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Documento BOE-T-2002-7892

Sala Primera. Sentencia 79/2002, de 8 de abril de 2002. Recurso de amparo 4839/99. Promovido por doña Inmaculada Moreira Pérez y el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz, respecto de los Acuerdos de un Juzgado de Primera Instancia de Sanlúcar de Barrameda y de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que impusieron una multa por su actuación durante una prueba de confesión judicial. Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con garantías y a la libertad de expresión en el ejercicio de la defensa letrada: sanción de disciplina procesal a una Abogada, por intentar escribir en el acta su disconformidad, que no causa indefensión y que está justificada. Voto particular.

Publicado en:
«BOE» núm. 99, de 25 de abril de 2002, páginas 62 a 70 (9 págs.)
Sección:
T.C. Suplemento del Tribunal Constitucional
Departamento:
Tribunal Constitucional
Referencia:
BOE-T-2002-7892

TEXTO ORIGINAL

La Sala Primera del Tribunal Constitucional,

compuesta por don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera,

Presidente, don Pablo García Manzano, don Fernando

Garrido Falla, doña María Emilia Casas Baamonde, don Javier

Delgado Barrio y don Roberto García Calvo y Montiel,

Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 4839/99, promovido

por doña Inmaculada Moreira Pérez y el Ilustre Colegio

de Abogados de Cádiz, representados por la Procuradora

de los Tribunales doña Isabel Covadonga Juliá Corujo

y asistidos por el Abogado don José Manuel Jareño y

Rodríguez-Sánchez, contra el Acuerdo de 11 de mayo

de 1999 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

núm. 2 de Sanlúcar de Barrameda en el curso de las

diligencias preliminares núm. 232-98 (seguidas a

instancias de don Joaquín Acosta de los Reyes y otros

contra la Cooperativa del campo Virgen de la Caridad),

por el que se impone a la actora una multa de 50.000

pesetas, confirmado por Auto de dicho Juzgado de 19

de mayo de 1999 (expediente gubernativo núm. 7-99),

y contra el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía de 5 de octubre del

mismo año, que desestimó el recurso de alzada

interpuesto contra la anterior resolución. Han comparecido

don Joaquín Acosta de los Reyes, don José Mármol

Rivas, don Manuel Márquez Guardia, don José Vidal

González, doña Ángeles Lagomazzini Barba, don Manuel

Caro Cuevas y don Nicolás Ruiz Gómez, representados

por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel

Covadonga Juliá Corujo y asistidos por el Letrado don Hilario

Abad Vidal. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido

Ponente el Magistrado don Fernando Garrido Falla, quien

expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 19

de noviembre de 1999, doña Isabel Covadonga Juliá

Corujo, Procuradora de los Tribunales y de doña

Inmaculada Moreira Pérez y el Ilustre Colegio de Abogados

de Cádiz, interpone recurso de amparo contra las

resoluciones mencionadas en el encabezamiento.

2. Los hechos en los que se fundamenta la demanda

de amparo son, sucintamente expuestos, los que siguen:

a) En las diligencias preliminares núm. 232-98,

tramitadas por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2

de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), se celebró el día 11

de mayo de 1999 prueba de confesión judicial propuesta

por la parte demandada y referida a veintidós personas

actoras, defendidas por la Letrada doña Inmaculada

Moreira Pérez, recurrente en amparo.

b) En el curso de la práctica de dicha prueba, cuando

estaba declarando uno de los defendidos por la Letrada

ahora recurrente en amparo (don Joaquín Acosta de los

Reyes), ésta solicitó que quedara constancia en acta de

las explicaciones o aclaraciones dadas por su defendido

a las preguntas formuladas por la parte contraria. Ante

esta petición, la Letrada fue llamada al orden por el Juez

titular del Juzgado, "por interrumpir la declaración del

confesante", según consta en el acta. Una vez concluida

la práctica de esta prueba, como quiera que la Letrada

se negó a firmar el acta, intentando escribir en la misma

extremos sin autorización (anotó las siguientes palabras:

"disconformidad con la redacción del a..."), el Juez

impuso a la Letrada una multa de 50.000 pesetas, quedando

la sanción reflejada en acta y abriendo un plazo de tres

días para la formulación de alegaciones, de conformidad

con los arts. 448 y ss. de la Ley Orgánica del Poder

Judicial (en adelante, LOPJ).

c) Formuladas alegaciones contra el acuerdo

sancionador, el Juzgado procedió a la apertura del

expediente gubernativo núm. 79-99, que fue finalmente

resuelto por Auto de 19 de mayo de 1999, confirmando

la sanción inicialmente expuesta. En el Auto se razona

que ningún precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil

(se refiere a la Ley de 1881, a la sazón aplicable) permite

al Letrado intervenir durante la declaración de su

defendido y que tampoco permite añadir nada de propia mano

al acta de la prueba de confesión. Por ello, tras ser

advertida de que no interrumpiera la declaración, fue

sancionada, de conformidad con el art. 449.2 LOPJ, por

persistir en su actitud, al pretender que se reflejaran

en el acta explicaciones que el confesante por iniciativa

propia no agregaba y por intentar escribir sin autorización

en el acta.

d) Contra la anterior resolución la Letrada

demandante de amparo recurrió en alzada ante la Sala de

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,

que dictó Acuerdo de 5 de octubre de 1999 por el que

desestimó íntegramente el recurso interpuesto,

conforme a la propuesta de resolución formulada por la

Magistrada Ponente.

3. Los demandantes de amparo sostienen que las

resoluciones impugnadas han incurrido en infracción de

los derechos fundamentales a la libertad de expresión

[art. 20.1 a) CE] en el ejercicio del derecho a la defensa,

a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a un proceso

con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba

y a la defensa con asistencia de Letrado (art. 24.2 CE),

así como a la legalidad en materia sancionadora (art.

25.1 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).

En primer lugar, se denuncia que la actuación del

Juez titular del Juzgado, llamando primero al orden a

la Letrada demandante de amparo para que no

interrumpiera la declaración que estaba realizando su defendido

y privándola luego de su derecho a hacer constar su

disconformidad con el contenido del acta judicial de la

declaración, por entender que no se correspondía en

su totalidad con lo realmente acontecido, impidiéndole,

además, escribir de su puño y letra su posición

disconforme, constituye una vulneración del derecho a la

libertad de expresión en el ejercicio del derecho a la defensa

que como Letrada estaba llevando a efecto en el

procedimiento civil en el que se produjeron los hechos.

En segundo término, los demandantes aducen la

vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su

vertiente de derecho a obtener una resolución motivada

sobre todas las pretensiones deducidas, atribuyendo esta

infracción del art. 24.1 CE a todas las resoluciones

impugnadas. En este punto las alegaciones giran en

torno a la falta de coherencia de las resoluciones, la

inadecuada calificación de la conducta sancionada y la

ausencia de respuesta a los motivos aducidos en su

defensa por la Letrada recurrente. Se sostiene que no

pueden mezclarse actuaciones diferentes para aplicar

el tipo previsto en el art. 449.2 LOPJ, pues no cabe

confundir el intento de firmar el acta "en disconformidad"

con la desatención de las llamadas al orden durante

la prueba de confesión. Desde la perspectiva fáctica,

pone asimismo de relieve que, a la vista de lo conciso

de las respuestas consignadas en el acta de la prueba

de confesión resulta difícil imaginar de qué modo pudo

interrumpir las declaraciones de su defendido. Y,

finalmente, se aduce que si bien es cierto que no firmó el

acta, como expresamente se consigna en ella, esta

ausencia de firma fue debida a que se le impidió hacerlo

"en disconformidad".

En cuanto a la infracción del derecho a un proceso

con todas las garantías, centran su queja los

demandantes en una doble perspectiva. De una parte, en la

vertiente del derecho a un juez imparcial, pues el mismo

Juez que instruyó el expediente disciplinario fue el que

impuso la sanción, conforme al procedimiento

disciplinario regulado por los arts. 448 y ss. LOPJ, que debe

reputarse inconstitucional por no separar las funciones

de instrucción y de enjuiciamiento. De otra parte, porque

todas las pruebas de descargo propuestas resultaron

rechazadas.

Por lo que toca a la vulneración del derecho a la

defensa y a la asistencia letrada, se sostiene que se

produjo una alteración sobrevenida del fundamento

jurídico de la sanción por la Sala de Gobierno del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía, al introducirse una

imputación a la que no se hacía referencia en ninguno

de los documentos anteriores a que tuvo acceso la

Letrada sancionada, cual es el supuesto intento de introducir

nuevas preguntas al confesante actor. Esta nueva

imputación se contiene en la propuesta de resolución de la

Magistrada designada como Ponente que sirve de

fundamentación al Acuerdo final desestimatorio del recurso

de alzada adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal

Superior de Justicia.

En fin, los demandantes de amparo alegan que las

resoluciones recurridas han vulnerado el principio de

legalidad (art. 25.1 CE), pues no se consignan en el acta

las concretas afirmaciones vertidas por la Letrada en

el curso de la práctica de la prueba de confesión, lo

que impide su valoración y, consecuentemente, su

consideración como antijurídicas. A juicio de los

demandantes de amparo, faltaría además el elemento de la

intencionalidad, pues la Letrada actuó en la creencia

de que lo hacía en el ejercicio del derecho de defensa

de su cliente, de ahí que la corrección disciplinaria

impuesta se haya convertido en el caso presente en

una especie de sanción objetiva, sin haber sido

ponderado el elemento culpabilístico.

Amén de todo ello se habría vulnerado el derecho

de la Letrada demandante de amparo a la presunción

de inocencia, pues le fue impuesta la sanción sin haber

sido oída, en virtud de la potestad de policía de estrados

que se ha atribuido a los órganos jurisdiccionales por

los arts. 448 y ss. LOPJ.

4. Mediante providencia de 29 de enero de 2001,

la Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a

trámite la demanda de amparo y, a tenor de lo dispuesto

en el art. 51 LOTC, requerir atentamente a los órganos

judiciales la remisión del testimonio de las actuaciones

respectivas, interesando al propio tiempo el

emplazamiento de quienes fueron parte en el procedimiento,

para que en el plazo de diez días pudiesen comparecer

en este proceso constitucional.

5. Recibidos los testimonios de actuaciones y

personados don Joaquín Acosta de los Reyes y seis más

a través de la Procuradora doña Isabel Covadonga Juliá

Corujo, mediante diligencia de ordenación del Secretario

de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal de 12

de marzo de 2001 se otorgó, de conformidad con el

art. 52 LOTC, un plazo común de veinte días al Ministerio

Fiscal y a todas las partes personadas para que dentro

de dicho plazo alegasen lo que a su derecho conviniere.

6. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de

alegaciones con fecha 9 de abril de 2001. Tras referir los

antecedentes del caso y sintetizar los términos en los

que se articulan las quejas de los demandantes de

amparo, sostiene el Ministerio público que, con carácter previo

al examen de esas quejas, es necesario precisar cuáles

fueron en este caso los presupuestos de hecho que

determinaron la imposición de la sanción a la Letrada ahora

demandante de amparo, pues algunas de las quejas que

se articulan en la demanda guardan estrecha relación

con esta cuestión. Según el Fiscal, de la lectura de las

resoluciones impugnadas se deduce que las

circunstancias fácticas y el título de imputación que han motivado

la imposición de la corrección disciplinaria a la Letrada

han permanecido inalterables desde que fueron

delimitados en el inicial acuerdo sancionador hasta la

resolución final desestimatoria del recurso de alzada,

destacándose siempre la existencia de dos supuestas

interrupciones del acto judicial de confesión que se

estaba practicando: la acontecida al término de la evacuación

de la tercera de las posiciones por parte de un

demandado confesante, momento en el que el Juez llamó al

orden a la Letrada instándola a que no interrumpiera

el curso de la actuación procesal, y la acontecida en

un segundo momento, que tuvo lugar cuando, una vez

finalizada la declaración del confesante, la Letrada quiso

incluir de su puño y letra en el acta su disconformidad

con el contenido de la misma.

Partiendo de la anterior premisa, rechaza el Ministerio

Fiscal que las resoluciones impugnadas hayan infringido

el principio de legalidad y la presunción de inocencia,

pues la discrepancia de los demandantes no se centra

en los hechos sancionados, sino en el juicio de

culpabilidad emitido por los órganos jurisdiccionales y en la

circunstancia de que la corrección disciplinaria fuera

impuesta sin que la Letrada fuera previamente oída al

respecto, extremos que son ajenos a los derechos

invocados.

Sostiene asimismo el Fiscal que tampoco puede

entenderse producida la lesión del derecho de defensa

que se alega en la demanda de amparo. En primer lugar,

porque si bien la corrección disciplinaria fue impuesta

sin la previa audiencia que exige el art. 451.2 LOPJ,

ello no ha generado efectiva indefensión material para

la Letrada recurrente, puesto que ha tenido plena ocasión

de rebatir, primero ante el propio Juez que impuso la

sanción y luego en instancia superior, el inicial acuerdo

sancionador. En segundo lugar, porque no es cierto que

se haya introducido por la Sala de Gobierno del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía una imputación nueva

no contemplada en el acuerdo sancionatorio del

Juzgado.

Descarta asimismo el Fiscal que se haya lesionado

el derecho a un proceso con todas las garantías en

relación con el derecho a utilizar los medios de prueba, pues

los demandantes de amparo no cumplen con la carga

de justificar que los medios de prueba propuestos y no

practicados (declaración testifical de todos los actores

que habrían litigado bajo la asistencia técnica de la

Letrada recurrente y documental consistente en la aportación

de las actas de la prueba de confesión judicial de dichos

litigantes) fueran decisivas en términos de defensa. En

fin, considera el Ministerio Fiscal que la supuesta

infracción del derecho al proceso con todas las garantías, en

su vertiente de imparcialidad judicial, ha de ser

igualmente rechazada, pues no fue invocada en la vía judicial

previa y en cualquier caso se trata de una queja que

ya fue desestimada en asunto similar por la STC

157/1996, de 15 de octubre (FJ 2), a cuya doctrina

hay que remitirse.

Por el contrario, estima el Fiscal que las resoluciones

impugnadas han infringido los derechos fundamentales

a la libertad de expresión en el ejercicio del derecho

de defensa y a la tutela judicial efectiva, en cuanto al

canon de motivación reforzado exigido por este Tribunal

en tales supuestos. Con cita de las SSTC 157/1996

y 113/2000, argumenta el Fiscal que debe ser otorgado

el amparo por vulneración de los derechos indicados,

toda vez que, si bien la conducta asumida por la Letrada

demandante de amparo durante la prueba de confesión

pudiera considerarse como no conforme al estricto cauce

procesal que establecía la antigua LEC, lo decisivo es

que el órgano judicial impuso una corrección disciplinaria

sin ponderar adecuadamente las circunstancias del caso.

En efecto, la Letrada actuó en todo momento en defensa

de los derechos de sus patrocinados y aunque su

actuación fuese incorrecta procesalmente, se condujo en todo

momento de forma respetuosa con el Juzgador, sin

emplear en modo alguno términos injuriosos o vejatorios;

en fin, el órgano judicial, en cuanto titular de la potestad

de policía en estrados, ejerció efectivamente la misma,

consiguiendo restablecer el orden procesal en la práctica

de la prueba y obteniendo que la Letrada cesara en su

empeño de mostrar su disconformidad, por lo que la

imposición de una corrección disciplinaria representa

una injustificada y desproporcionada limitación del

ejercicio del derecho de defensa.

7. El escrito de alegaciones de la representante

procesal de los recurrentes en amparo fue registrado en

este Tribunal el 6 de abril de 2001. Dicho escrito insiste,

dándolos por reproducidos, en los argumentos

esgrimidos en la demanda de amparo, haciendo especial

hincapié en la observación de que la Letrada actuó en todo

momento en el legítimo ejercicio del derecho de defensa

de los intereses ajenos que tenía encomendados.

8. La representación procesal de don Joaquín

Acosta de los Reyes y otros, comparecientes en el recurso

de amparo en apoyo de la demandante de amparo,

presentó su escrito de alegaciones en el registro de este

Tribunal con fecha 6 de abril de 2001. En dicho escrito

esta parte se adhiere a todas las alegaciones contenidas

en la demanda de amparo, solicitando el otorgamiento

del amparo por vulneración de los mismos derechos

fundamentales allí invocados y la consiguiente anulación

de las resoluciones impugnadas.

9. Por providencia de 7 de marzo de 2002, se señaló

para deliberación y votación de la presente Sentencia

el siguiente día 11 del mismo mes y año, trámite que

ha finalizado en el día de la fecha.

II. Fundamentos jurídicos

1. Alegan los demandantes de amparo que la

sanción impuesta a la Letrada doña Inmaculada Moreira

Pérez en el curso de las diligencias preliminares del juicio

núm. 2322-98, sustanciadas en el Juzgado de Primera

Instancia e Instrucción núm. 2 de Sanlúcar de

Barrameda, por medio de Acuerdo de dicho Juzgado de 11

de mayo de 1999, confirmado primero por Auto del

mismo Juzgado del 19 de mayo siguiente en expediente

gubernativo núm. 7-99 y en alzada por Acuerdo de la

Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía de 5 de octubre del mismo año, ha vulnerado

los derechos fundamentales a la libertad de expresión

en el ejercicio de la defensa letrada (art. 20.1 CE), a

la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a un proceso

con todas las garantías, a la defensa y asistencia letrada,

a proponer medios de prueba, a la presunción de

inocencia (art. 24.2 CE) y al principio de legalidad (art. 25.1

CE). Siendo pues, varios los derechos fundamentales que

se alegan como conculcados por la sanción impuesta

a la Letrada Sra. Moreira Pérez, conviene iniciar el análisis

del supuesto planteado por el examen de las alegaciones

vertidas por los actores en relación con los derechos

fundamentales de carácter procesal, pasando a abordar

los de carácter sustantivo únicamente en el supuesto

de desestimación de las alegaciones referidas a los

primeros, siguiendo el criterio mantenido para un caso

semejante al que nos ocupa en la STC 157/1996, de 15

de octubre (FJ 1).

2. Partiendo de este criterio debemos comenzar

examinando la supuesta lesión del derecho fundamental

a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en

su vertiente de derecho a un Juez imparcial. Afirman

los recurrentes que este derecho habría sido conculcado

en la medida en que el titular del Juzgado de Primera

Instancia e Instrucción núm. 2 de Sanlúcar de Barrameda

ha sido Juez y parte en el procedimiento sancionador

y ha ejercido simultáneamente funciones de instrucción

y de decisión, lo que ha redundado en la infracción del

principio de imparcialidad. En realidad, la queja deducida

por los actores en este punto se dirige contra la potestad

y el procedimiento disciplinarios previstos en el Título V

del Libro V de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Pues bien, respecto a esta queja concurre, como

resulta de las actuaciones y advierte el Ministerio Fiscal, la

causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 a) LOTC,

en relación con el art. 44.1 c), por no haber sido invocada

en la vía judicial previa. En consecuencia, dicha queja

se suscita por vez primera en la demanda de amparo,

y se trae per saltum ante este Tribunal, incumpliendo

el requisito que establece el art. 44.1 c) LOTC, conforme

a la reiterada doctrina sentada al respecto (por todas,

SSTC 99/1993, de 22 de marzo, FJ único; 106/1997,

de 2 de junio, FJ 2; 201/2000, de 24 de julio, FJ 3;

y 184/2001, de 17 de septiembre, FJ 2).

Sin perjuicio de lo anterior, la queja debe ser

igualmente rechazada por carencia manifiesta de relevancia

constitucional, a la vista de la reiterada doctrina de este

Tribunal en asuntos similares al presente. Como se

recuerda en la ya citada STC 157/1996 (FJ 2), "según

tenemos declarado, las correcciones disciplinarias

impuestas por los Jueces y Tribunales a los Abogados

en el curso de un procedimiento..., así como las

resoluciones revisoras de las mismas, no son actos

materialmente administrativos, sino resoluciones

jurisdiccionales dictadas en un proceso con todas las garantías

(STC 205/1994, FJ 3). En consecuencia, no cabe hablar

de la presencia de una fase de instrucción en el

procedimiento del que resultó la corrección disciplinaria.

El órgano judicial en estos supuestos, entiende, sin

necesidad de instrucción previa, que una determinada

conducta es encuadrable en alguno de los supuestos

previstos en el art. 449 LOPJ y, previa la obligada audiencia

ex art. 450.2 LOPJ, acuerda imponer la corrección que

estima procedente en Derecho. No hay, por tanto,

actuaciones encaminadas a preparar la resolución correctora

y practicadas para averiguar y hacer constar la comisión

de un acto merecedor de corrección; no ha existido,

en suma, una actividad investigadora que pudiera

redundar en la pérdida de imparcialidad del criterio judicial

en los términos referidos en la STC 145/1988. La

audiencia de la interesada no se enmarca en un proceso

de averiguación de la perpetración de un acto

sancionable, sino que constituye un trámite legalmente

obligado a los fines de que la misma pueda alegar en su

descargo frente a un acto cierto e indubitado a se. A

la vista de las alegaciones, el órgano judicial podrá

concluir que la conducta enjuiciada es merecedora de la

corrección legalmente prevista, o, por el contrario, que

no puede subsumirse en alguno de los apartados del

art. 449 LOPJ; pero ésa es ya una conclusión decisoria

que parte de una realidad (el acto o la conducta

enjuiciada) que no precisa de investigación alguna para su

constatación en cuanto tal realidad. Las alegaciones

sirven al fin de la conformación del criterio judicial en

relación con la calificación jurídica de aquella realidad, pero

no al de su delimitación fáctica. No cabe hablar, en fin,

de confusión entre instrucción y decisión. Tampoco

concurren en el Juez de Instrucción las condiciones de Juez

y parte. En efecto,... el bien tutelado en el art. 449.1

LOPJ no es el honor o la dignidad de la persona titular

de un órgano judicial, sino el respeto debido al Poder

Judicial en tanto que institución y, por tanto, al margen

de las personas que eventualmente desempeñen la

magistratura".

3. Por lo que se refiere a la supuesta lesión del

derecho a un proceso con todas las garantías en relación

con el derecho a utilizar los medios de prueba (art. 24.2

CE), también ha de convenirse con el Ministerio Fiscal

en la apreciación de que no ha existido la infracción

constitucional alegada. La Sala de Gobierno del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía inadmitió las pruebas

propuestas por la Letrada Sra. Moreira en su recurso

de alzada, consistentes en la declaración testifical de

todos los actores que habían litigado bajo su asistencia

técnica y en la aportación de todas las actas de la prueba

de confesión judicial, pero los demandantes de amparo

no cumplen con la carga de acreditar en su demanda

que estas pruebas inadmitidas fueron decisivas en

términos de defensa, lo que conlleva el rechazo de su queja.

En efecto, para apreciar la vulneración del derecho

a la utilización de medios de prueba, inseparable del

derecho mismo de defensa (SSTC 169/1996, de 15

de enero, FJ 3 y 73/2000, de 26 de marzo, FJ 2, por

todas), no basta con constatar que la decisión judicial

de inadmisión de las pruebas propuestas adolece de

falta de motivación o incurre en una interpretación de

la legalidad arbitraria o irrazonable, sino que es necesario

asimismo que la falta de actividad probatoria se haya

traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o

lo que es lo mismo, que sea "decisiva en términos de

defensa" (SSTC 1/1996, de 15 de enero, FJ 2;

219/1998, de 17 de diciembre, FJ 3; 101/1999, de

31 de mayo, FJ 5; 26/2000, de 31 de enero, FJ 2;

45/2000, de 14 de febrero, FJ 2). A tal efecto, hemos

señalado que la tarea de verificar si la prueba es decisiva

en términos de defensa y, por tanto, constitucionalmente

relevante, lejos de poder ser emprendida por este

Tribunal mediante un examen de oficio de las

circunstancias concurrentes en cada caso concreto, exige que el

recurrente haya alegado y fundamentado

adecuadamente dicha indefensión material en la demanda, habida

cuenta de que, como es notorio, la carga de la

argumentación recae sobre los solicitantes de amparo (SSTC

1/1996, de 15 de enero; 164/1996, de 28 de octubre;

218/1997, de 4 de diciembre; 45/2000, de 14 de

febrero, FJ 2). Esta exigencia se proyecta en un doble plano:

de una parte, el recurrente ha de razonar en esta sede

la relación entre los hechos que se quisieron y no se

pudieron probar y las pruebas inadmitidas (SSTC

149/1987, de 30 de septiembre, FJ 3; 131/1995, de

11 de septiembre, FJ 2); y de otra, quien en la vía de

amparo invoque la vulneración del derecho a utilizar los

medios de prueba pertinentes deberá, además,

argumentar de modo convincente que la resolución final del

proceso a quo podría haberle sido favorable, de haberse

aceptado y practicado la prueba objeto de controversia

(SSTC 116/1983, de 7 de diciembre, FJ 3; 147/1987,

de 25 de septiembre, FJ 2; 50/1998, de 2 de marzo,

FJ 3; 357/1993, de 29 de noviembre, FJ 2), ya que

sólo en tal caso, comprobado que el fallo pudo, acaso,

haber sido otro si la prueba se hubiera admitido, podrá

apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho

de quien por este motivo busca amparo (SSTC 30/1986,

de 20 de febrero, FJ 8; 1/1996, de 15 de enero, FJ 3;

170/1998, de 21 de julio, FJ 2; 45/2000, de 14 de

febrero, FJ 2; 165/2001, de 16 de julio, FJ 2, entre

otras muchas). No habiendo cumplido los demandantes

de amparo esta carga, debe ser rechazada su queja.

4. Sostienen asimismo los demandantes que la Sala

de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía lesionó los derechos a la tutela judicial efectiva

(art. 24.1 CE) y a la defensa y asistencia letrada (art.

24.2 CE), al imputarle a la Letrada Sra. Moreira un hecho

nuevo, consistente en el supuesto intento de introducir

nuevas preguntas a otro actor confesante, imputación

sustancialmente distinta a la que motivó la sanción

inicialmente y de la que no tuvo oportunidad de defenderse.

En definitiva, los demandantes de amparo reprochan al

Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal de Justicia

de Andalucía la vulneración del principio acusatorio. Sin

embargo, también esta queja ha de ser rechazada,

conforme a lo argumentado en sus alegaciones por el

Ministerio Fiscal, pues no se aprecia que haya existido un

cambio en la imputación que dio lugar a la sanción

disciplinaria impuesta. Del examen de las actuaciones se

desprende que, por lo que atañe a la actuación del titular

del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2

de Sanlúcar de Barrameda, tanto en el Acuerdo

sancionador de 11 de mayo de 1999, como en el Auto

del 19 de mayo siguiente que lo confirma, los hechos

en los que se fundamenta la sanción se refieren a las

dos interrupciones de la prueba de confesión judicial

que se estaba practicando: la ocurrida tras la respuesta

a la tercera de las posiciones por parte del confesante,

momento en que el Juez llamó al orden a la Letrada

instándola a que no interrumpiera el curso de la

actuación procesal; y la que tuvo lugar cuando, una vez

finalizada la declaración del confesante, la Letrada quiso

incluir de su puño y letra en el acta su disconformidad

con el contenido de la misma.

Estas imputaciones se mantienen en el Acuerdo

dictado en alzada por la Sala de Gobierno del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía, que confirma la sanción,

como se deduce de la propuesta de resolución de la

Magistrada Ponente que sirve de fundamentación al

Acuerdo. En efecto, en esa propuesta se recogen los

antecedentes acaecidos con anterioridad al incidente

que dio lugar a la sanción, en los que figura, según el

informe elaborado por el titular del Juzgado de Primera

Instancia e Instrucción núm. 2 de Sanlúcar de Barrameda

a petición de la Sala de Gobierno, conforme exige el

art. 452 LOPJ, que la Letrada intentó introducir nuevas

preguntas a otro confesante no incluidas en la redacción

del pliego de posiciones. Pero claramente se deduce

de la propuesta de resolución que estos antecedentes

no se confunden con los hechos por los que se sanciona

y que no son otros que las dos interrupciones

consecutivas del acto de la prueba de confesión judicial a

que se ha hecho mención.

Así pues, tanto en la instancia como en alzada, la

Letrada resultó sancionada por su conducta procesal de

interrumpir el acto de la prueba de confesión judicial,

habiendo tenido ocasión de rebatir, con plenas

posibilidades de defensa, tales imputaciones, lo que conduce,

como ya se ha adelantado, al rechazo de esta queja.

5. Bajo la invocación del derecho a la presunción

de inocencia (art. 24.1 CE), alegan los demandantes que

la sanción disciplinaria fue impuesta de plano por el

titular del Juzgado, sin dar previamente trámite de audiencia

a la Letrada sancionada.

Así expuesta la queja, es obvio que la infracción

denunciada no guarda relación alguna con el contenido

del derecho a la presunción de inocencia, sino con el

derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art.

24.1 CE). Será, pues, desde esa perspectiva desde la

cual se analice el presente recurso de amparo, toda vez

que, como de forma reiterada viene sosteniendo este

Tribunal, no se exige tanto que la invocación del derecho

supuestamente vulnerado haya de llevarse a cabo

mediante la concreta identificación del precepto

constitucional donde se proclama, ni siquiera mencionando

su nomen iuris, cuanto que se acote suficientemente

el contenido del derecho constitucional violado,

permitiendo así un pronunciamiento del Tribunal sobre la

infracción aducida (por todas, SSTC 167/1987, de 28

de octubre, FJ 1; 184/1992, de 16 de noviembre, FJ 2;

80/1994, de 14 de marzo, FJ 2; 111/2000, de 5 de

mayo, FJ 6; 19/2001, de 29 de enero, FJ 3 y 154/2001,

de 2 de julio, FJ 2).

Pues bien, desde esta perspectiva de enjuiciamiento

es preciso constatar que, en efecto, el inicial Acuerdo

sancionador de 11 de mayo de 1999 fue adoptado sin

audiencia previa de la Letrada sancionada, incumpliendo

así lo dispuesto en el art. 451.2 LOPJ. Sin embargo,

como advierte el Ministerio Fiscal, estamos ante una

mera irregularidad procesal que no ha determinado

indefensión material con relevancia constitucional (por todas,

SSTC 78/1999, de 26 de abril, FJ 2, y 98/1999, de

31 de mayo, FJ 4) para la Letrada demandante de

amparo, que ha tenido plenas oportunidades de rebatir,

primero ante el propio Juzgado sancionador, que abrió un

plazo de tres días para la formulación de alegaciones

contra la imposición de la corrección disciplinaria y luego

en alzada ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior

de Justicia de Andalucía, contra el Auto del Juzgado

de 19 de mayo de 1999 que había confirmado la sanción

inicialmente impuesta. En consecuencia, también esta

queja ha de ser rechazada.

6. Resta por examinar, llegados a este punto, si las

resoluciones impugnadas han vulnerado el derecho

fundamental a la libertad de expresión en el ejercicio de

la defensa letrada, pues las restantes quejas esgrimidas

en la demanda de amparo se cifran, en último término,

en una supuesta infracción del derecho fundamental a

la libre expresión. En ella pueden subsumirse, en efecto,

las referidas al derecho a la legalidad penal (art. 25.1

CE), a la tutela judicial efectiva en cuanto a la motivación

de las resoluciones impugnadas (art. 24.1 CE) y a la

defensa (art. 24.2 CE), pues lo que verdaderamente se

denuncia es que la sanción impuesta a la Letrada

demandante de amparo lo ha sido sin haber reparado en el

hecho de que la actuación por la que ha sido corregida

se explica y justifica en atención a las exigencias propias

del ejercicio de la libertad de expresión en el marco

de la defensa letrada de intereses y derechos de un

tercero. Esta afirmación, por consiguiente, requiere una

reflexión previa acerca de esta especial manifestación

de la libertad de expresión en el ejercicio del derecho

de defensa, siguiendo la doctrina de este Tribunal relativa

a esta cuestión, la cual aparece sintetizada en la ya citada

STC 157/1996 (FJ 5), recogida posteriormente en SSTC

113/2000, de 5 de mayo (FJ 6), 184/2001, de 17

de septiembre (FJ 4), y 226/2001, de 26 de noviembre

(FJ 2). Como se recuerda en esta última Sentencia, tal

doctrina parte de la premisa de que los bienes y derechos

en juego en el procedimiento sancionador regulado en

los arts. 448 y ss. LOPJ no pueden estimarse ajenos

al ámbito propio del recurso de amparo, ya que lo

establecido en tales preceptos sobre la corrección

discipli

naria de los Abogados que intervengan en los pleitos

no constituye sólo una regulación de la potestad

disciplinaria atribuida a los Jueces o a las Salas sobre dichos

profesionales, "que cooperan con la Administración de

Justicia" -según el epígrafe del Libro V de la LOPJ-,

sino también un reforzamiento de la función de defensa

que les está encomendada. De ahí que resulte preciso

cohonestar dos exigencias potencialmente opuestas,

pero complementarias: el respeto a la libertad del

Abogado en la defensa del ciudadano por una parte, y el

respeto por parte del Abogado de las demás partes y

sujetos procesales, que también participan en la función

de administrar justicia (SSTC 38/1998, de 9 de marzo,

FJ 2; 205/1994, de 11 de julio, FJ 5), por otra. La

primera exigencia aparece contemplada en el art. 437.1

LOPJ, al disponer que "en su actuación ante los Jueces

y Tribunales, los Abogados son libres e independientes,

se sujetarán al principio de buena fe, gozarán de los

derechos inherentes a la dignidad de su función y serán

amparados por aquellos en su libertad de expresión y

defensa". La segunda de las exigencias antes apuntadas

requiere, en reciprocidad, el respeto por parte del

Abogado de las demás personas que también participan en

la función de administrar justicia, y que tiene como

consecuencia el que, a tenor del art. 449.1 LOPJ, los

Abogados y Procuradores serán corregidos

disciplinariamente por su actuación ante los Juzgados y Tribunales

"cuando en su actuación forense faltasen oralmente, por

escrito o por obra, al respeto debido a los Jueces y Tribunales,

Fiscales, Abogados, Secretarios Judiciales o cualquier

persona que intervenga o se relacione con el proceso"

(STC 38/1988, de 9 de marzo, FJ 2).

En definitiva, este reforzamiento de la libertad de

expresión del Abogado en el ejercicio de defensa de

su patrocinado, es decir, la especial cualidad de la

libertad ejercitada en tales casos, ha de valorarse en el marco

en el que se ejerce y atendiendo a su funcionalidad para

el logro de las finalidades que justifican su privilegiado

régimen, sin que ampare el desconocimiento del respeto

debido a las demás partes presentes en el procedimiento

y a la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial, que

el art. 10.2 del Convenio europeo de derechos humanos

erige en límite explícito a la libertad de expresión (SSTC

205/1994, de 11 de julio, FJ 5; 157/1996, de 15 de

octubre, FJ 5; 226/2001, de 26 de noviembre, FJ 2;

STEDH, de 22 de febrero de 1989, caso Barford).

7. La aplicación de esta consolidada doctrina al

supuesto enjuiciado conduce a la denegación del amparo

que se solicita. Según queda reflejado en el relato de

antecedentes, la Letrada solicitante de amparo fue

sancionada de conformidad con el art. 449.2 LOPJ, tras

ser advertida de que no interrumpiera la declaración que

estaba prestando en prueba de confesión judicial uno

de sus patrocinados, por persistir en su actitud, al

pretender que se reflejaran en el acta explicaciones que

el confesante por sí mismo no agregaba y asimismo

por intentar escribir en el acta de la prueba su

disconformidad con el contenido de la misma.

Como señala el Ministerio Fiscal, la alegación relativa

a la vulneración del principio de legalidad de las

sanciones (art. 25.1 CE) se centra, más que en la ausencia

de tipicidad de la conducta objeto de corrección

disciplinaria, en el juicio de culpabilidad emitido por los

órganos jurisdiccionales y en la circunstancia de que

tal corrección fuera impuesta sin previa audiencia de

la Letrada. Aduce la Letrada demandante que los actos

sancionadores no describen ninguna intervención de

aquélla que constituya un comportamiento irrespetuoso

ni menos aún ofensivo.

Pues bien, con independencia de la adecuada

subsunción de la conducta en los tipos de corrección

disciplinaria previstos en los arts. 448 y 449 LOPJ, lo cierto

es que, en presencia de esta modalidad sancionadora

de las correcciones disciplinarias procesales, que se

produce aquí en el ámbito de la práctica de una prueba

de confesión, lo determinante es que la conducta

reprochable manifieste un incumplimiento de las

prescripciones exigidas por las leyes procesales, pues,

comprobando tal incumplimiento, la "policía en estrados" faculta

al Juez o Tribunal para la adecuada corrección

disciplinaria procesal, en virtud de los mencionados preceptos

de la LOPJ.

Así las cosas, es incuestionable que uno de los

aspectos de la conducta reprochada fue el relativo a que, una

vez concluida la prueba de confesión, la Letrada inició

la escritura en el acta de propia mano de una frase o

expresión que no llegó a terminar por impedírselo el

Juez, sin limitarse a estampar su firma en tal acta, como

establece la normativa procesal, según más adelante se

detallará.

Resulta, pues, una actuación procesalmente

incorrecta el intento de la Letrada de escribir de su puño y letra

en el lugar del acta reservado para las firmas su

disconformidad con el contenido de la misma. Es el

Secretario Judicial el único competente (salvo el supuesto de

habilitación a Oficial previsto en el art. 282 LOPJ) para

escribir en el acta, en la que deja constancia de lo

actuado, dando plena fe pública de ello con su firma en la

propia acta y autorizando así la actuación judicial (arts.

279.1, 280.1 y 281 LOPJ y arts. 249 y 252 LEC 1881).

El acta de la prueba de confesión será firmada por el

Juez y el Secretario Judicial, así como por el confesante

y los Letrados asistentes (art. 589 LEC), sin que sea

admisible que éstos escriban en el acta otra cosa que

no sea su firma.

La Letrada demandante de amparo, por su

cualificación profesional, no podía desconocer que su

actuación de intentar escribir en el acta no resultaba conforme

a Derecho. Pero además, y esto es lo relevante para

nuestro enjuiciamiento, dicha actuación (en contra de

lo que se sostiene por los demandantes y el Ministerio

Fiscal) no resulta encuadrable en el ámbito de la defensa

de los derechos e intereses legítimos de sus defendidos,

pues su intento de escribir en el acta de la prueba su

manifestación de disconformidad con la transcripción

de las declaraciones de su cliente, en nada servía para

la adecuada defensa de su cliente, ya que el Juez no

podía tener en cuenta otra cosa para valorar esta prueba

que las declaraciones prestadas por el confesante.

En definitiva, en modo alguno se ha visto

menoscabada en el caso que nos ocupa la libertad de expresión

de la Abogada demandante de amparo en el ejercicio

de defensa de su patrocinado, derecho fundamental que

no puede amparar lo que no es otra cosa que una

actuación procesalmente incorrecta de la propia Letrada, tanto

más reprochable cuanto que los Abogados, por la

situación de protección que gozan en su actuación ante los

Juzgados y Tribunales de Justicia (art. 437.1 LOPJ),

vienen especialmente obligados al cumplimiento de las

obligaciones que les impone la propia LOPJ y las

correspondientes leyes procesales (art. 448 LOPJ), de suerte

que los incumplimientos de tales obligaciones justifican

precisamente la imposición de las correspondientes

correcciones disciplinarias por parte de los Jueces y

Tribunales en el ejercicio de la "policía de estrados"

conforme a los arts. 448 y ss. LOPJ.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal

Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN

DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Denegar el amparo solicitado.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del

Estado".

Dada en Madrid, a ocho de abril de dos mil dos.

-Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.-Pablo García

Manzano.-Fernando Garrido Falla.-María Emilia Casas

Baamonde.-Javier Delgado Barrio.-Roberto García Calvo y

Montiel.-Firmado y rubricado.

Voto particular que formula la Magistrada doña María

Emilia Casas Baamonde respecto de la Sentencia dictada

en el recurso de amparo núm. 4839/99, al que se

adhiere el Magistrado don Fernando Garrido Falla

Coincido con la argumentación de la Sentencia y la

desestimación de las quejas de la recurrente relativas

a los derechos a un proceso con todas las garantías

en sus vertientes de derecho a un Juez imparcial y a

utilizar los medios de prueba (art. 24.2 CE), a la tutela

judicial efectiva y a la defensa y asistencia letrada en

relación con el principio acusatorio y el derecho a la

presunción de inocencia (art. 24.1 y 2 CE). Pero, con

el mayor respeto a la opinión de la mayoría, discrepo,

como defendí en la deliberación, de la solución que se

alcanza en relación con el derecho a la libertad de

expresión, cuya vulneración denuncia la recurrente y en la

que, como se dice en el fundamento jurídico 6, subsume

las de los derechos a la legalidad penal (art. 25.1 CE),

tutela judicial efectiva referido a la motivación de las

resoluciones impugnadas (art. 24.1 CE) y a la defensa

(art. 24.2 CE). En mi opinión, el amparo solicitado debió

ser otorgado por este motivo de acuerdo con nuestra

consolidada doctrina sobre el derecho a la libertad de

expresión de un Abogado en el ejercicio de la defensa

de sus patrocinados, recientemente expuesta y aplicada

en la STC 184/2001, de 17 de septiembre, que, sin

embargo, en este caso no se sigue sin fundamentación

convincente para ello, según paso a exponer.

1. Hemos dicho que en todo procedimiento

sancionador dirigido contra un Abogado por una falta de

respeto debido a los demás participantes en el proceso,

eventualmente cometida en su actuación forense,

entrarán en juego y deberán ser tenidos en cuenta no sólo

el respeto debido a -en su caso- una u otra autoridad,

sino también la dignidad de la función de defensa, en

cuanto ejercida al servicio de las garantías establecidas

en el art. 24 CE, así como la libertad de expresión de

la que es titular el Abogado en cuanto tal, como ha

sido entendido por el legislador en el art. 437.1 LOPJ

(SSTC 156/1996, de 15 de octubre, FJ 5; y 38/1998,

de 9 de marzo, FJ 2). En reiteradas ocasiones hemos

declarado también que la libertad de expresión del

Abogado en el ejercicio de la actividad de defensa es una

manifestación cualificada del derecho reconocido en el

art. 20.1 a) CE, porque se encuentra vinculada con

carácter inescindible a los derechos de defensa de la parte

(art. 24 CE) y al adecuado funcionamiento de los órganos

jurisdiccionales en el cumplimiento del propio y

fundamental papel que la Constitución les atribuye (art. 117

CE), razón por la cual se trata de una manifestación

de la libertad de expresión especialmente resistente,

inmune a restricciones que es claro que en otro contexto

habrían de operar (SSTC 38/1988, de 9 de marzo, FJ 2;

205/1994, de 11 de julio, FJ 5; 157/1996, de 15 de

octubre, FJ 5; 113/2000, de 5 de mayo, FFJJ 4, 5 y 6;

y 184/2001, de 17 de septiembre, FJ 4).

Ciertamente, como afirma el fundamento jurídico 6

de la Sentencia, este reforzamiento de la libertad de

expresión del Abogado en el ejercicio de defensa de

su patrocinado, es decir, la especial cualidad de la

libertad ejercitada en tales casos, ha de valorarse en el marco

en el que se ejerce y atendiendo a su funcionalidad para

el logro de las finalidades que justifican su privilegiado

régimen, sin que ampare el desconocimiento del respeto

debido a las demás partes presentes en el procedimiento

y a la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial, que

el art. 10.2 del Convenio europeo de derechos humanos

erige en límite explícito a la libertad de expresión (SSTC

205/1994, de 11 de julio, FJ 5; 157/1996, de 15 de

octubre, FJ 5; 226/2001, de 26 de noviembre, FJ 2;

STEDH, de 22 de febrero de 1989, caso Barford). Pero

dicho límite no se ha excedido, en mi opinión, en este

caso.

2. Uno de los ámbitos sobre los que indudablemente

se proyecta esta íntima conexión de la libertad de

expresión del Abogado con el derecho de defensa de su

patrocinado es la manifestación de las quejas en torno a la

forma en que los titulares de los órganos judiciales

dirigen o instruyen los procesos, crítica que puede, además,

contribuir al mejor funcionamiento de la Administración

de Justicia. Pues bien, en el presente caso la Letrada

solicitante de amparo fue sancionada, de conformidad

con el art. 449.2 LOPJ, por tomar la palabra durante

la práctica de la prueba de confesión judicial de uno

de sus patrocinados, con la pretensión de que en el

acta fueran recogidas las explicaciones o matizaciones

dadas por el confesante al absolver las posiciones

presentadas por la parte contraria (art. 586 LEC 1881),

siendo llamada al orden por el Juez, y asimismo por

persistir en su actitud al negarse a firmar el acta e intentar

escribir en la misma su disconformidad con su redacción,

al no recogerse en ella más que las contestaciones

afirmativas o negativas, sin agregar las explicaciones dadas

por el confesante.

En sus alegaciones el Fiscal sostiene, y la Sentencia

recoge, que esta conducta de la Letrada no fue conforme

con el estricto cauce procesal por el que debía

desarrollarse la práctica de la prueba de confesión judicial

regulada en la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, sujeta

a un rígido sistema de preguntas ("diga ser cierto que",

según la fórmula consagrada por la práctica forense),

formuladas por escrito en pliegos de posiciones que los

declarantes debían responder por sí mismos oralmente

mediante contestaciones afirmativas o negativas, si bien

pudiendo agregar las matizaciones o explicaciones que

estimasen convenientes, o las que el Juez les pidiese

(art. 586 LEC 1881); rígido sistema corregido por la

nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que sustituye la prueba

de confesión por una declaración de las partes,

estableciendo un trámite flexible que, apoyado en un

interrogatorio libre y cruzado, facilita la formulación de las

preguntas y la espontaneidad de las respuestas, permitiendo

asimismo a los Letrados la posibilidad (no prevista

expresamente en la anterior Ley de 1881) de intervenir

durante la declaración formulando preguntas a los declarantes

(art. 306 LEC).

Pero con independencia de que, en el plano de la

legalidad, la pretensión de la Letrada de que en acta

fuesen recogidas no sólo las contestaciones afirmativas

o negativas de los declarantes, sino también las

explicaciones o matizaciones ofrecidas al respecto,

encontrase expreso fundamento en el art. 586 LEC de 1881

(regla recogida en el actual art. 305 LEC), lo que explica

asimismo su posterior intento de expresar en el acta

su disconformidad con la redacción de la misma, aunque

tal posibilidad no estuviese expresamente prevista en

la LEC de 1881, lo relevante, desde nuestra propia

perspectiva de enjuiciamiento, es que, como conviene en

ello el Ministerio Fiscal, se trató de una actuación

claramente encuadrable en el ámbito de la función de

defensa de los derechos e intereses de sus clientes.

3. El Ministerio Fiscal interesa la estimación de la

demanda de amparo al entender que la actuación de

la Letrada, objeto de corrección disciplinaria, se

encontraba inserta en su labor de defensa, dados sus fines,

no otros que la defensa de los intereses de su

patrocinado, que su conducta no fue injuriosa ni

desconsiderada para con el Poder Judicial y que el órgano judicial

en el ejercicio de su facultad de policía de estrados pudo

restablecer el orden procesal en la práctica de la prueba,

obteniendo que la Letrada cesara en su empeño de

mostrar su disconformidad.

No me cabe duda acerca de la relación de la conducta

por la que fue sancionada la demandante de amparo

con su tarea profesional de defensa como Abogada, lo

que revela el hecho mismo de la calificación de dicha

conducta por el órgano sancionador como constitutiva

de la infracción disciplinaria tipificada en el art. 449.2

LOPJ. La Sentencia afirma, en su fundamento jurídico 7,

que "la Letrada demandante de amparo, por su

cualificación profesional, no podía desconocer que su

actuación de intentar escribir en el acta no resultaba conforme

a Derecho. Pero además, y esto es lo relevante para

nuestro enjuiciamiento, dicha actuación (en contra de

lo que se sostiene por los demandantes y el Ministerio

Fiscal) no resulta encuadrable en el ámbito de la defensa

de los derechos e intereses legítimos de sus defendidos,

pues su intento de escribir en el acta de la prueba su

manifestación de disconformidad con la transcripción

de las declaraciones de su cliente, en nada servía para

la adecuada defensa de su cliente, ya que el Juez no

podía tener en cuenta otra cosa para valorar esta prueba

que las declaraciones prestadas por el confesante".

Frente a esa afirmación y como dijo la STC 184/2001 (FJ 5),

la sanción impuesta con tal base legal parte de que la

conducta sancionada "consistía en una actuación

forense; esto es, ligada con la función asumida" por la

demandante de amparo, "que no era otra que la representación

y defensa de los intereses de sus patrocinados". Pero

en todo caso -sigue diciendo la STC 184/2001

citadaes obligado observar que, para determinar la inclusión

o no de dicha actuación, en el ámbito de la función

de representación y defensa de los derechos e intereses

de sus patrocinados encomendados a la recurrente en

amparo, es preciso atender, entre otros criterios, al

contenido y finalidad de la actividad desplegada motivadora

de la sanción impuesta, así como a la condición procesal

con la que fue llevada a cabo (STC 113/2000, de 5

de mayo, FJ 4).

No puede negarse que con la actividad desarrollada

lo que se pretendía por la Letrada sancionada era que

se reflejaran en el acta las explicaciones que a cada

respuesta daba el confesante, por entender que a su

juicio esas explicaciones matizaban sustancialmente el

contenido de cada respuesta, con influencia decisiva

para el resultado final en la valoración de esa prueba

de confesión. Desde esta perspectiva, no me parece

dudoso que al impedirle a la Letrada que, cuando menos,

se hiciera constar en acta su protesta por la forma en

que se llevaba a cabo la transcripción de las

declaraciones del confesante (transcripción que goza, no se

olvide, de fe pública procesal), se vulneraba no sólo su

derecho a la libertad de expresión, sino además el derecho

a la defensa de sus clientes.

Pues bien, atendidos tales criterios en este caso, el

resultado es que la actuación de la Letrada -interrupción

de la práctica de la prueba de confesión e intento de

dejar constancia de su disconformidad en el acta con

negativa a su firma- es claramente enmarcable en el

ámbito de la función de representación y defensa de

los derechos e intereses de sus representados, con

independencia de la corrección o incorrección de las formas

utilizadas. Tales formas, el modo elegido, fueron

desacertadas, pero la actuación de la Letrada se dirigía a

obtener del Juez la tutela de los derechos e intereses

de sus representados.

4. Esto afirmado, lo que la Sentencia de la mayoría

rechaza equivocadamente, dicho con todo respeto,

hubiera sido obligado nuestro pronunciamiento sobre

la licitud e ilicitud de la sanción desde la perspectiva

de los derechos fundamentales a la libertad de expresión,

motivación de las resoluciones judiciales y legalidad

sancionadora.

Discrepo del razonamiento final de la Sentencia,

según el cual: "En definitiva, en modo alguno se ha visto

menoscabada en el caso que nos ocupa la libertad de

expresión de la Abogada demandante de amparo en

el ejercicio de defensa de su patrocinado, derecho

fundamental que no puede amparar lo que no es otra cosa

que una actuación procesalmente incorrecta de la propia

Letrada, tanto más reprochable cuanto que los

Abogados, por la situación de protección que gozan en su

actuación ante los Juzgados y Tribunales de Justicia (art.

437.1 LOPJ), vienen especialmente obligados al

cumplimiento de las obligaciones que les impone la propia

LOPJ y las correspondientes leyes procesales (art. 448

LOPJ), de suerte que los incumplimientos de tales

obligaciones justifican precisamente la imposición de las

correspondientes correcciones disciplinarias por parte de

los Jueces y Tribunales en el ejercicio de la "policía de

estrados" conforme a los arts. 448 y ss. LOPJ" (FJ 7).

En dicho razonamiento se interpreta el derecho

fundamental en juego, la libertad de expresión, desde la

legalidad infraconstitucional, cuando desde la

perspectiva de la posición preferente de los derechos

fundamentales en el ordenamiento jurídico frente a sus límites

y el carácter restrictivo de éstos, nuestro enjuiciamiento

debe sostenerse en el proceso interpretativo cabalmente

inverso; esto es, la legalidad infraconstitucional es la que

debe interpretarse desde la Constitución y

específicamente desde los derechos fundamentales.

Esta es la razón de que hayamos sostenido, en

relación con la libertad de expresión y la aplicación de

normas penales, que "cuando un órgano judicial aplica una

norma penal... que se refiere a conductas en las que

se halla implicado el ejercicio de un derecho

fundamental..., ha de tener presente el contenido constitucional

del derecho de que se trate, es decir, el haz de garantías

y posibilidades de actuación o resistencia que otorga.

De modo que, en este caso... [no] puede incluir entre

los supuestos sancionables aquéllos que son ejercicio...

[del derecho]" (SSTC 136/1999, de 29 de julio, FJ 20;

110/2000, de 5 de mayo, FJ 5).

Sobre la base del mismo razonamiento, tampoco las

infracciones administrativas, sean o no disciplinarias,

pueden incluir entre los supuestos sancionables aquellos

que constituyen legítimo ejercicio del derecho

fundamental, pues, en definitiva, la protección del derecho

fundamental impide que se anuden sanciones al ejercicio

legítimo del mismo.

Esta razón explica también que, en relación con la

libertad de expresión de los Abogados en el ejercicio

de la defensa y la aplicación por los órganos judiciales

del régimen disciplinario de los arts. 448 y ss. LOPJ,

este Tribunal haya venido exigiendo a dichos órganos

jurisdiccionales efectuar un juicio ponderativo de los

derechos fundamentales y bienes constitucionales en

presencia con el fin de determinar si la conducta de

la Letrada estaba justificada, por estar comprendida en

la libertad de expresión necesaria para el eficaz ejercicio

del derecho de defensa, o si, por el contrario, carece

de esa justificación por pretender alterar el adecuado

orden y desarrollo del proceso o atentar contra la

imparcialidad del Juez o Tribunal, con clara infracción de las

obligaciones procesales de actuación en el proceso con

corrección, buena fe y sin provocar dilaciones indebidas

(STC 184/2001, FJ 6).

En el presente caso, y como alega el Fiscal, las

resoluciones judiciales impugnadas no efectuaron referencia

alguna a la libertad de expresión de la Letrada recurrente

en el ejercicio de su profesión, por lo que no puede

entenderse que hayan efectuado la ponderación

constitucionalmente requerida.

De otra parte, y teniendo en cuenta la conducta que

se consideró constitutiva de la infracción disciplinaria

del art. 449.2 LOPJ, sus circunstancias y su finalidad,

a efectos de ponderar la actitud procesalmente

incorrecta de la Letrada sancionada con el lícito ejercicio del

derecho de libertad de expresión en el ejercicio de la

actividad de defensa, creo difícil negar que resultó

cubierta por este derecho fundamental. Como se desprende

de la resolución sancionadora, y así se recoge por el

Fiscal, la Letrada se condujo en todo momento de forma

respetuosa con el órgano judicial, aguardando a que el

confesante absolviera la tercera de las posiciones

declaradas pertinentes y antes de que comenzara la cuarta,

para no interrumpir el orden lógico de las preguntas

de la contraparte, estando su intervención orientada,

además, a lo que, según su criterio, podía contribuir a aclarar

la declaración de su defendido y a que se reflejara en

el acta las explicaciones adicionales del confesante de

conformidad con lo expuesto en el art. 586 LEC entonces

vigente. En ningún momento la Letrada se expresó en

términos injuriosos o descalificatorios, cediendo en su

empeño de mostrar su disconformidad por escrito en

el acta, con lo que la imposición de la sanción resultó

injustificada.

Sentado así que la finalidad de la conducta

desplegada por la Letrada demandante de amparo era la

defensa de los derechos e intereses ajenos que tenía

encomendados como tal, y que, a la vista de las actuaciones,

se condujo en todo momento de forma respetuosa, sin

emplear términos injuriosos o vejatorios al dirigirse al

titular del órgano y personal judicial y a las demás partes

procesales, ha de afirmarse, por todo lo expuesto, que

las imputaciones por las que fue sancionada no revelan

la existencia de una extralimitación en el ejercicio de

su derecho de libre expresión como Abogada, por lo

que la sanción disciplinaria impugnada supuso una

vulneración de dicho derecho fundamental que debió ser

amparada por este Tribunal.

5. Esta vulneración del derecho a la libertad de

expresión implica, paralelamente, la vulneración del

derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE), pues no

puede ser objeto de sanción una conducta amparada

en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sin

perjuicio de que en el caso hubiera podido apreciarse,

también, una vulneración autónoma del derecho a la

legalidad sancionadora (arts. 25.1 CE), como

consecuencia de la inadecuada subsunción de la conducta

sancionada en el tipo previsto en el art. 449.2 LOPJ.

Ciertamente, tampoco puedo compartir la

consideración que la Sentencia efectúa en su fundamento

jurídico séptimo respecto de la subsunción de la conducta

de la Letrada "en los tipos de corrección disciplinaria

previstos en los arts. 448 y 449 LOPJ", sobre cuya

adecuación no se pronuncia ("con independencia de la

adecuada subsunción", dice), por entender que "en

presencia de esta modalidad sancionadora de las correcciones

disciplinarias procesales, que se produce aquí en el

ámbito de la práctica de una prueba de confesión, lo

determinante es que la conducta reprochable manifieste un

incumplimiento de las prescripciones exigidas por las

leyes procesales, pues, comprobado tal incumplimiento,

la "policía en estrados" faculta al Juez o Tribunal para

la adecuada corrección disciplinaria procesal, en virtud

de los mencionados preceptos de la LOPJ". Esta

argumentación, proyectada sobre la sanción aquí impugnada,

no resulta, en mi opinión, compatible con la garantía

de tipicidad y la prohibición de aplicación analógica

inherentes al principio de legalidad sancionadora (art. 25.1

CE) aplicables también en materia de sanciones

administrativas (SSTC 120/1996, de 8 de julio, FJ 8;

151/1997, de 29 de septiembre, FJ 4; y 133/1999,

de 15 de octubre, FJ 2), menos cuando está concernido

el derecho fundamental de libertad de expresión en los

términos especialmente reforzados en el ejercicio de la

actividad de defensa señalados por nuestra

jurisprudencia y que ya he dejado referidos.

Madrid, a doce de abril de dos mil dos.-María Emilia

Casas Baamonde.-Fernando Garrido Falla.-Firmado y

rubricado.

ANÁLISIS

  • Rango: Sentencia
  • Fecha de disposición: 08/04/2002
  • Fecha de publicación: 25/04/2002
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 246 de 14 de octubre de 2005 (Ref. BOE-T-2005-16986).

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