Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional,

compuesta por don Tomás Vives Antón, Presidente, don

Pablo Cachón Villar, don Vicente Conde Martín de Hijas,

don Guillermo Jiménez Sánchez, doña Elisa Pérez Vera

y don Eugeni Gay Montalvo, Magistrados, han

pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 4122/97, promovido

por don José Nocelo Novoa, representado por el

Procurador de los Tribunales don Vicente Ruigómez

Muriedas y asistido por el Letrado don Alberto Javier González

Atanes, contra el Auto núm. 1553/1997 de la Sala

Segunda del Tribunal Supremo, dictado el 23 de julio

de 1997, que inadmitió el recurso de casación formulado

contra la Sentencia núm. 71/1996 de la Audiencia

Provincial de Orense, dictada en el sumario núm. 1/95,

seguido por un delito contra la salud pública. Ha

intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada

doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer de la

Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en la sede de este

Tribunal el 17 de octubre de 1997, el Procurador don

Vicente Ruigómez Muriedas interpuso recurso de

amparo en nombre y representación de don José Nocelo

Novoa, contra las resoluciones mencionadas en el

encabezamiento.

2. Son hechos relevantes para el examen de este

recurso de amparo, según se deduce de las actuaciones

y del relato de hechos probados, los que a continuación

se resumen:

a) Sobre las 14 horas del día 12 de noviembre

de 1993, varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía

detuvieron a don Enrique Gutiérrez Cortés cuando,

procedente de Verín (Orense), conducía un vehículo de su

propiedad con dirección a Portugal. En el registro del

vehículo se halló oculto un paquete de cocaína. En su

declaración ante la policía, prestada ese mismo día

(folio 1 vuelto), admitió que transportaba dicho paquete

hasta Portugal por encargo de un tal "Pepe" (de Verín),

aunque desconocía el contenido exacto del mismo. Tras

aportar algunos datos identificativos de "Pepe",

manifestó que fue él quien le ofreció cierta cantidad de dinero

por llevar a cabo el porte de un paquete hasta Portugal,

lugar donde debía entregarlo a una tercera persona. Con

los datos facilitados, la policía identificó a don José

Nocelo Novoa como la persona que había encargado a Enrique

el transporte de la droga.

El día siguiente, 13 de noviembre de 1993, don

Enrique Gutiérrez Cortes prestó declaración ante la Juez de

Instrucción núm. 1 de Verín (folio 11), ratificando lo

manifestado ante la policía y reiterando que fue "Pepe" quien

le encargó hacer el porte y quien le pagaría por ello.

Afirmó desconocer el contenido del paquete y explicó

que el mismo fue introducido en su automóvil por

personas que le eran desconocidas. Tras la declaración, la

Juez decretó su prisión provisional. Un día mas tarde,

el 14 de noviembre, agentes de la policía nacional

detuvieron a don José Nocelo, que negó las anteriores

imputaciones, pese a lo cual fue también decretada su prisión

provisional.

El 26 de noviembre de 1993 se recibió un telegrama

en el Juzgado de Instrucción con el siguiente texto:

"Deseo formular nueva declaración. Soy Enrique Gutiérrez

Cortés". El 7 de diciembre siguiente la Juez acuerda

librar exhorto a Orense a fin de que Enrique Gutiérrez

y José Nocelo ratifiquen el contenido de sus

manifestaciones. El 1 de enero de 1994, el recurrente remite

telegrama al Juzgado designando Procurador. El 11 de

enero la Juez acuerda de nuevo remitir exhorto a Orense

con el fin de que José Nocelo ratifique la designación

de Procurador y se reciba declaración a Enrique

Gutiérrez. Tres días después ambos detenidos ratificaron

la designación de Letrado y Procurador. El 17 de enero

(folio 84), en Orense, presta nueva declaración Enrique

Gutiérrez (con la asistencia de una Letrada designada

de oficio) y ratifica sus anteriores manifestaciones

prestadas ante la policía y la Juez, en las que involucra a

José Nocelo como organizador del transporte de la

droga. Mientras tanto José Nocelo solicita a la Juez que

declare nulas las declaraciones de Enrique Gutiérrez a

las que no asistió su Letrado. La petición es rechazada

por la Juez, por Auto de 28 de febrero de 1994.

El 18 de febrero de 1994 se recibe en el Juzgado

de Instrucción una carta mecanografiada, firmada por

Enrique Gutiérrez, en la que se retracta de las anteriores

declaraciones en las que imputaba a José Nocelo como

la persona que le encargó el transporte de la droga.

El 9 de marzo de 1994, tras recibir una petición del

Sr. Nocelo que solicita un careo con el otro detenido,

la Juez acuerda recibir nueva declaración a Enrique

Gutiérrez, lo cual se lleva a efecto el 11 de abril (folio

136). A ella asisten la Fiscal, su Letrado y el Letrado

del recurrente. En esta declaración el Sr. Gutiérrez ratifica

íntegramente, de nuevo, sus anteriores manifestaciones,

aclarando que si remitió un telegrama al Juzgado

solicitando hacer una nueva declaración fue porque le

presionaron en la prisión mediante amenazas de muerte

dirigidas a él y su familia.

El 2 de mayo de 1995, la Juez dicta Auto declarando

procesados a José Nocelo, a Enrique Gutiérrez y a Rafael

Valle. Al primero le imputa haber ofrecido dinero al

segundo para que transportara algo más de 1 Kg. de

cocaína a Portugal, la cual era propiedad de Rafael Valle.

El 5 de mayo de 1995 la Juez acuerda librar exhorto

a Orense a fin de recibir declaración indagatoria a Enrique

Gutiérrez, en la cual, el 25 de mayo siguiente (folio 246),

ratifica las imputaciones contra José Nocelo respecto

al viaje del día 12 de noviembre de 1993 en que fue

detenido, aclarando que sólo efectuó dicho viaje, y no

dos, como se indicaba en el Auto de procesamiento.

A dicha declaración no asiste el Letrado del Sr. Nocelo,

pese a estar personado en los autos.

En el juicio oral, el 20 de noviembre de 1996, don

Enrique Gutiérrez Cortés expresó su deseo de no

declarar. Los Letrados de los otros acusados solicitaron que

se les permitiera hacerle preguntas breves, denunciando

que, en caso contrario, se les causaría indefensión. El

Presidente del Tribunal denegó dicha petición "en virtud

del derecho que asiste a todo procesado a no contestar

y a permanecer callado". Al ejercer su derecho a la última

palabra Enrique Gutiérrez manifestó que "nunca ha

tenido intención de mentir y que la policía miente sobre

como fue la detención, y que no conoce a Rafael Valle,

que sí conoce a Nocelo, y que "Tito" no es Rafael Valle".

b) La Sentencia de la Audiencia Provincial de

Orense, de 23 de noviembre de 1996, condenó al ahora

recurrente de amparo y al otro acusado, don Enrique

Gutiérrez Cortés como autores de un delito de tráfico

de drogas del art. 344 del Código Penal de 1973, en

cantidad de notoria importancia, de conformidad con

lo dispuesto en el art. 344 bis a) del mismo texto legal,

sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a

la pena de nueve años y un día de prisión mayor y multa

de 110 millones de pesetas, con arresto sustitutorio de

dos meses en caso de impago a cada uno de los dos

acusados ya mencionados, así como a las accesorias

correspondientes y al pago de la tercera parte de las

costas procesales.

En el relato de hechos probados se describía que

don Enrique Gutiérrez Cortés fue detenido cuando

conducía un vehículo desde Verín hacia Portugal, en el que

previamente otro individuo de identidad no acreditada

había introducido en un habitáculo existente tras el

radio-casette un paquete que contenía 1.002,1 gramos

de cocaína, con una riqueza de 89,2 por 100. Y se añadía

lo siguiente:

"Dicho transporte se verificaba por cuenta y encargo

del también acusado José Nocelo Novoa, mayor de edad

y sin antecedentes penales, puestos ambos de común

acuerdo, el cual había dado a Enrique las directrices

a seguir en la operación y los oportunos contactos, y

asimismo era el encargado de abonar la actividad de

transporte."

La Sentencia de la Audiencia expresó en el

fundamento de Derecho tercero los datos que, en su opinión,

acreditaban la participación en los hechos del ahora actor

de amparo don José Nocelo Novoa:

"Participación que se deriva, en primer término de

la declaración del coacusado Enrique Gutiérrez Cortés,

que de modo claro, tanto en la primera declaración que

prestó en las dependencias policiales asistido del letrado

de oficio, como en las posteriores prestadas a presencia

judicial en diversas ocasiones y también con asistencia

letrada, ratificó aquella primera versión de los hechos,

así al folio 11 de los Autos, al folio 82 (en declaración

prestada por segunda vez en 17 de enero de 1994),

al folio 136 y al folio 246 al prestar declaración

indagatoria, declaraciones en las que sin incurrir en

contradicción alguna manifestó como el porte se lo abonaba

José Nocelo Novoa, como el transporte lo realizaba por

encargo del mismo y como le daba además el número

de teléfono del contacto de Villanueva de Arosa, como

ya lo había hecho en otra ocasión anterior, dando toda

clase de datos identificativos de la persona de dicho

coacusado, del vehículo que utilizaba, del negocio de

su compañera sentimental en la ciudad de Chaves, que

al ser ciertos y confirmados por la policía, dieron lugar

a su detención. Y esta declaración del coimputado, al

no obedecer a móviles de odio, enemistad u obediencia

a tercera persona, pues el propio José Nocelo Novoa

manifestó que no tenía enemistad con Enrique, ni aún

ánimo de exculpación propio, reúne los elementos

necesarios para estimarla como actividad probatoria de cargo,

según reiterada doctrina jurisprudencial (SSTS 24 de

septiembre de 1987, 22 de mayo de 1995, entre otras).

Y si efectivamente tales manifestaciones inculpatorias

no pudieron ser ratificadas en el acto de juicio oral, al

hacer uso el coacusado de su derecho a permanecer

callado, sin embargo tales diligencias sumariales,

practicadas con todas las formalidades legales, fueron

introducidas en el marco contradictorio del juicio oral

integradas como prueba documental por el Ministerio Fiscal,

sin que la defensa del acusado en esa fase de juicio,

hiciera protesta o reserva alguna a los efectos

pertinentes, y sin que pueda dejar de tenerse en cuenta que

también las declaraciones vertidas en el acto de juicio

por el funcionario de policía con carnet 43.843, que

dirigía la investigación, constituyen prueba de cargo

bastante para acreditar la participación de dicho acusado,

y vienen a corroborar las inculpatorias del coprocesado

Enrique Gutiérrez Cortés, pues en contra de lo

manifestado por José Nocelo Novoa que manifestó haber

estado con Enrique en sólo una ocasión, sin embargo

dicho funcionario manifestó haber observado como

ambos inculpados mantuvieron varios contactos en

distintas ocasiones en la zona de Chaves y Verín y en días

previos a la ocupación de la droga y que tenían

información de que ambos pasaban estupefacientes a

Portugal, lo que dio lugar al inicio de las investigaciones

policiales y a la posterior aprehensión de la droga;

manifestando además un dato revelador cual es que el día

de los hechos delante del coche de Enrique viajaba

Nocelo en el Peugeot-205, que utilizaba habitualmente."

c) El ahora demandante de amparo interpuso

recurso de casación contra la anterior resolución, que fue

inadmitido a trámite por el Auto de la Sala Segunda

del Tribunal Supremo de 23 de julio de 1997. En su

recurso el demandante de amparo denunció: a) Indebida

aplicación de los arts. 344 y 344 bis a) CP, al considerar

no probada su participación en los hechos; b) Infracción

de ley por error en la apreciación de la prueba (art. 849.2

LECrim) que derivaba de documentos que mostraban

la equivocación del juzgador (se citaban como

documen

tos las declaraciones sumariales utilizadas por el Tribunal

como elemento de prueba); c) Vulneración del art. 24.2

CE, al considerar que no se practicó en el juicio oral

prueba válida de cargo que destruyera la presunción

de inocencia del Sr. Nocelo.

El Auto de 23 de julio de 1997 por el que se inadmitió

a trámite el recurso de casación al apreciar carencia

manifiesta de fundamento y falta de respeto al relato

de hechos probados, señaló: a) que era correcta la

subsunción de los hechos probados en los arts. 344 y 344

bis a) dado que existió concierto de voluntades entre

ambos condenados para proceder al transporte y

distribución de la droga ilícita; b) que la documentación

de las declaraciones sumariales del coacusado Enrique

Gutiérrez no es uno de los "documentos" que permiten

alegar en casación supuestos "errores en la apreciación

de la prueba", ex art. 849.2 LECrim; c) que carece de

fundamento la alegada lesión del derecho a la presunción

de inocencia pues el Tribunal de instancia había contado

con actividad probatoria de cargo obtenida con todas

las garantías sobre la que fundar la condena. Dicha

actividad probatoria de cargo la constituían las declaraciones

sumariales del coimputado don Enrique Gutiérrez Cortés

y la declaración en el juicio oral de uno de los funcionarios

de policía que declaró haber visto a los dos acusados

mantener contactos en los días previos al transporte de

la droga. Se añadió que existían sospechas de que ambos

pasaban droga a Portugal, lo que dio lugar a la

investigación; y por último, que el día en que se produjo la

aprehensión de la droga, el Sr. Nocelo Novoa viajaba

con el vehículo que usaba habitualmente delante del

que conducía Enrique Gutiérrez.

3. En su demanda, solicita el actor que se le otorgue

amparo y se declare la nulidad de las resoluciones

impugnadas. Mediante otrosí pide la suspensión de la ejecución

de la condena, afirmando que si se estimara el recurso,

sería imposible repararle el daño ocasionado al estar

privado innecesariamente de libertad.

Dos son las vulneraciones de derechos

fundamentales que en la demanda se aducen:

a) En la primera queja afirma el recurrente que fue

condenado sin prueba de cargo suficiente practicada

con todas las garantías, lo que lesionaría su derecho

a ser presumido inocente. Considera que sólo las dos

primeras declaraciones sumariales de Enrique Gutiérrez,

prestadas ante la Juez de Instrucción antes de su

personación en el proceso, tienen contenido incriminatorio,

pues las otras dos no son sino "una simple ratificación

(de las anteriores) sin sometimiento a preguntas ni

contradicción alguna por parte de las demás partes

personadas". Aun admitiendo su contenido incriminatorio,

dichas declaraciones sumariales (que han fundamentado

su condena), no son, en su opinión, prueba válida que

pueda desvirtuar su presunción de inocencia por cuanto

las mismas ni se han prestado en el juicio oral (ya que

Enrique Gutiérrez se negó entonces a declarar y a

contestar a ninguna de las preguntas que pretendiera

dirigírsele), ni su contenido ha sido leído públicamente en

dicho acto, sino que tales declaraciones accedieron al

plenario como prueba documental al darse "por

reproducidas", por lo que no pueden fundar una decisión

condenatoria al no cumplir las exigencias constitucionales

de contradicción, oralidad, inmediación y publicidad.

Al cuestionar la razonabilidad de la decisión de

condena impugnada pone de manifiesto que las

declaraciones del Sr. Gutiérrez Cortés también facilitaron datos

identificadores de otro de los acusados en el proceso

penal a quo (don Rafael Valle), pese a lo cual, dichas

manifestaciones no sirvieron para condenar a este tercer

acusado que, por el contrario, resultó absuelto, por lo

que reclama para él el mismo trato. Dice el recurrente

que el Sr. Gutiérrez Cortés efectuó lo que denomina

"testimonio impropio del arrepentido", impulsado por un

móvil de autoexculpación, para obtener un trato más

favorable, atendiendo así, quizás, a las sugerencias

policiales, por lo que sus manifestaciones carecen de toda

credibilidad.

Por lo que se refiere a las declaraciones testificales

ofrecidas por los agentes de policía, considera el

recurrente que no son pruebas de cargo pues se trata

de pruebas indirectas o de referencia, ya que los agentes

sólo tenían un conocimiento mediato de los hechos, por

lo que no podían tener la virtualidad probatoria que se

les ha dado. Además, en tales declaraciones los agentes

habrían incurrido en multitud de contradicciones e

inexactitudes que también les restan cualquier

credibilidad.

b) Con la segunda queja alega el recurrente la

infracción del art. 24.1 CE, afirmando haber quedado

indefenso por dos motivos: En primer lugar, la indefensión

se habría producido al considerar el Tribunal Supremo

que carecía de fundamento el motivo de casación por

el que, al amparo de lo previsto en el art. 849.2 LECrim,

adujo error en la apreciación de la prueba en relación

con la documentación de las declaraciones sumariales

del coimputado don Enrique Gutiérrez Cortés. Considera

el recurrente que cuando la condena se basa en

declaraciones sumariales, que se dan por reproducidas en

el juicio oral como prueba documental, su valoración

judicial ha de poder ser impugnada por la vía prevista

en el precepto procesal citado, pues en otro caso no

es posible debatir en casación acerca del contenido de

tales manifestaciones. Tal indefensión se habría visto

incrementada porque no se dio lectura a dichas

declaraciones, ni se dejó a las defensas formular preguntas

al coimputado ni hacer constar en el acta el contenido

de las mismas. Afirma el recurrente que la resolución

impugnada incurrió en error al valorar el contenido de

las manifestaciones sumariales del coimputado porque

de las mismas no cabe deducir, como se afirma en los

hechos probados, que el registro del vehículo se hiciera

en su presencia, ni que el paquete de droga que la policía

aportó al Juzgado fuera el mismo que supuestamente

habían introducido en el coche terceras personas.

En segundo término, se habría producido también

indefensión por no haberse incorporado a las

actuaciones ningún acta policial de aprehensión que diera cuenta

detallada del hallazgo de la droga. Esta omisión conduce

al recurrente a afirmar que no se ha practicado prueba

alguna con las suficientes garantías de legalidad que

acredite el hallazgo de la droga, pues las manifestaciones

del coimputado y de los testigos (los agentes de policía

que intervinieron en el hallazgo) incurren en numerosas

contradicciones que impiden dar por probada la

existencia de la droga.

4. Mediante providencia de 9 de julio de 1998, la

Sección Cuarta de este Tribunal acordó admitir a trámite

la presente demanda de amparo, requerir las actuaciones

a los órganos judiciales que habían dictado las

resoluciones impugnadas, así como emplazar a quienes

hubieran sido parte en el proceso judicial para que, si

lo deseaban, pudieran comparecer en el recurso de

amparo.

5. Por otra providencia de idéntica fecha, se ordenó

formar la pieza separada para tramitar el incidente de

suspensión. Tras las alegaciones de las partes, el

incidente se decidió por Auto de la Sala Segunda de este

Tribunal, de 14 de septiembre de 1998, en el sentido

de denegar la suspensión solicitada.

6. Una vez recibidas las actuaciones del Tribunal

Supremo y de la Audiencia Provincial de Orense, la

Sección dictó providencia de fecha 28 de septiembre de

1998, en la que acordó dar vista de las actuaciones

a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por plazo

común de veinte días, para que dentro de dicho plazo

pudieran presentar las alegaciones que estimasen

pertinentes.

7. La representación procesal del recurrente

presentó su escrito de alegaciones el 27 de octubre de 1998,

reiterando en lo sustancial los argumentos ya expresados

en la demanda de amparo.

8. La representante del Ministerio Fiscal presentó

sus alegaciones el 29 de octubre de 1998, solicitando

que se dictara Sentencia denegando el amparo

solicitado. Tras resumir los hechos y las alegaciones del

demandante, resalta que el coimputado Sr. Gutiérrez

declaró después de ser detenido en presencia de Letrado,

dando todo tipo de datos de otra persona, que resultó

ser el ahora recurrente, y de un tal "Tito". La segunda

declaración del Sr. Gutiérrez se efectuó con la asistencia

del Letrado del ahora demandante (folio 136), y en ella

ratificó sus anteriores manifestaciones, aclarando que

si había solicitado de nuevo prestar declaración fue por

haber sido presionado en la cárcel para que así lo hiciera.

La declaración indagatoria del Sr. Gutiérrez se produjo

también en presencia del Abogado del recurrente de

amparo (folio 246) (sic) y en ella volvió a ratificar sus

anteriores manifestaciones, refiriéndose ahora al

recurrente como "Pepe el de Verín". En el acto del juicio

oral el coimputado Sr. Gutiérrez rectificó su anterior

postura de estar dispuesto a declarar y se negó a contestar

cualquier pregunta. Concedida la última palabra,

manifestó que nunca había tenido intención de mentir, que

la policía mentía acerca de cómo había ocurrido la

detención, que no conocía a Rafael del Valle (procesado

posteriormente absuelto), que sí conocía a Nocelo (ahora

recurrente de amparo), y que Tito no es Rafael del Valle.

En suma, en el plenario, el otro coimputado, si bien

en el uso de la última palabra y no en el interrogatorio,

manifestó no haber mentido, discrepó en la forma en

que los policías -no se sabe cuál de los agentes-

manifestó que se había producido la detención, y aclaró que

el otro procesado no era aquél al que él había designado

como Tito, al que no conocía, a diferencia del ahora

recurrente al que sí conocía. De ello se infiere que las

declaraciones constantes y reiteradas del coimputado,

inculpatorias tanto para él mismo como para el ahora

demandante y para un tercero, fueron prestadas parte

de ellas, y con una total ratificación, en presencia del

Letrado del ahora actor de amparo, y fueron ratificadas

en el plenario, aunque con las aclaraciones antedichas.

Según la representante del Ministerio Fiscal, no estamos

en presencia de declaraciones de un coimputado

incriminatorias en fase sumarial y de las que después se

retracta en el plenario, ni tampoco en presencia de

declaraciones prestadas en fase sumarial, pero en ausencia

de la representación del ahora recurrente, puesto que

tales declaraciones han permanecido sustancialmente

iguales en sede policial, sumarial y de plenario.

Cuando fue posible, esto es, tras su detención, a la

representación del ahora recurrente se le dio la

posibilidad de intervención en la toma de las declaraciones,

habiendo estado presente en los actos de deposición

del coimputado; cosa distinta es que éste se haya negado

a contestar las preguntas de aquél, haciendo uso de

los derechos constitucionales que le amparan. Es cierto

que las declaraciones no fueron leídas en el plenario,

pero el Fiscal añade que ni hubo retractación, por lo

que no era idónea su lectura en virtud del art. 714

LECrim, ni tampoco la prueba dejó de practicarse por

causa independiente de la voluntad de las partes, por

cuanto obedeció a la decisión legítima del coimputado.

Por ello, tampoco era factible su lectura al amparo del

art. 730 LECrim. A ello hay que añadir que tales

declaraciones fueron ratificadas en el uso del derecho a la

última palabra. Ciertamente, no hubiera estado de más

su pública lectura, pero si se examina el acta del juicio

oral, se comprueba que todas las partes estuvieron

concordes en dar por reproducida la misma, incluso respecto

a periciales automovilísticas solicitadas por la defensa.

Frente al criterio del recurrente, la representante del

Ministerio público insiste en que se han puesto a

disposición del recurrente todos los mecanismos procesales

existentes y en todos los momentos procesales para

facilitar su presencia en la toma de las declaraciones, sin

que exista ningún precepto procesal ni constitucional

que consagre el derecho a interrogar a los imputados,

por cuanto a los mismos se les reconoce, por el contrario,

el derecho a no contestar. Ningún derecho de defensa

se les han vulnerado ni al recurrente ni tampoco al

coimputado, ya que en sus declaraciones se les ha respetado

escrupulosamente sus derechos. Afirma, con cita de la

STC 115/1998, que la prueba es válida en su obtención

y, en consecuencia, susceptible de ser valorada por la

Sala sentenciadora, tanto en lo que a él respecta como

en lo referente a la persona que prestó la declaración.

No aprecia la Fiscal que en el presente caso exista

un móvil autoexculpatorio en las declaraciones del

coimputado, por cuanto éste reconoció con ellas su

intervención en los hechos; asimismo, está ausente cualquier

enemistad entre ambos, puesto que el ahora recurrente

reconoció incluso en el plenario relaciones totalmente

cordiales con el coimputado. El Tribunal sentenciador

ha dispuesto además del testimonio prestado en el

plenario por el funcionario policial con carné profesional

núm. 43.843, testigo directo de los hechos, quien

manifestó poseer informaciones que vinculaban a ambos

acusados en la actividad ilícita, haberlos observado juntos

en diversas localidades, tanto españolas como

extranjeras, en fechas inmediatamente anteriores al día de la

detención, así como haber visto el día de la detención

que el ahora recurrente precedía en su automóvil al otro

condenado que llevaba la sustancia. Además, existen

toda una serie de datos que corroboran las declaraciones

del coimputado: la previa relación existente entre ambos

acusados, no negada por nadie ni tampoco por el

recurrente; la inexistencia de problemas previos entre

ellos; la inexistencia de afán exculpatorio del otro

procesado; el testimonio del agente instructor del atestado

policial quien, en el curso de las investigaciones

policiales, los observó juntos en diversas localidades a

ambos lados de la frontera; el hecho de que la droga

fuera llevada a Portugal; y el hecho de que el día de

autos, en el momento de la detención, el ahora recurrente

también fuera visto dirigiéndose a Portugal, precediendo

al transportista de la sustancia.

Considera que tampoco puede ser estimada la

segunda de las quejas pues, bajo la invocación de una supuesta

indefensión, subyace de nuevo una simple diferencia de

criterio acerca de la suficiencia de la prueba en la que

el órgano judicial fundó su decisión de condena.

Por todo ello, la Fiscal concluye interesando que el

Tribunal Constitucional dicte Sentencia denegando el

amparo.

9. Mediante providencia de 5 de junio de 2001,

la Sala Segunda de este Tribunal requirió a la Audiencia

Provincial de Orense para que remitiera certificación o

fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes

al sumario 1/95 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de

Verín. Tales actuaciones fueron recibidas en el Registro

de este Tribunal el día 19 de junio de 2001.

10. Por providencia de 10 de enero de 2002, se

señaló el día 14 del mismo mes y año para la votación

y fallo de la presente Sentencia.

II. Fundamentos jurídicos

1. Quien demanda el amparo de este Tribunal fue

condenado como autor de un delito contra la salud

pública a las penas de nueve años de privación de libertad

y 110 millones de pesetas de multa. En el relato de

hechos probados de la Sentencia condenatoria se

describe cómo, con simultánea promesa de remuneración,

encargó a otro condenado en el mismo proceso (don

Enrique Gutiérrez Cortés), que transportara en su

vehículo desde Villagarcía de Arosa hasta una localidad

portuguesa, un paquete que contenía poco más de un

kilogramo de cocaína, el cual debía recoger y entregar a

personas que no llegaron a ser identificadas.

La demanda de amparo se dirige tanto contra la

Sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Orense,

como contra el Auto dictado por la Sala Segunda del

Tribunal Supremo que inadmitió el subsiguiente recurso

de casación al considerarlo carente de fundamento. Al

exponer la base de sus quejas considera el actor que

se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia,

garantizado en el art. 24.2 de la norma fundamental,

al haber sido condenado sin prueba de cargo obtenida

con todas las garantías, así como que durante el proceso

se le ha causado indefensión. Teniendo en cuenta los

distintos efectos que conlleva cada una de las peticiones

de amparo formuladas, comenzaremos el análisis de la

demanda por esta segunda queja, dado que su eventual

estimación podría dar lugar a un fallo anulatorio con

retroacción de actuaciones en el proceso judicial a quo.

2. Entiende el recurrente que le produjo indefensión

la decisión de inadmisión adoptada por la Sala Segunda

del Tribunal Supremo, cuando declaró que el segundo

de los motivos aducidos en casación -a través del cual

alegaba la existencia de error en la apreciación de la

prueba basado en "documentos que obren en autos"

(art. 849.2 LECrim)-, carecía manifiestamente de

fundamento por no tener tal carácter "documental" las actas

en las que se transcribió el contenido de las

declaraciones sumariales prestadas por el coimputado Sr.

Gutiérrez Cortés. El actor intentaba impugnar ante el

Tribunal Supremo, por esta vía, la valoración judicial del

contenido de dichas declaraciones sumariales para, así,

poner de manifiesto que las mismas incurrían en

contradicciones y, por ello, que de las mismas no debía

deducirse una decisión de condena. La supuesta

indefensión padecida se anuda a dicha decisión judicial

afirmando que, por ella, no pudo cuestionar en casación

el contenido de las declaraciones sumariales que

sirvieron para fundamentar su condena. Tal efecto se habría

visto reforzado en este caso por la imposibilidad de

interrogar al coimputado Sr. Gutiérrez Cortés, pues, en

el juicio oral, se acogió a su derecho fundamental a no

declarar (art. 24.2 CE).

Para contestar la queja debemos recordar que, de

acuerdo con la doctrina constitucional (STC 52/1999,

de 12 de abril, FJ 5), por indefensión

constitucionalmente relevante sólo puede entenderse la situación en

la que, normalmente con infracción de una norma

procesal, el órgano judicial en el curso del proceso impide

a una parte el ejercicio del derecho de defensa, privando

o limitando, bien su facultad de alegar y justificar sus

derechos e intereses para que le sean reconocidos, bien

de replicar dialécticamente las posiciones contrarias en

el ejercicio del indispensable principio de contradicción,

siempre que la actuación judicial produzca un efectivo

y real menoscabo del derecho de defensa (SSTC

48/1984, de 4 de abril; 155/1988, de 22 de julio;

145/1990, de 1 de octubre; 188/1993, de 14 de junio;

185/1994, de 20 de junio; 1/1996, de 15 de enero;

89/1997, de 5 de mayo, y 186/1998, de 28 de

septiembre); en efecto, sobre la indefensión que el art. 24.1

CE proscribe, se ha dicho reiteradamente por este

Tribunal que solo cabe otorgar relevancia constitucional

a aquélla que resulta efectiva, de tal forma que no toda

infracción o irregularidad procesal cometida por los

órganos judiciales provoca, en todos los casos, la eliminación

o disminución material de los derechos que

corresponden a las partes en el proceso (SSTC 35/1989, de 14

de febrero; 52/1989, de 22 de febrero, y 91/2000,

de 30 de marzo).

Descrito así el contenido del derecho fundamental

alegado, resulta claro que la lesión aducida no puede

ser apreciada por cuanto que el Tribunal Supremo, lejos

de restringir indebidamente las facultades de

participación, alegación y prueba del actor en el proceso, se limitó,

en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que tiene

atribuidas, a interpretar de forma razonada los requisitos

legales de acceso a la casación excluyendo la

documentación de una diligencia sumarial del concepto de

"documento" que justifica, ex art. 849 LECrim, la posibilidad

de queja por error en la apreciación de la prueba. Con

ello no quedó reducida sino delimitada la capacidad de

alegación e impugnación del recurrente, pues la

pretensión que indebidamente pretendía articular a través

de este motivo de casación pudo formularla, e

implícitamente así lo hizo, mediante el tercero de los motivos

aducidos en casación por el que alegó infracción del

derecho fundamental a la presunción de inocencia. A

través de este motivo de casación pudo cuestionar no

sólo el cumplimiento de las garantías legales y

constitucionales de la prueba practicada, sino la declaración

de culpabilidad que la Audiencia provincial dedujo de

su contenido. Basta leer el recurso de casación

interpuesto así como el fundamento jurídico tercero del Auto

de 23 de julio de 1997, por el que el recurso de casación

fue inadmitido a trámite, para encontrar planteada y

contestada la impugnación que cuestionaba el carácter

incriminatorio de las pruebas utilizadas para fundar la

condena.

Tampoco le causó indefensión alguna el hecho de

que los agentes policiales no documentaran el hallazgo

de la droga en un "acta", sino que lo hicieran constar

mediante comparecencia personal reflejada en el

atestado. No se atisba rasgo alguno de indefensión

constitucionalmente relevante en dicho proceder policial, al

margen de cuál sea su virtualidad probatoria, cuestión

esta que se abordará al examinar la queja referida al

derecho a la presunción de inocencia. Por el contrario,

cabe constatar que el recurrente pudo alegar y proponer

en su defensa la prueba que estimó necesaria sobre

el hallazgo de la droga y su existencia. Su Letrado alegó

con plena libertad todo lo que estimó conveniente para

la defensa de sus intereses, sin que el ejercicio de este

derecho fuera impedido u obstaculizado por los dos

órganos judiciales que intervinieron en el proceso. Pudo

interrogar e interrogó a los agentes policiales sobre éste

y otros extremos, expuso sus alegaciones y contestó

a las del Ministerio Fiscal en el informe final en el juicio

y, con ello, expuso la cuestión de la inexistencia del

acta de aprehensión de la droga tan extensamente como

deseó en uno de los motivos incluidos en el recurso

de casación. Por todo ello, la queja carece de fundamento

y debe también ser desestimada.

3. Llegamos así a la cuestión que es nuclear en

la demanda: la supuesta lesión del derecho a la

presunción de inocencia. Para el recurrente la Sentencia

condenatoria vulneró el art. 24.2 CE al basarse en

prue

bas que, o no son de cargo (las declaraciones testificales

de los agentes policiales), o no han sido obtenidas con

todas las garantías (la declaración del coimputado don

Enrique Gutiérrez Cortés).

El Ministerio Fiscal, por contra, entiende que las

pruebas que han servido para justificar la declaración de

condena del recurrente son de cargo y han sido obtenidas

con todas las garantías, pues las declaraciones

plenamente incriminatorias del Sr. Gutiérrez Cortés, prestadas

en fase sumarial, lo fueron con posibilidad plena de

contradicción (folios 136 y 246 de las actuaciones) y, pese

a que al inicio del juicio oral el coimputado Sr. Gutiérrez

Cortés se acogió a su derecho a no declarar, más tarde,

en el uso de la última palabra (art. 739 LECrim),

manifestó que no había mentido en el curso del proceso,

discrepando de la forma en que los agentes policiales

describieron las circunstancias de su detención y el

hallazgo de la droga, y aclarando que el tercero de los

acusados -don Rafael Valle- no era aquél al que en

sus manifestaciones había designado como "Tito", pues

no le conocía, a diferencia del Sr. Nocelo, al que sí

conocía. En su opinión, tales manifestaciones, en lo que

interesa para enjuiciar la condena del recurrente, no son

sino la plena ratificación del contenido de las

declaraciones sumariales y, por ello, son constitucionalmente

válidas para justificar la decisión de condena impugnada.

Dos son, por tanto, las cuestiones planteadas en esta

queja: la invalidez y la insuficiencia de la prueba que

ha justificado la condena del recurrente.

En relación con la validez de la prueba utilizada para

justificar su condena, admite el recurrente que la misma

se apoya en el testimonio del coimputado

complementado con el de los agentes policiales que tras vigilar

sus movimientos y contactos, detuvieron el vehículo del

Sr. Gutiérrez Cortés y encontraron escondido en él un

paquete de droga. Sin embargo, por diversas razones

que analizaremos a continuación, considera el recurrente

que las manifestaciones incriminatorias del coimputado

no se prestaron conforme a las exigencias

constitucionalmente impuestas por los principios de contradicción,

oralidad, inmediación y publicidad (art. 24.2 CE).

4. Afirma el recurrente que de las cuatro

declaraciones prestadas en fase sumarial por el Sr. Gutiérrez

Cortés sólo las dos primeras (folios 11 y 84) tienen

contenido incriminatorio, ya que las dos últimas (folios 136

y 246) "se reducen a una mera y simple ratificación

sin sometimiento a preguntas ni contradicción alguna

por parte de las demás partes personadas". Con esta

alegación inicial cuestiona el recurrente la suficiencia

y validez de las declaraciones sumariales con

consideraciones que no pueden compartirse.

En cuanto a su suficiencia, se dice que las dos últimas

declaraciones no tienen contenido porque son "una

simple ratificación" de anteriores manifestaciones

incriminatorias. Sin embargo, esta circunstancia no les resta

un ápice de contenido incriminatorio. Precisamente, si

a la vista del contenido incriminatorio de las primeras

manifestaciones se le recibió de nuevo declaración al

Sr. Gutiérrez Cortés, fue para posibilitar al recurrente

la defensa contradictoria, ya en fase de investigación,

que hasta esa fecha no había sido posible por haberse

prestado antes de su detención y personación en la fase

sumarial. Esta circunstancia explica que, al no haber

ningún nuevo dato de hecho en las actuaciones, la tercera

declaración fuera una simple ratificación de las anteriores

manifestaciones. Más amplitud tuvo su declaración

indagatoria, y tampoco en ella, al contestar los hechos

imputados en el Auto de procesamiento, rectificó o desmintió

las imputaciones relativas al recurrente.

En cuanto a la supuesta falta de contradicción que

en la demanda se anuda al hecho de que las partes

personadas no le formularon preguntas, o al de no haber

asistido a dichas actuaciones pese a estar personados,

se trata, en ambos casos, de omisiones no imputables

al órgano judicial, sino al propio recurrente o a su

defensa. Tal y como se recoge en el acta en que se documentó,

en la declaración sumarial prestada el 11 de abril de

1996 (folio 136) estuvieron presentes y participaron los

Letrados de todos los imputados. Pudieron así hacer

efectiva plenamente su posibilidad de confrontarse con el

testigo e interrogarle acerca de sus imputaciones [arts.

24.2 CE y 6.3 d) CEDH]. Por lo tanto, si no llegaron

a formular preguntas ni exigir aclaraciones al coimputado

no fue debido a ninguna actuación judicial

constitucionalmente censurable, sino a su propia pasividad, pues

asistiendo a la declaración y estando personados en

autos pudieron intentar confrontar sus declaraciones

mediante el oportuno interrogatorio. Cabe recordar que,

conforme a las exigencias dimanantes del art. 24.2 CE

[interpretado conforme al art. 6.3 d) CEDH], el derecho

a interrogar o hacer interrogar a los testigos de la

acusación, como manifestación del principio de

contradicción, se satisface dando al acusado una ocasión

adecuada y suficiente para discutir un testimonio en su

contra e interrogar a su autor en el momento en que declare

o en un momento posterior del proceso (SSTEDH de

24 de noviembre de 1986, caso Unterpertinger c.

Austria, 31; de 20 de noviembre de 1989, caso Kostovsky

c. Holanda, 41; de 27 de septiembre de 1990, caso

Windisch c. Austria, 26; de 19 de febrero de 1991,

caso Isgro c. Italia, 34; de 20 de septiembre de 1993,

caso Saïdi c. Francia, 43; y la más reciente, de 27

de febrero de 2001, caso Luca c. Italia, 40). Por tanto,

en este caso, desde la perspectiva cuestionada, ha de

afirmarse que, por su forma de producirse, las

manifestaciones sumariales del Sr. Gutiérrez Cortés fueron

prestadas en condiciones que permitieron al recurrente

oponerse a su contenido e interrogar o hacer interrogar

a su autor. Por lo expuesto, todas ellas son

incriminatorias y fueron obtenidas, en fase sumarial, con plena

posibilidad de contradicción (a diferencia del supuesto

analizado en la STEDH de 6 de diciembre de 1988, caso

Barberá, Messegué y Jabardo c. España, 84 a 86).

5. Todavía desde la misma perspectiva de la validez

de la prueba, se afirma en la demanda que, por haber

hecho uso de su derecho a no declarar, las

manifestaciones incriminatorias del coimputado que han

fundado la condena accedieron al juicio oral únicamente

como prueba documental y que, en la medida en que

la misma se dio "por reproducida" sin procederse a su

lectura pública, se incumplieron las exigencias

constitucionales de contradicción, inmediación y publicidad

que conforman los requisitos de validez de la prueba

desde la perspectiva del derecho a la presunción de

inocencia. La anterior afirmación exige dos precisiones de

hecho.

Debemos advertir, en primer lugar, que el examen

de las actuaciones no permite respaldar la premisa

fáctica de la queja que analizamos pues, como

acertadamente ha señalado el Ministerio Fiscal, pese a su silencio

inicial, la participación del Sr. Gutiérrez Cortés en el juicio

oral no fue meramente pasiva. Si bien es cierto que en

el momento de ser interrogado, tras no confesarse autor

del delito imputado en el escrito de acusación, se negó

a declarar y, por tanto, a contestar a ninguna de las

preguntas que pretendieran formulársele, sin embargo,

cuando, ex art. 739 LECrim, se le preguntó, terminados

los informes del Ministerio Fiscal y de los Letrados de

las defensas, si tenía algo que manifestar al Tribunal,

señaló "que nunca ha tenido intención de mentir, y que

la policía miente sobre como fue la detención, y que

no conoce a Rafael Valle, que si conoce a Nocelo, que

Tito no es Rafael Valle". Hay en estas manifestaciones,

por referencia a las anteriormente prestadas que se

afirman como verdaderas y por contraste con lo manifestado

sobre la supuesta implicación de don Rafael Valle, un

evidente sentido incriminatorio en contra del recurrente

Sr. Nocelo Novoa. Cabe concluir, por tanto, que el

coimputado no solo asistió al juicio oral, sino que también

declaró en el mismo, si bien parcial y limitadamente,

sin que se intentara por la defensa del Sr. Nocelo reabrir

el debate contradictorio.

No es tampoco correcto afirmar que fue únicamente

a través de la prueba documental como las

manifestaciones sumariales del Sr. Gutiérrez Cortés accedieron

al debate en el juicio oral. Según hemos dicho, el

coimputado asistió al acto del juicio, y pese a su silencio

inicial, el hecho de no haber rectificado el contenido

de sus declaraciones anteriores pudo ser entendido por

el Tribunal sentenciador como una ratificación tácita.

Además, el contenido incriminatorio de sus

declaraciones sumariales se aportó al debate a través de las

preguntas formuladas al recurrente, que hubo de defenderse

de las imputaciones que le hacía el acusador público

negando su participación en los hechos y manifestando

expresamente que el Sr. Gutiérrez Cortés mentía.

También se incorporaron, parcialmente, a través de las

preguntas formuladas a los agentes policiales que

declararon como testigos, los cuales, como veremos más

adelante, ratificaron algunos aspectos esenciales de las

manifestaciones incriminatorias del coimputado.

6. Hechas las anteriores precisiones fácticas acerca

de la participación del coimputado en el acto del juicio

y sobre la forma en que el contenido de sus declaraciones

sumariales se incorporó al debate procesal, hemos de

analizar si, como se afirma en la demanda, por haberse

acogido a su derecho a no declarar y por no haberse

procedido a dar lectura a las declaraciones sumariales

del coimputado, su declaración no constituye una prueba

válida capaz de desvirtuar la presunción de inocencia

debido a las limitaciones en el ejercicio del derecho de

defensa contradictoria que concurrieron en su práctica.

De acuerdo con la doctrina constitucional, las

declaraciones de los coimputados, que no están prohibidas

por la ley procesal, pueden valorarse como pruebas aptas

para destruir la presunción de inocencia, dado su

carácter testimonial [AATC 479/1986, de 4 de junio, FJ 1;

293/1987, de 11 de marzo, FJ único, y 343/1987,

de 18 de marzo, FJ 2 a), así como SSTC 137/1988,

de 7 de julio, FJ 4; 98/1990, de 24 de mayo, FJ 2;

50/1992, de 2 de abril, FJ 3, y 51/1995, de 23 de

febrero, FJ 4].

Sin embargo, hemos afirmado también que tanto por

la posición que ocupa el coimputado en el proceso,

cuanto porque no se le exige legalmente decir verdad, se

trata de una prueba intrínsecamente sospechosa (STC

68/2001, de 17 de marzo, FJ 5), no sólo por su escasa

fiabilidad derivada de la posibilidad de que en su

manifestación concurran móviles espurios (entre los que es

relevante el de autoexculpación o reducción de su

responsabilidad) sino porque se trata de un testimonio que

sólo de forma muy limitada puede someterse a

contradicción. Y es que, como se acaba de señalar, el acusado,

a diferencia del testigo, no sólo no tiene obligación legal

de decir la verdad, sino que puede callar en virtud del

derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse

culpable, reconocido expresamente en el art. 24.2 CE,

que es una garantía instrumental del más amplio derecho

a la defensa en cuanto reconoce a todo ciudadano el

derecho a no contribuir a su propia incriminación (SSTC

29/1995, de 6 de febrero; 197/1995, de 21 de

diciembre; 153/1997, de 29 de septiembre; 49/1998 y

115/1998, de 2 de marzo y 1 de junio; en el mismo

sentido, las SSTEDH de 25 de febrero de 1993, caso

Funke c. Francia, 44; de 17 de diciembre de 1996,

caso Saunders contra Reino Unido, 68, y la ya citada

de 27 de febrero de 2001, caso Luca c. Italia, 33,

han señalado que, pese a no venir expresamente

recogido en el art. 6 CEDH, el derecho a no contribuir a

la propia incriminación forma parte de la noción misma

de proceso justo consagrada en dicho precepto).

Precisamente dicho déficit de contradicción, que es

consustancial a la declaración de cualquier coimputado

en nuestro ordenamiento jurídico, unido a su posición

en el proceso, es lo que justifica que sus manifestaciones,

cuando son prueba única, no adquieran entidad

suficiente para desvirtuar la presunción constitucional de

inocencia, por lo que su veracidad ha de verse avalada

por algún hecho, dato o circunstancia externa (STC

68/2001, antes citada). Hemos de advertir, sin embargo,

que no es en esos extremos en los que el recurrente

pone el acento, pues no cuestiona el derecho del Sr.

Gutiérrez Cortés a permanecer en silencio, sino en el

hecho de no haberse procedido a dar lectura a las

manifestaciones sumariales en el juicio oral. Tal omisión se

convierte así en argumento justificativo de la pretensión

de amparo afirmando que sólo mediante la lectura de

las declaraciones sumariales se colmarían las exigencias

constitucionales de contradicción, inmediación y

publicidad que permitirían integrar el contenido incriminatorio

de las declaraciones sumariales en la declaración

prestada en el juicio oral.

El recurrente cita en su apoyo numerosas Sentencias

de este Tribunal que han puesto el acento, cuando de

reproducir diligencias sumariales en el juicio oral se trata,

en la necesidad de que tal reproducción se haga en

condiciones que permitan a la defensa del acusado

someterlas a contradicción. Sin embargo, el supuesto

que analizamos no es el mismo que dio lugar a aquellas

resoluciones ni, por tanto, su solución es trasladable a

este caso sin matización alguna.

En efecto, desde la STC 31/1981, de 28 de julio,

FJ 3, al analizar los requisitos constitucionales de validez

de las pruebas capaces de desvirtuar la presunción de

inocencia, hemos establecido reiteradamente una regla

general, conforme a la cual "únicamente pueden

considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos

de la justicia penal en el momento de dictar Sentencia

las practicadas en el juicio oral, pues el procedimiento

probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate

contradictorio que, en forma oral, se desarrolla ante el

mismo Juez o Tribunal que ha de dictar Sentencia, de

suerte que la convicción de éste sobre los hechos

enjuiciados se alcance en contacto directo con los medios

aportados a tal fin por las partes" (STC 161/1990, de

19 de octubre, FJ 2). No obstante, hemos señalado

expresamente también que dicha regla general admite

excepciones (STC 80/1986, de 17 de junio, FJ 1), a

través de las cuales es conforme a la Constitución, en

limitadas ocasiones, integrar en la valoración probatoria

el resultado de diligencias sumariales de investigación

(específicamente en los supuestos recogidos en los arts.

714 y 730 LECrim), o el contenido de las pruebas

practicadas anticipadamente (legalmente previstas en el art.

657.3 LECrim, para el proceso ordinario, y en los arts.

790.5, 791.2 y 792.1 LECrim, para el procedimiento

abreviado).

Singularmente, en lo que se refiere a las diligencias

sumariales cuyo resultado se pretende integrar en la

valoración probatoria, al analizar la aplicación judicial de lo

previsto en los arts. 714 y 730 LECrim, hemos resaltado

en numerosas ocasiones la necesidad de que en estos

supuestos, dado el carácter secreto de la fase sumarial,

el contenido de la diligencia practicada en el sumario

se reproduzca en el acto del juicio mediante la lectura

pública del acta en la que se documentó, pues sólo de

esta manera, ante la rectificación o retractación del

testimonio operada en el acto del juicio oral (art. 714

LECrim), o ante la imposibilidad material de su

reproducción (art. 730 LECrim), el resultado de la diligencia

accede al debate procesal público, pudiendo así el

órgano sentenciador dar verosimilitud a uno u otro

testimonio, y la defensa impugnar su contenido haciendo sobre

ellas las alegaciones que tenga por oportunas (SSTC

150/1987, de 1 de octubre, FJ 2; 137/1988, de 7

de julio, FJ 3; 93/1994, de 21 de marzo, FJ 4;

y 14/2001, de 29 de enero, FJ 7).

7. El supuesto que analizamos, pese a lo expresado

en la demanda, no es uno de los recogidos en los arts.

714 y 730 LECrim, y por ello el déficit de contradicción

que justifica la queja del recurrente, centrado en la falta

de lectura de las declaraciones sumariales del

coimputado, no puede ser apreciado como lesión del derecho

a la presunción de inocencia. No estamos aquí ante una

rectificación o retractación de un testimonio sobre la

que se puedan pedir explicaciones a su autor, ni ante

una prueba cuya reproducción sea materialmente

imposible, sino en el trance de analizar la virtualidad

probatoria de la declaración de un coimputado que asistió

al acto del juicio y que, como antes se dijo, ejerció

inicialmente su derecho a no declarar, pero más tarde hizo

declaraciones, al menos parciales, al hacer uso de la

última palabra.

Desde la perspectiva de la inmediación, el órgano

sentenciador tuvo en su presencia al autor del

testimonio. Pudo por ello valorar su decisión de guardar silencio

pese a sus imputaciones anteriores, y también pudo

valorar lo manifestado al ejercer la última palabra.

Atendiendo a las exigencias de publicidad del debate (esencial

en este tipo de supuestos, como se recoge en la STEDH

de 6 de diciembre de 1988, caso Barberá, Messegué

y Jabardo c. España, 81), ya hemos expuesto antes

cómo el contenido incriminatorio de las declaraciones

sumariales accedió al juicio oral a través del

interrogatorio del recurrente y, parcialmente, a través de

interrogatorio de los testigos, por lo que (como concluimos

en la STC 161/1990, de 19 de octubre, FJ 6), las

exigencias constitucionales de publicidad pueden darse por

satisfechas pese a no haber sido leídos los folios

sumariales en que se documentaron.

Hemos de coincidir con el recurrente en que la

declaración del coimputado Sr. Gutiérrez Cortés se prestó en

condiciones de contradicción limitada, sin duda menores

de las que concurren cuando de una declaración testifical

se trata, pero al derivar tal déficit del ejercicio del derecho

fundamental a no declarar, no puede imputarse al órgano

judicial. Apreciamos también que el hecho de que no

se permitiera a la defensa del recurrente formular al

coimputado todas las preguntas que, relacionadas con las

imputaciones previamente manifestadas, deseara

formularle, supuso un empobrecimiento del debate. Ahora

bien, la incidencia de tal circunstancia en el caso

concreto no puede ser analizada en esta sede por cuanto

el recurrente, pese a formular protesta en el acto del

juicio, y anunciar después su intención de acudir en

casación para denunciar esta prohibición, obvió esta decisión

judicial en su recurso ante el Tribunal Supremo y centró

sus motivos de casación en otros aspectos del proceso,

lo que, por razones de subsidiariedad del amparo,

imposibilita un análisis más profundo de la cuestión.

En conclusión, por las razones antes expuestas,

debemos rechazar las tachas de invalidez constitucional de

las pruebas por falta de contradicción, inmediación y

publicidad, que justifican la pretensión de amparo.

8. Resta por analizar la supuesta insuficiencia de

la actividad probatoria desarrollada para justificar la

condena que en la demanda se denuncia. Ya hemos

señalado que la declaración incriminatoria del coimputado,

cuando es prueba única, carece de entidad suficiente

para entender desvirtuada la presunción de inocencia.

En el presente supuesto, dado que tales manifestaciones

son la única prueba directa practicada acerca del

encargo bajo promesa de remuneración del transporte de la

droga, debemos analizar si la veracidad de dichas

afirmaciones se encuentra corroborada por algún dato,

hecho o circunstancia externa a la misma.

Como antes se expuso en la letra b) del antecedente

de hecho 2 de esta resolución, la Sentencia condenatoria

de la Audiencia Provincial de Orense considera que las

manifestaciones de uno de los agentes de policía que

declaró como testigo corroboran las manifestaciones del

coimputado, por cuanto "en contra de lo manifestado

por José Nocelo Novoa que manifestó haber estado con

Enrique (Gutiérrez Cortés) en sólo una ocasión, sin

embargo dicho funcionario manifestó haber observado cómo

ambos inculpados mantuvieron varios contactos en

distintas ocasiones en la zona de Chaves y Verín y en días

previos a la ocupación de la droga y que tenían

información de que ambos pasaban estupefacientes a

Portugal, lo que dio lugar al inicio de las investigaciones

policiales y a la posterior aprehensión de la droga;

manifestando además un dato revelador cual es que el día

de los hechos delante del coche de Enrique viajaba

Nocelo en el Peugeot-205, que utilizaba habitualmente".

El análisis de su contenido permite afirmar que hay

en este testimonio policial datos externos a la versión

de los hechos facilitada por el coimputado que la

corroboran en lo esencial, superando así el umbral mínimo

que da paso al campo de libre valoración judicial de

la prueba practicada, pues permiten dar por probados

aspectos relevantes de su declaración (los encuentros

previos al transporte en los que se encargó la droga,

y el acompañamiento con el vehículo propio para vigilar

la entrega, indicarle dónde depositar la droga y pagar

al porteador una vez que la operación finalizara con éxito)

que se corresponden con lo que el Tribunal apreció como

realmente ocurrido.

Esta conclusión obliga a desestimar la relevancia

constitucional de las supuestas contradicciones en que

habrían incurrido los agentes policiales al prestar su

testimonio sobre aspectos de hecho que no sirvieron para

fundamentar la condena del recurrente, pues este

Tribunal no puede entrar en la valoración de la prueba.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal

Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN

DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don

José Nocelo Novoa.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del

Estado".

Dada en Madrid, a catorce de enero de dos mil

dos.-Tomás Vives Antón.-Pablo Cachón Villar.-Vicente

Conde Martín de Hijas.-Guillermo Jiménez Sánchez.

Elisa Pérez Vera.-Eugeni Gay Montalvo.-Firmado y

rubricado.