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Documento BOE-T-2002-5094

Sala Segunda. Sentencia 36/2002, de 11 de febrero de 2002. Recurso de amparo 2319-2000. Promovido por doña Vicenta Carmen Lloret frente a la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, y al Auto que denegó su nulidad, que desestimó su recurso de apelación en un juicio ejecutivo instado por el Banco Santander Central Hispano. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: Sentencia de apelación que no resuelve sobre la insuficiencia de un poder para afianzar una póliza de negociación, por considerarlo una cuestión nueva con error patente.

Publicado en:
«BOE» núm. 63, de 14 de marzo de 2002, páginas 64 a 71 (8 págs.)
Sección:
T.C. Suplemento del Tribunal Constitucional
Departamento:
Tribunal Constitucional
Referencia:
BOE-T-2002-5094

TEXTO ORIGINAL

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional,

compuesta por don Tomás S. Vives Antón, Presidente, don

Pablo Cachón Villar, don Vicente Conde Martín de Hijas,

don Guillermo Jiménez Sánchez y doña Elisa Pérez Vera,

Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 2319-2000, promovido

por doña Vicenta Carmen Lloret Montañana,

representada por la Procuradora de los Tribunales doña África

Martín Rico y asistida por el Letrado don Felio Vilarrubias

Guillamet, contra la Sentencia de 24 de octubre de 1999

y el Auto de 25 de febrero de 2000 de la Sección

Decimotercera de la Audiencia Provincial de Barcelona,

dictados en el rollo de apelación núm. 600/98 en autos

de juicio ejecutivo núm. 578/98 procedentes del

Juzgado de Primera Instancia núm. 25 de Barcelona. Han

comparecido y formulado alegaciones el Banco

Santander Central Hispano, S.A., representado por el Procurador

de los Tribunales don Eduardo Codes Feijoo y asistido

por el Letrado don Jesús Merino Merchán, y el Ministerio

Fiscal. Ha actuado como Ponente el Magistrado don

Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer

de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro

General del Tribunal Constitucional el día 19 de abril de 2000

doña África Martín Rico, Procuradora de los Tribunales,

en nombre y representación de doña Vicenta Carmen

Lloret Montañana, interpuso recurso de amparo contra

las resoluciones judiciales a las que se ha hecho mención

en el encabezamiento de esta Sentencia.

2. En la demanda de amparo se recoge la relación

de antecedentes fácticos que, a continuación,

sucintamente se extracta:

a) El 26 de noviembre de 1993 la ahora

demandante de amparo -doña Vicenta Carmen Lloret

Montañana otorgó ante Notario un poder a favor de don Kurt

Wolfgang Harald Füssel, en virtud del cual le confirió,

entre otras facultades, las de avalar o afianzar

operaciones de terceros, si bien con una cláusula limitativa

del siguiente tenor: "Las facultades reseñadas se

ejecutarán única y exclusivamente respecto de las fincas

propiedad de la poderdante sitas en Barcelona, Calle

Álava, 61 y calle Granada, 80 y de sus derechos e

intereses que le correspondan en la empresa Señalizaciones

y Mandos Eléctricos, S.A.".

b) El 16 de julio de 1996 el Banco Central

Hispanoamericano, S.A., suscribió una póliza de negociación

de letras de cambio, recibos y otros documentos y

efectos mercantiles con la compañía Semel Comercial, S.L.,

que es una compañía distinta de la sociedad anónima

a la que se refería el anterior poder, en la que se hizo

constar como fiadora a la demandante de amparo,

firmando en su nombre don Kurt Wolfgang Harald Füssel,

quien indicó que estaba facultado para ello en virtud

del mencionado poder.

c) En julio de 1997 el Banco Central

Hispanoamericano, S.A., formuló demanda de juicio ejecutivo, en

relación con la citada póliza de negociación, contra doña

Vicenta Carmen Lloret Montañana, don Kurt Wolfgang

Harald Füssel y la mercantil Semel Comercial, S.L., cuyo

conocimiento correspondió al Juzgado de Primera

Instancia núm. 25 de Barcelona, oponiéndose la

demandante de amparo a la ejecución instada.

d) El Juzgado de Primera Instancia núm. 25 de

Barcelona dictó Sentencia en fecha 19 de febrero de 1999

desestimando la oposición de la demandante de amparo

y ordenando seguir adelante la ejecución.

En el fundamento de Derecho primero el Juez emplea

el razonamiento que a continuación literalmente se

transcribe:

"La misma [refiriéndose a la póliza] fue firmada por

el Sr. Füssel en nombre propio, en nombre de la sociedad

Semel Comercial, S.L. y en nombre de la actora. Los

dos problemas que se suscitan en relación con esta

última firma son: a) si el Sr. Füssel y con el poder otorgado

el 26 de noviembre de 1993 podía afianzar a la entidad

Semel obligando a la poderdante y la respuesta es

positiva. Para ello basta con examinar el poder aportado

a las actuaciones en fase de prueba y en el que consta

entre otras facultades... k) avalar o afianzar operaciones

de o con terceros, incluso en los casos de autogarantía

o autocontratación. Si se considera que la operación

iba referida a la apertura de una línea de descuento

de títulos mercantiles a favor de Semel y que la totalidad

de los poderes van referidos (junto a los intereses

mobiliarios referidos) a los derechos e intereses que le

correspondan a la actora en dicha empresa no cabe otra

interpretación..."

e) De la lectura del razonamiento transcrito se

deduce que el órgano judicial de instancia incurrió en un

flagrante error, determinante del fallo de la resolución

judicial, al haber confundido la compañía Semel

Comercial, S.L., a cuyo favor se otorgó la póliza que se

ejecutaba, con la mercantil Señalizaciones y Mandos

Eléctricos, S.A., a la que se refiere la escritura de poder

otorgada por la demandante de amparo.

f) Dado que el error cometido por el órgano judicial

de instancia no se podía subsanar a través del recurso

de aclaración, la demandante de amparo interpuso

recurso de apelación contra la anterior Sentencia,

denunciando en el acto de la vista el error cometido por el órgano

judicial a quo al confundir una y otra compañía.

La Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial

de Barcelona dictó Sentencia, de fecha 24 de octubre

de 1999, desestimatoria del recurso de apelación, en

la que no se pronunció sobre el error denunciado con

base en el siguiente razonamiento:

"Finalmente, es de rechazar, asimismo, la alegación

efectuada en el acto de la vista por la defensa de la

apelante sobre que tal poder, en todo caso, era

insuficiente por referirse a otra entidad distinta de la avalada,

al tratarse de una cuestión nueva no debatida en el pleito,

cuya introducción en el recurso está prohibida por

violentar los principios de preclusión e igualdad de las partes

en el proceso, pues de lo contrario se vulneraría la

oportunidad procesal de defensa, privando a la parte contraria

de su derecho a alegar y formular la prueba que estime

oportuna en relación a dicho extremo."

g) La demandante de amparo promovió incidente

de nulidad de actuaciones (art. 240.3 LOPJ) contra la

Sentencia de apelación, por vulnerar el derecho a la

tutela judicial efectiva e incurrir en incongruencia citra petita,

que fue desestimado por Auto de la Sección

Decimotercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 25

de febrero de 2000.

3. En cuanto a la fundamentación jurídica de la

demanda de amparo, se invoca en ésta, frente a las

resoluciones judiciales impugnadas, la vulneración del

derecho a la tutela judicial efectiva, sin que, en ningún

caso, pueda producirse indefensión (art. 24.1 CE).

Tras afirmarse en la demanda de amparo que el Sr.

Füssel carecía de poder alguno para, en nombre de la

recurrente en amparo, afianzar a la compañía Semel

Comercial, S.L., ya que, como figura en la escritura de

poder, únicamente estaba facultado para afianzar a la

compañía Señalizaciones y Mandos Eléctricos, S.A., se

denuncia, en primer término, el error en el que incurrió

el Juzgado de Primera Instancia al confundir una y otra

compañía, con denominaciones sociales distintas, el cual

se podría haber evitado si el órgano judicial hubiera

actuado diligentemente y hubiera consignado en los

razonamientos de su resolución las denominaciones

sociales completas de ambas entidades mercantiles,

pues entonces el error no se hubiera producido.

En segundo lugar, se reprocha a la Sentencia de la

Audiencia Provincial la lesión del derecho a la tutela

judicial efectiva (art. 24.1 CE), al calificar de cuestión

nueva no debatida en el pleito la denuncia del error

cometido por el órgano judicial de primera instancia,

argumentación que en la demanda de amparo se califica

de subterfugio para evitar el reconocimiento de su

existencia. Se razona al respecto que, dado que el error

judicial se cometió al dictarse la Sentencia de instancia,

no pudo denunciarse en esta primera instancia, ni

debatirse en el curso del procedimiento. Su calificación como

cuestión nueva podría admitirse siempre que dicha

expresión se utilizara en sentido lato, pero resulta

inaceptable si se pretende conferirle el sentido

técnico-jurídico con el que viene refiriéndose la jurisprudencia a

"aquellas cuestiones no aducidas por las partes que

alteran el objeto de la controversia" (STS de 27 de abril

de 1999). El error judicial denunciado no es, en este

caso, una cuestión nueva aducida por una de las partes

para alterar el objeto de la controversia, sino que se

trata de un evento al que son ajenas las partes, que

no ocurre por voluntad de éstas, pero que deben intentar

subsanar mediante la correspondiente denuncia para

evitar los perjuicios que del mismo puedan derivarse. De

modo que en el presente supuesto, si el error sobrevino

en la Sentencia de instancia, es evidente que su

subsanación debía de hacerse a través del recurso de

apelación, que una reiterada jurisprudencia viene

considerando que es el recurso ordinario para tales menesteres

(SSTC 310/1993, 152/1998; SSTS de 28 de julio de

1998, 10 de julio de 1997, 23 de marzo de 1963).

En definitiva, la Audiencia Provincial ha infringido el

derecho fundamental invocado al negarse a subsanar un error

judicial patente, que determinaría la nulidad de la

Sentencia de instancia (SSTC 112/1998, FJ 2; 165/1997,

FJ 7).

Pero la Audiencia Provincial, no sólo infringió el

derecho a la tutela judicial efectiva al negarse a subsanar

el error cometido por el órgano judicial de instancia,

sino también al tratar cuestiones jurídicas distintas como

si fueran iguales. En efecto, el órgano de apelación

abordó el error cometido por el Juez de Primera Instancia

como si se tratara de una cuestión nueva, sin atender

a las diferencias que existen entre una y otra situación

jurídica. Tales diferencias entre ambas instituciones

jurídicas radican, principalmente, en el poder de disposición

que tienen las partes sobre ellas, pues mientras el

rechazo de la cuestión nueva se produce porque la parte pudo

alegarla en primera instancia y no lo hizo, e intenta con

ello sorprender a la parte adversa, en el error judicial,

en cambio, la parte es ajena a su producción, y es

precisamente ella quien se ve sorprendida por el órgano

judicial. Por tanto, también se quiebra en este caso el

principio de igualdad, que, en su vertiente positiva, exige

tratar a los iguales como iguales, y, en su vertiente

negativa, requiere tratar las situaciones jurídicas diferentes

como distintas.

Tras aludir a la doctrina recogida en la STC

299/1997, de 15 de septiembre, sobre los requisitos

que debe de cumplir el error judicial para tener relevancia

constitucional, se señala en la demanda que en este

caso el error es fácilmente constatable, si se observa

la cláusula limitativa existente en el poder conferido y

la compañía a favor de la cual se otorga la póliza; que,

como consecuencia del mencionado error, se desestimó

la oposición a la ejecución, produciéndose la condena

de la recurrente en amparo a pagar la suma por la que

se despachó aquélla, sin que exista motivo ni causa por

la que tenga que soportar tales efectos negativos; y,

en fin, que el error ha sido determinante de la decisión

judicial adoptada, al ser el único argumento empleado

por el Juzgado de Primera Instancia para desestimar

la oposición a la ejecución.

Finalmente se imputa a la Sentencia de la Audiencia

Provincial la vulneración del derecho a la tutela judicial

efectiva al no haber resuelto la totalidad de las

pretensiones deducidas por las partes. Frente a lo que se

mantiene en dicha resolución judicial, al afirmar que el tema

planteado versaba sobre la eficacia frente a terceros de

la revocación del mandato otorgado en términos

generales, el objeto litigioso era mucho más amplio, ya que

no se limitaba a la cuestión de la "inexistencia del

mandato por revocación", sino que iba referido a que jamás

existió poder alguno por el que el Sr. Füssel pudiera

en nombre de la recurrente en amparo afianzar a Semel

Comercial, S.L. Así pues la Audiencia Provincial debió,

en primer lugar, examinar si existió o no el supuesto

apoderamiento a favor del Sr. Füssel para afianzar a

Semel Comercial, S.L., cuestión realmente planteada por

la solicitante de amparo al negar la existencia del mismo,

y, posteriormente, debió de examinar, en caso de

responder afirmativamente a la cuestión apuntada, si el

mandato seguía vigente en el momento de otorgarse

la póliza cuya ejecución se instaba, así como, por último,

qué efectos podía producir ante terceros dicha

revocación.

Pues bien, la Audiencia Provincial no ha respondido

a todas y cada una de las cuestiones suscitadas en el

procedimiento y ha orillado la principal, esto es, si existió

o no apoderamiento a favor del Sr. Füssel para que en

nombre de la demandante de amparo afianzase a Semel

Comercial, S.L., respondiendo únicamente a una cuestión

accesoria, cual es la de los efectos que produce la

revocación del mandato frente a terceros, por lo que, siendo

aquélla una pretensión deducida en el escrito de

formalización de la demanda de oposición a la ejecución,

la Audiencia Provincial ha vulnerado el derecho a la tutela

judicial efectiva al no haberle dado respuesta (STC

53/1991).

Concluye el escrito de demanda suplicando del

Tribunal Constitucional que, tras los trámites oportunos,

dicte Sentencia en la que se otorgue el amparo solicitado

y se decrete la nulidad de las resoluciones judiciales

impugnadas.

4. La Sección Tercera del Tribunal Constitucional

por providencia de 12 de marzo de 2001 acordó, de

conformidad con lo previsto en el art. 50.3 LOTC,

conceder a la parte demandante y al Ministerio Fiscal un

plazo común de diez días para que formulasen, con las

aportaciones documentales que procedieran, las

alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la

posible carencia manifiesta de contenido constitucional de

la demanda de amparo [art. 50.1 c) LOTC].

Evacuado el trámite de alegaciones conferido, la Sala

Segunda del Tribunal Constitucional por providencia de

24 de mayo de 2001 acordó admitir a trámite la

demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el

art. 51 LOTC, dirigir sendas comunicaciones a la Sección

Decimotercera de la Audiencia Provincial de Barcelona

y al Juzgado de Primera Instancia núm. 25 de Barcelona,

al objeto de que, en plazo que no excediera de diez

días, remitiesen, respectivamente, certificación o

fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al

rollo de apelación núm. 600/98 y a los autos del juicio

ejecutivo núm. 578/97, debiendo emplazar previamente

el Juzgado de Primera Instancia a quienes hubieran sido

parte en el procedimiento, con excepción de la

demandante de amparo, para que pudieran comparecer en el

plazo de diez días, si lo deseasen, en el presente proceso

de amparo.

5. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de

la Sala Segunda del Tribunal Constitucional de 21 de

junio de 2001 se tuvo por personado en el procedimiento

al Procurador de los Tribunales don Eduardo Codes

Feijoo, en nombre y representación del Banco Santander

Central Hispano, S.A., y se acordó, de conformidad con

lo previsto en el art. 52.1 LOTC, dar vista de las

actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal,

por plazo común de veinte días, para que pudieran

formular cuantas alegaciones tuvieran por conveniente.

6. La representación procesal de la recurrente en

amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido

mediante escrito presentado en el Registro General de

este Tribunal el día 18 de julio de 2001, en el que reiteró,

sucintamente, las vertidas en la demanda de amparo.

7. La representación procesal del Banco Santander

Central Hispano, S.A., evacuó el trámite de alegaciones

conferido mediante escrito presentado en el Registro

General de este Tribunal el día 18 de julio de 2001,

que, en lo sustancial, a continuación se resume:

a) En primer lugar, sostiene que la demanda de

amparo no ha cumplido el requisito del agotamiento

previo de la vía judicial ordinaria, como exige el art. 44.1

a) LOTC, desnaturalizando de este modo el carácter

subsidiario del recurso de amparo. Tras referirse a una

reiterada y conocida doctrina constitucional sobre el

mencionado requisito procesal, considera que en este caso

la recurrente no ha utilizado los medios procesales que

el ámbito de la legalidad ordinaria le ofrecía para reparar

el supuesto error judicial que ha producido la alegada

falta de tutela judicial efectiva.

La incongruencia omisiva que se denuncia ha tenido

lugar en el marco de un juicio ejecutivo, cuyas

Sentencias, de acuerdo con el art. 1479 LEC, no producen

la excepción de cosa juzgada, quedando a salvo el

derecho de las partes para promover el ordinario sobre la

misma cuestión. De modo que la recurrente en amparo

pudo, y aún puede, plantear en un proceso de plena

cognitio todas las cuestiones y probar mediante los

documentos que estime más idóneos para sus intereses el

carácter del poder con el que actuó el Sr. Füssel y si,

en definitiva, ese poder era o no suficiente al referirse

a otra entidad distinta de la avalada, como mantuvo

extemporáneamente en el acto del juicio oral ante la

Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de

Barcelona. De no estimar conforme la Sentencia que

recayese en el proceso declarativo correspondiente, podría

alzarse contra la misma, tanto en grado de apelación

como en vía casacional, antes de acudir a la vía del

recurso constitucional de amparo. Más aún, pudo acudir,

y quizás debió hacerlo, al recurso de revisión.

b) Como segundo óbice procesal a la admisión de

la demanda de amparo opone la falta de invocación en

la vía judicial previa del derecho fundamental

presuntamente vulnerado [art. 44.1 c) LOTC].

Como la lectura de las actuaciones judiciales permite

apreciar, la recurrente en amparo, antes de interponer

el incidente de nulidad de actuaciones, no advirtió ni

ante el Juzgado de Primera Instancia ni ante la Audiencia

Provincial la infracción de derecho fundamental alguno,

lo que impidió que los órganos jurisdiccionales pudieran

subsanar la supuesta falta o error judicial que ahora se

denuncia con ocasión del recurso de amparo. Y ello

aconteció así porque, en realidad, en ninguna de las dos

instancias -salvo la alegación efectuada en el acto de la

vista del recurso de apelación- se planteó que el poder

otorgado por la demandante de amparo al Sr. Füssel

se refería a otra entidad distinta de la avalada. Por el

contrario, esta cuestión nueva se introdujo en una fase

procesal que orillaba cualquier debate o probanza sobre

la misma. Si al quedar planteada la litis inicial la

recurrente en amparo hubiese alegado que el poder era

insuficiente por referirse a otra entidad distinta de la avalada,

el curso del proceso hubiese sido otro. Pero, al no hacerlo

así, tanto el Juez de instancia como el de apelación

tuvieron que atenerse estrictamente a las cuestiones

planteadas, entre las que se encontraba la de que el poder

del que disponía el Sr. Füssel a favor de su esposa, hoy

demandante de amparo, fue revocado en fecha anterior,

asunto éste, y no otro, que fue el planteado en la

contienda judicial y sobre el que se pronunciaron las

Sentencias de instancia y de apelación.

Ello así, la demandante de amparo debió de invocar

la vulneración del derecho fundamental que ahora

denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia y, en

todo caso, en el recurso de apelación, no debiendo de

esperar al incidente de nulidad de actuaciones cuando

ya se encontraba cerrada la litis (STC 55/1991).

c) En cuanto al fondo de la pretensión de amparo,

la representación procesal del Banco Santander Hispano

Americano, S.A., considera que el error judicial que se

imputa a la Sentencia de la Audiencia Provincial no

constituye un vicio procesal con relevancia constitucional,

y niega la existencia de error judicial alguno, ya que

el debate procesal se atuvo estrictamente a las

cuestiones alegadas por las partes en las dos instancias

judiciales, y, por ello, las Sentencias recaídas fueron

congruentes.

Aun admitiendo a efectos dialécticos que la Sentencia

de la Audiencia Provincial hubiera incurrido en vicio de

incongruencia, lo cierto es que esta última sólo adquiere

relevancia constitucional, de acuerdo con una reiterada

doctrina de este Tribunal, cuando produce indefensión,

y dicha indefensión se da cuando el pronunciamiento

versa sobre materias no debatidas, respecto de las

cuales, por lo tanto, no ha podido existir la necesaria

contradicción (SSTC 20/1982, 120/1984, 77/1986,

86/1986, 29/1987, 142/1987, 211/1988,

609/1990). En concreto, por lo que se refiere al vicio

de incongruencia omisiva, es reiterada doctrina

constitucional que incurre en falta de tutela judicial efectiva

aquella Sentencia que deja sin resolver alguna de las

peticiones formuladas por las partes, de modo que la

omisión del pronunciamiento sólo tiene relevancia

constitucional, y es susceptible de amparo por falta de tutela

judicial efectiva, cuando alguna pretensión

oportunamente deducida por el actor ha quedado imprejuzgada,

esto es, cuando alguna de las alegaciones o pretensiones

del demandante no han sido objeto de enjuiciamiento

por los órganos judiciales (SSTC 5/1986, 116/1986,

27/1988, 68/1988, 94/1988, 169/1988, 244/1988,

178/1989, 34/1992).

No ha sido esto lo que ha ocurrido en el presente

supuesto, ya que, con toda la intensidad y extensión

que permite el juicio ejecutivo, las partes plantearon sus

recíprocas pretensiones y excepciones, disponiendo de

los medios probatorios para sustentar y defender la

certeza de las mismas, actuando en un plano de igualdad

de armas procesales y medios de defensa, dictándose

finalmente una Sentencia que recogía estrictamente las

cuestiones objeto de debate. La representación procesal

de la demandante de amparo en ninguna de las dos

instancias judiciales alegó, salvo en la vista del recurso

de apelación, que el poder era insuficiente por referirse

a otra entidad distinta a la avalada, siendo ésta una

cuestión nueva que introdujo extemporáneamente con

violación de los principios de preclusión e igualdad de las

partes en el proceso. Con su forma de actuación no

era exigible a la Audiencia Provincial, y menos aún al

Juzgado de Primera Instancia, que recogiese esa petición

tardíamente alegada, pues de haberlo hecho se habría

privado a esta parte de su derecho a alegar y formular

la prueba que estimase oportuna con relación a dicho

extremo.

Aún más, tampoco puede sostenerse que en este

caso, como se desliza en la demanda de amparo, haya

incurrido la Sentencia de la Audiencia Provincial en una

incongruencia por error, que implica que el órgano

judicial no resuelva sobre la pretensión formulada en la

demanda o sobre el motivo del recurso, sino que

erróneamente razone sobre otra pretensión absolutamente

ajena al debate planteado, dejando al mismo tiempo

aquélla sin respuesta (STC 136/1998). En este supuesto,

tanto la Sentencia de la Audiencia Provincial como su

Auto en el que se resuelve el incidente de nulidad de

actuaciones se atuvieron estrictamente a las

pretensiones y pruebas sostenidas por las partes, rechazando

como nueva la cuestión que fue llevada

extemporáneamente a los autos por la representación procesal de la

demandante de amparo.

De otra parte, los principios de buena fe y de lealtad

procesal exigen que las partes en un proceso judicial

actúen con total diligencia, por lo que es indispensable

que quien pretenda la declaración de error no haya

contribuido al mismo con una actitud equívoca (art. 295

LOPJ). Si, como afirma la demandante de amparo, el

error en el que incurrió el Juzgado de Primera Instancia

consistió en no consignar íntegramente las

denominaciones sociales de las compañías, sorprende que no se

hubiese subsanado ese error mediante el

correspondiente recurso de aclaración, previsto para este tipo de

supuestos. Sin embargo no se utilizó dicho recurso

porque las excepciones opuestas en el juicio ejecutivo por

la demandante de amparo sólo se circunscribieron a la

revocación del poder, pero no que a éste se refería a

otra entidad distinta a la avalada, de modo que ha sido

la propia parte la generadora de la confusión que se

imputa al órgano judicial.

Asimismo es obligado recordar que, para que exista

error judicial, es necesario que éste sea palmario o

evidente (STS, Sala Primera, de 3 de marzo de 1993), y

que la falta de diligencia o la actividad negligente del

perjudicado debe ser causa de denegación de sus

pretensiones de error judicial (STC 189/1991).

Concluye su escrito solicitando del Tribunal

Constitucional que dicte Sentencia denegando la demanda de

amparo.

8. El Ministerio Fiscal mediante escrito de fecha 13

de julio de 2001 solicitó que se interesase de la parte

o del Tribunal sentenciador la fecha de notificación del

Auto de la Sección Decimotercera de la Audiencia

Provincial de Barcelona, de 25 de febrero de 2000, con

la consiguiente suspensión del plazo para formular

alegaciones previsto en el art. 52.1 LOTC, procediéndose

a su apertura cuando se aportase a las actuaciones el

documento interesado.

Remitidos mediante fax por la sección Decimotercera

de la Audiencia Provincial de Barcelona los datos

interesados por el Ministerio Fiscal, se acordó, por diligencia

de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del

Tribunal Constitucional, de 4 de septiembre de 2001,

dar vista de las actuaciones recibidas a las partes

personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte

días, al objeto de que pudieran presentar las alegaciones

que estimasen pertinentes, de conformidad con lo

dispuesto en el art. 52.1 LOTC.

La representación procesal del Banco de Santander

Hispano Americano, S.A., mediante escrito de fecha 20

de septiembre de 2001, dio por reproducido su anterior

escrito de alegaciones.

9. El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de

alegaciones conferido mediante escrito presentado en el

Registro General de este Tribunal el día 4 de octubre

de 2001, en el que interesó la estimación de la demanda

de amparo, retrotrayendo las actuaciones al momento

en que se produjo el error que desembocó en el fallo

de primera instancia, para que se dicte una nueva

Sentencia que considere la discordancia entre el poder

otorgado en su día y la compañía obligada en la póliza

mercantil suscrita.

a) En relación con el error patente denunciado,

imputable al órgano judicial de instancia, motivado por

la discordancia entre el poder otorgado por la

demandante de amparo a su marido, el Sr. Füssel, referido

a la empresa Señalizaciones y Mandos Eléctricos, S.A.,

y la empresa contratante de la póliza objeto del proceso,

Semel Comercial, S.L., en relación con la cual no existía

poder para contratar concedido a favor de aquél, el

Ministerio Fiscal, a partir del examen de los documentos

aportados a los autos y del escrito de oposición a la ejecución,

entiende que el debate procesal giró sobre una

inexistencia de poder, cuestión a la que se contesta en la

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia, pero en

unos términos que revelan que el órgano judicial no leyó

con detenimiento los referidos documentos, toda vez

que la afirmación de que el Sr. Füssel estaba autorizado

por escritura de poder de 23 de noviembre de 1993

para afianzar operaciones de Semel Comercial, S.L.,

resulta palmariamente contradicha por la literalidad del

citado poder, que se refiere a la empresa Señalizaciones

y Mandos Eléctricos, S.A. Como se pone de manifiesto

en la demanda de amparo, si el Juez hubiera atendido

a esta discordancia no hubiera ordenado seguir la

ejecución contra la recurrente en amparo o, lo que es lo

mismo, hubiera cambiado el signo del pleito, lo que eleva

el error a la categoría de constitucionalmente relevante,

como patente y decisorio de la litis. En definitiva, el

órgano judicial de instancia da por supuesto que una y otra

son la misma empresa, pero sin explicar por qué razón.

b) En relación con el error patente e incongruencia

que se denuncian en la demanda de amparo respecto

a la Sentencia de la Audiencia Provincial, el Ministerio

Fiscal entiende que el vicio de inexistencia de poder,

que el Juez de instancia trató erróneamente, lo introdujo

también la demandante de amparo en la segunda

instancia, pues así resulta de las actuaciones judiciales y,

de modo específico, del acta de la vista del recurso de

apelación, de 17 de febrero de 1998, en la que se puede

leer que la apelante alegó la falta de prueba por la

ejecutante de la existencia de poder en el momento de

otorgarse la póliza de crédito, lo que quiere decir que

la temática de la inexistencia del poder, obviada en la

primera instancia, fue reintroducida por la apelante en

su escrito de apelación.

Sin embargo, la Audiencia Provincial no se ocupa

en su Sentencia de tal cuestión, la cual el Ministerio

Fiscal califica de relevante, por entender que se trataba

de una cuestión nueva no debatida en el pleito. Esta

afirmación es de todo punto inconsistente, como permite

sostener un detenido examen de las actuaciones, pues

tanto el escrito de oposición a la demanda inicial como

el acto del juicio ponen de manifiesto que se causalizaba

la oposición en la inexistencia de poder, lo que debería

producir, como efecto reflejo, la desestimación de la

demanda en relación con la recurrente en amparo. De

otra parte, la entidad demandante en el proceso a quo

tenía conocimiento de que la demandada alegaba la

inexistencia de poder, de modo que no era tal la posible

indefensión de la contraparte a la que se hace referencia

en la fundamentación jurídica de la Sentencia de

apelación.

Por lo tanto, en la segunda instancia se consolida

el error patente sufrido en la primera instancia y, además,

la Sentencia de la Audiencia Provincial deja de tratar

un objeto del proceso que afectaba a la médula de la

acción procesal, toda vez que su estimación o

desestimación era condicionante de la estimación o

desestimación de la demanda inicial, no pudiendo cobijarse

la falta de tratamiento que se denuncia en la existencia

de una cuestión nueva.

Esta situación, en la que se ha visto colocada la

demandante de amparo no ha sido remediada en el Auto

que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones, en

el que la Audiencia Provincial vuelve a insistir en que

se han debatido todos los objetos procesales y en la

consideración como cuestión nueva de la inexistencia

de poder, lo que no se compadece con la realidad

procesal de los escritos analizados.

En definitiva, se cumplen las premisas básicas

establecidas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

para apreciar el vicio de incongruencia, al tratarse, en

este caso, de una pretensión, y no de una alegación,

que ha sido llevada al pleito por la parte en el momento

procesal oportuno y respecto a la que el órgano judicial

ha omitido una respuesta.

10. Por providencia de 7 de febrero de 2002, se

señaló para la deliberación y votación de la presente

Sentencia el día 11 de febrero siguiente.

II. Fundamentos jurídicos

1. La presente demanda de amparo, según su

encabezamiento, se dirige contra la Sentencia de la Sección

Decimotercera de la Audiencia Provincial de Barcelona,

de 24 de octubre de 1999, que confirmó en apelación

la dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 25

de Barcelona, de 19 de febrero de 1998, y contra el

Auto de la mencionada Sección, de 25 de febrero de

2000, que desestimó el incidente de nulidad de

actuaciones interpuesto frente a aquella Sentencia.

Resoluciones jurisdiccionales recaídas todas ellas en el proceso

ejecutivo en reclamación de cantidad promovido por el

Banco Santander Central Hispano, S.A., contra la entidad

mercantil Semel Comercial, S.L., don Kurt Wolfgang

Harald Füssel y la demandante de amparo en ejecución

de la póliza de negociación de letras de cambio, recibos

y otros documentos y efectos mercantiles, suscrita a

favor de Semel Comercial, S.L., y en la que figuraban

como fiadores solidarios don Kurt Wolfgang Harald

Füssel y la ahora recurrente en amparo, en cuyo nombre

y representación había intervenido en el momento de

suscribir la citada póliza don Kurt Wolfgang Harald

Füssel, en virtud de escritura notarial de poder que aquélla

le había otorgado el día 26 de noviembre de 1993.

Ahora bien, en el suplico de demanda se indican como

resoluciones cuya nulidad se reclama, no sólo las citadas,

sino también la referida Sentencia del Juzgado, por lo

que ésta ha de considerarse asimismo integrada en el

objeto del recurso.

2. La demandante de amparo imputa a la Sentencia

de primera instancia la vulneración del derecho a la tutela

judicial efectiva, sin que, en ningún caso, pueda

producirse indefensión (art. 24.1 CE), por haber incurrido

el órgano jurisdiccional en un flagrante error,

determinante, en su opinión, del sentido de la decisión judicial

adoptada, al haber confundido la entidad mercantil

-Semel Comercial, S.L.-, a favor de la cual se había suscrito

la póliza cuya ejecución se instaba con la entidad

mercantil -Señalizaciones y Mandos Eléctricos, S.A.-, a la

que se limitaban las facultades del poder que mediante

escritura notarial había otorgado a don Kurt Wolfgang

Harald Füssel. Esa misma lesión les imputa a la Sentencia

de la Audiencia Provincial y al Auto desestimatorio del

incidente de nulidad de actuaciones, por negarse a

subsanar, y no reparar por lo tanto, el señalado error en

el que habría incurrido el órgano judicial de instancia,

así como, lo que a su juicio es determinante de un vicio

de incongruencia omisiva, por no dar respuesta a una

de las pretensiones deducidas por la recurrente en

amparo, relativa a la insuficiencia del poder otorgado a don

Kurt Wolfgang Harald Füssel para suscribir en su nombre

y representación la póliza objeto de ejecución, al estar

referido aquél a una entidad mercantil distinta a la

avalada, por entender la Sala que se trataba de una cuestión

nueva no suscitada en el proceso con anterioridad al

acto de la vista del recurso de apelación.

La representación procesal del Banco Santander

Hispano Americano, S.A., tras oponer como óbices

procesales a la viabilidad de la pretensión de amparo el

incumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 44.1

a) y c) LOTC, niega en este caso la existencia de error

judicial alguno, ya que, en su opinión, el debate procesal

se atuvo estrictamente a las cuestiones planteadas por

las partes en las dos instancias judiciales, sobre las que

se pronunciaron congruentemente las Sentencias

dictadas. En este sentido afirma que la demandante de

amparo en ninguna de las instancias alegó, salvo en

el acto de la vista del recurso de apelación, que el poder

exhibido al suscribirse en su nombre y representación

la póliza objeto de ejecución era insuficiente, por referirse

a una entidad mercantil distinta a la avalada, tratándose,

pues, de una cuestión nueva, que se introdujo

extemporáneamente con vulneración de los principios de

preclusión e igualdad de las partes en el proceso, y que,

en consecuencia, no podían recoger los órganos

judiciales.

Por su parte el Ministerio Fiscal se pronuncia a favor

de la estimación de la demanda de amparo. Considera

que el Juzgado de Primera Instancia incurrió en un error

constitucionalmente relevante y decisorio de la litis, al

confundir, o dar por supuesto que eran una misma

empresa sin explicar por qué, la entidad mercantil

avalada en la póliza y aquella a la que se refería el poder

otorgado por la demandante de amparo a don Kurt

Wolfgang Harald Füssel, error que, no sólo no subsanó, sino

que consolidó la Audiencia Provincial, al no abordar en

su Sentencia la cuestión referida a la insuficiencia del

poder para suscribir en nombre y representación de la

recurrente en amparo dicha póliza, por entender que

se trataba de una cuestión nueva no debatida en el pleito,

cuando la misma ya había sido suscitada, antes de ser

reiterada con ocasión del recurso de apelación, en el

escrito de oposición de la demanda de ejecución y en

la vista del acto del juicio, y resultaba, además,

determinante del sentido de la decisión del proceso.

3. Antes de proceder a examinar las cuestiones de

fondo suscitadas han de ser analizados los óbices

procesales opuestos por la representación procesal del

Banco Santander Central Hispano, S.A., a la admisibilidad

de la demanda de amparo. Sostiene ésta, en primer lugar,

que la recurrente en amparo no ha agotado la vía judicial

previa [art. 44.1 a) LOTC], de un lado, al no haber acudido

al proceso declarativo ordinario, una vez concluido el

procedimiento ejecutivo, y, de otro, al no haber

interpuesto recurso de revisión contra las resoluciones

judiciales impugnadas.

En relación con el primero de los motivos en los que

se funda la falta de cumplimiento del requisito procesal

ahora enjuiciado este Tribunal Constitucional tiene

declarado que no encaja en la exigencia del art. 44.1 a) LOTC

la imposición al demandante de amparo, una vez

extinguido el procedimiento ejecutivo, la necesidad de acudir

a la vía declarativa ordinaria, al objeto de formular los

agravios que estimara oportunos, antes de interponer,

en su caso, el recurso de amparo constitucional. Una

interpretación del art. 44.1 a) LOTC como la propuesta

por la representación del Banco Santander Central

Hispano, S.A., que implicaría para el recurrente la obligación

de agotar el procedimiento ejecutivo en el cual se ha

producido la supuesta lesión de derechos fundamentales

y, además, el subsiguiente proceso declarativo, no se

acomoda al sentido rectamente entendido del requisito

que establece el art. 44.1 c) LOTC, cuya exigencia debe

de quedar acotada al agotamiento de los recursos

dirigibles contra la resolución o resoluciones judiciales

supuestamente causantes de las vulneraciones

denunciadas. Es innegable que, con arreglo a esta correcta

interpretación del mencionado art. 44.1 a) LOTC, la

demandante de amparo ha agotado todos los recursos

utilizables en la vía judicial previa (SSTC 128/2000, de

16 de mayo, FJ 1; 145/2000, de 29 de mayo, FJ 4,

por todas). En este sentido no resulta ocioso en modo

alguno recordar, como se declara en la STC 177/2001,

de 17 de septiembre, que "la exigencia de agotamiento

de los recursos utilizables, implica, a fin de cuentas, dar

todos los pasos que dentro de la correspondiente vía

procesal sean aptos para la tutela del derecho

correspondiente" (FJ 2).

Igual rechazo merece la alegada falta de agotamiento

de la vía judicial previa, al no haber acudido la

demandante de amparo al recurso de revisión civil, dado el

silencio de la representación procesal del Banco

Santander Central Hispano, S.A., sobre los precisos motivos

o razones por las que considera que en el presente

supuesto era posible acudir a tal extraordinario y

excepcional remedio rescisorio de resoluciones judiciales

firmes, que sólo cabe reputar como exigible con carácter

previo al subsidiario recurso de amparo, cuando éste

hubiera de fundarse exclusivamente, lo que no acontece

en el presente caso, ni nada se alega al respecto por

aquella representación procesal, en alguno de los

tasados motivos en que cabe articular aquél (SSTC

242/1991, de 16 de diciembre, FJ 2; 268/2000, de

13 de noviembre, FJ 2, por todas).

4. En segundo lugar, la representación procesal del

Banco Santander Central Hispano aduce el

incumplimiento por la demandante de amparo del requisito

procesal establecido en el art. 44.1 c) LOTC, esto es, la

invocación en el proceso judicial del derecho

constitucional supuestamente vulnerado, tan pronto como, una

vez conocida la violación, hubiere lugar a ello. Argumenta

al respecto que la recurrente en amparo no planteó en

ninguna de las instancias judiciales, salvo en el acto de

la vista del recurso de apelación y, posteriormente, con

ocasión del incidente de nulidad de actuaciones, la

insuficiencia del poder otorgado a don Kurt Wolfgang Harald

Füssel para suscribir en su nombre y representación la

póliza cuya ejecución se instaba, al referirse aquél a una

entidad mercantil distinta a la avalada, siendo ésta, por

el contrario, una cuestión nueva que se introdujo

tardíamente en el debate procesal.

Abstracción hecha de que el óbice procesal ahora

examinado no sería oponible a la vulneración autónoma

que del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1

CE) se imputa a la Sentencia de la Audiencia Provincial,

al no dar respuesta precisamente a la pretensión

deducida por la recurrente en amparo, relativa a la

insuficiencia del poder de don Kurt Wolfgang Harald Füssel

para suscribir en su nombre y representación la póliza

objeto de ejecución, por entender la Sala que se trataba

de una cuestión nueva no suscitada en el proceso con

anterioridad al acto de la vista del recurso de apelación,

lo cierto es que los razonamientos en los que se sustenta

en este caso el supuesto incumplimiento del referido

requisito procesal que establece el art. 44.1 c) LOTC

coinciden sustancialmente, y se confunden, con los

temas de fondo planteados en la demanda de amparo,

como veremos de inmediato, de modo que, bajo la

alegación de aquel incumplimiento, lo que realmente está

haciendo quien comparece como parte demandada en

este proceso constitucional es reiterar y traer de nuevo

a colación la argumentación con base en la cual se opone

al éxito de la pretensión de amparo de la recurrente.

Así pues, ha de ser rechazado también, atendida su

fundamentación y sin necesidad de una más detenida

argumentación, el segundo de los óbices procesales opuestos

a la admisión de la demanda de amparo.

5. Entrando ya en el examen de las cuestiones de

fondo suscitadas con ocasión del presente recurso de

amparo, nuestro enjuiciamiento ha de comenzar,

siguiendo un orden inverso al plasmado en el escrito de

demanda, por la denunciada vulneración del derecho a la tutela

judicial efectiva que se imputa a la Sentencia de la

Audiencia Provincial y, en la medida que confirma la

decisión judicial impugnada, al Auto que resuelve el

incidente de nulidad de actuaciones, por no dar respuesta

a la pretensión deducida por la recurrente en amparo

sobre la insuficiencia del poder otorgado a don Kurt

Wolfgang Harald Füssel para suscribir en su nombre y

representación la póliza objeto de ejecución, al estar referido

aquél a una entidad mercantil distinta a la avalada, al

entender el órgano judicial que se trataba de una

cuestión nueva no suscitada en el proceso con anterioridad,

pues, de apreciarse la lesión denunciada, la

consecuencia directa sería la retroacción de las actuaciones al

momento en que debió de dictarse una resolución

judicial respetuosa con el citado derecho fundamental que

diera una respuesta a la cuestión planteada.

Mas una doble precisión es necesaria, llegado este

momento, a fin de determinar adecuadamente en este

extremo el objeto de la queja de la recurrente en amparo.

La primera, pese a que en la demanda se plantean como

motivos distintos, que este motivo en el que sustenta

su pretensión de amparo viene a superponerse y

confundirse con la denunciada lesión del derecho a la tutela

judicial efectiva que también imputa a la Sentencia de

la Audiencia Provincial, por no haber procedido a

subsanar el error en el que supuestamente habría incurrido

el órgano judicial de instancia, al considerarlo una

"cuestión nueva no debatida en el pleito". La segunda, que,

aunque lo que se le reprocha a la Sentencia de la

Audiencia Provincial es un vicio de incongruencia omisiva, al

no haber dado respuesta a una de las pretensiones

deducidas por la recurrente en amparo, lo cierto es que, como

permite apreciar la lectura de esta resolución judicial,

en la misma se da una respuesta expresa y motivada,

aunque no de fondo, a aquella pretensión, por lo que,

de acuerdo con una reiterada doctrina constitucional,

que por conocida excusa su cita, no cabe estimar que

incurra en un defecto de incongruencia omisiva. En

realidad, como permite apreciar un detenido examen de

la demanda de amparo y de las citas jurisprudenciales

que en ella se hacen, bajo una inadecuada, y a veces

confusa, identificación de su queja, lo que denuncia la

demandante de amparo, como presupuesto o base

sustentadora de aquella alegación, es que la Sentencia de

la Audiencia Provincial ha incurrido en un error al

desestimar aquella pretensión, por entender que era una

cuestión nueva no debatida en el pleito la insuficiencia del

poder otorgado a don Kurt Wolfgang Harald Füssel para

suscribir, en nombre y representación de la demandante

de amparo, la póliza cuya ejecución se instaba, al estar

referido aquél a una entidad mercantil distinta a la

avalada, puesto que la misma había sido ya planteada por

la recurrente en amparo en la primera instancia. Este

supuesto equívoco en el que habría incurrido el Tribunal

ad quem ha determinado, en su opinión, la vulneración

del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

6. Ha de traerse a colación, pues, la doctrina

elaborada por este Tribunal en torno al error patente con

relevancia constitucional, recogida recientemente, entre

otras resoluciones, en las SSTC 96/2000, de 10 de abril

(FJ 5); 150/2000, de 12 de junio (FJ 2); 217/2000,

de 18 de septiembre (FJ 3); 55/2001, de 26 de febrero

(FJ 4); 134/2001, de 13 de junio (FJ 6); 172/2001,

de 19 de julio (FJ 3); 177/2001, de 17 de septiembre

(FJ 4), a fin de comprobar si efectivamente la denunciada

equivocación sufrida por el Tribunal ad quem puede

calificarse como tal y ha supuesto la vulneración del derecho

fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

De acuerdo con la mencionada doctrina

constitucional, aunque en alguna ocasión este Tribunal se ha

referido a las particularidades de la figura del error patente

que recae sobre la argumentación jurídica (STC

214/1999, de 29 de noviembre), esta institución viene

relacionada primordialmente con aspectos de carácter

fáctico. Así se ha aludido a ella como "indebida

apreciación de datos de la realidad condicionantes de la

resolución adoptada" (STC 68/1998, de 30 de marzo) o,

de modo similar, se ha relacionado "con la determinación

de los hechos objeto de juicio o con la determinación

y relación del material de hecho sobre el que se asienta

la decisión" (STC 112/1998, de 1 de junio), aplicándose

también a un "dato fáctico indebidamente declarado

como cierto" (STC 110/1999, de 31 de mayo).

Para que el error llegue a determinar la vulneración

del derecho a la tutela judicial efectiva es preciso que

concurran varios requisitos. En primer lugar, se requiere

que el error sea determinante de la decisión adoptada,

esto es, que constituya el soporte único o básico de

la resolución (ratio decidendi), de modo que, constatada

su existencia, la fundamentación jurídica pierda el

sentido y alcance que la justificaba, y no pueda conocerse

cuál hubiese sido el sentido de la resolución, de no

haberse incurrido en el mismo. Es necesario, en segundo

término, que la equivocación sea atribuible al órgano

judicial; es decir, que no sea imputable a la negligencia de

la parte, pues en caso contrario no existirá en sentido

estricto una vulneración del derecho fundamental, tal

y como presupone el art. 44.1 b) LOTC. En tercer lugar,

el error ha de ser, como ya se ha advertido, patente

o, lo que es lo mismo, inmediatamente verificable de

forma incontrovertible a partir de las actuaciones

judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda

o contraria a los principios elementales de la lógica y

de la experiencia. Y, por último, la equivocación ha de

producir efectos negativos en la esfera del ciudadano,

de modo que las meras inexactitudes que no produzcan

efectos para las partes carecen, pues, de relevancia

constitucional (por todas, SSTC 96/2000, de 10 de abril,

FJ 4; 55/2001, de 26 de febrero, FJ 4; 177/2001,

de 17 de septiembre, FJ 4).

7. En el presente caso la aplicación de la doctrina

constitucional expuesta ha de conducir a la estimación

de la queja de la recurrente en amparo en este extremo.

En efecto, la Audiencia Provincial, según se recoge en

su Sentencia, rechazó la alegación de la demandante

de amparo relativa a la insuficiencia del poder que había

otorgado a don Kurt Wolfgang Harald Füssel para

suscribir en su nombre y representación la póliza objeto

del proceso de ejecución, al estar referido aquél a una

entidad mercantil distinta a la avalada, por "tratarse de

una cuestión nueva no debatida en el pleito", cuya

introducción en el acto de la vista del recurso de apelación

"está prohibida por violentar los principios de preclusión

e igualdad de las partes en el proceso, pues de lo

contrario se vulneraría la oportunidad procesal de defensa,

privando a la parte contraria de su derecho a alegar

y formular la prueba que estimase oportuna con relación

a dicho extremo" (fundamento de Derecho primero).

Sin embargo, frente a lo afirmado en la Sentencia

de apelación, un detenido examen de las actuaciones

judiciales permite apreciar, como advierte el Ministerio

Fiscal, que aquella cuestión ya había sido planteada por

la demandada en el proceso a quo y ahora demandante

de amparo en la primera instancia e, incluso, que fue

abordada de forma expresa, aunque la conclusión

alcanzada resultase errónea según la recurrente en amparo,

por el Juzgado de Primera Instancia en su Sentencia.

En este sentido puede constatarse que la demandante

de amparo, ya en el escrito de oposición a la ejecución

despachada, alegó, entre otras excepciones, con

cobertura en el art. 1647.1 y 4 LEC, que no se había aportado

documento alguno del que resultase el supuesto poder

por ella otorgado a favor del Sr. Harald Füssel para que

éste pudiera, en su nombre, suscribir la póliza objeto

del proceso, así como que éste jamás había sido

autorizado por ella para que, en su nombre, prestara fianza

personal en relación con la póliza suscrita a favor de

la mercantil Semel Comercial, S.L., por lo que concluía

que el Sr. Harald Füssel carecía de representación para

avalar en nombre de la recurrente en amparo a la citada

mercantil, no pudiéndosele exigir, por tal circunstancia,

el cumplimiento de la fianza. Más concretamente puede

comprobarse que en el acto de la vista pública del juicio

ejecutivo, según la instructa presentada y que figura en

las actuaciones, la representación letrada de la

recurrente en amparo volvió a insistir, más detenidamente, en

la argumentación ya expuesta en el escrito de oposición

a la ejecución, aduciendo que la escritura de poder

otorgada a favor del Sr. Harald Füssel no facultaba a éste

para afianzar, en su nombre, a la compañía Semel

Comercial, ya que los poderes conferidos se encontraban

restringidos o limitados, en lo que ahora interesa, a los

derechos que correspondían a la demandante de amparo

en la mercantil Señalizaciones y Mandos Eléctricos, S.A.,

y que el Banco Santander Central Hispano, S.A., conocía

perfectamente las limitaciones que figuraban en el poder.

Es más, tal argumentación se califica de motivo principal

a la oposición de la ejecución.

Por su parte la representación procesal de la parte

demandante en el proceso a quo, tanto en el trámite

de alegaciones conferido en contestación al escrito de

oposición a la ejecución, como en el acto de la vista

pública del juicio, razonó sobre la suficiencia del poder

otorgado por la demandante de amparo al Sr. Harald

Füssel para la formalización, en su nombre y

representación, de la póliza objeto de la ejecución. Y, en fin,

como permite apreciar la lectura de la Sentencia del

Juzgado de Primera Instancia, en la misma se da

respuesta a la alegación de la demandante de amparo sobre

la suficiencia del poder otorgado por ella al Sr. Harald

Füssel, para afianzar, en su nombre y representación,

la póliza suscrita a favor de la mercantil Semel Comercial,

S.L., respuesta que la recurrente en amparo entiende

incursa en un error patente, por confundir el órgano

judicial la mercantil a la que se circunscribían los poderes

conferidos y la mercantil avalada por la póliza objeto

de ejecución.

Así pues, la Audiencia Provincial, al calificar como

cuestión nueva, rechazándola por tal motivo, la alegación

relativa a la insuficiencia del poder otorgado al Sr. Harald

Füssel para afianzar, en nombre y representación de la

demandante de amparo, a la mercantil Semel Comercial,

S.L., por estar referido aquél a una mercantil distinta

a la avalada, ha incurrido en un error material patente

y manifiesto, que resulta verificable de forma inconcusa

a partir del examen de las actuaciones judiciales,

imputable únicamente al órgano judicial, determinante del

sentido de la decisión judicial adoptada (pues, de

estimarse la insuficiencia denunciada, no cabría continuar

con la ejecución despachada), y, en fin, generador,

obviamente, de efectos negativos en la esfera de la

demandante de amparo, al ver ésta desestimadas sus

pretensiones. En definitiva, la Sentencia de la Audiencia

Provincial y, en la medida en que la confirma, el Auto dictado

en el incidente de nulidad de actuaciones, al incurrir

en el error patente puesto de manifiesto, han lesionado

el derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante

de amparo, en su vertiente de derecho a obtener una

resolución judicial fundada en Derecho y razonable.

8. La estimación del motivo de la demanda de

amparo examinado y los efectos que al respecto se derivan

de tal pronunciamiento requieren que aquí se detenga

nuestro enjuiciamiento, sin que proceda, en

consecuencia, analizar, so pena de menoscabar el carácter

subsidiario del recurso de amparo, la denunciada lesión del

derecho a la tutela judicial efectiva que la recurrente

en amparo imputa a la Sentencia del Juzgado de Primera

Instancia por incurrir en un flagrante error al haber

confundido la entidad mercantil avalada y aquella otra a

la que se referían los poderes conferidos al Sr. Harald

Füssel, al tratarse de una cuestión sobre la que ha de

pronunciarse la Audiencia Provincial.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal

Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN

DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar la presente demanda de amparo y, en su

virtud:

1.o Declarar que se ha vulnerado el derecho de la

recurrente en amparo a la tutela judicial efectiva (art.

24.1 CE).

2.o Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar

la nulidad de la Sentencia, de 24 de octubre de 1999,

y del Auto, de 25 de febrero de 2000, de la Sección

Decimotercera de la Audiencia Provincial de Barcelona,

recaídos en el rollo de apelación núm. 600/98,

retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente

anterior al de dictarse la mencionada Sentencia, para

que se dicte una nueva Sentencia que respete el derecho

fundamental lesionado.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del

Estado".

Dada en Madrid, a once de febrero de dos mil

dos.-Tomás S. Vives Antón.-Pablo Cachón Villar.

-Vicente Conde Martín de Hijas.-Guillermo Jiménez

Sánchez.-Elisa Pérez Vera.-Firmado y rubricado.

ANÁLISIS

  • Rango: Sentencia
  • Fecha de disposición: 11/02/2002
  • Fecha de publicación: 14/03/2002
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 246 de 14 de octubre de 2005 (Ref. BOE-T-2005-16986).

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