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Consejo de Estado: Dictámenes

Número de expediente: 649/2012 (EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE)

Referencia:
649/2012
Procedencia:
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Asunto:
Proyecto de real decreto por el que se modifican el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
Fecha de aprobación:
19/07/2012

TEXTO DEL DICTAMEN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 19 de julio de 2012, , emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"En cumplimiento de la Orden de V. E. de 6 de junio de 2012 (registrada de entrada el 7 de junio siguiente), el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

De antecedentes resulta:

PRIMERO.- Contenido del proyecto de Real Decreto y de su memoria

A.- El proyecto consta de preámbulo, dos artículos y dos disposiciones finales.

El preámbulo comienza recordando que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, prevé que el área de "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos" debe impartirse en uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa de Educación Primaria (artículo 18), que la materia de "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos" es obligatoria en uno de los tres primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (artículo 24) y que la "Educación ético-cívica" lo es también en el cuarto curso de esta etapa educativa (artículo 25)

Añade el preámbulo que "la tarea de educar en democracia debe hacerse de un modo compartido y no excluyente entre la familia, las instituciones públicas, los centros educativos y la misma sociedad" y que "el Estado tiene la obligación de asegurar que los ciudadanos conozcan la Constitución, el funcionamiento de las instituciones públicas y cuanto se refiere a los derechos y libertades que caracterizan nuestro Estado democrático".

No obstante -aclara el preámbulo-, "una vez asegurada la formación en los valores y principios fijados en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se desarrolla a su vez en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, corresponde a los propios ciudadanos en el ejercicio de su libertad, a sus familias cuando sean menores, a los centros docentes en el ejercicio de la autonomía prevista por la ley y a los profesores en el ejercicio de la libertad docente que el marco legal les confiere, precisar los valores, aspectos y procedimientos didácticos que juzguen más convenientes para cada caso, teniendo siempre presente el derecho fundamental de libertad de conciencia individual que nuestra normativa reconoce".

La parte dispositiva de la norma proyectada se estructura como sigue:

? El artículo primero ("Modificación del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas O "Número de expediente; p.ej.: 1.456/97 " \* MERGEFORMAT 649/2012

Romay Beccaría, Presidente Lavilla Alsina Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer Herrero y Rodríguez de Miñón Ledesma Bartret Aza Arias Manzanares Samaniego Fernández de la Vega Sanz Alonso García Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, Secretaria General

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 19 de julio de 2012, , emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"En cumplimiento de la Orden de V. E. de 6 de junio de 2012 (registrada de entrada el 7 de junio siguiente), el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

De antecedentes resulta:

PRIMERO.- Contenido del proyecto de Real Decreto y de su memoria

A.- El proyecto consta de preámbulo, dos artículos y dos disposiciones finales.

El preámbulo comienza recordando que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, prevé que el área de "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos" debe impartirse en uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa de Educación Primaria (artículo 18), que la materia de "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos" es obligatoria en uno de los tres primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (artículo 24) y que la "Educación ético-cívica" lo es también en el cuarto curso de esta etapa educativa (artículo 25)

Añade el preámbulo que "la tarea de educar en democracia debe hacerse de un modo compartido y no excluyente entre la familia, las instituciones públicas, los centros educativos y la misma sociedad" y que "el Estado tiene la obligación de asegurar que los ciudadanos conozcan la Constitución, el funcionamiento de las instituciones públicas y cuanto se refiere a los derechos y libertades que caracterizan nuestro Estado democrático".

No obstante -aclara el preámbulo-, "una vez asegurada la formación en los valores y principios fijados en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se desarrolla a su vez en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, corresponde a los propios ciudadanos en el ejercicio de su libertad, a sus familias cuando sean menores, a los centros docentes en el ejercicio de la autonomía prevista por la ley y a los profesores en el ejercicio de la libertad docente que el marco legal les confiere, precisar los valores, aspectos y procedimientos didácticos que juzguen más convenientes para cada caso, teniendo siempre presente el derecho fundamental de libertad de conciencia individual que nuestra normativa reconoce".

La parte dispositiva de la norma proyectada se estructura como sigue:

? El artículo primero ("Modificación del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación Primaria") da nueva redacción al anexo II, Áreas de Educación Primaria, apartado "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos", del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre.

? El artículo segundo ("Modificación del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria") da nueva redacción al anexo II, materias de Educación Secundaria Obligatoria, apartado "Educación para la ciudadanía", del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre.

? La disposición final primera ("Habilitación normativa") faculta al titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones requiera la aplicación de lo dispuesto en este Real Decreto, sin perjuicio del desarrollo normativo que corresponda realizar a las Comunidades Autónomas.

? La disposición final segunda ("Entrada en vigor") prevé que el presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

B.- La memoria del análisis de impacto normativo justifica el proyecto de Real Decreto aduciendo que "la asignatura Educación para la Ciudadanía ha sido un tema de conflicto desde su origen, por entender un sector importante de la población española que su contenido atentaba contra ciertos principios constitucionales".

En tal sentido, se dice que "la configuración actual de esta asignatura es susceptible de producir como resultado la imposición de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, morales, etc.; como ejemplos, los manuales contienen menciones que fijan valores o principios relativos a la política internacional, el pensamiento liberal, el mercado, la libre empresa, los Estados Unidos, la globalización, etc.".

Por ello -añade la memoria-, "es preciso proteger el respeto a la libertad de enseñanza y, consiguientemente, el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones filosóficas, religiosas o morales (artículo 27 CE)".

A tal fin, el proyecto de Real Decreto "pretende modificar el contenido del currículo de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (...) en los reales decretos que establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria para evitar las referencias a aspectos que podrían llegar a suponer la imposición directa o indirecta de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas o morales durante el proceso de aprendizaje".

Por lo demás, la memoria descarta la existencia de cualquier impacto presupuestario o por razón de género.

SEGUNDO.- Contenido del expediente

El texto inicial del proyecto de Real Decreto, al que se acompaña una memoria del análisis de impacto normativo, ambos de fecha 4 de mayo de 2012, ha sido sometido a la siguiente tramitación:

(i) El 24 de mayo de 2012 fue sometido a consulta de las Comunidades Autónomas representadas en el seno de la Conferencia de Educación.

Según consta en el borrador de acta, el proyecto fue presentado por la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, quien manifestó que había sido elaborado partiendo de "la idea de introducir el mínimo de cambios posible y de obtener un texto neutro desde el punto de vista ideológico que, al mismo tiempo, prestara especial atención a los aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de los sistemas democráticos, la Constitución o las instituciones europeas".

La Consejera de Educación de Andalucía intervino señalando que su Comunidad "no comparte esta modificación, ya que la normativa existente sincronizaba perfectamente con la Constitución, mientras el proyecto se distancia de ella en lo que se refiere a valores como la igualdad, el respeto a las diferencias, libertades y derechos civiles o la conciencia social de la finalidad de los impuestos en una sociedad prestadora de servicios y generadora de igualdad", y expresando "su convencimiento de que en ningún momento, con la normativa existente, se ha adoctrinado".

La Consejera de Enseñanza de Cataluña subrayó que "las Administraciones deben ser capaces de compartir unos elementos comunes de formación cívica" y que, en caso contrario, "debería plantearse la eliminación de la materia, ya que no parece coherente que se cambie el contenido de una materia cuando cambia un Gobierno"; asimismo, resaltó que el proyecto no hacía referencia al derecho constitucional a la autonomía de las nacionalidades y regiones y que, sin embargo, introducía una mención a los "nacionalismos excluyentes" -en el mismo epígrafe que el terrorismo o el fanatismo religioso- cuya supresión solicitó.

La Consejería de Educación, Universidades e Investigación del País Vasco recordó que el establecimiento de la materia había respondido en su día a una propuesta del Consejo Europeo que juzga de "muy necesaria", particularmente en "la nueva situación abierta del País Vasco"; en tal sentido, se muestra de acuerdo con "la intensificación de las cuestiones relativas a los valores constitucionales o la Declaración Universal de los Derechos Humanos", pero expresa su discrepancia con la supresión de contenidos como "el diálogo como sistema de resolución de conflictos y la cultura de la paz" o "el rechazo a la violencia como forma de solución de conflictos interpersonales".

El Consejero de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de Galicia agradeció el esfuerzo del departamento ministerial proponente por "dejar al margen de la materia todo contenido provocador de controversia", dada "la conflictividad y los problemas que han aflorado en torno a esta materia desde su creación".

El Consejero de Educación de Navarra consideró "esencial" que "los jóvenes sean educados en valores democráticos y en el conocimiento de las instituciones", pero entendiendo que ello "puede tener cabida en el conjunto de las materias existentes, sin una específica como la actual"; en todo caso, rechazó que la materia "pueda constituir una vía de adoctrinamiento y subraya el derecho inalienable de las familias a la adopción de decisiones sobre la educación en valores de los hijos".

El Consejero de Educación, Cultura y Turismo de La Rioja afirmó que la creación de la materia había sido un "error", por cuanto "desde un principio ha sido fuente de controversias", y sugirió su "supresión", aunque valorando positivamente en todo caso "la eliminación de elementos controvertidos".

La reunión concluyó con la intervención del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, que destacó la conveniencia de no dilatar la tramitación del proyecto, dada la necesidad de que los editores conocieran de inmediato su contenido de cara a preparar los materiales para el próximo curso, y apuntó a la posible apertura de un debate en torno a las principales cuestiones apuntadas, particularmente en lo relativo a la eliminación de la materia.

(ii) El 24 de mayo de 2012, el proyecto de Real Decreto fue informado por la Dirección General de Coordinación de Competencias con la Comunidades Autónomas y las Entidades Locales y el 31 de mayo de 2012 por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

(iii) El 5 de junio de 2012 fue dictaminado por la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, que realizó numerosas precisiones de detalle a las nuevas enseñanzas mínimas de la asignatura "Educación para la ciudadanía" introducidas por la norma proyectada y expresó la pertinencia de introducir una nueva disposición adicional en la que se determinase el curso académico en el cual deben ser aplicados los nuevos currículos acordes con las enseñanzas mínimas establecidas en la norma; en esta reunión estuvieron presentes representantes de profesores de la enseñanza pública y privada, de los padres de alumnos, de los alumnos, del personal de administración y servicios de los centros docentes, de los titulares de centros docentes privados, de las organizaciones empresariales y sindicales, de la Administración educativa del Estado, de las Universidades, de las Entidades Locales, de personalidades de reconocido prestigio y del grupo de representación de la mujer.

(iv) El 6 de junio de 2012, el proyecto de Real Decreto fue informado de conformidad por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen.

I

Se somete a consulta el proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

El dictamen se emite con carácter preceptivo, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, cuyo artículo 22.2 prevé que su Comisión Permanente deberá ser consultada en relación con los "reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones". El proyecto de Real Decreto sometido a consulta modifica los Reales Decretos 1513/2006 y 1631/2006, dictados en desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de ahí la obligatoriedad del dictamen.

II

El proyecto de Real Decreto se ha tramitado de acuerdo con el procedimiento de elaboración de reglamentos establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Así, con el texto proyectado se adjunta una memoria del análisis de impacto normativo, en la que se razona sobre la oportunidad de la norma y se pondera su impacto económico y presupuestario y por razón de género (artículo 24.1, letras a) y b), de la Ley del Gobierno; Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio).

Se ha oído a las organizaciones, asociaciones y entidades interesadas en la materia regulada (artículo 24.1.c) de la Ley del Gobierno) en el seno del Consejo Escolar del Estado.

También han podido alegar las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, y se ha evacuado informe de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (artículo 24.3 de la Ley del Gobierno).

Igualmente, ha informado la Secretaría General Técnica del entonces Ministerio de Educación, que es el departamento proponente (artículo 24.2 de la Ley del Gobierno).

III

El Gobierno puede aprobar el proyecto de Real Decreto al amparo de las competencias estatales exclusivas sobre "la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales" y las "normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución" (artículos 149.1.1ª y 30ª de la Constitución).

Como ambos títulos competenciales ya se mencionan en la disposición final primera los Reales Decretos 1513/2006 y 1631/2006 que se modifican, el proyecto de Real Decreto sometido a consulta no los menciona nuevamente, de acuerdo con la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del análisis de impacto normativo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, según la cual "no será necesario identificar los títulos competenciales específicos de aplicación respecto de preceptos que tengan (...) carácter puramente modificativo de normas que incluyeron el correspondiente título competencial si el mismo no ha de modificarse".

En todo caso, ninguna de las Comunidades Autónomas consultadas en el seno de la Conferencia de Educación ha cuestionado la competencia estatal en la materia.

IV

El proyecto de Real Decreto sometido a consulta modifica el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, dando nueva redacción a los aspectos básicos del currículo del área o materia "Educación para la ciudadanía" establecidos para ambas etapas educativas en el anexo II de los citados reales decretos.

Antes de entrar en el análisis de la norma proyectada, conviene hacer referencia a los antecedentes internacionales del área o materia "Educación para la ciudadanía" (A), al contenido de los Reales Decretos 1513/2006 y 1631/2006, que -siguiendo las directrices internacionales y previo el dictamen de este Consejo de Estado- incorporaron dicha área o materia en la Educación Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria del sistema educativo español (B), y a los pronunciamientos expresados en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Pleno) del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2009, que no apreció vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16.1 y 27.3 de la Constitución en el desarrollo reglamentario del área o materia "Educación para la ciudadanía" y, en consecuencia, rechazó tanto la nulidad de las normas mencionadas como el supuesto derecho a la objeción de conciencia de los recurrentes (C).

A.- Antecedentes internacionales del área o materia "Educación para la ciudadanía"

En los Reales Decretos 1513/2006 y 1631/2006 se engarza el área o materia "Educación para la ciudadanía" con recomendaciones o directrices emanadas del Consejo de Europa y de la Unión Europea, a saber:

(i) Recomendación (2002)12, de fecha 16 de octubre de 2002, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la Educación para la Ciudadanía Democrática. En el anexo II de los Reales Decretos 1513/2006 y 1631/2006 se dice que los objetivos y contenido del área o materia "Educación para la ciudadanía" están "en sintonía" con esta Recomendación, en la que el Consejo de Europa:

"(...)

Recordando la primacía del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, y los demás instrumentos de que disponen las Naciones Unidas para garantizar a los individuos la capacidad para ejercer sus derechos inalienables;

(...)

Preocupado por la creciente apatía política y civil y falta de confianza en las instituciones democráticas, y por el aumento de casos de corrupción, racismo, xenofobia, nacionalismo violento, intolerancia ante las minorías, discriminación y exclusión social, elementos que representan todos ellos una importante amenaza a la seguridad, estabilidad y crecimiento de las sociedades democráticas;

Consciente de las responsabilidades que recaen sobre las generaciones presentes y futuras a la hora de mantener y salvaguardar las sociedades democráticas, y del papel que desempeña la educación para promover la participación activa de todos los individuos en la vida política, cívica, social y cultural;

(...)

Sabedor del papel determinante otorgado a la educación para la ciudadanía democrática en las reformas educativas que están llevando a cabo en muchos Estados miembros, y de su posición clave en la cooperación internacional para la paz y la estabilidad en varios países o regiones europeas,

1. Afirma: Que la educación para la ciudadanía democrática es esencial en lo que respecta a la función principal del Consejo de Europa, que es la de promover una sociedad libre, tolerante y justa y que contribuye, con las demás actividades de la Organización, a defender los valores y principios de la libertad, el pluralismo, los derechos humanos y el imperio de la ley, que son los fundamentos de la democracia.

2. Declara:

- Que la educación para la ciudadanía democrática debe abarcar cualquier actividad educativa formal, no formal o informal, incluida la de la familia, permitiendo que el individuo actúe durante toda su vida como un ciudadano activo y responsable, respetuoso con los derechos de los demás.

- Que la educación para la ciudadanía democrática es un factor para la cohesión social, el mutuo entendimiento, el diálogo intercultural e interreligiosos y la solidaridad, que contribuye a fomentar el principio de igualdad entre hombre y mujeres, y que favorece el establecimiento de las relaciones armoniosas y pacíficas entre los pueblos, así como la defensa y desarrollo de la sociedad democrática y de la cultura.

- Que la educación para la ciudadanía democrática, en su sentido más amplio, debe ocupar un lugar prioritario en la reforma y ejecución de las políticas educativas.

- Que la educación para la ciudadanía democrática es un factor de innovación en lo que respecta a la organización y gestión de los sistemas educativos globales, así como de los métodos de enseñanza y planes de estudio.

3. Recomienda que los gobiernos de los Estados miembros, en lo que respecta a su estructura institucional, su situación nacional o local y su sistema educativo:

- Hagan de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de la política educativa y de sus reformas.

(...)

- Se guíen por los principios expuestos en el apéndice de la presente Recomendación en sus reformas educativas actuales o futuras.

En el apartado 2 de este apéndice se contienen los "objetivos y contenidos educativos para la ciudadanía democrática", expresados como sigue:

"La educación para la ciudadanía democrática, tal y como se define en esta recomendación, abarca disciplinas específicas y áreas de aprendizaje e instituciones variadas o multidisciplinarias de los Estados miembros, dependiendo de su enfoque tradicional en este ámbito.

Por ejemplo, podría incluir una educación cívica, política o enfocada a los derechos humanos, todo lo cual contribuiría a la educación para la ciudadanía democrática sin abarcarla por completo.

Con el fin de cumplir los objetivos generales de la educación para la ciudadanía democrática, es necesario emprender las siguientes acciones:

- Favorecer enfoques multidisciplinares y acciones que combinen la educación cívica y política con la enseñanza de la historia, la filosofía, la religión, las lenguas, las ciencias sociales y todas aquellas disciplinas relacionadas con aspectos éticos, políticos, sociales, culturales o filosóficos, bien sea en términos de su auténtico contenido o de sus opciones o consecuencias en una sociedad democrática.

- Combinar la adquisición de conocimiento con las actitudes y las capacidades, y dar prioridad a aquellos aspectos que pongan de manifiesto los valores fundamentales a los que está especialmente ligado el Consejo de Europa, en especial los derechos humanos y el cumplimiento de la ley.

- Prestar especial atención a la adquisición de una actitud adecuada para la vida en las sociedades multiculturales, respetando las diferencias e interesándose por el entorno, lo que significa llevar a cabo cambios rápidos y a menudo impredecibles.

Con este propósito, convendría llevar a cabo enfoques educativos y métodos de enseñanza orientados al aprendizaje de la convivencia en una sociedad democrática, que combatan el nacionalismo violento, el racismo y la intolerancia, y que rechacen la violencia y el pensamiento extremista. La adquisición de las siguientes competencias clave contribuirían al logro de tales objetivos, a saber: - Resolver conflictos de forma no violenta. - Argumentar en defensa de los puntos de vista propios. - Escuchar, comprender e interpretar los argumentos de otras personas. - Reconocer y aceptar las diferencias. - Elegir, considerar alternativas y someterlas a un análisis ético. - Asumir responsabilidades compartidas. - Establecer relaciones constructivas, no agresivas, con los demás. - Realizar un enfoque crítico de la información, los modelos de pensamiento y los conceptos filosóficos, religiosos, sociales, políticos y culturales, manteniendo al mismo tiempo un compromiso con los valores y principios fundamentales del Consejo de Europa.

(ii) Recomendación Conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, de 18 de diciembre de 2006. En el anexo II del Real Decreto 1513/2006 se señala que la Unión Europa ha insistido en la "necesidad de fomentar la ciudadanía responsable en una sociedad democrática como fórmula para lograr la cohesión social y una identidad europea común", y en el anexo II del Real Decreto 1631/2006 se recuerda que "la Unión Europea incluye como objetivo de los sistema educativos velar por que se promueva realmente, entre la comunidad escolar, el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para la ciudadanía activa, en sintonía con la Recomendación (2002)12 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa".

Esta preocupación de la Unión Europea se plasma en la Recomendación Conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, de 18 de diciembre de 2006, que, aun no estando expresamente mencionada en los Reales Decretos 1513/2006 y 1631/2006, fue tenida en consideración por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Pleno) de 11 de febrero de 2009 a la que después se hará referencia.

En esta Recomendación se incluyen las "competencias sociales y cívicas" dentro de las competencias clave para el aprendizaje permanente; bajo dicha rúbrica, en el apartado 6 de su anexo, se lee:

Definición:

Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e interculturales y recogen todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional, especialmente en sociedades cada vez más diversificadas, y, en su caso, para resolver conflictos. La competencia cívica prepara a las personas para participar plenamente en la vida cívica gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas, y al compromiso de participación activa y democrática.

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta competencia:

A. La competencia social relacionada con el bienestar personal y colectivo exige entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal, es fundamental comprender los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos (por ejemplo, en el trabajo).

La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las dimensiones multicultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir cómo la identidad cultural nacional interactúa con la europea.

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza, y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar el estrés y la frustración y de expresarlos de una manera constructiva, y también de distinguir la esfera profesional de la privada.

Esta competencia se basa en una actitud de colaboración, en la seguridad en uno mismo y en la integridad. Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico, la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a los demás, así como estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse.

B. La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Ello incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en la historia nacional, europea y mundial. También debería desarrollarse la conciencia de los objetivos, valores y políticas de los movimientos sociales y políticos. El conocimiento de la integración europea y de las estructuras de la UE y sus principales objetivos y valores es asimismo esencial, así como la conciencia de la diversidad e identidades culturales de Europa.

Las capacidades de competencia cívica están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa, y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del vecindario, así como la toma de decisiones a todos los niveles, local, nacional o europeo, en particular mediante el ejercicio del voto.

El pleno respeto de los derechos humanos, incluida la igualdad como base de la democracia, y la apreciación y la comprensión de las diferencias existentes entre los sistemas de valores de las distintas religiones o grupos étnicos sientan las bases de una actitud positiva. Esta actitud implica manifestar el sentido de pertenencia a la propia localidad, al propio país, a la UE y a Europa en general y al mundo, y la voluntad de participar en la toma de decisiones democrática a todos los niveles. También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, por ejemplo el respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás.

B.- Contenido de los Reales Decretos 1513/2006 y 1631/2006 en lo relativo al área o materia "Educación para la ciudadanía"

Con fundamento en estos antecedentes internacionales, especialmente en la Recomendación (2002)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la Educación para la Ciudadanía Democrática, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introdujo por primera vez en el currículo de determinadas enseñanzas no universitarias un área o materia denominada "Educación para la ciudadanía".

La exposición de motivos de la Ley Orgánica 2/2006 explica las razones de la incorporación de esta área o materia al sistema educativo español:

En lo que se refiere al currículo, una de las novedades de la Ley consiste en situar la preocupación por la educación para la ciudadanía en un lugar muy destacado del conjunto de las actividades educativas y en la introducción de unos nuevos contenidos referidos a esta educación que, con diferentes denominaciones, de acuerdo con la naturaleza de los contenidos y las edades de los alumnos, se impartirá en algunos cursos de la educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato.

Su finalidad consiste en ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de los principios y derechos establecidos en la Constitución española y en los tratados y las declaraciones universales de los derechos humanos, así como de los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto global. Esta educación, cuyos contenidos no pueden considerarse en ningún caso alternativos o sustitutorios de la enseñanza religiosa, no entra en contradicción con la práctica democrática que debe inspirar el conjunto de la vida escolar y que ha de desarrollarse como parte de la educación en valores con carácter transversal a todas las actividades escolares. La nueva materia permitirá profundizar en algunos aspectos relativos a nuestra vida en común, contribuyendo a formar a los nuevos ciudadanos."

La Ley Orgánica 2/2006 incorporó el área o materia "Educación para la ciudadanía" a la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.

La Educación Primaria comprende seis cursos académicos, entre los seis y los doce años de edad, divididos en tres ciclos de dos años cada uno; según el artículo 18.3 de la Ley Orgánica 2/2006, "en uno de los cursos del tercer ciclo" debe impartirse "el área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos", en la que "se prestará especial atención a la igualdad entre mujeres y hombres".

La Educación Secundaria Obligatoria comprende cuatro cursos académicos, entre los doce y los dieciséis años de edad; según el artículo 24.3 de la Ley Orgánica 2/2006, "en uno de los tres primeros cursos todos los alumnos cursarán la materia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en la que se prestará especial atención a la igualdad entre mujeres y hombres"; asimismo, y de acuerdo con el artículo 25, apartados 1 y 4, de la propia Ley Orgánica 2/2006, en cuarto curso figura como materia obligatoria la "Educación ético-cívica", en la que "se prestará especial atención a la igualdad entre mujeres y hombres"; por tanto, la Educación para la ciudadanía está configurada en esta etapa por dos materias: la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos que se imparte en uno de los tres primeros cursos y la Educación ético-cívica de cuarto curso.

En desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, el Gobierno español elaboró sendos proyectos de Real Decreto en los que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria y, en particular, del área o materia "Educación para la ciudadanía".

El primero de estos proyectos fue informado por el Consejo de Estado en su dictamen 2.234/2006, de 23 de noviembre. En lo que ahora importa, este dictamen examinó si los aspectos básicos del currículo del área "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos" en Educación Primaria se adecuaban al orden constitucional interno y a las directrices internacionales: en tal sentido, el dictamen señaló que la norma proyectada debía tener en cuenta que "no puede formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo, sustraídos a la libertad de enseñanza garantizada en el artículo 27 de la Constitución, la difusión de valores que no estén consagrados en la propia Constitución o sean presupuesto o corolario indispensable del orden constitucional", concluyendo, desde esta perspectiva, que "el examen de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación" establecidos en el proyecto "arroja un resultado favorable en términos generales"; asimismo, el dictamen ponderó la necesidad de que la norma "tenga en cuenta la Recomendación (2002)12 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, adoptada el 16 de octubre de 2002, en la que se recomienda a los Estados miembros hacer de la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de la política educativa y se establecen los objetivos y contenidos de esta área", afirmando, bajo dicho enfoque, que "el proyecto sometido a consulta se ajusta a esta Recomendación".

El segundo de los proyectos fue informado por el Consejo de Estado en su dictamen 2.521/2006, de 21 de diciembre, que contiene una expresa remisión a lo ya dicho en el dictamen 2.234/2006, de 23 de noviembre, en este caso aplicado a los aspectos básicos del currículo de las materias "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos" y de "Educación ético-cívica" en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

Ambos proyectos fueron finalmente aprobados por Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, quedando de este modo incorporada a ambas etapas educativas el área o materia "Educación para la ciudadanía".

En la Educación Primaria, los objetivos del área "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos", su contribución al desarrollo de las competencias básicas del alumnado, así como sus contenidos y criterios de evaluación se fijan en el anexo II del Real Decreto 1513/2006; en particular, los contenidos del área se dividen en tres bloques: bloque 1 "Individuos y relaciones interpersonales y sociales", bloque 2 "La vida en comunidad" y bloque 3 "Vivir en sociedad".

En la Educación Secundaria Obligatoria, los objetivos de las materias "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos" y "Educación ético-cívica", su contribución a la adquisición de las competencias básicas por parte del alumnado, así como sus contenidos y criterios de evaluación se fijan en el anexo II del Real Decreto 1631/2006: en concreto, los contenidos de la materia "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos" se dividen en cinco bloques: bloque 1, "Contenidos comunes"; bloque 2, "Relaciones interpersonales y participación"; bloque 3, "Deberes y derechos ciudadanos"; bloque 4, "Las sociedades democráticas del siglo XXI"; y bloque 5, "Ciudadanía en un mundo global"; por su parte, los contenidos de la materia "Educación ético-cívica" se dividen en seis bloques: bloque 1, "Contenidos comunes"; bloque 2, "Identidad y alteridad. Educación afectivo-emocional"; bloque 3, "Teorías éticas. Los derechos humanos", bloque 4 "Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales"; bloque 5, "Problemas sociales del mundo actual"; y bloque 6; "La igualdad entre hombres y mujeres".

C.- Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Pleno) del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2009

Tras la publicación y entrada en vigor de los Reales Decretos 1513/2006 y 1631/2006 se interpusieron numerosos recursos contencioso- administrativos en los que se cuestionaba la adecuación de la regulación reglamentaria del área o materia "Educación para la ciudadanía" a los artículos 16.1 y 27.3 de la Constitución, en cuanto estos garantizan "la libertad ideológica y religiosa" y "el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Los recurrentes solicitaban la nulidad de las normas reglamentarias o que se les reconociese su derecho a la objeción de conciencia en orden a que sus hijos no cursasen la asignatura.

Habiendo recaído resoluciones judiciales de diverso signo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Pleno) del Tribunal Supremo, en Sentencia de 11 de febrero de 2009, concluyó que el desarrollo reglamentario del área o materia "Educación para la ciudadanía" no vulneraba los artículos 16.1 y 27.3 de la Constitución y, en consecuencia, rechazó tanto la nulidad de las normas impugnadas como el supuesto derecho a la objeción de conciencia de los recurrentes.

En esta Sentencia, el Alto Tribunal comienza examinando con detalle los "antecedentes inmediatos" del área o materia "Educación para la ciudadanía", que sitúa en la Recomendación (2002)12, de fecha 16 de octubre de 2002, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la Educación para la Ciudadanía Democrática, y en la Recomendación Conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, de 18 de diciembre de 2006 (F.J. 5º).

A continuación analiza el contenido de los derechos y libertades garantizados en los artículos 16.1 y 27.3 de la Constitución (F.J. 6º) y, sin solución de continuidad, rechaza que estos preceptos puedan servir de fundamento a un derecho a la objeción de conciencia así en general como en el ámbito educativo: en concreto, el Tribunal Supremo entendió que el artículo 16.1 de la Constitución no ampara un derecho a la objeción de conciencia de alcance general, mas allá de los específicos supuestos contemplados en el texto constitucional (artículo 30.2), habida cuenta de la sujeción de los ciudadanos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico que proclama el artículo 9.1 de la Constitución (F.J. 7º); por su parte, el Alto Tribunal rechazó que el artículo 27.3 de la Constitución reconociese un derecho a la objeción de conciencia de los padres en el ámbito educativo, pues este precepto constitucional "permite pedir que se anulen las normas reguladoras de una asignatura obligatoria en tanto en cuanto invadan el derecho de los padres a decidir la enseñanza que deben recibir sus hijos en materia religiosa o moral, pero no permite pedir dispensas o exenciones" (F.J. 8º).

Descartada la existencia de un derecho a la objeción de conciencia, el Tribunal Supremo enjuició -en el plano de la estricta validez de la norma- los objetivos del área o materia "Educación para la ciudadanía", su contribución a la adquisición de las competencias básicas por parte del alumnado, así como sus contenidos y criterios de evaluación (F.J. 14º), concluyendo que "la comparación de los reglamentos con la Ley Orgánica 2/2006, con la Constitución, con la Recomendación (2002)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lleva a descartar que (...) las normas cuestionadas infrinjan los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16.1 y 27.3 de la Constitución" (F.J. 15º).

No obstante, a renglón seguido, la Sentencia hace expresa advertencia de que "los contenidos que asignan esas disposiciones generales a la materia Educación para la Ciudadanía han de experimentar ulteriores concreciones a través del proyecto educativo de cada centro y de los textos que se utilicen, así como, obviamente, de la manera en que se expongan"; de que estos "proyectos, textos y explicaciones (...) deben moverse en el marco que hemos trazado de manera que el derecho de los padres a que se mantengan dentro de los límites sentados por el artículo 27.2 de la Constitución y a que, de ningún modo, se deslicen en el adoctrinamiento por prescindir de la objetividad, exposición crítica y respeto al pluralismo imprescindibles, cobre aquí también pleno vigor"; y, en particular, de que, "cuando proyectos, textos o explicaciones incurran en tales propósitos desviados de los fines de la educación, ese derecho fundamental les hace acreedores de la tutela judicial efectiva, preferente y sumaria que han de prestarles los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, los cuales habrán de utilizar decididamente, cuando proceda, las medidas cautelares previstas en la Ley de la Jurisdicción para asegurar que no pierdan su finalidad legítima los recursos que se interpongan" (F.J. 15º).

En definitiva, el Tribunal Supremo concluye que "las normas reglamentarias estatales (...) que se acaban de examinar no pueden, por las razones expuestas, ser tachadas de ilegales o inconstitucionales. De aquí se sigue que la materia Educación para la Ciudadanía, tal como en ellas queda diseñada, es en sí misma ajustada a Derecho y, por consiguiente, el deber jurídico que sobre los alumnos pesa de cursarla debe considerarse como un deber jurídico válido" (F.J. 15º).

En la actualidad están pendientes de resolución ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diversos recursos de amparo y demandas contra el Reino de España.

V

El proyecto de Real Decreto sometido a consulta modifica las enseñanzas mínimas del área o materia "Educación para la Ciudadanía" establecidas en el anexo II de los Reales Decretos 1513/2006 y 1631/2006 para las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006.

La memoria del análisis de impacto normativo justifica la modificación proyectada en la necesidad de garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones (artículo 27.3 de la Constitución), señalándose a este respecto que la configuración actual de esta área o materia "es susceptible de producir como resultado" la imposición de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas o morales, de ahí que se considere preciso "evitar las referencias a aspectos que podrían llegar a suponer" tal imposición; en tal sentido, se menciona el contenido de algunos manuales o libros de textos como ejemplo de los problemas que la norma desea evitar en la enseñanza de esta asignatura.

La oportunidad de la reforma no se justifica pues en que determinados aspectos básicos del currículo del área o materia "Educación para la Ciudadanía" sean directamente lesivos del derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones (artículo 27.3 de la Constitución) sino en que tales aspectos, por el sentido o la manera en que están formulados, pueden dar pie a que los actores del proceso de aprendizaje (autores de los manuales, responsables del proyecto educativo de cada centro docente y profesores) impongan a los alumnos una serie de valores o principios que vulneren la libertad ideológica, religiosa o moral garantizada por el artículo 16.1 de la Constitución.

Precisamente, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo (Pleno) de 11 de febrero de 2009, tras rechazar que los reglamentos estatales que ahora se modifican vulnerasen -al fijar las enseñanzas mínimas del área o materia "Educación para la ciudadanía"- los artículos 16.1 y 27.3 de la Constitución, advirtió que los proyectos educativos de cada centro, los textos de la asignatura y las explicaciones de los profesores también deben respetar los límites establecidos en ambos preceptos constitucionales, de forma que los padres de los alumnos podrán solicitar la tutela judicial, preferente y sumaria, de la jurisdicción contencioso-administrativa cuando tales manuales, proyectos y explicaciones "se deslicen en el adoctrinamiento por prescindir de la objetividad, exposición crítica y respeto al pluralismo imprescindibles" (FJ. 15º).

La mención a este pronunciamiento jurisdiccional en la memoria del análisis de impacto normativo así deviene inexcusable, por cuanto la doctrina en él contenida permite encuadrar debidamente el fundamento de la norma proyectada, que no trae causa de una supuesta inconstitucionalidad de determinados aspectos básicos del currículo del área o materia "Educación para la ciudadanía" que el Tribunal Supremo no apreció en la Sentencia mencionada.

En realidad, el proyecto de Real Decreto responde al propósito de aclarar y, en ocasiones, suprimir aquellas cuestiones que -por su contenido o por los términos en que están expresadas en el anexo II de los Reales Decretos 1513/2006 y 1631/2006- se considera que entrañan el riesgo de ser expuestas o explicadas a los alumnos excediéndose de la debida neutralidad e incurriendo, por utilizar palabras del Alto Tribunal, en "propósitos desviados de los fines de la educación" (FJ. 15º).

VI

En consonancia con la ratio que inspira la nueva regulación, el proyecto de Real Decreto no realiza una reforma en profundidad de las enseñanzas mínimas del área o materia "Educación para la ciudadanía" establecidas en el anexo II de los Reales Decretos 1513/2006 y 1631/2006, manteniendo la mayor parte del currículo actualmente vigente y limitándose a reformar -bien formulándolas de forma distinta o más genérica bien suprimiéndolas- aquellas cuestiones que se consideran imprescindibles para eliminar cualquier riesgo de adoctrinamiento en las ulteriores concreciones del currículo que se hagan a través del proyecto educativo de cada centro, de los manuales o libros de texto y de las explicaciones docentes:

(i) En este sentido, en la etapa de Educación Primaria, el proyectado currículo del área "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos" describe sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación, así como la contribución de esta área al desarrollo de las competencias básicas por parte del alumnado, en términos muy semejantes a los del vigente anexo II del Real Decreto 1531/2006.

Esta descripción viene precedida de un preámbulo más reducido en extensión y limitado en contenido que el que ahora figura en dicha norma reglamentaria. A consecuencia de los cambios introducidos, se hace una mera referencia genérica a las "recomendaciones de los organismos internacionales como las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, así como de la propia Unión Europea", cuando sería más oportuna una cita expresa de la Recomendación (2002)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, tal y como este Consejo de Estado sugirió en su dictamen 2.234/2006, de 23 de noviembre, y aparece en el texto actual de la norma, habida cuenta de que tal Recomendación es -como ya se ha señalado- el antecedente inmediato del área o materia objeto de análisis. La importancia de esta Recomendación debería asimismo reflejarse en la concreta plasmación dentro del propio preámbulo de los principios o valores que en ella se expresan y que van dirigidos a que "el individuo actúe durante toda su vida como un ciudadano activo y responsable, respetuoso con los derechos de los demás".

En todo caso, se mantienen los mismos tres bloques de contenidos contemplados en la redacción originaria de la norma (bloque 1, "El individuo y las relaciones interpersonales y sociales"; bloque 2, "La vida en comunidad"; y bloque 3, "Vivir en sociedad").

En el desarrollo de estos contenidos, el artículo 18.3 de la Ley Orgánica 2/2006 exige una "especial atención a la igualdad entre mujeres y hombres"; en cumplimiento de este mandato, figura en el primero de los bloques mencionados el siguiente apartado: "La igualdad de derechos de hombres y mujeres en todos los ámbitos y especialmente en la familia y en el mundo laboral y social, promoviendo la corresponsabilidad de mujeres y hombres"; y, con el mismo objeto, el quinto de los criterios de evaluación se formula como sigue: "Reconocer y rechazar situaciones de discriminación, marginación e injusticia, e identificar los factores (...) de género (...) que las provocan".

En el segundo de los bloques de contenidos se hace una expresa referencia a los "valores cívicos en la sociedad democrática", suprimiéndose la concreta enumeración de valores que ahora realiza el anexo II del Real Decreto 1513/2006 ("respeto", "tolerancia", "solidaridad", "justicia", "cooperación" y "cultura de la paz"). Dado que la norma proyectada regula las "enseñanzas mínimas" en esta área o materia, es decir, los aspectos básicos del currículo susceptibles -por su propia naturaleza- de ser desarrolladas por las Administraciones educativas competentes, debería ponderarse si la simple apelación genérica a los "valores cívicos de la sociedad democrática" y la ausencia de toda referencia a unos en concreto no podría llegar a agudizar los problemas que la norma desea evitar. En este sentido, cabe recordar que la Recomendación (2002)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa hace expresa mención a determinados valores, cuando afirma que la educación para la ciudadanía democrática es esencial para promover una sociedad "libre, tolerante y justa", la "solidaridad", el establecimiento de "relaciones armoniosas y pacíficas entre los pueblos" y "la adquisición de una actitud adecuada para la vida ..., respetando las diferencias", y añade que se deben adoptar "enfoques educativos" que combatan la "intolerancia" y la "violencia". Valores que no son ajenos -y esto es lo verdaderamente relevante- a nuestra propia Constitución, en cuyo preámbulo la Nación Española proclama su deseo de establecer la "libertad" y la "justicia" y de "colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra"; asimismo, el artículo 1.1 habla nuevamente de "libertad", "justicia" e "igualdad"; el artículo 2, de "solidaridad"; y el muy importante artículo 10.1 señala que la "dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social". Los valores mencionados, por ser constitucionales, son indudablemente "valores cívicos de la sociedad democrática española" y debieran, en consecuencia, recogerse en la norma proyectada.

Por otra parte, en este mismo segundo bloque de contenidos ya no se menciona la "diversidad social, cultural y religiosa" como realidad presente en la vida en comunidad. Cabe recordar que la Recomendación (2002)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sugiere "prestar especial atención a la adquisición de una actitud adecuada para la vida en las sociedades multiculturales, respetando las diferencias", y que la Recomendación Conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, de 18 de diciembre de 2006, dice que "la apreciación y la comprensión de las diferencias existentes entre los sistemas de valores de las distintas religiones o grupos étnicos sientan las bases de una actitud positiva" y muestra su "apoyo a la diversidad y la cohesión sociales". El seguimiento de estas recomendaciones en la norma proyectada requeriría una mayor atención al hecho innegable de la diversidad.

(ii) En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la norma proyectada enuncia los objetivos de la "Educación para la ciudadanía" y su contribución a la adquisición de competencias básicas por el alumno de manera similar al actual anexo II del Real Decreto 1631/2006.

Como en la etapa de Educación Primaria, esta enunciación de objetivos viene precedida de un preámbulo más sucinto que el actual; desaparece del mismo el "especial interés" que "merece la igualdad que debe darse entre hombres y mujeres, analizando las causas y factores responsables de la discriminación de las mujeres, su valoración desde los principios de la dignidad de la persona y la igualdad en libertad, considerando igualmente las alternativas de dicha discriminación y a la violencia contra las mujeres"; esta referencia no es sino el reflejo de la obligación impuesta en el artículo 24.3 de la Ley Orgánica 2/2006, según el cual "se deberá prestar especial atención a la igualdad entre mujeres y hombres" en el currículo de la "Educación para la ciudadanía" en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, y, por ello, debería seguir teniendo cabida en el preámbulo, como de hecho la tiene con posterioridad en el sexto de los objetivos del área: "Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres. Fomentar la corresponsabilidad y el compartir las tareas domésticas y de cuidado, tanto por los hombres como por las mujeres".

En cualquier caso, los cambios introducidos por la regulación proyectada en los objetivos de "Educación para la ciudadanía" no pueden considerarse sustanciales, salvo la supresión del quinto de los objetivos de la materia, en el que se expresaba el rechazo a "las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencia, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo".

Aunque no todos estos motivos de discriminación se encuentran expresamente contemplados en el artículo 14 de la Constitución ("Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento raza, sexo, religión u opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social"), el Tribunal Constitucional ha entendido que la cláusula genérica "cualquier otra condición o circunstancia personal o social" revela que "no existe en el art. 14 CE una intención tipificadora cerrada" (Sentencias núm. 75/1983, de 3 de agosto, FJ. 3; 31/1984, de 7 de marzo, FJ. 10º; y 37/2004, de 11 de marzo, FJ. 3º).

En particular, la orientación sexual ha sido considerada causa de discriminación por el propio Tribunal Constitucional (Sentencias núm. 41/2006, de 13 de febrero, FJ. 3º; y 176/2008, de 22 de diciembre, FJ. 4º), por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Dictamen de 4 de abril de 1994, comunicación núm. 488-1992, caso Toonen contra Australia, § 8.7, y Dictamen de 18 de septiembre de 2003, comunicación núm. 941-2000, caso Young contra Australia, § 10.4) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de enero de 2003, casos L. y V. contra Austria, § 48, y SL. contra Austria, § 37; y de 24 de julio de 2003, caso Karner contra Austria, § 37; de 10 de febrero de 2004, caso B.B. contra Reino Unido, § 23 y 25; de 21 de octubre de 2004, caso Woditschka y Wilfling contra Austria, § 27 y 28; de 3 de febrero de 2005, caso Ladner contra Austria, § 20 a 23; de 26 de mayo de 2005, caso Wolfmeyer contra Austria, § 37 y 38; de 2 de junio de 2005, caso H.G. y G.B. contra Austria, § 28; de 22 de enero de 2008, caso E.B. contra Francia, § 91; y de 22 de julio de 2010, caso P.B. y J.S. contra Austria, § 38); además, el artículo 19.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo 13 del Tratado constitutivo de la Unión Europea) y el artículo 21.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de la que forma parte el Reino de España, incluyen la orientación sexual como motivo de discriminación, y así lo ha corroborado la propia jurisprudencia comunitaria (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 1 de abril de 2008, Tadao Maruko contra Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, asunto C-267/06).

Otras causas de discriminación que, no estando contempladas en el artículo 14 de la Constitución, se entienden contrarias al principio constitucional de igualdad pueden venir motivadas por circunstancias tales como la edad, la discapacidad, la enfermedad o la lengua, entre otras, tal y como se examina en el dictamen 625/2011, de 26 de mayo, del Consejo de Estado.

Siendo ello así, el rechazo a las situaciones de discriminación derivadas de cualquier condición o circunstancia personal o social -y, entre ellas, las que se derivan de la orientación sexual- debería seguir figurando expresamente como uno de los objetivos de la "Educación para la ciudadanía" en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, por ser manifestación y reflejo de un principio constitucional explícito.

Esto sabido, la "Educación para la ciudadanía" se configura en esta etapa educativa en dos materias diferentes: la "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos" en los tres primeros cursos; la "Educación ético-cívica" en el cuarto curso. El currículo de una y otra materia es diferente y, por ello, debe examinarse separadamente:

a) Los contenidos y criterios de evaluación del área "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos" son, como en los casos anteriores, semejantes a los ya previstos en el anexo II del Real Decreto 1631/2006.

Así, se conservan los mismos cinco bloques de contenidos hasta ahora vigentes (bloque 1, "Contenidos comunes"; bloque 2, "Persona y sociedad"; bloque 3, "Deberes y derechos ciudadanos"; bloque 4, "Las sociedades democráticas del siglo XXI"; y bloque 5, "Ciudadanía en un mundo global").

En el primero de estos bloques se omite toda referencia al "diálogo" como "estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta"; conviene recordar que la Recomendación (2002)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa subraya la necesidad de adquirir una serie de competencias clave ("key competences") para "resolver conflictos de forma no violenta", es decir, para "argumentar en defensa de los puntos de vista propios" y "escuchar, comprender e interpretar los argumentos de otras personas"; no en vano, la norma proyectada se refiere a la utilización del diálogo y la mediación como el segundo de los objetivos de la materia y, por las mismas razones, debería seguirse mencionado en el primer bloque de contenidos comunes.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 24.3 de la Ley Orgánica 2/2006, se presta "especial atención a la igualdad entre mujeres y hombres" en el tercero de los bloques mencionados, uno de cuyos contenidos es: "La conquista de los derechos de las mujeres y su situación en el mundo actual. Los derechos laborales y la conciliación entre la vida laboral y familiar"; no obstante, en el bloque 5, al tratar la lucha contra el subdesarrollo, ya no figura el concepto "feminización de la pobreza", que se refiere al hecho de que la pobreza afecta, con mayor frecuencia, a las mujeres: se trata de una expresión ampliamente utilizada en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, especialmente a partir de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, que cifró en el 70% la proporción de mujeres sobre la población mundial que se sitúa por debajo de los umbrales de la pobreza; es, por su expresividad, un término que ha tenido amplia acogida en el campo de las ciencias sociales y debería, por ello, ponderarse la conveniencia de mantenerlo.

Cabría decir lo mismo de la referencia que en el segundo bloque de contenidos se hacía a "la valoración crítica (...) de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos" y que -a juicio del Tribunal Supremo, en la Sentencia tantas veces citada- no merece, en sí misma ni en su contexto, un juicio negativo (FJ. 11º).

Por lo demás, se sigue mencionando el rechazo a las situaciones de discriminación como primero de los criterios de evaluación de la materia, pero suprimiéndose los motivos que pueden ocasionarla y, en particular, la mención a la discriminación por razón de "orientación afectivo- sexual" -pese a que la jurisprudencia constitucional, europea e internacional ha considerado proscrita, en los términos ya vistos- y la discriminación "por razón de género" -aun cuando, como dice el Tribunal Supremo en la Sentencia tantas veces mencionada, "el enfoque de género no es pernicioso para el documento del Comité ad hoc del Consejo de Europa para Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos, desde el momento en que propone utilizarlo en la enseñanza, por no hablar del sentido que le da al concepto género la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres" (FJ. 11º)"-.

b) Los contenidos y criterios de evaluación del área "Educación ético-cívica" son también parecidos a los ya previstos en el anexo II del Real Decreto 1631/2006.

En particular, se mantienen cinco de los seis bloques de contenidos hasta ahora vigente (bloque 1, "Contenidos comunes"; bloque 3, "Teorías éticas. Los derechos humanos"; bloque 4, "Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales"; bloque 5, "Problemas sociales del mundo actual"; y bloque 6, "La igualdad entre hombres y mujeres"); el segundo de los bloques, hasta ahora llamado "Identidad y alteridad. Educación afectivo-emocional", pasará a denominarse "Libertad y responsabilidad".

La regulación proyectada presta de nuevo especial atención a la igualdad entre mujeres y hombres, tal y como exige el artículo 25.4 de la Ley Orgánica 2/2006; de ello queda buen reflejo en el sexto de los bloques mencionados, que, bajo la rúbrica "La igualdad entre hombres y mujeres", alberga los siguientes contenidos: "Dignidad de la persona, igualdad en libertad y diversidad"; "Causas y factores de la discriminación de las mujeres. Igualdad de derecho y de hecho"; y "Alternativas a la discriminación".

No existen en el nuevo currículo de la materia "Educación ético-cívica" modificaciones de entidad respecto de la situación actual.

VII

De cuanto antecede cabe concluir que el proyecto de Real Decreto sometido a consulta -más allá de las modificaciones señaladas en apartados precedentes- guarda una continuidad sustancial con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del área o materia "Educación para la ciudadanía" que en su día fueron establecidos en el anexo II de los Reales Decretos 1513/2006 y 1631/2006, siguiendo la Recomendación (2002)12, de fecha 16 de octubre de 2002, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la Educación para la Ciudadanía Democrática.

En conclusión, la norma proyectada se ajusta a esta Recomendación -que debe tenerse siempre presente, en sus propios términos, para cualquier ajuste o precisión que pudiera hacerse en la norma proyectada, en línea con lo señalado en el presente dictamen- y respeta los límites que la programación general de la enseñanza encuentra en los artículos 16.1 y 27.3 de la Constitución.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo del presente dictamen, puede V. E. someter al Consejo de Ministros para su aprobación el proyecto de Real Decreto remitido en consulta."

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 19 de julio de 2012

LA SECRETARIA GENERAL,

EL PRESIDENTE,

EXCMO. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

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