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Documento BOE-T-1990-10085

Sala Primera. Sentencia 61/1990, de 29 de marzo. Recurso de amparo 370/1988. Contra Sentencia del Tribunal Supremo que confirma sendas Resoluciones de la Dirección General de la Policía y de la Subsecretaría del Ministerio del Interior que revocaron la licencia de Detective privado del recurrente. Vulneración del derecho reconocido en el artículo 25.1 C.E., por falta de cobertura legal de la Orden ministerial en apoyo de la cual se impuso sanción al recurrente.

TEXTO

LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTA POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE; DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON JESUS LEGUINA VILLA, DON LUIS LOPEZ GUERRA Y DON VICENTE GIMENO SENDRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN EL RECURSO DE AMPARO NUM. 370/88, INTERPUESTO POR EL PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES DON RAFAEL SANCHEZ IZQUIERDO NIETO, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE DON HILARIO CELMA SALETA, BAJO LA DIRECCION LETRADA DE DON SILVERIO AGUIRRE CRESPO, CONTRA LA SENTENCIA DE LA SALA QUINTA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 11 DE MAYO DE 1987, QUE CONFIRMA SENDAS RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA Y DE LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. HAN COMPARECIDO EL MINISTERIO FISCAL Y EL ABOGADO DEL ESTADO. Y HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, QUIEN EXPRESA EL PARECER DE LA SALA.

I. ANTECEDENTES

1. POR ESCRITO PRESENTADO ANTE EL JUZGADO DE GUARDIA EL 29 DE FEBRERO DE 1988, Y QUE TUVO ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL EL 2 DE MARZO DEL MISMO AÑO, DON RAFAEL SANCHEZ IZQUIERDO, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE DON HILARIO CELMA SALETA, INTERPONE RECURSO DE AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DE LA SALA QUINTA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 11 DE MAYO DE 1987.

2. EL RECURRENTE SOLICITO EN SU DIA, Y OBTUVO, LICENCIA PARA DESARROLLAR SU ACTIVIDAD PROFESIONAL COMO DETECTIVE PRIVADO. SOMETIDO A DIVERSAS INSPECCIONES, SE REVOCO SU LICENCIA POR RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA, DE 18 DE DICIEMBRE DE 1985, CONFIRMADA EN ALZADA POR RESOLUCION, POR DELEGACION DEL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, DE 14 DE JUNIO DE 1986.

3. RECURRIDAS LAS CITADAS RESOLUCIONES AL AMPARO DE LA LEY DE PROTECCION JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA, FUE ESTIMADO EL RECURSO POR SENTENCIA DE LA SECCION PRIMERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA NACIONAL, DE 12 DE DICIEMBRE DE 1986. INTERPUESTO RECURSO POR EL ABOGADO DEL ESTADO, LA SALA QUINTA DEL TRIBUNAL SUPREMO DICTO SENTENCIA POR LA QUE SE REVOCABA LA ANTERIOR DE LA AUDIENCIA NACIONAL, CONFIRMANDO, PUES, LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. A LA SENTENCIA SE ADJUNTA POR UNO DE LOS MIEMBROS DE LA SALA VOTO PARTICULAR DISCREPANTE DE LA MISMA.

4.

SEÑALA EL RECURRENTE EN LA DEMANDA QUE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO NO LE FUE NUNCA NOTIFICADA. NO OBSTANTE, EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1987, SE LE NOTIFICO UNA PROVIDENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL EN LA QUE SE HACIA REFERENCIA A LA CONFIRMACION DE LA SENTENCIA DE DICHO ORGANO POR EL TRIBUNAL SUPREMO. POSTERIORMENTE, EL 5 DE FEBRERO DE 1988, SE LE NOTIFICO OTRA PROVIDENCIA, ANULANDO LA ANTERIOR, POR LA QUE SE LE COMUNICABA, A EFECTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, QUE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO HABIA REVOCADO LA DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

5. EL RECURRENTE INVOCA, A LOS EFECTOS DE AMPARO, LA VIOLACION DE LOS ARTS. 17 Y 25.1 DE LA CONSTITUCION. ARGUMENTA EN SU ESCRITO QUE LA ORDEN DE 20 DE ENERO DE 1981, QUE DA COBERTURA A LA REVOCACION DE LA LICENCIA DE DETECTIVE, VIOLA LOS ARTS. 25.1, 53 Y 97 DE LA NORMA FUNDAMENTAL. DE ESTOS PRECEPTOS SE DERIVA LA NECESIDAD DE QUE LAS DISPOSICIONES SANCIONADORAS DEBAN TENER RANGO DE LEY, PUDIENDOSE EVENTUALMENTE DESARROLLAR POR REGLAMENTO. LA ORDEN CITADA, Y AL MENOS SU ART. 12, CARECE DE COBERTURA LEGAL ALGUNA, SUPERANDO EL MERO MARCO DE ORGANIZACION INTERNA, Y PREVE PARA LOS SOMETIDOS A UNA SUJECION ESPECIAL UNA SERIE DE SANCIONES, EN ALGUNOS CASOS GRAVISIMAS. POR TODO ELLO, DICHO PRECEPTO HA DE CONSIDERARSE NULO DE PLENO DERECHO, NULIDAD QUE SE EXTIENDE A CADA CASO EN QUE SE APLIQUE, COMO ES EL DE AUTOS.

CONTINUA LA DEMANDA SU ARGUMENTACION SEÑALANDO QUE EL ART. 25.1 DE LA CONSTITUCION EXIGE RESPECTO DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS QUE, AUNQUE NO DEBAN TIPIFICARSE TAN EXACTAMENTE COMO LAS PENALES, SE DESCRIBAN ACCIONES U OMISIONES. EN LA ORDEN CITADA NO SE HACE UN CATALOGO DE INFRACCIONES, NO SE CLASIFICAN ESTAS (MUY GRAVES, GRAVES, LEVES), NO EXISTE UNA DIVISION DE SANCIONES QUE SE CORRESPONDA A LA GRAVEDAD DE LAS INFRACCIONES; LO UNICO QUE SE HACE ES EXIGIR EL AJUSTARSE A UNA NORMA, SANCIONANDO SIN MAS LA FALTA DE AJUSTE.

EN EL PRESENTE CASO NI SIQUIERA SE HA RAZONADO LA PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION, FUNDANDOSE EN LA MAYOR O MENOR GRAVEDAD, CONCULCANDOSE, ASI, EL ART. 17 EN RELACION CON EL 9 Y 25.1 DE LA CONSTITUCION.

LA REPRESENTACION DEL RECURRENTE CONCLUYE SUS ALEGACIONES PRINCIPALES JUSTIFICANDO QUE EL ACTO IMPUGNADO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, QUE PROTEGE AL REPRESENTADO CON RANGO DE DERECHO FUNDAMENTAL, AL IMPONERSELE UNA SANCION BASANDOSE EN SUPUESTOS DE INFRACCION INCORPORADOS A UNA NORMA JURIDICA QUE CHOCA CON EL ART. 25.1 DE LA NORMA FUNDAMENTAL. EL ART. 12 DE LA ORDEN MINISTERIAL DE 20 DE ENERO DE 1981, NETAMENTE SANCIONADOR, DEBERIA QUEDAR, PUES, SUPEDITADO AL ART. 25 DE LA CONSTITUCION.

POR TODO LO ANTERIOR CONCLUYE EL RECURRENTE SOLICITANDO QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS, ASI COMO DE LA SENTENCIA DE LA SALA QUINTA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 11 DE MAYO DE 1986, RECONOCIENDO SU DERECHO A NO SER SANCIONADO EN APLICACION DEL ART. 12 DE LA ORDEN MINISTERIAL DE 20 DE ENERO DE 1981.

POR OTROSI SE SOLICITA LA SUSPENSION DE LAS RESOLUCIONES Y LA SENTENCIA RECURRIDAS, RECORDANDO QUE DESDE EL PRINCIPIO DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL SEGUIDO HAN PERMANECIDO LAS CITADAS RESOLUCIONES SUSPENDIDAS, EN APLICACION DE LA REGLA GENERAL DE LA LEY DE PROTECCION JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA, AL NO EXISTIR PERJUICIOS GRAVES PARA EL INTERES GENERAL, Y SI HABRIA GRAVES PERJUICIOS PARA EL Y PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJAN CON EL RECURRENTE AL IMPEDIR QUE SE DESARROLLARAN LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES HABITUALES.

6. POR PROVIDENCIA DE 16 DE MARZO DE 1988, LA SECCION CUARTA DE LA SALA SEGUNDA DE ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ACORDO TENER POR INTERPUESTO RECURSO DE AMPARO POR EL PROCURADOR DON RAFAEL SANCHEZ IZQUIERDO NIETO, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE DON HILARIO CELMA SALETA. ASIMISMO, ACORDO REQUERIR A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA, SECCION PRIMERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA NACIONAL Y SALA QUINTA DEL TRIBUNAL SUPREMO, PARA QUE REMITIERAN TESTIMONIO DEL EXPEDIENTE INSTRUIDO CON MOTIVO DE LA SANCION IMPUESTA AL SOLICITANTE DEL AMPARO, EN EL QUE SE DICTO RESOLUCION EL 18 DE DICIEMBRE DE 1985, CONFIRMADA POR LA DEL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, DE FECHA 14 DE JUNIO DE 1986; DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, NUM. 16.944, EN EL QUE SE DICTO SENTENCIA EL 12 DE DICIEMBRE DE 1976; Y DEL RECURSO DE APELACION NUM. 913/87, EN EL QUE SE DICTO SENTENCIA EL 11 DE MAYO DE 1987, RESPECTIVAMENTE.

POR PROVIDENCIA DE 9 DE MAYO DE 1988, LA SECCION CUARTA DE ESTE TRIBUNAL ACORDO TENER POR RECIBIDOS LOS TESTIMONIOS DE ACTUACIONES RECLAMADOS A LA AUDIENCIA NACIONAL, TRIBUNAL SUPREMO Y DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA. ASIMISMO, ADMITIR A TRAMITE LA DEMANDA DE AMPARO FORMULADA POR EL PROCURADOR SEÑOR SANCHEZ IZQUIERDO NIETO, EN REPRESENTACION DE DON HILARIO CELMA SALETA, ACORDANDOSE ABRIR LA PIEZA DE SUSPENSION.

8. POR AUTO DE 26 DE MAYO DE 1988, LA SALA SEGUNDA DE ESTE TRIBUNAL ACORDO LA SUSPENSION DEL ACTO OBJETO DEL RECURSO Y DE LA RESOLUCION JUDICIAL QUE CONFIRMO LA ADMINISTRATIVA.

9. POR PROVIDENCIA DE 3 DE OCTUBRE DE 1988, LA SECCION CUARTA CONCEDIO UN PLAZO COMUN DE VEINTE DIAS AL MINISTERIO FISCAL, ABOGADO DEL ESTADO Y PROCURADOR SEÑOR SANCHEZ IZQUIERDO NIETO, PARA QUE, CON VISTA DE LAS ACTUACIONES, FORMULEN LAS ALEGACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES.

10. EL ABOGADO DEL ESTADO, EN ESCRITO PRESENTADO EL 19 DE OCTUBRE DE 1988, SE CIÑE, EN SUS ALEGACIONES, A LA SUPUESTA VULNERACION DEL DERECHO A LA LEGALIDAD EN MATERIA DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS (ART. 25.1 C.E.), POR NO ESTIMAR PROCEDENTE LAS RELATIVAS A LOS ARTS. 9 Y 17.

OPONE EN PRIMER LUGAR LA EXCEPCION DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VIA JUDICIAL PREVIA O, ALTERNATIVAMENTE, CARENCIA DE LEGITIMACION, YA QUE EL SEÑOR CELMA SALETA NO SE PERSONO ANTE LA SALA QUINTA DEL T.S. ESTIMADA LA APELACION, EL HOY RECURRENTE TUVO CONOCIMIENTO DEL FALLO DEL T.S. ADVERSO A SUS INTERESES, CON OCASION DEL TRAMITE ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL DE LA TASACION DE COSTAS.

A SU ENTENDER, NO SE HA AGOTADO LA VIA JUDICIAL PROCEDENTE (ART. 43.1 LOTC), LO QUE ES CAUSA DE INADMISION, Y AHORA DE DESESTIMACION. EL DEBIDO <AGOTAMIENTO> DE LA VIA JUDICIAL PREVIA HACE NECESARIO QUE EL CIUDADANO QUE SE CREE AGRAVIADO ESTE PRESENTE EN TODOS LOS GRADOS E INSTANCIAS SIN DESENTENDERSE DE LA DEFENSA DE SU DERECHO. EN NUESTRO CASO, EL <AGOTAMIENTO> CORRECTO DE LA VIA JUDICIAL IMPONIA QUE EL HOY SOLICITANTE DE AMPARO SE HUBIERA PERSONADO ANTE EL T.S. Y ALEGADO EN PRO DE LA CONFIRMACION DE LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

EL SEÑOR CELMA SALETA NO FUE PARTE EN LA SEGUNDA INSTANCIA, Y AL FALTARLE CARACTER DE PARTE EN EL GRADO DE APELACION, NO PUEDE ENTENDERSE QUE GOCE DE LEGITIMACION PARA SOLICITAR EL AMPARO DE ESTE TRIBUNAL SEGUN EL RECTO SENTIDO DEL ART. 46.1 B) LOTC. SOSTIENE A CONTINUACION EL ABOGADO DEL ESTADO QUE NO HA EXISTIDO VULNERACION DEL DERECHO QUE PROCLAMA EL ART. 25.1 C.E.

EN EFECTO, ALEGA QUE LA LICENCIA DE DETECTIVE <PERSONAL E INTRANSFERIBLE> ES DE OTORGAMIENTO REGLADO O VINCULADO (<SE OTORGARA A TODOS AQUELLOS QUE REUNAN LOS REQUISITOS A QUE SE REFIERE EL ART.

1>), Y SON CAUSAS LEGITIMAS DE DENEGACION LA SANCION DE <RETIRADA DE LA TARJETA> O LA INHABILITACION POR DECISION JUDICIAL. ES CLARO QUE LA <RETIRADA DE LA TARJETA> SUPONE LA PREEXISTENCIA DE UNA GRAVE FALTA DE PROBIDAD PROFESIONAL O, EN GENERAL, UN INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LAS NORMAS REGULADORAS DE LA PROFESION, QUE, EN AMBOS CASOS, ARGUYEN INIDONEIDAD O INEPTITUD PROFESIONAL. LA RESOLUCION QUE SE RECURRE SANCIONA AL SEÑOR CELMA SALETA CON LA REVOCACION DE SU LICENCIA DE DETECTIVE PRIVADO POR MUY VARIADAS RAZONES.

EN PRIMER TERMINO, EL SEÑOR CELMA SALETA HABIA CONCLUIDO CONTRATOS MERCANTILES ONEROSOS CON CIERTAS PERSONAS PARA LA APERTURA DE APARENTES AGENCIAS O SUCURSALES, LO QUE REPRESENTA VIOLACION DEL ART. 5 DE LA ORDEN DE 20 DE ENERO DE 1981 (POR NO SER LABORAL LA RELACION) O, ALTERNATIVAMENTE, DE SU ART. 3 (COBERTURA INDEBIDA DE LAS ACTIVIDADES DETECTIVESCAS DE TERCEROS MEDIANTE UNA LICENCIA <PERSONAL E INTRANSFERIBLE>). EN SEGUNDO LUGAR, INFRINGIO EL HOY ACTOR, DE NUEVO, EL ART. 5 DE LA ORDEN POR UTILIZAR SERVICIOS AUXILIARES DE PERSONAS NO AUTORIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA. EN TERCER LUGAR, EL SEÑOR CELMA SALETA HABIA VULNERADO EL DEBER DE SECRETO (ART. 9 DE LA ORDEN), AL FACILITAR A UN PERIODICO DATOS OBTENIDOS EN UNA INVESTIGACION ENCARGADA POR UN PARTICULAR. POR ULTIMO, EL SOLICITANTE DE AMPARO PUBLICO UN ANUNCIO SIN CONSIGNAR EL NUMERO DE SU LICENCIA. EL RECURSO NO DISCUTE LA REALIDAD DE ESTAS CONDUCTAS EN LAS QUE SE BASA LA REVOCACION DE LA LICENCIA DE DETECTIVE EXPEDIDA A FAVOR DEL SEÑOR CELMA SALETA. EXPONE SEGUIDAMENTE LAR RAZONES POR LAS CUALES EL ACTO ADMINISTRATIVO FRENTE AL QUE SOLICITA AMPARO NO HA LESIONADO EL DERECHO FUNDAMENTAL QUE EL ART. 25.1 C.E. OTORGA AL RECURRENTE. ANTE TODO, NO SE HA VIOLADO EL CITADO DERECHO PORQUE, COMO BIEN APUNTA LA SALA QUINTA DEL T. S., LA REVOCACION DE LA LICENCIA DE DETECTIVE NO TIENE CARACTER DE SANCION. EL RECURRENTE NO HA SIDO <SANCIONADO>, LO QUE DEJA EL CASO FUERA DE LA ESFERA DEL ART. 25.1 C.E. (<NADIE PUEDE SER CONDENADO O SANCIONADO...>).

ES CIERTO QUE EL ART. 12 DE LA ORDEN DE 20 DE ENERO DE 1981 CALIFICA LA REVOCACION COMO <SANCION> Y LO PROPIO HACEN OTROS ARTICULOS DE LA MISMA DISPOSICION (V. GR., EL ART. 3). Y POR ESTA RAZON EL HOY ACTOR HA PODIDO DISFRUTAR DE LAS GARANTIAS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR REGULADO EN LOS ARTS. 133 Y SS. DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. PERO ES OBVIO QUE NI LA SALA QUINTA DEL T.S. NI ESTA SALA ESTAN VINCULADOS POR LAS CALIFICACIONES EN DERECHO EFECTUADAS POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EL MINISTERIO DEL INTERIOR CON OCASION DE EJERCER LA POTESTAD REGLAMENTARIA. LA REVOCACION MERECERA LA CALIFICACION JURIDICA QUE RESULTE DEL ANALISIS RAZONADO DE SU REGIMEN PROPIO.

LA ORDEN DE 20 DE ENERO DE 1981 ES, ANTE TODO, UNA REGULACION PROFESIONAL. HA DE NOTARSE, SIN EMBARGO, QUE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PARTICULARES FRENTE A POSIBLES PERTURBACIONES Y LA DEFENSA DEL RECTO EJERCICIO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA, PERMITEN HALLAR UNA COBERTURA LEGAL DE LA REGLAMENTACION PROFESIONAL DE LOS DETECTIVES PRIVADOS EN EL ART. 2 A) DE LA LEY DE ORDEN PUBLICO DE 30 DE JULIO DE 1959 (REINTERPRETADO DE ACUERDO CON LA C.E.) Y ACTUALMENTE EN LOS ARTS. 11.1 Y 12.1 A.G) DE LA LEY ORGANICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.

EL PUNTO FUNDAMENTAL DEL REGIMEN PROFESIONAL DE LOS DETECTIVES PRIVADOS ES LA SUMISION A LICENCIA DEL EJERCICIO DE SU PROFESION. MEDIANTE ESTE TITULO ADMINISTRATIVO SE CREA UNA RELACION DURADERA DE CONTROL ENTRE ADMINISTRACION Y PROFESIONAL; HAY INCLUSO UNA SUERTE DE ATRACCION DE LA PROFESION DE DETECTIVE PRIVADO A LA ESFERA DE LA ADMINISTRACION POLICIAL.

A SU ENTENDER, LA REVOCACION DE UNA LICENCIA O, EN GENERAL, DE UN TITULO ADMINISTRATIVO HABILITANTE PUEDE TENER CARACTER SANCIONATORIO (REVOCACION-SANCION) Y PUEDE NO TENERLO, Y CARECE DE CARACTER SANCIONADOR CUANDO ES CONSECUENCIA DE LA PERDIDA SOBREVENIDA DE LAS CONDICIONES DE ACCESO O EJERCICIO DE LA PROFESION.

SIGUE EL ABOGADO DEL ESTADO DICIENDO QUE, POR OTRA PARTE, LA ORDEN DE 20 DE ENERO DE 1981 NO VIOLA LA GARANTIA FORMAL, PORQUE NO ES POSIBLE EXIGIR RETROACTIVAMENTE LA RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEY IMPLICITA EN EL ART. 25.1 C.E.

PARA LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, Y EL ART. 12 DE LA ORDEN ES IGUAL AL PARRAFO SEGUNDO DEL ART. 10 DE LA ORDEN DE 7 DE MARZO DE 1972. LA MISMA <SANCION> QUE SE LE HA IMPUESTO AL HOY RECURRENTE EN APLICACION DE LA ORDEN DE 1981 HUBIERA PODIDO IMPONERSE APLICANDO LA ORDEN DE 1972. LA ORDEN DE 1981 NO INNOVA EN PERJUICIO DEL SEÑOR CELMA SALETA LA REGULACION CONTENIDA EN LA ORDEN DE 1972.

TAMPOCO PUEDE ESTIMARSE VIOLADA LA GARANTIA MATERIAL INMANENTE EN EL ART. 25.1 C.E. LOS INCUMPLIMIENTOS O VIOLACIONES COMETIDOS POR EL RECURRENTE SON INDUBITABLES Y LAS NORMAS VULNERADAS ARTS. 3, 4, 5 Y 9 DE LA ORDEN DE 20 DE ENERO DE 1981 SON LO SUFICIENTEMENTE CLARAS Y PRECISAS PARA QUE EL RECURRENTE SUPIERA A QUE ATENERSE Y PARA EVITAR TODA ARBITRARIEDAD EN EL ACTUAR ADMINISTRATIVO. EL ART. 12 DE LA REPETIDA ORDEN ES CIERTAMENTE UNA NORMA GENERAL DE REENVIO (<EL INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA PRESENTE ORDEN>, ETC.). PERO LAS NORMAS A QUE EL ART. 12 REENVIA SON CORTAS EN NUMERO (UN POCO MAS DE DIEZ ARTICULOS) Y DE REDACCION LO SUFICIENTEMENTE PRECISA COMO PARA QUE UNA NORMA DE REENVIO CUAL ES EL ART. 12 NO REPRESENTE RIESGO ALGUNO DE INSEGURIDAD PARA EL CIUDADANO NI DE MARGEN PARA SU APLICACION ARBITRARIA. Y EN CUALQUIER CASO, EN EL SUPUESTO QUE NOS OCUPA, NI EL RECURRENTE HA DENUNCIADO ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACION, NI TAMPOCO HA RAZONADO CONVINCENTEMENTE QUE LA ORDEN DE 1981 HICIERA INTOLERABLEMENTE INSEGURA LA PROGRAMACION DE SU CONDUCTA. EL CONTENIDO NORMATIVO ESENCIAL DE LOS ARTS. 3, 4, 5, 9 Y 12 DE LA ORDEN DE 20 DE ENERO DE 1981 TIENE DECENIOS DE EXISTENCIA Y CUENTA UNA PRACTICA APLICATIVA MAS QUE CONSIDERABLE PARA QUE ADMINISTRACION Y CIUDADANOS SEPAN A QUE ATENERSE.

TERMINA SUPLICANDO SE DICTE EN SU DIA SENTENCIA DENEGANDO EL AMPARO PRETENDIDO.

11. DON RAFAEL SANCHEZ IZQUIERDO NIETO, PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES Y DE DON HILARIO CELMA SALETA, EN ESCRITO PRESENTADO EL 31 DE OCTUBRE DE 1988, RATIFICA LO EXPUESTO EN SUS ESCRITOS DE INTERPOSICION Y DE ALEGACIONES REALIZADA EN RELACION A LA SUSPENSION SOLICITADA, Y POR LA SALA ACORDADA.

LA PROTECCION SOLICITADA DE ESTE TRIBUNAL TRAE SU ORIGEN DE UNA VERDADERA SANCION ADMINISTRATIVA IMPUESTA POR LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, SIN QUE PUEDA DUDARSE QUE PUEDA CONSIDERARSE COMO UNA VERDADERA SANCION ADMINISTRATIVA, POR CUANTO, COMO YA SE MANTUVO EN EL ESCRITO DE INTERPOSICION, LA ADMINISTRACION INICIA UN AUTENTICO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR EL QUE ACOGIENDOSE A LO PRECEPTUADO EN LOS ARTS. 133 Y SS. DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO IMPONE UNA SANCION ADMINISTRATIVA Y CONCEDE, EN SU NOTIFICACION DE PLIEGO DE CARGOS DE 23 DE AGOSTO DE 1985, <UN PLAZO DE OCHO DIAS..., PARA ALEGAR LO QUE ESTIME POR CONVENIENTE EN DEFENSA DE SUS DERECHOS, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ART. 136.3 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO>, DE IGUAL MODO, EN SU PROPUESTA DE RESOLUCION DE 23 DE OCTUBRE DE 1985: EN EL <PLAZO DE OCHO DIAS QUE PARA ALEGACIONES ESTABLECE EL ART. 137.1 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO...>.

SE CONCULCA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, CONFORME SE HA DICHO, PUES SE APLICA ESTE PROCEDIMIENTO, AUTENTICA Y VERDADERAMENTE SANCIONADOR, ES MAS, CONCEBIDO COMO TAL, SOBRE DISPOSICIONES CONTENIDAS EN NORMA DE RANGO MINIMO SIN HABILITACION LEGAL, PARA IMPONER SANCIONES.

LA EXISTENCIA DE GRAN VARIEDAD DE NORMAS QUE REGULAN PROFESIONES Y OFICIOS NO SIGNIFICA EN MODO ALGUNO QUE LAS REGULACIONES LIMITATIVAS QUEDEN ENTREGADAS AL ARBITRIO DE LOS REGLAMENTOS PUES EXISTEN CONTRAPESOS QUE EL ALTO TRIBUNAL SEÑALA, PROVENIENTES DE LOS PRINCIPIOS GENERALES O ESPECIFICAMENTE DE OTROS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION QUE CONFIGURAN RESERVAS ESPECIFICAS DE LA LEY (STC 24 DE JULIO DE 1984).

LA ADMINISTRACION PODRA, Y PARA SU EFECTIVIDAD, DEBERA, EJERCER SU POTESTAD SANCIONADORA MEDIANTE LA APLICACION DE NORMAS REGLAMENTARIAS, PERO IMPRESCINDIBLEMENTE DEBERA PREVIAMENTE CUMPLIRSE EL MANDATO CONSTITUCIONAL DEL ART. 25, QUE DETERMINA LA NECESARIA COBERTURA DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACION EN UNA NORMA DE RANGO LEGAL, LO QUE NO EXCLUYE QUE LA TAL CONTENGA REMISIONES A NORMAS REGLAMENTARIAS, SIEMPRE QUE EN AQUELLA (LA LEY) QUEDEN SUFICIENTEMENTE DETERMINADOS LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONDUCTA ANTIJURIDICA (DE TAL FORMA QUE SOLO SEAN INFRACCIONES LAS ACCIONES Y OMISIONES SUBSUMIBLES EN LA NORMA CON RANGO DE LEY). CITA A CONTINUACION DOCTRINA DEL T.S. Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y AÑADE QUE SE HA PRETENDIDO POR PARTE DE LA ABOGACIA DEL ESTADO JUSTIFICAR LA SANCION EN ARAS DE UNA PRETENDIDA SITUACION DE SUJECION ESPECIAL DEL RECURRENTE. ERRONEA INTERPRETACION DE LAS NORMAS LA REALIZADA PARA LLEGAR A TAN GRAVE CONCLUSION, PUES HA DICHO EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA COBIJA A <CUALQUIER CIUDADANO>, Y CITA COMO EJEMPLOS QUE ESTAN SUJETOS A SUJECION ESPECIAL, PERO NO EXCLUIDOS DE LA PROTECCION CONSTITUCIONAL DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, AQUELLAS PERSONAS QUE SOLICITAN DE LA ADMINISTRACION Y OBTIENEN LICENCIA DE ARMAS Y PERMISO PARA CAZAR. LA REGULACION DE INFRACCIONES E IMPOSICION DE SANCIONES SE REGLA POR LEY QUE DA COBERTURA A CUALQUIER ACTUACION ADMINISTRATIVA POSTERIOR:

LEY 1/1970, DE 4 DE ABRIL, Y TAMBIEN AQUELLAS PERSONAS QUE SOLICITAN DE LA ADMINISTRACION Y OBTIENEN LICENCIA PARA CONDUCIR VEHICULOS Y AUTORIZACION PARA SU USO, Y SUS SANCIONES Y RETIRADAS DE LA CITADA AUTORIZACION ESTA REGULADA POR NORMAS DE CARACTER LEGAL: LEY 47/1959, DE 30 DE JULIO, LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y CODIGO PENAL, ASI COMO AQUELLAS PERSONAS QUE SOLICITAN DE LA ADMINISTRACION Y OBTIENEN LICENCIA PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA, ASI COMO SU ORDENACION E INSPECCION, SIENDO REGULADAS LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU EJERCICIO, ASI COMO LA REVOCACION DE LA LICENCIA OTORGADA, TODO ELLO TRAS LA COBERTURA DE UNA LEY, LA LEY 61/1964, Y EN FIN, AQUELLAS PERSONAS QUE SOLICITAN DE LA ADMINISTRACION Y OBTIENEN LICENCIA PARA LA REALIZACION DE OBRAS CON EL ESTADO, O PARA GESTIONAR SERVICIOS PUBLICOS, POR LEY SE CONCEDE LA LICENCIA Y POR LEY SE PODRA REVOCAR, LEY 198/1963, DE 28 DE DICIEMBRE. POR ELLO, RESULTA ABSURDO MANTENER LA ARGUMENTACION DE SUJECION ESPECIAL PARA JUSTIFICAR LA NO SUJECION DE UNA NORMA AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, Y EN ESTE SENTIDO SE MANIFESTO ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN STC 2/1987.

TODO ELLO LLEVA A TENER QUE RECONOCER LA ILEGALIDAD DE LA ORDEN MINISTERIAL DE 20 DE ENERO DE 1981, POR CUANTO NO CUMPLE ABSOLUTAMENTE NINGUNO DE LOS REQUISITOS QUE PARA LAS NORMAS SANCIONADORAS TIENE RECONOCIDOS TANTO LA CONSTITUCION CUANTO LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO Y EL CONSTITUCIONAL, EN LAS INNUMERABLES SENTENCIAS CITADAS EN ESTE ESCRITO, AMEN DE LA OMITIDAS POR REITERATIVAS E INNECESARIAS, EN IGUAL SENTIDO.

12. EL FISCAL, EN ESCRITO PRESENTADO EL 31 DE OCTUBRE DE 1988, COMIENZA POR RECORDAR QUE EL RECURSO SE FORMULA POR EL CAUCE DEL ART. 43 LOTC, ESTO ES, FRENTE A UN ACTO ADMINISTRATIVO, AQUI, LA RESOLUCION SANCIONADORA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.

AUNQUE SE DICE TAMBIEN QUE EL RECURSO SE DIRIGE CONTRA LA SENTENCIA DEL T.S. (ASI, EN EL ENCABEZAMIENTO DE LA DEMANDA) Y EN ALGUN MOMENTO SE DICE QUE LA SENTENCIA DEL T.S., NO HA SIDO NOTIFICADA AL ACTOR (ANTECEDENTE SEXTO), DE ELLO NO SE DEDUCE NINGUNA PRETENSION NI SE LE ANUDA LESION CONSTITUCIONAL AUTONOMA. NO PUEDE CABER DUDA DE QUE LO RECURRIDO ES SOLO EL ACUERDO SANCIONADOR. LA NULIDAD DE LA SENTENCIA SE INTERESA POR VIA DE CONSECUENCIA. TODA LA ARGUMENTACION QUE CONTIENE LA DEMANDA VA DIRIGIDA A PONER DE RELIEVE LAS TACHAS INCONSTITUCIONALES EN QUE HA INCURRIDO EL ACTO SANCIONADOR.

EL ART. 43.1 LOTC EXIGE AGOTAR LA VIA JUDICIAL PROCEDENTE COMO REQUISITO PREVIO ANTES DE RECURRIR EN AMPARO FRENTE A ACTOS DEL GOBIERNO O DE SUS AUTORIDADES O FUNCIONARIOS. PUES BIEN, EN ESTE CASO NO PUEDE ENTENDERSE AGOTADA LA VIA JUDICIAL. EL RECURRENTE, QUE OBTUVO FALLO FAVORABLE EN LA INSTANCIA, NO SE PERSONO EN EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO CONTRA ESE FALLO POR LA REPRESENTACION DE LA ADMINISTRACION. LA VIA JUDICIAL DE QUE HABLA ESTE PRECEPTO NO ES SOLO LA PRIMERA INSTANCIA, SINO QUE LA FORMA TAMBIEN LOS RECURSOS SUCESIVOS, MAS AUN CUANDO, COMO AQUI OCURRE, FUERON UTILIZADOS POR LAS OTRAS PARTES. NO PUEDE DECIRSE QUE QUIEN VOLUNTARIAMENTE RESUELVE NO PERSONARSE EN UN RECURSO INCLUIDO EN ESA VIA JUDICIAL PROCEDENTE HAYA AGOTADO ESTA. EL DEMANDANTE SE DESENTENDIO DEL CURSO SUCESIVO DE SU RECLAMACION, UNA VEZ QUE PROSPERO EN LA INSTANCIA, Y NO CONTINUO DEFENDIENDO SU DERECHO. NO PUEDE, PER SALTUM, SIN HABER INTERVENIDO EN TRAMITE TAN DECISIVO COMO LA APELACION, DEDUCIR UNA ACCION DE AMPARO.

INCUMPLE LO EXIGIDO EN EL ART. 43.1 LOTC Y, EN CONSECUENCIA, INCURRE EN MOTIVO DE INADMISION (ART. 50.1 A)), LO QUE, ADVERTIDO EN ESTE MOMENTO, DEBE LLEVAR A SU DESESTIMACION.

CASO DE NO PROSPERAR LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES, EL RECURSO SERIA IGUALMENTE INADMISIBLE, AHORA POR CADUCIDAD. EL ART. 43.2 LOTC ESTABLECE UN PLAZO DE VEINTE DIAS PARA RECURRIR, QUE SE CUENTA DESDE LA NOTIFICACION DE LA SENTENCIA. AQUI NO EXISTIO NOTIFICACION DE LA SENTENCIA QUE PONIA TERMINO A LA VIA JUDICIAL POR CUANTO QUE QUIEN AHORA RECURRE NO COMPARECIO EN AQUEL TRAMITE AL QUE FUE CONVOCADO COMO APELADO.

ANTE LA AUSENCIA DE NOTIFICACION FORMAL DE UNA RESOLUCION JUDICIAL, EL CONOCIMIENTO MATERIAL DE LA MISMA, SIEMPRE QUE RESULTE ACREDITADO DE MODO FEHACIENTE, ACTUA COMO SUSTITUTIVO VALIDO DE ESA FALTA. ES REITERADA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL. DE SUERTE QUE SI SE JUSTIFICA ESE CONOCIMIENTO, PUDIENDO DEDUCIRSE EN VIRTUD DE UNA OPERACION LOGICA DE LOS DATOS DE QUE SE DISPONGA, SERA A PARTIR DE ESE CONOCIMIENTO, Y NO, EN MOMENTO POSTERIOR QUE SEÑALE EL INTERESADO, CUANDO COMIENCE A CONTARSE EL PLAZO DE CADUCIDAD QUE SEÑALA LA LEY.

EN NUESTRO CASO, EL RECURRENTE, QUE SABIA QUE SE HABIA RECURRIDO LA SENTENCIA DE INSTANCIA PORQUE FUE EMPLAZADO ANTE EL T.S, FUE NOTIFICADO DE QUE HABIAN SIDO DEVUELTAS LAS ACTUACIONES A LA AUDIENCIA NACIONAL POR EL T.S. ES ESE MOMENTO EL DIA INICIAL DEL PLAZO PARA RECURRIR EN AMPARO, PUES TAL NOTIFICACION LLEVA CONSIGO FORZOSAMENTE UN CONOCIMIENTO MATERIAL SUFICIENTE DEL FALLO DICTADO EN ALZADA. NO ES CONCEBIBLE QUE UNOS PROFESIONALES DEL DERECHO, EL PROCURADOR NOTIFICADO Y EL LETRADO AL QUE LOGICAMENTE HAY QUE PENSAR QUE AQUEL LLEVO EL CONTENIDO DE LO PARTICIPADO, RECIBAN UNA COMUNICACION JUDICIAL QUE AFECTA DECISIVAMENTE AL INTERES QUE REPRESENTAN O EN CUYA DEFENSA ACTUAN SIN QUE INDAGUE CUAL HA SIDO EL RESULTADO DE LA APELACION PLANTEADA, Y SI SE COMPORTA DE OTRO MODO, NO SERA DIFICIL CONCLUIR QUE SE HA ACTUADO DE MODO NEGLIGENTE, COMO TIENE DICHO ESTE TRIBUNAL (STC 56/1985). Y AUN DESPUES TUVO OCASION DE CONOCER EL ACTOR QUE EL T.S. HABIA RESUELTO. FUE CUANDO SE HIZO LA TASACION DE COSTAS CON SU INTERVENCION PRESENTANDO SU LETRADO MINUTA DE HONORARIOS, DEBIDO AL ERROR EN QUE INCURRIO LA SECRETARIA DE LA SALA AL CREER QUE EL FALLO HABIA SIDO CONFIRMATORIO Y SE MANTENIA LA DECLARACION DE LA SENTENCIA INICIAL QUE CONDENABA EN COSTAS A LA ADMINISTRACION. TAMPOCO, ENTONCES, POR LO QUE SE VE, SE HIZO GESTION ALGUNA PARA CONOCER EL FALLO DE APELACION. NO ES LOGICO ADMITIR QUE EL ERROR DE LA SECRETARIA PUDO DETERMINAR LA CREENCIA DEL DEMANDANTE DE QUE EL FALLO DE INSTANCIA SE HABIA CONFIRMADO. Y SOLO FUE MAS TARDE, CUANDO LA SALA LE COMUNICA EL ERROR PADECIDO AL HACER LA TASACION DE COSTAS, QUE ERA EL Y NO LA ADMINISTRACION QUIEN CORRIA CON ELLAS, CUANDO CAE EN LA CUENTA DE QUE LA SENTENCIA LE FUE DESFAVORABLE. NO ES, EVIDENTEMENTE, EXPLICACION QUE PUEDA ACEPTARSE TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS LOGICOS DEL COMPORTAMIENTO DE UN JUSTICIABLE. AL ESTIMAR QUE ESTE MOMENTO, EL DE LA COMUNICACION DE UNA NUEVA TASACION DE COSTAS, ES EL INICIAL PARA EL COMPUTO DEL PLAZO PARA RECURRIR, EL INTERESADO HA EXTENDIDO A SU CONVENIENCIA ESE PLAZO QUE, AL SER DE CADUCIDAD COMO REPETIDAMENTE HA DICHO ESTE TRIBUNAL (P. EJ., ATC 642/1984), NO PUEDE SER OBJETO DE AMPLIACION ALGUNA.

POR ELLO PROCEDE DESESTIMAR EL AMPARO INTERESADO.

13. POR PROVIDENCIA DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1988, LA SECCION CUARTA DE ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ACORDO TENER POR RECIBIDOS LOS PRECEDENTES ESCRITOS DE ALEGACIONES DEL MINISTERIO FISCAL, DEL ABOGADO DEL ESTADO Y DEL PROCURADOR SEÑOR SANCHEZ IZQUIERDO.

A LA VISTA DE LO MANIFESTADO EN SU ESCRITO DE ALEGACIONES POR EL CITADO PROCURADOR SEÑOR SANCHEZ IZQUIERDO, Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVENIDO EN EL ART. 51 LOTC, EN RELACION CON EL 88 DE LA MISMA LEY, SE REQUIRIO AL T.S. PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS, REMITIERA TESTIMONIO DEL RECURSO DE REVISION NUM. 215/87 QUE SE DIJO POR LA PARTE FUE INTERPUESTO ANTE LA SALA TERCERA DEL CITADO TRIBUNAL.

14. POR PROVIDENCIA DE 9 DE ENERO DE 1989, LA SECCION CUARTA DE ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ACORDO TENER POR RECIBIDAS LAS ACTUACIONES REMITIDAS POR EL T.S. RELATIVAS AL RECURSO DE REVISION NUM. 215/87, DE LAS QUE SE DIO VISTA POR UN PLAZO COMUN DE DIEZ DIAS AL MINISTERIO FISCAL, AL ABOGADO DEL ESTADO Y AL SOLICITANTE DEL AMPARO, PARA QUE, DENTRO DE DICHO TERMINO, AMPLIARAN LAS ALEGACIONES FORMULADAS EN SU DIA AL EVACUAR EL TRAMITE CONFERIDO EN PROVIDENCIA DE 3 DE OCTUBRE DE 1988.

15. EL FISCAL, EN ESCRITO PRESENTADO EL 18 DE ENERO DE 1989, MANIFIESTA QUE EL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO, Y AUN EN TRAMITACION, NADA TIENE QUE VER CON LO QUE ES OBJETO DEL PRESENTE RECURSO. FUE FORMULADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO SOLO EN LO QUE SE REFIERE AL PRONUNCIAMIENTO EN COSTAS QUE CONTENIA LA SENTENCIA CUYA REVISION SE PIDIO. ES, POR TANTO, COMPLETAMENTE AJENO A LA IMPUGNACION QUE SE TRAE ANTE ESTE TRIBUNAL QUE EN MODO ALGUNO PUEDE VERSE AFECTADA POR LO QUE SE RESUELVA EN DICHO EXTRAORDINARIO RECURSO. NADA, POR CONSIGUIENTE, TIENE QUE AÑADIR A LO QUE DIJO EN EL INFORME EMITIDO CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL ART. 52 DE LA LOTC.

16. EL ABOGADO DEL ESTADO, EN ESCRITO PRESENTADO EL 18 DE ENERO DE 1989, SOSTIENE, ASIMISMO, QUE EL CITADO RECURSO DE REVISION HA SIDO PROMOVIDO POR LA ABOGACIA DEL ESTADO Y VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO RELATIVO A LAS COSTAS CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE LA SALA QUINTA DEL T.S. DE 11 DE MAYO DE 1987.

CONSECUENTEMENTE, EL RECURSO DE REVISION DADO SU LIMITADO ALCANCE ES ABSOLUTAMENTE IRRELEVANTE PARA EL PRESENTE AMPARO, COMO NO SEA PARA SUBRAYAR UNA VEZ MAS (CF. LA ALEGACION II DE SU ESCRITO DE 19 DE OCTUBRE DE 1988) EL DESENTENDIMIENTO DEL HOY DEMANDANTE DE AMPARO EN EL AGOTAMIENTO DE LA VIA JUDICIAL PREVIA A ESTA CONSTITUCIONAL (ARTS. 43.1 Y 46.1 B) LOTC): SI HUBIERA SIDO PARTE EN LA APELACION, LA REPRESENTACION PROCESAL DEL SEÑOR CELMA SALETA HABRIA SIDO EMPLAZADA EN EL RECURSO DE REVISION (ARTS. 102.2 LJCA Y 1.801 L.E.C.).

17. DON RAFAEL SANCHEZ IZQUIERDO NIETO, PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES Y DON HILARIO CELMA SALETA, EN ESCRITO PRESENTADO EL 25 DE ENERO DE 1989, ALEGA QUE DADO QUE EN LAS CITADAS ACTUACIONES NADA SE DISCUTE DEL FONDO DE LO QUE ES MATERIA OBJETO DE ESTA DEMANDA, ESTA PARTE SE RATIFICA EN SU ANTERIOR ESCRITO DE ALEGACIONES, SIN QUE HAYA QUE MODIFICAR EN NADA LO YA EXPUESTO.

18. POR PROVIDENCIA DE 26 DE MAYO DE 1990 SE FIJO PARA DELIBERACION Y VOTACION DEL PRESENTE RECURSO EL DIA 29 DE LOS MISMOS MES Y AÑO.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. ANTES DE ENTRAR A CONOCER Y DECIDIR SOBRE EL FONDO DE ESTE RECURSO DE AMPARO ES NECESARIO HACERLO ACERCA DE LAS OBJECIONES DE CARACTER PROCESAL Y FORMAL QUE FORMULAN TANTO EL ABOGADO DEL ESTADO COMO EL MINISTERIO FISCAL. EL PRIMERO ADUCE LA FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VIA JUDICIAL PREVIA O, ALTERNATIVAMENTE, LA CARENCIA DE LEGITIMACION DEL AQUI RECURRENTE, CON LA CITA, EN SU APOYO, DE LOS ARTS. 43.1, 50.1 A), 43.2 Y 46.1 B) DE LA LEY ORGANICA DE ESTE TRIBUNAL. EN CUANTO AL MINISTERIO FISCAL, POR ESTE SE OBJETA TAMBIEN AQUELLA FALTA DE AGOTAMIENTO Y, SUBSIDIARIAMENTE, LA EXCEPCION DE CADUCIDAD (ART. 43.2 DE LA LOTC).

2. COMO SE HA EXPUESTO EN LOS ANTECEDENTES, EL ACTOR, A QUIEN LE HABIA SIDO IMPUESTA EN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO LA SANCION DE PERDIDA O REVOCACION DE SU LICENCIA COMO DETECTIVE PRIVADO, SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DE LA ORDEN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, DE 20 DE ENERO DE 1981, RECURRIO LA MISMA AL AMPARO DE LA LEY 62/1978, DE PROTECCION JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, EN CUYO PROCEDIMIENTO OBTUVO RESOLUCION FAVORABLE A SUS INTERESES, EN CUANTO LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL SECCION PRIMERA ANULO POR CONTRARIO A DERECHO EL ACTO ADMINISTRATIVO, CONDENANDO EN LAS COSTAS A LA ADMINISTRACION. LA SENTENCIA FUE RECURRIDA, EN NOMBRE DE ESTA, POR EL ABOGADO DEL ESTADO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO, QUIEN POR SENTENCIA DE 11 DE MAYO DE 1987 LA REVOCO, DESESTIMANDO POR TANTO EL RECURSO

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR EL ACTOR, ASIGNANDO A ESTE EL PAGO DE LAS COSTAS DE LA PRIMERA INSTANCIA.

EL ACTOR, HOY RECURRENTE EN AMPARO, NO SE PERSONO EN EL RECURSO DE APELACION. PUES BIEN, DE ESTA NO ASISTENCIA O PERSONACION DE LA PARTE QUE HABIA OBTENIDO SENTENCIA FAVORABLE, INFIEREN TANTO EL ABOGADO DEL ESTADO COMO EL FISCAL SU CONCLUSION DE QUE DICHO RECURRENTE NO HA AGOTADO LA VIA JUDICIAL PREVIA QUE EXIGE EL ART. 43.1 DE LA LOTC PARA LA VALIDA INTERPOSICION DEL RECURSO DE AMPARO ANTE ESTE TRIBUNAL.

ESTE REQUISITO TIENE SU CAUSA Y SENTIDO EN EL CARACTER SUBSIDIARIO DEL RECURSO DE AMPARO (ART. 53.2 C.E.) Y SIGNIFICA LA PROHIBICION DE DIRIGIRSE DE MODO DIRECTO Y PERS SALTUM A ESTE T.C. SI NO SE HA INTENTADO ANTES LA DEFENSA DEL DERECHO FUNDAMENTAL ANTE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS, A TRAVES DEL PROCESO ADECUADO.

ES EVIDENTE, SIN EMBARGO, QUE EL SANCIONADO POR LA ADMINISTRACION CONTRA CUYO ACTO PRIMORDIALMENTE SE RECURRE AHORA INTERPUSO LA PERTINENTE DEMANDA JUDICIAL, COMO ANTES SE HA EXPUESTO, OBTENIENDO RESOLUCION FAVORABLE. LO QUE NO HIZO, CIERTAMENTE, FUE COMPARECER EN EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL ABOGADO DEL ESTADO, ACTITUD JURIDICA Y PROCESALMENTE IRREPROCHABLE, EN TANTO EN CUANTO LA PERSONACION CORRESPONDE AL AMBITO DE UN DERECHO DISPONIBLE, NO CONSTITUYE UN DEBER Y ESTA CONFIGURADO EN NUESTRO ORDENAMIENTO PROCESAL COMO CARGA, ES DECIR, COMO CONDUCTA POSIBLE DE LA PARTE A LA QUE NO SE ANUDA OTRO EFECTO QUE EL DE SOPORTAR EL POSIBLE PERJUICIO, EN EL AMBITO SUSTANTIVO O MATERIAL, DEL EVENTUAL DEBILITAMIENTO DE SU DEFENSA U OPOSICION FRENTE A LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE.

DESDE EL PUNTO DE VISTA, PUES, DEL DEBER JURIDICO PROCESAL DE APURAR LA VIA JUDICIAL COMO PREVIA AL RECURSO DE AMPARO, EL RECURRENTE PROMOVIO EL OPORTUNO PROCESO, AGOTANDO A ESOS EFECTOS Y EN SU INTERES DICHO ITER PROCESAL, PUESTO QUE OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE (LA QUE ANULO EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO AHORA AQUI) Y YA NO LE ERA EXIGIBLE OTRA CONDUCTA, SINO LA DE ESPERAR LA FIRMEZA DE AQUELLA RESOLUCION.

SI ESTA NO LLEGO A PRODUCIRSE LO FUE DEBIDO A LA APELACION DE LA OTRA PARTE, FRENTE A LA CUAL PODIA, O BIEN COMPARECER COMO APELADO A LOS EFECTOS DE SU DEFENSA MATERIAL O BIEN ABSTENERSE Y ESPERAR EL FALLO DE LA APELACION.

DICHA PARTE, POR TANTO, HABIA OBTENIDO SATISFACCION A SU DERECHO, SEGUN ELLA, VULNERADO Y HABIA DADO OCASION A LA JURISDICCION PARA REPARARLO (SUBSIDIARIDAD DEL AMPARO). LA NO FIRMEZA DE LA SENTENCIA OBTENIDA, Y LA APELACION DE LA CONTRAPARTE Y LA SUBSIGUIENTE SENTENCIA REVOCATORIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, AGOTO, A LOS EFECTOS DEL REQUISITO PREVIO INEXCUSABLE, LA VIA JUDICIAL. NO SERIA, PUES, EN ABSOLUTO RAZONABLE REPROCHAR AL RECURRENTE AHORA UN INCUMPLIMIENTO PROCESAL QUE EL INICIO EN FORMA, NEGANDOLE EL ACCESO AL RECURSO DE AMPARO FRENTE A UNA SENTENCIA PARA EL GRAVOSA EN CUANTO REVOCA O ANULA LA PRIMERA FAVORABLE, CONTRA LA CUAL, LOGICAMENTE, NO PODIA RECURRIR, NI SIQUIERA PARA SIGUIENDO LA PECULIAR TESIS TEORICA DE LAS OBJECIONES AQUI FORMULADAS APURAR, AGOTAR LA VIA PROCESAL JUDICIAL.

3.

TAMPOCO CABE ADMITIR COMO EXISTENTE LA FALTA DE LEGITIMACION QUE OBJETA EL ABOGADO DEL ESTADO.

EN COHERENCIA CON LO ANTES EXPUESTO, LA PARTE QUE NO COMPARECE COMO APELADA TRAS HABER OBTENIDO UNA SENTENCIA FAVORABLE EN LA INSTANCIA, NO PIERDE SU CONDICION DE PARTE PROCESAL NI, POR CONSIGUIENTE, SU LEGITIMACION AD PROCESSUM . ESTA LEGITIMACION VIENE EXIGIDA POR EL ART. 46 B) DE LA LOTC (HABER SIDO PARTE EN EL PROCESO JUDICIAL CORRESPONDIENTE), PARA IMPETRAR EL AMPARO.

EL LITIGANTE, EN LA SITUACION AQUI ESTUDIADA, NO PIERDE, EN EFECTO, SU CONDICION DE PARTE, SINO QUE, COMO TAL SIGUE SOMETIDO A LA EVENTUAL DECISION RECAIDA EN APELACION, PROMOVIDA ESTA POR LA CONTRARIA. SU POSICION PROCESAL ES LA MISMA, ES DECIR, MATIZANDOLA, LA DE PARTE NO COMPARECIDA, CON TODOS SUS DERECHOS ANEJOS, ENTRE ELLOS, Y ESENCIAL, EL DE SER NOTIFICADA EN FORMA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA (NO SE OLVIDE QUE NI SIQUIERA EL LITIGANTE REBELDE PIERDE AQUELLA CONDICION, PUES PUEDE COMPARECER SIN RETROTRAERSE EL PROCEDIMIENTO). Y ES EVIDENTE QUE, RECAIDA SENTENCIA DEFINITIVA EN LA APELACION, GRAVOSA PARA LA PARTE NO COMPARECIDA COMO APELADA, ESTA LEGITIMADA ESTA PARA INSTAR LA PROTECCION CONSTITUCIONAL. OTRA COSA SERIA UNA SANCION O CONSECUENCIA ARBITRARIA, NO FUNDADA, PUESTO QUE DICHO INTERESADO SOLO PODRA RECURRIR EN AMPARO CUANDO LA LESION (O LA NO REPARACION DE ESTA) SE PRODUZCA, AQUI EN LA SEGUNDA INSTANCIA.

4. POR LO QUE SE REFIERE A LA EXCEPCION DE CADUCIDAD (ART. 43.2 LOTC) POR LA EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO, HAY QUE PRONUNCIARSE TAMBIEN EN SENTIDO NEGATIVO.

EN EFECTO, COMO YA SE HECHO CONSTAR EN LOS ANTECEDENTES, EL ACTOR AFIRMA QUE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 11 DE MAYO DE 1987, QUE REVOCO LA DE LA AUDIENCIA NACIONAL, NO LE FUE NOTIFICADA EN FORMA, AFIRMACION QUE NO APARECE DESMENTIDA POR LAS ACTUACIONES. SI RESULTA, SEGUN TAMBIEN ALEGABA, QUE LA PRIMERA REFERENCIA QUE TUVO DE LA DECISION JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO PROCEDIA DE UNA PROVIDENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL EN RELACION CON LA CONDENA EN COSTAS, POR LA QUE SE LE NOTIFICABA LA CONFIRMACION POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE LA SENTENCIA APELADA, NOTIFICACION DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 1987, LO QUE, AL SER CONFIRMATORIA DE LA QUE OBTUVO FAVORABLE EN LA INSTANCIA, EXCLUIA TODA POSIBLE IMPUGNACION.

FUE MAS TARDE, CUANDO SE LE NOTIFICO OTRA PROVIDENCIA EN 5 DE FEBRERO DE 1988 POR LA QUE, ADVERTIDO POR LA AUDIENCIA EL ERROR, DECLARANDOSE NULA LA ANTERIOR, SE LE COMUNICABA LA REVOCACION POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL, CUANDO TUVO CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.

SIENDO ESTO ASI Y NO EXISTEN DATOS QUE PERMITAN SENTAR LO CONTRARIO HA DE ADMITIRSE QUE LA DEMANDA SE PRESENTO EN TIEMPO, PUES EL PLAZO DE VEINTE DIAS HA DE COMPUTARSE A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE EL ACTOR TUVO CONOCIMIENTO FEHACIENTE DE LA SENTENCIA QUE PRESUMIBLEMENTE AGOTA LA VIA PREVIA, CONFORME A REITERADA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL (SSTC 45/1985, 56/1985 Y, MAS RECIENTE, LA DE 15 DE MARZO DE 1990 (R. A. 1.247/87)), POR LO QUE, PRESENTADA LA DEMANDA EN 29 DE FEBRERO DE 1988, ES VISTO QUE NO TRANSCURRIERON LOS VEINTE DIAS DESDE EL 5 DE DICHOS MES Y AÑO Y, QUE, POR CONSIGUIENTE, ESTA DENTRO DEL PLAZO.

5. EL ACTO DEL PODER PUBLICO PRIMORDIALMENTE RECURRIDO ES, COMO YA SE HA INDICADO, EL INTEGRADO POR LAS RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA DE 18 DE DICIEMBRE DE 1985 Y DE LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE 14 DE JUNIO DE 1986 QUE REVOCARON LA LICENCIA DE DETECTIVE PRIVADO DEL RECURRENTE, ANULADAS PRIMERO POR LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 12 DE DICIEMBRE DE 1986 , PERO CONVALIDADAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE 11 DE MAYO DE 1987 . AQUELLAS RESOLUCIONES TUVIERON SU BASE NORMATIVA EN LA ORDEN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE 20 DE ENERO DE 1981 Y EN CONCRETO EN SU ART. 12, CUYO TENOR ES EL SIGUIENTE: <EL INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA PRESENTE ORDEN PODRA SER SANCIONADO POR LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ATENDIDA SU GRAVEDAD O TRASCENDENCIA CON APERCIBIMIENTO, SUSPENSION DE LA LICENCIA O DE LA AUTORIZACION Y REVOCACION DE LAS MISMAS. DICHAS SANCIONES SERAN APLICABLES A LOS DETECTIVES PRIVADOS Y, EN SU CASO, A LOS AUXILIARES, MEDIANTE LA INSTRUCCION DE EXPEDIENTE ACREDITATIVO DE LOS HECHOS, CON AUDIENCIA DEL INTERESADO Y POSIBILIDAD DE APORTACION DE LAS PRUEBAS QUE EL MISMO PROPONGA EN SU DEFENSA. LA IMPOSICION DE LAS SANCIONES DE SUSPENSION O REVOCACION DETERMINARA LA CORRESPONDIENTE RETENCION O RETIRADA DE LA TARJETA DE IDENTIDAD PROFESIONAL Y ANOTACION EN EL REGISTRO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO ANTERIOR>.

SE ALEGA QUE AQUELLAS RESOLUCIONES Y ESTA ORDEN VIOLAN LOS ARTS. 25.1, 53 Y 97 DE LA C.E. E INFRINGEN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD (NORMA CON RANGO DE LEY) Y DE TIPICIDAD (DESCRIPCION PRECISA DE LOS HECHOS Y SANCIONES) QUE DEBEN SER EXIGIBLES Y APLICABLES EN LA MATERIA DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS, AUN EN LOS SUPUESTOS DE SUJECION ESPECIAL DEL ADMINISTRADO. SE CITA TAMBIEN POR EL RECURRENTE EL ART. 17 DE LA CONSTITUCION, PERO ESTA INVOCACION, COMO TANTAS VECES HA SEÑALADO ESTE TRIBUNAL, NO TIENE AQUI SENTIDO NI FINALIDAD, PORQUE EL ART. 17.1, AL ALUDIR A LA SEGURIDAD NO SE ESTA REFIRIENDO A LA SEGURIDAD JURIDICA DEL ART. 9.3, SINO A LA PERSONAL, CON SU APLICACION A LAS MEDIDAS DE DETENCION Y OTRAS SIMILARES QUE PUEDAN RESTRINGIR LA LIBERTAD PERSONAL O PONERLA EN PELIGRO (STC 126/1987), LO QUE NO ES AQUI EL CASO.

6. QUEDA TODAVIA, SIN EMBARGO, ANTES DE ENTRAR EN EL ESTUDIO Y DECISION DEL TEMA DE FONDO, UNA OBSERVACION POR HACER, EN RESPUESTA A OTRA OBJECION DEL ABOGADO DEL ESTADO, RELATIVA A LA TESIS DEDUCIBLE DEL ARGUMENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO EN SU SENTENCIA, CUANDO DUDA DE QUE LA REVOCACION DE LA LICENCIA PARA EJERCER COMO DETECTIVE PRIVADO PUEDA SER UNA SANCION, CON LA CONSECUENCIA DE NO SER APLICABLE EL ART. 25.1 DE LA C.E., YA QUE, SEGUN EL TRIBUNAL SUPREMO, <SI LA ADMINISTRACION TIENE FACULTADES PARA CONCEDER LA LICENCIA Y REGULAR LAS CONDICIONES PARA SU EJERCICIO, DEBE TENERLAS TAMBIEN PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS DE SUSPENSION O REVOCACION DE LA MISMA CUANDO SE INCUMPLAN LOS REQUISITOS O CONDICIONES ESTABLECIDOS>.

CIERTO ES QUE LA TESIS PODRIA CONECTARSE CON LA NOTA O CONCEPTO DE <DEBILITAMIENTO> O RELATIVIZACION DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE ESTE TRIBUNAL EN CIERTOS CASOS HA CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS DE LAS LLAMADAS <RELACIONES DE SUJECION ESPECIAL> Y AL TRATAR DE PROBLEMAS DE REVOCACION DE LICENCIAS DE BARES ( AD EXEMPLUM : AATC 907/1987 Y 1.110/1987). SE ALUDE ASI A QUE EN ESAS PECULIARES RELACIONES Y ASIMILABLES ENTRAN EN JUEGO AMPLIAS FACULTADES AUTOORGANIZATIVAS, QUE CONFIEREN CIERTA PREPOTENCIA A LA ADMINISTRACION PARA REGULARLAS. PERO NO CABE DUDA QUE SIN PERJUICIO DE LO QUE DESPUES SE DIRA AL RESPECTO NO PUEDE EXCLUIRSE QUE EN EL AMBITO DE LAS RELACIONES DE SUJECION, GENERAL O ESPECIAL, DETERMINADAS MEDIDAS SEAN SANCIONADAS O TENGA NATURALEZA SANCIONADORA (ASI LO HACE VER EL VOTO PARTICULAR A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO IMPUGNADA), Y ASI EVIDENTEMENTE SE DESPRENDE, POR LO DEMAS, DEL TEXTO DE LA ORDEN CUESTIONADA (ARTS. 3 Y 12), SEGUN ANTES SE HA VISTO, AL HABLAR PALADINAMENTE DE SANCION (<PODRA SER SANCIONADO>), CONCLUSION, POR OTRA PARTE, NO AJENA A LA DOCTRINA ADMINISTRATIVA, QUE HA CALIFICADO DE SANCIONADORA LA REVOCACION DE LICENCIAS CUANDO SE DEBA AL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA RELACION JURIDICA ORIGINADA POR LA CONCESION (<REVOCACION-SANCION>) Y EN ESTE SENTIDO TAMBIEN EL ATC ANTES CITADO, 907/1987. DICHO DE OTRA FORMA, EN LA MEDIDA EN QUE LAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS LIMITAN DERECHOS Y SE HAN BASADO EN LA APRECIACION DE LA CONDUCTA DE PERSONAS CON UNA SANCION, TAL Y COMO SEÑALARA ESTE TRIBUNAL EN SU STC 13/1982.

HAY QUE ADMITIR, PUES, EN EL CASO, LA NATURALEZA SANCIONATORIA DE LA MEDIDA, SIN QUE LA DISTINCION ENTRE RELACIONES DE SUJECION GENERAL Y ESPECIAL, YA EN SI MISMA IMPRECISA, PUEDA DESVIRTUAR AQUELLA NATURALEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SIN QUE, POR LO DEMAS, Y ESTO ES MAS IMPORTANTE, PUEDA DEJAR DE CONSIDERARSE AL RESPECTO LA POSIBILIDAD DE QUE DICHO ACTO INCIDA EN LOS DERECHOS DEL ADMINISTRADO (EN EL SUPUESTO DEL RECURSO, EL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL CONECTADA CON LOS ARTS. 35.1 Y 38 DE LA CONSTITUCION), CON EL RIESGO DE LESIONAR DERECHOS FUNDAMENTALES.

7. EL DERECHO FUNDAMENTAL QUE AQUI SE ESTIMA VIOLADO ES EL PREVISTO EN EL ART. 25.1 DE LA C.E., POR LA FALTA DE COBERTURA LEGAL DE LA ORDEN DE 20 DE ENERO DE 1981, AL AMPARO DE LA CUAL ART. 12 SE IMPUSO POR LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS LA SANCION AL RECURRENTE.

LA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL CON LAS MATIZACIONES IMPUESTAS POR LOS CASOS CONCRETOS DECIDIDOS ES REITERADA Y EXPLICITA.

PARTIENDO DEL PRINCIPIO (STC 18/1981) DE QUE LA REGULACION DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS HA DE ESTAR INSPIRADA EN LOS PRINCIPIOS PROPIOS Y CARACTERISTICOS DEL DERECHO PENAL (DOCTRINA TAMBIEN DEL T.S. Y DEL TEDH), EN YA NUMEROSAS SENTENCIAS SE HA DECLARADO DADO QUE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL ART.

25.1 SE TRADUCE EN UN DERECHO SUBJETIVO DE CARACTER FUNDAMENTAL, SSTC 77/1983 Y 3/1988 QUE DICHO PRINCIPIO COMPRENDE UNA DOBLE GARANTIA: LA PRIMERA, DE ORDEN MATERIAL Y ALCANCE ABSOLUTO, TANTO REFERIDA AL AMBITO ESTRICTAMENTE PENAL COMO AL DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS, REFLEJA LA ESPECIAL TRANSCENDENCIA DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA EN DICHOS CAMPOS LIMITATIVOS Y SUPONE LA IMPERIOSA NECESIDAD DE PREDETERMINACION NORMATIVA DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS Y DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, ES DECIR, LA EXISTENCIA DE PRECEPTOS JURIDICOS ( LEX PREVIA ) QUE PERMITAN PREDECIR CON SUFICIENTE GRADO DE CERTEZA ( LEX CERTA ) AQUELLAS CONDUCTAS Y SE SEPA A QUE ATENERSE EN CUANTO A LA ANEJA RESPONSABILIDAD Y A LA EVENTUAL SANCION; LA SEGUNDA DE CARACTER FORMAL, RELATIVA A LA EXIGENCIA Y EXISTENCIA DE UNA NORMA DE ADECUADO RANGO Y QUE ESTE TRIBUNAL HA IDENTIFICADO COMO LEY EN SENTIDO FORMAL, INTERPRETANDO ASI LOS TERMINOS <LEGISLACION VIGENTE> DEL ART. 25.1 DE LA C.E., SIN ADMITIR, SALVO CASOS O HIPOTESIS DE NORMAS PRECONSTITUCIONALES, LA REMISION AL REGLAMENTO (SSTC 8/1981, 159/1986, 2/1987, 42/1987, 133/1987, 3/1988, 101/1988, 29/1989, 69/1989, 150/1989 Y 219/1989).

8. CIERTO ES QUE ESTA GARANTIA FORMAL, REPETIMOS, HA SIDO CONSIDERADA A VECES SUSCEPTIBLE DE MINORACION O DE MENOR EXIGENCIA, NO SOLO EN SUPUESTOS DE NORMAS SANCIONADORAS PRECONSTITUCIONALES (<NO ES POSIBLE EXIGIR LA RESERVA DE LEY DE MANERA RETROACTIVA PARA CONSIDERAR NULAS E INAPLICABLES DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS RESPECTO DE LAS CUALES ESA EXIGENCIA FORMAL NO EXISTIA ANTES DE LA CONSTITUCION>, SEGUN STC 219/1989, FUNDAMENTO JURIDICO 2. , SINO TAMBIEN, CASO DE REMISION DE LA NORMA LEGAL A NORMAS REGLAMENTARIAS, SI EN AQUELLA QUEDAN <SUFICIENTEMENTE DETERMINADOS LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONDUCTA ANTIJURIDICA ... Y NATURALEZA Y LIMITES DE LAS SANCIONES A IMPONER> (STC 3/1988, FUNDAMENTO JURIDICO 9. ), COMO, EN FIN, EN LAS SITUACIONES LLAMADAS DE SUJECION ESPECIAL <AUNQUE INCLUSO EN DICHO AMBITO UNA SANCION CARENTE DE TODA BASE LEGAL DEVENDRIA LESIVA DEL DERECHO FUNDAMENTAL QUE RECONOCE EL ART. 25.1 DE LA CONSTITUCION> (STC 219/1989, FUNDAMENTO JURIDICO 2. ). EN TODO CASO, SE DICE EN ESTAS SENTENCIAS, LO QUE PROHIBE EL ART. 25.1 C.E. ES LA REMISION AL REGLAMENTO QUE HAGA POSIBLE UNA REGULACION INDEPENDIENTE Y NO CLARAMENTE SUBORDINADA A LA LEY, PERO NO LA COLABORACION REGLAMENTARIA EN LA NORMATIVA SANCIONADORA.

ESTE ES, JUSTAMENTE, EL SUPUESTO DEL RECURSO. NO SE TRATA, EN EFECTO, DE UN REGLAMENTO EJECUTIVO, SINO DE UNA ORDEN CARENTE DE COBERTURA LEGAL MINIMA, INCLUSO DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS RELACIONES DE SUJECION ESPECIAL QUE EN PRINCIPIO HAY QUE ADMITIR EXISTENTES ENTRE ADMINISTRACION Y DEMANDANTE, DEBIDO A LA LICENCIA QUE ESTE HABIA OBTENIDO DE AQUELLA PARA EJERCER SU ACTIVIDAD PROFESIONAL DE DETECTIVE PRIVADO Y SIN LA CUAL NO PODRIA HACERLO. EN ESTE SENTIDO EL ART. 12 DE LA CITADA ORDEN NO SATISFACE EN ABSOLUTO LA EXIGENCIA DEL ART.

25.1 C.E., NI EN SU ASPECTO FORMAL, NI EN EL MATERIAL O SUSTANTIVO, COMO LUEGO SE VERA.

NO VALE A ESTE RESPECTO EL ARGUMENTO DE LA ABOGACIA DEL ESTADO, QUIEN, PARA ESTABLECER ESA COBERTURA SE REMONTA A UNA ORDEN DE 7 DE MARZO DE 1972 QUE, COMO PRECONSTITUCIONAL, PODRIA HABERSELE APLICADO AL RECURRENTE POR SER SUSTANCIALMENTE ANALOGA A LA DE 1981. PERO OLVIDA QUE, EN PURIDAD, NO PODIA SER APLICABLE MAS QUE ESTA ULTIMA (ART. 2.2 CODIGO CIVIL) Y QUE, TRAS LA CONSTITUCION, NO CABIA VALIDAMENTE ESTABLECER UNA INTERPRETACION COMO LA QUE DICHA ABOGACIA PROPONE CON SU ALUSION A LA LEY DE ORDEN PUBLICO DE 30 DE JULIO DE 1959. LA REFERENCIA, POR LO DEMAS, A ESTA NORMA, SOLO SE HA HECHO POR ESTE TRIBUNAL EN UN CASO ESPECIAL, RESUELTO POR LA STC 3/1988, QUE DECLARO CONSTITUCIONAL EL REAL DECRETO-LEY 3/1979, QUE TIPIFICABA INFRACCIONES POR INCUMPLIMIENTO GENERICO DE NORMAS DE SEGURIDAD IMPUESTAS REGLAMENTARIAMENTE, SI BIEN PRECISO ES RECONOCER QUE DEBIDO A QUE DICHO REAL DECRETO-LEY SE REMITIA EXPRESAMENTE A LA LEGISLACION GENERAL DE ORDEN PUBLICO, AUN VIGENTE, SEGUN LA STC 3/1988 ESPECIFICA.

LA INSISTENCIA DEL ABOGADO DEL ESTADO EN LA PECULIAR RELACION DEL RECURRENTE CON LA ADMINISTRACION PARA ENTENDER RELATIVIZADO EL REQUISITO DE LA COBERTURA POR LEY NO ES, POR OTRA PARTE, CONVINCENTE, PESE A SU LOABLE ESFUERZO DIALECTICO. UNA COSA ES, EN EFECTO, QUE QUEPAN RESTRICCIONES EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS EN LOS CASOS DE SUJECION ESPECIAL Y OTRA QUE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES (Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN ELLOS SUBSUMIDOS) PUEDAN SER TAMBIEN RESTRINGIDOS O PERDER EFICACIA Y VIRTUALIDAD. NO SE PUEDE RELATIVIZAR UN PRINCIPIO SIN RIESGO DE SUPRIMIRLO. Y SIEMPRE DEBERA SER EXIGIBLE EN EL CAMPO SANCIONATORIO ADMINISTRATIVO (NO HAY DUDA EN EL PENAL) EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD FORMAL Y TIPICIDAD COMO GARANTIA DE LA SEGURIDAD JURIDICA DEL CIUDADANO. OTRA COSA ES QUE ESOS REQUISITOS PERMITAN UNA ADAPTACION NUNCA SUPRESION A LOS CASOS E HIPOTESIS DE RELACIONES ADMINISTRACION-ADMINISTRADO Y EN CONCORDANCIA CON LA INTENSIDAD DE LA SUJECION. A UN SUPUESTO DE MAXIMA INTENSIDAD SE REFERIA, POR EJEMPLO, LA STC 2/1987 (SITUACION DE PRESO), QUE ADMITIO LA NORMACION REGLAMENTARIA EN CASTIGOS, BIEN QUE EN RELACION CON LA LEY (GENERAL PENITENCIARIA) QUE ESTABLECIA LAS PREVISIONES GENERALES.

9. A LA MISMA CONCLUSION NEGATIVA HAY QUE LLEGAR RESPECTO A SI EN EL CASO SE CUMPLE O NO LA EXIGENCIA MATERIAL ABSOLUTA DE PREDETERMINACION NORMATIVA DE LAS CONDUCTAS Y DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, A LA VISTA DEL ART. 12 DE LA ORDEN CUESTIONADA Y DE SU APLICACION POR LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA Y MINISTERIO DEL INTERIOR, EXIGENCIA QUE, COMO SE HA INDICADO YA, AFECTA A LA TIPIFICACION DE LAS INFRACCIONES, A LA GRADUACION O ESCALA DE LAS SANCIONES Y A LA CORRELACION ENTRE UNAS Y OTRAS, DE TAL MODO QUE COMO SE DICE EN LA STC 219/1989 EL CONJUNTO DE LAS NORMAS APLICABLES PERMITA PREDECIR, CON SUFICIENTE GRADO DE CERTEZA, EL TIPO Y EL GRADO DE SANCION SUSCEPTIBLE DE SER IMPUESTA.

ES EVIDENTE, Y ASI RESULTA DE LA LECTURA DEL TAN REPETIDO ART. 12 DE LA ORDEN, QUE NO SE DA ESA ESPECIFICACION EN LOS DOS ASPECTOS ALUDIDOS, YA QUE DICHA NORMA SE LIMITA A ESTABLECER UNA ENUMERACION DE POSIBLES SANCIONES (APERCIBIMIENTO O SUSPENSION O REVOCACION DE LA LICENCIA), SIN REFERENCIA PRECISA A LAS CONDUCTAS, SINO A UNA FORMULACION VAGA DE LO DISPUESTO EN LA ORDEN, CUYO INCUMPLIMIENTO <PODRA SER SANCIONADO, ATENDIDA SU GRAVEDAD O TRASCENDENCIA>. NO SE PUEDE AFIRMAR, PUES, QUE SE CUMPLA ASI CON LA EXIGENCIA DE UNA VERDADERA PREDETERMINACION DE COMPORTAMIENTOS, NI QUE SE REALICE UNA CONEXION ENTRE ESTOS Y LAS SANCIONES QUE SE ENUMERAN, CON LO QUE, DE HECHO, SE PERMITIRIA AL ORGANO SANCIONADOR ACTUAR CON UN EXCESIVO ARBITRIO Y NO CON EL PRUDENTE Y RAZONABLE QUE PERMITIRIA UNA DEBIDA ESPECIFICACION NORMATIVA, INDEPENDIENTEMENTE, POR LO DEMAS, DE LA AUSENCIA DEL RANGO LEGAL DEL QUE LA ORDEN ADOLECE.

EN SUMA, LA APLICACION QUE DE LA NORMA (ART. 12 ORDEN CITADA) SE HA HECHO POR LA ADMINISTRACION, ASI COMO LA NORMA MISMA, VIOLAN EL ART. 25.1 DE LA C.E., POR LO QUE DEBEN ANULARSE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS, AL IGUAL QUE LA ST DE 11 DE DE MAYO DE 1987, QUE EN FUNCIONES DE REVISION JUDICIAL NO REPARO LA LESION PREVIA, FRENTE A LA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 12 DE DICIEMBRE DE 1986, QUE SI LO HIZO AL DECLARAR LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES CUESTIONADAS, QUE ES A LO QUE SE LIMITA LA PETICION DEL RECURRENTE, QUEDANDO ASI RESTABLECIDO EL MISMO EN SUS DERECHOS.

TODO LO ANTES EXPUESTO CONDUCE A LA DECLARACION DE NULIDAD DEL ART. 12 DE LA ORDEN EN CUESTION, LO CUAL CREA UN VACIO NORMATIVO QUE DEBERA SER CUBIERTO POR UNA NORMA CON RANGO DE LEY PROMULGADA CON LA CELERIDAD QUE LOS PODERES PUBLICOS APRECIEN.

FALLO

EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

HA DECIDIDO

1.

OTORGAR EL AMPARO SOLICITADO POR DON HILARIO CELMA SALETA.

2. DECLARAR LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE 18 DE DICIEMBRE DE 1985 Y 14 DE JUNIO DE 1986 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 11 DE MAYO DE 1987.

3. RECONOCER SU DERECHO A NO SER SANCIONADO EN APLICACION DEL ART. 12 DE LA ORDEN DE 20 DE ENERO DE 1981, CUYA NULIDAD SE DECLARA.

PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>.

DADA EN MADRID A VEINTINUEVE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA. FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL. CARLOS DE LA VEGA BENAYAS. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ GUERRA. VICENTE GIMENO SENDRA.

FIRMADOS Y RUBRICADOS.

Análisis

  • Rango: Sentencia
  • Fecha de disposición: 29/03/1990
  • Fecha de publicación: 04/05/1990
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • CORRECCIÓN de errores en suplemento al BOE núm. 160, de 5 de julio de 1990 (Ref. BOE-T-1990-15884).
Referencias anteriores
  • DECLARA la nulidad del art. 12 de la Orden de 20 de enero de 1981 (Ref. BOE-A-1981-1610).
Materias
  • Agencias privadas de investigación
  • Detectives privados
  • Recurso de Amparo
  • Tribunal Constitucional

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