Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional,

compuesta por don Tomás S. Vives Antón, Presidente; don

Pablo Cachón Villar, don Vicente Conde Martín de Hijas,

don Guillermo Jiménez Sánchez, doña Elisa Pérez Vera

y don Eugeni Gay Montalvo, Magistrados, ha

pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 3147-2000, promovido

por don Francisco José Sánchez Bañuls, representado

por la Procuradora de los Tribunales doña Adela Cano

Lantero y asistido por el Letrado don Vicente Montolío

Marteles, contra Sentencia de la Sala Segunda del

Tribunal Supremo de 10 de abril de 2000, por la que se

declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto

contra la Sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia

Provincial de Valencia, de 24 de junio de 1998, recaída

en el rollo núm. 28/98, procedente del procedimiento

abreviado instruido bajo el núm. 48/97 por el Juzgado

de Instrucción núm. 3 de Gandía. Han intervenido el

Ministerio Fiscal y don Francisco Benito Martínez

Rodríguez, representado por la Procuradora de los Tribunales

doña Yolanda García Hernández y asistido por el Letrado

don Arturo M. García Hernández. Ha sido Ponente la

Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el

parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Juzgado de

guardia el 29 de mayo de 2000 (con entrada en este

Tribunal el día 1 de junio siguiente), el Letrado don Juan

Navarro Gómez puso de manifiesto la intención de su

cliente, don Francisco José Sánchez Bañuls, de

interponer recurso de amparo contra la Sentencia núm.

646/2000, dictada por la Sala Segunda del Tribunal

Supremo. Asimismo afirmó que, tras diversas

discrepancias profesionales, renunciaba a la dirección letrada que

ostentaba, por lo que, concluyendo con fecha 29 de

mayo de 2000 el plazo para interponer el citado recurso,

interesó la designación de Abogado del turno de oficio

para la formulación del correspondiente recurso de

amparo ante este Tribunal.

Por diligencia de ordenación de 9 de junio de 2000

se acordó conceder al recurrente un plazo de diez días

para que se ratificara en el escrito presentado en el

Juzgado de guardia, requiriéndole, igualmente, la

designación de un domicilio para notificaciones, la aportación

de copia de la resolución que se trata de impugnar y

la acreditación de la fecha de notificación de tal

resolución. Por otra parte, en cuanto a la solicitud de Abogado

del turno de oficio, se interesó la acreditación del

cumplimiento del art. 4.3 del Acuerdo del Pleno de este

Tribunal de 18 de junio de 1996, en relación con el

art. 27 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, sobre

asistencia jurídica gratuita.

2. En escrito presentado en el Juzgado de guardia

el 1 de julio de 2000 (con entrada en esta sede el día 5

siguiente), la Procuradora doña Adela Cano Lantero

manifestó que su representado había sido informado de

que no reunía los requisitos necesarios para poder

obtener el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los

procesos de amparo constitucional, por lo que había

contratado los servicios profesionales del Letrado don

Vicente Montolío Marteles, quien también suscribía el escrito.

Ante tal circunstancia, se solicitó la concesión del plazo

íntegro de veinte días para poder formalizar con todas

las garantías legales el recurso de amparo.

A través de diligencia de ordenación de 14 de julio

de 2000 se acordó conceder a la referida Procuradora

un plazo de veinte días para que presentara la demanda

de amparo suscrita por el Letrado designado por su

representado. La expresada diligencia fue notificada el día 24

del mismo mes y año.

3. El 16 de septiembre de 2000 tuvo entrada el

escrito de la Procuradora doña Adela Cano Lantero,

actuando en representación de don Francisco José

Sánchez Bañuls, por el que interpuso recurso de amparo

contra la Sentencia dictada por la Sala Segunda del

Tribunal Supremo el 10 de abril de 2000, desestimatoria

del recurso de casación interpuesto contra la Sentencia

de la Audiencia Provincial de Valencia de 24 de junio

de 1998, por la que se condenó al recurrente como

criminalmente responsable, en concepto de autor, de

un delito contra la salud pública, a la pena de 6 años

y 9 meses y multa de 180 millones de pesetas, así como

contra esta última.

4. Los hechos que fundamentan la demanda de

amparo son, en síntesis, los siguientes:

a) Por Agentes de la 311.a Comandancia de la

Guardia Civil se comprobó a las 0,30 horas del día 7 de

febrero de 1997 la desaparición de la embarcación

denominada "La Dolores", que había sido puesta en su

conocimiento por su propietario, tras constatar que no se

encontraba en su lugar de amarre desde la tarde anterior.

Al llegar al lugar, comprobaron que la embarcación

estaba amarrada, pero con las puertas del puente abiertas

y en tierra. En las proximidades se encontraban dos

jóvenes de aspecto magrebí, que se dieron a la fuga,

abandonando, entre otros efectos, un teléfono móvil marca

"Ericsson", de la compañía Movistar. Asimismo, en el

interior de la embarcación y bajo una lona situada en

el embarcadero frente a la misma, encontraron un total

de treinta y nueve bultos envueltos con cinta adhesiva

y, la mayoría de ellos, contenidos en sacos de arpillera

de plástico azul. En tales bultos se contenían pastillas

de hachís que arrojaron un peso total de,

aproximada

mente, 1.200 kilogramos (el examen detallado posterior

de la droga arrojó un peso total de 1.152.927 gramos,

con una pureza de T.C.H. del 6 por 100).

A partir de las declaraciones del propietario de la

embarcación, se procede a la inmediata detención de

don Blas Puig Madramany, identificado como la persona

que la había utilizado sin su previo consentimiento.

Asimismo, fueron detenidos Tarik Suici y Mohamed

Abderraman, reconocidos por los Agentes actuantes

como los dos individuos que habían huido en las

proximidades de "La Dolores" y, tras la realización de diversas

investigaciones, se detuvo también a Manuel Aguilar

Ballesteros.

b) Como consecuencia de tales hechos, se incoaron

diligencias previas por el Juzgado de Instrucción núm. 3

de Gandía, seguidas bajo el núm. 154/97, que

posteriormente dieron lugar al procedimiento abreviado núm.

48/97. En dichas diligencias, y a raíz de los sucesivos

actos de instrucción practicados, figuraron como

imputados: Blas Puig Madramany, Manuel Aguilar Ballesteros,

Tarik Suici, Mohamed Abderraman, Francisco Benito

Martínez Rodríguez, Francisco José Sánchez Bañuls,

Juan Sirvent López y Ángel López Fernández.

c) Mediante Auto de 2 de julio de 1997, el Juez

de Instrucción núm. 3 de Gandía acordó declarar abierto

el Juicio Oral y dirigir la acusación contra Francisco

Benito Martínez Rodríguez, Francisco José Sánchez Bañuls,

Blas Puig Madramany, Manuel Aguilar Ballesteros,

Mohamed Abderraman, Tarik Suici, Juan Sirvent López y Ángel

López Fernández.

d) El juicio oral se celebró ante la Sección Quinta

de la Audiencia Provincial de Valencia, los días 9 y 10

de junio de 1998. La Audiencia Provincial de Valencia

dictó Sentencia en el rollo 28/98 el 24 de junio de

1998, en la que se declararon los siguientes hechos

probados:

"Los acusados Francisco Benito Martínez Rodríguez,

mayor de edad y sin antecedentes penales, alias "Paco

el bebes", y José Sánchez Bañuls [sic], mayor de edad

y sin antecedentes penales, alias "Paco el del bingo",

convinieron en introducir, a través del puerto de Gandía,

grandes cantidades de hachís, paro lo cual acordaron

formar un grupo buscando gente para ello a fin de que

unos se encargasen de traerlo en barco y otros de

descargarlo; hablando, a principios de febrero de 1997, con

el acusado Blas Puig Madramany, mayor de edad y sin

antecedentes penales, a fin de que éste fuese con otra

persona en una barca a recoger de un barco la droga

y traerla al puerto, el cual, tras aceptar buscó al acusado

Manuel Aguilar Ballesteros, mayor de edad y sin

antecedentes penales. El día 6 de febrero de 1997 sobre

las 17,30 horas se reunieron en el Bar Mengual de

Gandía los acusados Blas Puig, Manuel Aguilar con el

acusado Francisco Benito Martínez el cual le prometió al

acusado Manuel Aguilar la suma de dos millones de

ptas. Dándoles un teléfono móvil para poder

comunicarse con el barco que traía el hachís. A continuación,

sobre las 18,00 horas, el acusado Blas Puig cogió la

barca "La Dolores", sin conocimiento ni consentimiento

de su titular Ramón Escrivá Caballero, al que conocía

por haber trabajado con él de marinero, conociendo por

ello el manejo de esa barca, saliendo a continuación

en esa barca los acusados Blas Puig y Manuel Aguilar

los cuales, tras dos horas de viaje y conectando por

teléfono con el barco -cuya identidad no se ha podido

establecer- se acercaron al mismo, de donde

comenzaron a cargar en la Dolores paquetes de hachís, tanto

en proa como en popa, así como en la cubierta, en cuya

operación intervinieron los acusados Blas Puig, Manuel

Aguilar, otras personas no identificadas y los acusados

Mohamed Abderraman y Tarik Suici, mayores de edad

y sin antecedentes penales que no se hallan a disposición

de este Tribunal, los cuales, una vez terminada de cargar

la barca La Dolores, se subieron a la misma.

De vuelta hacia el puerto el acusado Blas Puig le

propuso al acusado Manuel Aguilar arrojar uno de los

fardos de hachís al agua por si acaso no les pagaban

su trabajo poder resarcirse ellos vendiéndolo, y a pesar

de que el acusado Manuel Aguilar mostró su desacuerdo,

el acusado Blas Puig, arrojó un fardo al agua, que

posteriormente fue recuperado arrojando un peso de 35.751

gramos de hachís con una pureza de T.C.H. del 6 por 100.

Durante el trayecto de vuelta el acusado Francisco

Benito Martínez les llamó por teléfono diciéndoles que

cargasen todo lo que había en el barco, contestándole

el acusado Manuel Aguilar que ya no cabía nada más

en la barca dado su tamaño. Asimismo les llamó el

acusado Juan Sirvent López, mayor de edad y

ejecutoriamente condenado en Sentencia del Juzgado de lo Penal

núm. 4 de Valencia por un delito de abandono de familia

a la pena de un mes y un día de arresto mayor y multa

de 150.000 pts. y en Sentencia del Juzgado de lo Penal

núm. 7 de Valencia a tres años de prisión por un delito

de robo con violencia y a dos años y seis meses por

agresión sexual, el cual les dio el número de teléfono

929.105403 para que le llamasen cuando ya estuviesen

cerca para descargar el hachís.

Al llegar con la barca al lugar convenido les estaban

esperando el acusado Juan Sirvent, el acusado Ángel

López Fernández, mayor de edad y con antecedentes

penales no computables, así como otras dos personas

más que no han podido ser identificadas, disponiendo

de una furgoneta gris con un letrero de Albalat de la

Ribera, para cargar el hachís, comenzando todos a

descargarlo y dejarlo al lado del barco detrás de una lona,

en cuyo momento vieron a una patrulla de la Guardia

Civil por lo que todos los acusados optaron por huir

dejando el hachís el cual fue aprehendido por la citada

fuerza. El hachís intervenido arrojó un peso de 1.152.927

gramos con una pureza de T.H.C. del 6 por 100, que

habría alcanzado un precio, al por mayor, de 30 millones

de pesetas.

En un registro efectuado en el chalé núm. 5 del

camino Llosar, de la partida de Marchuquera, del que es titular

Francisco Sánchez, padre del acusado Francisco

Sánchez Bañuls y que está contiguo a un chalet que éste

posee, se encontraron una pistola del calibre 7,65 en

perfecto estado de funcionamiento, un cargador con 9

balas del calibre 7,65, un silenciador para adaptar a la

pistola, varias balas de diferentes calibres así como una

granada de fragmentación con carga explosiva

-trilitay dos dispositivos de iniciación en perfectas condiciones

para utilizarse.

El acusado Manuel Aguilar manifestó ante la

autoridad judicial su arrepentimiento colaborando de manera

activa en el esclarecimiento de los hechos y la

identificación de los autores."

e) La Sentencia de la Audiencia Provincial de

Valencia contiene el siguiente fallo:

"Absolvemos al acusado Francisco José Bañuls del

delito de depósito de armas de que venía acusado

declarando de oficio las costas y condenamos a los acusados

Francisco Benito Martínez Rodríguez y Francisco José

Sánchez Bañuls como criminalmente responsables en

concepto de autores de un delito contra la salud pública,

a la pena, a cada uno de 6 años y 9 meses y multa

de 180 millones de ptas. y al pago de las costas, y

asimismo condenamos a los acusados Juan Sirvent

López, Ángel López Fernández, Blas Puig Madramany

y Manuel Aguilar Ballesteros como criminalmente

responsables en concepto de autores de un delito contra

la salud pública con la concurrencia de la circunstancia

atenuante analógica de disminución de los efectos en

el acusado Manuel Aguilar a las penas siguientes: a Juan

Sirvent y Ángel López, a cada uno, la pena de 3 años

y 6 meses y multa de 100 millones de ptas., a Blas

Puig la pena de tres años y un día y multa de 60 millones

de ptas. con dos meses de arresto sustitutorio caso de

insolvencia, y a Manuel Aguilar la pena de nueve meses

de prisión y multa de 20 millones de ptas. con un mes

de arresto sustitutorio caso de impago, y de pago de

las costas".

f) Contra la anterior Sentencia interpusieron recurso

de casación los acusados Francisco José Sánchez

Bañuls, Juan Sirvent López, Ángel López Fernández y

Francisco Benito Martínez Rodríguez. En concreto, el

recurso del demandante de amparo se fundamentó,

entre otros motivos, en la vulneración del derecho a la

tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y

del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).

En Sentencia de 10 de abril de 2000, la Sala Segunda

del Tribunal Supremo declaró no haber lugar a los

recursos de casación interpuestos por los acusados.

5. La demanda de amparo afirma, en primer lugar,

que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva

al concederse eficacia probatoria a una prueba nula e

inducida. Manifiesta que el coacusado Manuel Aguilar

aludió en el juicio oral a que había prestado declaración

en las dependencias de la Guardia Civil, sin presencia

de Letrado, y que esa declaración no obra en la causa,

señalando el recurrente que, tanto en ella, como en las

posteriormente realizadas, implicaba a diferentes

personas pero nunca a él. Estima el demandante, asimismo,

que en la Sentencia de la Audiencia Provincial de

Valencia no se ha tomado en consideración el acta del juicio

oral con todas las garantías legales, existiendo una

contradicción entre la fundamentación de la Sentencia y

el contenido del acta que ha producido la vulneración

de la tutela judicial efectiva. Así, en los folios 9 a 11

del acta de la vista oral se implica al demandante de

amparo en una operación anterior de descarga en la

que el coacusado afirmaba haber participado pero no

en la que era objeto de enjuiciamiento. En relación con

la primera declaración, realizada por el coacusado

Aguilar sin Letrado (pese a ser la asistencia de éste un

derecho irrenunciable), indica que el hecho de su extravío

junto con la manifestación de aquél en el sentido de

que él y su esposa fueron presionados por el Sargento

de la Guardia Civil, debieron determinar que el Tribunal

procurara su reproducción íntegra a través del

interrogatorio a que se sometió al coacusado en la vista oral.

Además, estima que se ha producido la vulneración del

derecho a la tutela judicial efectiva por no haberse

motivado la Sentencia, al no explicitar el razonamiento en

virtud del cual, partiendo de esos indicios o pruebas,

ha llegado a la conclusión de que el recurrente había

participado en los hechos objeto de enjuiciamiento, a

pesar de que ni siquiera el coacusado hizo referencia

a su persona como interviniente en la operación ni en

la fase de instrucción ni en la vista oral.

Lo anterior determina también, a su juicio, la

vulneración del principio de presunción de inocencia, por falta

de prueba de cargo suficiente para fundamentar un fallo

condenatorio. Razona que la única prueba por la que

ha sido condenado es la declaración incriminatoria de

un coimputado, Manuel Aguilar, que no puede ser

tomada en modo alguno como prueba de cargo, pues no

ha sido corroborada por ningún otro medio de prueba,

de modo que no ha sido enervada la presunción de

inocencia. Incluso, sometida la declaración al necesario

debate contradictorio en el juicio, tampoco ha sido

acreditada la participación del recurrente en el caso

examinado, pues siempre hacía referencia a otras

operaciones, otras personas y sin implicar al demandante de

amparo. Hay que considerar, además -señala el

recurrente que la declaración de Manuel Aguilar fue efectuada

con el único móvil de conseguir un trato procesal más

favorable, concretado en la puesta en libertad y en las

promesas que le fueron efectuadas, que se pueden

apreciar en la Sentencia recurrida, por lo que tal declaración

debe ser considerada nula. Por tanto, la acusación debió

haber procurado corroborar el testimonio de referencia,

pues no es prueba suficiente para que un Tribunal pueda

condenar. Dado que la declaración incriminatoria del

inculpado carece de consistencia plena como prueba

de cargo, la demanda concluye solicitando que se

otorgue el amparo solicitado.

6. Por providencia de 26 de marzo de 2001 la

Sección Cuarta de este Tribunal, a tenor de lo dispuesto

en el art. 50.3 LOTC, acordó conceder un plazo común

de diez días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo

para que formularan las alegaciones que estimaran

pertinentes en relación con la carencia manifiesta de

contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC].

El 20 de abril de 2001 tuvo entrada en el Registro

de este Tribunal escrito del recurrente, en el que reiteró

el contenido de su demanda de amparo, por entender

que han sido violados los derechos fundamentales a la

presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.

Por su parte, el Ministerio Fiscal, en escrito registrado

el 30 de abril de 2001, analiza en primer lugar la

denuncia relativa a la vulneración del derecho a la tutela judicial

efectiva, entendiendo que no procede acogerla, dado

que el Tribunal no tuvo en cuenta las iniciales

declaraciones realizadas ante la Guardia Civil; lo único que

el Tribunal valoró en el plenario fueron las concretas

imputaciones efectuadas en la vista oral, con

independencia de que las mismas fueran o no coincidentes con

las realizadas en las dependencias de la Guardia Civil,

en cuanto éstas resultaban inexistentes para el órgano

judicial. Por lo que se refiere al segundo motivo planteado

en la demanda, razona el Ministerio Público que la

declaración incriminatoria del coimputado carece de

consistencia plena como prueba de cargo cuando es única

y no resulta mínimamente corroborada por otras pruebas

en contra del recurrente. Examinando las circunstancias

del caso, afirma que para fundamentar la condena sólo

existió la actividad probatoria consistente en la

declaración del coimputado y, al dotar de absoluta

verosimilitud tal declaración, no se tuvo en cuenta la posible

concurrencia de motivos espurios o interesados en el

actuar del coimputado, como pudo ser la obtención de

un beneficio personal para sí mismo al delatar a otras

personas. Examinando las declaraciones realizadas en

el juicio oral, se indica que en la declaración de Manuel

Aguilar, salvo la referencia a un conocimiento anterior

del demandante de amparo, que le había propuesto otra

operación de descarga de barcos, es lo cierto que, en

la concreta operación que se juzgaba en el

procedimiento penal en cuestión, el coimputado involucraba al actor

por una información de referencia que era rotundamente

desmentida en el juicio oral por el supuesto informante.

Como quiera que, a juicio del Fiscal, de tales indicios

no se puede derivar sin más la conclusión de

participación del acusado en el hecho punible, considera que

la demanda de amparo tiene, en principio, contenido

constitucional, por lo que interesa la admisión a trámite

del recurso planteado.

7. Por resolución de 28 de junio de 2001 la Sala

Segunda, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2

LOTC, acordó conocer del recurso de amparo y, a tenor

del art. 51 LOTC, librar atenta comunicación a la Sala

Segunda del Tribunal Supremo y a la Sección Quinta

de la Audiencia Provincial de Valencia para que, en el

término de diez días, remitieran certificación o fotocopia

adverada de las actuaciones correspondientes al recurso

de casación núm. 4087/98 y de las actuaciones

correspondientes al rollo 29/98 que incluyera las actuaciones

completas de la causa 48/97, instruida por el Juzgado

de Instrucción núm. 3 de Gandía, respectivamente.

Asimismo, se interesó el emplazamiento de quienes

hubieran sido parte en el procedimiento, para que, en el

término de diez días, pudieran comparecer en el presente

proceso constitucional.

8. Mediante escrito presentado el 19 de octubre

de 2001, la Procuradora doña Yolanda García

Hernández, en representación de don Francisco Benito Martínez

Rodríguez se persona ante este Tribunal, mostrándose

parte en el procedimiento y adhiriéndose en calidad de

recurrente al recurso de amparo promovido por don

Francisco Sánchez Bañuls.

Por providencia de 25 de octubre de 2001 se acordó

unir a las actuaciones el anterior escrito, declarando no

haber lugar a tener por personada a la Procuradora doña

Yolanda García Hernández como recurrente, sin perjuicio

de tenerla por comparecida y parte en la representación

que ostenta, con la condición de que acredite su

representación mediante presentación de escritura de poder

original, conforme establece el art. 81.2 LOTC, con

apercibimiento de que, en caso contrario, se archivarían las

actuaciones.

El anterior requerimiento fue atendido el 7 de

diciembre de 2001, mediante la presentación del poder

solicitado.

9. Por diligencia de ordenación de 13 de diciembre

de 2001 se acordó dar vista de las actuaciones recibidas

a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo

común de veinte días, para que dentro del expresado

término pudieran formular las alegaciones que estimaran

pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el

art. 52.1 LOTC.

10. Con fecha 20 de diciembre de 2001, tuvo

entrada en este Tribunal el escrito de la representación de

don Francisco Benito Martínez Rodríguez, en el que

manifiesta su apoyo a los dos motivos de amparo articulados

por la representación procesal de don Francisco José

Sánchez Bañuls.

11. La Procuradora doña Adela Cano Lantero

presentó el escrito de alegaciones del recurrente el 11 de

enero de 2002, reiterando en su integridad los

argumentos contenidos en la demanda de amparo. Con cita

de jurisprudencia de este Tribunal, hace hincapié en que

se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia,

no sólo porque no hay ni una sola declaración

incriminatoria directa sobre los hechos enjuiciados, sino

porque, además, las declaraciones del coimputado Aguilar

no han sido mínimamente corroboradas por prueba o

indicio alguno.

12. Por su parte, el Ministerio Fiscal, en escrito de

alegaciones registrado el 16 de enero de 2002, interesa

que se dicte Sentencia otorgando el amparo y

reconociendo al actor su derecho fundamental a la presunción

de inocencia del art. 24.2 CE, con la consiguiente nulidad

de las Sentencias impugnadas. Al igual que dijo en el

trámite del art. 50.3 LOTC, sostiene que no se ha

vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, en la

medida en que el Tribunal valoró en exclusiva las concretas

imputaciones efectuadas en la vista oral. Por el contrario,

considera que sí existe una vulneración del derecho a

la presunción de inocencia. Partiendo de que el

enjuiciamiento constitucional debe limitarse a examinar la

razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria

y el relato fáctico resultante, sienta la tesis, con apoyo

en la doctrina constitucional, de que la declaración

incriminatoria del coimputado carece de consistencia como

prueba de cargo cuando es única y no resulta

mínimamente corroborada por otras pruebas. Tras examinar con

detenimiento los documentos que componen las

actuaciones remitidas, afirma que de ellas sólo cabe deducir,

a su juicio, una mera relación de amistad con otros

intervinientes en el delito que no puede alcanzar la

consideración de indicio corroborador del testimonio

inculpatorio. Para fundar la condena no sólo no existió una

actividad probatoria distinta de la declaración del

coimputado, sino que, además, se le dotó de absoluta

verosimilitud, sin tener en cuenta la posible concurrencia

de motivos espurios, ni el hecho de que, en el juicio

oral, la manifestación de Manuel Aguilar fue desmentida

por quienes se supone que le habían comunicado la

participación en los hechos del demandante de amparo.

Así pues, salvo un conocimiento previo de éste, que le

habría propuesto otra operación anterior de descarga

de barcos, en la concreta operación juzgada el

coimputado involucraba al hoy actor por una simple

información de referencia que fue desmentida por el supuesto

informante. De tales indicios -concluye el Fiscal no se

puede deducir sin más la participación del acusado en

el hecho punible, pues al fundamentar exclusivamente

en las declaraciones del coimputado la grave

consecuencia que de la Sentencia deriva, resulta cuestionable la

razonabilidad del discurso contenido en ésta.

13. El recurrente solicitó en su demanda de amparo

la suspensión provisional de la ejecución de la condena

de privación de libertad.

Incoada la correspondiente pieza separada, y una vez

instruido el incidente en la forma determinada por el

art. 56.2 LOTC, la Sala Segunda, mediante Auto de 1

de octubre de 2001, acordó denegar la suspensión

interesada, si bien, ante la evidencia de la irreparabilidad

de los perjuicios que pueden llegar a causarse al

recurrente y la gravedad de los mismos, determinó

resolver en el más breve plazo posible el presente recurso

de amparo, incluso anteponiéndolo en el orden de

señalamientos, una vez concluida su tramitación.

14. Por providencia de 18 de marzo de 2002 se

señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia

el día 21 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. La queja del presente recurso de amparo la dirige

el demandante frente a la Sentencia de la Audiencia

Provincial de Valencia de 24 de junio de 1998, por la

que se le condenó, como autor de un delito contra la

salud pública, a la pena de 6 años y 9 meses y multa

de 180 millones de pesetas, así como contra la Sentencia

de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 10 de abril

de 2000 que declaró no haber lugar al recurso de

casación interpuesto por el recurrente.

En la demanda de amparo se denuncia la vulneración

de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva

y a la proscripción de la indefensión (art. 24.1 CE), por

haberse concedido eficacia probatoria a una prueba nula

e inducida, así como a la presunción de inocencia, este

último consagrado en el art. 24.2 CE, al estimar que

se le ha condenado en virtud de una prueba que no

puede ser considerada de cargo. Los distintos efectos

que puede producir la eventual estimación de cada una

de las quejas articuladas aconsejan seguir el mismo

orden expositivo de la demanda, ya que, de apreciarse

la existencia de lesión del derecho a la tutela judicial

efectiva con indefensión, la anulación de las resoluciones

impugnadas iría acompañada de la retroacción de

actuaciones dentro del proceso en el que se produjo la

vulneración, lo que haría innecesario un pronunciamiento

de este Tribunal sobre la presunta violación del derecho

a la presunción de inocencia.

2. Para fundamentar la violación del art. 24.1 CE,

manifiesta el recurrente, en primer lugar, que el

coa

cusado en virtud de cuya declaración se le condena

aludió en el juicio oral a una declaración prestada en las

dependencias de la Guardia Civil, sin presencia de

Letrado, manifestando que esa declaración no obra en la

causa y que tanto en ella, como en las posteriores, implicaba

a diferentes personas y nunca al hoy actor. En segundo

término, estima que en la Sentencia de la Audiencia

Provincial de Valencia no se ha tomado en consideración

el acta del juicio oral con todas las garantías legales,

existiendo una contradicción entre el contenido de ésta

y la fundamentación jurídica, pues, según consta en

aquélla, se implicaba al demandante de amparo en una

operación anterior de descarga en la que el coacusado

afirmaba haber participado, pero no en la enjuiciada.

Asimismo, afirma que se ha producido la vulneración

del derecho a la tutela judicial efectiva por no haberse

motivado la Sentencia, al no explicitar el razonamiento

en virtud del cual, partiendo de esos indicios o pruebas,

ha llegado el Tribunal a la conclusión de que el recurrente

había participado en los hechos objeto de

enjuiciamiento, a pesar de que ni siquiera el coacusado hizo referencia

a su persona ni en la fase de instrucción ni en la vista

oral.

El Ministerio Fiscal se muestra en desacuerdo con

esta primera pretensión del recurrente, negando que se

haya producido una vulneración del derecho a la tutela

judicial efectiva, en la medida en que el Tribunal valoró

en exclusiva las concretas imputaciones efectuadas en

la vista oral, sin tener en cuenta otros datos que no

figuraran en las actuaciones, por lo que la falta de reflejo

en éstas de aquella primera declaración carecería de

toda trascendencia a efectos del derecho a la tutela

judicial efectiva del demandante.

3. De acuerdo con lo expuesto, el recurrente parece

ubicar, aunque de forma un tanto confusa, la presunta

conculcación del derecho a la tutela judicial efectiva en

tres aspectos concretos: la falta de constancia en las

actuaciones de una declaración que el coimputado

Manuel Aguilar prestó inicialmente ante la Guardia Civil;

la existencia de contradicción en la fundamentación

jurídica de la Sentencia de la Audiencia Provincial de

Valencia respecto del contenido del acta de la vista oral y

la carencia de motivación de la Sentencia.

La respuesta a la primera de las quejas formuladas

requiere recordar que, de acuerdo con una reiterada

jurisprudencia constitucional, el derecho a la tutela judicial

efectiva sin indefensión, consagrado en el art. 24.1 CE

comporta la exigencia de que en todo proceso judicial

deba respetarse el derecho de defensa, alcanzando su

máxima intensidad en el ámbito penal, por la

trascendencia de los intereses en presencia y los principios

constitucionales que entran en juego en dicho ámbito, pues

no en vano al proceso penal se acude postulando la

actuación del poder del Estado en su forma más extrema;

una actuación que puede implicar una profunda

injerencia en la libertad del imputado y en el núcleo más

sagrado de sus derechos fundamentales. Así, este

Tribunal ha declarado que el derecho fundamental a

obtener la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24.1

CE, comporta la exigencia de que en ningún momento

pueda producirse indefensión, lo que requiere del órgano

jurisdiccional un indudable esfuerzo a fin de preservar

los derechos de defensa en un proceso con todas las

garantías, ofreciendo a las partes contendientes el

derecho de defensa contradictoria, mediante la oportunidad

de alegar y probar procesalmente sus derechos o

intereses (SSTC 25/1997, de 11 de febrero, FJ 2;

102/1998, de 18 de mayo, FJ 2; 18/1999, de 22 de

febrero, FJ 3).

Por otra parte, como hemos dicho en la reciente

Sentencia 2/2002, de 14 de enero, FJ 2, por indefensión

constitucionalmente relevante sólo puede entenderse la

situación en la que, normalmente con infracción de una

norma procesal, el órgano judicial en el curso del proceso

impide a una parte el ejercicio del derecho de defensa,

privando o limitando, bien su facultad de alegar y

justificar sus derechos e intereses para que le sean

reconocidos, bien de replicar dialécticamente las posiciones

contrarias en el ejercicio del indispensable principio de

contradicción, produciendo un efectivo y real menoscabo

del derecho de defensa. Por tal razón, "sólo cabe otorgar

relevancia constitucional a aquélla que resulta efectiva,

de tal forma que no toda infracción o irregularidad

procesal cometida por los órganos judiciales provoca, en

todos los casos, la eliminación o disminución material

de los derechos que corresponden a las partes en el

proceso (SSTC 35/1989, de 14 de febrero; 52/1989,

de 22 de febrero y 91/2000, de 30 de marzo)".

Pues bien, partiendo de la anterior descripción del

derecho fundamental invocado, resulta evidente que no

se ha producido la lesión denunciada por el recurrente.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia no

ha fundado el pronunciamiento condenatorio del

recurrente en una inicial declaración del coimputado,

Sr. Aguilar Ballesteros, realizada ante la Guardia Civil

sin la asistencia de Letrado, y que no consta en las

actuaciones; por el contrario, únicamente ha tomado en

consideración las pruebas practicadas en el juicio oral

rodeadas de todas las garantías, permitiendo a la defensa

del hoy demandante someterlas a contradicción, sin que

sus posibilidades de alegar y probar se hayan visto

mermadas. El Letrado del recurrente pudo alegar en todo

momento cuanto consideró conveniente para su

defensa, sin ningún impedimento por parte del Tribunal,

contando con la posibilidad de interrogar no sólo al

coimputado que involucró al Sr. Sánchez Bañuls en los hechos

delictivos, sino a los demás imputados y testigos. Es

más, como con acierto señala el Tribunal Supremo en

la Sentencia desestimatoria del recurso de casación

-postura a la que se adhiere en su escrito de alegaciones

el Ministerio Fiscal-, el coacusado Sr. Aguilar aludió a

aquellas primeras declaraciones en el juicio oral,

reproduciendo y ratificando la versión de los hechos que en

su día había ofrecido voluntariamente a la Guardia Civil

(no hay en las actuaciones ningún indicio de las

"presiones" a las que se refiere en su demanda el recurrente),

permitiendo a las partes interrogarlo libremente sobre

lo manifestado en el plenario. Por consiguiente, la

vulneración del art. 24.1 CE desde la primera de las tres

perspectivas expuestas debe ser desestimada.

4. Los otros dos aspectos en los que, según el

demandante de amparo, se habría traducido la infracción

del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva

(contradicción en la fundamentación de la Sentencia de la

Audiencia Provincial de Valencia y carencia de

motivación), pueden ser abordados conjuntamente, por

enmarcarse dentro de la exigencia general de motivación de

las resoluciones judiciales que dimana del art. 24.1 CE.

Este Tribunal ha insistido en que dicho precepto

constitucional requiere que las resoluciones judiciales sean

motivadas, lo que responde a la finalidad, por una parte,

de exteriorizar el fundamento de la decisión, haciendo

explícito que ésta corresponde a una determinada

interpretación y aplicación de la ley y, por otra, de permitir

su eventual control jurisdiccional mediante el ejercicio

efectivo de los recursos previstos en el Ordenamiento

jurídico. No obstante, ello no significa, como también

hemos dicho, que las resoluciones judiciales deban

contener un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de

todos los aspectos y perspectivas que tengan las partes

de la cuestión que se decide, sino que es suficiente,

desde el prisma del precepto constitucional citado, que

las resoluciones judiciales vengan apoyadas en razones

que permitan conocer cuáles han sido los criterios

jurí

dicos esenciales fundamentadores de la decisión o, lo

que es lo mismo, su ratio decidendi (por todas, SSTC

150/1988, de 15 de julio, FJ 3; 196/1988, de 24 de

octubre, FJ 2; y 215/1998, de 11 de noviembre, FJ 3).

Más específicamente, en relación con las Sentencias

penales, dijimos en la STC 174/1992, de 2 de

noviembre, FJ 2, que "el requisito de la motivación impone

al juzgador la realización de un doble juicio: de una parte,

la existencia de una motivación fáctica o antecedentes

de hecho, inferida a partir de la prueba practicada, en

la que deberán consignarse, de conformidad con lo

dispuesto en los arts. 248.3 LOPJ y 142.2 LECrim, los

hechos enlazados con las cuestiones que hayan de

resolverse en fallo, haciendo declaración expresa y terminante

de los que se estimen probados. De otra parte, una

valoración jurídica suficientemente razonada acerca de los

hechos declarados probados. ... Ahora bien, la exigencia

de que las Sentencias penales contengan una expresa

declaración de hechos probados no impide que el Juez

o Tribunal pueda realizar en los fundamentos de Derecho

las deducciones e inferencias necesarias respecto de

los hechos para subsumirlos en unas concretas normas

jurídico-penales, pues ello es propio de la función de

juzgar y únicamente podría llevarse a cabo el control

de su constitucionalidad cuando las deducciones o

inferencias sean injustificadas por su irracionalidad o cuando

introdujeran nuevos hechos relevantes para la

calificación jurídica y éstos no hayan sido consignados entre

los declarados probados".

Aplicando la anterior doctrina al supuesto enjuiciado,

no se aprecian en modo alguno las vulneraciones del

derecho a la tutela judicial efectiva aducidas por el

demandante de amparo. En efecto, por una parte, la

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia cumple

con la doble exigencia de motivación a que se ha hecho

referencia, pues incluye, en primer lugar, un relato de

hechos probados, que han quedado consignados en los

precedentes antecedentes de hecho, y, a partir de ellos,

se desarrolla de manera precisa el razonamiento en el

que el Tribunal fundamenta la decisión condenatoria del

fallo, tras la subsunción de las conductas consideradas

en normas penales concretas.

Por otra parte, como se ha visto, para que quepa

tachar de contradictoria la fundamentación de una

sentencia desde el punto de vista constitucional es preciso

que la inferencia de extremos fácticos realizada en

aquélla se muestre en contradicción con el relato de los

hechos que la propia sentencia declare probados. Este

vicio no puede ser imputado a la Sentencia de la

Audiencia Provincial de Valencia, pues, del examen del

razonamiento contenido en la fundamentación jurídica no

se deduce la existencia de contradicción alguna respecto

de los hechos declarados probados en la misma

Sentencia, pues la inferencia realizada en aquélla tiene cabal

sustento en el previo relato fáctico.

Cosa distinta es que la referida fundamentación

jurídica no se ajuste, a juicio del recurrente, al contenido

del acta del juicio oral, lo que nos sitúa, más que en

el ámbito de la congruencia entre los hechos probados

y los fundamentos de la Sentencia, ante la pretensión

clara de que se revise la valoración de la prueba realizada

por el juzgador, función que, como reiteradamente

tenemos dicho (por todas, SSTC 51/1995, de 23 de febrero,

FJ 3; 153/1997, de 29 de septiembre, FJ 2; y 49/1998,

de 2 de marzo, FJ 2), no nos corresponde, pues la

jurisdicción de este Tribunal respecto a la actuación de los

Tribunales ordinarios se reduce a determinar si se han

vulnerado o no las garantías constitucionales. Podrá, a

lo sumo, y cuando se invoca como vulnerado el derecho

a la presunción de inocencia, verificar si ha existido una

actividad probatoria que, practicada con todas las

garantías legales y constitucionales, pueda considerarse de

cargo, aspecto cuyo examen se abordará a continuación,

siguiendo el orden expositivo de la demanda de amparo.

En conclusión, quedan descartadas las otras dos

quejas en relación con el art. 24.1 CE, referidas a la

contradicción en la fundamentación de la Sentencia y a su

falta de motivación.

5. Resta por examinar el que podríamos considerar

eje central del presente recurso de amparo, al que se

puede reconducir, en realidad, el conjunto de las

alegaciones del demandante dirigidas a justificar la

violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Como se expuso más atrás, el actor afirma que se ha

producido la lesión de su derecho a la presunción de

inocencia (art. 24.2 CE).

El recurrente aduce que las mismas circunstancias

que producirían la violación del derecho a la tutela

judicial efectiva determinan también la vulneración del

principio de presunción de inocencia a que se refiere el art.

24.2 CE, por falta de prueba de cargo suficiente para

fundamentar un fallo condenatorio. Razona que la única

prueba por la que ha sido condenado es la declaración

incriminatoria de un coimputado, que no puede ser

tomada en modo alguno como prueba de cargo, pues no

ha sido corroborada por ningún otro medio de prueba.

Incluso mantiene que, sometida dicha declaración al

necesario debate contradictorio en el juicio oral, no ha

quedado acreditada la participación del actor en el

concreto desembarco de droga objeto de enjuiciamiento

por las resoluciones judiciales impugnadas. A tal efecto,

sostiene que el coimputado, en sus declaraciones,

siempre hacía referencia a otras operaciones y a otras

personas, sin implicar al demandante de amparo. Además,

añade la consideración de que la declaración de Manuel

Aguilar fue efectuada con el único móvil de conseguir

un trato procesal más favorable, por lo que debe ser

considerada nula.

Por su parte, el Fiscal aprecia la existencia de

vulneración del derecho a la presunción de inocencia, pues,

partiendo de que el enjuiciamiento constitucional debe

limitarse a examinar la razonabilidad del discurso que

une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante,

llega a la conclusión -tras examinar los documentos

que componen las actuaciones remitidas- de que no

existen indicios corroboradores del testimonio

inculpatorio. Sostiene el Ministerio Fiscal que, para fundar la

condena del recurrente, no sólo no existió una actividad

probatoria distinta de la declaración del coimputado, sino

que, además, se le dotó de absoluta verosimilitud, sin

tener en cuenta la posible concurrencia de motivos

espurios en aquél, ni el hecho de que, en el juicio oral, fuera

desmentida dicha manifestación por quienes se supone

que habían comunicado al coimputado la participación

en los hechos del demandante de amparo. De los indicios

existentes -concluye el Fiscal- no se puede deducir

sin más la participación del acusado en el hecho punible,

de tal modo que, al asentar en las declaraciones del

coimputado la grave consecuencia que de la Sentencia

deriva, resulta obligado cuestionar la razonabilidad del

discurso contenido en ésta.

En definitiva, la cuestión que aquí se plantea es el

valor que cabe otorgar a la declaración de un coimputado

como prueba de cargo y la consiguiente posible

insuficiencia de la prueba empleada para fundamentar la

condena del recurrente.

6. Es doctrina reiterada de este Tribunal que la

presunción de inocencia, además de constituir un principio

o criterio informador del ordenamiento procesal penal,

es ante todo un derecho fundamental en cuya virtud

una persona acusada de una infracción no puede ser

considerada culpable hasta que así se declare en

Sentencia condenatoria, siendo sólo admisible y lícita esta

condena cuando haya mediado una actividad probatoria

que, practicada con la observancia de las garantías

procesales y libremente valorada por los Tribunales penales,

pueda entenderse de cargo (STC 51/1995, de 23 de

febrero, FJ 2). Y como regla general, la única prueba

que puede desvirtuar la presunción de inocencia es la

efectuada en el juicio oral bajo los principios de

contradicción, publicidad e inmediación, regla que rige

también en materia de prueba testifical, donde la

contradicción viene expresamente requerida por el art. 6.3 d)

del Convenio de Roma para la Protección de los Derechos

Humanos y de las Libertades Fundamentales y por el

art. 14.3 e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos (SSTC 200/1996, de 3 de diciembre, FJ 2;

y 153/1997, de 29 de septiembre, FJ 3).

Para determinar si se ha vulnerado o no el derecho

a la presunción de inocencia del demandante de amparo,

hemos de verificar si ha existido o no una actividad

probatoria que pueda ser considerada de cargo y contenga

elementos incriminatorios respecto de su participación

en los hechos, dado que, por más que el órgano

jurisdiccional de instancia sea soberano en la libre

apreciación de la prueba, la función de este Tribunal cuando

se alega la presunción de inocencia consiste en verificar

si ha existido actividad probatoria suficiente (SSTC

217/1989, de 21 de diciembre, FJ 3; y 51/1995, de 23

de febrero, FJ 3).

7. La Sentencia de la Audiencia Provincial de

Valencia razona en su fundamentación jurídica, en orden a

considerar acreditada la participación del recurrente en

la operación de introducción de grandes cantidades de

hachís por el puerto de Gandía, que los acusados Manuel

Aguilar Ballesteros y Blas Puig Madramany confesaron

su participación en los hechos -el primero de ellos desde

su primera declaración y en el acto de juicio y el segundo

sólo en la vista-, narrando lo ocurrido con todo detalle.

En concreto, en lo que se refiere al recurrente en

amparo, señala el Tribunal que "el acusado Manuel

Aguilar desde un principio ha venido manteniendo de forma

coherente y coincidente la misma versión, narrando de

forma detallada la participación que en los hechos tuvo

cada uno de los acusados, y ello fue plenamente

corroborado en lo esencial, en cuanto a hechos e intervención

de personas, por el acusado Blas Puig, los cuales

describieron cómo el segundo fue contactado por los

acusados Francisco Benito Martínez y Francisco Sánchez

para que buscase a una persona con una barca para

ir los dos a recoger hachís de un barco".

Por su parte, el Tribunal Supremo, en la Sentencia

de 10 de abril de 2000, desestimatoria de los recursos

de casación interpuestos, entre otros, por el demandante

de amparo, señala que la prueba de cargo sobre la que

el Tribunal sentenciador ha formado su convicción

acerca de los hechos y de la participación en ellos de los

acusados, es la declaración incriminatoria del

coimputado Manuel Aguilar y, también, aunque con un efecto

limitado, la del coimputado Blas Puig. Asimismo, y con

invocación de su propia doctrina sobre la posibilidad

de valorar las declaraciones incriminatorias del

coacusado como prueba de cargo, el Tribunal Supremo

manifiesta: "En el supuesto presente, el Tribunal de instancia

deja constancia en la fundamentación jurídica de su

sentencia que ha analizado las declaraciones del coimputado

a la luz de aquella doctrina que demanda prudencia y

precaución, y ha otorgado fiabilidad y credibilidad a las

mismas frente a las exculpaciones de los coacusados",

añadiendo que "la credibilidad del testigo o coimputado

de cargo forman parte esencial e indisoluble de la

valoración de esta clase de pruebas personales".

Parece evidente pues, y así se colige de las Sentencias

impugnadas, que la condena del demandante de amparo

se ha fundamentado en las declaraciones incriminatorias

realizadas por el coimputado Manuel Aguilar Ballesteros.

Igualmente, resulta de dichas resoluciones que el juicio

sobre la suficiencia de esas declaraciones para servir

de base a la condena se ha apoyado en la valoración

positiva que sobre su credibilidad realizó la Sentencia

de la Audiencia Provincial de Valencia, ratificada

posteriormente por el Tribunal Supremo.

8. En relación con este extremo procede recordar,

ante todo, que este Tribunal ha reconocido la virtualidad

probatoria de las declaraciones de los coimputados,

afirmando en la STC 137/1988, de 7 de julio, FJ 4, que

la toma en consideración de "las declaraciones de los

coencausados por su participación en los mismos hechos

no está prohibida por la Ley procesal, y no cabe dudar

tampoco del carácter testimonial de sus

manifestaciones, basadas en un conocimiento extraprocesal de tales

hechos. En concreto, este Tribunal ha declarado en

reiteradas ocasiones que la valoración de dichas

declaraciones efectuadas en sentido acusatorio no vulnera el

derecho a la presunción de inocencia (AATC 479/1986,

de 4 de junio; 293/1987, de 11 de marzo; 343/1987,

de 18 de marzo, entre otros)". Ahora bien, la duda

objetiva de credibilidad que puede derivar de la

coparticipación en los hechos por el declarante no supone per

se una tacha, sino que es simplemente un dato a tener

en cuenta por el Tribunal penal al ponderar la credibilidad

que le merezca, en función de los factores concurrentes,

singularmente la propia personalidad de quien declara

y sus relaciones con la persona a quien acusa, así como

la presencia de posibles móviles de autoexculpación (en

este mismo sentido, las SSTC 98/1990, de 24 de mayo,

FJ 2, y 51/1995, de 23 de febrero, FJ 4). En todo caso,

tal función corresponde en exclusiva a los órganos de

dicha jurisdicción en los términos que derivan del propio

art. 117.3 CE.

Más recientemente, sin embargo, hemos precisado

la postura expuesta, afirmando que, tanto por la posición

que ocupa el coimputado en el proceso, cuanto porque

no se le exige legalmente decir verdad, su declaración

constituye una prueba intrínsecamente sospechosa, no

sólo por su escasa fiabilidad, derivada de la posibilidad

de que en su manifestación concurran móviles espurios

(entre los que presenta especial relevancia la posibilidad

de autoexculpación o de reducción de la pena que se

le imponga), sino porque se trata de un testimonio que

sólo de forma muy limitada puede someterse a

contradicción (SSTC 68/2001, de 17 de marzo, FJ 5; y

2/2002, de 14 de enero, FJ 6).

Por tal razón, cuando la única prueba de cargo

consiste en la declaración de un coimputado, se hace

necesario recordar la doctrina de este Tribunal conforme a

la cual el acusado, a diferencia del testigo, no sólo no

tiene obligación de decir la verdad sino que puede callar

total o parcialmente (STC 129/1996, de 9 de julio; en

sentido similar STC 197/1995, de 21 de diciembre),

en virtud de los derechos a no declarar contra sí mismo

y a no confesarse culpable, reconocidos en el art. 24.2

CE, y que son garantías instrumentales del más amplio

derecho a la defensa (SSTC 29/1995, de 6 de febrero,

197/1995, de 21 de diciembre; en este sentido, además,

STEDH de 25 de febrero de 1993, caso Funke c. Francia,

44). Con fundamento en lo anterior, hemos entendido

que la declaración incriminatoria del coimputado carece

de consistencia plena como prueba de cargo cuando,

siendo única, no resulta mínimamente corroborada por

otras pruebas (SSTC 153/1997, de 29 de septiembre,

FJ 6; y 49/1998, de 2 de marzo, FJ 5). En consecuencia,

y a la vista de los condicionamientos que afectan al

coimputado, en la STC 115/1998, de 1 de junio, FJ 5,

dijimos que "el umbral mínimo que da paso al campo

de libre valoración judicial de la prueba practicada está

conformado en este tipo de supuestos por la adición

a las declaraciones del coimputado de algún dato que

corrobore mínimamente su contenido. Antes de ese

mínimo no puede hablarse de base probatoria suficiente o

de inferencia suficientemente sólida o consistente desde

la perspectiva constitucional que demarca la presunción

de inocencia".

Con respecto a lo que constituya esa mínima

corroboración, hemos advertido también (STC 182/2001,

de 17 de septiembre, FJ 7) que en sede constitucional

no nos es posible exigir una corroboración plena, pues

determinar si unas pruebas o datos corroboran

plenamente una declaración implica necesariamente una

valoración de tales datos o pruebas que nos está vedada,

ni tampoco hemos ofrecido una definición de lo que

haya de entenderse por corroboración, más allá de la

idea de que la veracidad de la declaración de un

coimputado ha de estar avalada por algún dato, hecho o

circunstancia externa, debiendo dejar la determinación

de si dicha mínima corroboración se ha producido o

no al análisis caso por caso.

9. La aplicación de la doctrina expuesta al presente

supuesto permite llegar a la conclusión de que ha sido

vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del

demandante de amparo. Como resulta de la

fundamentación jurídica de la Sentencia de la Audiencia Provincial

de Valencia, la declaración de Manuel Aguilar Ballesteros

incriminándole ha sido la única prueba tomada en

consideración para condenarle, apoyándose en el criterio

--compartido por la Sentencia del Tribunal

Supremode la credibilidad que tal declaración merecía al Tribunal

de instancia. Sin embargo, y de acuerdo con la

jurisprudencia constitucional antes referida, dicho juicio no

basta para estimar como prueba de cargo suficiente la

declaración del coimputado; en efecto, dicha

jurisprudencia exige que ésta se encuentre mínimamente

corroborada, sin que pueda estimarse suficiente cuando se

erige en el único elemento probatorio en el que se

fundamenta la condena del recurrente, en la medida en

que no exista otra prueba, dato o circunstancia externos

a ella que hayan corroborado su veracidad.

El anterior razonamiento, como se señaló en casos

análogos en las SSTC 153/1997, FJ 7, y 49/1998, FJ 6,

no implica valoración de la prueba por este Tribunal sino

indagación de si ha existido una mínima actividad

probatoria de cargo que permita desvirtuar la presunción

de inocencia. Como declaramos en la STC 44/1989,

de 20 de febrero, FJ 2, corresponde a este Tribunal,

para la protección del derecho a la presunción de

inocencia, "comprobar si se ha realizado, y con las debidas

garantías, una actividad probatoria "inculpatoria", es

decir, si ha habido pruebas de las que se pueda

razonablemente deducir la culpabilidad del acusado o, más

exactamente, si las inferencias lógicas de la actividad

probatoria llevada a cabo por el órgano judicial no han

sido arbitrarias, irracionales o absurdas (SSTC

140/1985, de 21 de octubre, y 175/1985, de 17 de

diciembre), de forma que "los hechos cuya certeza

resulte de la prueba practicada acrediten la culpabilidad del

acusado" (STC 174/1985, de 17 de diciembre)".

10. Una reflexión adicional merece el hecho de que

en el presente caso la declaración del coimputado

utilizada para fundar la condena constituye, además, un

testimonio de referencia cuyo contenido no ha sido

ratificado en el acto del juicio oral por el testigo directo

que supuestamente habría hecho las manifestaciones

que incriminaban al recurrente. En la Sentencia dictada

en casación, el propio Tribunal Supremo reconoció que

éste era el único elemento probatorio de que disponía

la Audiencia Provincial de Valencia para condenar al

recurrente, diciendo que "el Tribunal solamente dispone

de la declaración del testigo de referencia, también

acusado en este caso la cual debe valorar con prudencia,

pero sin excluir la posibilidad de considerarla suficiente

para desvirtuar la presunción de inocencia".

En relación con este extremo, hay que recordar que

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha mostrado

una postura de especial prudencia en relación con la

idoneidad de las declaraciones de referencia como

elemento probatorio suficiente para fundamentar una

condena penal, en la medida en que significan siempre una

limitación de la posibilidad plena de defensa

contradictoria (SSTEDH 19 de diciembre de 1990, caso Delta

c. Francia, 37; 19 de febrero de 1991, caso Isgro

c. Italia, 35; 26 de abril de 1991, caso Asch c. Austria,

28; 28 de agosto de 1992, caso Artner c. Austria,

22-24; y 14 de diciembre de 1999, caso A.M. c.

Italia, 25).

A su vez, este Tribunal, en términos semejantes al

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha sometido

también a especiales exigencias la eficacia probatoria

del testimonio de referencia. Así, en las SSTC 217/1989,

de 21 de diciembre, FJ 5, y 303/1993, de 25 de octubre,

FJ 7, hemos admitido que la prueba testifical de

referencia constituye, desde luego, uno de los actos de

prueba que los Tribunales de la jurisdicción penal pueden

tener en consideración en orden a fundar la condena,

pues la Ley no excluye su validez y eficacia, pero

añadiendo en la última de ellas la prevención de que, aunque

"sea un medio probatorio admisible (con la sola

excepción del proceso por injurias y calumnias verbales: art.

813 LECrim) y de valoración constitucionalmente

permitida que, junto con otras pruebas, pueda servir de

fundamento a una Sentencia de condena, no significa

que, por sí sola, pueda erigirse, en cualquier caso, en

suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia".

La anterior doctrina ha sido ratificada posteriormente

en las SSTC 79/1994, de 14 de marzo, FJ 4; 261/1994,

de 3 de octubre, FJ 3; 35/1995, de 6 de febrero, FJ 3;

131/1997, de 15 de julio, FJ 2; 7/1999, de 8 de febrero,

FJ 2 B); 97/1999, de 31 de mayo, FJ 6; y 209/2001,

de 22 de octubre, FJ 4, en las que este Tribunal ha

calificado dicho medio de prueba como poco

recomendable. En particular, la STC 209/2001, FJ 4, efectúa

una síntesis de nuestra doctrina junto con la emanada

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, señalando:

"En efecto, de un lado, incorporar al proceso

declaraciones testificales a través de testimonios de referencia

implica la elusión de la garantía constitucional de

inmediación de la prueba al impedir que el Juez que ha dictar

Sentencia presencie la declaración del testigo directo,

privándole de la percepción y captación directa de

elementos que pueden ser relevantes en orden a la

valoración de su credibilidad (STC 97/1999, de 31 de mayo,

FJ 6; en sentido similar, SSTC 217/1989, de 21 de

diciembre, FJ 5; 79/1994, de 14 de marzo, FJ 4;

35/1995, de 6 de febrero, FJ 3; y 7/1999, de 8 de

febrero, FJ 2). De otro, supone soslayar el derecho que

asiste al acusado de interrogar al testigo directo y

someter a contradicción su testimonio, que integra el derecho

al proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE

(específicamente STC 131/1997, de 15 de julio, FJ 4; en

sentido similar, SSTC 7/1999, de 8 de febrero, FJ 2;

y 97/1999, de 31 de mayo, FJ 6) y que se encuentra

reconocido expresamente en el párrafo 3 del art. 6 del

Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante

CEDH) como una garantía específica del derecho al

proceso equitativo del art. 6.1 del mismo (STEDH de 19

de diciembre de 1990, caso Delta, 36 y 37)".

En esa medida, dado su carácter excepcional, hemos

afirmado siempre que "la admisión del testimonio de

referencia se encuentra subordinada al requisito de que

su utilización en el proceso resulte inevitable y

necesaria", afirmando que el hecho de que la prueba testifical

de referencia sea un medio probatorio de valoración

constitucionalmente permitida "no significa, como se

indicaba en la STC 303/1993, que, sin más, pueda

erigirse en suficiente para desvirtuar la presunción de

inocencia, ya que, como se señalaba en la STC 217/1989,

la declaración del testigo de referencia no puede sustituir

la del testigo principal; antes al contrario, cuando existan

testigos presenciales, el órgano judicial debe oírlos

directamente, en vez de llamar a declarar a quienes oyeron

de ellos el relato de su experiencia. Por lo tanto, la

necesidad de favorecer la inmediación, como principio rector

del proceso en la obtención de las pruebas impone

inexcusablemente que el recurso al testimonio referencial

quede limitado a aquellas situaciones excepcionales de

imposibilidad real y efectiva de obtener la declaración

del testigo directo o principal" (STC 79/1994, FJ 4).

Ciertamente, este caso presenta la peculiaridad de

que el testigo directo (Francisco Benito Martínez

Rodríguez) es, al propio tiempo, uno de los coimputados que,

en tal condición, y como se razonó anteriormente, no

viene obligado a decir verdad. Ahora bien, aunque al

igual que ocurre con el testigo de referencia (el

coimputado Manuel Aguilar Ballesteros), tal circunstancia

pueda restarle credibilidad, es obvio que no le priva de

su condición de testigo directo, cuyo relato, sometido

a contradicción, no debe ser sustituido, tampoco en este

caso, por el testimonio de referencia. Partiendo de esta

premisa, y atendiendo a la declaración del

"coimputado-testigo directo", resulta palmario que no ha avalado

en ningún momento la versión del "coimputado-testigo

de referencia" respecto a la participación del

demandante de amparo en los hechos enjuiciados.

En consecuencia, no sólo se fundó la condena

únicamente en la declaración de un coimputado no

corroborada por otros datos o elementos de hecho, sino que

su contenido incriminatorio constituía un testimonio de

referencia al que nunca debió otorgarse eficacia

probatoria por no hallarse avalado expresamente por el

testigo directo (supuesto autor de las manifestaciones

incriminatorias). En conclusión, la declaración que como

único elemento probatorio sustentó la condena carece, por

este doble motivo, de virtualidad suficiente para

fundamentarla, no sólo por tratarse de una declaración de

coimputado no corroborada sino también por constituir

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

un testimonio de referencia no avalado por sus presuntas

fuentes de conocimiento.

A la vista de lo expuesto, procede otorgar el amparo

solicitado por el recurrente, declarando que se ha

vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y

anulando en cuanto a su condena tanto la Sentencia de

la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia

como la dictada por la Sala Segunda del Tribunal

Supremo, por la que se declaró no haber lugar al recurso

de casación interpuesto contra la anterior.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal

Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN

DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar el recurso de amparo interpuesto por don

Francisco José Sánchez Bañuls y, en su virtud:

1.o Declarar que se ha vulnerado el derecho del

recurrente a la presunción de inocencia.

2.o Restablecerle en el citado derecho, y a tal fin

anular parcialmente la Sentencia de la Sección Quinta

de la Audiencia Provincial de Valencia, de fecha 24 de

junio de 1998, dictada en el procedimiento abreviado

48/97 y rollo 28/98, así como la Sentencia de la Sala

Segunda del Tribunal Supremo de 10 de abril de 2000,

por la que se declaró no haber lugar al recurso de

casación promovido por el recurrente contra la mencionada

Sentencia, en lo que se refiere, en ambos casos,

exclusivamente a la condena del demandante de amparo.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del

Estado".

Dada en Madrid, a veintiuno de marzo de dos mil

dos.-Tomás S. Vives Antón.-Pablo Cachón Villar.

-Vicente Conde Martín de Hijas.-Guillermo Jiménez

Sánchez.-Elisa Pérez Vera.-Eugeni Gay Montalvo.-Firmado

y rubricado.