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Documento BOE-T-2002-7883

Sala Primera. Sentencia 70/2002, de 3 de abril de 2002. Recurso de amparo 3787-2001. Promovido por don José Luis Pichardo Miranda frente a las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Barcelona que dieron lugar a su condena por un delito contra la salud pública. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (recurso penal), al secreto de las comunicaciones y a la intimidad personal, a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías, a la asistencia letrada y a la prueba: el recurso de casación español permite revisar adecuadamente los fallos penales; intervención de una carta en poder de un detenido por la policía, sin autorización judicial; declaraciones de coimputados que son prueba de cargo válida; asistencia letrada a detenidos, momento de la imputación y preguntas impertinentes.

Publicado en:
«BOE» núm. 99, de 25 de abril de 2002, páginas 8 a 19 (12 págs.)
Sección:
T.C. Suplemento del Tribunal Constitucional
Departamento:
Tribunal Constitucional
Referencia:
BOE-T-2002-7883

TEXTO ORIGINAL

La Sala Primera del Tribunal Constitucional,

compuesta por don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera,

Presidente, don Pablo García Manzano, don Fernando

Garrido Falla, doña María Emilia Casas Baamonde, don Javier

Delgado Barrio y don Roberto García-Calvo y Montiel,

Magistrados, han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 3787-2001 (demanda

núm. 1669-A-2001), promovido por don José Luis

Pichardo Miranda, representado por la Procuradora de los

Tribunales doña Isabel Mota Torres y asistido por el

Abogado don Javier Ignacio Prieto Rodríguez, contra la

Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo núm.

835/2001, de 12 de mayo de 2001. Ha intervenido

el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don

Fernando Garrido Falla, quien expresa el parecer de la

Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el

3 de julio de 2001, la Procuradora de los Tribunales

doña Isabel Mota Torres, en nombre y

representación de don José Luis Pichardo Miranda, formula

demanda de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Penal

del Tribunal Supremo núm. 835/2001, de 12 de mayo

de 2001, que confirma en casación la de la Sección

Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 21

de junio de 2000, por la que se condena al recurrente,

como autor de un delito contra la salud pública, a la

pena de nueve años de prisión, accesoria legal y multa

de 42.420.000 pesetas, así como al pago de la mitad

de las costas procesales.

2. El recurso tiene su origen en los siguientes

antecedentes de hecho, que se exponen sintéticamente en

lo que concierne al objeto del amparo solicitado:

a) El 3 de junio de 1998 llegaron al aeropuerto de

Barcelona tres paquetes postales procedentes de

Venezuela, respecto de los cuales la policía española había

sido alertada de que podían contener sustancias

estupefacientes, ante lo cual se concedió autorización por

la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

para proceder a la entrega controlada de los mismos.

Efectuada una primera entrega a la empresa Demotrans,

S.L., se detiene al titular de la misma, don Juan Ramón

Martínez Navarro, quien participa en la siguiente fase

de la entrega controlada, que debía efectuarse en la

ciudad de Reus, a don Antonio Raja Juncosa, a quien

también se detuvo. Posteriormente se procede a la

apertura de los paquetes en presencia de los detenidos, del

Juez, del Secretario Judicial y de una Letrada del turno

de oficio, comprobándose que contenían 4.200 gramos

de cocaína con una riqueza del 59 por 100, que en

el mercado negro hubiese alcanzado un valor de

42.420.000 pesetas.

b) Una semana después, el día 3 de julio de 1998,

fue detenido el recurrente, ante las manifestaciones del

detenido Sr. Raja en comisaría y posteriormente ante

el Juez de Instrucción, en las que le identifica como

la persona que le acompaña a la empresa DEMOTRANS,

con la que debía contactar tras recibir el envío y quien

en todo momento le daba las instrucciones. En el

momento de su detención, se le intervienen, junto a otros

efectos personales, unas hojas manuscritas y dobladas,

sin sobre, en el interior de una agenda que portaba,

que la Guardia Civil lee e incorpora a la causa. Se trataba

de una carta escrita por el coimputado don Antonio Raja

desde la prisión, dirigida al recurrente, y que le fue

entregada a través de otra persona. En la citada carta

manifiesta su intención de ponerse "a disposición del

Abogado (Ramón) para lo que haga falta y rectificar la

declaración" (lo que efectivamente hace, compareciendo

voluntariamente ante el Juez el día 7 de julio de 1998,

manifestando que el recurrente no tenía nada que ver

con la recepción del paquete, ni sabía nada de la

cocaína), y solicitando que mantengan al margen a su familia,

que disculpen su actitud, que no es un chivato y no

va a traicionar a nadie.

c) El recurrente fue condenado por Sentencia de

21 de junio de 2000, dictada por la Sección Décima

de la Audiencia Provincial de Barcelona, como autor de

un delito contra la salud pública, a la pena de nueve

años de prisión, accesoria y multa de 42.420.000

pesetas, así como al pago de la mitad de las costas procesales.

La citada Sentencia estima probado que el recurrente

se había concertado previamente con el coprocesado

Antonio Raja Juncosa con el fin de introducir la cocaína

en España para su posterior distribución a terceros.

Igualmente estima probado que fue el recurrente quien

propuso al Sr. Raja participar en la recepción del envío y

quien le daba las instrucciones, habiéndole indicado la

necesidad de concertar la gestión con DEMOTRANS y

habiéndole acompañado a la citada empresa en el

momento de contratar la recepción del envío.

d) Interpuesto recurso de casación contra la anterior

resolución, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en

Sentencia de 12 de mayo de 2001, decide desestimarlo,

confirmando la Sentencia de la Audiencia.

e) Interpuesto recurso de aclaración contra esta

Sentencia (en el que se alegaba incongruencia y falta

de motivación), el mismo es resuelto por Auto de fecha

13 de septiembre de 2001, en el que el Tribunal

Supremo afirma que las alegaciones quedan fuera del ámbito

del recurso de aclaración, pero pese a todo resuelve

sobre lo alegado, desestimando el recurso.

f) El recurso de amparo es interpuesto el día 3 de

julio de 2001, cuando aún estaba pendiente de

resolución el recurso de aclaración. Con posterioridad, una

vez resuelto, el recurrente presenta un nuevo escrito ante

este Tribunal, de fecha 10 de octubre de 2001, en el

que comunica la resolución de la aclaración y solicita

que se tenga por reproducido el recurso de amparo.

3. El recurrente fundamenta su demanda de amparo

en la lesión de los siguientes derechos fundamentales:

a) Derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), en relación

con el derecho al secreto de las comunicaciones postales

(art. 18.3 CE): alega el recurrente que la carta intervenida

en el momento de su detención en el interior de una

agenda fue abierta (desdoblada) y leída por la Guardia

Civil sin la pertinente autorización judicial, lo que vulnera

el derecho al secreto de las comunicaciones postales

y su derecho a la intimidad, al tratarse de una

comunicación interna y privada, que iba doblada y en el interior

de una agenda, guardando su contenido a terceros. De

lo cual se derivaría, a su vez, su nulidad como prueba

de cargo (al tratarse de una prueba ilícita, por haber

sido obtenida con vulneración de derechos

fundamentales) y de las de ella derivadas.

b) Derecho a un proceso con todas las garantías

(art. 24.2 CE): Alega diversas vulneraciones: 1)

Vulneración del derecho a la asistencia letrada, por cuanto

las primeras declaraciones de los otros detenidos

(Martínez Navarro y Raja Juncosa) en dependencias policiales

se producen sin la preceptiva asistencia de Abogado.

Por ello solicita la nulidad de las mismas y de todas

las diligencias que traen causa en ellas. 2) Vulneración

del derecho a la defensa desde la incoación del

procedimiento, por haberse retrasado la puesta en

conocimiento del recurrente del proceso desde que se

dirigieron las investigaciones contra él. 3) Vulneración del

derecho a presentar alegaciones y a la oralidad en sede

de recurso de casación: el recurrente solicitó la

cele

bración de vista con carácter previo a la decisión del

recurso de casación, que le fue denegada. El recurrente

entiende que, en virtud del art. 893 bis LECrim, la

celebración de la vista era preceptiva, al haberlo solicitado

una de las partes y ser la pena impuesta superior a seis

años. 4) Vulneración del derecho al doble grado de

jurisdicción en materia penal (contemplado expresamente

en el art. 14.5 PIDCP y art. 2 CEDH, e implícitamente

en las garantías procesales del art. 24 CE), por entender

que el trámite casacional no lo respeta, al no poder ser

revisado íntegramente el fallo condenatorio, sino que

la prueba sólo puede revisarse por el estrecho cauce

que ofrece el art. 849.2 LECrim. Cita, en este sentido,

el Dictamen de 20 de julio de 2000, del Comité de

Derechos Humanos de Naciones Unidas en el caso

Gómez Vázquez v. España. Sostiene que en el presente

supuesto, tras haber solicitado en su recurso de casación

(motivo séptimo) una nueva valoración de la prueba

sobre una serie de documentos obrantes en autos,

relativos a datos fácticos, que la Audiencia Provincial habría

omitido erróneamente en su Sentencia, el Tribunal

Supremo (FJ 11) le responde que tales datos no son esenciales,

no valorándolos.

c) Derecho a la defensa y a utilizar los medios de

prueba pertinentes (art. 24.2 CE): se entiende vulnerado

el mismo, al no haberse permitido a la defensa del

recurrente preguntar al coimputado don Antonio Raja

Juncosa, si había recibido mejor trato por la policía por

implicarle. La pregunta fue declarada impertinente en

el acto del juicio.

d) Derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2

CE): entiende el recurrente que no existe prueba

suficiente para condenarlo, salvo aquellas que son nulas,

por haberse obtenido con vulneración de derechos

fundamentales (carta abierta sin autorización judicial y

declaración de coimputado prestada sin garantías).

e) Derecho a la tutela judicial efectiva, por

incongruencia omisiva y falta de razonamiento de las

resoluciones judiciales (art. 24.1 CE): entiende el recurrente

vulnerado este derecho por cuanto la Sala Segunda del

Tribunal Supremo no resuelve el recurso de súplica

respecto de la solicitud de celebración de vista, no aborda

específicamente la nulidad de la carta y no se pronuncia

sobre la inaplicación del art. 16 CP.

4. Por providencia de 10 de diciembre de 2001,

la Sección Primera de este Tribunal acordó admitir a

trámite la demanda de amparo, así como requerir a los

órganos juzgadores la remisión de testimonio de las

actuaciones, interesando al mismo tiempo que se

emplazara a quienes fueron parte en el mencionado

procedimiento, con excepción del demandante de amparo,

para que en el plazo de diez días pudieran comparecer

en este proceso constitucional.

5. En la misma providencia se acordó formar la

correspondiente pieza separada de suspensión y,

mediante otra providencia de la misma fecha, se acordó

de conformidad con lo previsto en el art. 56 LOTC

conceder un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal

y al solicitante de amparo para que alegaran lo que

estimaran pertinente en relación con la petición de

suspensión interesada. Transcurrido el término conferido,

mediante Auto de 25 de febrero de 2002, se acordó

denegar la suspensión solicitada por el recurrente.

6. Mediante providencia de fecha 26 de febrero de

2002, la Sala Primera del Tribunal Constitucional,

haciendo uso de la facultad que le confiere el art. 52.2 LOTC,

acordó sustituir el trámite de alegaciones por el de vista

oral, y señalar para su celebración el día 20 de marzo

de 2002, a las diez horas. Solicitada por la parte

recurrente la suspensión de la vista en el día señalado, ante

la imposibilidad del Letrado defensor de comparecer en

esa fecha, la Sala acuerda dejar sin efecto el anterior

señalamiento y señalar para la celebración de la vista

el día 21 de marzo de 2002, a las diez horas.

7. El día anteriormente señalado se celebra la vista

oral. Abierta la sesión por el Presidente y tras el resumen

de los antecedentes del recurso de amparo llevado a

cabo por la Secretaria de Justicia, el Presidente del

Tribunal concede la palabra a la parte recurrente, quien

se ratifica íntegramente en las alegaciones expuestas

en la demanda de amparo, que vuelve a exponer

resumidamente, salvo en aquellos extremos resueltos en el

recurso de aclaración, de fecha posterior a la

presentación de la demanda de amparo.

8. Tras finalizar su alegato la parte recurrente, se

le concede la palabra al Ministerio Fiscal, quien -tras

el análisis de las diversas alegaciones- propone que

se dicte sentencia desestimatoria.

Comienza el Fiscal poniendo de relieve que en las

actuaciones consta un oficio de la Sección Décima de

la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 7 de

febrero de 2001, en el que se hace constar que el recurrente

se encuentra en situación de busca y captura, aludiendo

a la pulcritud y lealtad procesal de las partes ante los

Tribunales. Posteriormente analiza las alegaciones

relativas a la vulneración del derecho a un proceso con todas

las garantías, afirmando que todas ellas carecen de

consistencia. Respecto del derecho a la asistencia letrada

en las declaraciones iniciales de los otros implicados,

porque no implican vulneración alguna de derechos del

recurrente (en su caso de los afectados, que no han

solicitado el amparo) y porque tales declaraciones a lo

sumo habrían permitido una intervención telefónica que

no tuvo ninguna trascendencia en la causa. En cuanto

al derecho a la defensa desde la incoación del

procedimiento, porque desde el momento en que se le detiene

es cuando se le puede considerar imputado y en ese

momento se le leen sus derechos y se le garantiza

plenamente el derecho de defensa; con anterioridad a ese

momento lo que existen son averiguaciones previas que

permiten la imputación y, en todo caso, ninguna

indefensión se le ha causado. Por lo que se refiere a la

denegación de la vista en la casación, afirma igualmente que

carece de consistencia porque no le impidió formular

las alegaciones que estimó oportunas. En cuanto al

derecho a la defensa y a utilizar los medios de prueba

pertinentes para la misma, se afirma que, como el Tribunal

Supremo razona en su Sentencia, tal derecho no atribuye

la posibilidad ilimitada de proponer y practicar pruebas

y que la pregunta que el recurrente no pudo formular

no tenía influencia alguna en la causa, por lo que al

no ser determinante para el sentido del fallo, ninguna

indefensión se le habría generado. Se ocupa a

continuación el Fiscal de la presunta vulneración del derecho

a la tutela judicial efectiva, poniendo de relieve cómo

el Auto de aclaración de Sentencia da respuesta al

recurrente respecto de la denegación de la vista,

realizando una interpretación del art. 893 bis a) LECrim

que no cabe calificar de arbitraria o no razonada.

A continuación se ocupa el Fiscal de lo que considera

alegaciones centrales, comenzando por el derecho al

secreto de las comunicaciones, en relación con la

intervención y lectura de la carta sin autorización judicial.

Entiende el Fiscal que han de fijarse cuáles son los límites

temporales de la protección del art. 18.3 CE, afirmando

que lo protegido es la comunicación y que la protección

se mantiene mientras la comunicación dura y cuando

la comunicación ha terminado, cesa, pudiendo quedar

afectado el derecho a la intimidad, que el recurrente

no ha invocado, y cuya protección es distinta a la de

las comunicaciones. Respecto de la protección de la

intimidad, destaca el Fiscal que no hay exigencia

constitucional de jurisdiccionalidad y que conforme a la

juris

prudencia de este Tribunal pueden realizarse injerencias

en el derecho a la intimidad sin autorización judicial,

si existe previsión legislativa, lo que ocurre en el presente

caso, citando los arts. 7 y 8 de la Ley Orgánica 7/1982,

y los arts. 282, 292, 786.2 a) y 789.1 y 3 LECrim, que

autorizan a la policía judicial a intervenir los efectos del

detenido en el momento de la detención. Por ello,

concluye que tampoco ha existido vulneración alguna del

derecho a la intimidad del recurrente.

Respecto del derecho a la presunción de inocencia,

indica que las primeras declaraciones del coimputado

corroboradas por el contenido de la carta y por el

testimonio de referencia del Sr. Martínez constituyen prueba

de cargo suficiente para afirmar que no se ha vulnerado

este derecho.

Por último, respecto del derecho a la doble instancia,

afirma que el sistema casacional español es compatible

con las exigencias del art. 14.5 del Pacto internacional

de derechos civiles y políticos y del art. 24.2 CE, sin

perjuicio de que pueda resultar vulnerado en casos

concretos por el Tribunal Supremo. Destaca el Fiscal que

la interpretación del art. 849.2 LECrim ha experimentado

una considerable apertura, quedando actualmente

excluidas de la revisión en casación sólo las pruebas

personales y que el Tribunal Supremo, en el presente

caso, en el análisis de la alegación relativa a la presunción

de inocencia (en la que el recurrente pudo cuestionar

no sólo la validez de la prueba, sino también el contenido

incriminatorio de ella derivado) revisa la prueba

practicada y la considera suficiente para fundamentar la

condena, cumpliendo con las exigencias del art. 14 del

Pacto.

Concluye el Fiscal solicitando a la Sala que dicte

Sentencia desestimatoria de todas las pretensiones del

recurrente.

9. A continuación, el Presidente del Tribunal

concede de nuevo la palabra al Letrado del recurrente y

al Ministerio Fiscal para rectificación de hechos o

conceptos, manifestando en este trámite el Abogado de la

parte recurrente, en relación con la deslealtad procesal

aducida por el Ministerio Fiscal, que su patrocinado se

encuentra actualmente cumpliendo la condena en un

centro penitenciario. Igualmente aclara algunos de los

extremos fácticos discutidos por el Ministerio Fiscal y

su interpretación en relación con la no protección del

contenido de las comunicaciones una vez finalizado el

proceso, afirmando una vez más que las fuerzas y

cuerpos de seguridad del Estado no tienen facultades para

leer una carta sin previa autorización judicial. El Fiscal

manifiesta que no tiene nada más que añadir.

10. Evacuados los informes y las intervenciones

para rectificación de hechos y conceptos, el Presidente

declaró el recurso visto para sentencia, levantándose la

sesión.

II. Fundamentos jurídicos

1. En el presente recurso de amparo se plantean

dos cuestiones nucleares. En primer lugar, la relativa

a la presunta vulneración del derecho a la intimidad (art.

18.1 CE) en relación con el derecho al secreto de las

comunicaciones postales (art. 18.3 CE), con las

eventuales repercusiones que ello pudiera tener a efectos

de la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), de estimarse

que alguna de las pruebas de cargo ha sido obtenida

con vulneración de estos derechos fundamentales. En

segundo lugar, la relativa al derecho al doble grado de

jurisdicción (garantizado en el art. 14.5 del Pacto

internacional de derechos civiles y políticos e incorporado

a las garantías procesales del art. 24 CE), que el

recurrente considera vulnerado por cuanto, pese a que su inicial

Sentencia condenatoria pudo ser recurrida en casación

ante el Tribunal Supremo, el sistema casacional español

sería inidóneo para garantizarlo, por cuanto la prueba

sólo puede ser revisada en el estrecho cauce que ofrece

el art. 849.2 LECrim.

Junto a estas dos alegaciones centrales, el recurrente

alega diversas vulneraciones del derecho a un proceso

con todas las garantías (art. 24.2 CE), en concreto, del

derecho a la asistencia letrada, del derecho a la defensa

desde la incoación del procedimiento, del derecho a

presentar alegaciones y a la oralidad en sede casacional.

También alega la vulneración del derecho de defensa

y a utilizar los medios de prueba pertinentes, del derecho

a la presunción de inocencia y del derecho a la tutela

judicial efectiva.

2. A la vista del elevado número de alegaciones,

conviene precisar a continuación cuál ha de ser el orden

en que hemos de examinar las quejas del demandante

de amparo, en atención a los criterios expuestos en

nuestra jurisprudencia (entre otras, SSTC 307/1993, de 25

de octubre, FJ 1; 116/1997, de 23 de junio, FJ 1, in

fine; 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 2; 56/1998,

de 16 de marzo, FJ 2; 19/2000, de 31 de enero, FJ 2;

96/2000, de 10 de abril, FJ 1 y 31/2001, de 12 de

febrero, FJ 2), que otorgan prioridad en el examen a

aquellas quejas de las que pudiera derivarse la

retroacción de las actuaciones.

Pues bien, en atención a dichos criterios, cabe

observar que la eventual estimación de las quejas referidas

a defectos formales en el curso del proceso penal en

la primera instancia, daría lugar no sólo a la anulación

de las resoluciones judiciales impugnadas, sino también

a la retroacción de las actuaciones a la primera instancia.

Lo que permitiría un nuevo enjuiciamiento en el proceso

penal con todas las garantías y, al mismo tiempo,

salvaguardar el carácter subsidiario del amparo. Por tanto,

comenzaremos por el análisis de las quejas relativas a

defectos formales en la instrucción y en el enjuiciamiento

en primera instancia, para continuar con las relativas

a defectos procesales en la casación (cuya apreciación

daría lugar a la retroacción a esa fase procesal). Por

último, analizaremos las alegadas vulneraciones del art.

18 CE y del derecho a la presunción de inocencia (art.

24.2 CE), pues aunque se declarase la vulneración del

art. 18 CE por la apertura y lectura de la carta por la

Guardia Civil en el momento de la detención, de ello

no se seguiría necesariamente la retroacción de las

actuaciones, sino que es perfectamente posible que la

citada vulneración no tuviera consecuencia alguna en

el fallo condenatorio, si aun prescindiendo de la carta

como elemento probatorio (al que las resoluciones

judiciales recurridas otorgan el valor de mero elemento de

corroboración periférica, junto con otros, de las

declaraciones del coimputado), existiera suficiente prueba de

cargo válida para desvirtuar la presunción de inocencia,

según el propio razonamiento contenido en las

resoluciones judiciales recurridas (por todas, STC 12/2002,

de 28 de enero, FJ 5, y las que en ella se citan).

3. Comenzando con el análisis del derecho a un

proceso con todas las garantías, se queja el recurrente,

en primer lugar, de la vulneración del derecho a la

asistencia letrada (art. 24.2 CE), en relación con las primeras

declaraciones prestadas como detenidos por don

Antonio Raja Juncosa y don Juan Ramón Martínez Navarro.

Ciertamente, las pretendidas vulneraciones se producen

con motivo de actuaciones sobre sujetos distintos del

recurrente. Sin embargo, de existir las mismas, no cabe

duda de que el perjuicio de ellas derivado le afectaría,

por lo que aparece legitimado para alegarlas en cuanto

titular de un interés legítimo en que se repare la

vulneración, conforme a lo establecido en el art. 162.1 b) CE.

Al respecto, hemos afirmado que "la falta de

asistencia letrada en la declaración policial sólo podrá ser

relevante en la medida en que hubiese determinado la

indefensión posterior" (STC 94/1983, de 14 de

noviembre, FJ 4). Pues bien, en el caso que nos ocupa

ciertamente los otros detenidos realizan unas iniciales

declaraciones en el momento de su detención sin asistencia

letrada, que permiten la realización de otras diligencias

policiales, pero aquéllas -según señala expresamente

la Sentencia de la Audiencia Provincial- no han sido

utilizadas con valor probatorio, sino que constan en el

atestado sin más valor que el de éste, el de simple

denuncia. Por lo demás, en ambos casos las declaraciones

fueron ratificadas posteriormente en presencia de

Letrado (en el caso del Sr. Raja en una primera declaración

en comisaría y posteriormente ante el Juez instructor;

y en el caso del Sr. Martínez, en todas las declaraciones

posteriores, incluida la prestada en el acto del juicio oral).

Siendo así, esa alegada infracción de garantías

procesales ni genera indefensión vulneradora del derecho a

la asistencia letrada del art. 24.2 CE, ni ocasiona la

nulidad de las actuaciones, ni impide una ulterior actividad

probatoria sobre tales hechos.

4. Carece también de fundamento la alegación

relativa al derecho a la defensa desde la incoación del

procedimiento (arts. 24.1 y 24.2 CE). Entiende el recurrente

que este derecho se habría vulnerado porque desde que

se dirigen las investigaciones contra él (en el momento

de la detención del coimputado don Antonio Raja

Juncosa) hasta su detención una semana después no se

le comunica la condición de imputado.

Ciertamente nuestra jurisprudencia reiteradamente

viene exigiendo que se garantice el acceso al proceso

de toda persona a la que se atribuya la comisión de

un hecho punible y que dicho acceso lo sea en condición

de imputado, sin que se retrase el otorgamiento de tal

condición a alguien de quien fundadamente se sospeche

de su participación en los hechos objeto del proceso

(SSTC 44/1985, de 22 de marzo, FJ 3; 37/1989, de

15 de febrero, FJ 3; 135/1989, de 19 de julio, FJ 3;

100/1996, de 11 de junio, FJ 3; 41/1998, de 24 de

febrero, FFJJ 27 y 28; 134/1998, de 29 de junio, FJ 2;

220/1998, de 16 de noviembre, FJ 2; 68/2001, de

17 de marzo, FJ 3), siendo la razón de tal garantía la

de asegurar la plena efectividad del derecho de defensa,

por lo que la quiebra de tal garantía conduciría a una

situación de indefensión material (SSTC 134/1998, de

29 de junio, FJ 2; 220/1998, de 16 de noviembre, FJ 2;

68/2001, de 17 de marzo, FJ 3).

No obstante, en el presente caso la pretensión del

recurrente -como acertadamente señala la Sentencia

de la Audiencia Provincial de Barcelona- carece de

fundamento, pues el hoy recurrente aún no tenía la

condición formal de imputado cuando se estaban llevando

a cabo investigaciones para determinar si procedía o

no su imputación, es decir, para comprobar la

verosimilitud de las imputaciones que contra él se habían

efectuado. Por tanto, no concurría aún el presupuesto para

aplicar esta doctrina jurisprudencial. Cuando el

recurrente es finalmente detenido, se procedió inmediatamente

a informarle de las causas de su detención y de los

derechos que le asistían. Por tanto, ni existió vulneración

alguna de sus garantías procesales, ni infracción del

derecho a la defensa, pues el recurrente pudo participar en

la instrucción, ser oído, alegar e intervenir en la causa

antes de cualquier acusación formal y de la apertura

del juicio oral (STC 68/2001, de 17 de marzo, FJ 3).

5. Por lo que respecta al derecho a la defensa y

a utilizar los medios de prueba pertinentes, entiende el

recurrente que al no permitirse a su defensa en el acto

del juicio oral preguntar al coimputado si recibió mejor

trato por la policía por implicarle, pregunta que considera

decisiva, se le ha producido indefensión.

Nuestra jurisprudencia ha señalado reiteradamente

que el art. 24.2 CE no atribuye un ilimitado derecho

de las partes a que se admitan y se practiquen todos

los medios de prueba propuestos, sino sólo de aquellos

que, propuestos en tiempo y forma, sean lícitos y

pertinentes, correspondiendo el juicio de pertinencia y la

decisión sobre la admisión de las pruebas solicitadas

a los órganos judiciales, sin que este Tribunal pueda

revisar sus decisiones, salvo cuando el rechazo de la

prueba propuesta carezca de motivación o la que se

ofrece sea insuficiente (SSTC 89/1995, de 6 de junio,

FJ 6; 131/1995, de 11 de septiembre, FFJJ 2 y 5)

o manifiestamente arbitraria o irrazonable (SSTC

52/1989, de 22 de febrero, FJ 2; 65/1992, de 29 de

abril, FJ 3; 94/1992, de 11 de junio, FJ 3; 1/1996,

de 15 de enero, FJ 2; 37/2000, de 14 de febrero, FJ 3).

También hemos declarado que sólo procede el examen

de esta queja de amparo cuando la falta de práctica

de la prueba propuesta "haya podido tener una influencia

decisiva en la resolución del pleito" (SSTC 50/1988,

de 22 de marzo, FJ 3; 357/1993, de 29 de noviembre,

FJ 2; 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2; 1/1996,

de 15 de febrero, FJ 3; 37/2000, de 14 de febrero,

FJ 3) y que quien alega ante este Tribunal la vulneración

del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes

debe cumplir con la carga de fundamentar y argumentar

en la demanda las razones por las cuales la omisión

de la prueba propuesta le ha provocado una indefensión

material al ser relevante para la decisión final del proceso

(SSTC 116/1983, de 7 de diciembre, FJ 3; 30/1986,

de 20 de febrero, FJ 8; 149/1987, de 30 de septiembre,

FJ 3; 45/1990, de 15 de marzo, FJ 3; 357/1993, de

29 de noviembre, FJ 2; 1/1996, de 15 de enero, FJ 3;

37/2000, de 14 de febrero, FJ 3).

A la vista de esta jurisprudencia, la alegación debe

ser desestimada, pues la denegación responde al

ejercicio por los órganos judiciales del derecho a admitir

solamente aquellas preguntas que consideren

pertinentes, en aplicación estricta de las normas legales (art.

709 LECrim), y en el recurso de casación interpuesto

frente a la declaración de impertinencia de la pregunta

(en virtud del art. 850.4 LECrim), el Tribunal Supremo

la motiva suficientemente, afirmando que el coimputado

prestó declaración ante la Guardia Civil, cuatro veces

ante el Juez de instrucción y en el juicio oral, habiendo

dirigido además varios escritos al Juzgado, "con lo que

la Sala de instancia ha podido captar suficientemente

las vicisitudes de esas manifestaciones" y, en

consecuencia, la pregunta que no se deja contestar al

coprocesado no tenía manifiesta influencia en la causa, ni

verdadera importancia para el resultado del juicio, por

lo que no se ha originado ningún tipo de indefensión.

Una argumentación que, a lo largo del presente proceso

de amparo, el recurrente no ha desvirtuado, como le

correspondía, probando el carácter decisivo de la

pregunta para la decisión final del proceso. Por lo tanto,

no cabe apreciar la indefensión alegada, ni vulneración

alguna del derecho a la utilización de los medios de

prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE).

6. Una vez examinadas -y rechazadas- las

vulneraciones relativas a presuntas infracciones procesales

en la instancia, procederemos a examinar las alegaciones

de carácter procesal que el recurrente imputa a la

casación.

Se queja el recurrente, en primer lugar, de que solicitó

la celebración de vista con carácter previo a la resolución

del recurso de casación, vista que en su opinión era

preceptiva en virtud del art. 893 bis a) LECrim y que

el Tribunal deniega tácitamente, sin resolver el recurso

de súplica interpuesto, ni explicar las razones por las

que la vista no debía celebrarse.

Esa alegación no puede estimarse. En primer lugar,

porque -en contra de lo que afirma el recurrente- el

Tribunal Supremo sí se pronuncia expresamente sobre

este punto en el razonamiento jurídico segundo del Auto

de aclaración de la Sentencia, de 13 de septiembre de

2001, acogiéndose a una interpretación del art. 893

bis a) LECrim según la cual no es preceptiva la

celebración de la vista en sede de casación, salvo que lo

soliciten todas las partes, o el Tribunal de oficio o a

instancia de parte la estime necesaria. Como en el

presente caso sólo una de las partes solicitó la vista y el

Tribunal no la consideraba necesaria, afirma que "son

claras las razones por las que no ha celebrado vista previa

para la resolución del recurso". En segundo lugar, y

respecto de las razones esgrimidas por el Tribunal Supremo,

porque reiteradamente hemos afirmado que no

corresponde a este Tribunal revisar la interpretación que de

la legalidad ordinaria hayan podido efectuar los jueces

o Tribunales en el ejercicio de la función que les

corresponde en virtud del art. 117.3 CE (STC 54/1996, de

26 de marzo, FJ 3).

Ahora bien, si lo que pretende el recurrente es

cuestionarse la propia configuración legal de la casación y

su idoneidad para dar cumplimiento al derecho a la

revisión de las condenas por un Tribunal Superior con plena

jurisdicción y con todas las garantías procesales, esto

ha de ponerse en conexión con la alegación relativa al

doble grado de jurisdicción, que se analizará

seguidamente.

7. En cuanto a la alegación relativa al derecho a

un doble grado de jurisdicción en materia penal y a la

inadecuación del sistema casacional para garantizar este

derecho, afirma el recurrente que el mismo constituye

una de las garantías inherentes al derecho al proceso

con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 CE,

así como en el art. 14.5 del Pacto internacional de

derechos civiles y políticos (en adelante, PIDCP) y en el art.

2.1 del Protocolo núm. 7 del Convenio europeo para

la protección de los derechos humanos y de las libertades

fundamentales (en adelante, CEDH). En apoyo de su

queja cita el Dictamen del Comité de Derechos Humanos

de Naciones Unidas, de 11 de agosto de 2000, en el

caso Gómez Vázquez v. España, que -según el

recurrente- declara contrario a este derecho y al art. 14.5 del

Pacto el sistema casacional español.

a) Ciertamente, el art. 14.5 PIDCP, ratificado por

España y cuyo contenido ha de tenerse en cuenta en

la interpretación de las normas constitucionales relativas

a los derechos fundamentales (art. 10.2 CE), consagra

el derecho a un doble grado de jurisdicción en materia

penal en los siguientes términos: "Toda persona

declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean

sometidos a un Tribunal superior, conforme a lo prescrito

por la ley". También es cierto que existe un Dictamen

del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas,

de fecha 11 de agosto de 2000, en el caso Gómez

Vázquez v. España, según el cual España habría

vulnerado el art. 14.5 del Pacto. La queja, en aquel asunto,

se sustentaba básicamente en que el recurso de casación

no permite la revisión del fallo condenatorio y la pena

en el sentido del citado art. ya que sólo puede ser

interpuesto por razones jurídicas muy limitadas y sin

posibilidad de que el Tribunal de casación efectúe una nueva

valoración de las pruebas. El Dictamen del Comité, en

su párrafo 11.1 establece: "El Comité concluye que la

inexistencia de la posibilidad de que el fallo condenatorio

y la pena del autor fueran revisadas íntegramente, ...

limitándose dicha revisión a aspectos formales o legales

de la sentencia, no cumple las garantías que exige el

párrafo 5, art. 14, del Pacto".

Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que las

competencias del Comité, en virtud de los arts. 41 y 42

del Pacto y del Protocolo facultativo de 16 de diciembre

de 1966, le habilitan exclusivamente para recibir y

examinar comunicaciones tanto de Estados parte que

aleguen que otro Estado parte incumple las obligaciones

del Pacto, como de individuos que aleguen ser víctimas

de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados

en el Pacto. Y, respecto de las comunicaciones

individuales, en virtud del art. 5 párrafo 4 del Protocolo, para

presentar sus observaciones al Estado parte y al

individuo, haciendo constar en su caso la existencia de una

violación del Pacto en el caso concreto. Y esto es lo

que se produce en el Dictamen de 11 de agosto de

2000, en el que el Comité "considera que los hechos

examinados revelan una violación del párrafo 5 del

artículo 14 del Pacto, respecto del Sr. Cesario Gómez

Vázquez" (párrafo 12) supuesto bien distinto al que aquí

se analiza.

Además, ha de tenerse en cuenta que las

"observaciones" que en forma de Dictamen emite el Comité

no son resoluciones judiciales, puesto que el Comité no

tiene facultades jurisdiccionales (como claramente se

deduce de la lectura de los arts. 41 y 42 del Pacto),

y sus Dictámenes no pueden constituir la interpretación

auténtica del Pacto, dado que en ningún momento, ni

el Pacto ni el Protocolo facultativo le otorgan tal

competencia.

Por tanto, si a través de sus Dictámenes el Comité

pretendiera redefinir los contenidos del Pacto,

interpretando el art. 14.5 como el derecho a una segunda

instancia en sentido estricto, con repetición íntegra del

juicio ante un Tribunal superior, poniendo de este modo

en cuestión el sistema interno de recursos de un Estado

parte y obligándole a promulgar una nueva legislación

acorde con tal interpretación, habríamos de recordar que,

conforme a la resolución del Tribunal Europeo de

Derechos Humanos, de 30 de mayo de 2000, los Estados

parte "conservan la facultad de decidir las modalidades

de ejercicio del derecho de reexamen y pueden restringir

su extensión".

No obstante, las "observaciones" del Comité no han

de ser interpretadas necesariamente como la puesta en

cuestión de la idoneidad del recurso de casación penal

para cumplir con las exigencias del Pacto sino que,

interpretadas en el estricto ámbito de su competencia, se

limitan a señalar que en un caso concreto, un individuo

concreto no tuvo la posibilidad de que su condena fuera

revisada de acuerdo con los requisitos del art. 14.5 del

Pacto. Ciertamente, se afirma en el párrafo 13 la

obligación del Estado de tomar las disposiciones necesarias

para que en lo sucesivo no ocurran violaciones parecidas,

pero tales disposiciones no han de consistir en una

reforma legislativa, pues -como en numerosas ocasiones ha

puesto de relieve este Tribunal- una correcta

interpretación de la casación penal permite que este recurso

cumpla con las exigencias de revisión de la declaración

de culpabilidad y de la pena por un Tribunal superior

derivadas del art. 14.5 del Pacto.

b) Nuestra jurisprudencia respecto de la cuestión

del doble grado de jurisdicción se inicia con la STC

42/1982, de 5 de julio, y puede concretarse en los

siguientes puntos:

1. El mandato del art. 14.5 PIDCP, aún cuando no

tiene un reconocimiento constitucional expreso, "obliga

a considerar que entre las garantías del proceso penal

a las que genéricamente se refiere la Constitución en

su art. 24.2 se encuentra la del recurso ante un Tribunal

superior y que, en consecuencia, deben ser interpretadas

en el sentido más favorable a un recurso de ese género

todas las normas del Derecho procesal penal de nuestro

ordenamiento" (STC 42/1982, de 5 de julio, FJ 3; en

el mismo sentido, integrándolo en el derecho a un

proceso con todas las garantías, SSTC 76/1982, de 14

de diciembre, FJ 5; 30/1986, de 20 de febrero, FJ 2;

133/2000, de 16 de mayo, FJ 3; 64/2001, de 17 de

marzo, FJ 5, entre otras muchas).

2. De la lectura del art. 14.5 PIDCP "se desprende

claramente que no se establece propiamente una "doble

instancia", sino una sumisión del fallo condenatorio y

de la pena a un "Tribunal superior", sumisión que habrá

de ser conforme "a lo prescrito por la Ley", por lo que

ésta en cada país fijará sus modalidades" (STC 76/1982,

de 14 de diciembre, FJ 5).

3. El mandato del art. 14.5 PIDCP se ha incorporado

a nuestro Derecho interno y aunque no es bastante para

crear por sí mismo recursos inexistentes (SSTC

42/1982, de 5 de julio, FJ 3; 51/1985, de 10 de abril,

FJ 3; 30/1986, de 20 de febrero, FJ 2), el recurso de

casación en materia penal puede cumplir con sus

exigencias, siempre y cuando se realice una interpretación

amplia del mismo ("requiere del intérprete el

entendimiento más favorable a un recurso de este género de

las normas procesales", STC 60/1985, de 6 de mayo,

FJ 2), que permita "apurar las posibilidades del recurso

de casación" (STC 140/1985, de 21 de octubre, FJ

2). Por tanto hemos de recordar la doctrina general según

la cual la casación penal "cumple en nuestro

Ordenamiento el papel de "Tribunal superior" que revisa las

Sentencias de instancia en la vía criminal a que se refiere

el art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles

y políticos", y que la regulación de la casación ha de

ser interpretada en función de aquel derecho

fundamental y "en el sentido más favorable para su eficacia" (STC

123/1986, de 22 de octubre, FJ 2).

En esta línea son numerosas las Sentencias que

otorgan el amparo en casos en que se había inadmitido

el recurso de casación penal, o alguno de los motivos

planteados en el mismo, con una interpretación que este

Tribunal calificó de restrictiva y formalista (así, entre

otras, SSTC 60/1985, de 6 de mayo; 140/1985, de

21 de octubre; 57/1986, de 14 de mayo; 123/1986,

de 22 de octubre; 79/1987, de 27 de mayo;

69/1990, de 5 de abril; 71/1992, de 13 de mayo;

190/1994, de 20 de junio; 184/1997, de 28 de

octubre; 221/2000, de 18 de septiembre).

Igualmente, la STC 37/1988, de 3 de marzo, declaró

la inconstitucionalidad del inciso final del párrafo

segundo del art. 876 LECrim, por su contradicción con el art.

24 CE, estableciendo en su fundamento jurídico 5 las

consecuencias "ineludibles" que "la interpretación

integradora entre el derecho a la tutela judicial, el derecho

al sometimiento a un Tribunal superior y la regulación

interna de la casación penal impone". "Es la primera

que la casación penal "no está sólo al servicio de los

intereses objetivos ligados a la necesaria depuración en

Derecho del obrar judicial, sino que al desenvolver esta

función (la del art. 14.5 del Pacto) protege también al

justiciable" (STC 60/1985). Es la segunda, muy ligada

a la anterior, que de todo ello deriva no solo un mandato

al legislador interno, sino un derecho fundamental para

el ciudadano, de tal manera que la norma que lo

contradiga será inconstitucional, "inconstitucionalidad que

no nace de su contradicción directa con el art. 14.5

del Pacto, sino de su contradicción con el art. 24 de

la Constitución" (STC 76/1982). La tercera

consecuencia, válida para casos ya resueltos aquí y también para

el presente, es que ese recurso puede ser la casación

penal, y ese Tribunal superior, el Tribunal Supremo

"juzgando en casación"; "recurso al que, si previsto en la

Ley y con las condiciones por ella requerida, tendrá

derecho aquel contra quien se hubiere dictado Sentencia

condenatoria" (STC 60/1985)".

En definitiva, conforme a nuestra doctrina, existe una

asimilación funcional entre el recurso de casación y el

derecho a la revisión de la declaración de culpabilidad

y la pena declarado en el art. 14.5 PIDCP, siempre que

se realice una interpretación amplia de las posibilidades

de revisión en sede casacional y que el derecho

reconocido en el Pacto se interprete no como el derecho

a una segunda instancia con repetición íntegra del juicio,

sino como el derecho a que un Tribunal superior controle

la corrección del juicio realizado en primera instancia,

revisando la correcta aplicación de las reglas que han

permitido la declaración de culpabilidad y la imposición

de la pena, en el caso concreto. Reglas entre las que

se encuentran, desde luego, todas las que rigen el

proceso penal y lo configuran como un proceso justo, con

todas las garantías; las que inspiran el principio de

presunción de inocencia, y las reglas de la lógica y la

experiencia conforme a las cuales han de realizarse las

inferencias que permiten considerar un hecho como

probado. Esta interpretación es perfectamente posible a la

vista del tenor literal del Pacto y conforme a la de

efectuada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

en relación con los arts. 6.1 CEDH y 2 del Protocolo

núm. 7 del citado Convenio (STEDH de 13 de febrero

de 2001, caso Krombach c. Francia, que declara

conforme al art. 2 del Protocolo 7 el modelo de casación

francés, en el que se revisa sólo la aplicación del

Derecho).

c) Conviene, no obstante, realizar alguna precisión

adicional respecto de las posibilidades de revisión en

sede casacional y, en concreto, de la posibilidad de

examinar los hechos probados. Y ello para poder responder

a la cuestión de si existe o no la posibilidad de una

"revisión íntegra" del fallo condenatorio y la pena

impuesta, entendiendo por tal la que permite, junto a

la revisión de los aspectos formales o legales de la

Sentencia (lo que, conforme al Dictamen del Comité, por

sí solo no cumple con las garantías derivadas del Pacto),

la revisión de los hechos probados en los que se

fundamenta el fallo condenatorio.

Al respecto ha de señalarse, en primer lugar, que

no es correcto afirmar, como pretende el recurrente, que

nuestro sistema casacional se limite al análisis de

cuestiones jurídicas y formales y que no permita revisar las

pruebas salvo en el estrecho cauce que ofrece el art.

849.2 LECrim. Actualmente, en virtud del art. 852

LECrim, en todo caso el recurso de casación podrá

interponerse fundándose en la infracción de un precepto

constitucional. Y a través de la invocación del 24.2 CE

(tanto del proceso con todas las garantías como,

fundamentalmente, de la presunción de inocencia), es

posible que el Tribunal Supremo controle tanto la licitud

de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo,

como su suficiencia para desvirtuar la presunción de

inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas.

En definitiva, mediante la alegación como motivo de

casación de la infracción del derecho a la presunción

de inocencia, el recurrente puede cuestionar no solo el

cumplimiento de las garantías legales y constitucionales

de la prueba practicada, sino la declaración de

culpabilidad que el Juzgador de instancia dedujo de su

contenido (STC 2/2002, de 14 de enero, FJ 2). Por tanto,

tiene abierta una vía que permite al Tribunal Supremo

la "revisión íntegra", entendida en el sentido de

posibilidad de acceder no sólo a las cuestiones jurídicas,

sino también a las fácticas en que se fundamenta la

declaración de culpabilidad, a través del control de la

aplicación de las reglas procesales y de valoración de

la prueba. Todo ello -como ha puesto de relieve también

el propio Tribunal Supremo, Auto de la Sala de lo Penal

de 14 de diciembre de 2001, FJ 7- sin perjuicio de

que la aparición de nuevas pruebas que el acusado no

pudo ofrecer en el proceso, puede, en su caso, dar lugar

a un recurso de revisión (art. 954 LECrim), posibilidad

que completa el conjunto de garantías del debido

proceso.

d) Finalmente, y aplicando las anteriores

consideraciones al presente caso, ha de concluirse que en el

mismo no se ha producido vulneración alguna del

derecho al proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE,

pues el Tribunal Supremo ha revisado el fallo

condenatorio y la pena conforme a las exigencias derivadas

del art. 14.5 PIDCP.

Sostiene el recurrente en amparo que, ante su

denuncia de errores en la valoración de la prueba por parte

de la Audiencia Provincial, basados en documentos

obrantes en autos, y su solicitud de una nueva valoración,

el Tribunal Supremo se limita a contestarle que tales

datos no son esenciales y no los valora, con lo que se

habría vulnerado su derecho a la revisión íntegra del

fallo condenatorio y la pena.

Pues bien, en primer lugar, lo que el Tribunal Supremo

contesta al recurrente en el fundamento jurídico 11 es

que el cauce casacional abierto por el art. 849.2 LECrim

"está restringido a los casos de oposición entre una

afirmación fáctica de la sentencia y lo que un documento

casacional propiamente dicho acredite por sí mismo",

y que en este caso no hay contradicción alguna de esta

naturaleza y que "las omisiones que se enumeran se

refieren a datos no esenciales, en su mayoría aludidos

y valorados en las sentencias de instancia y en esta

de casación". Pero de ello no puede derivarse ni una

interpretación excesivamente rigorista del cauce

casacional, ni una negativa a la revisión del fallo condenatorio

y la pena, puesto que en el fundamento jurídico anterior

(FJ 10), al analizar la presunta vulneración del derecho

a la presunción de inocencia, la Sentencia ya se había

ocupado ampliamente del análisis de la prueba de cargo

practicada (testimonio del coimputado corroborado

periféricamente por el testimonio del testigo don Juan

Ramón Martínez y por la nota manuscrita ocupada al

recurrente en el momento de la detención), considerando

que las citadas pruebas se han practicado con las

debidas garantías legales y se han valorado por el Tribunal

de instancia de forma "extensa y lógica", por lo que

considera que existe actividad probatoria de cargo

suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

Lo cual -unido al resto de la fundamentación jurídica

de la Sentencia, en la que el Tribunal Supremo da al

recurrente respuesta respecto de las múltiples

cuestiones planteadas en su recurso-, nos permite afirmar que,

en el presente caso, se han cumplido las exigencias

derivadas del doble grado de jurisdicción, habiéndose

controlado no sólo los aspectos formales o legales, sino

también los fácticos, a través del control de la aplicación

de las reglas procesales y de valoración de la prueba

llevada a cabo por el Tribunal inferior.

8. Por lo que respecta a la alegada vulneración del

derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE),

denuncia el recurrente incongruencia omisiva a la Sentencia

dictada en casación, al no haberse pronunciado el

Tribunal Supremo sobre diversas cuestiones que le fueron

planteadas, en concreto: la solicitud de vista, la nulidad

de la carta como prueba de cargo y de las que tenían

causa en ella y el grado de ejecución del delito.

En cuanto a la incongruencia omisiva denunciada por

el recurrente, como señalamos en STC 189/2001, de

24 de septiembre, FJ 1, constituye reiterada doctrina

de este Tribunal que "la congruencia exigible, desde la

perspectiva del respeto al derecho fundamental que

consagra el art. 24.1 CE, comprende la obtención de una

respuesta razonada a las pretensiones de las partes, pero

no un razonamiento autónomo y pormenorizado a todos

y cada uno de los fundamentos jurídicos en que aquéllas

se sustenten. Y también se ha mantenido

constantemente por este Tribunal que las exigencias derivadas de aquel

precepto constitucional han de entenderse cumplidas

en la denominada motivación implícita y no sólo y

necesariamente en la expresa o manifiesta".

En el presente caso, y en contra de lo que afirma

el recurrente, la Sentencia de la Sala Segunda del

Tribunal Supremo sí se pronuncia sobre cada una de las

cuestiones anteriormente señaladas.

Respecto de la nulidad de la supuesta carta como

prueba de cargo, en su fundamento jurídico 8 argumenta

ampliamente acerca de las razones por las que entiende

que no se ha producido vulneración alguna del derecho

al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), al

entender que lo ocupado al detenido no era una carta en

el sentido del art. 18.3 CE y 579 LECrim, pues ni iba

contenida en un sobre, ni se trataba de un envío realizado

a través del servicio postal de correos, sino que se

trataba, como señalaba la sentencia de instancia, de "unas

hojas de papel manuscritas sin sobre", que han de

considerarse "efectos personales del detenido", respecto de

los que "lo procedente era la recogida policial de los

efectos, su entrega en el Juzgado competente y su unión

a las actuaciones para su adecuada valoración, todo lo

cual así se ha efectuado". A la vista de lo cual, añade

expresamente, "que no se trata de una prueba ilícita,

prohibida, inexistente y no valorable".

También se pronuncia el Tribunal Supremo sobre la

apreciación del delito imposible (FFJJ 5 y 12), y sobre

la inaplicación del art. 16 CP (FFJJ 15 y 4 al que se

remite), considerando que el carácter de delito de mera

actividad y de peligro abstracto del delito cometido, y

el concierto previo de los procesados determina,

conforme a su jurisprudencia, la consideración de que el

delito queda consumado.

Por último, también se ha pronunciado el Tribunal

Supremo, en el Auto de 13 de septiembre de 2001,

sobre las razones por las que el recurso de casación

se ha resuelto sin vista, pese a haberla solicitado el

recurrente, entendiendo que el art. 893 bis a) LECrim

sólo impone la celebración de vista respecto de ciertos

delitos entre los que no se encuentran los delitos contra

la salud pública y cuando, dada la pena impuesta, todas

las partes lo soliciten o el Tribunal lo estime necesario.

En este caso, el Tribunal consideró innecesaria la vista,

la representación del otro recurrente no la solicitó y el

Ministerio Fiscal manifestó que no la consideraba

necesaria, por lo que la mera solicitud por una de las partes

entiende el Tribunal que no le obliga a celebrarla

conforme a la Ley procesal penal.

Por tanto, en todos estos extremos, el Tribunal

Supremo ha dado respuesta expresa, pormenorizada y

razonada al recurrente, aunque contraria a sus pretensiones,

por lo que la queja respecto de la presunta vulneración

del derecho a la tutela judicial efectiva resulta

absolutamente infundada.

9. Nos corresponde ahora analizar la queja relativa

a la presunta vulneración del derecho a la intimidad (art.

18.1 CE) en relación con el derecho al secreto de las

comunicaciones postales (art. 18.3 CE). Alega el

recurrente que en el momento de su detención le fue

intervenida una carta, que la Guardia Civil desdobló y

leyó sin previa autorización judicial, con lo que se habría

vulnerado su derecho al secreto de las comunicaciones

postales y su derecho a la intimidad, al tratarse de una

comunicación privada, que iba doblada en el interior de

una agenda, guardando su contenido de terceros.

a) El análisis de esta queja debe comenzar por la

delimitación del derecho fundamental ante el que nos

encontramos, pues si se llegara a la conclusión de que

el derecho fundamental en juego es el secreto de las

comunicaciones postales, asistiría razón al recurrente

cuando afirma la vulneración del mismo, dado que no

existió autorización judicial previa para la lectura de dicha

comunicación, requisito ineludible conforme al art.

18.3 CE.

Las resoluciones judiciales recurridas niegan que nos

encontremos en el ámbito del derecho al secreto de

las comunicaciones, argumentando la Sentencia de

ins

tancia que lo intervenido al recurrente ("unas hojas de

papel manuscritas y dobladas, sin sobre", que se hallaron

en el interior de una agenda) no puede considerarse

una carta -"entendiéndose como tal el escrito contenido

en unas cuartillas, manuscritas o no, que van

introducidas en un sobre"-, sino efectos personales del

detenido, que fueron reseñados y retenidos por los

funcionarios judiciales de forma legítima, e incorporados a la

causa para su adecuada valoración. Siendo así, la

alegación carecería de fundamento, pues "no hubo ni

detención previa de correspondencia ni apertura posterior de

la misma". La Sentencia del Tribunal Supremo entiende,

además, que no nos encontramos ante una

"comunicación postal" comprendida en el ámbito de protección

del art. 18.3 CE, definiendo tales comunicaciones como

"los envíos que puedan hacerse a través del servicio

postal de correos y, por extensión, a través de entidades

privadas que ofrezcan análogos servicios", lo que no

sucede en el escrito en cuestión (que le había sido

entregado al destinatario a través de una tercera persona).

Una argumentación que supone, según el recurrente,

una restricción del ámbito del derecho fundamental que

encuentra mal acomodo en el texto constitucional y que,

de acuerdo con nuestra jurisprudencia, no podemos

asumir.

b) Nuestra jurisprudencia al respecto -desde STC

114/1984, de 29 de noviembre, FJ 7- puede resumirse

en los siguientes puntos:

1. Se protege la libertad de comunicaciones:

"Rectamente entendido, el derecho fundamental consagra

la libertad de las comunicaciones, implícitamente, y, de

modo expreso, su secreto, estableciendo en este último

sentido la interdicción de la interceptación o del

conocimiento antijurídicos de las comunicaciones ajenas. El

bien constitucionalmente protegido es así -a través de

la imposición a todos del "secreto"- la libertad de las

comunicaciones, siendo cierto que el derecho puede

conculcarse tanto por la interceptación en sentido estricto

(que suponga aprehensión física del soporte del mensaje

-con conocimiento o no del mismo- o captación de

otra forma del proceso de comunicación) como por el

simple conocimiento antijurídico de lo comunicado

(apertura de la correspondencia ajena guardada por su

destinatario, por ejemplo)... Y puede decirse también que

el concepto de secreto que aparece en el art. 18.3, no

cubre sólo el contenido de la comunicación, sino

también, en su caso, otros aspectos de la misma, como

la identidad subjetiva de los interlocutores o de los

corresponsales" (STC 114/1984, de 29 de noviembre,

FJ 7).

2. Se garantiza la impenetrabilidad de la

comunicación para terceros: "Sea cual sea el ámbito objetivo

del concepto de comunicación, la norma constitucional

se dirige inequívocamente a garantizar su

impenetrabilidad por terceros (públicos o privados: el derecho posee

eficacia erga omnes) ajenos a la comunicación misma"

(STC 114/1984, de 29 de noviembre, FJ 7).

3. El concepto de lo secreto tiene carácter formal:

"El concepto de secreto en el art. 18.3 tiene un carácter

formal, en el sentido de que se predica de lo comunicado,

sea cual sea su contenido y pertenezca o no el objeto

de la comunicación misma al ámbito de lo personal,

lo íntimo o lo reservado" (SSTC 114/1984, de 29 de

noviembre, FJ 7; 34/1996, de 11 de marzo, FJ 4).

Más allá, nuestra jurisprudencia se ha orientado a

la definición de las garantías constitucionales que

permiten la intervención de las comunicaciones,

fundamentalmente telefónicas (previsión legal de la medida con

suficiente precisión; autorización judicial mediante una

decisión suficientemente motivada y ejecución de la

medida con estricta observancia del principio de

proporcionalidad; cfr., entre las más recientes, SSTC

49/1996, de 26 de marzo, FJ 3; 121/1998, de 15

de junio, FJ 5; 49/1999, de 5 de abril, FFJJ 4, 5, 6

y 7; 166/1999, 27 de septiembre, FJ 2; 299/2000,

de 11 de diciembre, FJ 2; 14/2001, de 29 de enero,

FJ 2).

Ciertamente los avances tecnológicos que en los

últimos tiempos se han producido en el ámbito de las

telecomunicaciones, especialmente en conexión con el uso

de la informática, hacen necesario un nuevo

entendimiento del concepto de comunicación y del objeto de

protección del derecho fundamental, que extienda la

protección a esos nuevos ámbitos, como se deriva

necesariamente del tenor literal del art. 18.3 CE.

c) A la vista de la doctrina anteriormente expuesta,

en el presente caso, si la carta hallada por la Guardia

Civil en el momento de la detención hubiera tenido

inequívocamente tal carácter, podríamos plantearnos si

estaríamos en el ámbito de protección del art. 18.3 CE.

Sin embargo, el hallazgo que se produce es algo

distinto. Pues la supuesta carta no presentaba ninguna

evidencia externa que hubiera permitido a la Guardia Civil

ex ante tener la constancia objetiva de que aquello era

el objeto de una comunicación postal secreta, tutelada

por el art. 18.3 CE. Por el contrario, la apariencia externa

del hallazgo era equívoca: unas hojas de papel dobladas

en el interior de una agenda no hay por qué suponer

que fueran una carta y no resultaría exigible a la Guardia

Civil que actuara respecto de cualquier papel intervenido

al delincuente, en el momento de la detención, con la

presunción de que se trata de una comunicación postal.

A lo que ha de añadirse otra consideración, relativa

al momento en que se produce la intervención policial.

Pues tal intervención no interfiere un proceso de

comunicación, sino que el citado proceso ya se ha consumado,

lo que justifica el tratamiento del documento como tal

(como efectos del delincuente que se examinan y se

ponen a disposición judicial) y no en el marco del secreto

de las comunicaciones. La protección del derecho al

secreto de las comunicaciones alcanza al proceso de

comunicación mismo, pero finalizado el proceso en que

la comunicación consiste, la protección constitucional

de lo recibido se realiza en su caso a través de las normas

que tutelan la intimidad u otros derechos.

Estos dos datos (falta de constancia o evidencia ex

ante de que lo intervenido es el objeto de una

comunicación secreta impenetrable para terceros y falta de

interferencia en un proceso de comunicación) son los

decisivos en el presente supuesto para afirmar que no

nos hallamos en el ámbito protegido por el derecho al

secreto de las comunicaciones postales sino, en su caso,

en el ámbito del derecho a la intimidad del art. 18.1

CE. Pues, y esto debe subrayarse, el art. 18.3 CE contiene

una especial protección de las comunicaciones,

cualquiera que sea el sistema empleado para realizarlas, que

se declara indemne frente a cualquier interferencia no

autorizada judicialmente.

10. Ubicada de este modo la queja en el marco

del derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), analizaremos

a continuación si -como también alega el

recurrentela actuación policial vulneró este derecho.

a) Es doctrina constitucional reiterada que el

derecho a la intimidad personal garantizado por el art. 18.1

CE, en cuanto derivación de la dignidad de la persona

reconocida en el art. 10.1 CE, implica "la existencia de

un ámbito propio y reservado frente a la acción y el

conocimiento de los demás, necesario, según las pautas

de nuestra cultura para mantener una calidad mínima

de la vida humana" (SSTC 209/1988, de 27 de octubre;

231/1988, de 1 de diciembre; 197/1991, de 17 de

octubre; 99/1994, de 11 de abril; 143/1994, de 9 de

mayo, FJ 6; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 3;

98/2000, de 10 de abril, FJ 5; 156/2001, de 2 de

julio, FJ 4, entre otras).

Constituye, igualmente, doctrina reiterada de este

Tribunal, que el derecho a la intimidad no es absoluto,

como no lo es ninguno de los derechos fundamentales,

pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente

relevantes, siempre que el recorte que aquél haya de

experimentar se revele como necesario para lograr un fin

constitucionalmente legítimo, proporcionado para

alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido

esencial del derecho (SSTC 57/1994, de 28 de febrero,

FJ 6; 143/1994, de 9 de mayo, FJ 6; 98/2000, de

10 de abril, FJ 5, 186/2000, de 10 de julio, FJ 5;

156/2001, de 2 de julio, FJ 4).

Precisando la anterior doctrina, en la STC 207/1996,

de 16 de diciembre, FJ 4, establecimos como requisitos

que proporcionan una justificación constitucional

objetiva y razonable a la injerencia en el derecho a la

intimidad los siguientes: la existencia de un fin

constitucionalmente legítimo (considerando como tal "el interés

público propio de la investigación de un delito, y, más

en concreto, la determinación de hechos relevantes para

el proceso penal"); que la medida limitativa del derecho

esté prevista en la ley (principio de legalidad); que como

regla general se acuerda mediante una resolución judicial

motivada (si bien reconociendo que debido a la falta

de reserva constitucional a favor del Juez, la Ley puede

autorizar a la policía judicial para la práctica de

inspecciones, reconocimientos e incluso de intervenciones

corporales leves, siempre y cuando se respeten los

principios de proporcionalidad y razonabilidad) y, finalmente,

la estricta observancia del principio de proporcionalidad,

concretado en tres requisitos o condiciones: idoneidad

de la medida, necesidad de la misma y proporcionalidad

en sentido estricto.

Finalmente, y en relación con la exigencia de previsión

legal, en la STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 4, sostuvimos

que "por mandato expreso de la Constitución, toda

injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales

y las libertades públicas, ora incida directamente sobre

su desarrollo (art. 81.1 CE), o limite o condicione su

ejercicio (art. 53.1 CE), precisa una habilitación legal". Una

reserva de ley que "constituye, en definitiva el único modo

efectivo de garantizar las exigencias de seguridad jurídica

en el ámbito de los derechos fundamentales y las

libertades públicas" y que "no es una mera forma, sino que

implica exigencias respecto del contenido de la Ley que,

naturalmente, son distintas según el ámbito material de

que se trate", pero "que en todo caso el legislador ha

de hacer el "máximo esfuerzo posible" para garantizar la

seguridad jurídica o dicho de otro modo, "la expectativa

razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser

la actuación del poder en aplicación del Derecho" (STC

36/1991, FJ 5)". Y, profundizando en esa exigencia, en

la STC 169/2001, 16 de julio, FJ 6, sostuvimos, con

abundante cita de Sentencias del Tribunal Europeo de

Derechos Humanos, en cuanto a las características

exigidas por la seguridad jurídica respecto de la calidad de

la ley habilitadora de las injerencias en un derecho

reconocido en el Convenio, que "la ley debe definir las

modalidades y extensión del ejercicio del poder otorgado con

la suficiente claridad para aportar al individuo una

protección adecuada contra la arbitrariedad".

b) Aplicando las anteriores líneas jurisprudenciales

a la concreción de las posibilidades de actuación de

la policía en el momento de la detención respecto

de la intimidad del detenido y, en concreto, respecto de

la posibilidad de examinar los efectos y documentos

intervenidos, cabe realizar las siguientes precisiones:

1. En primer lugar, debe destacarse que, en el

momento de la detención, el detenido sigue siendo titular

del derecho a la intimidad constitucionalmente tutelado

(art. 18.1 CE), si bien este derecho puede ceder ante

la presencia de otros intereses superiores

constitucionalmente relevantes, que en estos casos se articulan

en torno al interés público en la prevención y la

investigación del delito, el descubrimiento de los delincuentes

y la recogida de los instrumentos, efectos y pruebas

del mismo, lo que ya hemos declarado que constituye

un fin constitucionalmente legítimo. Ahora bien, la

existencia de esos intereses superiores no puede efectuarse

en abstracto o con carácter general, sino que obliga

a realizar una adecuada ponderación en el caso concreto.

2. Por lo que respecta a la habilitación legal en virtud

de la cual la policía judicial puede practicar la injerencia

en el derecho a la intimidad del detenido, en el momento

de la detención, las normas aplicables son, en primer

lugar el art. 282 LECrim, que establece como

obligaciones de la policía judicial la de "averiguar los delitos

públicos que se cometieren en su territorio o

demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias

necesarias para comprobarlos y descubrir a los

delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o

pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro

poniéndolos a disposición de la Autoridad judicial". En

la misma línea, el art. 11.1 de la Ley Orgánica 2/1986,

de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad del

Estado, establece como funciones de éstos, entre otras:

f) "prevenir la comisión de actos delictivos"; g)"investigar

los delitos para descubrir y detener a los presuntos

culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del

delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal

competente y elaborar los informes técnicos y periciales

procedentes". Por último, el art. 14 de la Ley Orgánica

1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la

seguridad ciudadana, establece que la autoridades

competentes podrán disponer las actuaciones policiales

estrictamente necesarias para asegurar la consecución de las

finalidades previstas en el art. 1 de esta Ley, finalidades

entre las que se encuentra la prevención de la comisión

de delitos.

Por tanto, existe una habilitación legal específica que

faculta a la policía para recoger los efectos, instrumentos

y pruebas del delito y ponerlos a disposición judicial,

y para practicar las diligencias necesarias para la

averiguación del delito y el descubrimiento del delincuente.

Entre esas diligencias (que la ley, ciertamente, no

enumera casuísticamente, pero que limita adjetivándolas y

orientándolas a un fin) podrá encontrarse la de examinar

o acceder al contenido de esos instrumentos o efectos,

y en concreto, de documentos o papeles que se le

ocupen al detenido, realizando un primer análisis de los

mismos, siempre que -como exige el propio texto

legalello sea necesario (estrictamente necesario, conforme

al art. 14 de la Ley Orgánica 1/1992), estricta necesidad

que habrá de valorarse atendidas las circunstancias del

caso y que ha de entenderse como la exigencia legal

de una estricta observancia de los requisitos dimanantes

del principio de proporcionalidad. Así interpretada la

norma, puede afirmarse que la habilitación legal existente

cumple en principio con las exigencias de certeza y

seguridad jurídica dimanantes del principio de legalidad, sin

perjuicio de una mayor concreción en eventuales

reformas legislativas.

3. En cuanto a la necesidad de autorización judicial,

a diferencia de lo que ocurre con otras medidas

restrictivas de derechos fundamentales que pueden ser

adoptadas en el curso del proceso penal (como la entrada

y registro en domicilio del art. 18.2 CE o la intervención

de comunicaciones del art. 18.3 CE), respecto de las

restricciones del derecho a la intimidad (art. 18.1 CE)

no existe en la Constitución reserva absoluta de previa

resolución judicial. No obstante, en la STC 37/1989,

de 15 de febrero, en relación con la práctica de

diligencias limitativas del ámbito constitucionalmente

protegido del derecho a la intimidad, establecimos que era

"sólo posible por decisión judicial" (FJ 7), aunque sin

descartar la posibilidad de que en determinados casos

y con la conveniente habilitación legislativa (que en tal

caso no se daba), tales actuaciones pudieran ser

dispuestas por la policía judicial (FJ 8). La STC 207/1996,

de 16 de diciembre, FJ 3, respecto de la anterior doctrina,

afirma también que "la exigencia de monopolio

jurisdiccional en la limitación de los derechos fundamentales

resulta, pues, aplicable a aquellas diligencias que

supongan una intervención corporal, sin excluir ello no

obstante (debido precisamente a esa falta de reserva

constitucional en favor del Juez), que la Ley pueda autorizar

a la policía judicial, para disponer, por acreditadas

razones de urgencia y necesidad, la práctica de actos que

comporten una simple inspección o reconocimiento o,

incluso, una intervención corporal leve, siempre y cuando

se observen en su práctica los requisitos dimanantes

de los principios de proporcionalidad y razonabilidad".

Esta doctrina -establecida ciertamente en otro

ámbito diferente, pero conexo- resulta aplicable también a

los supuestos que nos ocupan. La regla general es que

el ámbito de lo íntimo sigue preservado en el momento

de la detención y que sólo pueden llevarse a cabo

injerencias en el mismo mediante la preceptiva autorización

judicial motivada conforme a criterios de

proporcionalidad. De no existir ésta, los efectos intervenidos que

puedan pertenecer al ámbito de lo íntimo han de ponerse

a disposición judicial, para que sea el juez quien los

examine. Esa regla general se excepciona en los

supuestos en que existan razones de necesidad de intervención

policial inmediata, para la prevención y averiguación del

delito, el descubrimiento de los delincuentes y la

obtención de pruebas incriminatorias. En esos casos estará

justificada la intervención policial sin autorización

judicial, siempre que la misma se realice también desde

el respeto al principio de proporcionalidad.

4. Finalmente, y por lo que respecta a la exigencia

de proporcionalidad, como señalamos en la STC

49/1999, de 5 de abril, FJ 7, "desde nuestras primeras

resoluciones (STC 62/1982) hasta las más recientes

(especialmente SSTC 55/1996 y 161/1997) hemos

consagrado el principio de proporcionalidad como un

principio general que puede inferirse a través de diversos

preceptos constitucionales... y que, en el ámbito de los

derechos fundamentales constituye una regla de

interpretación que, por su mismo contenido, se erige en límite

de toda injerencia estatal en los mismos, incorporando

incluso frente a la ley exigencias positivas y negativas".

Por tanto, para que una injerencia en el ámbito de

la intimidad del detenido sea legítima habrá de satisfacer

las exigencias del principio de proporcionalidad. Lo cual

significa, al igual que establecimos en la STC 207/1996,

de 16 de diciembre, FJ 3 e), en primer lugar, que sea

idónea para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo

perseguido por ella, esto es, la investigación del delito

(juicio de idoneidad); en segundo lugar, que sea

necesaria o imprescindible para ello, esto es, que no existan

otras medidas menos gravosas que, sin imponer

sacrificio alguno de derechos fundamentales o con un

sacrificio menor, sean igualmente aptas para dicho fin (juicio

de necesidad); y, por último, que se deriven de su

aplicación más beneficios o ventajas para el interés general

que perjuicios sobre otros bienes o intereses en conflicto

o, dicho de otro modo, que el sacrificio impuesto al

derecho fundamental no resulte desmedido en relación con

la gravedad de los hechos y las sospechas existentes

(juicio de proporcionalidad en sentido estricto).

5. La valoración de la urgencia y necesidad de la

intervención policial ha de realizarse ex ante, y es

susceptible de control judicial ex post, al igual que el respeto

del principio de proporcionalidad. La constatación ex

post de la falta del presupuesto habilitante o del respeto

al principio de proporcionalidad implicaría la vulneración

del derecho fundamental y tendría efectos procesales

en cuanto a la ilicitud de la prueba en su caso obtenida,

por haberlo sido con vulneración de derechos

fundamentales.

c) Aplicando las anteriores consideraciones a la

resolución del caso concreto, podemos afirmar que no

ha existido violación del derecho a la intimidad del

recurrente.

Ciertamente, lo intervenido por la Guardia Civil en

el momento de la detención pertenecía al ámbito de

la intimidad. Una agenda que el recurrente llevaba

consigo y un documento, que no tenía sobre, pero que se

encontraba en el interior de la agenda, son objetos

pertenecientes al ámbito propio y reservado frente a la

acción y el conocimiento de los demás, tanto desde un

punto de vista objetivo (atendiendo al contenido de lo

intervenido), como desde un punto de vista subjetivo

(la protección otorgada al objeto por su titular, en cuanto

a la preservación frente a terceros). En paralelo a lo que

sostuvimos en la STC 207/1996, de 16 de diciembre,

FJ 3, y con independencia de la relevancia que ello

pudiera tener a la fines de la investigación penal y, por tanto,

de su posible justificación, debemos afirmar que la

apertura de una agenda, su examen y la lectura de los papeles

que encontraban en su interior supone una intromisión

en la esfera privada de la persona a la que tales efectos

pertenecen, esto es, en el ámbito protegido por el

derecho a la intimidad, tal como nuestra jurisprudencia lo

define.

Sentado lo anterior, debemos analizar a continuación

la legitimidad de la actuación policial, conforme a los

requisitos que hemos establecido y que concurren en

el presente caso. En primer lugar, se trata de una

diligencia practicada en el curso de la investigación de un

delito y en concreto en el momento de la detención,

y orientada a la averiguación del mismo y a la recogida

de instrumentos, efectos y pruebas del mismo. Por tanto,

concurre un fin constitucionalmente legítimo. En

segundo lugar, existe habilitación legal para la actuación de

la policía, como ya hemos señalado. En tercer lugar, si

bien la actuación no se realiza previa autorización judicial,

podemos afirmar que estamos en uno de los supuestos

excepcionados de la regla general, pues existen y pueden

constatarse razones para entender que la actuación de

la Guardia Civil era necesaria. Los funcionarios policiales

se encontraban investigando un delito de tráfico de

drogas, con implicaciones internacionales y en el marco

de lo que parecía una red de criminalidad organizada,

lo que resulta relevante no tanto por la gravedad del

hecho -que la tiene- sino sobre todo por la modalidad

delictiva y la enorme dificultad de su persecución penal.

La investigación había dado como resultado la detención

de varios sujetos, en el curso de una entrega controlada

de drogas, pero podía suponerse que había otros

implicados o datos relevantes que pudieran extraerse de un

primer examen de los objetos intervenidos al recurrente,

lo que razonablemente hace necesaria la intervención

policial inmediata, pues una eventual espera por el

tiempo necesario para obtener la autorización judicial hubiera

hecho probablemente inútil la intervención. Por tanto,

la necesidad de intervención inmediata en el caso

concreto está acreditada. A lo que ha de añadirse, por último,

que la actuación policial respeta el principio de

proporcionalidad, pues se trata de una medida idónea para

la investigación del delito (de la agenda y de los

documentos se podían extraer -como así fue- pruebas

incri

minatorias y nuevos datos para la investigación),

imprescindible en el caso concreto (no existían otras menos

gravosas) y ejecutada de modo tal que el sacrificio del

derecho fundamental no resulta desmedido en relación

con la gravedad de los hechos y las sospechas existentes.

De todo lo cual cabe concluir que, siendo la actuación

policial constitucionalmente legítima, el sacrificio del

derecho a la intimidad del recurrente está justificado

por la presencia de intereses superiores

constitucionalmente relevantes, no pudiendo apreciarse vulneración

alguna del derecho fundamental.

11. Finalmente, en cuanto a la alegación relativa

al derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE),

la condena se fundamenta básicamente en las iniciales

declaraciones del coimputado realizadas con asistencia

letrada en sede policial y ante el Juez de instrucción,

de las que luego se retracta en una posterior declaración

ante el Juez instructor, en cartas dirigidas al Juez

instructor, en las que llega a autoinculparse, solicitando

la libertad para el ahora recurrente y en el acto del juicio

oral. Pese a las versiones contradictorias que ofrece el

coimputado, la Audiencia otorga credibilidad a la versión

inicial, por entender que no existe ningún elemento para

dudar de la veracidad de las mismas y sí de las

posteriores, deduciendo que el cambio de las mismas se

debe a las amenazas y presiones recibidas -como revela

el contenido de los papeles que se intervienen al

recurrente en el momento de su detención, las

manifestaciones del hijo del coimputado y la declaración del

recurrente en el juicio oral, manifestando que "las

versiones nuevas eran por temor a las amenazas" y que

"su familia sigue recibiendo amenazas"- y porque las

otras declaraciones son incoherentes y no ofrecen datos

concretos de ninguna otra persona, ni había nadie más

a quien proteger. El testimonio del coimputado es

corroborado periféricamente con la declaración testifical de

don Juan Ramón Martínez Navarro y por el contenido

del documento intervenido al recurrente en el momento

de la detención.

Nuestra jurisprudencia en cuanto a la valoración

como prueba de cargo de las declaraciones del

coimputado no se conforma con descartar que concurran

móviles espurios, que impidan su valoración, sino que

desde las SSTC 153/1997, de 29 de septiembre, FJ 6;

49/1998, de 2 de marzo, FJ 5, y 115/1998, de 1 de

junio, FJ 5, hemos afirmado que "a la vista

de los condicionantes que afectan al coimputado de

sometimiento a un proceso penal y de ausencia de un

deber de veracidad, el umbral mínimo que da paso al

campo de libre valoración judicial de la prueba practicada

está conformado en este tipo de supuestos por la adición

a las declaraciones del coimputado de algún dato que

corrobore mínimamente su contenido. Antes de ese

mínimo no puede hablarse de base probatoria suficiente o

de inferencia suficientemente sólida o consistente desde

la perspectiva constitucional que demarca la presunción

de inocencia" (SSTC 115/1998, de 1 de junio, FJ 5;

68/2001, de 17 de marzo, FJ 5). Desde luego, nunca

hemos exigido una corroboración plena -lo que

implicaría entrar en la valoración de la prueba que nos está

vedada (STC 182/2001, de 17 de septiembre, FJ 6)-,

sino que la declaración esté "mínimamente corroborada"

(SSTC 153/1997, de 29 de septiembre, FJ 6, y

49/1998, de 2 de marzo, FJ 5) o que se añada a las

declaraciones del coimputado "algún dato que corrobore

mínimamente su contenido" (STC 115/1998, de 1 de

junio, FJ 5). Tampoco hemos ofrecido una definición

de lo que deba entenderse por corroboración, "más allá

de la idea de que la veracidad de la declaración de un

coimputado ha de estar avalada por algún dato, hecho

o circunstancia externa, debiendo dejar al análisis caso

por caso la determinación de si dicha corroboración se

ha producido o no" (STC 182/2001, de 17 de

septiembre, FJ 6).

A la vista de esta doctrina, puede afirmarse que en

el presente caso ha existido suficiente actividad

probatoria de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia,

pues la condena se fundamenta en las declaraciones

sumariales del coimputado que, pese a su ulterior

retractación, cabría valorar puesto que se introdujeron en el

juicio oral (mediante las preguntas formuladas tanto por

el Fiscal como por la defensa del recurrente, a las que

el coimputado contestó), en condiciones que permitieron

al juez valorarlas con inmediación y garantizar la debida

contradicción (SSTC 51/1990, de 26 de marzo, FJ 2;

161/1990, de 19 de octubre, FJ 2; 51/1995, de 23

de febrero, FJ 2; 153/1997, de 29 de septiembre, FJ 5;

49/1998, de 2 de marzo, FJ 4; 14/2001, de 29 de

enero, FJ 7; 68/2001, de 17 de marzo, FJ 5; 2/2002,

de 14 de enero, FFJJ 6 y 7) y esa declaración ha sido

corroborada, conforme a las resoluciones judiciales

impugnadas, por los siguientes datos: la declaración

testifical del don Juan Ramón Martínez y el documento

intervenido al recurrente en el momento de la detención.

El primer elemento de corroboración al que hacen

referencia tanto la Sentencia de la Audiencia como la

del Tribunal Supremo, son las declaraciones del testigo,

Juan Ramón Martínez, que tanto en su declaración en

dependencias policiales, como ante el Juez instructor

y posteriormente en el acto del juicio oral, identifica,

sin ningún género de duda, al recurrente como la persona

que, bajo el nombre de "Carlos", acompañaba al otro

procesado en el momento en que ambos fueron a ver

el almacén, y que intuye que era el recurrente quien,

bajo el nombre de "Carlos", llamaba para interesarse

por los muebles que debían llegar al almacén.

A este dato -que hubiera sido suficiente para la

mínima corroboración exigida por nuestra doctrina- las

resoluciones judiciales añaden, como elemento adicional de

corroboración el contenido del documento intervenido

al recurrente en el momento de la detención. Las dos

Sentencias transcriben los siguientes párrafos de la

misma, atribuyéndoles un claro contenido incriminatorio: "Lo

más importante es que no te muevas para nada por

favor, van detrás tuyo como locos, cuidado con las

entrevistas, teléfono, etcétera. Todo, voy a desmontarles lo

que haga falta, después ya me buscarán la salida mejor

para mí (nueve-trece años) es mucho tiempo. Pero ahora

lo más importante es que no pillen a nadie y no se

coman un "rosco" mañana espero a Ramón. Estoy a

disposición. Sobre todo la llamada a mi hijo Ton".

A la vista de todo lo cual cabe afirmar que en el

presente caso existió suficiente actividad probatoria de

cargo y que, en consecuencia, no se ha producido lesión

alguna del derecho a la presunción de inocencia

proclamado en el art. 24.2 CE, por lo que también este

motivo de amparo debe ser desestimado.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal

Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN

DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Denegar el amparo solicitado.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del

Estado".

Dada en Madrid, a tres de abril de dos mil dos.

-Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.-Pablo García

Manzano.-Fernando Garrido Falla.-María Emilia Casas

Baamonde.-Javier Delgado Barrio.-Roberto García-Calvo y

Montiel.-Firmado y rubricado.

ANÁLISIS

  • Rango: Sentencia
  • Fecha de disposición: 03/04/2002
  • Fecha de publicación: 25/04/2002
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 246 de 14 de octubre de 2005 (Ref. BOE-T-2005-16986).

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