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La Sala Primera del Tribunal Constitucional,

compuesta por don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera,

Presidente; don Pablo García Manzano, don Fernando

Garrido Falla, doña María Emilia Casas Baamonde, don Javier

Delgado Barrio y don Roberto García-Calvo y Montiel,

Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 3400-2000, promovido

por don Ángel Luis Matos Martínez, representado por

la Procuradora de los Tribunales doña María Isabel Torres

Ruiz y asistido por el Letrado don Francisco Javier Iglesias

Redondo, contra Auto de 30 de mayo de 2000 del

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Lleida que

desestima recurso de reforma sobre denegación de

permiso por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario

de Ponent. Ha comparecido el Abogado del Estado,

sustituido después por la Letrada de la Generalidad de

Cataluña, y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido

Ponente don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer

de la Sala.

I. Antecedentes

1. El 12 de junio de 2000 tuvo entrada en el

Registro del Tribunal escrito de don Ángel Luis Matos Martínez

en el que pedía se tuviese por interpuesto en tiempo

y forma recurso de amparo contra el Auto del Juzgado

de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Lleida de 30 de

mayo de 2000, por el que se desestimaba el recurso

de reforma contra otro Auto anterior del mismo órgano,

en el que se confirmaba la decisión de la Junta de

Tratamiento del Centro Penitenciario de Ponent denegatoria

de un permiso de salida al recurrente. Contra dicho Auto,

y según el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, no cabía

recurso de apelación, hecho éste que para el recurrente

suponía una violación de su derecho a la tutela judicial

efectiva. Además, en su escrito don Ángel Luis Matos

argumentaba que también se había vulnerado el art. 25.2

CE, que señala que las penas estarán orientadas hacia

la reeducación y reinserción social. Asimismo solicitaba

la designación de Abogado y Procurador de oficio.

2. Librado despacho al Colegio de Abogados para

que se designara Procurador y Letrado del turno de oficio,

se nombró a doña María Isabel Torres Ruiz y a don

Francisco Javier Iglesias Redondo, respectivamente.

Asimismo se requirió al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria

núm. 3 de Lleida para que remitiera testimonio del

expediente.

3. El 26 de septiembre de 2000 tuvo entrada en

el Registro de este Tribunal la demanda de amparo

formulada por doña María Isabel Torres Ruiz en

representación de don Ángel Luis Matos Martínez, bajo la

dirección de don Francisco Javier Iglesias Redondo.

Los hechos en los que se fundamenta dicha demanda

son en síntesis los siguientes: don Ángel Luis Matos

Martínez, interno en el Centro Penitenciario de Ponent

(Lleida), actuando en todo momento en su propio nombre

y sin asistencia letrada, solicitó un permiso de salida

que le fue denegado por la Junta de Tratamiento de

dicho Centro, motivo por el cual interpuso recurso que

fue desestimado por Auto de 18 de abril de 2000 del

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Lleida.

Contra dicho Auto interpuso recurso de reforma que fue

desestimado por nuevo Auto del mismo Juzgado de 30

de mayo de 2000. En el mismo se advertía que no cabía

recurso contra esta nueva resolución.

Basándose en estos hechos, formula el actor sus

pretensiones dirigidas contra el Auto de 30 de mayo de

2000 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, al

considerar que éste ha lesionado su derecho a la tutela

judicial efectiva. A su juicio, del examen de la Ley

Orgánica del Poder Judicial (Disposición adicional quinta) y

de la Ley Orgánica General Penitenciaria (art. 76.2.i) se

deduce que los Autos de los Juzgados de Vigilancia

Penitenciaria sobre permisos de salida cuya duración sea

superior a dos días, excepto los de los presos clasificados

en tercer grado, son susceptibles de recurso de apelación

ante las Audiencias Provinciales respectivas, como, por

otra parte, sostienen las opiniones doctrinales que cita

a mayor abundamiento. Resalta el recurrente que el Auto

ya citado indica erróneamente la no posibilidad de

recurso y no se limita a una omisión. El error en este caso

no pudo ser salvado por la actividad diligente de la parte

porque ésta actuó en todo momento sin asistencia

letrada, lo que, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal,

supondría que no pueda oponerse a su pretensión que

se trataba de un error fácilmente superable. En virtud

de todo ello, la demanda termina suplicando que se

otorgue el amparo pedido y se anule el ya citado Auto,

ordenando al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de

Lleida dictar uno nuevo en el que se signifique al

interesado que contra él cabe recurso de apelación.

4. Por providencia de 1 de octubre de 2001, la

Sección Primera de este Tribunal acuerda admitir a trámite

la demanda de amparo presentada y notificar al Abogado

del Estado y al Ministerio Fiscal dicha resolución para

que comparecieran y presentasen las alegaciones

pertinentes.

5. El 26 de octubre de 2001 presenta sus

alegaciones el Abogado del Estado. Indica, en primer lugar,

que no procede anular el Auto impugnado, sino, como

mucho, disponer que se notifique con expresión de que

cabe apelarlo ante la Audiencia. Por otro lado, alega

la representación del Estado que no cabe otorgar el

amparo por tres razones principales: a) a su juicio, la

falta de defensa letrada no inhabilitó al recurrente para

plantear correctamente las cuestiones fácticas y jurídicas

objeto de la pretensión; b) no hay error en el pie de

recursos del Auto porque contra la desestimación de

un recurso "de alzada" contra actos de la Administración

Penitenciaria sólo cabe reforma y no apelación; y c) aun

cuando se entendiese errónea la advertencia de la

inexistencia de recurso, con ella no se privaba al hoy

demandante del derecho a recurrir, especialmente si se tiene

en cuenta que pudo solicitar asistencia letrada. Sobre

esta base, interesaba la denegación del amparo

añadiendo en otrosí que entendía que cuando se trate de

actuaciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria

de Cataluña la defensa de la Administración en los

recursos de amparo debe correr a cargo del Letrado de la

Generalidad de Cataluña.

6. El Ministerio Fiscal presenta sus alegaciones el

2 de noviembre de 2001, resaltando, en primer lugar,

la similitud del supuesto que se enjuicia con los resueltos

por las Sentencias de este Tribunal 128/1998, de 16

de junio, y 229/1998, de 1 de diciembre. En su opinión,

lo que se debate en el caso de autos es la denegación

de efectiva tutela judicial por cuanto el interno, que había

actuado su defensa en solitario y sin asistencia letrada,

no tuvo, de una parte, oportunidad de obtener un

pronunciamiento del Tribunal ad quem sobre el recurso de

apelación que deseaba interponer y, por otro lado,

tampoco es posible advertir falta de diligencia en el propio

recurrente por no haber formalizado directamente un

recurso de queja ante el eventual órgano judicial de

apelación, al no haber estado asistido de Letrado que le

hubiera podido asesorar técnicamente sobre dicho

recurso. Por todo ello, el Ministerio Fiscal solicita el

otorgamiento del amparo, el reconocimiento al recurrente de

su derecho a la tutela judicial efectiva y la anulación

del Auto ya citado en lo que se refiere al inciso de que

contra él no cabe recurso.

7. Por providencia de 26 de noviembre de 2001,

la Sección Primera del Tribunal Constitucional acuerda

dejar sin efecto el emplazamiento al Abogado del Estado

y emplazar al Letrado de la Generalidad de Cataluña,

al ser la Administración autonómica quien gestiona los

servicios penitenciarios en aquella Comunidad

Autónoma.

8. Las alegaciones de la Letrada de la Generalidad

de Cataluña tuvieron entrada en el Tribunal el 21 de

diciembre de 2001. En ellas se insta, en primer lugar,

la inadmisión del recurso de amparo por no haber

agotado todos los recursos utilizables [art. 44.1 a) LOTC]

y por no haberse invocado formalmente en el proceso

el derecho constitucional vulnerado [art. 44.1 c) LOTC].

En cuanto al fondo del asunto, aun reconociendo la

imprecisión de términos que hace especialmente

dificultosa la interpretación de los preceptos aplicables,

entiende que una interpretación conjunta de la

Disposición adicional 5.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

en relación con los arts. 76, 2 de la Ley Orgánica 1/1979,

General Penitenciaria, y 161 y 162 del Reglamento

Peni

tenciario conduce a la conclusión de que en el supuesto

de que los reclusos recurran contra la denegación de

un permiso de salida por la Administración Penitenciaria

el Auto resolutorio de la cuestión no es susceptible de

apelación, siendo claro que el objeto de este amparo

se refiere a una interpretación judicial sin relevancia a

efectos de tutela judicial efectiva. Para la Letrada de

la Generalidad, la interpretación que realiza el Auto de

la Disposición adicional 5.3 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial es conforme a la jurisprudencia constitucional

(STC 169/1996 y AATC 186/1993, 203/1989,

212/1991 y 3/1992) y no comporta la vulneración de

la tutela judicial efectiva del demandante, por lo que

propone que se declare la inadmisibilidad del recurso

o, subsidiariamente, se desestime.

9. Por providencia de fecha 7 de marzo se acordó

señalar para deliberación y votación de esta Sentencia

el día 11 siguiente del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. Se impugna en este proceso de amparo el Auto

del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Lleida

de 30 de mayo de 2000, desestimatorio del recurso

de reforma interpuesto contra anterior Auto relativo a

un permiso de salida, siendo ya de indicar que el Auto

ahora recurrido, al ordenar su notificación, incluía la

siguiente mención: "contra la presente resolución no

cabe recurso". Es justamente esta indicación la que da

lugar a la formulación de este recurso de amparo.

Para el aquí demandante, que actuaba sin asistencia

letrada, con esa mención, errónea, pues se separa de

la "doctrina científica ... unánime", se le ha privado de

la posibilidad de que la Audiencia Provincial revisara la

denegación de un permiso de salida, con vulneración

de su derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente

de acceso a los recursos (art. 24.1 CE).

El Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso,

destacando la analogía que el caso guarda con los

resueltos en las SSTC 128/1998, de 16 de junio, y 229/1998,

de 1 de diciembre, en las que los respectivos Juzgados

negaron la posibilidad de la apelación o la queja a

internos en Centros Penitenciarios que actuaban sin

asistencia letrada.

El Abogado del Estado, primeramente, y, después,

la Letrada de la Generalidad de Cataluña solicitan la

desestimación del amparo, fundamentalmente, por

entender improcedente la apelación, habida cuenta de

lo dispuesto en la Disposición adicional 5.3 LOPJ, siendo

de advertir que dicha Letrada, con carácter principal,

pide la declaración de inadmisibilidad del recurso por

entender incumplidos los requisitos establecidos en el

art. 44,1 a) y c) LOTC.

2. Independientemente de que las mencionadas

causas de inadmisibilidad guardan una íntima conexión

con el fondo del asunto, resulta clara la improcedencia

de su estimación: si no se agotó la vía judicial

interponiendo recurso de apelación o de queja, ello derivaba

claramente de la propia advertencia contenida en el Auto

que se ha traído directamente ante este Tribunal y, si

no se invocó el derecho constitucional vulnerado en

dicha vía, fue porque el Auto al que se atribuye la lesión

constitucional se declaraba irrecurrible.

3. Entrando ya en el fondo, será de recordar la

reiterada doctrina de este Tribunal respecto del derecho

a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso

a los recursos, tal como la resume la STC 128/98, de

16 de junio:

a) "Con la salvedad de las resoluciones penales

condenatorias, la garantía de la doble instancia judicial es

de configuración legal (SSTC 42/1982, 37/1988 o

184/1997, entre otras muchas). Por otra parte, como

hemos venido declarando reiteradamente, el acceso a

los recursos legalmente ordenados tiene una distinta

relevancia constitucional que el acceso al proceso:

mientras el derecho a la obtención de una resolución judicial

razonada y fundada goza de una protección

constitucional directamente dimanante del art. 24.1 CE "el

derecho a la revisión de esta resolución es, en principio,

un derecho de configuración legal" (STC 160/1996,

FJ 2)".

b) "La prestación judicial que satisface este derecho

a los recursos, cuando se ha incorporado a la tutela

judicial de acuerdo con lo establecido en las leyes

procesales, será normalmente la de una decisión de fondo

sobre la legitimidad de la resolución recurrida, aunque

también una "explicación razonada y fundada en

Derecho de la inadmisión de los recursos interpuestos, ...

satisface el derecho a la tutela judicial efectiva" (STC

179/1995, FJ 4)".

c) "La interpretación de los requisitos procesales y

supuestos en que, conforme a la ley, proceden los

recursos corresponde a los Tribunales ordinarios, no debiendo

este Tribunal Constitucional revisar sus decisiones en

la vía de amparo más que cuando se haya producido

una denegación de la admisión a trámite del mismo

arbitraria, irrazonable, intuitu personae, o incurriendo en

error patente (SSTC 37/1995, 160/1996 o 93/1997,

entre otras muchas)".

d) "Ahora bien, lo dicho no implica que la posibilidad

o no de recurrir resulte constitucionalmente irrelevante,

con la sola y exclusiva excepción de las Sentencias

penales condenatorias. También con posterioridad a la STC

37/1995, que de modo singular subrayó la

consideración de lo relativo a la admisibilidad de los recursos

como cuestiones predominantemente de legalidad, se

han venido otorgando numerosos amparos por

infracción del mencionado derecho a los recursos, sin ceñirnos

a los supuestos de Sentencias penales condenatorias

(así, las SSTC 100/1995, 172/1995, 149/1996,

160/1996, 194/1996, 9/1997, 93/1997, 127/1997,

etcétera), implicando así que existen circunstancias ante

las que la privación del recurso representa una infracción

del derecho a la tutela judicial efectiva".

4. Ya más concretamente, ha de señalarse que las

cuestiones aquí planteadas han sido resueltas en la

citada STC 128/98, de 16 de junio, que en su fundamento

jurídico 8 subraya que el de apelación es "un recurso

comúnmente utilizado" respecto de las resoluciones que

dicten los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria

decidiendo sobre "quejas" de los internos en un establecimiento

penitenciario -ésta es la correcta calificación del primer

escrito dirigido por el hoy demandante de amparo al

Juez de Vigilancia Penitenciaria [art. 76, 2 g) de la Ley

Orgánica 1/1979, de 29 de septiembre, General

Penitenciaria, y art. 162 del Reglamento Penitenciario]-,

pues se viene entendiendo que "son resoluciones

dictadas en primera instancia y, por tanto, susceptibles de

recursos de reforma y apelación".

Así las cosas, y siguiendo la doctrina de dicha

Sentencia, ha de indicarse que, ciertamente, "la instrucción

de recursos mediante la que se indica a las partes si

la resolución que se les notifica es firme o no y los que,

en su caso, procedan (art. 248.4 LOPJ) no forma parte

del decisum de la resolución judicial (SSTC 175/1985,

de 17 de diciembre; 155/1991, de 10 de julio, o

70/1996, de 24 de abril). Por ello, para determinar si

los errores u omisiones que la misma pueda contener

implican la denegación del recurso debe estarse a la

posibilidad de que una actitud diligente del interesado

le permita salvar tales defectos y acudir a la vía

impugnatoria legalmente prevista (SSTC 70/1984, de 11 de

junio; 107/1987, de 25 de junio; 376/1993, de 20

de diciembre, o 70/1996, de 24 de abril), ya que, si

bien los errores de los órganos judiciales no deben

producir efectos negativos en la esfera jurídica del

ciudadano, tales errores carecerán de relevancia

constitucional cuando sean también imputables a la negligencia

de la parte. Ello implica tanto que a la indicación errónea

haya de darse "mayor alcance que a la simple omisión,

en cuanto que es susceptible de inducir a un error a

la parte litigante, error que hay que considerar como

excusable, dada la autoridad que necesariamente ha de

merecer la decisión judicial" (STC 107/1987, de 25 de

junio), como que deba distinguirse, como esta última

Sentencia señala, "la muy diferente situación en la que

se encuentra quien interviene en un proceso sin

especiales conocimientos jurídicos y sin asistencia letrada

y quien, por el contrario, acude a él a través de peritos

en Derecho capaces, por ello, de percibir el error en

que se ha incurrido al formular la instrucción de

recursos". En definitiva, como declaramos en la STC 43/1995,

de 13 de febrero, "serán las circunstancias concretas

que concurren en el supuesto planteado las que deberán

analizarse para determinar si, partiendo de aquella

indicación errónea judicial, la parte pudo razonablemente

salvar la equivocación y actuar correctamente desde la

perspectiva procesal o, por el contrario, aquel error era

insalvable y a él no contribuyó su propia negligencia,

de forma que merezca el amparo que a través de este

proceso constitucional solicita" (FJ 2)".

5. Ya con referencia concreta a este recurso de

amparo, importa destacar que el demandante, interno

en un Centro Penitenciario, actuaba sin asistencia letrada

y sin posibilidad de tener asesoramiento técnico, lo que,

como deriva de lo expuesto, adquiere aquí un peculiar

relieve teniendo en cuenta: a) que no estamos ante una

simple omisión del ofrecimiento de recursos, sino ante

una expresa mención de su inexistencia; b) que esta

indicación se produce precisamente dentro de la

resolución judicial, y c) que en el terreno de los recursos

contra las resoluciones de los Jueces de Vigilancia

Penitenciaria, materia regulada "de manera poco clara e

insatisfactoria, en opinión doctrinal generalizada" (STC

54/1992, de 8 de abril, FJ 3), como reconoce la Letrada

de la Generalidad, "la imprecisión de los términos hace

especialmente dificultosa la interpretación de los

preceptos aplicables".

Es claro, así, que en estos autos "puede

razonablemente considerarse que un recurrente carente de

asistencia letrada, sin que medie ningún tipo de negligencia

de su parte, haya razonablemente entendido que tenía

real y efectivamente cerrado, de manera definitiva, el

acceso al recurso de apelación".

6. En definitiva, será de concluir que, "en el presente

caso, la denegación del recurso ha supuesto la exclusión

del acceso a la instancia superior incluso para

pronunciarse acerca de la procedencia misma del recurso, por

lo que no podemos desconectarla de la relevancia

constitucional del acceso a las "diversas instancias judiciales

previstas en las leyes" (SSTC 87/1986, FJ 2, y 41/1992,

FJ 6), que hace que "la trascendencia constitucional del

derecho al recurso, ha de ponerse en conexión con las

consecuencias que se derivan de la pérdida indebida

del recurso, que son especialmente relevantes cuando

afectan al acceso a una superior instancia de revisión

como prestación judicial prevista por la ley" (STC

41/1992, FJ 6)" y "es precisamente la actuación judicial,

al imposibilitar una respuesta de la Audiencia Provincial,

cualquiera que fuese su contenido, lo que otorga

relevancia constitucional a ese cierre del recurso. Pues, como

generalmente se establece en su regulación, lo que es

aplicable al presente caso, de conformidad con los arts.

218 y 219 LECrim, los recursos devolutivos deben

interponerse ante el órgano a quo, que se pronuncia en primer

término sobre su admisibilidad, debiendo notarse que

la procedencia del recurso de queja deberá indicarse,

en su caso, al notificar la resolución de inadmisión a

trámite de la apelación. Con ello se garantiza al

interesado que pueda acudir ante el órgano ad quem, que

será así el que tenga la última palabra sobre la

procedencia del recurso, respetándose de este modo el

derecho a las diversas instancias judiciales previstas por la

leyes (STC 41/1992); por ello, este Tribunal ha

declarado, en relación con el recurso de queja, que sería

absurdo atribuirle el conocimiento de éste a órgano distinto

del que ha de resolver el recurso ejercitado (STC

72/1992 y ATC 182/1984)" (STC 128/98, FJ 8).

7. Así pues, la exclusión de todo recurso hecha en

el Auto aquí impugnado ha privado al demandante de

amparo, no sólo de la posibilidad misma del recurso

de apelación, sino de la de acudir en queja ante la

Audiencia Provincial, lesionando así su derecho a la tutela

judicial efectiva, en su vertiente de acceso a los recursos

(art. 24.1 CE).

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal

Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN

DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Otorgar el amparo y, en consecuencia:

1.o Reconocer el derecho del recurrente a la tutela

judicial efectiva, en cuanto comprensiva del derecho a

utilizar los recursos establecidos por la ley.

2.o Declarar la nulidad del Auto de 30 de mayo

de 2000 en el inciso referente al ofrecimiento de

recursos.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del

Estado".

Dada en Madrid, a once de marzo de dos mil dos.

-Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.-Pablo García

Manzano.-Fernando Garrido Falla.-María Emilia Casas

Baamonde.-Javier Delgado Barrio.-Roberto García-Calvo y

Montiel.-Firmado y rubricado.