de recurso, el Sr. ...... invoca la circunstancia 2ª del artículo 118.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: según este precepto legal, contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión cuando "aparezcan documentos de valor esencial que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida".

De acuerdo con las exigencias de una interpretación estricta acorde con la naturaleza extraordinaria del recurso, debe advertirse que, a diferencia de la circunstancia 1ª del artículo 118.1 de la Ley 30/1992 -en la que se contempla, como causa de revisión, el "error de hecho" resultante de los propios documentos incorporados al expediente-, la circunstancia 2ª del mencionado precepto legal se refiere simplemente al "error", sin calificarlo como "de hecho".

Por tal razón, el Consejo de Estado ha venido considerando que el "error" a que alude la circunstancia 2ª del artículo 118.1 de la Ley 30/1992 no se limita al estricto error de hecho y puede dar también cabida al error de derecho; en tal sentido se pronuncian los dictámenes números 22/97, de 6 de febrero, 4.226/98, de 12 de noviembre, 3.190/2002, de 5 de diciembre, 1.544/2003, de 10 de julio, 1.029/2004, de 21 de abril, 89/2005, de 14 de febrero, y 606/2012, de 14 de junio: este último, represando la doctrina anterior, destaca que el artículo 118.1 de la Ley 30/1992 "se refiere a dos tipos de errores: en el apartado 1º al "error de hecho"" y "en el apartado 2º se trata el "error", que puede ser jurídico".

Esto sabido, conviene aclarar que no constituye "error de derecho" la mera discrepancia o incluso la equivocación en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, sino tan solo aquel que se produce de modo craso, patente e indudable, como cuando una resolución administrativa aplica normas inexistentes o caducas o interpreta determinados preceptos en un sentido que, de manera abierta y palmaria, es contrario a la legalidad.

III

Desde la perspectiva apuntada y antes de entrar en el análisis de las circunstancias concurrentes en el recurso extraordinario de revisión del Sr. ...... , es preciso puntualizar algunos extremos del régimen jurídico aplicable a la homologación de los títulos extranjeros de educación superior que resultan relevantes para el asunto sometido a consulta:

(i) La homologación de títulos extranjeros de educación superior está reconocida en el ordenamiento español desde hace décadas y, en particular, tanto bajo la precedente Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (en adelante "Ley Orgánica 11/1983"), desarrollada por el derogado Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de homologación de títulos de educación superior (en adelante "Real Decreto 86/1987"), como bajo la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante "Ley Orgánica 6/2001"), y el actual Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos extranjeros de educación superior.

Estas normas establecen los requisitos de homologación de los títulos extranjeros de educación superior. La determinación legal de estos requisitos implica, por una parte, que los interesados sólo pueden obtener la homologación de aquellos títulos que cumplan con tales requisitos, y, por otra, que la Administración competente en la materia no puede condicionar la homologación solicitada a la concurrencia de criterios o circunstancias no establecidos en el ordenamiento aplicable.

(ii) La regulación vigente contempla diferentes tipos de homologación de títulos extranjeros de educación superior, entre los que cabe destacar -por su relación con el supuesto sometido a consulta- los dos siguientes: la "homologación a títulos del Catálogo de títulos universitarios oficiales" (artículos 7 a 17 del Real Decreto 285/2004) y la "homologación a grado académico correspondiente a los títulos universitarios oficiales de Grado" (artículos 18 a 20 del Real Decreto 285/2004). El régimen jurídico aplicable a una y otra modalidad de homologación es distinto:

- La "homologación a títulos del Catálogo de títulos universitarios oficiales" tiene efectos profesionales, es decir, habilita para el ejercicio de las competencias reservadas a cada uno de los títulos de Catálogo; dada su relevancia, esta homologación se encuentra condicionada al informe preceptivo y determinante de los correspondientes comités técnicos del Consejo de Coordinación Universitaria sobre "los contenidos formativos superados para la obtención del título extranjero" (artículos 9, 10 y 12 del Real Decreto 285/2004).

- La "homologación a grado académico correspondiente a los títulos universitarios oficiales de Grado" tiene únicamente efectos académicos y no faculta para el desempeño de las competencias profesionales propias de alguno de los títulos del Catálogo de títulos universitarios oficiales; por tal razón, esta homologación no exige, como en el caso anterior, el informe preceptivo y determinante de los comités técnicos del Consejo de Coordinación Universitaria sobre "los contenidos formativos superados para la obtención del título extranjero": únicamente deberá comprobarse la duración y carga horaria (créditos) necesaria para la obtención del título extranjero y la correspondencia de niveles y grados académicos (artículo 19 del Real Decreto 285/2004).

(iii) En el supuesto particular de que los títulos extranjeros de educación superior hayan sido obtenidos tras la realización de los correspondientes estudios en un centro educativo radicado en España -como sucede en el caso del Sr. ...... -, entra o puede entrar en juego un requisito adicional: la autorización administrativa del centro para impartir tales enseñanzas.

En la normativa universitaria precedente, la autorización administrativa no figuraba ni en la Ley Orgánica 11/1983 ni en el Real Decreto 86/1987 como uno de los requisitos necesarios para la homologación de los títulos extranjeros de educación superior; en cambio, dicha autorización se exigía en el artículo 18 del Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, como requisito para el funcionamiento de tales centros (en adelante "Real Decreto 557/1991"). De este modo, bajo la vigencia de la Ley Orgánica 11/1983 y el Real Decreto 86/1987, la autorización administrativa era un requisito de funcionamiento de los centros que impartían enseñanzas extranjeras, pero no se contemplaba expresamente como un requisito de homologación de los títulos extranjeros de educación superior.

En la regulación universitaria vigente, la autorización administrativa del centro ha sido incluida como uno de los requisitos de homologación de los títulos extranjeros de educación superior: en tal sentido, el artículo 86.3 de la Ley Orgánica 6/2001 prevé que tales títulos solo podrán ser sometidos a trámite de homologación o convalidación si los centros donde se realizaron los citados estudios contaban con la correspondiente autorización administrativa; asimismo, el artículo 5.2.b) del Real Decreto 285/2004 dispone que "no serán objeto de homologación o convalidación los títulos correspondientes a estudios extranjeros realizados, en todo o en parte en España, cuando los centros carezcan de la preceptiva autorización para impartir tales enseñanzas". Esta prohibición -importa subrayarlo- tiene un alcance general, resultando de aplicación tanto a la "homologación a títulos del Catálogo de títulos universitarios oficiales" como a la "homologación a grado académico correspondiente a los títulos universitarios oficiales de Grado".

La diferente configuración legal de la autorización administrativa en una y otra etapa -como requisito de funcionamiento de los centros que imparten enseñanzas extranjeras en la Ley Orgánica 11/1983 y el Real Decreto 86/1987; como requisito de homologación de los títulos extranjeros de educación superior en la Ley Orgánica 6/2001 y el Real Decreto 285/2004- planteó la cuestión de si la homologación de los títulos extranjeros obtenidos bajo la vigencia de la Ley Orgánica 11/1983 y el Real Decreto 86/1987 estaba condicionada a la autorización administrativa del centro.

En un primer momento, la jurisprudencia entendió que la denegación de la homologación de los títulos extranjeros de educación superior obtenidos bajo la vigencia de la Ley 11/1983 y del Real Decreto 86/1987 resultaba procedente cuando los estudios hubieran sido realizados en centros educativos españoles carentes de la autorización administrativa exigida por el artículo 18 del Real Decreto 557/1991; en tal sentido se pronunciaron, entre otras, las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de abril de 2001 (RJ 2001/2543), 9 de diciembre de 2003 (RJ 2003/8475) y 22 de junio de 2004 (RJ 2004/3863).

Sin embargo, el Alto Tribunal cambió de criterio en sus Sentencias de 19 de junio de 2006 (RJ 2006/4633) y 30 de junio de 2006 (RJ 2006/1533), pasando a considerar que la falta de autorización administrativa no es una circunstancia que impida la homologación de los títulos extranjeros de educación superior obtenidos bajo la vigencia de la Ley Orgánica 11/1983 y del Real Decreto 86/1987. En estos pronunciamientos se destaca, por una parte, que la Ley 11/1983 y el Real Decreto 86/1987 no supeditaban la homologación de los títulos extranjeros de educación superior al requisito de la previa autorización administrativa de los centros docentes españoles en que se habían obtenido -contemplada en el artículo 18 del Real Decreto 557/1991 como mero requisito de funcionamiento de tales centros- sino que únicamente exigían un juicio de equivalencia entre las enseñanzas cursadas en el extranjero y las conducentes al título español; y se observa, por otra, que la homologación de los títulos extranjeros de educación superior se condicionó por primera vez a la autorización administrativa del centro en los artículos 86.3 de la Ley 6/2001 y 5.2.d) del Real Decreto 285/2004. Con base en esta doble premisa, el Tribunal Supremo concluyó que, tratándose de títulos extranjeros de educación superior obtenidos bajo la vigencia de la Ley 11/1983 y el Real Decreto 86/1987, no procedía denegar su homologación por la falta de autorización administrativa de los centros en que se habían cursado los estudios, y, por ello, anuló las resoluciones denegatorias recurridas y ordenó la retroacción de actuaciones al momento inicial de la solicitud de homologación, a fin de que el correspondiente comité técnico del Consejo de Coordinación Universitaria realizase un juicio de equivalencia sobre el contenido de la formación obtenida con el título extranjero. Esta doctrina jurisprudencial, iniciada por los dos pronunciamientos ya mencionados del año 2006, se ha mantenido de modo reiterado y constante en las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2007 (RJ 2007/8211), 30 de noviembre de 2007 (RJ 2007/8415), 30 de noviembre de 2007 (RJ 2007/8416), 30 de noviembre de 2007 (2007/8417), 30 de noviembre de 2007 (RJ 2007/8418), 14 de marzo de 2008 (RJ 2008/2323), 26 de marzo de 2008 (RJ 2008/2357), 16 de junio de 2009 (RJ 2009/5778), 16 de junio de 2009 (RJ 2009/196), 16 de junio de 2009 (RJ 2009/5778), 16 de junio de 2009 (RJ 2009/5780), 16 de junio de 2009 (RJ 2009/5781), 16 de junio de 2009 (RJ 2009/6598), 16 de junio de 2009 (RJ 2010/96), 7 de julio de 2009 (RJ 2009/6921), 7 de julio de 2009 (RJ 2009/6922), 14 de julio de 2009 (RJ 2009/787), 14 de julio de 2009 (RJ 2009/788), 14 de julio de 2009 (RJ 2009/790), 14 de julio de 2009 (2010/572), 21 de julio de 2009 (RJ 2010/336), 21 de julio de 2009 (RJ 2010/337), 21 de julio de 2009 (RJ 2009/338), 21 de julio de 2009 (RJ 2010/339), 21 de julio de 2009 (RJ 2010/792), 23 de julio de 2009 (RJ 2010/611), 23 de julio de 2009 (RJ 2010/793), 23 de julio de 2009 (2009/7175), 15 de septiembre de 2009 (RJ 2009/7225), 15 de septiembre de 2009 (RJ 2009/7226), 9 de diciembre de 2009 (RJ 2010/2068), 9 de diciembre de 2009 (RJ 2010/2070), 15 de diciembre de 2009 (RJ 2010/2266), 5 de octubre de 2010 (RJ 2010/6991), 16 de junio de 2010 (RJ 2010/5722), 26 de octubre de 2010 (RJ 2010/7691), 17 de enero 2011 (RJ 2011/1092), 19 de enero de 2011 (RJ 2011/1110), 22 de marzo de 2011 (RJ 2011/2409), 6 de mayo de 2011 (RJ 2011/4070), 3 de junio de 2011 (RJ 2011/7323), 28 de junio de 2011 (RJ 2012/617), 17 de julio de 2012 (RJ 2012/7905), 19 de julio de 2011 (RJ 2012/636), 28 de junio de 2011 (RJ 2012/617), 19 de septiembre de 2011 (RJ 2011/7137), 7 de diciembre de 2011 (RJ 2012/2601), 3 de enero de 2012 (RJ 2012/3604); la misma doctrina se contiene en el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2012 (RJ 2012/238223).

En síntesis, el Tribunal Supremo viene considerando desde el año 2006 -en al menos los cincuenta y un pronunciamientos citados- que son contrarias a Derecho las resoluciones denegatorias de la homologación de los títulos extranjeros de educación superior obtenidos al amparo de la Ley Orgánica 11/1983 y el Real Decreto 86/1987, cuando dicha denegación se acordó con exclusivo fundamento en la falta de autorización de los centros educativos españoles en donde se cursaron tales estudios; en sus fallos, el Alto Tribunal ordena la anulación de las resoluciones denegatorias impugnadas y la retroacción de las actuaciones al momento inicial de la solicitud de homologación, para que el comité técnico del Consejo de Coordinación Universitaria competente ratione materiae emita su informe preceptivo y determinante sobre el contenido de la formación ganada con el título extranjero.

IV

Expuesto el régimen jurídico aplicable y la interpretación jurisprudencial recaída en materia de homologación de títulos, procede a continuación fijar con precisión los hechos que subyacen en el recurso extraordinario de revisión sometido a consulta:

(i) El Sr. ...... realizó los estudios conducentes a la obtención del título inglés de Bachelor Honours in Environmental Management de la University of Wales entre los años 1995/96 y 1998/99 en el Colegio "Marcelo Spínola" de Sevilla; este centro obtuvo autorización para impartir estas enseñanzas por Orden de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 12 de julio de 1996, con efectos a partir del curso 1996/1997.

(ii) El Sr. ...... presentó dos diferentes solicitudes de homologación de su título inglés de Bachelor Honours in Environmental Management obtenido en la University of Wales: el 26 de noviembre de 2009 pidió la homologación al título español de "Licenciado en Ciencias Ambientales" y el 8 de enero de 2010 interesó la homologación al grado académico español de "Licenciado"; por tanto, en el primer caso solicitó la homologación a un concreto título del Catálogo de títulos universitarios oficiales, mientras que en el segundo pidió la homologación al grado académico español de Licenciado -no a un concreto título del Catálogo-.

(iii) La solicitud de homologación del título inglés de Bachelor Honours in Environmental Management obtenido en la University of Wales al español de "Licenciado en Ciencias Ambientales" fue denegada por Orden del Ministro de Educación de 11 de noviembre de 2010; esta denegación se basó en que el Sr. ...... había realizado parte de sus estudios en un centro -el Colegio "Marcelo Spínola" de Sevilla- que carecía de la preceptiva autorización administrativa; por tanto, la denegación se acordó de manera liminar, sin dar ocasión a que el correspondiente comité técnico del Consejo de Coordinación Universitaria evacuase su informe preceptivo y determinante sobre el contenido de la formación cursada.

(iv) La solicitud de homologación del título inglés de Bachelor Honours in Environmental Management obtenido en la University of Wales al grado académico español de "Licenciado" fue, en cambio, estimada por Orden del Ministro de Educación de 26 de septiembre de 2011; en este caso no se tuvo en cuenta la falta de autorización administrativa del centro y se accedió a la homologación una vez comprobados los créditos necesarios para la obtención del título inglés y la correspondencia de nivel o grado académico.

(v) En su recurso extraordinario de revisión, el Sr. ...... denuncia la contradicción existente entre ambas órdenes ministeriales, dado que la Orden de 11 de noviembre de 2010 consideró la falta de autorización administrativa como una circunstancia que impedía la homologación de su título inglés al correspondiente español de "Licenciado en Ciencias Ambientales" y, en cambio, la Orden de 26 de septiembre de 2011 accedió a la homologación de su título inglés al grado académico español de "Licenciado" sin hacer cuestión de esa falta de autorización administrativa; en tal sentido, el interesado aporta la credencial de la homologación concedida por Orden del Ministro de Educación de 26 de septiembre de 2011, como documento de valor esencial que -a su juicio- evidencia el error de la Orden del Ministro de Educación de 11 de noviembre de 2010, en el sentido previsto por el artículo 118.1.2ª de la Ley 30/1992.

V

Realizadas las anteriores precisiones de orden jurídico y fáctico, se está en condiciones de determinar si la Orden del Ministro de Educación de 11 de noviembre de 2010, que denegó -por la falta de autorización administrativa del Colegio "Marcelo Spínola" de Sevilla- la homologación del título inglés de Bachelor Honours in Environmental Management de la University of Wales obtenido por el Sr. ...... en dicho centro bajo la vigencia de la Ley Orgánica 11/1983 y del Real Decreto 86/1987, incurre en un "error" (de derecho) susceptible de motivar su revisión al amparo de la circunstancia 2ª del artículo 118.1 de la Ley 30/1992.

El Consejo de Estado ya informó un asunto similar en su dictamen 1.282/2011, de 24 de octubre, emitido en relación con un recurso extraordinario de revisión interpuesto por un interesado a quien en el año 2006 se había denegado, por falta de autorización administrativa del centro, la homologación de un título extranjero de educación superior obtenido bajo la vigencia de la Ley Orgánica 11/1983 y del Real Decreto 285/2004. El recurrente alegaba el giro jurisprudencial dado por el Tribunal Supremo a partir precisamente del año 2006 y aportaba diversas sentencias que anulaban las resoluciones denegatorias de la homologación basadas en la falta de autorización administrativa y ordenaban la retroacción de actuaciones al objeto de que el correspondiente comité técnico del Consejo de Coordinación Universitaria emitiera su informe preceptivo y determinante sobre el contenido de la formación cursada. En este dictamen, el Consejo informó a favor de la desestimación del recurso extraordinario de revisión, por entender que existía un "problema de interpretación jurídica" y que "el cambio jurisprudencial descrito y representado por las sentencias aportadas por el recurrente (que se había producido el mismo año de la resolución denegatoria de la homologación) no evidencia el error de forma concluyente y definitiva".

En el supuesto ahora sometido a consulta -al igual que en el examinado por el referido dictamen- se denegó al Sr. ...... la homologación de un título inglés obtenido bajo la vigencia de la Ley Orgánica 11/1983 y del Real Decreto 86/1987 al correspondiente español de "Licenciado en Ciencias Ambientales", con el solo argumento de que el centro en que se habían cursado los estudios carecía de la autorización administrativa. Esta denegación no se produjo, sin embargo, en el año 2006 -como en el dictamen 1.282/2011, de 24 de octubre- sino cuatro años más tarde, a finales de 2010, cuando ya existía una constante y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo en el sentido de que no procedía denegar la homologación por tal motivo: en concreto, antes de dictarse la Orden del Ministro de Educación de 11 de noviembre de 2010, denegatoria de la homologación solicitada por el Sr. ...... , habían recaído treinta y ocho sentencias del Alto Tribunal que anularon otras tantas resoluciones denegatorias de homologación de títulos obtenidos al amparo de la Ley Orgánica 11/1983 y del Real Decreto 86/1987 -por entender que la falta de autorización administrativa no justificaba la denegación ad limine de la homologación pretendida- y ordenaron la retroacción de las actuaciones -al objeto de que el correspondiente comité técnico del Consejo de Coordinación Universitaria emitiera su informe preceptivo y determinante sobre el contenido de la formación cursada-.

Pese a la existencia de tan reiterada jurisprudencia, tampoco en este caso puede afirmarse que la Orden del Ministro de Educación de 11 de noviembre de 2010 incurra en un "error de derecho". Dicha orden acoge una interpretación de la normativa aplicable que había sido amparada por el Tribunal Supremo hasta el año 2006 y que el departamento ministerial competente ha decidido seguir manteniendo -pese al cambio jurisprudencial- en ejercicio de sus competencias administrativas propias en materia de homologación de títulos extranjeros de educación superior. En tales circunstancias, no cabe sostener que la Orden de 11 de noviembre de 2010 cometa un "error de derecho" al apartarse de la jurisprudencia vigente. Dicho error tampoco se evidencia por el hecho de que la Orden de 26 de septiembre de 2011 siguiera un criterio distinto en relación con esta cuestión. En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Sr. ...... no puede prosperar.

Cuestión distinta es que la Orden del Ministro de Educación de 11 de noviembre de 2010, como cualquier otra resolución firme en vía administrativa, esté sometida a la eventual aplicación de los mecanismos de revisión de oficio contemplados en la Ley 30/1992: en tal sentido, el artículo 118.3 dispone que "lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 102 y 105.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan"; de acuerdo con este precepto legal, la desestimación de un recurso extraordinario de revisión no obsta para que el interesado pueda ejercitar la correspondiente "acción de nulidad" -así la ha calificado el Tribunal Supremo-, al amparo de los artículos 102 y 62 de la Ley 30/1992, en orden a obtener la revisión de una resolución administrativa firme.

La existencia de esta acción, siempre a disposición del administrado de acuerdo con el artículo 102.1 de la Ley 30/1992, no ha impedido que el Consejo de Estado, al dictaminar recursos extraordinarios de revisión, haya aconsejado el uso de la potestad administrativa de revisión, o incluso de la de revocación contemplada en el artículo 105.1 de la Ley 30/1992, en aquellos casos en que, aun no concurriendo alguna de las circunstancias de revisión del artículo 118.1 de la Ley 30/1992, se advierte una infracción de especial gravedad (en tal sentido, dictámenes 159/2009, de 25 de febrero; 849/2010, de 22 de julio; 606, 607 y 608/2012, todos de 14 de junio).

En el supuesto sometido a consulta, el ejercicio ex officio de esta potestad viene justificado por la vulneración del principio de igualdad (artículo 14 de la Constitución) que se aprecia, de manera evidente y clara, tras la comparación de la Orden del Ministro de Educación de 11 de noviembre de 2010, denegatoria de la homologación del título inglés del Sr. ...... al correspondiente español de "Licenciado en Ciencias Ambientales", y la Orden del Ministro de Educación de 26 de septiembre de 2011, estimatoria de la homologación del título inglés del Sr. ...... al grado español de "Licenciado".

En el primer caso -Orden del Ministro de Educación de 11 de noviembre de 2010- se denegó ad limine la homologación por la falta de autorización administrativa del centro en que se habían cursado los estudios; en el segundo -Orden del Ministro de Educación de 26 de septiembre de 2011- no se hizo cuestión de esa falta de autorización administrativa y se accedió a la homologación solicitada.

Por tanto, en menos de un año y en relación con un mismo interesado y un mismo título extranjero de educación superior, el Ministerio de Educación consideró primero que la falta de autorización era una circunstancia obstativa de la homologación solicitada -Orden de 11 de noviembre de 2010- y después que no lo era -Orden de 26 de septiembre de 2011-.

La diferencia de criterio entre la Orden de 11 de noviembre de 2010 y la Orden de 26 de septiembre de 2011 no encuentra explicación en el hecho de que las solicitudes de homologación resueltas en uno y otro caso fueran distintas: "homologación a títulos del Catálogo de títulos universitarios oficiales" en la primera Orden y "homologación a grado académico correspondiente a los títulos universitarios oficiales de Grado" en la segunda Orden. La regulación normativa de la autorización administrativa de los centros que imparten enseñanzas extranjeras nunca ha realizado -ni antes ni ahora- distinción alguna en función de los diversos tipos de homologación que sirva para motivar el diferente tratamiento que las mencionadas órdenes dieron a la falta de autorización administrativa en el presente expediente.

Tampoco puede justificarse el cambio de criterio de la Orden de 26 de septiembre de 2011, respecto de la Orden de 11 de noviembre de 2010, en la aparición de lo que en la propuesta de resolución se denomina una "nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo". Existe, ciertamente, abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo que, en supuestos de homologación de títulos extranjeros obtenidos bajo la vigencia de la Ley Orgánica 11/1983 y el Real Decreto 86/1987, viene entendiendo que la falta de autorización administrativa del centro en que se cursaron los correspondientes estudios no impide por sí sola la homologación pretendida. Sin embargo, esta doctrina jurisprudencial no se originó entre la Orden de 11 de noviembre de 2010 y la Orden de 26 de septiembre de 2011, sino que era constante y reiterada desde el año 2006, es decir, existía mucho tiempo antes de que se dictase la primera de tales órdenes y, además, se expresaba en un elevado número de pronunciamientos. Por tal razón, esa jurisprudencia no puede calificarse de "nueva" al efecto de justificar la diferente relevancia atribuida a la falta de autorización administrativa -en un caso obstativa de la homologación; en otro no- por las Órdenes de 11 de noviembre de 2010 y de 26 de septiembre de 2011.

En realidad, no existe fundamento legal o jurisprudencial alguno para el hecho de que las Órdenes del Ministro de Educación de 11 de noviembre de 2010 y de 26 de septiembre de 2011, dictadas en un lapso temporal inferior al año, hayan valorado de manera distinta y aun contraria la falta de autorización administrativa del "Colegio Marcelo Spínola" de Sevilla en relación con dos solicitudes de homologación de un mismo título inglés -Bachelor Honours in Environmental Management de la University of Wales- formuladas por un mismo interesado -el Sr. ...... -.

A consecuencia de esta actuación administrativa, el interesado ha visto cómo la solicitud de homologación de su título inglés al español de "Licenciado en Ciencias Ambientales" -homologación con efectos profesionales- era denegada ad limine por la falta de autorización administrativa, sin esperar a que el correspondiente comité técnico del Consejo de Coordinación Universitaria se pronunciase sobre el contenido de la formación cursada, y cómo, en cambio, la solicitud de homologación del título inglés al grado académico de "Licenciado" -homologación con efectos meramente académicos- era estimada sin hacer cuestión de la falta de autorización administrativa.

El diferente tratamiento dado a la "falta de autorización administrativa", que en modo alguno cabe justificar -como antes se ha dicho- en los dos distintos tipos de homologación solicitada ni en la aparición de una nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo, obedece a una decisión ad nutum del departamento ministerial competente que contradice las exigencias mínimas del principio de igualdad (artículo 14 de la Constitución), cuya observancia en este caso sirve también a la realización efectiva del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9.3 de la Constitución).

Esta infracción de relevancia constitucional, unida a la que pueda entenderse cometida por la omisión del informe preceptivo y determinante del comité técnico del Consejo de Coordinación Universitaria, constituyen vicios de orden público (artículos 62.1.a) y e) de la Ley 30/1992) que aconsejan el uso de la potestad administrativa de revisión, a fin de anular la Orden del Ministro de Educación de 11 de noviembre de 2010, ordenar la retrotracción de las actuaciones al momento inicial de la solicitud de homologación y solicitar el informe preceptivo y determinante del Consejo de Coordinación Universitaria sobre el contenido de la formación cursada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que procede desestimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por ...... ."

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 8 de noviembre de 2012

LA SECRETARIA GENERAL,

EL PRESIDENTE,

EXCMO. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

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