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Documento BOE-T-1990-10080

Pleno. Sentencia 56/1990, de 29 de marzo. Recursos de inconstitucionalidad 859, 861, 864 y 870/1985 (acumulados), promovidos por el Parlamento de la Generalidad de Cataluña, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, la Junta de Galicia y el Gobierno Vasco, respectivamente, contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Voto particular.

TEXTO

EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE, Y DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA, DON LUIS LOPEZ GUERRA, DON JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS, DON ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO Y DON VICENTE GIMENO SENDRA, HA PRONUNCIADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADOS NUMS. 859/85, INTERPUESTO POR EL PARLAMENTO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE, DON MIGUEL COLL I ALENTORN; 861/85, INTERPUESTO POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, REPRESENTADO POR DON MANUEL MARIA VICENS MATAS; 864/85, INTERPUESTO POR LA JUNTA DE GALICIA, REPRESENTADA POR DON HERIBERTO GARCIA SEIJO, Y 870/85, FORMULADO, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL GOBIERNO VASCO, POR DON MIGUEL IGNACIO LEGARDE URIARTE, Y DON JOSE IGNACIO LOPEZ CARCAMO, FRENTE A DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. HA SIDO PARTE EL GOBIERNO DE LA NACION, REPRESENTADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO, Y PONENTES LOS MAGISTRADOS DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON LUIS LOPEZ GUERRA Y DON VICENTE GIMENO SENDRA, QUIENES EXPRESAN EL PARECER DEL TRIBUNAL.

I. ANTECEDENTES

1. POR ESCRITO REGISTRADO EN ESTE TRIBUNAL EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1985, DON MIGUEL COLL I ALENTORN, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, PRESENTO EN NOMBRE DE DICHA CAMARA, EJECUTANDO ASI SU ACUERDO PLENARIO DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 1985, RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL: ARTS. 5.4, 35 (Y, POR CONEXION, ARTS. 101.1 A), 36, 37, 38, 42, 58.4 (ULTIMO INCISO), 65.1 A) Y B) (Y, POR CONEXION, EL PUNTO 6. ), 73.1 (EN RELACION CON EL ART. 56.1.1. ), 78, 80.1, 81, 86.2, 90.1 Y 2, 92, 94, 95.2, 96, 100, 101.1, 2 Y 4 (EN RELACION CON EL ART. 152.2.4. ),S0

118, 171.4, 200, 201 (EN RELACION CON EL ART. 152.2.3. Y DISPOSICION TRANSITORIA 16. ), 207 A 213, AMBOS INCLUSIVE, 216, 231.1 Y 2, 301.1, 2 Y 3, 302.1 Y 2, 303.1 Y 2, 311.1, 312, 313.1, 326, 329.1, 2 Y 3, 330.3, 332, 334, 337 (EN RELACION CON EL ART. 319), 341, 428, 431 (EN RELACION CON EL ART. 152.2.5), 439.2, 447.2, 454 A 463, AMBOS INCLUSIVE, 464.1, 2, 3, 4 Y 5, 465.1 Y 2, 466, 467, 468, 469.1 Y 2, 470, 471, 475, 478, 479.2, 480 A 482, AMBOS INCLUSIVE (EN RELACION CON LOS ARTS. 428 Y 431), 485 A 508, AMBOS INCLUSIVE, DISPOSICION ADICIONAL 1. (PUNTO 2), DISPOSICION ADICIONAL 6. , DISPOSICIONES ADICIONALES 4 Y 5, DISPOSICIONES TRANSITORIAS 3. , 8. , 9. , 13. , 15. , 17.

, 20. , 21. , 22. , 24. , 26. , 1, 2 Y 3.

LA FUNDAMENTACION EN DERECHO DE ESTA IMPUGNACION ES, EN SINTESIS, LA SIGUIENTE:

A) SE AFIRMA, EN PRIMER LUGAR, LA LEGITIMACION DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA PARA LA INTERPOSICION DE ESTE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, PUES DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY ORGANICA 6/1985 VIENEN A AFECTAR EL AMBITO COMPETENCIAL Y DE AUTONOMIA DE LA GENERALIDAD, LO QUE SE AFIRMA RESPECTO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 162.1 A) DE LA CONSTITUCION Y 32.2 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ES CIERTO SE OBSERVA QUE EL ULTIMO DE LOS PRECEPTOS CITADOS PARECE HABER INTENTADO REDUCIR Y LIMITAR EL ALCANCE DE LA LEGITIMACION CONSTITUCIONALMENTE RECONOCIDA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, PUES DICHO ART. 32.2 RECONOCE DICHA LEGITIMACION <PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LAS LEYES, DISPOSICIONES O ACTOS CON FUERZA DE LEY DEL ESTADO QUE PUEDAN AFECTAR A SU PROPIO AMBITO DE AUTONOMIA>, REGLA QUE, SIN EMBARGO, Y SEGUN SE DESPRENDE DE LOS ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS, EXPRESA, TAN SOLO, LA VOLUNTAD DEL LEGISLADOR EN ORDEN A EVITAR UNA EVENTUAL INSTRUMENTACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD ANTE HIPOTETICAS CONFRONTACIONES ENTRE COMUNIDADES AUTONOMAS. AUNQUE NO SE PRETENDE EXAMINAR LA DIFICIL COMPATIBILIDAD ENTRE LOS ARTS. 162.1 A) DE LA CONSTITUCION Y 32.2 DE LA LOTC, SI SE DEBE PONER DE RELIEVE QUE LA EXIGENCIA DE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DEBAN INVOCAR UN INTERES PROPIO PARA INTERPONER EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD ES ALGO QUE PUEDE DESVIRTUAR LA ESENCIA DEL PROPIO RECURSO, EN TANTO QUE TECNICA ABSTRACTA DE CONFRONTACION DE NORMAS, Y NO DE INTERESES, LO QUE PUEDE OSCURECER LAS SUSTANCIALES DIFERENCIAS QUE MEDIAN ENTRE EL RECURSO DIRECTO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y EL CONFLICTO DE COMPETENCIA (ASI PARECE HABERLO ENTENDIDO EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN SU STC 42/1985). POR ELLO, UNA ADECUADA INTERPRETACION DEL INCISO DEL ART. 32.2 DE LA LOTC RELATIVO A LA AFECTACION DEL PROPIO AMBITO DE AUTONOMIA IMPONE LA CONCILIACION DE DOS ELEMENTOS: EL MANTENIMIENTO, DE UNA PARTE, DE LA CONFIGURACION CONSTITUCIONAL DEL RECURSO COMO CONTROL ABSTRACTO DE NORMAS Y LA OBLIGADA CONEXION, DE LA OTRA, ENTRE EL OBJETO U OBJETOS DE LA NORMA IMPUGNADA Y EL AMBITO DE LOS INTERESES PROPIOS DE LA COMUNIDAD QUE PRETENDE INTERPONER EL RECURSO MISMO, DOBLE PREOCUPACION QUE APARECE CLARAMENTE EXPRESADA EN LAS SSTC 25/1981 Y 84/1982. DE LA JURISPRUDENCIA CITADA SE DESPRENDE, EN SUMA, QUE LA LEGITIMACION ACTIVA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS NO ESTA AL SERVICIO DE UNA PURA REIVINDICACION COMPETENCIAL FRENTE A LA LEY ESTATAL, SINO DE LA OBJETIVA DEPURACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO, EXTENDIENDOSE DICHA LEGITIMACION A TODOS AQUELLOS CASOS EN QUE SE DE UN PUNTO DE CONEXION SUFICIENTE ENTRE DICHA LEY Y EL AMBITO COMPETENCIAL AUTONOMICO.

DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE ACABA DE INDICAR, EL GRADO DE AFECTACION DE LA LEY ORGANICA RECURRIDA AL AMBITO PROPIO DE LA AUTONOMIA DE LA GENERALIDAD ES, EN MULTITUD DE ASPECTOS, DE CARACTER DIRECTO, INCIDIENDO, ASI, PLENAMENTE EN COMPETENCIAS ASUMIBLES POR LA COMUNIDAD AUTONOMA, SEGUN LA CONSTITUCION Y PERFECCIONADAS Y RECONOCIDAS POR EL PROPIO ESTATUTO.

TAL ES EL CASO DE LA POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES, COMPETENCIA O FACULTAD QUE EL ART. 18 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA PORMENORIZA, ESTABLECIENDO COMO UNA DE LAS NORMAS Y SUPUESTOS POSIBLES DE PARTICIPACION LA DE FIJAR LA DELIMITACION DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN CATALUÑA, ASI COMO LA LOCALIZACION Y UBICACION DE SUS RESPECTIVAS CAPITALIDADES. TAMBIEN ES DIRECTA (Y NEGATIVA) LA INCIDENCIA DE LA LEY IMPUGNADA SOBRE LA FACULTAD DE LA GENERALIDAD (ART. 18.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA) PARA EJERCER TODAS LAS FACULTADES QUE LAS CORRESPONDIENTES LEYES ORGANICAS REGULADORAS DEL PODER JUDICIAL ATRIBUYAN O RECONOZCAN AL GOBIERNO DEL ESTADO, ASI COMO LA FACULTAD DE INSTAR POR PARTE DE LA GENERALIDAD LA CONVOCATORIA DE CONCURSOS Y OPOSICIONES PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES RADICADOS EN CATALUÑA (ART. 23.1 DEL ESTATUTO).

OTROS PRECEPTOS DE LA LEY IMPUGNADA INCIDEN, YA QUE NO EN EL AMBITO PROPIAMENTE COMPETENCIAL DE LA GENERALIDAD, SI EN SU AUTONOMIA MISMA, HABIDA CUENTA DEL INTERES AUTONOMICO EN TALES MATERIAS. ASI OCURRE CON LA UTILIZACION DE LA LENGUA PROPIA DE CATALUÑA (ART. 3.1 DEL ESTATUTO) EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES Y POR LOS PROPIOS ORGANOS JURISDICCIONALES, PUES LA GENERALIDAD VIENE ESTATUTARIAMENTE OBLIGADA A GARANTIZAR EL USO NORMAL TANTO DEL CASTELLANO COMO DEL CATALAN. OTRO TANTO SE HA DE DECIR RESPECTO DEL DERECHO PROPIO EMANADO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, EN CUANTO SU CONOCIMIENTO CONSTITUYE MERITO PREFERENTE EN CONCURSOS, OPOSICIONES Y NOMBRAMIENTOS PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES EN EL TERRITORIO DE CATALUÑA.

MAS DIFUSA PUEDE PARECER LA CONEXION QUE SE CONSIDERA CON EL AMBITO DE AUTONOMIA DE LA GENERALIDAD EN LO RELATIVO A LAS COMPETENCIAS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES RADICADOS EN CATALUÑA. ES CIERTO QUE EL ART. 20 DEL ESTATUTO SE LIMITA A FIJAR <LA COMPETENCIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN CATALUÑA> (HABLANDOSE, CONSECUENTEMENTE, DE ORGANOS JURISDICCIONALES EN CATALUÑA Y NO DE CATALUÑA), PERO NO ES MENOS CIERTO QUE LA CARENCIA DE FACULTADES AUTONOMICAS EN ESTE AMBITO NO EXCLUYE PLENAMENTE LA EXISTENCIA DE UN LEGITIMO INTERES DE LA GENERALIDAD EN LA MANERA EN QUE SE ARTICULEN Y DEFINAN, EN SU AMBITO TERRITORIAL DICHAS COMPETENCIAS, INTERES NO GENERAL, SINO ESPECIFICO, PUES DERIVA DE LA INNEGABLE RELACION TERRITORIAL DE LA LOCALIZACION DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES CON LA APLICACION DEL PROPIO DERECHO EMANADO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. ELLO CONSTITUYE CONEXION SUFICIENTE PARA RECONOCER LEGITIMACION ACTIVA A LA GENERALIDAD, EN LOS TERMINOS APUNTADOS POR LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL ANTES CITADA.

B) SE CONSIDERAN, EN SEGUNDO LUGAR, POR LA REPRESENTACION ACTORA LAS COMPETENCIAS QUE, EN EL MARCO DE LA CONSTITUCION, ATRIBUYE EL ESTATUTO DE AUTONOMIA A LA GENERALIDAD EN RELACION CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

SEGUN EL ART. 149.1.5 DE LA CONSTITUCION EL ESTADO TIENE COMPETENCIA EXCLUSIVA EN MATERIA DE <ADMINISTRACION DE JUSTICIA>, REDACCION QUE, ERRONEAMENTE, PODRIA LLEVAR A CONSIDERAR QUE SE RESERVA AL ESTADO, CON CARACTER DE EXCLUSIVIDAD, TODO EL AMBITO COMPRENSIVO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, SIN POSIBILIDAD DE INTERVENCION ALGUNA POR PARTE DE LA GENERALIDAD, INTERPRETACION QUE CONDUCIRIA A CONSIDERAR COMO INADECUADOS AL TEXTO CONSTITUCIONAL, ADEMAS DE UN IMPORTANTE CONJUNTO DE PRECEPTOS DEL ESTATUTO CATALAN, DIFERENTES DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA DEL PAIS VASCO (ARTS. 13.1, 35.3, 34.1 Y 35.1) DE GALICIA (ARTS. 20.1 Y 2 Y 24.1), DE ANDALUCIA (ARTS. 52.1 Y 2 Y 53.3), DE ASTURIAS (ARTS. 49.1 Y 2 Y 39), DE MURCIA (ARTS. 37 Y 39), DE VALENCIA (ARTS. 23.1 Y 39.1 Y 2), DE ARAGON (ARTS. 32.1 A) Y B)), DE CASTILLA-LA MANCHA (ARTS.

27 A) Y B)), DE CANARIAS (ARTS. 27.1 Y 2 Y 28.3), DE EXTREMADURA (ARTS. 47, 44.1 Y 46.2), DE BALEARES (ARTS. 51.1 Y 52.1 Y 2) Y DE MADRID (ARTS. 49 Y 50.1 Y 2), ASI COMO LOS ARTS. 60.1 Y 2 Y 63.1 DE LA LEY ORGANICA DE REINTEGRACION Y AMEJORAMIENTO DEL FUERO DE NAVARRA, LO QUE AFECTARIA A UN IMPORTANTE SECTOR DEL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD. ESTIMA LA REPRESENTACION ACTORA QUE LA EXPRESION <ADMINISTRACION DE JUSTICIA> CONTENIDO EN EL ART. 149.1.5 DE LA CONSTITUCION SIGNIFICA, EN CORRESPONDENCIA CON LA FORMULA REITERADA EN NUESTRO CONSTITUCIONALISMO HISTORICO, TANTO COMO <PODER JUDICIAL>, MENCION QUE SE UTILIZA EN EL EMCABEZAMIENTO DEL TITULO VI DE LA CONSTITUCION Y EN LOS ARTS. 117.1, 127.2, 152.1 (Y DISPOSICION ADICIONAL CUARTA), 122.1, 2 Y 3 DE LA CONSTITUCION, EN TANTO QUE LA EXPRESION <ADMINISTRACION DE JUSTICIA> APARECE EN LOS ARTS. 121, 122.1, 125 Y, DE MANERA INDIRECTA, EN EL ART. 117.1 DE LA MISMA NORMA FUNDAMENTAL. PARECE, PUES, QUE LA CONSTITUCION EMPLEA LA EXPRESION <PODER JUDICIAL> PARA REFERIRSE, FUNDAMENTALMENTE, AL ASPECTO ORGANICO DEL MISMO, USANDO LA DE <ADMINISTRACION DE JUSTICIA> PARA ALUDIR A LA VERTIENTE FUNCIONAL DE DICHO PODER, ESTO ES, A LA FUNCION DE JUZGAR Y EJECUTAR LO JUZGADO (FUNCION DE <ADMINISTRAR JUSTICIA>). SIENDO ESTO ASI, EL SENTIDO DE LA ATRIBUCION COMPETENCIAL AL ESTADO EN ORDEN A LA <ADMINISTRACION DE JUSTICIA> (ART. 149.1.15) SUPONE REAFIRMAR LO QUE YA SE DEDUCE MERIDIANAMENTE DEL TITULO VI DE LA CONSTITUCION, ES DECIR, QUE LA FUNCION DE JUZGAR Y EJECUTAR LO JUZGADO CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL ESTADO, COMO LE CORRESPONDE TAMBIEN LA NORMALIZACION Y ESTRUCTURACION DEL MENCIONADO PODER, NO EXISTIENDO EN ESTE ASPECTO NUCLEAR Y BASICO DISPONIBILIDAD ALGUNA EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. EN SU ART. 122, LA CONSTITUCION ESTABLECE UN ORGANO DE AUTOGOBIERNO DE LA MAGISTRATURA, CORRESPONDIENDOSE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, EXACTAMENTE, CON LA ORGANIZACION DE DICHO PODER, SI BIEN CON LA PECULIARIDAD DE QUE TAL ORGANIZACION NO EJERCE LAS FACULTADES DIMANANTES DEL PODER AL CUAL SE CORRESPONDE, DE TAL MODO QUE LA ORGANIZACION EN LA QUE LOS JUECES SE INTEGRAN NO SE CONSTITUYE EN DEPOSITARIA DE LA FUNCION, APARECIENDO, TAN SOLO, COMO GARANTIA DEL DESEMPEÑO INDEPENDIENTE DE LA FUNCION MISMA. SURGE ASI UN PODER JUDICIAL QUE SE TRASLUCE EN UNA FUNCION JURISDICCIONAL ATRIBUIDA A JUECES Y MAGISTRADOS Y AUXILIADA POR UN SECTOR DE LA ADMINISTRACION, QUE VENDRIA A CONSTITUIRSE EN UNA ADMINISTRACION AL SERVICIO DE LOS ORGANOS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL. NO PUEDE, PUES, AFIRMARSE QUE LA FUNCION JURISDICCIONAL ESTE ATRIBUIDA A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, ENTENDIENDO ESTE CONCEPTO COMO ORGANIZACION DEPOSITARIA DE LAS POTESTADES ATRIBUIDAS AL PODER JUDICIAL, Y ELLO SIMPLEMENTE PORQUE, SEGUN SE HA DICHO, ESA <ORGANIZACION> NO SE HA DADO EN NUESTRA CONSTITUCION, EN CORRESPONDENCIA CON NUESTRA TRADICION HISTORICA.

LA CONSTITUCION NO SE PREOCUPA DE RESERVAR A LA EXCLUSIVA COMPETENCIA DEL ESTADO MAS QUE ESE ASPECTO NUCLEAR QUE CONSTITUYE LA DEFINICION DEL CONCEPTO DEL PODER JUDICIAL Y QUE NECESARIAMENTE DEBERA DELIMITARSE POR MEDIO DE LA OPORTUNA LEY ORGANICA QUE DETERMINE <LA CONSTITUCION, EL FUNCIONAMIENTO Y GOBIERNO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES, ASI COMO EL ESTATUTO JURIDICO DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS DE CARRERA> (ART. 122.1), LOS CUALES, CON CARACTER DE EXCLUSIVIDAD, ESTAN LLAMADOS POR LA CONSTITUCION A ADMINISTRAR LA JUSTICIA. EL RESTO DE FACULTADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, PERO QUE NO CONSTITUYEN O INCIDEN EN ESE NUCLEO IRREDUCTIBLE DEL CONCEPTO NATURAL DEL PODER JUDICIAL, PODRAN VENIR ATRIBUIDAS TANTO A FAVOR DEL ESTADO COMO A FAVOR DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, LO QUE SIGNIFICA LA POSIBILIDAD DE QUE ENTRE EN JUEGO LA PREVISION DEL ART. 149.3 DE LA CONSTITUCION, SEGUN EL CUAL LAS <MATERIAS NO ATRIBUIDAS EXPRESAMENTE AL ESTADO POR ESTA CONSTITUCION PODRAN CORRESPONDER A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN VIRTUD DE SUS RESPECTIVOS ESTATUTOS>.

EN SUMA, LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA TIENEN PERFECTA DISPONIBILIDAD SOBRE AQUELLOS AMBITOS QUE, NO HALLANDOSE INTEGRADOS EN EL IRREDUCTIBLE NUCLEO DEL CONCEPTO DE PODER JUDICIAL O SU SINONIMIA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA, TAMPOCO CONSTITUYEN MATERIAS CUYA GESTION INELUDIBLEMENTE HAYA DE SER RECONOCIDA AL ORGANO DE GOBIERNO DE LA MAGISTRATURA POR LA NATURALEZA DE LAS MISMAS.

LA PROPIA EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY IMPUGNADA ABONA ESTA INTERPRETACION AL DETERMINAR QUE <LA EXISTENCIA DE COMUNIDADES AUTONOMAS QUE TIENE ASIGNADAS POR LA CONSTITUCION Y LOS ESTATUTOS COMPETENCIAS EN RELACION CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA OBLIGA A MODIFICAR LA LEGISLACION VIGENTE A ESTE RESPECTO>, POR MAS QUE ESTE RECONOCIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS SE DILUYE DESPUES EN EL TEXTO LEGAL (EN EL QUE, SIN EMBARGO, APARECEN REFERENCIAS A ATRIBUCIONES ESTATUTARIAS CONFERIDAS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS: ARTS.

37.3, 73.1 A) Y B), 73.2 O, ENTRE OTROS, DISPOSICION ADICIONAL SEPTIMA).

LO QUE QUEDA DICHO DEBE SER OBJETO DE ALGUNA PUNTUALIZACION, PUES, RESPECTO DE CIERTOS SUPUESTOS ESPECIALES, SE POSIBILITA LA ASUNCION POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN AQUEL NUCLEO ESENCIAL ANTES COMENTADO, DE DETERMINADAS FACULTADES, O LA REGULACION EN SUS ESTATUTOS DE CIERTOS ASPECTOS DE LA PROPIA ORGANIZACION JUDICIAL, SUPUESTOS ESTOS QUE MAS ADELANTE SE ANALIZARAN Y QUE SE AGRUPAN, FUNDAMENTALMENTE, EN TORNO A LA PARTICIPACION EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES Y A LA CONFIGURACION DE LAS COMPETENCIAS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES LOCALIZADOS EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD.

C) AFIRMA LA REPRESENTACION ACTORA, ANTES DE INICIAR LA FUNDAMENTACION DE LAS CONCRETAS IMPUGNACIONES DEDUCIDAS, QUE LOS PRECEPTOS OBJETO DE RECURSO INFRINGEN, AL VULNERAR EL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA CATALUÑA, EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD. ASI, TRAS CITAR LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 81 Y 152.2 DE LA CONSTITUCION, SE SEÑALA LA SINGULARIDAD, RESPECTO DE LAS DEMAS LEYES ORGANICAS, DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, EN TANTO QUE COMPLEMENTO INDISPENSABLE DE LA NORMA CONSTITUCIONAL, DOTADOS, POR ELLO, DE UN <CARACTER PARACONSTITUCIONAL> E INTEGRADOS, EN ORBITA CON LA CONSTITUCION, EN EL NUCLEO ESENCIAL DEL LLAMADO BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD. LA SINGULARIDAD DE LOS ESTATUTOS SE APRECIA TAMBIEN EN CUANTO A SU PROCESO DE MODIFICACION, PUES, EN TANTO QUE LA MODIFICACION O REFORMA DE LAS DEMAS LEYES ORGANICAS PRECISA UNICAMENTE EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LA CAMARA EN VOTACION FINAL SOBRE EL CONJUNTO DEL PROYECTO, LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS VIENE REMITIDA POR LA CONSTITUCION A LAS PROPIAS PREVISIONES DE ESTOS, PREVISIONES QUE SE HABRAN DE ENTENDER COMO UN PLUS AL PROCEDIMIENTO DEL ART. 81 DE LA CONSTITUCION. POR TODO ELLO, LOS ESTATUTOS DEVIENEN, EN EL SENO DE LAS LEYES ORGANICAS, PRIMUS INTER PARES , PREVALECIENDO TOTALMENTE SOBRE ESTAS EN LO QUE ATAÑE A SU FUNDAMENTAL CONTENIDO MATERIAL. NO EN VANO LOS ESTATUTOS CONFORMAN EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD QUE, DE ACUERDO CON EL ART. 28.1 DE LA LOTC, CONSTITUYE EL PARAMETRO PARA APRECIAR LA ADECUACION O INADECUACION DE LAS LEYES A LA CONSTITUCION.

LOS PRECEPTOS AQUI IMPUGNADOS VULNERAN UN CONJUNTO DE PRECEPTOS DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA (ARTS. 9.1, 17.1, 18 A 23, 31.2, 38, DISPOSICION ADICIONAL TERCERA Y DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA), EN RELACION CON LOS ARTS. 147.2 D) Y 3, 149.3, 152.1 Y 2 DE LA CONSTITUCION, INFRINGIENDO DIRECTAMENTE EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD, LO QUE CONLLEVA, EN UNOS CASOS, EL DEFECTO INVALIDATORIO DE INCONSTITUCIONALIDAD, SIENDO PRECISO, EN OTROS, LA CORRESPONDIENTE INTERPRETACION POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A EFECTOS DE ARMONIZARLOS CON DICHO BLOQUE CONSTITUCIONAL, EVITANDO ASI SU INVALIDACION.

D) SE ENTRA, TRAS LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES, A EXAMINAR EL PRIMER CONJUNTO DE PRECEPTOS IMPUGNADOS: ARTS.

36, 37, 171.4, 341.2, 455, 464.3 Y 4, 465.2, 466, 469.2, 471, 491.1, 492, 503.1, 508.2 Y 3, DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA, 2, DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA, 1, CUARTO APARTADO, SEGUNDO PARRAFO, Y, POR CONEXION CON LOS MISMOS, LOS ARTS. 454 A 471, AMBOS INCLUSIVE, Y 485 A 508, ASIMISMO AMBOS INCLUSIVE. TODAS ESTAS REGLAS ESTARIAN VICIADAS DE INCONSTITUCIONALIDAD POR CONTRARIAR LO DISPUESTO EN EL ART. 18.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA, NORMA SEGUN LA CUAL CORRESPONDE A LA GENERALIDAD <EN RELACION A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EXCEPTUADA LA MILITAR... EJERCER TODAS LAS FACULTADES QUE LAS LEYES ORGANICAS DEL PODER JUDICIAL O DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICAL RECONOZCAN O ATRIBUYAN AL GOBIERNO DEL ESTADO>.

SE OBSERVA POR LA REPRESENTACION ACTORA QUE LA LECTURA DE ESTE PRECEPTO DEBE SER HECHA EXCLUSIVAMENTE EN RELACION CON LA VIGENTE LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL.

LA REGLA ESTATUTARIA TRANSCRITA CONSTITUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL DE PARTICIPACION E INTERVENCION DE LA GENERALIDAD EN AMBITOS RELACIONADOS CON LA ACTUACION DE LOS ORGANOS JUDICIALES RADICADOS EN CATALUÑA, EXPRESANDO UN PRINCIPIO REITERADO EN LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, A EXCEPCION DE LOS CORRESPONDIENTES A CANTABRIA, LA RIOJA Y CASTILLA-LEON, DE TAL MODO QUE, AL DETERMINAR EL CONTENIDO DE TODOS LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, EL LEGISLADOR LO HACIA DESDE UNA IDEA GLOBALIZADORA DE CUAL HABRIA DE SER LA ESTRUCTURA EN EL ESTADO ESPAÑOL DE ESE AMBITO MATERIAL RELACIONADO Y AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL, RESULTANDO CLARO, POR ELLO, EL PROPOSITO DESCENTRALIZADOR.

LA TECNICA UTILIZADA POR LOS ESTATUTOS PUEDE RESULTAR UN TANTO PECULIAR, PERO NO ES INADECUADA A LA CONSTITUCION, SIENDO DE RECORDAR QUE, AL CONSIDERAR UN PRECEPTO COMO EL CITADO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO APRECIO EN EL DEFECTO ALGUNO (STC 38/1982).

SE TRATA DE UNA VERDADERA <CLAUSULA SUBROGATORIA> EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON RESPECTO A LAS FACULTADES ATRIBUIDAS AL GOBIERNO DEL ESTADO POR LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, FORMULA SE AÑADE , QUE RESULTA UNA DE LAS MAS ACORDES QUE PODIAN DARSE, DADO EL MOMENTO EN QUE SE PRODUJO LA REDACCION Y APROBACION DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA CATALUÑA, CUANDO AUN NO EXISTIA LA LEY ORGANCA DEL PODER JUDICIAL ANUNCIADA POR LA CONSTITUCION Y SIN QUE, EN CONSECUENCIA, PUDIERA PRECISARSE QUE FACULTADES NO INTEGRADAS EN EL NUCLEO DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDERIAN AL CONSEJO DEL MISMO Y CUALES NO, DELIMITACION QUE ESTABA LLAMADA A REALIZAR LA REFERIDA LEY ORGANICA.

POR ELLO, ES NECESARIO DESLINDAR LA NATURALEZA DE ESTA CLAUSULA SUBROGATORIA RESPECTO DE LAS TECNICAS <DELEGATORIAS> DE FACULTADES (ART. 150.2 DE LA CONSTITUCION), PORQUE, EN PRIMER LUGAR, DICHA TRANSFERENCIA O DELEGACION AFECTA A <FACULTADES CORRESPONDIENTES A MATERIAS DE TITULARIDAD ESTATAL QUE POR SU PROPIA NATURALEZA SEAN SUSCEPTIBLES DE TRANSFERENCIA O DELEGACION>, ESTO ES, A FACULTADES INTEGRADAS EN LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL ESTADO CON CARACTER DE EXCLUSIVIDAD POR EL ART. 149.1 DE LA CONSTITUCION, QUEDANDO, PUES, FUERA DE TAL POSIBILIDAD AQUELLAS FACULTADES QUE CONSTITUYEN LA EXPRESION DE LOS INTERESES GENERALES DEL ESTADO (LO QUE ES EL CASO DE LA FUNCION JURISDICCIONAL, CUYA UNIDAD GARANTIZA LA CONSTITUCION AL PREDICAR, EN SU DISPOSICION ADICIONAL CUARTA, LA UNIDAD MISMA DEL PODER JUDICIAL). LA TECNICA SUBROGATORIA CONSIDERADA SE PROYECTA, PUES, SOBRE UNA MATERIA QUE NO ES <DE TITULARIDAD ESTATAL>, SIN PERJUICIO DE LAS DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE AMBAS TECNICAS EN CUANTO A SUS ASPECTOS FORMALES, PUES LA DELEGACION PREVISTA EN EL ART. 150.2 EXIGE UNA ESPECIFICA LEY DE DELEGACION (QUE HABRA DE PREVER LAS FORMAS Y TECNICAS DE CONTROL QUE SE RESERVE AL ESTADO), EN TANTO QUE LA TECNICA ESTATUTARIA CONLLEVA UNA ACTUACION AUTOMATICA DESDE EL INSTANTE MISMO EN QUE LA LEY ORGANICA ATRIBUYE AL GOBIERNO DEL ESTADO ALGUN TIPO DE FACULTAD EN RELACION CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, SIN QUE PUEDAN DARSE OTRAS FORMAS ESPECIFICAS DE CONTROL DISTINTAS A LAS CONTENIDAS EN EL ART. 153 DE LA CONSTITUCION.

LA ATRIBUCION, POR ELLO, NO DEPENDE DE LA VOLUNTAD DEL ESTADO, QUE, AL NO SER TITULAR DE LA MATERIA, NO GOZA DE DISPONIBILIDAD SOBRE ELLA, ESTANDOSE, PUES, ANTE UNA VERDADERA FORMULA DE ATRIBUCIOIN DE COMPETENCIAS POR MEDIO DEL ESTATUTO, SI BIEN REALIZADA SE SUBRAYA DE FORMA CONDICIONAL. LA MENCION DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO SE PUEDE ENTENDER COMO UN RECONOCIMIENTO DE SU HIPOTETICA TITULARIDAD, SINO, EXCLUSIVAMENTE, COMO UN PUNTO DE REFERENCIA PARA LA ACTUACION DE LA CLAUSULA.

LA SUBROGACION, SIN EMBARGO, NO ALCANZARA A LA TOTALIDAD DE FACULTADES QUE LA LEY ORGANICA ATRIBUYE AL GOBIERNO DEL ESTADO, PUES EXISTE UN SEGMENTO MINIMO DE LAS MISMAS QUE, POR SU ESENCIAL CONTENIDO, ESCAPAN A LA ACTUACION DE ESTA TECNICA (Y QUE, DADA SU ESPECIALIDAD, SOLO EN FORMA PUNTUAL SE PUEDEN RESEÑAR); TALES SON LOS CASOS DE LOS ARTS. 108.3 Y DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA, PUNTO 1, RELATIVOS A LA REMISION DE INFORMES AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE PROYECTOS DE LEY A LAS CORTES GENERALES, DE LOS ARTS. 139.1 Y 316.3, SOBRE REFRENDO DE LOS REALES DECRETOS DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES DEL CONSEJO, Y DEL ART. 123.3, SOBRE EL REFRENDO DE LOS REALES DECRETOS DE NOMBRAMIENTO DE LOS PRESIDENTES DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA. AL MARGEN TAMBIEN DE LA TECNICA SUBROGATORIA QUEDAN LAS FACULTADES OTORGADAS AL GOBIERNO O A SUS MIEMBROS EN ORDEN A LA DEPENDENCIA DEL CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, A LA ADSCRIPCION A DICHO MINISTERIO DEL INSTITUTO DE TOXICOLOGIA (ARTS. 434.1 Y 505, RESPECTIVAMENTE), A LA FIJACION DE PLANTILLA DE OFICIALES, AUXILIARES Y AGENTES ADSCRITOS A LAS FISCALIAS (ART. 484.3), ASI COMO A LA COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA JUDICIAL Y A LA APRECIACION DE LA EXISTENCIA DE RECIPROCIDAD (ARTS. 276 Y 278.2, RESPECTIVAMENTE).

AL MARGEN DE LOS SUPUESTOS CITADOS HAY OTROS EN LOS QUE LA ESTRUCTURA DE LA NORMA NIEGA TODA POSIBILIDAD DE SUBROGACION, SIN QUE PUEDA AFIRMARSE QUE LA NATURALEZA DE LAS RESPECTIVAS MATERIAS SEA INTANGIBLE POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y, EN ESPECIAL, POR LA GENERALIDAD. EL PRIMER BLOQUE DE ESTOS SUPUESTOS SE REFIERE AL <PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA>, ESTO ES, AL PERSONAL QUE, PRECISAMENTE POR ESTAR A SU SERVICIO, NO INTEGRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (ART. 454.1 DE LA LEY ORGANICA), PERSONAL RESPECTO DEL CUAL LA PROPIA LEY ORGANICA DISPONE QUE LAS COMPETENCIAS CORRESPONDERAN AL MINISTERIO DE JUSTICIA EN TODAS LAS MATERIAS RELATIVAS A SU ESTATUTO Y REGIMEN JURIDICO. EN REALIDAD, EN TODOS ESTOS SUPUESTOS DEBIA OPERAR, SIN MAS, LA TECNICA ESTATUTARIA DE SUBROGACION, DANDOSE COMO SE DAN SUS PRESUPUESTOS NECESARIOS: NO CONSTITUYEN FACULTADES SOBRE LAS QUE, DADA SU NATURALEZA, SEA INVIABLE LA SUBROGACION Y ESTANDO ATRIBUIDAS LAS MISMAS LO QUE PERFECCIONA LA CONDICION PRESENTE EN LA CLAUSULA AL GOBIERNO. SIN EMBARGO, DEL CONJUNTO DE LOS PRECEPTOS CONTROVERTIDOS SE DESPRENDE CLARAMENTE QUE LA VOLUNTAD DEL LEGISLADOR HA SIDO LA DE IMPOSIBILITAR LA ACTUACION DE LA REPETIDA TECNICA SUBROGATORIA.

MANIFESTACIONES ESPECIFICAS DE TAL PROPOSITO DE EXCLUSION SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA DE SANCIONES, QUE CORRESPONDE IMPONER, TRATANDOSE DE TRASLADO FORZOSO, AL MINISTRO DE JUSTICIA O AL CONSEJO DE MINISTROS, CUANDO SE TRATE DE LA SEPARACION DEL SERVICIO, SEGUN EL ART. 464.3, POSIBILITANDOSE UN RECURSO CONTRA LA IMPOSICION DE LAS RESTANTES, EXCEPCION HECHA DE LA DE ADVERTENCIA, ANTE EL MINISTRO DE JUSTICIA (ART. 464.4). ASIMISMO, EL MINISTRO DE JUSTICIA PUEDE ORDENAR LA SUSPENSION PROVISIONAL DEL FUNCIONARIO EXPEDIENTADO, LA CANCELACION Y LA REHABILITACION (ARTS. 465.2 Y 466). SIMILAR, SI NO IDENTICO, RESULTADO SE DA EN CUANTO A LA INCLUSION DE LA VALORACION EN LOS CONCURSOS DEL MERITO RELATIVO AL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA OFICIAL DE UNA COMUNIDAD AUTONOMA EN EL AMBITO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA (ART. 471), EN LA ATRIBUCION AL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA FACULTAD DE DICTAR LAS NORMAS REGULADORAS DE LA ACTUACION DE LOS MEDICOS FORENSES Y DE SU ADSCRIPCION, A EFECTOS GUBERNATIVOS, A ORGANOS JURISDICCIONALES O FISCALES DETERMINADOS (ART. 503.1) Y EN LO QUE ATAÑE, POR ULTIMO, A OTROS PROFESIONALES Y EXPERTOS CUYA COLABORACION RESULTA PECISA EN FORMA PERMANENTE U OCASIONAL PARA EL AUXILIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (ART. 508.2 Y 3).

NO ES, PUES, DUDOSO QUE EN ESTOS PRECEPTOS, ASI COMO EN LOS QUE ESTAN CON ELLOS CONECTADOS, SE ESTABLECE, EN TERMINOS EXCLUYENTES, LA FORMA EN QUE EL EJECUTIVO ESTATAL ABSORBE LAS FACULTADES CORRESPONDIENTES, HACIENDO ASI IMPOSIBLE EL JUEGO DE LA CLAUSULA SUBROGATORIO ESTABLECIDA EN EL ESTATUTO. ES CIERTO QUE EL ESTATUTO MISMO NO OTORGA A LA GENERALIDAD, DIRECTA Y ESPECIFICAMENTE, COMPETENCIA ALGUNA EN ORDEN A LA PROVISION DEL PERSONAL Y DE LOS BIENES MATERIALES Y ECONOMICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (COMO SI LO HACE EL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA EL PAIS VASCO, EN SU ART. 35.3), PERO TAMBIEN LO ES QUE DICHA COMPETENCIA LE LLEGA A LA GENERALIDAD POR MEDIO DE LA CLAUSULA GENERAL CONTENIDA EN EL CITADO ART. 18.1 DE SU ESTATUTO. NO QUEDA INVALIDADA TAL CLAUSULA, EN EL AMBITO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, POR LO QUE DICE EL ART. 122.1 DE LA CONSTITUCION, QUE ATRIBUYE A LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL LA DETERMINACION DEL ESTATUTO JURIDICO DE DICHO PERSONAL, PUES LA FUNCION DE ESTA REFERENCIA NO ES SINO LA DE APODERAR CONSTITUCIONALMENTE A LA CITADA LEY ORGANICA PARA QUE ESTA ENCOMIENDE EL GOBIERNO DEL REFERIDO PERSONAL YA AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL YA AL EJECUTIVO ESTATAL Y, CONSIGUIENTEMENTE, EN EL AMBITO TERRITORIAL DE CATALUÑA, A LA GENERALIDAD.

EN LO QUE SE REFIERE A ESTE BLOQUE MATERIAL, LA UNICA EXCEPCION A LO DICHO ES LA DE LOS SECRETARIOS JUDICIALES QUE, POR EL CARACTER PARAJUDICIAL DE SUS FUNCIONES, ESCAPAN AL REGIMEN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, CONSTITUYENDOSE, EN CIERTO MODO, COMO UN TERCER GENERO ENTRE DICHO PERSONAL Y LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL.

UN SEGUNDO BLOQUE MATERIAL EN EL QUE TAMBIEN SE IMPIDE CLARAMENTE LA ACTUACION DE LA CLAUSULA SUBROGATORIA ES EL RELATIVO A LA PROVISION DE MEDIOS PARA UN MEJOR SERVICIO PUBLICO JUDICIAL, SEGUN EL ART. 37 DE LA LEY ORGANICA.

ESTE PRECEPTO, COMO LOS ANTERIORES, IMPIDE QUE LA GENERALIDAD ASUMA, POR SUBROGACION, LAS FACULTADES ATRIBUIDAS AL GOBIERNO DEL ESTADO, CONCLUSION QUE SE IMPONE A LA VISTA DE LA REDACCION DE SUS APARTADOS 3 Y 4, EN LOS QUE, LUEGO DE ATRIBUIR LA GESTION EN ESTE EXTREMO EL GOBIERNO, SE APUNTA UNA MERA POSIBILIDAD DE QUE TAL FACULTAD SEA EJERCIDA POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CUANDO <LOS RESPECTIVOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA LES FACULTEN EN ESTA MATERIA>, LO QUE PARECE MOSTRAR LA INSUFICIENCIA, PARA EL LEGISLADOR ESTATAL, DE LA CLAUSULA GENERAL DEL ART. 18 Y SUPONE LA EXCLUSION DE LA AUTOMATICA ACTUACION DE DICHO PRECEPTO ESTATUTARIO. ASI LO CORROBORA, POR LO DEMAS, EL QUE DICHA POSIBILIDAD QUEDE CONDICIONADA A UN INFORME PREVIO Y FAVORABLE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. EL MISMO ART. 18 DEL ESTATUTO HA SIDO TAMBIEN VULNERADO POR EL ART. 36 DE LA LEY ORGANICA, POR RAZONES IDENTICAS A LAS QUE SE ACABAN DE EXPONER, Y OTRO TANTO CABE DECIR RESPECTO DEL ART. 171.4, RELATIVO A LA INSPECCION DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, QUE HA DE CORRESPONDER A LA GENERALIDAD CUANDO LOS ORGANOS JUDICIALES ESTEN RADICADOS EN SU TERRITORIO.

EL MISMO VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD SE APRECIA, EN FIN, EN LOS ARTS. 341.2, 492 Y 508.3, ASI COMO EN LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA, 2, Y EN LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA, PRECEPTOS, TODOS ELLOS, QUE IMPIDEN TAMBIEN LA SUBROGACION DE LA GENERALIDAD EN LAS CORRESPONDIENTES FACULTADES DEL GOBIERNO.

E) SE EXAMINAN A CONTINUACIOIN LOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, DE LOS QUE ESTARIAN AFECTADOS LOS ARTS. 38, 42, 337, 439.2 Y 447.2, DISPOSICIONES SE DICE QUE VULNERAN LO PREVENIDO EN LOS ARTS. 20, 21.1 Y 9.1 Y 23 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA, ASI COMO EN EL ART. 149.1.18 DE LA CONSTITUCION.

LOS ARTS. 38 Y 42 REGULAN LOS CONFLICTOS DE JURISDICCION Y COMPETENCIA, PREVINIENDOSE QUE LA RESOLUCION DE LOS PRIMEROS CORRESPONDERA A UN ORGANO COLEGIADO EN EL QUE LA ADMINISTRACION ESTARA REPRESENTADA POR TRES CONSEJEROS PERMANENTES DE ESTADO, REPRESENTANDOSE EL PODER JUDICIAL POR MEDIO DE LOS CORRESPONDIENTES MAGISTRADOS. SE TRATA DE UN SISTEMA DE AUTOCOMPOSICION DEL CONFLICTO PARA EL QUE, SIN EMBARGO, NO SE HA PREVISTO QUE LA SITUACION CONFLICTUAL PUEDE PRODUCIRSE ENTRE EL PODER JUDICIAL Y LA ADMINISTRACION DE LA GENERALIDAD, NO POSIBILITANDOSE LA PARTICIPACION DE LA ADMINISTRACION AUTONOMA, COMO PARTE IMPLICADA Y AFECTADA, EN EL ORGANO COLEGIADO LLAMADO A COMPONER EL LITIGIO, LO QUE ES GRAVE, YA QUE LA RESOLUCION DE ESTE SUPONDRA UNA PRECISA DELIMITACION DEL AMBITO COMPETENCIAL DE LAS PARTES. SE VIENE ASI A PERMITIR QUE LA GENERALIDAD, SIN INTERVENIR EN EL PROCEDIMIENTO, SE PUEDA VER DESPOSEIDA DE FACULTADES ESTATUTARIAS. EN CUANTO A LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA, EL ART.

42 ATRIBUYE SU RESOLUCION A UNA SALA ESPECIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO, ORGANO QUE, AL NO PREVERSE NINGUNA EXCEPCION, HABRIA TAMBIEN DE INTERVENIR CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN ENTRE ORGANOS JUDICIALES LOCALIZADOS EN CATALUÑA. ENTIENDE LA REPRESENTACION ACTORA QUE, SEGUN EL TEXTO ESTATUTARIO (ARTS. 20.1 D) Y 20.2), LA UNICA INTERVENCION DEL TRIBUNAL SUPREMO EN LO QUE A LOS CONFLICTOS ENTRE ORGANOS JUDICIALES SE REFIERE SERIA LA QUE HABRIA DE TENER LUGAR CUANDO TALES CONFLICTOS EXCEDAN DEL AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.

DE CONFORMIDAD CON EL ART. 337.2, EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE UN TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA TENDRA EFECTOS DESDE SU PUBLICACION EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>, SIN PERJUICIO DE LA PRECEPTIVA PUBLICACION EN EL <BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA>, EN TANTO QUE EL ART. 21 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA DISPONE QUE EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR SERA

NOMBRADO POR EL REY A PROPUESTA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, ORDENANDOSE POR EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD LA PUBLICACIOIN DE DICHO NOMBRAMIENTO EN EL <DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT>, LO QUE COINCIDE ESENCIALMENTE CON LO PREVISTO EN EL ART. 61 B) DE LA LEY DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA 36/1982. ESTIMA LA REPRESENTACION ACTORA QUE, AUN CUANDO EL ESTATUTO DE AUTONOMIA NO DETERMINE LOS EFECTOS DE LA PUBLICACION DEL NOMBRAMIENTO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD, ES LO CIERTO QUE TAL PUBLICACION HA DE SER EL PUNTO DE REFERENCIA A PARTIR DEL CUAL SE DEBEN PRODUCIR CIERTOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO, PERFECCIONANDOSE ENTONCES DICHO ACTO.

POR EL CONTRARIO, LA CONTEMPLACION DE LA FECHA DE PUBLICACION EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> COMO PUNTO DE REFERENCIA PARA LA PRODUCCION DE DICHOS EFECTOS CONVIERTE A LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD EN UN HECHO PURAMENTE SIMBOLICO Y SIN TRASCENDENCIA ALGUNA, CON LO QUE NO SE LLEGA A ENTENDER EL PORQUE LA PROPIA LEY ORGANICA CONTEMPLA COMO <PRECEPTIVA> TAL PUBLICACION, CUANDO EL MISMO ART. 337 LA HA PRIVADO DE TODA TRASCENDENCIA.

SEGUN EL ART. 447.2, LA REPRESENTACION Y DEFENSA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y LA DE LOS ENTES LOCALES CORRESPONDERA A LOS LETRADOS QUE SIRVAN EN LOS SERVICIOS JURIDICOS DE TALES ADMINISTRACIONES PUBLICAS, SALVO QUE DESIGNEN ABOGADO COLEGIADO QUE LES REPRESENTE Y DEFIENDA. AÑADE EL PRECEPTO QUE LOS LETRADOS INTEGRADOS EN LOS SERVICIOS JURIDICOS DEL ESTADO PODRAN REPRESENTAR Y DEFENDER A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LOS TERMINOS QUE SE ESTABLECERAN REGLAMENTARIAMENTE. SE DICE EN EL RECURSO QUE ESTA ULTIMA PREVISION PODRIA VULNERAR LA COMPETENCIA DE LA GENERALIDAD ATRIBUIDA POR LOS ARTS. 9.1 Y 10.1.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA, EN RELACION CON LO DISPUESTO EN EL ART. 149.1.18 DE LA CONSTITUCION, ASI COMO EL PRINCIPIO DE LA LIBRE ELECCION DE LA ASISTENCIA LETRADA (ARTS. 14.3 D) DEL PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS Y 6.3 C) DEL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES), A NO SER QUE TAL INCISO SE INTERPRETE EN EL SENTIDO DE CONTENER UNA SIMPLE AUTORIZACION EN FAVOR DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DEL ESTADO PARA LA DEFENSA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN EL SUPUESTO DE QUE, CARECIENDO ESTAS DE LOS CORRESPONDIENTES SERVICIOS JURIDICOS, NO HUBIERAN DESIGNADO ABOGADO PARA SU DEFENSA. INCLUSO EN ESTE ULTIMO CASO DEBERA DARSE PREVIAMENTE EL OFRECIMIENTO DE TAL DEFENSA Y SUBSIGUIENTE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD AUTONOMA.

EL ART. 439.2 CONCULCA, A SALVO <INTERPRETACION INTEGRADORA> DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, LA COMPETENCIA DE LA GENERALIDAD EN ORDEN A LA REGULACION DE MATERIAS RELATIVAS A COLEGIOS PROFESIONALES Y EJERCICIO DE PROFESIONES TITULADAS (ART. 9.23 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA), A NO SER QUE SE ENTIENDA QUE LA REMISION A LOS TERMINOS QUE SE ESTABLEZCAN EN LA LEGISLACION SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES VIENE REFERIDA, EN ESTE CASO, A LA LEGISLACION DE LA GENERALIDAD.

F) LOS ARTS. 35 (Y POR CONEXION EL ART. 108.1 A)), 36, 78, 80.1, 86.2, 90.1 Y 2, 92, 94, 95.2 Y 96 ESTARIAN VICIADOS DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERAR EL ART.

18.2 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA.

CITA LA REPRESENTACION ACTORA LO DISPUESTO EN EL ART. 152.1 DE LA CONSTITUCION (<EN LOS ESTATUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PODRAN ESTABLECERSE LOS SUPUESTOS Y LAS FORMAS DE PARTICIPACION DE AQUELLAS EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES DE TERRITORIO>) Y OBSERVA QUE ESTA PREVISION CONSTITUYE UNA EXCEPCION A LA RETRIBUCION EN EXCLUSIVIDAD AL ESTADO DE TODA LA COMPETENCIA INTEGRANTE DEL NUCLEO ESENCIAL DEL CONCEPTO DE PODER JUDICIAL (ART. 149.1.5 DE LA CONSTITUCION). LA NORMA APODERA A LOS ESTATUTOS PARA ESTABLECER CUANDO Y DE QUE MANERA INTERVENDRAN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN ESTA MATERIA, DE TAL MODO QUE, ESTABLECIDOS DICHOS SUPUESTOS Y FORMAS EN LOS ESTATUTOS, TAL REGULACION ES INTANGIBLE PARA EL LEGISLADOR ORDINARIO, NO PUDIENDO EL ESTADO REGULAR INTEGRAMENTE DICHOS EXTREMOS SINO RESPECTO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CUYOS ESTATUTOS NO HUBIEREN APROVECHADO LA POSIBILIDAD OFRECIDA POR EL ART. 152.1 DE LA CONSTITUCION (SUPUESTO QUE SOLO SE DA EN EL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA). NO ES ESTE, DESDE LUEGO, EL CASO DEL ESTATUTO CATALAN, QUE DISPONE EN SU ART. 18.2 QUE CORRESPONDERA A LA GENERALIDAD FIJAR LA DELIMITACION DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN CATALUÑA Y LA LOCALIZACION DE SU CAPITALIDAD. ALGUN SECTOR DOCTRINAL HA INTENTADO VER EN ESTE PRECEPTO ESTATUTARIO, Y EN OTROS ANALOGOS, UN TOTAL DESAPODERAMIENTO DE LAS FACULTADES DEL ESTADO EN LO ATINENTE A LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES, AFIRMANDO QUE LA CONSTITUCION AUTORIZA A PARTICIPAR (CON LO QUE SE ARGUMENTA POR DICHO SECTOR DOCTRINAL LA TITULARIDAD CONTINUA SIENDO ESTATAL) Y QUE SE HABRIA DE NEGAR LA POSIBILIDAD DE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, POR SI MISMAS, DECIDIERAN SOBRE CUALQUIERA DE LOS ASPECTOS RELATIVOS A TAL MATERIA, HABIENDOSE DE ENTENDER TAL <POSIBILIDAD PARTICIPATIVA> COMO UNA SIMPLE CONSULTA A LA COMUNIDAD SIN RESULTADOS VINCULANTES. ESTA ES LA INTERPRETACION DE LA QUE PARECE HABERSE HECHO ECO AQUI EL LEGISLADOR ESTATAL, PESE A LO CUAL, Y AUN SIN NEGAR LA INDUDABLE TITULARIDAD DEL ESTADO SOBRE LA MATERIA, SE DEBE DISCREPAR EN FORMA RADICAL DEL SEGUNDO DE LOS PUNTOS EXPUESTOS EN LAS TESIS COMENTADAS, PUES NO CABE OLVIDAR QUE EL ART.

152.1 CONSTITUYE, EN ESTE PUNTO, UNA AUTENTICA NORMA DE REMISION, INCORPORANDOSE ASI EL OBJETO DE LA REMISION A LA NORMATIVA PROPIA. POR ELLO, A LA VISTA DE ESTE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, Y DEL ART. 18.2 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA, SE IMPONE LA CONCLUSION DE QUE CORRESPONDERA A LA GENERALIDAD ESTABLECER LOS LIMITES TERRITORIALES DE LAS DEMARCACIONES, ASI COMO LA LOCALIZACION DE SU CAPITALIDAD, ELLO SIN PERJUICIO DE QUE QUEDE COMPLETAMENTE RESERVADA AL ESTADO LA DELIMITACION DEL NUMERO Y TIPOS DE ORGANOS JURISDICCIONALES.

NO OBSTANTE, EL ART. 18.2 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA NO OPERARA EN TODOS LOS SUPUESTOS DE DEMARCACIONES JUDICIALES, QUEDANDO EXCEPTUADOS LOS RELATIVOS A LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA (POR SU NORMACION CONSTITUCIONAL ESPECIFICA: ART. 152.1), ASI COMO EL CASO DE LAS PROVINCIAS (POR NO EXISTIR DISPONIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SOBRE TALES DEMARCACIONES TERRITORIALES: ARTS. 137 Y 141 DE LA CONSTITUCION). EN EL RESTO DE SUPUESTOS, SERA LA GENERALIDAD LA UNICA COMPETENTE PARA FIJAR LOS LIMITES TERRITORIALES Y LA LOCALIZACION DE LA TERRITORIALIDAD (SIC) DE LAS DEMARCACIONES, VULNERANDO TAL PREVISION LOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL IMPUGNADOS EN ESTA PARTE DEL RECURSO, PRECEPTOS QUE, EN UNOS CASOS, NIEGAN AQUELLA FACULTAD AUTONOMICA Y QUE, EN OTROS, NO POSIBILITAN EL JUEGO, EN TODA SU EXTENSION, DE LA PREVISION ESTATUTARIA.

G) EL ART. 231.1 Y 2 ESTA, ASIMISMO, VICIADO DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERAR LOS ARTS. 3.2 Y 3 DE LA CONSTITUCION Y EL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA.

EL RECONOCIMIENTO DE LA OFICIALIDAD DE UNA LENGUA AUTONOMICA SE EFECTUA DE ACUERDO CON LOS CORRESPONDIENTES ESTATUTOS DE AUTONOMIA (ART. 3.2 DE LA CONSTITUCION), LO QUE ENTRAÑA UNA EXPRESA REMISION AL ESTATUTO, CON LA AUTORIZACION IMPLICITA NO SOLO DE DECLARAR LA OFICIALIDAD DE UNA LENGUA PROPIA, SINO TAMBIEN DE REGULAR SU REGIMEN JURIDICO, ASI COMO LOS MEDIOS ADECUADOS PARA GARANTIZAR SU OFICIALIDAD. ASI DEBEN ENTENDERSE LOS ARTS. 3.3 Y 9.4 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA CATALUÑA, CONFIGURADORES DE UNA AUTENTICA COMPETENCIA DE LA GENERALIDAD EN MATERIA LINGUISTICA, COMPETENCIA RECONOCIDA, AUNQUE DE FORMA INDIRECTA, POR LA STC 6/1982.

PUES BIEN, EL ART. 331 DE LA LEY ORGANICA ESTA DESCONOCIENDO LA COOFICIALIDAD DEL CASTELLANO Y EL CATALAN AL ESTABLECER QUE EL CASTELLANO SERA LA UNICA LENGUA OFICIAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y AL RELEGAR A UNA MERA POSIBILIDAD EL USO DE LAS LENGUAS AUTONOMICAS. EN LO QUE A CATALUÑA SE REFIERE, LA OFICIALIDAD DEL CATALAN ESTA AFIRMADA POR EL ART.

3.2 DEL ESTATUTO, DE LO QUE DERIVA QUE, SEA CUAL SEA LA ADMINISTRACION RADICADA EN ESTE TERRITORIO, HABRA DE TENER EL CATALAN COMO LENGUA OFICIAL, DEL MISMO MODO QUE EL CASTELLANO LO ES CON TAL CARACTER <EN TODO EL ESTADO ESPAÑOL> (ART. 3.2 DEL ESTATUTO). LA NORMA IMPUGNADA, AL RELEGAR LAS LENGUAS AUTONOMICAS A UNA OFICIALIDAD RESIDUAL Y DE SEGUNDO GRADO, CONCULCA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DEL CASTELLANO Y DEL CATALAN, INFRINGIENDO LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIOS MENCIONADOS.

H) LOS ARTS. 5.4, 58.4 (ULTIMO INCISO), 65.1 A) Y B) (Y POR CONEXION CON LOS MISMOS EL APARTADO 6. ) Y 73.1 ESTAN, COMO LA DISPOSICION ADICIONAL SEXTA, VICIADOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, AL INFRINGIR EL ART. 152.1 DE LA CONSTITUCION Y LOS ARTS. 20, 26.1 Y 9.2 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA.

EL ART.

152.1 DE LA CONSTITUCION PREVE, EN SU SEGUNDO PARRAFO, LA CREACION EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CONSTITUIDAS CON ARREGLO AL ART. 151 DE UN ORGANO JURISDICCIONAL QUE NO TIENE MAS ANTECEDENTES EN NUESTRA HISTORIA QUE LO PREVISTO, DURANTE EL PERIODO REPUBLICANO, PARA CATALUÑA Y EL PAIS VASCO. DE ESTA FORMA, SE ARTICULA UN SISTEMA QUE, SIN DESVIRTUAR LA UNIDAD DEL PODER JUDICIAL, SUPONE UNA ADAPTACION DE ESTE A LA ESTRUCTURA POLITICA PLURAL DEL ESTADO, CONDUCIENDO EL PODER JUDICIAL A UNA ORGANIZACION PRESIDIDA POR EL PRINCIPIO DE LA MAXIMA DESCENTRALIZACION POSIBLE. EN DEFINITIVA, Y TENIENDO EN CUENTA, ENTRE OTROS CRITERIOS, LA LOCALIZACION MISMA DEL ART. 152, SE HA DE CONCLUIR QUE, AUN SIN CONFIGURARSE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA COMO PODER JUDICIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, SI VIENE A EXPRESAR LA ACOMODACION A LA COMUNIDAD MISMA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, LLENANDO ASI LA CARENCIA DE ESTE TIPO DE PODER EN EL AMBITO AUTONOMICO.

EN EL ART. 19 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA SE DISPONE QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, EN EL QUE SE INTEGRARA LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE BARCELONA, ES EL ORGANO JURISDICCIONAL EN QUE CULMINARA LA ORGANIZACION JUDICIAL EN SU AMBITO TERRITORIAL Y ANTE EL CUAL SE AGOTARAN LAS SUCESIVAS INSTANCIAS JUDICIALES EN LOS TERMINOS DEL ART.

152 DE LA CONSTITUCION Y DE ACUERDO CON EL PRESENTE ESTATUTO. DE OTRA PARTE, EL ART. 20 DEL TEXTO ESTATUTARIO PRECISA CUALES SON LAS COMPETENCIAS DE LOS ORGANOS JUDICIALES EN CATALUÑA, INDICANDO QUE, EN LO QUE SE REFIERE AL DERECHO CIVIL CATALAN, CORRESPONDERA A LOS CITADOS ORGANOS EL CONOCIMIENTO DE TODAS LAS INSTANCIAS Y GRADOS, INCLUIDOS LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE CASACION Y REVISION. LA INTENCION DEL LEGISLADOR ESTATUTARIO ERA, PUES, LA DE RESERVAR A DICHOS ORGANOS LA COMPETENCIA, EN TODA SU EXTENSION, RELATIVA AL DERECHO CIVIL DE LA COMUNIDAD, LO QUE INCLUYE A CUALQUIER TIPO DE RECURSO ORDINARIO O EXTRAORDINARIO, Y ELLO POR CUANTO LA MENCION DE LOS RECURSOS DE CASACION Y REVISION ERA LA UNICA POSIBLE EN AQUEL MOMENTO, AL SER DICHOS RECURSOS LOS UNICOS DE CARACTER EXTRAORDINARIO PREVISTOS ENTONCES EN LAS LEYES PROCESALES.

PUES BIEN, ESTA PREVISION ESTATUTARIA NO HA SIDO RESPETADA POR EL ART. 73.1 DE LA LEY ORGANICA.

EN EFECTO, EL ART. 56.1 DE LA MISMA LEY ATRIBUYE A LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO EL CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS DE CASACION, REVISION Y SE SUBRAYA OTROS EXTRAORDINARIOS EN MATERIA CIVIL QUE ESTABLEZCA LA LEY, EN TANTO QUE EL ART. 73.1, AL RELACIONAR LAS COMPETENCIAS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES EN MATERIA DE DERECHO CIVIL PROPIO DE LA COMUNIDAD, CITA UNICAMENTE LOS RECURSOS DE CASACION Y REVISION, OMITIENDO CUALQUIER REFERENCIA A ESOS <OTROS RECURSOS EXTRAORDINARIOS>, CON LO QUE, INEVITABLEMENTE, LA COMPETENCIA CORRESPONDERA, EN CUANTO A ELLOS, AL TRIBUNAL SUPREMO, Y ELLO A PESAR DE LA EVIDENTE INTENCION DEL LEGISLADOR ESTATUTARIO DE QUE CUALQUIER TIPO DE RECURSO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIERA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

DE OTRO LADO, EL ART. 5.4 DE LA LEY ORGANICA PRECEPTUA QUE <EN TODO CASO> EL TRIBUNAL SUPREMO CONOCERA DE LOS RECURSOS DE CASACION CUANDO ESTOS SE FUNDAMENTEN EN LA INFRACCION DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, NORMA QUE, AUN NO SIENDO OBJETABLE DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CONSTITUCIONALIDAD, ESTA REDACTADA EN UNOS TERMINOS QUE PUEDEN CONTRIBUIR A SU UTILIZACION FRAUDULENTA, A FIN DE ELUDIR LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA EN CUANTO AL DERECHO CIVIL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. ES CIERTO QUE LA MERA POSIBILIDAD DE UN USO TORTICERO DE LAS NORMAS NO PUEDE SER MOTIVO BASTANTE PARA DECLARAR SU INCONSTITUCIONALIDAD, COMO ESTE TRIBUNAL HA DICHO EN OTRAS OCASIONES, PERO TAMBIEN LO ES QUE CONSTITUYE OBLIGACION DE LOS PODERES PUBLICOS Y, POR ENDE, DEL LEGISLADOR, EL VELAR POR LA SEGURIDAD JURIDICA QUE LA CONSTITUCION GARANTIZA (ART. 9.3). POR ELLO, EL PRECEPTO SOLO PODRA CONSIDERARSE CONSTITUCIONAL, Y CONFORME AL ESTATUTO, SI SE ENTIENDE QUE LO EN EL PREVISTO UNICAMENTE SERA APLICABLE CUANDO EL RECURSO DE CASACION SE FUNDAMENTE, EXCLUSIVAMENTE, EN INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL.

EL ART. 65 DE LA LEY ORGANICA INFRINGE, POR SU PARTE, LO DISPUESTO EN EL ART. 20.1 B) DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA, DE CONFORMIDAD CON EL CUAL CORRESPONDERA A LOS ORGANOS JUDICIALES RADICADOS EN CATALUÑA CONOCER EN EL ORDEN PENAL EN TODAS LAS INSTANCIAS Y GRADOS, A EXCEPCION DE LOS RECURSOS DE CASACION Y REVISION, LO QUE ES APLICACION DE LA PREVISION ESTABLECIDA EN EL ART. 152.1 DE LA CONSTITUCION. PESE A ELLO, EL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO DISPONE, EN LOS APARTADOS A) Y B) DE SU PUNTO PRIMERO, QUE CORRESPONDERA A LA AUDIENCIA NACIONAL EL CONOCIMIENTO EN UNICA INSTANCIA DE LOS PROCESOS SEGUIDOS POR LA COMISION DE DETERMINADOS DELITOS, INTRODUCIENDO UNA CLAUSULA GENERAL SEGUN LA CUAL DICHO TRIBUNAL CONOCERA DE CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE PUDIERA SERLE ATRIBUIDO POR LAS LEYES. ESTIMA LA REPRESENTACION ACTORA QUE EL PUNTO DE CONEXION NORMAL PARA LA DETERMINACION DE LA COMPETENCIA NO ES SINO EL DEL LOCUS DELICTI, SEGUN EL CUAL SE ESTABLECE EL JUEZ NATURAL, DE TAL MODO QUE CUANDO EL DELITO SE COMETA EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA SERA JUEZ NATURAL EL RADICADO EN DICHO AMBITO TERRITORIAL, DEBIENDO LAS SUCESIVAS INSTANCIAS AGOTARSE ANTE ORGANOS LOCALIZADOS TAMBIEN EN DICHO TERRITORIO. EN DEFINITIVA, LA LEY ORGANICA HA INFRINGIDO AQUI EL PRINCIPIO DE COMPETENCIA BASICO QUE INFORMA EL ORDEN PROCESAL PENAL, AFIRMACION QUE SE HACE <CON PLENO CONOCIMIENTO> SE DICE DE LO DECLARADO POR ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 7. <DE LA SENTENCIA DE 14 DE JULIO>, SIN MAYOR ESPECIFICACION (REFERENCIA QUE SE HA DE ENTENDER HECHA, VEROSIMILMENTE, AL FUNDAMENTO JURIDICO 6. DE LA STC 25/1981).

EL ART. 58.4 ESTABLECE, PARA EL ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, UN RECURSO DE CASACION DEL QUE CONOCERA EL TRIBUNAL SUPREMO, FRENTE A LAS SENTENCIAS DICTADAS EN UNICA INSTANCIA POR LAS SALAS CORRESPONDIENTES DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA <EN RELACION CON ACTOS Y DISPOSICIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y SIEMPRE QUE DICHOS RECURSOS SE FUNDEN EN LA INFRACCION DE NORMAS NO EMANADAS DE LOS ORGANOS DE AQUELLAS>. EN CRITERIO DE LA REPRESENTACION ACTORA, EL PRECEPTO CONTRADICE LO DISPUESTO EN EL ESTATUTO DE AUTONOMIA (ART. 20.1 C)), AL EMPLEAR COMO CRITERIO PARA LA INTERVENCION DEL TRIBUNAL SUPREMO NO EL DE LA MATERIA, SINO EL DE LA PROCEDENCIA DE LAS NORMAS.

LA DISPOSICION ADICIONAL SEXTA DE LA LEY ORGANICA SUPRIME LOS TRIBUNALES ARBITRALES DE CENSOS DE LAS PROVINCIAS DE BARCELONA, TARRAGONA, LERIDA Y GERONA, OBSERVANDO LA REPRESENTACION ACTORA QUE, PESE A SU DENOMINACION, TALES ORGANOS NO ESTAN COMPRENDIDOS EN EL AMBITO DEL PODER JUDICIAL, TRATANDOSE, MAS BIEN, DE ORGANOS DE CARACTER ARBITRAL LLAMADOS A EJERCER LA PACIFICA COMPOSICION DE LAS CUESTIONES QUE LAS PARTES PUEDAN PLANTEAR. SIENDO ESTO ASI, NO CABE ENTENDER QUE DICHOS TRIBUNALES DE CENSOS SEAN <EXCEPCIONALES> Y, EN CUANTO TALES, CONTRARIOS AL ORDEN CONSTITUCIONAL, LO QUE PLANTEA LA CUESTION DE SU SUPRESION EN TERMINOS DE AFECTACION A UNAS INSTITUCIONES NECESARIAS PARA UN CORRECTO DESARROLLO DEL DERECHO CIVIL CATALAN. DE OTRA PARTE, EL ART.

296 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1/1984 (APROBATORIO DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA COMPILACION DEL DERECHO CIVIL DE CATALUÑA) DISPONE QUE LA ENFITEUSIS SE REGIRA POR EL TITULO DE SU CONSTITUCION Y <EN SU DEFECTO, POR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ... LAS LEYES SOBRE INSCRIPCION, DIVISION Y SE SUBRAYA EN LA DEMANDA REDENCION DE CENSOS EN CATALUÑA...>, LEYES ENTRE LAS QUE DEBE ENTENDERSE COMPRENDIDA LA DE 31 DE DICIEMBRE DE 1945. LA REMISION DE LA COMPILACION CATALANA SUPONE LA ASUNCION COMO NORMA PROPIA, POR LA GENERALIDAD, DE LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS EN LA CITADA LEY DE REDENCION DE CENSOS, ASUNCION AMPARADA POR EL ART. 9.2 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA, DE TAL MODO QUE LAS NORMAS PROCEDIMENTALES SE HA DE CONCLUIR QUE CONSTITUYEN REGLAS SUSTANTIVAS PERFECTAMENTE INCARDINABLES EN EL CONCEPTO DE DERECHO CIVIL CATALAN DEDUCIDO DE LOS ARTS. 9.2 DEL ESTATUTO Y 149.1.8 DE LA CONSTITUCION. SE SIGUE DE TODO ELLO QUE CUALQUIER REGULACION SUSTANTIVA DE LOS CENSOS, Y EN SU CASO PROCESAL (ART. 9.3 DEL ESTATUTO), CONSTITUYE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA GENERALIDAD, VULNERADA AQUI POR EL PRECEPTO IMPUGNADO.

I) SE FUNDAMENTA, POR ULTIMO, LA INCONSTITUCIONALIDAD, POR CONTRADECIR EL ART. 23.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA, DE LOS ARTS. 81, 94, 96, 100, 101.1, 2 Y 4, 118, 200, 201, 207 A 213, 216, 301.1, 2 Y 3, 302.1 Y 2, 303.1 Y 2, 311.1, 312, 313.1, 326, 329.1.2 Y 3, 330.3, 332, 334, 341, 428, 431, 458, 475, 478, 479.2, 480, 481, 482, 490, 491, 493, 494, 496, 499, 500, 502, 506.1.2 Y 3, 508.1.2 Y 3, ASI COMO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2.4 Y 5, 3. , 8. , 9. , 13. , 15. , 17. , 20. , 21. , 22. , 24. Y 26. , 1.2 Y 3.

EL ART. 23.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DISPONE QUE EN LAS OPOSICIONES, CONCURSOS Y NOMBRAMIENTOS PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES EN CATALUÑA DE MAGISTRADOS, JUECES, SECRETARIOS Y PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA CONSTITUIRA MERITO PREFERENTE LA ESPECIALIDAD EN DERECHO CATALAN, LO QUE SITUA A ESTE CRITERIO EN UN RANGO SUPERIOR A CUALQUIER OTRO MERITO QUE NO GOZARA DE PREFERENCIA CON RESPECTO AL RESTO, DEBIENDO OBSERVARSE, ASIMISMO QUE EL ESTATUTO REQUIERE UN ALTO GRADO DE CONOCIMIENTO DEL DERECHO CATALAN (ESTO ES, DE TODO EL CONJUNTO NORMATIVO EMANADO DE LOS ORGANOS DE LA COMUNIDAD), QUE SERA EL QUE PRINCIPALMENTE ESTARA LLAMADO A SER APLICADO POR LOS ORGANOS JUDICIALES RADICADOS EN CATALUÑA. POR LO DEMAS, LA PONDERACION DE ESTE MERITO SERA NECESARIA Y OBLIGADA, NO PUDIENDOSE RELEGAR A UNA MERA POSIBILIDAD A CONCRETAR SEGUN LOS SUPUESTOS.

PUES BIEN, LA LEY ORGANICA, EN LA MAYORIA DE LOS PRECEPTOS DEDICADOS A REGULAR OPOSICIONES, CONCURSOS Y NOMBRAMIENTOS, OMITE EXCLUYENTEMENTE LA CONSIDERACION DE TAL MERITO (ARTS. 85.1, 94, 100, 101.1, 2 Y 4, 118, 152.2, 3, 4 Y 5, 200, 201 A 212, 207 A 209, 213, 216, 301.1 Y 2, 302, 326, 329.1.2 Y 3, 330.1 Y 2, 332, 334, 428, 431 Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2.4 Y 5, 3. , 8. , 9. , 13. , 15. , 16. , 17. Y 26. , 1), ASI COMO EN LO QUE RESPECTA A LOS SECRETARIOS EN LOS ARTS. 428, 431, 475, 478, 479.2, 480, 481, 482 Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS 21. , 22. , 24. Y 26. .1, 2, Y EN LO RELATIVO AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LOS ARTS. 490, 491, 493, 494, 496, 499, 500, 506.1, 2 Y 3, 508.1, 2 Y 3, Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2. Y 26. , 3. TAN SOLO EN LO RELATIVO A LO PROVISION DE PLAZAS DE PRESIDENTE DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES Y DE LAS AUDIENCIAS SE ESTABLECE COMO MERITO LA ESPECIALIZACION EN DERECHO CIVIL, FORAL O ESPECIAL DE LA COMUNIDAD (ART. 341.1). ESTE PRECEPTO, SIN EMBARGO, RECOGE DE UNA MANERA TAN DEFICIENTE Y MUTILADORA LO DISPUESTO EN EL ART. 23.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA QUE LLEVA A LA PLENA DESVIRTUACION DE LA MISMA REGLA ESTATUTARIA. ASI, EL MERITO PREFERENTE QUE ESTABLECE EL ESTATUTO SE CONVIERTE EN UN SIMPLE MERITO, SIN MAYOR TRASCENDENCIA QUE CUALQUIERA DE LOS OTROS ALEGABLES Y, ADEMAS, EL DERECHO DE LA COMUNIDAD SE TRANSMUTA EN UN SIMPLE SEGMENTO DE ESTE QUE, POR IMPORTANTE QUE SEA, NO ALCANZA LA EXTENSION QUE EL ESTATUTO IMPONE, ESTO ES, A LA TOTALIDAD DE LAS NORMAS DE LA COMUNIDAD. EL ART. 341.2 REGULA DE MANERA DISTINTA, AUNQUE TAMBIEN INCONSTITUCIONAL, LOS CONCURSOS PARA LA PROVISION DE PLAZAS EN LOS DEMAS ORGANOS JURISDICCIONALES, REINCIDIENDO EL PRECEPTO EN LA SIMPLE VALORACION DE UN SEGMENTO DEL DERECHO PROPIO DE LA COMUNIDAD, REDUCIENDOSE, ADEMAS, LA ESPECIALIZACION EXIGIDA A UN MERO CONOCIMIENTO O NOTICIA DE TAL DERECHO FORAL. POR ULTIMO, LOS ARTS. 330.3 Y 334 EMPLEAN, DE NUEVO, LA MISMA TECNICA REDUCCIONISTA DEL DERECHO DE LA COMUNIDAD.

SE SIGUE DE TODO ELLO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS YA POR OMITIR, EN UNOS CASOS, LA CONSIDERACION DE LA ESPECIALIZACION EN EL DERECHO DE LA COMUNIDAD, YA POR CONTRADECIR, EN OTROS, LA FORMA EN LA QUE EL ESTATUTO DE AUTONOMIA RECONOCE DICHO MERITO.

SE CONCLUYO SUPLICANDO SE DICTARA SENTENCIA EN LA QUE SE DECLARASE LA NULIDAD DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS.

2. MEDIANTE ESCRITO QUE FUE REGISTRADO EN ESTE TRIBUNAL EL DIA 1 DE OCTUBRE DE 1985, DON MANUEL MARIA VICENS MATAS, ABOGADO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, PRESENTO EN NOMBRE DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA MISMA, RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES PRECEPTOS DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL: ARTICULOS 5.4, 35 (Y POR CONEXION NECESARIA, ART. 108.1 A)), 36, 37, 38, 42, 58 (APARTADO 4. ), 65 (APARTADOS 1. , LETRAS A), B), Y C), Y 5. , Y, POR CONEXION, ART. 88), 73 (APARTADOS 1 Y 2, EN RELACION CON EL ART. 56.1), 78, 80.1, 86, 90.1 Y 2, 92.1, 94, 95,2, 96, 100.1, 101.1, 2 Y 4 (EN RELACION CON EL ART. 152.2.4. ), 118, 171.4, 200, 201 (EN RELACION CON EL ART. 152.2.3. Y CON LA DISPOSICION TRANSITORIA 16. ), 207 A 213, AMBOS INCLUSIVE, 216, 301.1, 2 Y 3, 302, 306.1, 311.1, 3 Y 4, 312, 313.1, 326, 329, 330, 332, 334, 337.2 (Y, POR CONEXION NECESARIA, ART. 319), 341, 428, 431 (EN RELACION CON EL ART. 152.2.5. ), 439.2, 447.2 (SEGUNDO INCISO), 455, 458, 464.3 Y 4, 465.2, 466, 469.2, 471, 475, 478, 479.2, 480, 481, 482, 490, 491, 492, 493, 494, 496, 499, 500, 502, 503.1, 506.1, 2 Y 3, 508.1, 2 Y 3 (Y, POR CONEXION, ARTS. 454 A 471 Y 485 A 508), Y CONTRA LAS DISPOSICIONES ADICIONALES 1.2 Y 6. Y TRANSITORIAS 2.4 Y 5, 3. , 8. , 9. , 13. , 15.

, 17. , 20. A , 21. , 22. , 24. Y 26.

SE EXPUSIERON EN EL RECURSO LAS ALEGACIONES QUE A CONTINUACION SE RESUMEN:

A) COMIENZA LA REPRESENTACION ACTORA EXPONIENDO UNA <CONSIDERACION PRELIMINAR> SOBRE EL PODER JUDICIAL EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. EL PODER JUDICIAL, COMO PRIMERA ADVERTENCIA, ES UNICO EN TODO EL TERRITORIO, LO QUE NO SIGNIFICA QUE LA CONSTITUCION NO HAYA TOMADO EN CONSIDERACION LA ORGANIZACION PLURAL DEL ESTADO AL FIJAR LOS CRITERIOS BASICOS PARA LA ORGANIZACION JUDICIAL (STC 38/1982, FUNDAMENTO JURIDICO 6. ), NI QUE LA ESTRUCTURA DE AQUEL PODER NO HAYA DE TENER PRESENTE LA APARICION DE COMUNIDADES AUTONOMAS DE NATURALEZA POLITICA Y CON POTESTADES DE AUTOGOBIERNO.

LA EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY ORGANICA 6/1985 SE HACE ECO DE TAL NECESIDAD, PESE A LO CUAL SU ARTICULADO EXPRESA, MAS BIEN, QUE EL LEGISLADOR HA DESCONOCIDO PRACTICAMENTE LA EXISTENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

IMPORTA TAMBIEN SUBRAYAR QUE LA JUSTICIA ES ADMINISTRADA POR JUECES Y MAGISTRADOS (ART. 117.1 DE LA CONSTITUCION), DE TAL MODO QUE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y PODER JUDICIAL SON, EN EL PLANO CONSTITUCIONAL, TERMINOS EQUIVALENTES, Y ASI VIENE CORROBORADO, ENTRE OTROS PRECEPTOS, POR LOS ARTS. 17, 18, 22, 24, 53, 106, 117 A 127, 149.1.5, 152.1, POR LA PROPIA RUBRICA DEL TITULO VI Y POR LA DISPOSICION ADICIONAL CUARTA DE LA MISMA CONSTITUCION. AHORA BIEN, JUNTO A LOS JUECES Y MAGISTRADOS, INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL, FIGURAN UN CONJUNTO DE EMPLEADOS PUBLICOS (EMPEZANDO POR EL MINISTERIO FISCAL Y CONTINUANDO POR LOS SECRETARIOS, OFICIALES, ALGUACILES, POLICIA JUDICIAL Y OTROS), QUE NO ADMINISTRAN JUSTICIA, DEBIENDO TAMBIEN TENERSE EN CUENTA QUE ADMINISTRAR JUSTICIA EXIGE UNA SERIE DE ELEMENTOS MATERIALES, QUE IGUALMENTE ESTAN AL SERVICIO DE AQUELLA FUNCION, PERO QUE, POR DESCONTADO, NO SON LA FUNCION MISMA. TODAS ESTAS PECULIARIDADES DEMUESTRAN QUE CUANDO EL ART. 149.5 DE LA CONSTITUCION RESERVA AL ESTADO LA COMPETENCIA EXCLUSIVA EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA SE ESTA REFIRIENDO SOLO AL CONJUNTO DE ORGANOS Y FUNCIONES QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL, PERO NO AL COMPLEJO DE MEDIOS AUXILIARES, PERSONALES Y MATERIALES, QUE ESTAN A SU SERVICIO Y QUE, SEGUN SE HA DICHO, NO SON <ADMINISTRACION DE JUSTICIA>. EN DEFINITIVA, EL CITADO PRECEPTO CONSTITUCIONAL SE LIMITA A REAFIRMAR LO QUE OTRAS NORMAS ESTABLECEN DE MODO MAS EXPRESIVO: QUE EL PODER JUDICIAL CONSTITUYE UN APARATO DEL ESTADO COMO INSTITUCION, UNICO E INDEPENDIENTE, QUE EXTIENDE SU JURISDICCION A TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL.

UN TERCER ASPECTO A PONDERAR EN ESTA CONSIDERACION PRELIMINAR ES EL RELATIVO A LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL, GARANTIZADA EN NUESTRO ORDENAMIENTO POR LA INSTITUCION DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. AHORA BIEN, ASEGURADA LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL EN SUS FUNCIONES DE JUZGAR Y HACER EJECUTAR LO JUZGADO, NADA SE OPONE A QUE EL EJECUTIVO SIGA CONSERVANDO SUS CLASICAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS SOBRE CREACION Y DISTRIBUCION TERRITORIAL DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, NOMBRAMIENTO Y DEMAS FUNCIONES DE GOBIERNO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y PROVISION DE LOS MEDIOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, TODO ELLO AL MARGEN, CLARO ESTA, DE LA DEPENDENCIA DIRECTA QUE GUARDA EL MINISTERIO FISCAL RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO. PUEDE SUBSISTIR VALIDAMENTE, Y ASI ES EN ESPAÑA, UN MINISTERIO DE JUSTICIA QUE, AUNQUE DESPROVISTO DE ATRIBUCIONES SOBRE JUECES Y MAGISTRADOS, SI LAS OSTENTARA RESPECTO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DE LOS RECURSOS Y MEDIOS AUXILIARES CORRESPONDIENTES. ASI SE CONFIGURA HOY NUESTRO ORDENAMIENTO, PUES, EN TANTO QUE EL ART. 122.2 DE LA CONSTITUCION ENCOMIENDA AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EL GOBIERNO DE DICHO PODER, LOS ESTATUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE GALICIA (ART. 20.1), ANDALUCIA (ARTS. 152.1), ASTURIAS (ART. 41.1), MURCIA (ART. 39.1), ARAGON (ART. 32.1), CASTILLA-LA MANCHA (ART. 27.A)), CANARIAS (ART. 27.1), NAVARRA (ART. 60.1), EXTREMADURA (ART. 67), MADRID (ART. 51.1), PAIS VASCO (ART. 35.3) Y CATALUÑA (ART. 18.1) CONTEMPLAN LA SUBROGACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LAS FACULTADES QUE LAS LEYES ORGANICAS DEL PODER JUDICIAL Y DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL RECONOZCAN O ATRIBUYAN AL GOBIERNO DEL ESTADO, DANDO A ENTENDER CON ELLO QUE SE PUEDEN RESIDENCIAR LEGITIMAMENTE EN EL EJECUTIVO ALGUNAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA QUE NO HAYAN SIDO ABSORBIDAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. ASI LO CORROBORAN, POR LO DEMAS, ENTRE OTROS PRECEPTOS DE LA LEY IMPUGNADA, SUS ARTS. 455, 464.4, 503.1 Y 508.2.

SIN MENGUA, PUES, DE LA UNIDAD DEL PODER JUDICIAL, LA ORGANIZACION TERRITORIAL DEL ESTADO EN COMUNIDADES AUTONOMAS HA DE REPERCUTIR EN ESTA MATERIA EN ALGO MAS QUE EN LA SIMPLE TERRITORIALIZACION DE LA JUSTICIA, SIENDO DE TENER EN CUENTA, A ESTE RESPECTO, QUE EL ART. 152.1 DE LA CONSTITUCION ADOPTA UN CONJUNTO DE MEDIDAS PARA QUE EL INTERES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SEA, EN CIERTA MEDIDA, PROTEGIDO Y SATISFECHO EN RELACION AL UNICO PODER DEL ESTADO QUE NO SE ADAPTA PUNTUALMENTE A LA TECNICA DE DISTRIBUCION DE PODERES QUE LA CONSTITUCION PRECONIZA: CREACION DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA (QUE HABRAN DE TOMAR, SEGUN EL ART. 71 DE LA LEY ORGANICA, EL NOMBRE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, Y QUE CULMINARAN EN SU TERRITORIO LA ORGANIZACION JUDICIAL, A RESERVA DE LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL SUPREMO), AGOTANDOSE TODAS LAS INSTANCIAS PROCESALES, EN SU CASO, ANTE LOS ORGANOS RADICADOS EN EL MISMO TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA EN QUE ESTE EL ORGANO COMPETENTE EN PRIMERA INSTANCIA, Y, EN FIN, PREVISION DE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, AL MENOS LAS DEL ART. 151 DE LA CONSTITUCION, ASUMAN COMPETENCIAS DE PARTICIPACION EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES DEL TERRITORIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL Y DENTRO DE LA UNIDAD E INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL. DE OTRA PARTE, LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PUEDEN ASUMIR DETERMINADAS COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, ESPECIALMENTE EN LO QUE AFECTA A SUS MEDIOS Y SERVICIOS AUXILIARES Y A SU PROYECCION TERRITORIAL (ARTS. 152.1 Y, EN SU CASO, 149.3 DE LA CONSTITUCION), EN EL AMBITO NO CUBIERTO POR LAS POTESTADES DE GOBIERNO QUE HAN DE CORRESPONDER AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. UN CLARO EXPONENTE DE ELLO SE ENCUENTRA, EN LO QUE IMPORTA A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA, EN LOS ARTS.

18, 22 Y 23 DE SU ESTATUTO DE AUTONOMIA.

TODAS ESTAS COMPETENCIAS SE DECANTAN, LAS MAS DE LAS VECES, HACIA EL LADO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS O SIMPLEMENTE ADMINISTRATIVAS, FUNCIONES CABE DESTACAR QUE SUELEN REPRESENTAR ARTICULACIONES CONCRETAS DEL PRINCIPIO DE COOPERACION, JUSTIFICANDOSE SU DISPONIBILIDAD POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LOS CITADOS ARTS. 152.1 Y 149.3 DE LA CONSTITUCION, DADA LA EQUIVALENCIA CONSTITUCIONAL ENTRE LAS EXPRESIONES <ADMINISTRACION DE JUSTICIA> Y <PODER JUDICIAL>, EN VIRTUD DE LA CUAL TODAS LAS CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL QUE NO FORMA PARTE DEL CITADO PODER Y A LA <INTENDENCIA> DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA QUEDAN FUERA DEL CAMPO DEL ART. 149.1.5 DE LA CONSTITUCION. INTERESA, EN TODO CASO, DESTACAR QUE, PESE A SU MENGUADO CONTENIDO EN ALGUNOS SUPUESTOS, SON ESTAS <COMPETENCIAS SERIAS>, QUE, DE UN LADO, INTEGRAN LA CONSTITUCION, FORMANDO CON ELLA EL <BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD>, Y, DE OTRO, NO PUEDEN SER MODIFICADAS SINO MEDIANTE DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS, A TRAVES DE SUS MECANISMOS ESPECIFICOS. SE ADVIERTE, POR ULTIMO, FRENTE AL ERROR EN EL QUE HABRIA INCURRIDO UN CIERTO SECTOR DOCTRINAL AL CONSIDERAR QUE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA SE <ANTICIPARON> A LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, TESIS QUE SE EXPONE DESDE LA IDEA DE QUE EL ART. 152.1 DE LA CONSTITUCION NO CONTIENE UNA REMISION DIRECTA A LOS PRECEPTOS ESTATUTARIOS EN ESTE PUNTO, SINO SOLO DE SEGUNDO GRADO, YA QUE TODO LO QUE LOS MISMOS PUDIERAN ESTABLECER SOBRE EL PARTICULAR HABRIA DE SER <DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL>. LO CIERTO ES, SIN EMBARGO, QUE LA REMISION QUE HACE A DICHA LEY ORGANICA EL ART.

152.1 DE LA CONSTITUCION SE HA DE ENTENDER CIRCUNSCRITA AL <MODO DE EJERCICIO> DE LAS COMPETENCIAS ESTATUTARIAS, PERO NO A LA EXISTENCIA DE LAS COMPETENCIAS MISMAS NI A SU ASUNCION POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, LO QUE SOLO SE HA DE PRODUCIR A TRAVES DE LOS CORRESPONDIENTES ESTATUTOS DE AUTONOMIA QUE, POR LO MISMO, EN MODO ALGUNO SE HAN ANTICIPADO A LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL. UNAS Y OTRAS NORMAS TIENEN UNA DISTINTA FUNCIONALIDAD: LAS PRIMERAS (LAS ESTATUTARIAS) ESTAN LLAMADAS A ASUMIR COMPETENCIAS PARA LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN EL MARCO DE LA CONSTITUCION; LA SEGUNDA DOTA DE CONTENIDO A DICHAS COMPETENCIAS, ABSTRACCION HECHA DE QUIEN SEA SU TITULAR.

B) SE EXAMINA A CONTINUACION POR LA REPRESENTACION ACTORA LA <CLAUSULA SUBROGATORIA> CONTENIDA EN EL ART. 18.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA Y SEGUN LA CUAL <EN RELACION A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EXCEPTUADA LA MILITAR, CORRESPONDE A LA GENERALIDAD: 1) EJERCER TODAS LAS FACULTADES QUE LAS LEYES ORGANICAS DEL PODER JUDICIAL Y DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL RECONOZCAN O ATRIBUYAN AL GOBIERNO DEL ESTADO>. CON LIGERAS DIFERENCIAS, UN PRECEPTO DE ESTE CARACTER SE RECOGE EN LA MAYORIA DE LOS VIGENTES ESTATUTOS DE AUTONOMIA, LO QUE HACE EVIDENTE QUE, DESDE UNA OPTICA TERRITORIAL, LA INDICADA SUBROGACION VIENE CONFIGURADA EN TERMINOS DE GRAN AMPLITUD, QUE REFLEJAN EL CARACTER PLURAL DE LA FORMA DE NUESTRO ESTADO.

EL PRECEPTO ARRANCA DEL PRESUPUESTO DE QUE, EN MATERIA DE JUSTICIA, LA NUEVA ORDENACION CONSTITUCIONAL SEPARA LAS FACULTADES DE EJECUCION EN DOS GRANDES CAMPOS: EL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL, QUE SE CONFIA AL CONSEJO GENERAL, Y LAS DEMAS COMPETENCIAS EJECUTIVAS, QUE SE DEJAN EN LA

ORBITA DEL GOBIERNO, POR NO INTERFERIR DIRECTAMENTE EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. LA SUBROGACION QUE ESTABLECE SE REFIERE, EN PRINCIPIO, A <TODAS> LAS COMPETENCIAS DEL GOBIERNO <CENTRAL>, SEGUN LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, SIN PERJUICIO DE QUE EN EL PROPIO ESTATUTO DE AUTONOMIA HAY OTRAS DISPOSICIONES EN VIRTUD DE LAS QUE LA GENERALIDAD ASUME COMPETENCIAS CONCRETAS DE EJECUCION EN ESTE AMBITO (ASI, EL PROPIO ART. 18.3, EN LO RELATIVO A LA INSTALACION DE LOS JUZGADOS). ESTAS PREVISIONES SINGULARES, SIN EMBARGO, NO PRIVAN DE VIRTUALIDAD A LA CLAUSULA GENERAL SUBROGATORIA, TENIENDO EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEARON SU REDACCION. CUANDO SE PROCEDIO, EN EFECTO, A LA ELABORACION DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA SE DESCONOCIAN CUALES SERIAN LAS COMPETENCIAS QUE LA FUTURA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL PONDRIA EN MANOS DEL GOBIERNO <CENTRAL>, Y POR ELLO LAS PREVISIONES DEL ART. 18.3 PRETENDIERON SOLO ASEGURAR A LA COMUNIDAD AUTONOMA UNOS <TECHOS MINIMOS> DE INTERVENCION EN LA MATERIA, SIN PERJUICIO DE QUE TALES ATRIBUCIONES PUDIERAN AMPLIARSE ULTERIORMENTE, POR EL JUEGO DE LA CLAUSULA SUBROGATORIA, EN EL CASO DE QUE LA LEY ORGANICA CONCEDIERA AL GOBIERNO DEL ESTADO, COMO ASI HA SIDO, COMPETENCIAS MAS EXTENSAS QUE LAS QUE SE DETALLARON EN EL ESTATUTO DE AUTONOMIA. TAMBIEN SE HA DE TENER EN CUENTA QUE, EN OTROS CASOS, LA SUBROGACION QUE SE CONSIDERA NO SE HABRA DE PRODUCIR, EN VIRTUD DE LA ESTRUCTURA DE NUESTRO SISTEMA CONSTITUCIONAL: COOPERACION INTERNACIONAL (ART. 276 DE LA LEY ORGANICA) Y REFRENDO DE LOS ACTOS DE LA CORONA RELATIVOS AL PODER JUDICIAL QUE HAYAN DE REVESTIR LA FORMA DE REAL DECRETO (ART. 113 DE LA LEY ORGANICA, EN RELACION CON EL 56.3 DE LA CONSTITUCION). POR CONSIGUIENTE, SE LIMITARA EL EXAMEN A LOS SUPUESTOS EN QUE, PROCEDIENDO LA SUBROGACION DE LA GENERALIDAD EN LAS COMPETENCIAS DEL GOBIERNO <CENTRAL>, LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL HA EXCLUIDO, SIN JUSTIFICACION ALGUNA, TAL SUBROGACION.

EL PRIMER BLOQUE DE DICHOS PRECEPTOS ES EL RELATIVO AL <PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA>, NO PERTENECIENTE, PUES, A LA CARRERA JUDICIAL. EL ART. 455 DE LA LEY ORGANICA ATRIBUYE AL MINISTERIO DE JUSTICIA LAS COMPETENCIAS SOBRE DICHO PERSONAL, LO QUE ENTRAÑA UNA ELIMINACION ILEGITIMA DE LAS QUE CORRESPONDEN A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. MANIFESTACIONES ESPECIFICAS DE TAL DETERMINACION LEGISLATIVA SE HALLAN EN EL SISTEMA DE SANCIONES (ARTS. 464.3 Y 4, 465.2 Y 466), ASI COMO EN LA PREVISION (ART.

469 A)) DE QUE, A SOLICTUD DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, PUEDAN ADSCRIBIRSE A DETERMINADOS ORGANOS JURISDICCIONALES FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A CUERPOS TECNICOS O FACULTATIVOS DE LA ADMINISTRACION. IDENTICO REPROCHE MERECE LA REFERENCIA A LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN ORDEN A LA VALORACION COMO MERITO DEL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA OFICIAL DE UNA COMUNIDAD AUTONOMA (ART. 471) Y LO MISMO CABE DECIR A PROPOSITO DE LA REGULACION RELATIVA A LOS MEDICOS-FORENSES (ART. 503.1) Y A LOS DEMAS PROFESIONALES Y EXPERTOS QUE, PERMANENTE U OCASIONALMENTE, AUXILIEN A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, PUES EL ESTABLECIMIENTO REGLAMENTARIO DE SU REGIMEN (ART. 508.2) CABE TAMBIEN DEDUCIR QUE SE ATRIBUYE AL GOBIERNO DEL ESTADO, CONCLUSION CONFIRMADA POR LA PREVISION DE QUE DICHO PERSONAL PODRA SER CONTRATADO EN REGIMEN LABORAL POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA (ART. 508.3). TODAS ESTAS NORMAS (ASI COMO LAS CONTENIDAS EN LOS ARTS. 491.1, 492 Y 493) DEMUESTRAN QUE TODAS LAS COMPETENCIAS SOBRE EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA SE HAN ATRIBUIDO AL EJECUTIVO <CENTRAL>, EXCLUYENDO INTENCIONADAMENTE CUALQUIER POSIBLE SUBROGACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

ELLO ENTRAÑA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS CITADOS, POR VULNERAR EL ART. 18.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA, MAXIME SI SE TIENE EN CUENTA QUE EL <PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA> QUEDA AL MARGEN DE LA MATERIA <ADMINISTRACION DE JUSTICIA> (ART. 149.1.5 DE LA CONSTITUCION), POR NO SER PODER JUDICIAL, Y QUE LA DETERMINACION DEL ART. 122.1 DE LA MISMA NORMA FUNDAMENTAL (QUE REMITE A LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL LA REGULACION DEL ESTATUTO JURIDICO DE DICHO PERSONAL) NO HACE ILEGITIMA LA SUBROGACION DE QUE SE VIENE TRATANDO, TODA VEZ QUE LA EXPRESADA LEY PODIA HABER ENCOMENDADO EL GOBIERNO DE ESTE PERSONAL BIEN AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, BIEN AL EJECUTIVO ESTATAL Y, HABIENDO OPTADO POR LO SEGUNDO, ES CLARO QUE PROCEDE LA REPETIDA SUBROGACION. EN CUANTO A LOS SECRETARIOS JUDICIALES, NO HAY, SIN EMBARGO, REPARO EN ADMITIR QUE, RESPECTO DE SUS FUNCIONES <PARAJUDICIALES>, SE INSERTAN EN LA MATERIA <ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y QUE, POR ELLO, NI EL EJECUTIVO ESTATAL PUEDE OSTENTAR FACULTADES GUBERNATIVAS SOBRE ELLOS Y SOBRE SU ACTIVIDAD, NI PROCEDE LA SUBROGACION DE LA GENERALIDAD>. TAMPOCO PROCEDERA DICHA SUBROGACION EN LO RELATIVO A LA FIJACION DE LA PLANTILLA DE OFICIALES, AUXILIARES Y AGENTES NECESARIA PARA LAS ATENCIONES DE LAS FISCALIAS (ARTS.

484.3 DE LA LEY ORGANICA, 124 DE LA CONSTITUCION Y 23.2 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA). EN DEFINITIVA, SON INCONSTITUCIONALES LOS ARTS. 455, 464.3 Y 4, 465.2, 466, 469.2, 471, 491.1, 492, 493, 503.1, 508.2 Y 3 Y, POR NECESARIA CONEXION, LOS ARTS. 454 A 471 Y 485 A 508 DE LA LEY ORGANICA.

UN SEGUNDO BLOQUE DE PROPOSICIONES NORMATIVAS EN QUE APARECE MUY CLARO EL DESIGNIO DE OBSTRUIR LA SUBROGACION DE LA GENERALIDAD EN LAS COMPETENCIAS ESTATALES VIENE DADO POR LAS REGLAS RELATIVAS A LOS MEDIOS E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES POR EL PODER JUDICIAL. EN ESTE PUNTO, LA SUBROGACION HABRIA DE OPERAR DE FORMA AUTOMATICA, CON LA CONSIGUIENTE TRANSFERENCIA DE MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y PRESUPUESTARIOS, PUES LA CUESTION NO CORRESPONDE A LA <ADMINISTRACION DE JUSTICIA> Y PORQUE, ADEMAS, UN INDICIO PARCIAL DE LA MISMA COMPETENCIA SE ENCUENTRA EN EL ART. 18.3 DEL ESTATUTO, QUE RECONOCE A LA GENERALIDAD LA FACULTAD DE COADYUVAR A LA INSTALACION DE LOS JUZGADOS. PESE A ELLO, EL ART. 37 DE LA LEY ORGANICA CIERRA EL PASO A DICHA SUBROGACION, ESPECIALMENTE EN SU APARTADO 3, QUE CONTEMPLA UNA SIMPLE POSIBILIDAD DE QUE A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SE LES CONFIERA LA EXPRESADA COMPETENCIA A NIVEL DE GESTION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTATALES, Y ELLO SOLO EN EL CASO DE QUE LOS RESPECTIVOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA LES FACULTEN PARA ELLO. SE EXCLUYE, PUES, LA SUBROGACION INTEGRA Y DIRECTA, LO QUE ENTRAÑA CONTRADICCION CON LO DISPUESTO EN EL ESTATUTO DE AUTONOMIA Y, POR LO MISMO, LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO. EN EL MISMO VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD INCURRE EL APARTADO 4 DEL ART.

37, EN CUANTO SUJETA LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DESTINEN A ESTAS FINALIDADES AL DOBLE CONDICIONAMIENTO DE QUE SE PROGRAMEN ANUALMENTE POR LA CORRESPONDIENTE ASAMBLEA LEGISLATIVA Y DE QUE RECAIGA EL PREVIO INFORME FAVORABLE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. NO CABE, DESDE EL PLANO CONSTITUCIONAL, ESTABLECER QUE TAL INFORME HAYA DE SER FAVORABLE (VINCULANTE), PUES ELLO SUPONDRIA QUE LA GENERALIDAD NO PUDIERA FIJAR EL DESTINO DE SUS PROPIOS RECURSOS, LO QUE IRIA EN CONTRA DE SU AUTONOMIA FINANCIERA (ARTS. 156 DE LA CONSTITUCION Y 49 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA). POR LO DEMAS, TAMBIEN RESULTA INCONSTITUCIONAL QUE UNA LEY DEL ESTADO OBLIGUE AL PARLAMENTO DE CATALUÑA A APROBAR, ANUALMENTE, UN <PROGRAMA DE INVERSION> DE LOS RECURSOS PROPIOS, LO QUE VULNERA LA AUTONOMIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA Y CONTRADICE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 9.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA.

UN TERCER Y ULTIMO GRUPO DE PRECEPTOS DE LA LEY ORGANICA IMPIDEN TAMBIEN LA SUBROGACION DE LA GENERALIDAD EN LAS COMPETENCIAS ESTATALES. SEGUN EL ART. 36, LA CREACION DE SECCIONES Y JUZGADOS CORRESPONDERA AL GOBIERNO CUANDO NO SUPONGA ALTERACION DE LA DEMARCACION JUDICIAL, OIDOS PRECEPTIVAMENTE LA COMUNIDAD AUTONOMA AFECTADA Y EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, INCURRIENDO EN INCONSTITUCIONALIDAD, PUES LA MISMA ALUSION A LA SIMPLE <AUDIENCIA> DE LA COMUNIDAD AUTONOMA SUPONE EXCLUIR LA SUBROGACION, EXCLUSION TAMBIEN PRESENTE EN EL ART. 171.4, EN CUYA VIRTUD EL MINISTERIO DE JUSTICIA, CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO, PODRA INSTAR AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL QUE ORDENE LA INSPECCION DE CUALQUIER JUZGADO O TRIBUNAL, AFIRMANDOSE EN EL RECURSO QUE DICHA FACULTAD MINISTERIAL SOLO SERIA PERTINENTE RESPECTO DE ORGANOS CON JURISDICCION MAS AMPLIA QUE <LA QUE CORRESPONDA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS>. EN LA MISMA LINEA, AUNQUE EN OTRO ASPECTO, EL ART. 341.2 ATRIBUYE A LA POTESTAD REGLAMENTARIA LA FIJACION DE LOS CRITERIOS DE VALORACION SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LOS IDIOMAS COMUNITARIOS Y DEL DERECHO CIVIL ESPECIAL O FORAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, REMISION QUE SE HA DE ENTENDER HECHA A LA POTESTAD REGLAMENTARIA ESTATAL, SI SE TIENE EN CUENTA QUE LAS OPOSICIONES, CONCURSOS Y NOMBRAMIENTOS SE ADSCRIBEN YA AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (CUYA POTESTAD REGLAMENTARIA NO ENTRA AQUI EN JUEGO), YA AL GOBIERNO DEL ESTADO. POR ELLO, LOS ARTS. 341.2, 492, 493 Y 508.3 SON INCONSTITUCIONALES, A NO SER QUE SE INTERPRETEN EN EL SENTIDO DE QUE SUS REMISIONES AL REGLAMENTO PERMITEN QUE LAS CORRESPONDIENTES NORMAS PUEDAN SER DICTADAS POR LA GENERALIDAD, EN MERITO DE LA CLAUSULA DE SUBROGACION ESTATUTARIA (ART. 18.1). TAMBIEN LA DISPOSICION ADICIONAL 1.2 ESTABLECE QUE EL GOBIERNO APROBARA LOS REGLAMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA LEY ORGANICA, REMISION QUE NO PUEDE REFERIRSE A OTRAS MATERIAS, SINO A LAS EXCLUIDAS DEL MARCO ESTRICTO DE LA <ADMINISTRACION DE JUSTICIA> (PUES, RESPECTO AL PODER JUDICIAL, LA POTESTAD REGLAMENTARIA CORRESPONDE A SU CONSEJO GENERAL), DE TAL MODO QUE EN CATALUÑA TALES REGLAMENTOS HAN DE SER DICTADOS POR LA GENERALIDAD, EXCEPCION HECHA, QUIZA, DE LOS QUE AFECTAN A LAS FISCALIAS, A LOS SECRETARIOS JUDICIALES, AL CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES Y A LAS DEPENDENCIAS CENTRALES DEL INSTITUTO DE TOXICOLOGIA, CUYA VINCULACION EN ALGUNOS ASPECTOS AL EJECUTIVO <CENTRAL> NO SE CONTROVIERTE AQUI (ARTS. 484, 434, 505 Y 472 A 483, AMBOS INCLUSIVE). POR ULTIMO, LA DISPOSICION TRANSITORIA 3. AUTORIZA AL GOBIERNO PARA EFECTUAR LA CONVERSION DE LOS ACTUALES JUZGADOS DE DISTRITO EN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION O, EN SU CASO, DE PAZ, DISPONIENDO DETERMINADAS REGLAS QUE LIMITAN LAS POTESTADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN TERMINOS QUE HACEN PERFECTAMENTE VIABLE LA SUBROGACION DE LA GENERALIDAD EN SUS COMPETENCIAS, SUBROGACION QUE, POR NO HABER SIDO CONTEMPLADA, ACARREA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO. SON, PUES, INCONSTITUCIONALES, EN TANTO QUEBRANTAN LOS DICTADOS DEL ART. 18.1 DEL ESTATUTO, LOS ARTS. 36, 171.4, 341.2, 492, 493 Y 508.2, ASI COMO LAS DISPOSICIONES ADICIONAL 1.2 Y TRANSITORIA 3, DE LA LEY ORGANICA.

C) SE CONSIDERA, A CONTINUACION, EN EL RECURSO LO RELATIVO A LA ESPECIALIZACION EN DERECHO CATALAN COMO MERITO PREFERENTE EN CONCURSOS, OPOSICIONES Y NOMBRAMIENTOS PARA LA PROVISION DE PLAZAS VACANTES EN CATALUÑA DE MAGISTRADOS, JUECES, SECRETARIOS JUDICIALES Y DEMAS PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

SEGUN EL ART. 23.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA, EN LOS CONCURSOS, OPOSICIONES Y NOMBRAMIENTOS DE MAGISTRADOS, JUECES, SECRETARIOS JUDICIALES Y RESTANTE PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA <SERA MERITO PREFERENTE LA ESPECIALIZACION EN DERECHO CATALAN>, OBSERVANDO, AL RESPECTO, LA REPRESENTACION ACTORA QUE EL PRECEPTO SE REFIERE A TODAS LAS FORMAS DE PROVISION DE PLAZAS VACANTES EN CATALUÑA Y A TODO EL FUNCIONARIADO, INDICANDO, ASIMISMO, QUE LO QUE EL ESTATUTO REQUIERE ES UNA VERDADERA ESPECIALIZACION, QUE HA DE TENER POR OBJETO EL DERECHO CATALAN EN SU CONJUNTO Y NO UNICAMENTE EL DERECHO CIVIL CATALAN. PESE A ELLO, LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL OMITE TODA REFERENCIA A DICHO MERITO PREFERENTE Y A LA ESPECIALIZACION INDICADA, CON RESPECTO A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y PARA CUALQUIER CLASE DE CONCURSOS, OPOSICIONES O NOMBRAMIENTOS, NO ARTICULANDO NINGUN SISTEMA PARA LA VALORACION DE UN MERITO QUE ASI SE DESCONOCE SISTEMATICAMENTE.

EN CONCRETO, LAS REFERIDAS OMISIONES SE APRECIAN EN CUANTO AL REGIMEN DE MAGISTRADOS, JUECES, JUECES DE PAZ, JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA, JUZGADOS DE MENORES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

EN CUANTO A LOS MAGISTRADOS, LA OMISION SE ADVIERTE EN LO RELATIVO A LA PROVISION DE VACANTES (ART. 311.1, 3 Y 4), EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ORDEN CIVIL Y PENAL Y EN LAS DE ESPECIALIZACION PARA LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y SOCIAL (ART. 312), EN EL INGRESO EN LA CARRERA JUDICIAL DE JURISTAS DE RECONOCIDA COMPETENCIA (ART. 301.3), EN LOS CONCURSOS A CELEBRAR ENTRE ESTOS MISMOS JURISTAS (ARTS. 311.1 Y 313.1), EN LA PROVISION DE DESTINOS POR CONCURSO (ART. 330.1 Y 2), EN EL SISTEMA DE SUSTITUCIONES Y SUPLENCIAS (ARTS. 200, 201 Y 207 A 209), EN EL DE COMISIONES DE SERVICIO Y CONCURSOS A ORDENES DIFERENTES (ARTS. 216 Y 332), EN LOS <TRASPASOS> AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA (DISPOSICION TRANSITORIA 2. , 4 Y 5), EN EL REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO O EN EL REGRESO AL DESTINO, TERMINADA LA COMISION DE SERVICIO (DISPOSICIONES TRANSITORIAS 8. Y 9. ) Y, EN FIN, EN EL REGIMEN TRANSITORIO DE PROVISION PARA LOS ORDENES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO O SOCIAL (DISPOSICIONES TRANSITORIAS 15. Y 16. ).

EN LO RELATIVO A LOS JUECES, EL SILENCIO DE LA LEY ORGANICA ES ABSOLUTO RESPECTO DEL INGRESO EN LA CARRERA JUDICIAL (ARTS. 301.1, 302.1 Y 306.1), Y LO MISMO OCURRE EN LA REGULACION DEL ACCESO DIRECTO DE JURISTAS DE RECONOCIDA COMPETENCIA AL CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES (ARTS. 301.2 Y 302.2), DE LA PROVISION DE DESTINOS POR CONCURSO (ART. 329.1 Y 2), DE LAS COMISIONES DE SERVICIO Y SUSTITUCIONES (ARTS. 216 Y 210 A 212), DE LA PROVISION TEMPORAL (ARTS. 428, 431 Y 152.2.5), DE LA CONVERSION DE JUZGADOS DE DISTRITO EN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION (DISPOSICION TRANSITORIA 3.

), DEL REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO Y RETORNO AL DESTINO TRAS UNA COMISION DE SERVICIO (DISPOSICIONES TRANSITORIAS 8.

Y 9. ) Y DEL ENCARGO DEL REGISTRO CIVIL (ART. 86.1). OMISIONES ANALOGAS SON APRECIABLES EN LOS PRECEPTOS RELATIVOS A LOS JUECES DE PAZ (ARTS. 101.1, 2 Y 4, 152.2.4 Y 213), A LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA (ART. 94, QUE HA DE SER CONTRASTADO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 11.1 Y 25 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA), Y A LOS JUECES DE MENORES (ARTS. 96 Y 329.3 Y DISPOSICION TRANSITORIA 26. , 1, QUE SE HA DE PONER EN RELACION CON EL ART. 9.28 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA).

POR LO QUE SE REFIERE AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, LA LEY ORGANICA HA SILENCIADO TAMBIEN EL MERITO AL QUE SE REFIERE EL ART. 23.1 DEL ESTATUTO, TANTO CON CARACTER GENERAL (ART. 458), COMO EN LO RELATIVO A LOS SECRETARIOS JUDICIALES (ARTS. 475, 479.2, 478, 480, 481, 482 Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS 21.

, 22. , 24. Y 26. , 2), A LOS OFICIALES, AUXILIARES Y AGENTES (ARTS. 490, 491, 492, 493, 494, 496 Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS 20. , 26. , 3), A LOS MEDICOS-FORENSES (ARTS. 499, 500, 502 Y 506.1, PESE A LA COMPETENCIA QUE CORRESPONDE A LA GENERALIDAD DE ACUERDO CON EL ART. 17 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA), A LOS AYUDANTES TECNICO-SANITARIOS (ART. 506.2), A LOS AUXILIARES (ART. 506.3) Y, EN FIN, A LOS EXPERTOS, PERMANENTES U OCASIONALES, Y A LOS CUERPOS TECNICOS O ESCALAS ESPECIALIZADAS, ASI COMO A LOS CONTRATADOS EN REGIMEN LABORAL (ART. 508.1, 2 Y 3).

LA REFERENCIA AL MERITO QUE SE CONSIDERA ESTA TAMBIEN AUSENTE EN LA REGULACION DEL REGIMEN DE PROVISION TEMPORAL DE LOS DESTINOS CUYOS TITULARES ACCEDAN A LA CONDICION DE VOCAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, EN LA POSTERIOR ADSCRIPCION DE QUIENES HAYAN OCUPADO DICHOS PUESTOS AL TRIBUNAL COLEGIADO EN EL QUE TEMPORALMENTE HUBIESEN OCUPADO LA PLAZA RESERVADA DEL VOCAL DESIGNADO PARA EL CONSEJO QUE SE REINTEGRE A ELLA Y EN LOS DEMAS SUPUESTOS CONTEMPLADOS POR EL ART. 118 DE LA LEY ORGANICA.

LAS UNICAS, Y RESTRINGIDAS, ALUSIONES QUE SE PUEDEN ENCONTRAR EN LA LEY ORGANICA A LA CUESTION QUE SE CONSIDERA SON LAS PRESENTES EN LOS APARTADOS 1 Y 2 DEL ART. 341, DONDE SE DISPONE QUE, PARA LOS NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DE LAS AUDIENCIAS EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON DERECHO CIVIL ESPECIAL O FORAL, O CON IDIOMA OFICIAL PROPIO, EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL VALORARA COMO MERITO LAS ESPECIALIZACIONES CORRESPONDIENTES, REMITIENDOSE A REGLAMENTO LA DETERMINACION DE LOS CRITERIOS DE VALORACION A ESTOS EFECTOS. OBSERVA, A ESTE PROPOSITO, LA REPRESENTACION ACTORA QUE LA LEY ORGANICA SOLO MENCIONA LA ESPECIALIZACION EN DERECHO CIVIL (NO EN EL DERECHO DE LA COMUNIDAD, GLOBALMENTE CONSIDERADO, COMO EXIGE EL ART.

23.1 DEL ESTATUTO), QUE DICHA ESPECIALIZACION NO SE VALORA COMO MERITO PREFERENTE, QUE NI SIQUIERA LA NORMA EXIGE LA ESPECIALIZACION EN EL DERECHO CIVIL PROPIO, SINO TAN SOLO SU CONOCIMIENTO (Y ELLO SOLO SE OBSERVA EN LOS CONCURSOS, NO EN LAS OPOSICIONES Y NOMBRAMIENTOS), Y QUE, EN LOS CONCURSOS PARA LA PROVISION DE PLAZAS DE MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y DE LAS AUDIENCIAS, LOS CONOCIMIENTOS ESPECIALES DEL DERECHO CIVIL PROPIO DE LA COMUNIDAD SE REQUIEREN SOLO PARA LAS SALAS DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES (ART. 330.3), Y EXCLUSIVAMENTE PARA AQUELLAS PLAZAS QUE NO SE HAYAN DE CUBRIR CON JURISTAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO. TAMPOCO, EN FIN, EL ART. 334 Y LA DISPOSICION TRANSITORIA 13.

HACEN REFERENCIA AL EXPRESADO MERITO AL REGULAR LA COBERTURA DE LAS PLAZAS DE PRESIDENTES DE TRIBUNALES SUPERIORES Y DE LAS AUDIENCIAS VACANTES POR FALTA DE SOLICITANTES Y AL DISCIPLINAR LA ADSCRIPCION AL TRIBUNAL SUPERIOR DE LOS ACTUALES PRESIDENTES DE AUDIENCIAS PROVINCIALES Y TERRITORIALES.

EN DEFINITIVA, PARA LOS AUTORES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL EL ART. 23.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA, AL IGUAL QUE LAS DISPOSICIONES ANALOGAS EN OTROS ESTATUTOS, HA DEJADO DE EXISTIR. SON, POR ELLO, INCONSTITUCIONALES LOS ARTS. 86.1, 94, 96, 100.1, 101.1, 2 Y 4 (EN RELACION CON EL ART. 152.2.4), 118, 200, 201 (EN RELACION CON EL 152.2.3 Y DISPOSICION TRANSITORIA 16. ), 207 A 213, 216, 30.1.1.2 Y 3, 302.1 Y 2, 306.1, 311.1, 3 Y 4, 312, 313.1, 326, 329.1, 2 Y 3, 330.1, 2 Y 3, 332, 334, 341, 428, 431 (EN RELACION CON EL 152.2.5), 458, 475, 478, 479.2, 480, 481, 482 (EN RELACION CON LOS ARTS. 428 Y 431), 490, 491, 492, 493, 494, 496, 499, 500, 502, 506.1, 2 Y 3, 508.1, 2 Y 3, Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2. , 3. , 8. , 9. , 13. , 15. , 17. , 20. , 21. , 22. , 24. , 26. . 2 Y 3.

D) EN EL ART. 18.2 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA SE ATRIBUYE A LA GENERALIDAD COMPETENCIA PARA <FIJAR LA DELIMITACION DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN CATALUÑA Y LA LOCALIZACION DE SU CAPITALIDAD>, PRECEPTO QUE, DICE LA REPRESENTACION ACTORA, CONSTITUYE UNA ESPECIFICACION ESTATUTARIA DE LO DISPUESTO EN EL PARRAFO 2. DEL ART. 152.1 DE LA CONSTITUCION, DE CONFORMIDAD CON EL CUAL LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA PODRAN ESTABLECER <LOS SUPUESTOS Y FORMAS DE PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES DEL TERRITORIO>. LA <DELIMITACION DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES>, ASI COMO <LA LOCALIZACION DE SU CAPITALIDAD>, SON SE AÑADE MODALIDADES MAS BIEN RESTRICTIVAS DE LO QUE LA CONSTITUCION PREVE, POR LO QUE ES EVIDENTE QUE EL PRECEPTO ESTATUTARIO HA DE SER INTERPRETADO EN EL SENTIDO DE PERMITIR UNA INTERVENCION LO MAS EFICAZ POSIBLE (NO MERAMENTE SIMBOLICA, COMO LA LEY ORGANICA PREVE) DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA DIVISION TERRITORIAL DEL PODER JUDICIAL, MAXIME TENIENDO EN CUENTA QUE ESTA COMPETENCIA, AL MENOS EN EL CASO DE LA GENERALIDAD, DERIVA NO SOLO DEL ART. 152 DE LA CONSTITUCION, SINO TAMBIEN DE LOS ARTS. 148.1 DE LA MISMA NORMA FUNDAMENTAL Y 5.1 Y 2, 9.8 Y 9 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA.

EN LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA PARA <FIJAR LOS LIMITES DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES>, SE EXAMINAN EN EL RECURSO LAS DEMARCACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY ORGANICA (MUNICIPIO, PARTIDO, PROVINCIA Y COMUNIDAD AUTONOMA), OBSERVANDO, EN SINTESIS, QUE LA DEMARCACION COINCIDENTE CON LA COMUNIDAD AUTONOMA VIENE PREVISTA POR LA PROPIA CONSTITUCION (ART. 152.1, SEGUNDO PARRAFO), QUE LA PROVINCIAL NO PUEDE SER ALTERADA POR LA PROPIA CONSTITUCION (ARTS. 137 Y 141.1), Y QUE SI OSTENTA LA GENERALIDAD, POR EL CONTRARIO, COMPETENCIA EN ORDEN A LAS DEMARCACIONES MUNICIPAL Y DE PARTIDO, EN EL PRIMER CASO PORQUE LA GENERALIDAD TIENE COMPETENCIA PARA ALTERAR LOS TERMINOS MUNICIPALES Y LA DENOMINACION SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (ARTS.

158.2.2 DE LA CONSTITUCION Y 9.8 DEL ESTATUTO) Y EN EL CASO DE LOS PARTIDOS JUDICIALES PORQUE SU FIJACION CONSTITUYE EL CONTENIDO ESPECIFICO DEL ART. 18.2 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA. PUES BIEN, TENIENDO ESTO EN CUENTA, LAS DETERMINACIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL HAN INCURRIDO EN VULNERACION DEL CITADO ART. 18.2. ASI, EL ART. 35.1 IGNORA LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA PARA FIJAR LA DEMARCACION DE LOS PARTIDOS, AL DISPONER QUE LA DEMARCACION, SIN EXCLUIR LA DE LOS PARTIDOS JUDICIALES, SE ESTABLECERA POR LEY DEL ESTADO, VICIO EN EL QUE TAMBIEN INCURRE EL APARTADO 5 DEL MISMO ART. 35, AL EXIGIR OTRO TANTO RESPECTO DE LA REVISION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES. RESULTA IGUALMENTE EVIDENTE LA VULNERACION DE LA COMPETENCIA AUTONOMICA POR OBRA DE LO DISPUESTO EN LOS APARTADOS 2, 3 Y 4 DEL CITADO ART. 35, REDUCTORES DE AQUELLA COMPETENCIA A UNA IRRISORIA <PARTICIPACION> DE LA COMUNIDAD AUTONOMA EN LA ORGANIZACION DE LA DEMARCACION JUDICIAL (PROPUESTA NO VINCULANTE REMITIDA AL GOBIERNO, A SOLICITUD DE ESTE, QUE SERVIRA PARA LA REDACCION DE UN ANTEPROYECTO DE LEY QUE DEBERA SER INFORMADO, A SU VEZ, POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL). INCURRE, ASIMISMO, EN INCONSTITUCIONALIDAD EL ART. 36, AL FACULTAR AL GOBIERNO PARA CREAR SECCIONES Y JUZGADOS CUANDO NO SUPONGAN ALTERACION DE LA DEMARCACION, DESCONOCIENDOSE LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, COMO LO PRUEBA LA ALUSION A LA AUDIENCIA PRECEPTIVA DE ESTA. EN IDENTICO VICIO INCURRE EL ART. 92.1, AL NO RESERVAR A LA GENERALIDAD LA FACULTAD DE DELIMITAR EL AMBITO RESPECTIVO DE LA JURISDICCION EN EL CASO DE VARIOS JUZGADOS DE LO SOCIAL, ALGUNO DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE EN POBLACIONES DIFERENTES A LA CAPITAL DE PROVINCIA (SE TRATA, PUES, DE LA PRECONSTITUCION DE UNA DEMARCACION INFERIOR A LA PROVINCIAL, QUE HA DE SER FIJADA POR LA GENERALIDAD). Y OTRO TANTO, EN FIN, SE HA DE DECIR RESPECTO DEL ART.

94.3 (RELATIVO A LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA DE AMBITO INFRAPROVINCIAL) Y DEL ART. 96 (SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE JUZGADOS DE MENORES EN UN TERRITORIO QUE SUPONE UNA EXTRAÑA AGRUPACION DE PARTIDOS).

POR LO QUE SE REFIERE A LA SEDE DE LOS ORGANOS JUDICIALES, EL ART. 18.2 DEL ESTATUTO OTORGA TAMBIEN COMPETENCIA A LA GENERALIDAD PARA FIJAR LA LOCALIZACION DE LA CAPITALIDAD DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN CATALUÑA. LA SEDE SE HA DE LOCALIZAR DENTRO DEL TERRITORIO AL QUE ALCANCE LA JURISDICCION DEL ORGANO, DISPONIENDO LA GENERALIDAD DE COMPETENCIA PARA FIJAR EN CUALQUIER PUNTO GEOGRAFICO DE SU TERRITORIO LA SEDE DE LOS ORGANOS JUDICIALES EN CATALUÑA, A EXCEPCION DE LA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA (DISPOSICION ADICIONAL 2.2 DE LA LEY ORGANICA), YA QUE LA INTEGRACION EN ESTE DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE BARCELONA PREDETERMINA IMPLICITAMENTE SU LOCALIZACION. POR LO DEMAS, EL EJERCICIO DE SU COMPETENCIA POR LA GENERALIDAD SE HABRA DE REALIZAR TENIENDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE LA NECESARIA COLABORACION ENTRE LOS PODERES PUBLICOS. PUES BIEN, A LA VISTA DE LO EXPUESTO, HAY QUE REPUTAR INCONSTITUCIONALES LOS SIGUIENTES PRECEPTOS DE LA LEY ORGANICA: EL ART. 78 (EN CUANTO LOCALIZA LA SEDE DE LAS SALAS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO O DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CON JURISDICCION LIMITADA A UNA O VARIAS PROVINCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA EN LA CAPITAL DE DICHAS PROVINCIAS); EL ART. 80.1 (QUE ESTABLECE LA SEDE DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES EN LA CAPITAL DE LAS RESPECTIVAS PROVINCIAS Y QUE, EN SU PUNTO 2, ARBITRA LA POSIBILIDAD DE CREACION DE SECCIONES FUERA DE LA CAPITAL); EL ART. 84 (EN CUANTO FIJA LA SEDE DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION EN LA CAPITAL DEL PARTIDO, PESE A QUE EL ART. 35.5 DISPONE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DETERMINARAN POR LEY LA CAPITALIDAD DE LOS PARTIDOS JUDICIALES, APARENTE ANTINOMIA QUE PUEDE RESOLVERSE EN EL SENTIDO DE QUE LOS JUZGADOS DE QUE SE TRATA TENDRAN SU SEDE EN LA CAPITAL DE PARTIDO FIJADA POR LA GENERALIDAD, INCURRIENDO ENTONCES EN INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 35.5 AL IMPONER POR LEY ORGANICA UNA RESERVA DE LEY NO PREVISTA NI EN LA CONSTITUCION NI EN EL ESTATUTO DE AUTONOMIA); EL ART. 86.2 (AL DISPONER QUE LA LEY DE PLANTA DETERMINARA LAS POBLACIONES EN QUE UNO O VARIOS JUZGADOS CUMPLAN, CON EXCLUSIVIDAD, FUNCIONES DE REGISTRO CIVIL, ELLO SIN PERJUICIO DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO PARA ORDENAR DICHO REGISTRO EX ART. 149.1.8 DE LA CONSTITUCION); EL ART. 90.1 (AL DESIGNAR LA SEDE DE LOS JUZGADOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS PROVINCIALES), Y EL ART. 90.2 (AL SEÑALAR IMPLICITAMENTE LA SEDE DE OTROS JUZGADOS DE TAL ORDEN <EN LAS POBLACIONES QUE POR LEY SE DETERMINEN>); EL ART. 92.1 (QUE RESIDENCIA LOS JUZGADOS PROVINCIALES DE LO SOCIAL EN POBLACIONES DETERMINADAS); EL ART. 95.2 (QUE AUTORIZA AL GOBIERNO PARA ESTABLECER LA SEDE DE LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA, PREVIA AUDIENCIA A TODAS LUCES INSUFICIENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA), Y, EN FIN, EL ART.

96 (AL IMPLANTAR LA SEDE DE LOS JUZGADOS DE MENORES EN LA CAPITAL DE CADA PROVINCIA).

SE CONCLUYE ESTE APARTADO DEL RECURSO OBSERVANDO QUE EL REGISTRO CIVIL CONSTITUYE UNA FUNCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES (ART. 2.2 DE LA LEY ORGANICA), DE TAL MODO QUE LA GENERALIDAD ES COMPETENTE SOBRE SU DEMARCACION Y SEDE, AUNQUE NO SOBRE SU ORDENACION; QUE LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA, DE LO SOCIAL Y DE MENORES CONSTITUYEN ORGANOS JURISDICCIONALES (ART. 26 DE LA LEY ORGANICA) SOBRE CUYA DEMARCACION Y SEDE TIENE LA GENERALIDAD UN INTERES DIRECTO (ARTS. 11.1 Y 2 Y 9.28 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA) Y QUE, EN CUANTO A LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA, LA LEY ORGANICA 1/1979, CUYA EJECUCION CORRESPONDE A LA GENERALIDAD, DISPONE QUE LOS JUZGADOS RESPECTIVOS TENDRAN SU RESIDENCIA EN EL TERRITORIO EN QUE RADIQUEN LOS CORRESPONDIENTES ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS (ART. 78.2), POR LO QUE SIEMPRE QUE SE RESPETE ESTA ACOTACION LA GENERALIDAD PODRA LOCALIZAR SU CAPITALIDAD.

SON, PUES, CONTRARIOS A LA CONSTITUCION Y AL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA LOS ARTS. 35 Y, POR NECESARIA CONEXION, 108.1 A), 36, 78, 80.1, 86.2, 90.1 Y 2, 92.1, 94.3, 95.2 Y 96 DE LA LEY ORGANICA.

E) SEGUN EL ART. 5.4 DE LA LEY ORGANICA <EN TODOS LOS CASOS EN QUE, SEGUN LA LEY, PROCEDA RECURSO DE CASACION, SERA SUFICIENTE PARA FUNDAMENTARLO LA INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. EN ESTE SUPUESTO, LA COMPETENCIA PARA DECIDIR EL RECURSO CORRESPONDERA SIEMPRE AL TRIBUNAL SUPERIOR, CUALESQUIERA QUE SEAN LA MATERIA, EL DERECHO APLICABLE Y EL ORDEN JURISDICCIONAL>. ESTA DISPOSICION INCIDE NEGATIVAMENTE EN EL AMBITO DEL ART. 20.1 C) DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA, PRECEPTO QUE, EN EL ORDEN CIVIL, ASIGNA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EL CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS DE CASACION EN MATERIA DE DERECHO CIVIL CATALAN, PUES, SIENDO LA CONSTITUCION UNA NORMA DE APLICACION DIRECTA CUYO CONTENIDO HA DE INFORMAR TODO EL ORDENAMIENTO JURIDICO, ES CLARO QUE, POR ESTE CAMINO, SE ABRE UNA BRECHA MUY AMPLIA PARA SUSTRAER A LA COMPETENCIA DEL MENCIONADO TRIBUNAL SUPERIOR LOS RECURSOS DE CASACION CUYA RESOLUCION LE VIENE ENCOMENDADA, MAXIME SI SE REPARA EN QUE LA POSIBILIDAD DE DEFRAUDAR EL PRECEPTO SE DEJA AL ARBITRIO DEL RECURRENTE.

F) SEGUN EL ART. 20.1 D) DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA, LA COMPETENCIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN CATALUÑA SE EXTIENDE <D) A LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA ENTRE ORGANOS JUDICIALES EN CATALUÑA>, DISPONIENDO EL ART. 20.2 QUE <EL TRIBUNAL SUPREMO RESOLVERA TAMBIEN LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA Y JURISDICCION ENTRE LOS TRIBUNALES DE CATALUÑA Y LOS DEL RESTO DE ESPAÑA>. EL PROBLEMA NO ES TANTO EL DE LA REGULACION POR LA LEY ORGANICA DE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA, CUANTO EL RELATIVO AL DE LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA, QUE QUEDAN ATRIBUIDOS POR EL ART. 42 DE LA LEY ORGANICA A UNA SALA ESPECIAL DE CONFLICTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO, NO SIGUIENDOSE, POR TANTO, EL CRITERIO DEL ORGANO SUPERIOR COMUN, SINO EL DE LA COMPETENCIA RATIONE MATERIAE . EL PROBLEMA SURGE PORQUE CUANDO EL ESTATUTO DE AUTONOMIA (ART. 20.2) ATRIBUYE AL TRIBUNAL SUPREMO LA RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA ALUDE SOLAMENTE A AQUELLOS QUE PUEDAN PLANTEARSE <ENTRE LOS TRIBUNALES DE CATALUÑA Y LOS DEL RESTO DE ESPAÑA>, DE TAL MODO QUE LOS CONFLICTOS DE ESTE CARACTER QUE SE SUSCITEN ENTRE ORGANOS JUDICIALES DE CATALUÑA SERIAN CONOCIDOS TAMBIEN POR EL TRIBUNAL SUPREMO. ESTIMA, SIN EMBARGO, LA REPRESENTACION ACTORA QUE LOS PRINCIPIOS DEL ORGANO SUPERIOR COMUN Y DEL AGOTAMIENTO DE TODAS LAS INSTANCIAS PROCESALES ANTE EL ORGANO QUE CULMINE LA ORGANIZACION JUDICIAL EN CATALUÑA (EL TRIBUNAL SUPERIOR) OBLIGAN A ENTENDER QUE, AUNQUE CON DEFICIENCIAS TECNICAS, EL ART. 20.1 D) SE REFIERE NO SOLO A LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA EN SENTIDO ESTRICTO, SINO, ADEMAS, A LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA ENTRE LOS DIVERSOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE DISTINTO ORDEN, DE TAL MODO QUE EL ART. 42 DE LA LEY ORGANICA SE HA DE CONSIDERAR CONTRARIO AL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD, EN TANTO NO LIMITA LA POTESTAD DEL TRIBUNAL SUPREMO A LA DECISION DE LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA ENTRE LOS TRIBUNALES DE CATALUÑA Y LOS DEL RESTO DE ESPAÑA.

EL ART. 38 DE LA LEY ORGANICA ENCOMIENDA LA RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE JURISDICCION A UN ORGANO COLEGIADO, EN EL QUE SE INTEGRAN TRES VOCALES CONSEJEROS PERMANENTES DEL ESTADO. SIN EMBARGO, EN UN ESTADO COMPUESTO COMO EL NUESTRO NO SE PUEDE PASAR POR ALTO LA NECESIDAD DE QUE, FUERA DE LOS CASOS CONSTITUCIONALMENTE PREVISTOS LAS ADMINISTRACIONES (LA DEL ESTADO Y LAS AUTONOMICAS) SOLO SE INTERFIERAN A NIVEL DE COLABORACION, Y NO DE DECISION, Y MENOS AUN CUANDO SE TRATA DE UN CONFLICTO CON LOS TRIBUNALES. POR OTRA PARTE, LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN CATALUÑA PRESENTAN UNA ESTRUCTURA ESTRECHAMENTE VINCULADA A LA COMUNIDAD Y CULMINADA POR UN TRIBUNAL SUPERIOR, NO DEBIENDOSE TAMPOCO OLVIDAR QUE LOS CONFLICTOS ENTRE ESTA ORGANIZACION JUDICIAL TAN ESPECIFICA Y LA ADMINISTRACION AUTONOMA HAN DE SER TRATADOS CON EXTREMA DELICADEZA. POR ELLO, LA SOLUCION MAS CORRECTA HUBIERA SIDO LA DE ENCARGAR A UN ORGANO DE COMPOSICION MIXTA (MIEMBROS DEL TRIBUNAL SUPERIOR Y MIEMBROS TECNICOS DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACION AUTONOMA) LA RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS ENTRE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN CATALUÑA Y LA ADMINISTRACION DE LA GENERALIDAD. NO HABIENDOLO HECHO ASI, LA LEY ORGANICA HA LESIONADO LA AUTONOMIA DE LA GENERALIDAD (ARTS. 2 Y 137 DE LA CONSTITUCION Y 1. Y CONCORDANTES DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA).

G) EL ART. 65 DE LA LEY ORGANICA ESTABLECE LA COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL EN EL ORDEN PENAL, EN TANTO QUE EL ART. 20.1 B) DEL ESTATUTO PREVE QUE LA COMPETENCIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN CATALUÑA SE EXTENDERA EN EL ORDEN PENAL, A TODAS LAS INSTANCIAS Y GRADOS, CON EXCEPCION DE LOS RECURSOS DE CASACION Y REVISION, CONCRETANDOSE ASI EL CRITERIO CONSTITUCIONAL (ART.

152.1 TERCER PARRAFO). SE SIGUE DE ESTE PRECEPTO ESTATUTARIO LA COMPETENCIA GENERICA DE LOS ORGANOS JUDICIALES RADICADOS EN CATALUÑA PARA ENTENDER, SIN

NINGUNA EXCEPCION POR RAZON DEL TIPO DE DELITO, SOBRE TODO TIPO DE CAUSAS, CON LA PUNICA PARTICULARIDAD DE SUSTRAER A SU CONOCIMIENTO LA RESOLUCION DE LOS RECURSOS DE CASACION Y REVISION. ES CIERTO QUE LA ASIGNACION DE CAUSAS A LOS ORGANOS JUDICIALES EN CATALUÑA SE HA DE HACER SEGUN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACION PENAL Y PROCESAL, PERO TAMBIEN LO ES QUE ESTOS CRITERIOS SE REFIEREN SOLO A LOS ELEMENTOS O CIRCUNSTANCIAS DE LOS DELITOS Y SUS AUTORES, NO A LA DIFERENCIACION ENTRE UNAS Y OTRAS FIGURAS DELICTIVAS.

PARTIENDO DE LO DICHO, LA REGULACION CONTENIDA EN EL ART. 65 DE LA LEY ORGANICA ES INCONSTITUCIONAL POR APARTARSE DE LAS PREVISIONES ESTATUTARIAS. ASI OCURRE EN LAS CAUSAS CONTEMPLADAS EN LA LETRA A) DEL NUM. 1. Y OTRO TANTO CABE DECIR A PROPOSITO DE LO PREVISTO EN EL NUM.

6. DISTINTO ES EL CASO, EN CAMBIO, DE LOS TIPOS DELICTIVOS PREVISTOS EN LAS LETRAS B) Y C) DEL NUM. 1. , SI BIEN SE HA DE ADVERTIR QUE LA CIRCUNSTANCIA DE NO DIFERENCIAR DE LOS DEMAS EL HECHO DE QUE LOS EFECTOS DEL DELITO SE PRODUZCAN EN TERRITORIOS DE DIVERSAS AUDIENCIAS, PERO DE UN MISMO TRIBUNAL SUPERIOR, HACE INCURRIR AL PRECEPTO, IGUALMENTE, EN INCONSTITUCIONALIDAD. POR TODO ELLO, LAS LETRAS A), B) Y C) DEL ART. 65.1 SON INCONSTITUCIONALES, VICIO QUE SE EXTIENDE TAMBIEN AL NUM. 5 DEL PROPIO ARTICULO, ASI COMO AL ART. 88, EN LA MEDIDA EN QUE LOS JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCION HAN DE INSTRUIR LAS CAUSAS CUYO CONOCIMIENTO CORRESPONDA A LA SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL Y FALLARLAS CUANDO LA LEY LO DISPONGA.

H) EL ART. 58.3 Y 4 DE LA LEY ORGANICA, DISPONE QUE EL TRIBUNAL SUPREMO ENTENDERA DE LOS RECURSOS DE CASACION EN EL ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CONTRA SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DICTADAS EN UNICA INSTANCIA EN RECURSOS CONTRA ACTOS Y DISPOSICIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (<SIEMPRE QUE DICHO RECURSO SE FUNDE EN INFRACCION DE NORMAS NO EMANDAS DE LOS ORGANOS DE AQUELLAS>) Y EN RECURSOS CONTRA ACTOS Y DISPOSICIONES DE LA ADMINISTRACION ESTATAL RESUELTOS EN UNICA INSTANCIA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR. ADEMAS, DE ACUERDO CON EL ART. 58.6 DE LA MISMA LEY, EL TRIBUNAL SUPREMO CONOCERA DE LOS RECURSOS DE REVISION <QUE NO ESTEN ATRIBUIDOS A LAS SALAS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA>.

ESTIMA LA REPRESENTACION ACTORA QUE EL RECURSO DE CASACION NO QUEDA CONFIGURADO POR LA LEY ORGANICA COMO UNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA, DE LO QUE HACE DERIVAR QUE LA ATRIBUCION DE SU CONOCIMIENTO AL TRIBUNAL SUPREMO RESULTA INCOMPATIBLE TANTO CON EL ART. 152.1 DE LA CONSTITUCION (EN CUYA VIRTUD LAS SUCESIVAS INSTANCIAS PROCESALES <SE HAN DE AGOTAR> ANTE LOS ORGANOS JUDICIALES RADICADOS EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA) COMO EN EL ART. 20.1 C) DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA, QUE SOLO ESTABLECE QUE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN CATALUÑA ACTUEN EN PRIMERA INSTANCIA, EN EL ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, <CUANDO SE TRATE DE ACTOS DICTADOS POR LA ADMINISTRACION DEL ESTADO>. LO QUE SE DICE NO ES OBICE FRENTE A LA REGULACION, EN UNA NUEVA LEY DE LA JURISDICCION CONTENCIOSA, DE <UN VERDADERO RECURSO DE CASACION> EN DICHO ORDEN, DE TAL MODO QUE LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 58.4 QUE AQUI SE PIDE NO PUEDE VINCULAR AL FUTURO LEGISLADOR.

I) EXAMINA TAMBIEN LA REPRESENTACION ACTORA LAS COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA EN EL AMBITO DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS EN EL ORDEN CIVIL. EN ESTE PUNTO, EL ART. 73.1 Y 2 DE LA LEY ORGANICA DESARROLLAN ACEPTABLEMENTE LO DISPUESTO EN EL ART. 20.1 A) DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA, AL PREVER QUE LA SALA DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DE DICHO TRIBUNAL SUPERIOR CONOCERA, COMO SALA DE LO CIVIL, DE LOS RECURSOS DE CASACION Y DE REVISION CIVILES. PESE A ELLO, SE HA DE TENER EN CUENTA QUE EL ART. 56.1 DE LA MISMA LEY ORGANICA PREVE LA POSIBILIDAD DE OTROS RECURSOS EXTRAORDINARIOS EN DICHA MATERIA, PREVISION QUE SE HA DE PONER EN RELACION CON EL CITADO ART. 20.1 A) DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA, EN EL QUE SE VIENE A HACER REFERENCIA A CUALQUIER RECURSO EXTRAORDINARIO EN DERECHO; POR ELLO, SE CONCLUYE, SE DEBE ESTIMAR QUE EL ART. 73.1 Y 2 DE LA LEY ORGANICA, AL NO COMPRENDER AQUELLOS OTROS RECURSOS EXTRAORDINARIOS, ES CONTRARIO AL ART. 20.1 A) DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA.

J) EN LO RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, EL ART. 337 DE LA LEY ORGANICA NO DIFIERE ESENCIALMENTE DEL ART.

21.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA EN CUANTO AL ACTO DE NOMBRAMIENTO, AUNQUE SI EN CUANTO A SU PUBLICACION, PUES EL ART. 337.2 DISPONE QUE EL NOMBRAMIENTO TENDRA EFECTOS DESDE SU PUBLICACION EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> (MOMENTO A PARTIR DEL CUAL, SEGUN EL ART. 319 DE LA PROPIA LEY ORGANICA, SE INICIA EL PLAZO PARA LA TOMA DE POSESION), EN TANTO QUE EL ART. 21.1 DEL ESTATUTO EXIGE QUE EL NOMBRAMIENTO SEA PUBLICADO EL <DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD>, PREVIENDOSE EN EL ART. 61 B) DE LA LEY DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA 3/1982 QUE CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD, <COMO REPRESENTANTE ORDINARIO DEL ESTADO EN CATALUÑA> (ART. 36.2 DEL ESTATUTO) <ORDENAR LA PUBLICACION EN EL ''DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD'' EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN CATALUÑA>. ES EVIDENTE QUE EL ESTATUTO NO HABRIA ORDENADO LA PUBLICACION DEL NOMBRAMIENTO EN EL <DIARIO OFICIAL> SI TAL ACTO NO ENCERRARA ALGUN CONTENIDO MATERIAL, POR MINIMO QUE FUERA, NO OBSTANTE LO CUAL ESE CONTENIDO MINIMO (FECHA DE PRODUCCION DE EFECTOS) SE ATRIBUYE A LA PUBLICACION EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>. POR ELLO, HA DE ENTENDERSE QUE EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR SURTE EFECTOS DESDE SU PUBLICACION EN EL REPETIDO <DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD>, DE TAL MODO QUE EL ART. 337.2 DE LA LEY ORGANICA (Y, POR CONEXION, EL ART. 319 DEL MISMO TEXTO NORMATIVO) SON CONTRARIOS AL ESTATUTO Y, EN CUANTO TALES, INCONSTITUCIONALES.

K) DE CONFORMIDAD CON EL ART. 9.23 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA, LA GENERALIDAD OSTENTA COMPETENCIA EXCLUSIVA EN MATERIA DE COLEGIOS PROFESIONALES Y EJERCICIO DE LAS PROFESIONES TITULADAS, PESE A LO CUAL EL ART.

439.2 DE LA LEY ORGANICA DETERMINA QUE <LA COLEGIACION DE LOS ABOGADOS Y PROCURADORES SERA OBLIGATORIA PARA ACTUAR DELANTE DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN ESTA LEY Y POR LA LEGISLACION GENERAL SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES>, NORMA QUE, SOBRE TODO EN SU ULTIMO INCISO, CONCULCA LA COMPETENCIA AUTONOMICA ANTES DICHA, SI LA CALIFICACION <LEGISLACION GENERAL> SE ENTIENDE EQUIVALENTE, COMO PARECE DESPRENDERSE DEL TEXTO, A LA LEGISLACION ESTATAL. EL PRECEPTO ES, PUES, INCONSTITUCIONAL.

L) SEGUN EL ART. 447.2, SEGUNDO INCISO, DE LA LEY ORGANICA, <LOS LETRADOS INTEGRADOS EN LOS SERVICIOS JURIDICOS DEL ESTADO PODRAN REPRESENTAR Y DEFENDER A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LOS TERMINOS QUE SE ESTABLECERAN REGLAMENTARIAMENTE>. ESTE PRECEPTO, AUN REDACTADO CON LA MEJOR INTENCION, ESTA ORILLANDO PELIGROSAMENTE LA INCONSTITUCIONALIDAD, PUES EL ART. 9.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA ATRIBUYE A LA GENERALIDAD COMPETENCIA EXCLUSIVA PARA LA ORGANIZACION DE SUS INSTITUCIONES DE AUTOGOBIERNO, SIENDO OBVIO QUE TAL POTESTAD INCLUYE LA DE REGULAR EL SISTEMA DE REPRESENTACION Y DEFENSA DE LA PROPIA COMUNIDAD ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA. DE OTRA PARTE, EL DERECHO A OBTENER LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (ART. 24 DE LA CONSTITUCION) CONLLEVA INEXCUSABLEMENTE LA LIBERTAD DE ELECCION O DE LIBRE DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES Y DEFENSORES, LO QUE, POR LO DEMAS, HA RECONOCIDO LA PROPIA LEY ORGANICA EN SU ART. 440.1. SI ASI NO FUERA, ES CLARO QUE SE PODRIA DAR UNA INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERESES ENTRE LOS LETRADOS DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA A DEFENDER. POR ELLO, EL ART.

447.2, SEGUNDO INCISO, SE HA DE ESTIMAR CONTRARIO A LA CONSTITUCION Y AL ESTATUTO DE AUTONOMIA, SI SE ENTIENDE QUE IMPIDE O MEDIATIZA DE ALGUNA MANERA A LA GENERALIDAD EN SU DERECHO A DESIGNAR LIBREMENTE A LOS PROFESIONALES QUE HAYAN DE REPRESENTARLA Y DEFENDERLA ANTE CUALQUIER ORGANO JURISDICCIONAL. LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO PODRIA SALVARSE SI EL MISMO SE INTERPRETA EN EL SENTIDO DE CONTEMPLAR UNA SIMPLE POSIBILIDAD DE DEFENSA DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DEL ESTADO, Y NO UNA IMPOSICION SOBRE LA COMUNIDAD AUTONOMA.

M) DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL 6. DE LA LEY ORGANICA QUEDAN SUPRIMIDOS LOS TRIBUNALES ARBITRALES DE CENSOS DE LAS PROVINCIAS DE BARCELONA, TARRAGONA, LERIDA Y GERONA, MEDIDA QUE PARECE INSPIRADA EN EL PRINCIPIO DE UNIDAD JURISDICCIONAL (ART. 117.5 DE LA CONSTITUCION).

ELLO, SIN EMBARGO, SUPONE UN ERROR, PUES LOS TRIBUNALES ARBITRALES DE CENSOS NO TIENEN UNA NATURALEZA ESTRICTAMENTE JURISDICCIONAL, SINO ARBITRAL, LIMITANDOSE SU FUNCION A LOS ASUNTOS RELATIVOS A LA DETERMINACION DE PENSIONES, VALORACION DE PRESTACIONES, ESTIMACION DE FINCAS A LOS EFECTOS DE REDUCCION Y FIJACION Y DISTRIBUCION DE LAUDEMIOS (ART. 46 DE LA LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1945). NO SE TRATA, PUES, DE JUZGAR Y HACER EJECUTAR LO JUZGADO (ART. 117.3 DE LA CONSTITUCION), SINO, MAS BIEN, DE INTERVENIR PARA EL CUMPLIMIENTO O INTEGRACION DE DETERMINADAS RELACIONES JURIDICAS, EN EL SENTIDO Y CON EL ALCANCE EXPRESADOS POR LA LEY DE ARBITRAJE DE DERECHO PRIVADO, DE 22 DE DICIEMBRE DE 1953 (ART. 2, 2. PARRAFO). LA SUBSISTENCIA DE LOS TRIBUNALES ARBITRALES DE CENSOS NO SE JUSTIFICA EN LO DISPUESTO POR EL ART. 125 DE LA CONSTITUCION, SIN EMBARGO. LO QUE SI CONVIENE RECORDAR ES QUE LA COMPILACION DEL DERECHO CIVIL DE CATALUÑA (LEY 13/1984, DEL PARLAMENTO CATALAN, Y DECRETO LEGISLATIVO 1/1984) EFECTUA DIVERSAS REFERENCIAS A LAS LEYES ESTATALES SOBRE INSCRIPCION, DIVISION, Y REDENCION DE CENSOS EN CATALUÑA Y A OTRAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, LO QUE IMPLICA LA INCORPORACION AL DERECHO CIVIL CATALAN DE UNA LEY ESTATAL QUE SE VIENE A CONSIDERAR, ASI, SOMO INTEGRADA EN EL MISMO. POR ELLO, AL EJERCER EL PARLAMENTO DE CATALUÑA SU POTESTAD EN MATERIA DE DERECHO CIVIL CATALAN (ARTS. 9.2 Y 25.2 DEL ESTATUTO), EL TEXTO DE AQUELLAS LEYES ESTATALES HA PASADO A SER, POR REENVIO, LEGISLACION CATALANA (DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA DEL ESTATUTO) Y, DADO QUE LA ANTIGUA LEGISLACION DEL ESTADO EN MATERIA HA SIDO INTEGRAMENTE ASUMIDA POR CATALUÑA, ASI TAMBIEN HA OCURRIDO CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALES ARBITRALES DE CENSOS, DEBIENDOSE ESTIMAR QUE SU REGULACION CONSTITUYE UNA PARTE INSTRUMENTAL E IMPRESCINDIBLE DE AQUELLA REGULACION SUSTANTIVA, EN TANTO NO DISPONGA EN OTRO SENTIDO EL PARLAMENTO DE CATALUÑA. ASI PUES, LA DISPOSICION ADICIONAL 6. DE LA LEY ORGANICA, AL SUPRIMIR SIN PALIATIVO LOS TRIBUNALES ARBITRALES DE CENSOS, ES CONTRARIA A LOS ARTS. 149.1.6 Y 8 DE LA CONSTITUCION Y 9.2 Y 3 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA.

SE CONCLUYO SUPLICANDO SE DECLARASE LA INCONSTITUCIONALIDAD Y CONSIGUIENTE NULIDAD DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS.

3. MEDIANTE ESCRITO QUE FUE REGISTRADO EN ESTE TRIBUNAL EL DIA 1 DE OCTUBRE DE 1985, DON HERIBERTO GARCIA SEIJO, JEFE DEL GABINETE DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DEFENSA JURISDICCIONAL DE LA JUNTA DE GALICIA PRESENTO, EN NOMBRE DE LA MISMA, RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS ARTS. 26 (EN LO REFERENTE A LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES), 30, 31, 32, 33, 35, 37, 73, 74, 75, 80, 82.2 Y 3, 90, 92, 94, 96, 99, 101 (POR CONEXION), 231, 341.2, 455, 456 Y 471 DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DEL PODER JUDICIAL, DICIENDOSE TAMBIEN IMPUGNAR <LOS RESTANTES PRECEPTOS DE LA CITADA LEY EN LA MEDIDA EN QUE PROCEDA POR RAZONES DE CONEXION Y CONSECUENCIA DERIVADA DE LA ''ARMONIA JURIDICA'' CONSAGRADA EN EL ART. 39.1 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL>. SE EXPUSIERON EN ESTE ESCRITO LAS ALEGACIONES QUE A CONTINUACION SE RESUMEN:

A) COMIENZA LA REPRESENTACION ACTORA POR FORMULAR ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL ORDENAMIENTO DEL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS, INDICANDO QUE EL <MODELO DE ADMINISTRACION> PRECONIZADO POR LA CONSTITUCION ARRANCA DEL PRINCIPIO <EN CADA DEMARCACION TERRITORIAL UNA ADMINISTRACION PUBLICA Y SOLO UNA>, CRITERIO SE OBSERVA QUE, AUNQUE EN TERMINOS ESTRICTOS <NO ES DE RECIBO>, SI TIENE PLENA EFICACIA Y VALIDEZ <COMO REFERENCIA O TENDENCIA ORGANIZATIVA>. SE EXPONEN, A CONTINUACION, LAS LINEAS FUNDAMENTALES QUE PERFILAN EL <ESQUEMA ORGANIZATIVO> PARA LA DEBIDA ARTICULACION DE LOS PODERES PUBLICOS Y LAS AUTONOMIAS TERRITORIALES.

AUN COMO <CONSIDERACIONES PREVIAS>, SE ABORDAN EN EL ESCRITO DE INTERPOSICION DEL RECURSO <UNA SERIE DE ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL Y ESTATUTARIA CUYO VERDADERO DIMENSIONAMIENTO COMPORTA EL ACERTADO DIAGNOSTICO DEL PROPIO PROBLEMA> DE AQUEL: IDIOMAS AUTOCTONOS, EN PRIMER LUGAR, LEGISLACION PRIVATIVA, EN SEGUNDO LUGAR, ORGANIZACION JUDICIAL, EN TERCER TERMINO, Y DISTRIBUCION, POR ULTIMO, DE LAS COMPETENCIAS SOBRE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

EN CUANTO A LA PRIMERA DE ESTAS CUESTIONES (<IDIOMAS AUTOCTONOS>), CITA LA REPRESENTACION ACTORA LO DISPUESTO EN EL ART.

3.2 DE LA CONSTITUCION Y OBSERVA QUE LA ACREDITACION DEL CONOCIMIENTO DEL IDIOMA PROPIO EN LOS MECANISMOS NORMALES DE SELECCION DEL PERSONAL HA SIDO RECOGIDA POR LOS RESPECTIVOS ESTATUTOS DE LAS COMUNIDADES HISTORICAS, TANTO BAJO LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCION DE 1931 COMO A PARTIR DE LA DE 1978. ASI, EL ART. 1.2 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE GALICIA ESTABLECE QUE <LA COMUNIDAD AUTONOMA ... ASUME COMO TAREA PRINCIPAL LA DEFENSA DE LA IDENTIDAD DE GALICIA>, TAREA OBSERVA LA REPRESENTACION ACTORA QUE PARECE INTIMAMENTE LIGADA, POR TRADICION HISTORICA, A LA DEFENSA DEL IDIOMA PROPIO.

POR LO QUE IMPORTA A LA <LEGISLACION PRIVATIVA>, SE REFIERE EL RECURSO A LA <NATURALEZA> DE LOS DERECHOS CIVILES FORALES COMO SISTEMAS JURIDICOS PARTICULARES QUE CONFIGURAN A MODO DE UN DERECHO COMUN DE VIGENCIA PRIORITARIA <CAPAZ DE ENFRENTARSE SIN CONDICIONAMIENTOS JERARQUICOS CON EL CODIGO CIVIL DEL ESTADO>. SE CITA, AL RESPECTO, LO DISPUESTO EN EL ART.

149.1.8 DE LA CONSTITUCION, ASI COMO LO PREVENIDO EN EL ART. 27.4 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE GALICIA, ATRIBUTIVO DE COMPETENCIA A LA COMUNIDAD AUTONOMA EN ORDEN A LA <CONSERVACION, MODIFICACION Y DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES DEL DERECHO CIVIL GALLEGO>. RESPECTO DE LOS <DERECHOS CIVILES REGIONALES> ES DE APLICACION, EN DEFINITIVA, LA DOCTRINA EXPUESTA, EN CUANTO A CATALUÑA, EN LA SENTENCIA DE 28 DE JUNIO DE 1968 DEL TRIBUNAL SUPREMO, ESTO ES, LA DE QUE EL DERECHO CIVIL ESPECIAL REPRESENTA, EN LA COMUNIDAD AUTONOMA, EL DERECHO COMUN. TAL DERECHO HA DE SER CONOCIDO POR DETERMINADOS FUNCIONARIOS CUALIFICADOS EN EL AMBITO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, PREVIENDOSE ASI EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA DEL PAIS VASCO, CATALUÑA Y GALICIA QUE LOS MAGISTRADOS, JUECES, SECRETARIOS JUDICIALES, FISCALES Y DEMAS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEBEN ACREDITAR SU CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS CIVILES ESPECIALES, CONOCIMIENTO QUE SERA CONSIDERADO COMO MERITO PREFERENTE.

EXPONE, A CONTINUACION, LA REPRESENTACION ACTORA DIVERSAS CONSIDERACIONES SOBRE LA <ORGANIZACION JUDICIAL> EN NUESTRA CONSTITUCION Y EN LA LEY ORGANICA IMPUGNADA, OBSERVANDO QUE ESTA ULTIMA SE OCUPA DE LA <ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DE LA JUSTICIA>, TAREA SE INDICA QUE SE PUEDE INCARDINAR EN LA FUNCION DE AUTOGOBIERNO DEL PROPIO PODER JUDICIAL O BIEN EN EL AUTOGOBIERNO PROPIO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

EL ART. 122 DE LA CONSTITUCION NO ABARCA EXPRESAMENTE LAS FUNCIONES ORGANICAS COMO DEPENDIENTES DEL PODER JUDICIAL, DE MANERA QUE LA RELACION BUROCRATICA QUE REQUIEREN LOS SERVICIOS JUDICIALES O LA INSTRUMENTACION DE LOS MEDIOS MATERIALES NO APARECEN CONSTITUCIONALMENTE ADSCRITOS A DICHO PODER, AVOCANDOSE INDIRECTAMENTE A FAVOR DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, POR LA VIA INDIRECTA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN SU SENTIDO FUNCIONAL, Y ELLO SE DICE EN DETRIMENTO DE LOS TITULOS COMPETENCIALES ESPECIFICOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. TRAS EXPONER LOS ANTECEDENTES HISTORICOS QUE ESTIMA DE PERTINENTE CITA, OBSERVA LA REPRESENTACION ACTORA QUE, AL NO CORRESPONDER AL PROPIO PODER JUDICIAL OTRAS ATRIBUCIONES QUE LAS ESTRICTAMENTE <FUNCIONALES>, LAS FUNCIONES ORGANICAS SE HAN DE ATRIBUIR A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, NUNCA AL GOBIERNO <CENTRAL> COMO, SIN EMBARGO, SE DERIVA DEL TITULO II DE LA LEY IMPUGNADA (QUE DEVIENE INCONSTITUCIONAL <EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE ''ARMONIA JURIDICA'', AUNQUE NO RESULTE IMPUGNADO DIRECTAMENTE EL PRESENTE ESCRITO>).

CONCLUYEN ESTAS CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS CON UNAS OBSERVACIONES SOBRE LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS EN ORDEN A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. EL CONCEPTO DE <ADMINISTRACION DE JUSTICIA> QUE EMPLEA EL ART. 149 DE LA CONSTITUCION DIFIERE DEL PRESENTE EN EL ART. 117 DE LA MISMA NORMA FUNDAMENTAL, PUES LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA <COMO ORGANIZACION O CONJUNTO DE ORGANIZACIONES QUE (...) ESTAN AL SERVICIO DE LOS JUECES EN SU ACTIVIDAD DE JUZGAR> TIENE UN SENTIDO MUCHO MAS AMPLIO QUE LA ACTIVIDAD DE <ADMINISTRAR JUSTICIA> (ART. 117 DE LA CONSTITUCION). EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA SE COMPRENDEN UNA SERIE DE POTESTADES ADMINISTRATIVAS (<ADMINISTRACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA>) QUE PUEDEN CORRESPONDER, SEGUN LA DOCTRINA CIENTIFICA, YA AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, YA AL ESTADO O A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SIENDO DE OBSERVAR QUE ESTAS ULTIMAS, DE ACUERDO CON LAS PREVISIONES DEL TITULO VIII DE LA CONSTITUCION, TIENEN ALGO QUE VER Y MUCHO QUE DECIR EN LA MATERIA. SE CITA, A ESTE RESPECTO, LO DISPUESTO EN EL ART. 152.1 DE LA CONSTITUCION, OBSERVANDO LA REPRESENTACION ACTORA LAS DIFICULTADES DE INTERPRETACION DEL PRECEPTO, QUE HA DE SER ENTENDIDO EN TERMINOS TALES QUE SE RECONOZCA LA COMPETENCIA AUTONOMICA PARA TODO CUANTO AFECTE A <LAS DEMARCACIONES JUDICIALES DEL TERRITORIO>, NO SOLO EN EL ESTRICTO ORDEN TERRITORIAL, SINO TAMBIEN EL PROPIAMENTE ORGANICO (INCLUIDO, EVIDENTEMENTE, EL <FUNCIONAL>), SEGUN DERIVA DE LOS ANTECEDENTES HISTORICOS. DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA DE LAS COMUNIDADES HISTORICAS RESULTA QUE CORRESPONDE A ESTAS, SIN LIMITACION EXTRINSECA, FIJAR LA DELIMITACION DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, A LO QUE SE HA DE ACOMODAR LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL. ASI PUES, LAS <FORMAS DE PARTICIPACION> DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SE REFIEREN NO A LA MERA TERRITORIALIDAD DE LAS DEMARCACIONES, SINO A LA ORGANIZACION DE LAS MISMAS (ART. 152 DE LA CONSTITUCION). ESTA ACTIVIDAD PARTICIPATIVA ES INCOMPATIBLE CON LA DECISION UNILATERAL PRESENTE EN LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, AUNQUE NO CON TECNICAS DE COLABORACION Y COOPERACION.

CITA DESPUES LA REPRESENTACION ACTORA LOS PRECEPTOS ESTATUTARIOS RELEVANTES PARA LA RESOLUCION DEL PRESENTE RECURSO (REFERIDOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, AL AGOTAMIENTO DE GRADOS E INSTANCIAS, A LA DELIMITACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES, A LA PARTICIPACION EN SU ORGANIZACION Y, JUNTO A OTROS ASPECTOS ADJETIVOS, A LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL), EXAMINANDO, A PARTIR DE TAL MENCION, LA REGULACION ESTABLECIDA POR LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL. SE DICE SOBRE ESTA ULTIMA QUE SURGE COMO UN TERTIUM GENUS ENTRE LA CONSTITUCION Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, PRETENDIENDOSE FUNDAMENTAR EN LA UNIDAD E INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL, LIMITE ESTE, SIN EMBARGO, QUE NO IMPIDE QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO SE ARROGUE, EN LA LEY ORGANICA MISMA, COMPETENCIAS RELATIVAS A DEMARCACIONES JUDICIALES, OBSERVANDO LA REPRESENTACION ACTORA QUE LA UNIDAD E INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL SE RESPETA EN LA MISMA MEDIDA CUANDO ACOMETE LAS FUNCIONES CUESTIONADAS EL MINISTERIO DE JUSTICIA QUE CUANDO LAS REALIZA LA CORRESPONDIENTE COMUNIDAD AUTONOMA. SIN EMBARGO, NO CABE ENTENDER EL <BLOQUE CONSTITUCIONAL> (CONSTITUCION Y LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL) COMO UN TODO PREVALENTE AL ESTATUTO DE AUTONOMIA, PUES SON LOS ESTATUTOS, JUNTO A LA CONSTITUCION, LOS QUE INTEGRAN DICHO <BLOQUE>, SIN QUE LA LEY ORGANICA PUEDA DEROGAR PRECEPTOS ESTATUTARIOS.

LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DE LA JUSTICIA SE HALLA COMPRENDIDA EN EL TITULO DE COMPETENCIA ESTATAL EX ART. 149.1.5, SI BIEN, AL TRATARSE DE FACULTADES SUSCEPTIBLES, POR SU PROPIA NATURALEZA, DE TRANSFERENCIA O DELEGACION (ART. 150.2 DE LA CONSTITUCION), HA SIDO OBJETO DE REGULACION ESPECIFICA EN DIVERSOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, DISPONIENDO EL DE GALICIA (ART. 20) QUE CORRESPONDE A LA COMUNIDAD AUTONOMA <EJERCER TODAS LAS FACULTADES QUE LAS LEYES ORGANICAS DEL PODER JUDICIAL Y DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL RECONOZCAN O ATRIBUYAN AL GOBIERNO DEL ESTADO>, REGLA PERFECTAMENTE CONGRUENTE CON EL PRINCIPIO <EN CADA DEMARCACION UNA ADMINISTRACION... EJECUTANDO POR DELEGACION>. NO SE OPERA ASI LA TRANSFERENCIA EN BLOQUE DE UNA COMPETENCIA, SINO SIMPLEMENTE DE FACULTADES CONCRETAS DE GESTION.

SIN EMBARGO, EL ART. 37 DE LA LEY ORGANICA HA DADO AL TRASTE, COMO PRECEPTO UNIFORMADOR, CON TODAS ESTAS PREVISIONES ESTATUTARIAS, Y OTRO TANTO CABE DECIR DE LOS ARTS. 455 Y 456 DEL MISMO TEXTO NORMATIVO, Y DE TODOS LOS PRECEPTOS PORTADORES DE UNA <REMISION NORMATIVA> AL REGLAMENTO ESTATAL (ARTS. 341.2 Y 471).

B) SE EXAMINA A CONTINUACION EN EL RECURSO LO RELATIVO A LAS DEMARCACIONES JUDICIALES DEL TERRITORIO GALLEGO.

EL ART. 20 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE GALICIA ATRIBUYE A LA COMUNIDAD AUTONOMA, SEGUN SE DIJO, TODAS LAS FACULTADES QUE LAS LEYES ORGANICAS DEL PODER JUDICIAL Y DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL RECONOZCAN O ATRIBUYAN AL GOBIERNO DEL ESTADO Y, MUY CONCRETAMENTE, LA FACULTAD DE FIJAR LA DELIMITACION DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LOS ORGANOS JUDICIALES (LO QUE SE INTEGRA EN EL AMPLIO CONCEPTO DE <PARTICIPACION> EN LA <ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES DEL TERRITORIO> EMPLEADO POR EL ART. 152.1 DE LA CONSTITUCION). LA FIJACION DE LA DELIMITACION ES SOLO UNO DE LOS ELEMENTOS DE LA PARTICIPACION EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES. CON VARIEDAD DE FORMULAS, Y CON ALGUNAS EXCEPCIONES, LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA ATRIBUYEN PUES, A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LAS FACULTADES QUE CORRESPONDAN AL GOBIERNO DEL ESTADO, ADEMAS DE LAS NECESARIAS PARA PROCEDER A LA YA CITADA DELIMITACION TERRITORIAL. EN EL CASO DE GALICIA, Y EN EL AMBITO DE LA TAREA PARTICIPATIVA EN LA <ORGANIZACION> DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES, LA COMUNIDAD AUTONOMA OSTENTA COMPETENCIAS, SIN LIMITACION O TRABA, PARA FIJAR LA DELIMITACION DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE TODOS LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, SIN QUE LA REFERENCIA A LOS <PARTIDOS JUDICIALES> (ART. 20.2 DEL ESTATUTO) TENGA MAS ALCANCE QUE EL MERAMENTE INDICATIVO DE UNA TRADICIONAL Y SECULAR DIVISION. SE OBSERVA, A ESTOS EFECTOS, QUE, EN EL CAMPO PROPIO DE LO ORGANIZATIVO, LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA NO ADMITE <IMPOSICIONES> EXTERIORES SECTORIALES, LO QUE SE REFUERZA ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 2.3 DEL ESTATUTO, SEGUN EL CUAL <UNA LEY DEL PARLAMENTO REGULARA LA ORGANIZACION TERRITORIAL DE GALICIA>, Y TODO ELLO SIN QUE LA POTESTAD AUTONOMICA PUEDA SER MEDIATIZADA MEDIANTE CRITERIOS <AJENOS> O A TRAVES DE LA FORMACION DE DEMARCACIONES DISFUNCIONALES CON LA ORGANIZACION QUE SE DE A SI MISMO EL PUEBLO GALLEGO. LO DICHO NO QUEDA CONTRARIADO POR LA REFERENCIA QUE A LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL HACE EL ART. 152.1 DE LA CONSTITUCION, PUES DICHA LEY ORGANICA NO ES DELIMITADORA DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, DEBIENDO TAMBIEN OBSERVARSE QUE EL ESTATUTO DE GALICIA NO HACE REFERENCIA ALGUNA, EN SU ART. 20.2, A LA REPETIDA LEY ORGANICA, QUE NO ES, A ESTOS EFECTOS, SINO UN <INSTRUMENTO COORDINADOR>.

LO ANTERIOR, SIN EMBARGO, NO HA SIDO RESPETADO POR LA LEY ORGANICA IMPUGNADA, EN LA QUE SE APRECIA LA FALTA DE UN TRATAMIENTO ESPECIFICO PARA LAS FACULTADES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, REPROCHE QUE MERECE, GENERICAMENTE, EL TITULO II DEL LIBRO I (<DE LA PLANTA Y ORGANIZACION TERRITORIAL>). SE ESTA, PUES, ANTE UNA INVASION DE COMPETENCIAS AUTONOMICAS, O DE FACULTADES TRANSFERIDAS EN VIRTUD DEL ART. 152.1, QUE HAN SIDO ASUMIDAS EN EL ART.

20 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA Y QUE ESTAN EN CONEXION CON TITULOS COMPETENCIALES EXCLUSIVOS REFERIDOS A LA ORGANIZACION DEL PROPIO TERRITORIO (ARTS. 2 Y 27.2 DEL MISMO ESTATUTO).

ASI OCURRE, EN PRIMER LUGAR, RESPECTO DE LO QUE LA LEY ORGANICA LLAMA <ORGANIZACION TERRITORIAL> (ART. 35), ASPECTO A PROPOSITO DEL CUAL SE HAN DESCONOCIDO LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS, NO RECONOCIENDOSE A LAS COMUNIDADES OTRO PAPEL QUE EL DE ORGANOS INFORMANTES. EL ART. 35, EN EFECTO, OMITE TODA REFERENCIA A DEMARCACIONES DISTINTAS A LOS PARTIDOS Y, EN CUANTO A ESTOS, LIMITA LA INTERVENCION AUTONOMICA DE GALICIA A UNA SIMPLE AUDIENCIA O INFORME, CON IDENTICO RANGO Y FACULTADES, PUES, QUE OTRAS COMUNIDADES CUYOS ESTATUTOS DIFIEREN SUSTANCIALMENTE, EN ESTE PUNTO, DEL GALLEGO. SE TRATA, EN DEFINITIVA, DE UN PROPOSITO UNIFORMADOR QUE YA FUE RECHAZADO POR ESTE TRIBUNAL EN SU STC 76/1983.

EL ART. 26 ENUMERA LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, LO QUE ES, INDUDABLEMENTE, COMPETENCIA DEL ESTADO. AHORA BIEN, ENTRE DICHOS ORGANOS FIGURAN LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES, ADJETIVO, ESTE ULTIMO, CUYA PRESENCIA NO SE EXPLICA, PUES LAS AUDIENCIAS <PROVINCIALES> SON INNECESARIAS AL DESAPARECER LAS TERRITORIALES. MEDIANTE ESTE PROCEDIMIENTO SE VIENE A FIJAR UNA DELIMITACION TERRITORIAL, LO QUE CONTRARIA EL ART. 20.2 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE GALICIA Y A LAS COMPETENCIAS ALLI RECONOCIDAS. EN DEFINITIVA, LA LEY ORGANICA, AL MARGEN DE TODAS LAS PREVISIONES CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIAS, TRATA DE IMPONER E INSTITUCIONALIZAR LA PROVINCIA. POR LAS MISMAS RAZONES ES INCONSTITUCIONAL EL ART. 30, SEGUN EL CUAL <EL ESTADO SE ORGANIZA TERRITORIALMENTE, A EFECTOS JUDICIALES, EN MUNICIPIOS, PARTIDOS, PROVINCIAS Y COMUNIDADES>.

LOS ARTS. 31 Y 33 SUPONEN EL EJERCICIO DE UNA FUNCION PROPIA DE DEMARCACION QUE CORRESPONDE, COMO TAL, A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, INVADIENDOSE, ASI, LAS COMPETENCIAS ENUNCIADAS EN EL ART. 20 DEL ESTATUTO. SE TRATA, PUES, DE UNA NORMATIVA, DE NUEVO, UNIFORMADORA.

EL ART. 32 SE IMPUGNA, ASIMISMO, POR IDENTICOS ARGUMENTOS, AQUI ESPECIALMENTE REFORZADOS SI SE TIENE EN CUENTA QUE EL PRECEPTO EXIGE QUE LOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DEL PARTIDO PERTENEZCAN A LA MISMA PROVINCIA. LA LEY ORGANICA ASUME, DE ESTE MODO, LA DEMARCACION ADMINISTRATIVA PREEXISTENTE Y, EN LA MISMA MEDIDA, IMPIDE A LA COMUNIDAD AUTONOMA EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS QUE LE CORRESPONDEN, SEGUN EL ART. 20.2 DE SU ESTATUTO.

LOS ARTS. 80, 90, 92, 94, 96 Y 99 TIENEN POR OBJETO LA DELIMITACION DE UN TERRITORIO Y LA FIJACION DE UNA CAPITALIDAD, INCURRIENDO EN INCONSTITUCIONALIDAD POR LOS MOTIVOS ANTES DICHOS, PUES EL TERRITORIO QUE CORRESPONDE A LOS ORGANOS JUDICIALES ALLI PREVISTOS SERA EL QUE DETERMINE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, SI BIEN EN LA ORGANIZACION Y FIJACION DEL NUMERO DE DICHOS ORGANOS LO QUE LE CORRESPONDE A LA COMUNIDAD AUTONOMA ES UNA INTERVENCION PARTICIPATIVA. LAS DIFICULTADES DE DEMARCACION SE ACENTUAN EN LO QUE SE REFIERE A LOS JUZGADOS DE PAZ, DADA LA POSIBILIDAD O, INCLUSO, LA PROBABILIDAD DE QUE DOS MUNICIPIOS PUEDAN CONSTITUIR UN JUZGADO.

POR TODO ELLO, LAS RELACIONES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, AUNQUE REQUIEREN INDISPENSABLES MECANISMOS DE COLABORACION, EXCLUYEN DECISIONES UNILATERALES COMO LAS ASUMIDAS POR LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, QUE HA INCURRIDO, EN LOS PRECEPTOS RESEÑADOS, EN INCONSTITUCIONALIDAD.

C) SE EXAMINA EN ESTE APARTADO DEL RECURSO LO REFERENTE A LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA.

COMIENZA LA REPRESENTACION ACTORA POR EXPONER UNA CLASIFICACION DE LOS DIFERENTES ESTATUTOS DE AUTONOMIA EN LO RELATIVO A LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA, DIFERENCIANDO, ASI, ENTRE AQUELLOS ESTATUTOS QUE NO ASIGNAN COMPETENCIAS ESPECIFICAS A DICHOS ORGANOS JUDICIALES Y AQUELLOS OTROS QUE SI LO HACEN, GRUPO, ESTE ULTIMO, DENTRO DEL QUE SE APRECIA TAMBIEN UNA DIVERSIDAD, PUES, JUNTO A ESTATUTOS QUE PREVEN EL AGOTAMIENTO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE LAS SUCESIVAS INSTANCIAS PROCESALES SIN MAS LIMITE QUE LA JURISDICCION QUE CORRESPONDA AL TRIBUNAL SUPREMO (CANTABRIA, MURCIA Y LEY DE AMEJORAMIENTO DEL FUERO DE NAVARRA), HAY OTROS (CATALUÑA, GALICIA, ANDALUCIA Y ARAGON), EN LOS QUE DICHA FORMULA DE <AGOTAMIENTO> SE LIMITA POR REFERENCIA A LO DISPUESTO EN EL ART. 152 DE LA CONSTITUCION, EXISTIENDO AUN OTROS ESTATUTOS QUE AÑADEN A LOS LIMITES ANTERIORES LOS QUE IMPONGAN LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL (ASTURIAS, COMUNIDAD VALENCIANA, CASTILLA-LA MANCHA, BALEARES, EXTREMADURA Y MADRID), EN TANTO QUE EN EL ESTATUTO DEL PAIS VASCO SE HACE TAMBIEN UNA REFERENCIA A LO QUE PREVEA LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL.

EXISTE, PUES, UNA DIVERSIDAD ESTATUTARIA EN ESTE PUNTO, CON LA QUE CHOCA ABIERTAMENTE EL METODO <UNIFORME E IGUALADOR> DE LA LEY ORGANICA. LA PRECLUSION DE LAS INSTANCIAS PROCESALES ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA QUIEBRA, EN EFECTO, CON LA ORDENACION PROCESAL CONTENIDA EN LOS ARTS. 73, 74 Y 75 DE LA LEY ORGANICA, QUE, AL ESTABLECER LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS ENTRE LOS ORGANOS JUDICIALES, HACEN IMPOSIBLE, EN DICHOS CASOS, TAL <CULMINACION> DE LAS INSTANCIAS PROCESALES ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR. ESTIMA LA REPRESENTACION ACTORA QUE LO QUE RECLAMAN LA CONSTITUCION Y EL ESTATUTO EN ESTE PUNTO ES QUE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE GALICIA LE CORRESPONDIERAN, EN EL ORDEN CIVIL, LOS RECURSOS DE CASACION Y REVISION EN MATERIA DE DERECHO ESPECIFICO DE GALICIA Y, EN MATERIA DE DERECHO COMUN, LOS RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, DEBIENDO OSTENTAR, EN EL ORDEN PENAL, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION, EN EL ORDEN SOCIAL PARA CONOCER DE LOS RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES DE LOS JUZGADOS CORRESPONDIENTES Y OTRO TANTO, EN FIN, EN EL ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. SIN EMBARGO, AUNQUE LOS ARTS. 73.1, A) Y B), 74.2 Y 75.2 DE LA LEY ORGANICA SE ACOMODAN A ALGUNAS DE ESTAS EXIGENCIAS, NO OCURRE ASI EN LAS RELATIVAS A LOS ORDENES CIVIL (EN MATERIA DE DERECHO COMUN) Y PENAL, PUES EL ART.

73 CONFIGURA A LA SALA DE LO CIVIL Y LO PENAL COMO ORGANO JURISDICCIONAL, EN UNICA INSTANCIA, PARA CASOS EXCEPCIONALES, VACIANDOSE ASI DE CONTENIDO LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR E INCURRIENDOSE, POR TANTO, EN INCONSTITUCIONALIDAD.

DE OTRA PARTE, LA PROVINCIALIZACION DE LA JURISDICCION CIVIL DE GALICIA REPUGNA NO SOLO A LAS CONCEPCIONES CLASICAS REGIONALISTAS, SINO A LOS PRINCIPIOS QUE INSPIRAN EL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS, CONSTITUYENDO UN INSTRUMENTO DE DESVITALIZACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, ADEMAS DE UN FLAGRANTE ATENTADO A LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIOS RELATIVOS AL TRIBUNAL SUPERIOR. IDENTICO RAZONAMIENTO MERECE LA REGULACION RELATIVA AL ORDEN PENAL, AL NO RECONOCERSE EN ELLA LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PARA CONOCER DE LOS RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION, LO QUE DEPARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 82.2 Y 3, POR VULNERAR EL ART. 152.2 DE LA CONSTITUCION, ASI COMO EL ART. 21 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE GALICIA.

D) SE CONSIDERA EN ESTE APARTADO DEL RECURSO LO RELATIVO AL USO DE LA LENGUA GALLEGA EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

EL DERECHO A USAR EL IDIOMA PROPIO Y OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (ARTS. 3 DE LA CONSTITUCION Y 5.1 Y 2 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE GALICIA) FORMA PARTE DEL CONTENIDO MATERIAL DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA PARA LA <PROMOCION Y ENSEÑANZA DE LA LENGUA GALLEGA> (ART. 27.20 DEL MISMO ESTATUTO), DERECHO GARANTIZADO TAMBIEN EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART. 9.2 DE LA CONSTITUCION. POR LO DEMAS, EL CITADO ART. 5 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA ESTABLECE QUE LOS PODERES PUBLICOS DE GALICIA NO SOLO GARANTIZARAN EL USO NORMAL Y OFICIAL DE LOS DOS

IDIOMAS, SINO TAMBIEN QUE POTENCIARAN LA UTILIZACION DEL GALLEGO EN TODOS LOS ORDENES DE LA VIDA CIVIL, LO QUE AFECTA TAMBIEN A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

ES, PUES, IMPROPIO QUE LAS LEGISLACIONES SECTORIALES REGULEN ESTA CUESTION, MAXIME CUANDO EL ESTADO CARECE DE COMPETENCIA PARA ELLO. LA NORMATIVA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTITUCION Y DE LOS ESTATUTOS REFERIDA AL IDIOMA ABARCA TODOS LOS CAMPOS Y ESFERAS DE LA ADMINISTRACION (INCLUIDA LA DE JUSTICIA) Y, EN TODO CASO, LA LEGISLACION SECTORIAL SE HABRA DE MANTENER EN EL AMBITO DE SU PROPIA COMPETENCIA. NO LO HA HECHO ASI LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, CUYO GRADO DE ARBITRARIEDAD EN ESTE PUNTO VIENE EXPRESADO POR LOS APARTADOS 1 Y 3 DEL ART. 231 EN LOS QUE SE ESTABLECE UN IDIOMA PARA LOS FUNCIONARIOS Y OTRO PARA LOS ADMINISTRADOS. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTE ART. 231 DERIVA DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

EN CUANTO A SU APARTADO PRIMERO, PORQUE EN EL SE IMPONE A LOS FUNCIONARIOS EL USO OBLIGATORIO DE UN SOLO IDIOMA, SIENDO ASI QUE EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA EXISTEN DOS IDIOMAS OFICIALES, UNO DE LOS CUALES RESULTA, POR LO TANTO, EXCLUIDO.

EN CUANTO AL APARTADO 2, PORQUE REGULA EL IDIOMA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, INCURRIENDO ASI EN INCOMPETENCIA, PORQUE DESCONOCE LAS REGULACIONES AUTONOMICAS SOBRE ESTE PUNTO (LEY DEL PARLAMENTO DE GALICIA DE 15 DE JUNIO DE 1983) Y PORQUE LA RESERVA FINAL DE ESTE APARTADO DEJA A LA VOLUNTAD DE UNA DE LAS PARTES EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE UTILIZAR EL IDIOMA OFICIAL.

EN CUANTO AL APARTADO 3, PORQUE LA REGULACION QUE EN EL SE HACE DEL USO DE LOS IDIOMAS <AUTOCTONOS> DEBE SER RECHAZADA POR NOTORIA FALTA DE COMPETENCIA ESTATAL, SIN PERJUICIO DE QUE LA ENUMERACION QUE EL PRECEPTO CONTIENE COMPORTA, AL TIEMPO, UNA EXCLUSION TACITA QUE ENTRAÑA UNA DESIGUALDAD DE TRATO.

EN FIN, EN CUANTO AL APARTADO 4, PORQUE SU REGULACION DEL IDIOMA PROPIO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SE HA DICTADO, TAMBIEN INCURRIENDO EN INCOMPETENCIA.

POR TODO ELLO, EN SUMA, EL ART. 231 DE LA LEY ORGANICA ES INCONSTITUCIONAL, POR DISCRIMINATORIO PARA DETERMINADOS CIUDADANOS Y POR INTROMISION EN LA EXCLUSIVA COMPETENCIA AUTONOMICA PARA LA REGULACION DEL USO DEL IDIOMA.

E) BAJO LA RUBRICA <OTRAS INCONSTITUCIONALIDADES MATERIALES>, EXAMINA LA REPRESENTACION ACTORA LOS ARTS. 37, 341.2, 455, 456 Y 431 DE LA LEY ORGANICA.

EL ART. 37 ES CONTRARIO AL ART. 20.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE GALICIA, ENTRAÑANDO UNA INVASION DE LAS FACULTADES QUE CORRESPONDEN A ESTA COMUNIDAD AUTONOMA, SIN QUE SIRVA PARA OBVIAR TAL CONCLUSION LA FORMULA <FRIVOLA Y POTESTATIVA> QUE SE INSERTA EN SU APARTADO 3. , CONTEMPLANDO LA POSIBLE ATRIBUCION DE FACULTADES DE GESTION A LA COMUNIDAD AUTONOMA.

EL ART. 341.2 REMITE A REGLAMENTO PARA LA DETERMINACION DE LOS CRITERIOS DE VALORACION SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL IDIOMA Y DEL DERECHO CIVIL ESPECIAL O FORAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, COMO MERITO PREFERENTE, ATRIBUYENDOSE ASI EL ESTADO UNA COMPETENCIA DE EJECUCION REGLAMENTARIA QUE CORRESONDE A GALICIA. LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO DERIVA DE LOS ARGUMENTOS YA INVOCADOS EN RELACION CON EL IDIOMA Y CON EL CONOCIMIENTO DEL DERECHO PROPIO DE CADA COMUNIDAD.

LOS ARTS. 455 Y 456 SON INCONSTITUCIONALES POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LOS APARTADOS QUE PRECEDEN, PUES DICHOS PRECEPTOS DESCONECTAN EL REGIMEN DE PERSONAL DEL TRATAMIENTO GLOBAL DE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, QUE ES DE COMPETENCIA AUTONOMICA.

EL ART. 431, EN FIN, ES TAMBIEN INCONSTITUCIONAL EN LO QUE TIENE DE INVASION DIRECTA DE TITULOS COMPETENCIALES DE GALICIA Y DE REMISION NORMATIVA EN AMBITOS QUE CORRESPONDEN A DICHA COMUNIDAD AUTONOMA. SE REITERAN, AL RESPECTO, LOS ARGUMENTOS ANTERIORES.

SE CONCLUYO SUPLICANDO SE DICTARA SENTENCIA DECLARANDO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS Y SU NULIDAD, ASI COMO LA DE AQUELLOS OTROS QUE GUARDASEN CON ELLOS <VINCULACION CAUSAL O CONEXION>.

4. MEDIANTE ESCRITO QUE FUE REGISTRADO EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 1985, DON MIGUEL IGNACIO LEGARDA URIARTE Y DON JOSE IGNACIO LOPEZ CARCAMO, LETRADOS DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORIO DE VIZCAYA ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA DEL GOBIERNO VASCO PRESENTARON, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE ESTE, RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DEL PODER JUDICIAL. TRAS FUNDAMENTARSE EN ESTE ESCRITO LA LEGITIMACION DEL ORGANO RECURRENTE, SE EXPUSIERON LAS ALEGACIONES QUE A CONTINUACION SE RESUMEN:

A) SE INICIA LA FUNDAMENTACION DEL RECURSO CON UNAS <CONSIDERACIONES GENERALES> SOBRE LA NATURALEZA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA Y SOBRE SU INTERPRETACION, A LA LUZ DE LA CONSTITUCION. LA NATURALEZA DE LA NORMA ESTATUTARIA SE EXAMINA DESDE LA PERSPECTIVA DE SU CONTENIDO Y FUNCION Y ATENDIENDO TAMBIEN A SU PECULIAR FORMA DE ELABORACION Y APROBACION, PRESENTANDOSE EL ESTATUTO COMO CONCRECION FINAL DEL MARCO DISPOSITIVO DE LA CONSTITUCION, QUE, DOTADO DE UNA ESPECIAL RIGIDEZ, PROVEE A LA <CONSTITUCIONALIZACION DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO>, Y QUE, POR SU MODO DE ELABORACION Y APROBACION, SE PRESENTA COMO UN <CONVENIO CONSTITUCIONAL> INTEGRADO EN EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD, INMUNE RESPECTO DE CUALQUIER OTRA LEY Y NECESITADO DE UNA INTERPRETACION CONJUNTA CON LA CONSTITUCION.

A PARTIR DE ESTOS CRITERIOS, ABORDA LA REPRESENTACION ACTORA EL ANALISIS DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIOS QUE REGULAN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EXAMEN QUE SE INICIA CON LA CONSIDERACION DE LO DISPUESTO EN EL ART. 149.1.5 DE LA CONSTITUCION. EN ESTE PRECEPTO, EL TERMINO <ADMINISTRACION DE JUSTICIA> ES SINONIMO DE PODER JUDICIAL EN SUS ASPECTOS FUNCIONAL (POTESTAD JURISDICCIONAL) Y ORGANICO (CONFIGURACION ABSTRACTA, AL MARGEN DE CUALQUIER TIPO DE PROYECCION TERRITORIAL, DE LOS ORGANOS QUE FORMAN DICHO PODER). EN DEFINITIVA, LO QUE LA CONSTITUCION PERSIGUE AL ATRIBUIR AL ESTADO UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA NO ES SINO EL ASEGURAMIENTO DE UN NUCLEO IRREDUCTIBLE E INDEROGABLE DE FUNCIONES QUE GARANTICEN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES BASICOS DEL ESTADO EN SU CONJUNTO, EXIGENCIA QUE AFECTA, EN ESTE CASO, NO SOLO A LA PROPIA POTESTAD JURISDICCIONAL (ASPECTO FUNCIONAL DEL PODER JUDICIAL), SINO TAMBIEN A LA CONFIGURACION ABSTRACTA DE LOS ORGANOS JUDICIALES, PUDIENDO ATRIBUIRSE A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EL RESTO DE LAS FUNCIONES A TRAVES DE SUS ESTATUTOS Y EN VIRTUD DE LA CLAUSULA RESIDUAL DEL ART. 149.3 DE LA CONSTITUCION. ESTA INTERPRETACION, POR LO DEMAS, ENCUENTRA TAMBIEN SU APOYO EN EL ART. 152.1 DE LA MISMA NORMA FUNDAMENTAL, PRECEPTO QUE PERMITE ATRIBUIR A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS UNA PARTICIPACION EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES, DE LO QUE SE DEDUCE QUE TAL ORGANIZACION NO PERTENECE A LA MATERIA DEL ART.

149.1.5, PRECEPTO, ESTE ULTIMO, QUE NO SE REFIERE, EN ESTE ASPECTO, SINO A LA CONFIGURACION ABSTRACTA DE CADA ORGANO JURISDICCIONAL. SI LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PUEDEN OSTENTAR LAS COMPETENCIAS QUE DICE EL ART. 152.1, CON MAYOR RAZON PODRAN ASUMIR COMPETENCIAS EN ASPECTOS EXTERNOS AL PODER JUDICIAL; ESTO ES, EN LO QUE UN SECTOR DE LA DOCTRINA HA LLAMADO LA <ADMINISTRACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA>.

EN EL ART. 149.3 DE LA CONSTITUCION SE FUNDAMENTAN, PUES, ALGUNOS PRECEPTOS DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA EL PAIS VASCO QUE NO EXCEDEN, POR LO DICHO, DEL MARCO DEL ART. 149.1.5. ASI OCURRE, EN PRIMER LUGAR, CON EL ART. 13.1 DEL ESTATUTO, QUE, REMITIENDOSE A LAS LEYES ORGANICAS DEL PODER JUDICIAL, ATRIBUYE A LA COMUNIDAD AUTONOMA TODAS LAS FACULTADES QUE DICHAS LEYES CONFIEREN AL EJECUTIVO ESTATAL, CLAUSULA ESTATUTARIA ESTA QUE HA SIDO, SIN EMBARGO, DESCONOCIDA EN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA IMPUGNADA (ARTS. 29, 35.1, 36, 37, 171.4, 441,2, 455, 464.3 Y 4, 465.2, 466, 469.2, 471, 491.1, 492, 503.1, 508.2 Y 3, DISPOSICION ADICIONAL 1.2, DISPOSICION FINAL 3.1, 4. APARTADO, SEGUNDO PARRAFO, Y, POR CONEXION, ARTS. 454 A 471, AMBOS INCLUSIVE, Y 485 A 508, AMBOS TAMBIEN INCLUIDOS). SE CITAN, ASIMISMO, OTROS PRECEPTOS ESTATUTARIOS REFERIDOS A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN ASPECTOS COMPETENCIALES ESPECIFICOS, Y QUE SON, POR TANTO, DE APLICACION PRIORITARIA RESPECTO A LA CLAUSULA GENERAL DEL ART. 13.1 (PRECEPTOS COMPRENDIDOS EN EL CAPITULO III DEL TITULO II DEL ESTATUTO). POR ULTIMO, SE MENCIONAN TAMBIEN OTROS PRINCIPIOS ESTATUTARIOS REFERIDOS A ASPECTOS QUE NO SON ESTRICTAMENTE COMPETENCIALES, COMO SON LOS ARTS. 14 Y 34.1 DEL ESTATUTO, REFERENTES A LAS COMPETENCIAS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ACTUANTES EN EL PAIS VASCO, PRECEPTOS QUE ENCUENTRAN AMPARO EN LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ART.

152.1 DE LA CONSTITUCION, QUE FIJAN UN MARCO DENTRO DEL CUAL EL ESTATUTO PODRA ADECUAR EL PODER JUDICIAL A LAS PECULIARIDADES DE CADA COMUNIDAD AUTONOMA.

CONCLUYEN ESTAS CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTATUTO DE AUTONOMIA CON LA AFIRMACION DE SU NATURALEZA <CUASICONDICIONAL> Y CON LA REFERENCIA, EN CUANTO A SU REFORMA, A LA <SUPERRIGIDEZ> QUE LE ES PROPIA, DE TAL MODO QUE EL ESTATUTO GOZA DE UNA INMUNIDAD EN CUYA VIRTUD DEVENDRA INCONSTITUCIONAL Y NULA POR INFRACCION DEL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD, CUALQUIER LEY QUE LO MODIFIQUE O VULNERE.

LA ULTIMA PARTE DE ESTAS CONSIDERACIONES GENERALES SE DEDICA EN EL RECURSO AL ENUNCIADO DE LAS PRETENSIONES EN EL FORMULADAS. SE DICE, ASI, QUE LAS IMPUGNACIONES DEDUCIDAS SON DE DOS TIPOS, CORRESPONDIENTES A OTRAS TANTAS FORMAS DE VULNERACION, POR LA LEY ORGANICA, DEL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD: DICHA LEY ORGANICA, EN UNOS CASOS, VULNERA LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA POR SU ESTATUTO DE AUTONOMIA, Y CONTRAVIENE, EN OTROS, PRECEPTOS ESTATUTARIOS AUN SIN INVADIR DIRECTAMENTE COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. EN ESTE ULTIMO CASO, RESULTA INEQUIVOCA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS, EN TANTO QUE RESPECTO DEL PRIMER TIPO DE DISPOSICIONES RECURRIDAS ES TODAVIA PRECISO DINTINGUIR ENTRE DOS TIPOS DE PRECEPTOS, ES DECIR, ENTRE AQUELLOS QUE CONTRAVIENEN UNA NORMA ESTATUTARIA EXPRESAMENTE ATRIBUTIVA DE COMPETENCIA A LA COMUNIDAD AUTONOMA, Y AQUELLOS OTROS, EN SEGUNDO LUGAR, QUE INCURREN EN TAL VULNERACION RESPECTO DE NORMAS ESATUTARIAS QUE REMITEN, EN ORDEN A LA DETERMINACION DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS, A LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL. EN EL PRIMER CASO, TAMBIEN ES INDISCUTIBLE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS REGLAS IMPUGNADAS, PERO EN EL SEGUNDO CABRIA, QUIZA, ENTENDER QUE NO PROCEDE HABLAR DE INCONSTITUCIONALIDAD, SIN MAS, DE LA LEY ORGANICA, EN LA MEDIDA EN QUE LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA VENDRIA DETERMINADA POR EL MECANISMO DE LA REMISION ESTATUTARIA, PUDIENDOSE ASI ENTENDER QUE, EN ESTOS CASOS, LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS NO SON INCONSTITUCIONALES, POR NO SER OBSTACULO A LA PLENA OPERATIVIDAD DE TAL REMISION. SI ASI LO ENTENDIERA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SE PIDE POR LA REPRESENTACION ACTORA, CON CARACTER <CAUTELAR Y SUBSIDIARIO>, QUE EL TRIBUNAL SE PRONUNCIE SOBRE LA OPERATIVIDAD DEL <MECANISMO ESTATUTARIO DE REMISION> EN CADA UNO DE LOS PRECEPTOS AFECTADOS POR EL MISMO.

B) SE CONSIDERA EN EL ESCRITO DE RECURSO, A CONTINUACION, LO RELATIVO A LA PROVISION DE MEDIOS MATERIALES Y ECONOMICOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

ES ESTA UNA MATERIA AJENA A LA COMPRENDIDA EN EL ART. 149.1.5 DE LA CONSTITUCION, PRECEPTO QUE, SEGUN SE HA SEÑALADO, CONTEMPLA, TAN SOLO, LA POTESTAD JURISDICCIONAL Y LA CONFIGURACION ABSTRACTA DE LOS TIPOS Y ORGANOS JURISDICCIONALES QUE LA EJERZAN. POR ELLO, LA PROVISION DE MEDIOS MATERIALES Y ECONOMICOS, INTEGRADA EN LA <ADMINISTRACION DE LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA>, PUEDE SER ASUMIDA POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (ART. 149.3 DE LA CONSTITUCION). ADEMAS, EL ART. 35.3 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PREVE QUE CORRESPONDERA A LA COMUNIDAD AUTONOMA DICHA PROVISION DE MEDIOS MATERIALES Y ECONOMICOS EN LOS MISMOS TERMINOS EN QUE TAL FACULTAD SE RESERVE AL GOBIERNO EN LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL. SE TRATA DE UN PRECEPTO QUE, DE ALGUNA MANERA, REPRODUCE EL PRINCIPIO GENERAL DE COMPETENCIA DEL ART. 13.1 DEL MISMO ESTATUTO, LO QUE NO ES DE EXTRAÑAR, SI SE TIENE EN CUENTA QUE ESTE ULTIMO PRECEPTO SE REFIERE, EN GENERAL, A LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA SOBRE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, ENTANTO QUE EL ART. 35 SE INSERTA ENTRE LOS PRECEPTOS DEDICADO A LA CONFIGURACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL PAIS VASCO, REGULANDO LO RELATIVO A LA PROVISION DE TODO TIPO DE MEDIOS MATERIALES Y ECONOMCIOS. ES, EN DEFINITIVA, CLARO QUE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO RESULTA COMPETENTE PARA PROVEER TODO TIPO DE MEDIOS MATERIALES Y ECONOMICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EN LOS MISMOS TERMINOS EN QUE SE RESERVE TAL FACULTAD AL GOBIERNO DEL ESTADO POR LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL.

POR SU PARTE, EL ART.

37 DE LA LEY ORGANICA IMPUGNADA ATRIBUYE AL GOBIERNO, A TRAVES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, LA TAREA DE PROVEER LOS REPETIDOS MEDIOS; CONTEMPLANDO, ASIMISMO, LA REMISION ANUAL AL GOBIERNO, POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, DE UNA RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LAS NECESIDADES EXISTENTES. SI SE TIENE EN CUENTA LO PREVISTO EN EL ART. 35.3 DEL ESTATUTO, LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO SUSTITUIRA A ESTOS EFECTOS, Y EN SU TERRITORIO, AL GOBIERNO DEL ESTADO, ALCANZANDO SU COMPETENCIA A LA DETERMINACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LOS MEDIOS MATERIALES Y ECONOMICOS, LO QUE, POR LO DEMAS, HABRA DE TENER LAS CONSECUENCIAS PERTINENTES A LA HORA DE LA FIJACION DEL CUPO A PAGAR AL ESTADO POR LA COMUNIDAD AUTONOMA, DE TAL MODO QUE ESTA COMPETENCIA TIENE EL MISMO TRATAMIENTO QUE CUALQUIER OTRA EN EL MECANISMO ECONOMICO FINANCIERO DEL PAIS VASCO (CONCIERTO ECONOMICO). SIN EMBARGO, LA LEY ORGANICA IMPUGNADA HA INFRINGIDO ESTA COMPETENCIA EN LOS APARTADOS 3 Y 4 DE SU ART. 37, QUE PREVEN, RESPECTIVAMENTE, LA POSIBLE ATRIBUCION A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE LA GESTION DE TODO TIPO DE RECURSOS <CUANDO LOS PRECEPTIVOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA LES FACULTEN EN ESTA MATERIA, Y, DE OTRA PARTE, LA FIJACION EN UN PROGRAMA ANUAL DE LOS RECURSOS PROPIOS QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DESTINEN A ESTAS FINALIDADES, PROGRAMA QUE SERA APROBADO POR LA CORRESPONDIENTE ASAMBLEA LEGISLATIVA, PREVIO INFORME FAVORABLE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.

ESTOS PRECEPTOS SON <ABSOLUTAMENTE INCONSTITUCIONALES>. EL APARTADO 3 DEL ART. 37 LO ES PORQUE SE REFIERE A RECURSOS QUE NO PUEDEN SER SINO ESTATALES Y PORQUE, SIN EMBARGO, EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO NO PUEDEN EXISTIR RECURSOS MATERIALES Y ECONOMICOS DE TITULARIDAD ESTATAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. POR LO DEMAS, ESTE APARTADO 3 PARECE REFERIRSE A RECURSOS MERAMENTE DINERARIOS (Y NO A LOS DEMAS, POR TANTO, QUE EL ESTATUTO CONTEMPLA), INCURRIENDO, DE OTRO LADO, EN VULNERACION EXPLICITA DEL ESTATUTO AL DISPONER QUE SE PODRA ATRIBUIR A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LA GESTION DE UNOS RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LAS MISMAS, SIN EMBARGO, EN VIRTUD DE SUS PROPIOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, CUYAS DETERMINACIONES, EN FIN, HAN SIDO DESCONOCIDAS POR EL PRECEPTO IMPUGNADO (ASI, A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO LE CORRESPONDE NO SOLO LA GESTION, SINO LA PROVISION, DE TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y ECONOMICOS).

TAMBIEN ES INCOSTITUCIONAL, DE OTRO LADO, EL APARTADO 4 DE ESTE ART. 37. LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL NO ES, EN EFECTO, INSTRUMENTO IDONEO PARA DISPONER COMO HA DE EJERCER LA COMUNIDAD AUTONOMA SU COMPETENCIA, ELLO SIN PERJUICIO DE QUE LA DISPOSICION RECURRIDA INTRODUCE UN INFORME PREVIO FAVORABLE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (VINCULANTE), CONVIRTIENDO ASI EN COMPARTIDA LA COMPETENCIA ORIGINARIAMENTE AUTONOMICA O ESTABLECIENDO, CUANDO MENOS, UNA TUTELA DEL ESTADO SOBRE LA COMUNIDAD AUTONOMA. SE INDICA, EN FIN, QUE EN ESTE APARTADO 4 SE ESTABLECE UN SISTEMA DIFERENTE AL PREVISTO EN LA MISMA LEY ORGANICA RESPECTO DE LAS FACULTADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON LO QUE SE OLVIDA QUE EL ESTATUTO ATRIBUYE A LA COMUNIDAD AUTONOMA LA MISMA COMPETENCIA QUE AL GOBIERNO CONFIERA LA REPETIDA LEY ORGANICA.

C) SE ABORDA, EN SEGUNDO LUGAR, EL EXAMEN DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS RELATIVOS A LAS DEMARCACIONES JUDICIALES.

LA ORGANIZACION JUDICIAL REQUIERE LA DETERMINACION DE LOS TIPOS DE ORGANOS JURISDICCIONALES, Y DE SUS CORRESPONDIENTES COMPETENCIAS, DEL NUMERO DE DICHOS ORGANOS EN CADA TERRITORIO, DEL AMBITO TERRITORIAL MISMO QUE A CADA TIPO DE ORGANO CORRESPONDA Y DE LA CAPITALIDAD, EN FIN, DE CADA ORGANO JURISDICCIONAL.

IMPORTA, A ESTOS EFECTOS, INTERPRETAR EL SIGNIFICADO DE LAS EXPRESIONES <DEMARCACION JUDICIAL> Y <ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES>, EMPLEADAS POR LAS NORMAS DELIMITADORAS DE COMPETENCIAS. POR DEMARCACION JUDICIAL SE HA DE ENTENDER EL AMBITO DE ACTUACION TERRITORIAL DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, CONSISTIENDO SU <ORGANIZACION> EN LA OPERACION DE PROYECCION DE TALES ORGANOS SOBRE EL TERRITORIO, ESTO ES, EN LA DETERMINACION DEL NUMERO DE ORGANOS JURISDICCIONALES DE CADA TIPO ABSTRACTO QUE HAN DE EXISTIR EN UN AMBITO TERRITORIAL Y DE SU CAPACIDAD. A PARTIR DE LO DICHO, ES YA POSIBLE COMPRENDER EL ALCANCE DE LO DISPUESTO EN LOS ARTS.

149.1 Y 152.1 (PARRAFO SEGUNDO) DE LA CONSTITUCION Y EN EL ART. 34.1 (PARRAFO SEGUNDO) DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA, SEGUN EL CUAL <LA COMUNIDAD AUTONOMA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 152 DE LA CONSTITUCION, PARTICIPARA EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES DE AMBITO INFERIOR A LA PROVINCIA Y EN LA LOCALIZACION DE SU CAPACIDAD, FIJANDO, EN TODO CASO, SU DELIMITACION>.

EL ART. 149.1.5 DE LA CONSTITUCION ES IRRELEVANTE PARA ANALIZAR LA COMPETENCIA, EN ESTA MATERIA, DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, PUES, CUALQUIERA QUE SEA EL SIGNIFICADO Y ALCANCE DE TAL PRECEPTO, ES LO CIERTO QUE EXISTE OTRO, EN LA MISMA CONSTITUCION, REFERIDO ESPECIALMENTE A LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES, COMO ES EL ART. 152.1, PARRAFO SEGUNDO. DERIVA INEQUIVOCAMENTE DE ESTE PRECEPTO QUE LOS ESTATUTOS PUEDEN ESTABLECER LOS SUPUESTOS Y FORMAS DE PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES DEL PROPIO TERRITORIO, DEBIENDO ENTENDERSE EL INCISO FINAL DEL PRECEPTO (<DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL>) NO EN EL SENTIDO DE QUE DICHA LEY ORGANICA PREVALEZCA SOBRE EL ESTATUTO, LO QUE SERIA CONTRARIO AL RANGO DE ESTE ULTIMO Y A SU PROCEDIMIENTO DE ELABORACION, SINO EN TERMINOS DE UNA REMISION CONSTITUCIONAL PARA COMPLETAR LA REGULACION DE LOS ASPECTOS QUE NO HAYAN SIDO OBJETO DE TRATAMIENTO EN EL ESTATUTO. ASI, PUES, EN VIRTUD DEL ART.

34.1 DEL ESTATUTO, LA COMUNIDAD AUTONOMA OSTENTA COMPETENCIAS PARA PARTICIPAR EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES DE AMBITO INFERIOR A LA PROVINCIA, PARA LOCALIZAR LA CAPACIDAD DE LAS MISMAS Y PARA FIJAR, TAMBIEN, SU DELIMITACION. EL PRECEPTO ESTATUTARIO DISTINGUE ENTRE <PARTICIPACION> Y <FIJACION>, LO QUE ES CONGRUENTE CON LA CONSTITUCION, QUE ALUDE, EFECTIVAMENTE, A LA PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES, LO QUE ENTRAÑA QUE, SI BIEN LA COMUNIDAD AUTONOMA NO PUEDE DISPONER DE TODA LA COMPETENCIA EN ORDEN A DICHA <ORGANIZACION>, SI PUEDE TENER COMPETENCIA SOBRE ALGUNOS DE LOS ASPECTOS DE DICHA MATERIA, Y ELLO ES LO QUE OCURRE CON LA FIJACION DE LA DELIMITACION DEL AMBITO TERRITORIAL DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES. DE ESTE MODO, LA COMUNIDAD AUTONOMA FIJA, EN TODO CASO, LA DELIMITACION DEL AMBITO TERRITORIAL DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN SU TERRITORIO Y PARTICIPA, EN LO QUE SE REFIERE A LOS DEMAS ASPECTOS, EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES: DELIMITACION DEL NUMERO DE ORGANOS JURISDICCIONALES CORRESPONDIENTES A CADA TIPO ABSTRACTO Y FIJACION DE SU CAPITALIDAD. NO HAY, EN ESTE PUNTO, LAGUNA EN EL ESTATUTO QUE HUBIERA DE SER COMPLETADA POR LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, PUES EL PROPIO ESTATUTO (ART. 13.1) ATRIBUYE A LA COMUNIDAD AUTONOMA LAS FACULTADES QUE AQUELLA LEY ORGANICA RECONOZCA, RESERVE O ATRIBUYA AL GOBIERNO DEL ESTADO. EN DEFINITIVA, LOS ARTS. 13.1 Y 34.1 DEL ESTATUTO SON PERFECTAMENTE COMPATIBLES; EL PRIMERO ESTABLECE UN PRINCIPIO GENERAL DE COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA POR REFERENCIA A LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, DE TAL MODO QUE DEPENDERA DE ESTA LEY EL QUE LA COMUNIDAD TENGA MAS O MENOS COMPETENCIAS, EN VIRTUD DE LAS QUE SE ATRIBUYAN AL GOBIERNO DEL ESTADO; POR SU PARTE, EL ART. 34.1 CONTIENE UNA MODULACION DE LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA EN RELACION A LA ORGANIZACION DE PODER JUDICIAL PARA SU AMBITO TERRITORIAL, PUES EL ESTATUTO NO HA QUERIDO, EN ESTE PUNTO, DEJAR A MERCED DE UNA REMISION COMO LA ANTERIOR LA COMPETENCIA AUTONOMICA, QUE ES AQUI, POR TANTO, DE CARACTER DIRECTO. EN TODO AQUELLO QUE SE DERIVE DEL ART. 34.1 ACTUARA PLENAMENTE, SIN EMBARGO, EL ART.

13.1 Y LA REMISION QUE EL DISPONE.

POR ELLO, PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA AUTONOMICA DE PARTICIPACION (EN LA MISMA FORMA QUE CORRESPONDA AL GOBIERNO DEL ESTADO) HAY QUE ACUDIR AL TITULO II DEL LIBRO I DE LA LEY ORGANICA IMPUGNADA, QUE PREVE QUE LA DETERMINACION DEL NUMERO DE ORGANOS JURISDICCIONALES SE HARA POR LEY, PREVIO INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, DISPONIENDO EL GOBIERNO DEL ESTADO DE INICIATIVA LEGISLATIVA AL RESPECTO. ESTE SEGUIRA SIENDO EL MECANISMO EN LO QUE CONCIERNE A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO, CON LA UNICA SALVEDAD DE QUE LA COMUNIDAD SUSTITUIRA AL GOBIERNO DEL ESTADO, PUDIENDO ASI EJERCER, ANTE LAS CORTES GENERALES, LA CORRESPONDIENTE INICIATIVA LEGISLATIVA (ARTS. 87.2 DE LA CONSTITUCION Y 28 B) DEL ESTATUTO). TAMBIEN SERA COMPETENTE LA COMUNIDAD AUTONOMA, SUSTITUYENDO IGUALMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA CREACION DE SECCIONES Y JUZGADOS, OIDO PRECEPTIVAMENTE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (ART. 36). IMPORTA SEÑALAR, EN FIN, QUE EL ART. 34.1 SE REFIERE A LA PARTICIPACION EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES DE AMBITO INFERIOR A LA PROVINCIA Y QUE, EN CUANTO A LAS DE AMBITO IGUAL O SUPERIOR, LA COMPETENCIA AUTONOMICA DERIVA DEL ART. 13.1 DEL MISMO ESTATUTO, ES DECIR, POR REFERENCIA A TODAS LAS FACULTADES QUE CORRESPONDAN AL GOBIERNO DEL ESTADO.

PUES BIEN, LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL INCLUYE UNA SERIE DE DISPOSICIONES QUE CHOCAN FRONTALMENTE CON LAS COMPETENCIAS SEÑALADAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. EN LO QUE SE REFIERE, EN PRIMER LUGAR, A LA DETERMINACION DEL NUMERO DE ORGANOS JURISDICCIONALES DE CADA TIPO, LOS ARTS. 29, 36, 78, 80.2, 81.1, 84, 89, 90, 92.1, 94, 95.1, 96 Y 99.1 SON INCONSTITUCIONALES POR NO RECONOCER LA COMPETENCIA ESTATUTARIA DE PARTICIPACION RESPECTO A DEMARCACIONES JUDICIALES DE AMBITO INFERIOR A LA PROVINCIA (ARTS. 35 Y 13.1 DEL ESTATUTO) O DE AMBITOS IGUAL O SUPERIOR (ART.

13.1 DEL ESTATUTO). EN LO RELATIVO A LA DELIMITACION DEL AMBITO TERRITORIAL DE CADA ORGANO JURISDICCIONAL, SON INCONSTITUCIONALES LOS ARTS. 30, 31, 32, 33, 35 (EXCEPTO EL EPIGRAFE 5), 78, 80, 84, 89, 90, 92, 94 (EXCEPTO EL EPIGRAFE 4), 96 Y 99, POR NO RECONOCER LA COMPETENCIA ESTATUTARIA DE FIJACION DE DEMARCACIONES JUDICIALES DE AMBITO INFERIOR A LA PROVINCIA (ARTS.

35.1 Y 13.1 DEL ESTATUTO), NI LA DE PARTICIPAR RESPECTO A LAS DEMARCACIONES JUDICIALES DE AMBITO IGUAL O SUPERIOR (ART. 13.1 DEL ESTATUTO). POR ULTIMO, EN CUANTO A LA DETERMINACION DE LA CAPITALIDAD, SON TAMBIEN INCONSTITUCIONALES LOS ARTS. 78, 80.1, 84, 90.1, 92.1, 95.2 Y 96, POR NO RECONOCER LA CORRESPONDIENTE COMPETENCIA AUTONOMICA DE PARTICIPACION (ARTS. 35.1 Y 13.1 CITADOS). EN DEFINITIVA, LA LEY ORGANICA DEBERIA HABER OMITIDO TODA REFERENCIA A LAS DELIMITACIONES TERRITORIALES (A EXCEPCION DE LA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA), DE TAL MODO QUE EL SUCESIVO ORDEN DE LOS TIPOS DE ORGANOS HABRIA DADO EL ORDEN DEL CORRESPONDIENTE AMBITO TERRITORIAL, PERO SIN LA DELIMITACION CONCRETA DEL MISMO.

D) SE CONSIDERA TAMBIEN EN EL ESCRITO DE RECURSO LA COMPETENCIA Y ORGANIZACION DEL PODER JUDICIAL EN LA COMUNIDAD AUTONOMA.

DE CONFORMIDAD CON EL ART. 152.1, PARRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCION, <UN TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, SIN PERJUICIO DE LA JURISDICCION QUE CORRESPONDA AL TRIBUNAL SUPERIOR, CULMINARA LA ORGANIZACION JUDICIAL EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA..., TODO ELLO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL>. POR SU PARTE, EL PARRAFO TERCERO DEL MISMO ART. 152.1 DISPONE QUE <SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 122, LAS SUCESIVAS INSTANCIAS PROCESALES, EN SU CASO, SE AGOTARAN ANTE ORGANOS JUDICIALES RADICADOS EN EL MISMO TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA EN QUE ESTE EL ORGANO COMPETENTE EN PRIMERA INSTANCIA>. EL ESTATUTO DE AUTONOMIA DEL PAIS VASCO DISPONE, EN SU ART. 34.1, QUE <LA ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL PAIS VASCO CULMINARA EN UN TRIBUNAL SUPERIOR CON COMPETENCIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA Y ANTE EL QUE SE AGOTARAN LAS SUCESIVAS INSTANCIAS PROCESALES>, PREVIENDOSE QUE DICHO ORGANO SE ESTRUCTURARA, <DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL>. DE OTRO LADO, EL ART. 14 DEL MISMO ESTATUTO DISPONE QUE LAS COMPETENCIAS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN EL PAIS VASCO SE EXTENDERAN, EN EL ORDEN CIVIL, A TODAS LAS INSTANCIAS Y GRADOS, INCLUIDOS LOS RECURSOS DE CASACION Y DE REVISION EN LAS MATERIAS DE DERECHO CIVIL FORAL PROPIO DEL PAIS VASCO, Y, EN EL ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, A TODAS LAS INSTANCIAS Y GRADOS, CUANDO SE TRATE DE ACTOS DICTADOS POR LA ADMINISTRACION DEL PAIS VASCO EN LAS MATERIAS CUYA LEGISLACION EXCLUSIVA CORRESPONDE A LA COMUNIDAD AUTONOMA Y, EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE TRATE DE ACTOS DICTADOS POR LA ADMINISTRACION DEL ESTADO.

EN ESTE PUNTO, LA LEY ORGANICA IMPUGNADA HA SUPUESTO UN CLARO ATAQUE AL ESTATUTO DE AUTONOMIA Y, POR TANTO, AL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, AL DESCONOCER LA EXTENSION DE LA COMPETENCIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN EL PAIS VASCO, TANTO EN EL ORDEN CIVIL COMO EN EL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

EN CUANTO AL ORDEN CIVIL (DERECHO FORAL PROPIO DEL PAIS VASCO), EL ESTATUTO ATRIBUYE A AQUELLOS ORGANOS JURISDICCIONALES EL CONOCIMIENTO DE TODAS LAS INSTANCIAS Y GRADOS, INCLUIDOS LOS RECURSOS DE CASACION Y REVISION, LO QUE HA SIDO VULNERADO POR LO DISPUESTO, EN INTERPRETACION CONJUNTA, EN LOS ARTS. 56.1 Y 73.1 DE LA LEY ORGANICA, QUE ATRIBUYEN A LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO EL CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS DE CASACION Y REVISION Y OTROS EXTRAORDINARIOS QUE ESTABLEZCA LA LEY, SIN DISTINGUIR SI DICHOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS SE PUEDEN INTERPONER TANTO EN ASUNTOS REGULADOS POR EL DERECHO CIVIL FORAL PROPIO O POR EL DERECHO COMUN. SE HA DESCONOCIDO, POR TANTO, LO DISPUESTO EN EL ART. 14.1 A) DEL ESTATUTO. DE OTRA PARTE, EL ART. 5.4 DE LA LEY ORGANICA CONTRAVIENE TAMBIEN LO PREVISTO EN EL ESTATUTO AL DISPONER QUE EL TRIBUNAL SUPREMO CONOCERA, EN TODO CASO, DEL RECURSO DE CASACION CUANTO ESTE SE FUNDAMENTE EN INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL DESAPODERANDO, ASI, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, PUES LA INTERVENCION DEL TRIBUNAL SUPREMO DEBERIA HABERSE CEÑIDO A LOS SUPUESTOS EN LOS QUE EL RECURSO DE CASACION SE FUNDAMENTE UNICAMENTE EN AQUEL MOTIVO.

POR LO QUE SE REFIERE AL ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, EL ART. 58.4 DE LA LEY ORGANICA ES TAMBIEN ANTIESTATUTARIO, PUES ATRIBUYE JURISDICCION AL TRIBUNAL SUPREMO PARA CONOCER DEL RECURSO DE CASACION, NO EN VIRTUD DE SI LA NORMA INFRINGIDA REGULA MATERIA DE EXCLUSIVA COMPETENCIA AUTONOMICA (ART. 14.1 C) DEL ESTATUTO), SINO EN ATENCION AL ORGANO QUE DICTO LA NORMA, DE TAL FORMA QUE NO SERA INFRECUENTE QUE RECURSOS CONTRA ACTOS DICTADOS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA EN MATERIAS DE SU COMPETENCIA EXCLUSIVA, PERO AUN NO DESARROLLADA NORMATIVAMENTE, SE SUSTRAIGAN AL CONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR.

E) EL ART. 65 DE LA LEY ORGANICA ESTABLECE LA COMPETENCIA PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL Y CONTRAVIENE TANTO LOS ARTS.

14.1 B) Y 34.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA COMO LO DISPUESTO EN EL PARRAFO TERCERO DEL ART. 152.1 DE LA CONSTITUCION. EN EFECTO, EL BLOQUE CONSTITUCIONAL RECONOCE AL TRIBUNAL SUPERIOR UNA COMPETENCIA ESTATUTARIA GENERICA PARA CONOCER TODO TIPO DE CAUSAS, SIN EXCEPCION POR LA NATURALEZA DEL DELITO, PUES EL CRITERIO SEGUIDO ES, NO EL DE LA MATERIA SINO EL DEL LOCUS DELICTI .

ASIMISMO VULNERAN EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD LOS ARTS. 66 Y 67 DE LA LEY ORGANICA AL NO RESPETAR LA REGULACION DE COMPETENCIAS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN EL PAIS VASCO (ART. 14 DE SU ESTATUTO DE AUTONOMIA).

F) EXAMINA TAMBIEN LA REPRESENTACION ACTORA LA REGULACION DE LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA Y JURISDICCION.

EL ART. 42 DE LA LEY ORGANICA SE REFIERE A LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA EN TERMINOS INCOMPATIBLES CON EL ART. 14.2 DEL ESTATUTO, PUES SUSTRAE DEL CONOCIMIENTO DEL ORGANO SUPERIOR COMUN LOS SUPUESTOS EN QUE EL CONFLICTO SE PLANTEE ENTRE ORGANOS JUDICIALES DE DISTINTA JURISDICCION RADICADOS EN EL TERRITORIO AUTONOMICO, DESCONOCIENDO ASI EL CRITERIO SEGUIDO POR EL ESTATUTO DE AUTONOMIA. AUNQUE CON REDACCION DEFECTUOSA, EL ART. 14.1.D DEL ESTATUTO HA QUERIDO RECOGER NO SOLO LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA, SINO TAMBIEN LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA.

EN LO RELATIVO A LOS CONFLICTOS DE JURISDICCION, EL ART. 38 DE LA LEY ORGANICA ATRIBUYE SU RESOLUCION A UN ORGANO COLEGIADO EN EL QUE SE INTEGRAN TRES VOCALES CONSEJEROS PERMANENTES DE ESTADO, DESCONOCIENDO ASI LA DISTRIBUCION TERRITORIAL DEL PODER OPERADA POR LA CONSTITUCION, YA QUE SE INTERFIERE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO EN LA DEL PAIS VASCO, NO A NIVEL DE COLABORACION, SINO DE DECISION. LOS CONFLICTOS QUE OPONGAN A LA ORGANIZACION JUDICIAL Y A LA ADMINISTRACION AUTONOMA HABRIAN DE SER RESUELTOS POR UN ORGANO DE COMPOSICION MIXTA EN EL QUE PARTICIPASEN MIEMBROS DEL TRIBUNAL SUPERIOR Y MIEMBROS TECNICOS DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACION AUTONOMA.

G) EN LO QUE SE REFIERE A LA NORMATIVA EN MATERIA DE PERSONAL, COMIENZA LA REPRENTACION ACTORA POR CONSIDERAR LAS REGLAS RELATIVAS A MAGISTRADOS, JUECES Y SECRETARIOS. SEGUN EL ART. 35.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA, <EL NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS, JUECES Y SECRETARIOS SE EFECTUARA EN LA FORMA PREVISTA EN LAS LEYES ORGANICAS DEL PODER JUDICIAL Y DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, SIENDO MERITO PREFERENTE EL CONOCIMIENTO DEL DERECHO FORAL VASCO Y EL DE EUSKERA, SIN QUE PUEDA ESTABLECERSE EXCEPCION ALGUNA POR RAZON DE NATURALEZA O VECINDAD>. SE SUBRAYA EN EL RECURSO QUE EL PRECEPTO TRANSCRITO SE REFIERE A TODO TIPO DE FORMAS DE PROVISION DE PLAZAS VACANTES PARA TODO EL FUNCIONARIADO (EL QUE COMPONE LA CARRERA JUDICIAL) Y EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y SE OBSERVA, DE OTRA PARTE, QUE, SI BIEN LOS NUMS. 1 Y 2 DEL CITADO ART.

35 EXCLUYEN DE LA COMPETENCIA AUTONOMICA EL NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS, JUECES Y SECRETARIOS, ELLO SIGNIFICA QUE TODO AQUELLO <QUE NO SEA NOMBRAMIENTO> CORRESPONDE A LA COMUNIDAD AUTONOMA, SIN PERJUICIO DE QUE AQUELLA EXCLUSION DESAPARECERIA EN LA HIPOTESIS DE QUE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL ATRIBUYERA EL NOMBRAMIENTO AL GOBIERNO DEL ESTADO. ASI, PUES, ES DE LA COMPETENCIA AUTONOMICA EL CONJUNTO DE FACULTADES, DISTINTAS A LAS DE NOMBRAMIENTO, RESERVADAS AL EJECUTIVO ESTATAL.

DE OTRA PARTE, EL MANDATO QUE INCLUYE EL ART. 35.1 CITADO NO PERMITE LA VALORACION DEL MERITO AL QUE SE REFIERE NI COMO CONCURRENTE NI COMO HIPOTETICO. PESE A ELLO, LA LEY ORGANICA IMPUGNADA HA DESCONOCIDO SISTEMATICAMENTE DICHO MERITO RESPECTO DE MAGISTRADOS (ARTS. 311 A 314, 301.3, 330.1 Y 2, 326, 207 A 209, 216, 332, 200 Y 201 Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2.4 Y 5, 8. , 15. , 16. Y 17. ), JUECES (ARTS. 301.1 Y 2, 302.1 Y 2, 329.1 Y 2, 216, 210 A 212, 211.3, 428, 431, 152.2.5, DISPOSICIONES TRANSITORIAS 3. , 8. Y 9. Y ART.

85.1), JUECES DE PAZ (ARTS. 101.1 Y 2 Y 4, 152.2.4, 213 Y 100), JUECES DE VIGILANCIA PENITENCIARIA (ART.94), JUECES DE MENORES (ARTS. 96, 329.3 Y DISPOSICION TRANSITORIA 26. , ASI COMO EN MATERIA DE PROVISION DE PLAZAS DE PRESIDENTE DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y DE LAS AUDIENCIAS, APRECIANDOSE IDENTICO DEFECTO EN LO RELATIVO, EN FIN, A LA PROVISION DE PLAZAS DE MAGISTRADOS SUPERIORES Y DE LAS AUDIENCIAS (ARTS. 330.3 Y 4).

EN CUANTO AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, CITA LA

REPRESENTACION ACTORA EL YA INVOCADO ART. 13.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA, ASI COMO EL ART. 35.3 DEL MISMO TEXTO NORMATIVO, DE CONFORMIDAD CON EL CUAL <CORRESPONDERA A LA COMUNIDAD AUTONOMA, DENTRO DE SU TERRITORIO, LA PROVISION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LOS TERMINOS EN QUE SE RESERVE TAL FACULTAD AL GOBIERNO EN LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, VALORANDOSE PREFERENTEMENTE EN LOS SISTEMAS DE PROVISION DEL PERSONAL EL CONOCIMIENTO DEL DERECHO FORAL VASCO Y DEL EUSKERA>. DE NUEVO AQUI LA LEY ORGANICA HA DESCONOCIDO LAS PREVISIONES ESTATUTARIAS, IMPIDIENDO EL EJERCICIO DE LAS CORRESPONDIENTES COMPETENCIAS. SE ADUCE, EN EFECTO, QUE, EN VIRTUD DEL ART. 13.1 DEL ESTATUTO, LA COMUNIDAD AUTONOMA ASUME, EN ESTE CAMPO, TODAS LAS COMPETENCIAS QUE CORRESPONDAN AL GOBIERNO DEL ESTADO, INCLUIDA LA POTESTAD REGLAMENTARIA TANTO COMO LA MERA EJECUCION Y SIN QUE CONTRA ELLO ARGUMENTE LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 149.1.5 Y 122 DE LA CONSTITUCION. SIENDO ESTO ASI, SON INCONSTITUCIONALES LOS ARTS. 454 A 471 Y 485 A 508, ASI COMO LA DISPOSICION TRANSITORIA 3.1.4, SEGUNDO PARRAFO, EN LA MEDIDA EN QUE NO PERMITEN EL JUEGO DE LA CLAUSULA DE REMISION CONSIDERADA. EN SEGUNDO LUGAR, TAMBIEN LA LEY ORGANICA DESCONOCE, EN LA REGULACION QUE AQUI IMPORTA, EL MERITO PREFERENTE CONSISTENTE EN EL CONOCIMIENTO DEL DERECHO FORAL VASCO Y DEL EUSKERA (ARTS. 81, 94, 96, 100, 101.1, 2 Y 4, 118, 200, 201, 207 A 213, 216, 301.1, 2 Y 3, 302.1 Y 2, 303.1 Y 2, 311.1, 312, 313.1, 326, 329.1, 2 Y 3, 330.3, 332, 334, 341, 428, 431, 458, 475, 478, 479.2, 480, 481, 482, 490, 491, 493, 494, 496, 499, 500, 502, 506.1, 2 Y 3, 508.1, 2 Y 3, Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2.4 Y 5, 3. , 8. , 9. , 13. , 15. , 17. , 20. , 21. , 22. , 24. ,

26. 1, 2 Y 3).

TODOS ESTOS PRECEPTOS ESTAN, PUES, VICIADOS DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERAR LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 35.1 Y 35.3 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA.

H) SEGUN EL ART. 447.2 DE LA LEY ORGANICA IMPUGNADA, <LOS LETRADOS INTEGRADOS EN LOS SERVICIOS JURIDICOS DEL ESTADO PODRAN REPRESENTAR Y DEFENDER A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LOS TERMINOS QUE SE ESTABLECERAN REGLAMENTARIAMENTE>. ESTE PRECEPTO DESCONOCE LAS COMPETENCIAS COMUNITARIAS EN LA MATERIA, VULNERANDO, A SU VEZ, LA CONSTITUCION Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES, EN PUNTO AL PRINCIPIO DE LA LIBRE ELECCION DE LA ASISTENCIA LETRADA. HAN SIDO, EN DEFINITIVA, DESCONOCIDOS LOS ARTS. 10.2 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA (COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA PARA LA ORGANIZACION, REGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE AUTOGOBIERNO) Y 24 DE LA CONSTITUCION, EN LO RELATIVO A LA LIBERTAD PARA LA ELECCION DE DEFENSOR, ASI COMO LA COMPETENCIA AUTONOMICA PARA DESARROLLAR LAS BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

I) EL ART. 439.2 DE LA LEY ORGANICA DISPONE QUE LA COLEGIACION DE LOS ABOGADOS Y PROCURADORES SERA OBLIGATORIA PARA ACTUAR ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN ESTA LEY Y EN LA <LEGISLACION GENERAL SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES>. SI LA EXPRESION ENTRECOMILLADA SE ENTIENDE EQUIVALENTE A <LEGISLACION ESTATAL>, SE HA DE AFIRMAR LA CONCULCACION DE LA COMPETENCIA AUTONOMICA RECONOCIDA EN EL ART. 10.22 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA.

J) EL ART. 231 DE LA LEY ORGANICA, RELATIVO AL EMPLEO DE LAS LENGUAS OFICIALES EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES, ADOPTA UN SISTEMA QUE NO SE ACOMODA A LAS EXIGENCIAS QUE DERIVAN DEL ART. 3 DE LA CONSTITUCION Y DE LOS ARTS. 6 Y 9 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA, PUES LA LEY ORGANICA IMPUGNADA CONTEMPLA EL USO DEL EUSKERA COMO MERA POSIBILIDAD, ESTABLECIENDO ASI UNA OFICIALIDAD RESIDUAL Y DE SEGUNDO GRADO, PESE A QUE LOS PRECEPTOS CONSITUCIONALES Y ESTATUTARIOS CITADOS CONTEMPLAN A LAS LENGUAS OFICIALES COMO VEHICULO DE COMUNICACION A TODOS LOS NIVELES, CONFIGURANDO, DE ESTE MODO UN DERECHO DEL CIUDADANO Y DE LOS PODERES PUBLICOS A EXPRESARSE EN LA LENGUA OFICIAL PROPIA DEL TERRITORIO EN QUE SE HALLAN.

K) EN LAS <CONSIDERACIONES FINALES> DEL ESCRITO DE RECURSO SE DESTACA POR LA REPRESENTACION ACTORA EL CARACTER DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA COMO <HERRAMIENTA INTERPRETATIVA DE LA CONSTITUCION> Y COMPLEMENTO INDISPENSABLE DE ESTA <PARA LA VERTEBRACION DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO>, NO PUDIENDO RECONOCERSE CONTRADICCION ENTRE LA CONSTITUCION Y EL ESTATUTO, LO QUE SERIA TANTO COMO ADMITIR QUE EL LEGISLADOR ORGANICO ESTATAL RATIFICO UN ACUERDO DE VOLUNTADES INCONSTITUCIONAL O PERMITIO UN DESARROLLO CONSTITUCIONAL BASICO PARA LA CONFIGURACION E INTEGRACION DEL SISTEMA GLOBAL, QUE VULNERABA LOS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. AL ESTATUTO SE LE PUEDE ATRIBUIR EL CARACTER DE UN CONVENIO, DE MODO QUE LA CUESTION APUNTADA SE ASEMEJARIA DE ALGUNA MANERA A LA QUE SE PODRIA PRODUCIR EN RELACION CON UN CONTRATO PRIVADO CUANDO SE HA EMITIDO EL CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL INCURRIENDO EN UN VICIO SOBRE SU OBJETO.

POR LO DEMAS, EL ESTATUTO NO ES SOLO COMPLEMENTO INDISPENSABLE DE LA CONSTITUCION E INSTRUMENTO INTERPRETATIVO PRINCIPAL DE LA MISMA, SINO QUE RECIBIO, AL SER APROBADO EN REFERENDUM TRAS UNA DETERMINADA CAMPAÑA ELECTORAL, UNA ESPECIFICA INTERPRETACION QUE, SI QUEDARA CONTRADICHA PODRIA PROVOCAR QUE SE PLANTEARA LA MODIFICACION DEL ESTATUTO O, INCLUSO, LA REFORMA DE LA CONSTITUCION. AUN AL MARGEN DE ELLO, SE HA DE DECIR QUE CUALQUIER INTERPRETACION RESTRICTIVA DEL ESTATUTO ES CONTRARIA AL ESPIRITU DE LA CONSTITUCION Y DEL SISTEMA QUE ELLA ESTABLECE. SE CITAN, AL RESPECTO, LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA DE LA PROPIA CONSTITUCION, SU ART. 150 (NUMS. 1 Y 2) Y LA DISPOSICION ADICIONAL DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA.

EN DEFINITIVA, LA LEY ORGANICA IMPUGNADA PRETENDE CUMPLIR UNA FUNCION DELIMITADORA DE COMPETENCIAS, OLVIDANDO QUE DICHA FUNCION, PROPIA DE LA CONSTITUCION Y DE LOS ESTATUTOS, YA ESTA REALIZADA. SE ATACA, PUES, AL SER MISMO DEL ESTATUTO, PRETENDIENDOSE SU SUPLANTACION UNILATERAL.

SE CONCLUYO SUPLICANDO QUE SE DECLARASE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE TODOS LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS Y, CON CARACTER CAUTELAR Y SUBSIDIARIO, QUE, DE ESTIMAR EL TRIBUNAL QUE EL MECANISMO ESTATUTARIO DE REMISION NO ACTUA EN EL SENTIDO DEFENDIDO EN EL RECURSO, SE DECLARASE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS A LOS QUE REMITE LA CLAUSULA ESTATUTARIA CONSIDERADA.

5. MEDIANTE PROVIDENCIAS DICTADAS EL DIA 9 DE OCTUBRE DE 1985, LAS SECCIONES TERCERA Y SEGUNDA DEL PLENO DEL TRIBUNAL ACORDARON, RESPECTIVAMENTE, LA ADMISION A TRAMITE DE LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 859 Y 864/85, INTERPUESTOS, UNO Y OTRO POR EL PARLAMENTO DE CATALUÑA Y POR LA JUNTA DE GALICIA, ACORDANDO SE DIERA TRASLADO DE LA DEMANDA Y DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y AL SENADO, POR CONDUCTO DE SUS PRESIDENTES, Y AL GOBIERNO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, AL OBJETO DE QUE EN EL PLAZO DE QUINCE DIAS PUDIERAN PERSONARSE EN EL PROCEDIMIENTO Y FORMULAR LAS ALEGACIONES QUE ESTIMAREN CONVENIENTES. SE ACORDO, ASIMISMO, PUBLICAR LA INCOACION DEL RECURSO EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>, PARA GENERAL CONOCIMIENTO. CON IDENTICO CONTENIDO SE DICTARON, EL DIA 16 DE OCTUBRE, SENDAS PROVIDENCIAS POR LAS SECCIONES SEGUNDA Y CUARTA, ACORDANDO LA ADMISION A TRAMITE, JUNTO CON LAS DEMAS DETERMINACIONES ANTES DICHAS, DE LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 861 Y 870/85, INTERPUESTOS, RESPECTIVAMENTE, POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y POR EL GOBIERNO VASCO.

6. MEDIANTE ESCRITO REGISTRADO EL DIA 23 DE OCTUBRE, EL ABOGADO DEL ESTADO COMPARECIO, EN LA REPRESENTACION QUE LE ES PROPIA, EN LOS CUATRO RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, Y SOLICITO QUE, DADA LA IDENTIDAD DE LA NORMA IMPUGNADA Y LA GRAN CANTIDAD DE PRECEPTOS EN LOS QUE EXISTE COINCIDENCIA DE IMPUGNACION, SE ACORDARA LA ACUMULACION DE LOS REFERIDOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, PREVIOS LOS TRAMITES LEGALES, CONCEDIENDOSE, EN SU DIA, AL GOBIERNO NUEVO PLAZO PARA LA FORMULACION DE ALEGACIONES.

7. POR PROVIDENCIA DEL DIA 30 DE OCTUBRE, ACORDO LA SECCION CUARTA OIR A LAS REPRESENTACIONES ACTORAS PARA QUE, POR PLAZO COMUN DE DIEZ DIAS, EXPUSIERAN LO QUE ESTIMAREN PROCEDENTE EN ORDEN A LA ACUMULACION INTERESADA POR EL ABOGADO DEL ESTADO.

8. MEDIANTE ESCRITOS QUE SE PRESENTARON LOS DIAS 19 Y 22 DE NOVIEMBRE, LAS REPRESENTACIONES DEL GOBIERNO VASCO Y DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA MANIFESTARON SU CONFORMIDAD A LA ACUMULACION SOLICITADA POR EL ABOGADO DEL ESTADO. NO FORMULARON ALEGACIONES NI EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA NI LA JUNTA DE GALICIA.

9. MEDIANTE AUTO DE 16 DE ENERO DE 1986, ACORDO EL PLENO DEL TRIBUNAL ACUMULAR LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 859, 861, 864 Y 870/1985, ASI COMO CONCEDER UN NUEVO PLAZO DE DIEZ DIAS AL ABOGADO DEL ESTADO A FIN DE QUE PUDIERA PRESENTAR, EN NOMBRE DEL GOBIERNO, LAS ALEGACIONES QUE ESTIMARE CONVENIENTES.

10.

MEDIANTE ESCRITO QUE FUE REGISTRADO EN ESTE TRIBUNAL EL DIA 17 DE FEBRERO DE 1986, PRESENTO SUS ALEGACIONES EL ABOGADO DEL ESTADO, EN LOS TERMINOS QUE A CONTINUACION SE RESUMEN:

A) SE INICIA EL ESCRITO DEL ABOGADO DEL ESTADO CON UNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA LEGITIMACION PROCESAL DE LOS ORGANOS RECURRENTES, INDICANDO, A ESTE PROPOSITO, QUE LA LEGITIMACION PARA RECURRIR NO ES ALGO QUE SE PUEDA INFERIR COMO CONSECUENCIA INHERENTE A LA NATURALEZA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS O A LA DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, TRATANDOSE, MAS BIEN, DE UN PROBLEMA PURAMENTE POSITIVO CUYA RESOLUCION NORMATIVA DESCANSA EN APRECIACIONES DE OPORTUNIDAD A FIN DE EQUILIBRAR LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRODUCCION NORMATIVA Y LAS CONVENIENCIAS DE DEPURACION DE ORDEN JURIDICO. TENIENDO ESTO EN CUENTA, LA LEGITIMACION QUE REGULA EL ART. 162.1 DE LA CONSTITUCION SE PRESENTA SOLO COMO LEGITIMATIO AD PROCESSUM, NO PRONUNCIANDOSE LA CONSTITUCION SOBRE LA LEGITIMATIO AD CAUSAM, CUYA DEFINICION QUEDA REMITIDA A LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR EL ART. 165 DE LA MISMA NORMA FUNDAMENTAL. ESTA ULTIMA LEGITIMACION SE RESTRINGE, EN EL ART. 32.1 DE LA LOTC, A LOS CASOS EN QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS VEAN AFECTADO SU PROPIO AMBITO DE AUTONOMIA, DEBIENDOSE ENTENDER QUE ELLO SE PRODUCE CUANDO LA LEY IMPUGNADA ENTRAÑA UNA LESION DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS, PUES SON ESTAS Y SOLO ESTAS LAS QUE DEFINEN LA AUTONOMIA.

LO ANTERIOR NO LLEVA A LA CONCLUSION DE QUE LOS RECURSOS SEAN, EN SU TOTALIDAD, INADMISIBLES, PUES, EN GRAN NUMERO DE MATERIAS, ARTICULAN UNA REIVINDICACION COMPETENCIAL PURA Y SIMPLE RESPECTO DE CUYA VIABILIDAD NO CABE OBJECION PROCESAL (ES EL CASO DE LAS DEMARCACIONES, DE LOS NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL, DE LA PROVISION DE MEDIOS MATERIALES, DE LA PUBLICACION DEL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DE LA REGULACION DE LOS TRIBUNALES DE CENSOS O DE LA REPRESENTACION Y DEFENSA EN JUICIO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS).

DISTINTO CRITERIO HAY QUE MANTENER, SIN EMBARGO, RESPECTO DE OTRAS IMPUGNACIONES QUE NO EXPRESAN SINO UNA PURA DISCREPANCIA FRENTE AL CONTENIDO MATERIAL DE LA REGULACION LEGAL, SIN INDICIO ALGUNO DE REIVINDICACION COMPETENCIAL. EN ESTOS CASOS (LA PLANTA Y CONFIGURACION DE LOS TRIBUNALES O DE LOS RECURSOS) ES CLARA LA NO AFECTACION AL PROPIO AMBITO DE AUTONOMIA Y LA CONSIGUIENTE FALTA DE LEGITIMACION, TAN SOLO ARGUMENTABLE POR EL SIMPLE DATO DE LA CONEXION TERRITORIAL, EXPRESAMENTE RECHAZADO EN LA STC 25/1981.

B) SE CONSIDERA, A CONTINUACION, LA INTERPRETACION EXPUESTA EN LOS RECURSOS DE LA EXPRESION <ADMINISTRACION DE JUSTICIA> EMPLEADA POR EL ART.

149.1.5 DE LA CONSTITUCION PARA ATRIBUIR COMPETENCIA EXCLUSIVA SOBRE ELLA AL ESTADO. LA DISTINCION EN QUE SE APOYAN LOS RECURSOS ENTRE <ADMINISTRACION DE JUSTICIA> Y <ADMINISTRACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA> ES TEORICAMENTE ADMISIBLE, AUNQUE LO QUE SE HA DE APRECIAR ES SI CABE RECONOCERLE RELEVANCIA PARA INTERPRETAR EL CITADO ART. 149.1.5, A LOS EFECTOS DE IDENTIFICAR LA NOCION DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA SEGUN LOS RECURRENTES PRETENDEN CON LA ESTRICTA FUNCION JURISDICCIONAL.

LA RESPUESTA A TAL CUESTION DEBE SER NEGATIVA. LA FINALIDAD DEL ART. 149.1 DE LA CONSTITUCION ES LA DE DESLINDAR, MEDIANTE UNA ORDENACION DE <MATERIAS>, LAS COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, NO A TRAVES DE UNA ORDENACION DE <FUNCIONES>, SEGUN PRETENDEN LAS DEMANDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD. EN EL ART. 149.1.5, LA CONSTITUCION DETERMINA, EN PRIMER LUGAR, QUE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ES UNA <MATERIA> (Y QUE, POR CONSIGUIENTE, LE CORRESPONDE AL ESTADO LA TOTALIDAD Y PLENITUD DE FUNCIONES LEGISLATIVAS, EJECUTIVAS Y JURISDICCIONALES SOBRE LA MISMA) Y, EN SEGUNDO LUGAR, QUE LAS POTESTADES JURISDICCIONALES, QUE TAL VEZ HABRIA QUE RECONOCER EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SI NO EXISTIERA ESTE PRECEPTO, QUEDAN TAMBIEN RESERVADAS ESPECIFICAMENTE, AL ESTADO. LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, POR LO TANTO, SE CONCIBE EN LA CONSTITUCION EN TERMINOS ACORDES CON UNA TRADICION LEGISLATIVA Y DOCTRINAL QUE LA IDENTIFICA CON TODAS LAS ACTIVIDADES DEL ESTADO TENDENTES A SATISFACER UNA NECESIDAD COLECTIVA PRIMARIA, Y ASI SE DESPRENDE, POR LO DEMAS, DEL DICTADO DEL ART. 121 DE LA MISMA NORMA FUNDAMENTAL, EN DONDE PARECE DISTINGUIRSE ENTRE <FUNCION JUDICIAL> Y <ADMINISTRACION DE JUSTICIA> EN UN SENTIDO INVERSO AL PROPUGNADO POR LOS RECURRENTES. DE OTRA PARTE, SI LA COMPETENCIA ESTATAL EX ART. 149.1.5 HUBIERA DE IDENTIFICARSE COMO COMPETENCIA ORDENADORA DE LA FUNCION JURISDICCIONAL, CON EXCLUSION DE CUALQUIER FUNCION EJECUTIVA, EL PRECEPTO SERIA COMPLETAMENTE INUTIL, PORQUE YA LA CONSTITUCION ENCOMIENDA A LAS LEYES ORGANICAS (A ADOPTAR POR EL ESTADO) LA ORDENACION DE LA CONSTITUCION, FUNCIONAMIENTO Y GOBIERNO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES, ASI COMO ES ESTATUTO JURIDICO DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS (ART. 122.1) Y LA REGULACION DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (ART. 122.3). POR ULTIMO, LA INTERPRETACION QUE AHORA SE SOSTIENE VIENE TAMBIEN AVALADA POR LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, Y ASI LOS DEL PAIS VASCO Y CATALUÑA EMPLEAN LA EXPRESION <ADMINISTRACION DE JUSTICIA> (ARTS. 13.1 Y 18.1, RESPECTIVAMENTE) Y OTRO TANTO HACE EL ESTATUTO DE GALICIA EN LA RUBRICA DEL CAPITULO III DEL TITULO I, LO QUE HACE INEXPLICABLE LA INSISTENCIA DE LOS RECURRENTES EN ORDEN A IDENTIFICAR ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y FUNCION JURISDICCIONAL. POR ELLO, EL ART. 149.1.5 DE LA CONSTITUCION COMPRENDE NO SOLO LA FUNCION DE JUZGAR Y EJECUTAR LO JUZGADO, SINO EL CONJUNTO DE FUNCIONES EJECUTIVAS COLATERALES Y AUXILIARES QUE FACILITAN EL NORMAL DESARROLLO DE ESTA FUNCION DEL ESTADO, INHERENTE A LA PROPIA SOBERANIA. ELLO SIGNIFICA QUE LA EXISTENCIA DE TITULOS COMPETENCIALES AUTONOMICOS NO ARRANCA DE NINGUN <VACIO> DEJADO POR EL ART. 149.1 QUE PUDIERA SER ASUMIDO AL AMPARO DEL ART. 149.3.

C) LO QUE SE ACABA DE EXPONER NO QUEDA CONTRADICHO, EN CONTRA DE LO QUE SE ARGUYE EN LOS RECURSOS, POR LO DISPUESTO EN EL PARRAFO SEGUNDO DEL ART. 152.1 DE LA CONSTITUCION, SEGUN EL CUAL <EN LOS ESTATUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PODRAN ESTABLECERSE LOS SUPUESTOS Y LAS FORMAS DE PARTICIPACION DE AQUELLAS EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES>, TODO ELLO CONCLUYE ESTE PRECEPTO <DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL Y DENTRO DE LA UNIDAD E INDEPENDENCIA DE ESTE>.

DEL HECHO DE QUE LA CONSTITUCION CONTENGA ESTA PREVISION NO CABE INFERIR, EN ABSOLUTO, QUE TODAS LAS FUNCIONES NO JURISDICCIONALES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA HAYAN DE CORRESPONDER A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, NI QUE EL ENUNCIADO DEL ART. 149.1.5 SE HAYA DE CONSTREÑIR A LA ESTRICTA FUNCION JURISDICCIONAL. EL SENTIDO DEL ART. 152.1 NO ES OTRO QUE EL DE HABILITAR, A TITULO EXCEPCIONAL, UNA POSIBILIDAD QUE, DE NO ESTAR EXPRESAMENTE PREVISTA, NO SERIA FACILMENTE ADMISIBLE. LOS MISMOS TERMINOS EN QUE SE ENUNCIA TAL POSIBILIDAD DEMUESTRAN, POR LO DEMAS, QUE NO SE INSTITUYE EN FAVOR DE AQUELLAS COMUNIDADES AUTONOMAS UNA COMPETENCIA DIRECTA, SINO SIMPLEMENTE EL CAUCE QUE LA POSIBILITE, Y QUE, DE OTRA PARTE, TAL COMPETENCIA NO TENDRA NUNCA EL CARACTER DE <EXCLUSIVA>, SINO TAN SOLO EL DE <COMPARTIDA>. EL SENTIDO, POR LO TANTO, DE ESTE PRECEPTO CONSTITUCIONAL ES EL DE HACER POSIBLE UNA PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LAS DEMARCACIONES JUDICIALES, LO QUE ES COMPRENSIBLE SI SE TIENE EN CUENTA LA TRADICIONAL EQUIVALENCIA O, CUANDO MENOS, COORDINACION ENTRE LA DIVISION JUDICIAL DEL TERRITORIO Y LA ADMINISTRATIVA, Y A LA VISTA, TAMBIEN DE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS OSTENTEN COMPETENCIAS SOBRE LAS ALTERACIONES DE LOS TERMINOS MUNICIPALES. SE TRATA, PUES, DE CONTEMPLAR UN CASO BIEN CONCRETO DE EVENTUAL COMPETENCIA COMUNITARIA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO QUEDE LA MISMA SUBSUMIDA EN EL AMBITO DEL ART. 149.1.5. ESTE ULTIMO PRECEPTO SE PRESENTA COMO LA NORMA GENERAL, EN TANTO QUE EL ART.

152.1 REFLEJA UNA HIPOTESIS PARTICULAR.

LAS DEMANDAS HAN QUERIDO CONTRAPONER LO GENERAL Y LO PARTICULAR, LLEVANDO LA ANTITESIS A UN PLANO INADECUADO, ESTO ES, ENTRE FACULTADES ESTRICTAMENTE JURISDICIONALES, DE UNA PARTE, Y FACULTADES EJECUTIVAS, DE LA OTRA. LA TESIS QUE EXPONEN LOS RECURSOS ES, EN EFECTO, QUE DONDE LA CONSTITUCION HABILITA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA PARTICIPAR EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES, HA QUERIDO, EN REALIDAD, COMPRENDER TODAS LAS FACULTADES EJECUTIVAS QUE PUEDAN DARSE SOBRE LA MATERIA, PERO UNA TAL GENERALIZACION SOLO SERIA ADMISIBLE MEDIANTE UNA INTERPRETACION ANALOGICA BASADA, A SU VEZ, EN LA EXISTENCIA DE UNA LAGUNA LEGAL Y EN EL RECONOCIMIENTO DE UNA IDENTIDAD JURIDICA ESENCIAL ENTRE EL SUPUESTO REGULADO Y LOS CARENTES DE REGULACION. SIN EMBARGO, EL ART. 152.1 NO CONTEMPLA UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA (SINO UNA <PARTICIPACION>, QUE PRESUPONE LA PERMANENCIA DE TITULARIDADES COMPETENCIALES ESTATALES) NI INCONDICIONADA (PUES SE HA DE EJERCER, EN SU CASO, <DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL Y DENTRO DE LA UNIDAD E INDEPENDENCIA DE ESTE>). POR LO DEMAS, SI EL ART.

152.1 HUBIERA DE SERVIR PARA FUNDAMENTAR LAS COMPETENCIAS QUE SE REIVINDICAN, SERIA LOGICO QUE EL REGIMEN JURIDICO DE TALES COMPETENCIAS FUERA, PRECISAMENTE, EL DE AQUEL PRECEPTO, QUE ES EL EMPLEADO COMO BASE DE LA PRETENDIDA EXTENSION ANALOGICA. SIN EMBARGO, NO SE HACE ASI EN LAS DEMANDAS, QUE INVOCAN EL REPETIDO ART. 152.1 SOLO COMO <DEMOSTRACION> DE QUE EL ART.

149.1.5 COMPRENDE, MERAMENTE, LAS POTESTADES JURISDICCIONALES, QUEDANDO A DISPOCICION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LAS POTESTADES EJECUTIVAS EN LA MATERIA DE <ADMINISTRACION DE JUSTICIA>, POTESTADES CUYO REGIMEN SE DESVINCULA DE LO QUE DISPONE EL ART. 152.1, APELANDO, MAS BIEN, LOS ORGANOS RECURRENTES AL ART. 149.3 DE LA CONSTITUCION. EL PLANTEAMIENTO, EN DEFINITIVA, NO ES ADMISIBLE POR LA CONTRADICCION QUE LATE ENTRE EL METODO INTERPRETATIVO EMPLEADO (UN METODO ANALOGICO, EN ESENCIA) Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS, PUES LA SUPUESTA LAGUNA NORMATIVA SE VE COLMADA CON UNOS EFECTOS JURIDICOS DISTINTOS Y AJENOS AL REGIMEN JURIDICO PROPIO DE LA NORMA EMPLEADA COMO INSTRUMENTO DE LA EXTENSION ANALOGICA.

D) LAS REGULACIONES ESTATUTARIAS EN LA MATERIA SE HAN DE INTERPRETAR SIEMPRE DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION Y DENTRO DE SU MARCO, COMO CORRESPONDE A LA SUBORDINACION DEL ESTATUTO A LA CONSTITUCION MISMA EN EL ORDEN JERARQUICO DE FUENTES. ADMITIDO ESTO, PUEDE, EFECTIVAMENTE, LLAMAR LA ATENCION UNA COMPARACION ENTRE EL TEXTO CONSTITUCIONAL Y LOS ESTATUTOS QUE, EN UNA PRIMERA APROXIMACION, PODRIA MANIFESTAR UNA ANTINOMIA, YA QUE LA CONSTITUCION CONTEMPLA LA COMPETENCIA ESTATAL PARA TODO LO CONCERNIENTE A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (CON LA UNICA Y EXPRESA SALVEDAD DE LA HIPOTESIS CONTEMPLADA EN SU ART. 152.1), EN TANTO QUE LOS ESTATUTOS CONCIBEN AMPLIAS POSIBILIDADES DE INTERVENCION A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, E INCLUSO PREVEN EL NORMAL EJERCICIO POR AQUELLAS DE LAS FACULTADES QUE LAS LEYES ORGANICAS DEL PODER JUDICIAL Y DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL RECONOZCAN O ATRIBUYAN AL GOBIERNO DEL ESTADO.

PARA SALVAR ESTA APARENTE CONTRADICCION ES FORZOSO REPARAR EN QUE EL ART.

152.1 REFIERE LA PREVISION DE COMPETENCIA AUTONOMICA A <LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES DEL TERRITORIO>, PRECEPTO EN EL QUE LA REFERENCIA AL <ELEMENTO ORGANIZATIVO> NO PUEDE TENER OTRO SENTIDO QUE EL DE AMPLIAR LAS MERAS POSIBILIDADES EN QUE SE CONCRETARIA LA PURA <DEMARCACION TERRITORIAL>, DANDO ASI VIDA A HIPOTETICOS SUPUESTOS DE ENUNCIACION FUTURA QUE FUERAN, SIN EMBARGO, POTESTATIVOS, COMPARTIDOS Y CONDICIONADOS. ASI SE JUSTIFICA Y EXPLICA EL DOBLE LLAMAMIENTO A LOS ESTATUTOS, DE UN LADO, Y A LA LEY ORGANICA, DE OTRO, PARA QUE LOS PRIMEROS DEFINAN LA ASUNCION POTENCIAL DE UNA TITULARIDAD (LOS SUPUESTOS DE PARTICIPACION) Y LA SEGUNDA SE ENCARGUE DE LA ARTICULACION CONCRETA DE AQUELLOS, A CUYAS PREVISIONES SE CONFIA EL MARCO POSITIVO DE TALES COMPETENCIAS. LOS ESTATUTOS SON LLAMADOS AQUI POR LA CONSTITUCION A UNA FUNCION PREVISORA DETERMINANTE NO DE LA COMPETENCIA, SINO DE SU POSIBILIDAD, EN TANTO QUE LAS LEYES ORGANICAS TIENEN POR MISION CONCRETAR, DENTRO DEL MARCO ESTATUTARIO, EL REGIMEN CONCRETO DE LA PARTICIPACION QUE POTENCIALMENTE HAYAN ESTABLECIDO LOS ESTATUTOS. LA CONSTITUCION NO HA QUERIDO JERARQUIZAR LAS LEYES ORGANICAS DEL PODER JUDICIAL Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, ASIGNANDO, SIMPLEMENTE, A AQUELLAS Y A ESTOS UN DIVERSO CONTENIDO. ENTENDERLO DE OTRO MODO, ESTO ES, INTERPRETAR AQUI QUE LOS ESTATUTOS ARTICULAN COMPETENCIAS AUTONOMICAS DIRECTAS, AL MARGEN DE LA COLABORACION DE OTRA NORMA, CONDUCIRIA, POR LO DEMAS, A SOLUCIONES ABSURDAS, QUE LAS DEMANDAS TRATAN DE EVITAR CON CONTINUAS APELACIONES A LA <NATURALEZA DE LA COSA>, LO QUE ES PATENTE EN LAS EXCLUSIONES QUE LOS ORGANOS RECURRENTES SE VEN FORZADOS A REALIZAR EN LO REFERENTE A LA COOPERACION INTERNACIONAL, AL REFRENDO DE LOS ACTOS DE LA CORONA, AL REGIMEN DE LOS SECRETARIOS JUDICIALES O A LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA, ASPECTOS TODOS ELLOS, QUE, DE ACUERDO CON LOS PRESUPUESTOS INTERPRETATIVOS DE QUIENES RECURREN, SERIAN DE COMPETENCIA AUTONOMICA.

RESULTA, EN FIN, CHOCANTE QUE SI LOS ESTATUTOS ENCIERRAN UNA COMPETENCIA QUE PRETENDE SER GENERAL U OMNICOMPRENSIVA DE TODA FACULTAD GUBERNATIVA, ELLOS MISMOS MENCIONAN A RENGLON SEGUIDO FACULTADES CONCRETAS (FIJACION DE LAS DEMARCACIONES, LOCALIZACION DE LA CAPITALIDAD O COADYUVANCIA EN LA INSTALACION DE LOS JUZGADOS) QUE SON PROTOTIPICAMENTE EJECUTIVAS Y CUYA MENCION APARTE NO SERIA INTELIGIBLE SI SE HUBIERA DE RECONOCER EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SEGUN SE PRETENDE, LA TOTALIDAD DE LAS COMPETENCIAS EJECUTIVAS QUE SE ESTABLECIERAN EN FAVOR DEL GOBIERNO. LA EXPLICACION DE ELLO SE ENCUENTRA, SIN DUDA, EN EL PROPOSITO DE CONCRETAR DE UNA MANERA MAS PRECISA LAS BASES DE UNA ULTERIOR ATRIBUCION DE COMPETENCIA POR LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL. ESTO ES LO QUE SE EXAMINA A CONTINUACION A PROPOSITO DE CADA UNA DE LAS CONCRETAS MATERIAS AFECTADAS POR LAS IMPUGNACIONES DEDUCIDAS.

E) EN LO QUE SE REFIERE A LAS DEMARCACIONES ABORDA, EN PRIMER LUGAR, EL ABOGADO DEL ESTADO LA CUESTION RELATIVA A LA INTERPRETACION DE LA EXPRESION <ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES>, PRESENTE EN EL ART. 152.1 DE LA CONSTITUCION.

EL TEXTO CONSTITUCIONAL ES INTERPRETADO POR LOS ESTATUTOS EN UN SENTIDO AMPLIO, A FIN DE DAR CABIDA A OTRAS COMPETENCIAS EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, PESE A LO CUAL NO PARECE LICITO, EN CUANTO A LA CONCRETA COMPETENCIA SOBRE <DEMARCACION>, ASIGNARLE UN SIGNIFICADO AJENO A SU PROYECCION TERRITORIAL. NO CABE, EN PARTICULAR, CONFIGURAR LA DEMARCACION COMO ALGO DEFINIDOR O EQUIVALENTE A LA JURISDICCION MISMA, SEGUN PRETENDE EL GOBIERNO VASCO Y CONFORME ARGUMENTA, ASIMISMO, LA JUNTA DE GALICIA. LA PREVISION DEL ART. 152.1 SE DEBE SITUAR EN UN PLANO MAS MODESTO: LA ORGANIZACION JUDICIAL HA TENIDO, EN SU DIMENSION ORGANIZATIVA TERRITORIAL, UNA ESPECIAL VINCULACION CON LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Y, EN ESTE PUNTO, LA CONSTITUCION HA VISLUMBRADO UNA UTIL ACCION COLABORADORA MEDIANTE LA CUAL LAS COMUNIDADES AUTONOMAS <PARTICIPEN> EN LAS OPERACIONES DE DEMARCACION, SI BIEN SUPEDITANDO TODO ELLO A LA PREVISION ESTATUTARIA Y A LA DETERMINACION PRECISA DE LA LEY ORGANICA, PARTICIPACION QUE SE CONCIBE PARA LAS UNIDADES TERRITORIALES INFERIORES A LA PROVINCIA, SEGUN EXPRESAMENTE SEÑALA EL ART.

34.1 DEL ESTATUTO VASCO Y CONFORME RECONOCE IMPLICITAMENTE LA DEFENSA DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA.

LA CUESTION ES ENTONCES SI LA INTERVENCION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PREVISTA EN LA LEY ORGANICA RESULTA CONGRUENTE CON LA PREVISION CONSTITUCIONAL Y CON LA DE LOS ESTATUTOS, INTERPRETADOS A LA LUZ DE LA CONSTITUCION.

EN LO QUE A LA CONSTITUCION SE REFIERE, NO SE FORMULA NINGUN REPROCHE QUE TENGA POR BASE LA COMPARACION DE TEXTOS, RAZONANDOSE SOLO QUE EL ART. 151.2 OFRECE CAUCE TEXTUAL PARA POSIBILIDADES MAYORES QUE LAS CONCEBIDAS POR LA LEY, POR MAS QUE, EN ESTE PUNTO, LO QUE SE HA DE HACER NO ES MEDIR, A EFECTOS DOCTRINALES, LOS MAXIMOS Y MINIMOS COMPETENCIALES QUE LATEN EN EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD, SINO DETERMINAR, PRECISAMENTE, LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY IMPUGNADA.

EN CUANTO A LOS PRECEPTOS ESTATUTARIOS (ARTS. 34.1 DEL ESTATUTO VASCO, 18.3 DEL CATALAN Y 20.2 DEL GALLEGO), SUS REDACCIONES DIVERGEN, SIENDO DE ADVERTIR QUE LA EXPRESION <FIJACION DE LA DELIMITACION> USADA POR ELLOS ALUDE A ALGO DISTINTO A LA <DEMARCACION>, PUES ESTA ULTIMA DEBE INCLUIR OPERACIONES MAS COMPLEJAS COMO, POR EJEMPLO, LA DETERMINACION DEL NUMERO DE ORGANOS JUDICIALES. LA DELIMITACION, SIN EMBARGO, EN TANTO QUE OPERACION CONCRETA DE FIJACION DE LIMITES TERRITORIALES PRECISOS, NO SE PUEDE DESENVOLVER CON PLENA AUTONOMIA RESPECTO DE LAS RESTANTES OPERACIONES DE DEMARCACION, DE TAL MODO QUE LA NOCION DE <FIJACION DE LA DELIMITACION> NO SE PUEDE CONCEBIR DESLIGADA Y AUTONOMA, SINO COMO UNA COMPETENCIA COLABORADORA, EN LOS TERMINOS QUE DISEÑA EL ART. 35 DE LA LEY ORGANICA. EL FUNDAMENTO DE ESTA CONCLUSION ESTA EN EL PROPIO TEXTO CONSTITUCIONAL, EN EL QUE LA INTERVENCION SE CONCIBE COMO <PARTICIPATIVA> Y CON SUJECION A LAS DETERMINACIONES DE LA LEY ORGANICA. ASI HA DE SER, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESTOS ASPECTOS ESTEN O NO EXPRESADOS EN LOS ESTATUTOS.

EN CUANTO A LA CAPITALIDAD, LA CUESTION ES IDENTICA, Y NO PUEDE DECIRSE QUE LAS PREVISIONES ESTATUTARIAS TENGAN UN ALCANCE MAYOR O MENOR QUE RESPECTO DE LA DELIMITACION. EN ESTE PUNTO, LA LEY ORGANICA HA CONCEBIDO LA INTERVENCION PARTICIPATIVA CON UN SIGNO DECISORIO, AL DISPONER EN SU ART. 35.6 QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DETERMINARAN POR LEY LA CAPITALIDAD DE LOS PARTIDOS JUDICIALES. NO ES ACEPTABLE EL REPROCHE DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA QUE SE BASA EN LA FALTA DE PREVISION DE TAL RESERVA DE LEY EN LA CONSTITUCION O EN EL ESTATUTO, PUES NO ES DUDOSO QUE SI LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL HA SIDO LLAMADA POR LA CONSTITUCION PARA DEFINIR LAS FORMAS DE PARTICIPACION CONCRETA, EN ESTE PUNTO, DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, PUEDE TAMBIEN DICHA LEY DETERMINAR EL RANGO DE LA NORMA AUTONOMICA LLAMADA A COLABORAR. POR LO DEMAS, PARECE TAMBIEN LOGICO QUE UN ELEMENTO DE TANTA SIGNIFICACION PRACTICA COMO LA DETERMINACION DE LA SEDE DE UN JUZGADO SE AJUSTE AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. ASI PUEDE RESULTAR, AL MENOS, DE LA AUSENCIA DE CUALQUIER OBJECION EN ESTE PUNTO EN EL ESCRITO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA.

F) EN CUANTO A LOS MEDIOS E INSTRUMENTOS MATERIALES, LOS RECURSOS ARRANCAN DE LA PREMISA, YA CONSIDERADA, DE QUE TODO AQUELLO QUE NO SEA LA PURA FUNCION DE JUZGAR Y HACER EJECUTAR LO JUZGADO PERTENECE A UN CAMPO AJENO A LA <ADMINISTRACION DE JUSTICIA> Y, POR CONSIGUIENTE, A LA PROYECCION DEL ART. 149.1.5 DE LA CONSTITUCION, REITERANDO LAS REPRESENTACIONES DEL GOBIERNO VASCO Y DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD EL ARGUMENTO GENERAL QUE DIFERENCIA ENTRE ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y <ADMINISTRACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA>. LO QUE SE VIENE, EN DEFINITIVA, A PRETENDER ES QUE SE RECONOZCA LA POSIBILIDAD DE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ASUMAN LA FINANCIACION DE LOS GASTOS DE SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

AHORA BIEN, SIENDO ESTA MATERIA DE EXCLUSIVA COMPETENCIA ESTATAL, EL RECONOCIMIENTO DE UNA COMPETENCIA DE COBERTURA FINANCIERA A CARGO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ENTRAÑARIA UNA EXCEPCION A UNA REGLA GENERAL EN EL REGIMEN DE COMPETENCIAS, DISOCIANDO, ASI, LA TITULARIDAD DEL SOSTENIMIENTO FINANCIERO. NO SE TRATARIA, FRENTE A LO ARGUIDO POR EL GOBIERNO VASCO, DE LO PREDICABLE RESPECTO DE AQUELLAS MATERIAS EN LAS QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS OSTENTAN UNA EFECTIVA COMPETENCIA CONCRETA, PUES, RESPECTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, LO QUE ESTE ARGUMENTO DEPARARIA SERIA UNA DISOCIACION ENTRE LAS COMPETENCIAS GENERALES DEL ESTADO (LEGISLATIVAS Y EJECUTIVAS) Y LAS ESTRICTAMENTE FINANCIERAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. SEMEJANTE DISOCIACION RESULTA ABSOLUTAMENTE INSOLITA Y DE APLICACION INCONCEBIBLE, PUES UNA COMPETENCIA FINANCIERA DE GASTO SOLO PUEDE REPRESENTAR UNA DESVIRTUACION DE LAS COMPETENCIAS SUSTANTIVAS QUE LE SIRVEN DE JUSTIFICACION Y SOPORTE Y QUE CONSTITUYEN LA CAUSA Y FINALIDAD UNICA DEL GASTO, COMO COMPETENCIA ACCESORIA A LA PRINCIPAL. ES CIERTO QUE LOS ESTATUTOS HAN PREVISTO LA POSIBILIDAD DE ESTA APLICACION DE FONDOS, PERO TAL COMPETENCIA HA DE SER COMPATIBLE CON LO QUE DISPONEN LOS DOS PRIMEROS APARTADOS DEL ART. 37 DE LA LEY ORGANICA.

LOS RECURSOS INVOCAN, A ESTOS EFECTOS, LA YA CONSIDERADA CLAUSULA SUBROGATORIA PERO, SEGUN SE DIJO, TALES PRECEPTOS NO TIENEN LA SIGNIFICACION DE NORMAS DIRECTAMENTE ATRIBUTIVAS DE COMPETENCIA, LIMITANDOSE CONSTITUCIONALMENTE SU EFICACIA A LOS SUPUESTOS Y FORMAS PREVISTOS EN LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL. POR LO DEMAS, TAL CLAUSULA DE COMPETENCIA NO SERIA COMPATIBLE CON OTRAS DETERMINACIONES MAS ESPECIFICAS DE LOS ESTATUTOS, Y ASI, CARECERIA DE SENTIDO, DESDE LA INTERPRETACION DE LOS RECURRENTES, UN PRECEPTO COMO EL ART. 18.3 DEL ESTATUTO DE CATALUÑA, SEGUN EL CUAL CORRESPONDE A LA GENERALIDAD <COADYUVAR EN LA ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES CONSUETUDINARIOS Y TRADICIONALES Y EN LA INSTALACION DE LOS JUZGADOS, CON SUJECION, EN TODO CASO, A LO DISPUESTO EN LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL>. LA TESIS, EN ESTE PUNTO, DE LOS RECURSOS NO RESISTE, PUES, EL ARGUMENTO SISTEMATICO, SIN PERJUICIO DE QUE LA FACULTAD DE GASTO ES, POR SU NATURALEZA, INHERENTE A UNA COMPETENCIA PRINCIPAL O MATERIAL, HABIENDO YA SEÑALADO ESTE TRIBUNAL QUE <LA FACULTAD DE GASTAR> NO CONSTITUYE TITULO COMPETENCIAL AUTONOMO.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL ART. 37 DE LA LEY ORGANICA ADMITE EXPRESAMENTE LA POSIBILIDAD DE ATRIBUIR A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LA GESTION DE TODO TIPO DE RECURSO CORRESPONDIENTES A LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL GOBIERNO CUANDO ASI LO PREVEAN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA. SERA EL ESTADO, EN DEFINITIVA, EL QUE EN CADA MOMENTO Y EN CADA CASO JUZGUE LA OPORTUNIDAD DE SEGREGAR LA GESTION MATERIAL Y LA GESTION DEL GASTO, EN FUNCION DE UNA MERA POSIBILIDAD ESTATUTARIA QUE NECESITA SER COLMADA POR LA LEY ORGANICA. QUIZA CABRIA REPROCHAR A ESTA EL QUE SU TEXTO NO HAYA CONCRETADO EN ESTE PUNTO MAS ALLA DE TAL POSIBILIDAD, PERO ES PRECISO COMPRENDER QUE LA DETERMINACION DE SUPUESTOS PUEDE REQUERIR COMPLEJOS ESTUDIOS Y CALCULOS, DIFICILMENTE ABORDABLES EN LA MISMA LEY ORGANICA. EN TODO CASO, QUEDA CLARO QUE ELLO NO CONTRAVIENE NORMA ALGUNA, PORQUE LA CONSTITUCION SE REFIERE A LA CONFORMIDAD CON LAS LEYES ORGANICAS (ART. 152.3), LO QUE NO SIGNIFICA FORZOSAMENTE QUE SEA EN EL TEXTO DE LAS MISMAS DONDE SE HAYA DE AGOTAR LA MATERIA, BASTANDO CON QUE DICHO TEXTO PREVEA LOS TERMINOS EN QUE PUEDAN TENER LUGAR AQUELLAS FACULTADES.

AL PARRAFO CUARTO DEL CITADO ART. 37 SE LE REPROCHA, EN FIN, HABER PROCEDIDO A LA INDICACION DE UN DETERMINADO PROCEDIMIENTO, CON DESIGNACION, INCLUSO, DE LOS ORGANOS AUTONOMICOS LLAMADOS A

INTERVENIR. A DIFERENCIA DEL APARTADO TERCERO DE ESTE PRECEPTO, ESTE PUNTO CUARTO REGULA LA APLICACION A LA MATERIA <ADMINISTRACION DE JUSTICIA> DE RECURSOS PROPIOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y ES EVIDENTE QUE EL GASTO PUBLICO DE QUIEN NO ES TITULAR DE LA COMPETENCIA ES ALGO QUE DEBE SUSCITAR EL INTERES DEL TITULAR DE LA MISMA, PUES UNOS GASTOS APLICADOS DE MANERA ARBITRARIA O INDISCRIMINADA PODRIAN COMPROMETER LA ORIENTACION Y FINALIDADES PERSEGUIDAS MEDIANTE EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA EN CUESTION. LAS REPRESENTACIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD Y DEL GOBIERNO VASCO RECHAZAN QUE EL INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL TENGA CARACTER VINCULANTE, MAS ES LO CIERTO QUE LA MATERIA ATAÑE MUY DE CERCA A LAS FUNCIONES DE ESTE ULTIMO ORGANO CONSTITUCIONAL, QUE HA SIDO LLAMADO POR LA LEY PARA JUZGAR SI LA APORTACION DE RECURSOS PROPIOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PERJUDICA O BENEFICIA EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA, Y HUELGA DECIR, DE OTRO, QUE EL QUE DICHOS RECURSOS SE DEBAN RECOGER EN UN PROGRAMA ANUAL ES ALGO ACCESORIO Y NECESARIO PARA SU CONOCIMIENTO POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. TAMBIEN SE REPROCHA AL PRECEPTO HABER INDICADO QUE EL CITADO PROGRAMA HABRA DE SER APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, PERO SE HA DE DECIR, EN DEFENSA DE TAL DETERMINACION, QUE LA NORMA ESTATAL ACTUA DENTRO DE SU COMPETENCIA PROPIA (LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA), DE TAL MODO QUE PUEDE REGULAR CUANTO A ELLA CONCIERNE. DE OTRA PARTE, AL ESTABLECERSE LA INTERVENCION DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA NO SE HA HECHO SINO TENER EN CUENTA EL REGIMEN GENERAL DE TODOS LOS ORDENAMIENTOS AUTONOMICOS QUE, SIN EXCEPCION, PREVEN LA COMPETENCIA DE LAS ASAMBLEAS PARA AUTORIZAR LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS. LA IMPUGNACION ES, POR TANTO, MERAMENTE FORMAL EN ESTE PUNTO.

G) LOS GOBIERNOS CATALAN Y VASCO HAN IMPUGNADO PRACTICAMENTE TODOS LOS PRECEPTOS QUE, EN ORDEN AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, IMPLICAN UNA INTERVENCION DEL CORRESPONDIENTE MINISTERIO ESTATAL. ESBOZANDO UNA ARGUMENTACION SIMILAR, LA JUNTA DE GALICIA CONCRETA ESTA IMPUGNACION EN LOS ARTS. 455 Y 456. TAL FUNDAMENTACION NO ES OTRA, DE NUEVO, QUE LA DE QUE EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA QUEDA AL MARGEN DE LA MATERIA CONTEMPLADA EN EL ART. 149.1.5 DE LA CONSTITUCION.

AHORA BIEN, EL APARTADO PRIMERO DEL ART. 122 DE LA NORMA FUNDAMENTAL DISPONE QUE <LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL... DETERMINARA EL ESTATUTO JURIDICO DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS... Y DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA>, CONFIRMANDOSE, ASI, QUE EL REGIMEN DEL PERSONAL ALUDIDO SE CONFIA INTEGRA Y EXCLUSIVAMENTE A UNA NORMA ESTATAL (LEY ORGANICA), A DIFERENCIA DE LO QUE SUCEDE RESPECTO DE LOS DEMAS FUNCIONARIOS (ART.

149.1.18), Y TAMBIEN, DE OTRA PARTE, QUE EL REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTACION DE JUSTICIA HA DE SER UNICO, NO CONSTITUIDO POR UNA DIVERSIDAD DE NORMATIVAS.

POR ELLO, NINGUNA COMPETENCIA PUEDE CORRESPONDER A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN ESTE PUNTO CON BASE EN LAS LLAMADAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS GENERALES.

CUESTION EN PRINCIPIO DISTINTA SUSCITA LA PREVISION POR LOS ESTATUTOS DEL EJERCICIO DE ALGUNA FACULTAD CONCRETA RESPECTO DE ESTE PERSONAL, COMO PARECE OCURRIR EN EL ART. 34.3 DEL ESTATUTO VASCO, QUE ATRIBUYE A LA COMUNIDAD AUTONOMA <LA PROVISION DE PERSONAL> EN LOS MISMOS TERMINOS EN QUE SE RESERVE TAL FACULTAD AL GOBIERNO EN LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL. LO QUE EN EL ESTATUTO VASCO CONSTITUYE, ASI, UNA COMPETENCIA DE PROVISION ES EN OTROS ESTATUTOS UNA MERA FACULTAD DE IMPULSO PARA LA CELEBRACION DE CONVOCATORIAS, SUJETAS A LAS NORMAS SUSTANTIVAS CONTENIDAS EN LAS LEYES ORGANICAS DEL PODER JUDICIAL Y DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. AHORA BIEN, EN CUANTO AL SENTIDO DE AQUELLA COMPETENCIA PARA LA PROVISION, SE HA DE PARTIR DE QUE UNA FRAGMENTACION EN LOS MECANISMOS DE SELECCION LLEVARIA A LA FRAGMENTACION MISMA DE LOS CUERPOS DE FUNCIONARIOS (STC 25/1983), DE TAL MODO QUE LA NECESIDAD DE UNA VALORACION OBJETIVA DE LOS MERITOS Y LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LOS ADMINISTRADORES IMPONE LA NECESIDAD DE UN TRATO UNITARIO LO QUE ENTRAÑA CONFIGURAR EL SIGNIFICADO DE LA PROVISION COMO EQUIVALENTE AL ACTO DE NOMBRAMIENTO, CON EL ALCANCE QUE YA HA RECONOCIDO ESTE TRIBUNAL EN CASOS SIMILARES AL PRESENTE. POR LO DEMAS, ALGUNAS DE LAS DEMANDAS RECONOCEN QUE LOS SECRETARIOS JUDICIALES SE DEBEN INSERTAR EN EL NUCLEO DE LA MATERIA <ADMINISTRACION DE JUSTICIA> EN VIRTUD DE SUS FUNCIONES <PARAJUDICIALES>, Y NO SE COMPRENDE QUE LA LINEA DIVISORIA DE LA COMPETENCIA SE HAYA DE TRAZAR AQUI SEGUN CRITERIOS MAS CUANTITATIVOS QUE CUALITATIVOS, PUES TODO EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA REALIZA FUNCIONES QUE TIENEN UN CARACTER ESENCIALMENTE VINCULADO A UN COMETIDO ESPECIFICO, DIFICILMENTE DIVISIBLE EN RAZON A LA IMPORTANCIA DE SU INFLUENCIA EN LA DECISION FINAL DE LOS PROCESOS.

H) EN ORDEN A LA ESPECIALIZACION EN EL DERECHO PROPIO DE CADA COMUNIDAD AUTONOMA, LA PRIMERA OBSERVACION A HACER ES QUE LOS ESTATUTOS QUE MENCIONAN TAL CRITERIO DE PREFERENCIA CORRESPONDEN A TERRITORIOS EN LOS QUE EXISTE DERECHO CIVIL FORAL, OMITIENDO TAL PREVISION LOS ESTATUTOS DE LOS TERRITORIOS DE DERECHO COMUN. SE SIGUE DE ELLO QUE LA ESPECIALIZACION A QUE LOS ESTATUTOS SE HAN REFERIDO AL SEÑALAR EL MERITO PREFERENTE ES LA QUE SE HAYA DE OSTENTAR SOBRE EL DERECHO CIVIL FORAL, POR MAS QUE UNOS TEXTOS SE REFIERAN AL <DERECHO PROPIO> Y OTROS, ESPECIFICAMENTE, AL <DERECHO FORAL>. LA LEGITIMIDAD DE ESTA INTERPRETACION SISTEMATICA VIENE DADA, POR LO DEMAS, POR LA STC 85/1984, DEBIENDO TAMBIEN TENERSE EN CUENTA QUE EL DERECHO PROPIO QUE EXISTIA AL TIEMPO DE DICTARSE LOS ESTATUTOS ERA UNICAMENTE EL DERECHO FORAL DE LOS TERRITORIOS EN QUE ESTUVIERA RECONOCIDO.

CUESTION DISTINTA ES SI LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL HA INCURRIDO EN ALGUNA FORMA DE CONTRAVENCION CONSTITUCIONAL AL NO HACER FIGURAR EXPRESAMENTE EL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA O LA ESPECIALIZACION EN EL DERECHO PROPIO O LA HORA DE REGULAR LA PROVISION DE PUESTOS, DEBIENDOSE OBSERVAR QUE LA LEY NO PRETENDE UNA REGULACION EXHAUSTIVA DE LOS MERITOS O CIRCUNSTANCIAS DE PUNTUACION PARA TODAS Y CADA UNA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS A QUE SE REFIERE, NO PUDIENDOSE DECIR QUE LA NO INCLUSION DE ESTE MERITO PREFERENTE CONSTITUYA UNA OMISION ILEGITIMA. LAS NORMAS ESTATUTARIAS QUE AQUI IMPORTAN NO DICEN QUE LA VALORACION DE ESTOS MERITOS TENGA QUE SER MATERIA PROPIA DE LEY ORGANICA, COMPRENDIENDOSE BIEN QUE LA VALORACION ESPECIFICA DE UN MERITO ES COSA PROPIA DE DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS O DE CADA CONVOCATORIA CONCRETA.

EL GOBIERNO DE GALICIA CONTROVIERTE, TAMBIEN, LA COMPETENCIA PARA LA REGULACION DEL USO DE LAS LENGUAS DISTINTAS DEL CASTELLANO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, EXTREMO RESPECTO DEL QUE HAY QUE DECIR QUE LA REGULACION DEL IMPUGNADO ART. 231 RESPONDE AL EJERCICIO INDECLINABLE DE UNAS COMPETENCIAS DEL ESTADO PARA LA ORDENACION DE LOS PROCESOS Y PARA LA GARANTIA DE LA IGUALDAD DE LOS DERECHOS DE LAS PARTES (APARTADOS 6. Y 1. , RESPECTIVAMENTE, DEL ART. 149.1 DE LA CONSTITUCION). EN TODO CASO, SE TRATA DE UNA PROBLEMATICA AMPLIAMENTE DEBATIDA EN OTROS RECURSOS PENDIENTES DE RESOLUCION, REMITIENDOSE EL ABOGADO DEL ESTADO A LOS ALEGATOS EN ELLOS EXPUESTOS.

I) EN LO QUE SE REFIERE A LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA, ES PRECISO DISTINGUIR EN LOS ALEGATOS DE LOS RECURRENTES EN RAZON A LA CONCRETA MATERIA CONTROVERTIDA.

POR LO QUE SE REFIERE A LA FUNDAMENTACION DEL RECURSO DE CASACION EN INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL (ART. 5.4 DE LA LEY ORGANICA), LOS ORGANOS RECURRENTES CONSIDERAN LA HIPOTESIS DE UNA MANIPULACION FRAUDULENTA DE LA NORMA EN MERMA DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS TRIBUNALES SUPERIORES, PERO YA HA RECORDADO ESTE TRIBUNAL EN MAS DE UNA OCASION QUE LA MERA POSIBILIDAD DE QUE LAS NORMAS SEAN DEFRAUDADAS NO DEBE LLEVAR A SU ELIMINACION, MAXIME CUANDO, COMO EN EL PRESENTE CASO, NO SE OBJETA QUE SEA EL TRIBUNAL SUPREMO EL ORGANO A QUIEN CORRESPONDA JUZGAR EN ULTIMA INSTANCIA SOBRE LA VIOLACION DE NORMAS CONSTITUCIONALES.

EN CUANTO A LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS EN MATERIA CIVIL (ARTS. 56.1 Y 73 DE LA LEY ORGANICA), HABRIA QUE DISTINGUIR DOS COSAS. EN PRIMER LUGAR, QUE AL TRIBUNAL SUPREMO NO LE LIMITA NINGUNA NORMA CONSTITUCIONAL O ESTATUTARIA PARA QUE SOLO PUEDA CONOCER DE LOS RECURSOS DE CASACION O REVISION. EN SEGUNDO LUGAR, QUE EL PROPOSITO DE LAS NORMAS IMPUGNADAS NO ES ARTICULAR RECURSOS EXTRAORDINARIOS QUE ABSORBAN LOS SUPUESTOS EN LOS QUE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DEBAN CONOCER EN ULTIMA INSTANCIA. NO ES ESTE MOMENTO PARA JUZGAR SOBRE INTENCIONES, SIENDO CLARO QUE SI EL RECURSO SE ARTICULA SOBRE MATERIA AJENA AL DERECHO CIVIL PROPIO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, LA NORMA DE COMPETENCIA SERA LICITA Y TAMBIEN LO SERA SU PREVISION POR LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL.

EN LO RELATIVO AL AGOTAMIENTO DE INSTANCIAS RESPECTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE GALICIA, SE HA DE DECIR QUE LA GARANTIA DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA HAN ESTABLECIDO RESPECTO DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES TIENE UN SIGNIFICADO PREFERENTEMENTE NEGATIVO, CONSISTENTE EN QUE, EN DETERMINADOS AMBITOS MATERIALES, NO EXISTA SOBRE ELLOS NINGUN OTRO ORGANO JERARQUICO SUPERIOR.

ESTA REGLA NO TIENE UN SIGNIFICADO POSITIVO (QUE FUERA PRECISAMENTE DICHO ORGANO AQUEL ANTE EL QUE SE AGOTASEN TODOS LOS POSIBLES RECURSOS CONTRA DECISIONES DE ORGANOS INFERIORES), PUES ELLO DEPENDE DE ESQUEMAS ORGANICOS Y PROCESALES AJENOS A TODA PREVISION ESTATUTARIA Y, SOBRE TODO, A TODA COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

POR ULTIMO, EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECURSOS EN EL ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, EL GOBIERNO VASCO IMPUGNA EL ART. 58.4 DE LA LEY ORGANICA POR EL HECHO DE QUE LA CASACION SE HAGA DEPENDER DEL ORGANO QUE DICTO LOS ACTOS O DISPOSICIONES Y NO DE LA MATERIA OBJETO DEL CONFLICTO, IMPUGNACION FRENTE A LA QUE SE HA DE DECIR QUE EL ART. 14.1, C), DEL ESTATUTO VASCO (IDENTICO A LOS PRECEPTOS CORRESPONDIENTES DE LOS ESTATUTOS CATALAN Y GALLEGO) CONTIENE UN DOBLE ELEMENTO, PERSONAL (QUE EL ACTO EMANE DE ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL PAIS VASCO) Y MATERIAL (QUE EL ACTO AFECTE A MATERIAS CUYA LEGISLACION EXCLUSIVA CORRESPONDA A LA COMUNIDAD AUTONOMA). EL AMBITO QUE PERMITE CARACTERIZAR COMO <SUPERIORES> A ESTOS TRIBUNALES DE JUSTICIA NO ES SOLO EL ESPACIO FISICO QUE DELIMITA UNA COMUNIDAD AUTONOMA, SINO EL ESPACIO NORMATIVO PECULIAR DE CADA COMUNIDAD, A LO QUE SE HA DE AGREGAR QUE EL TRIBUNAL SUPREMO ES CONFIGURADO POR LA CONSTITUCION COMO <SUPERIOR EN TODOS LOS ORDENES> (ART. 123.1), CARACTERIZACION QUE NO TIENE UN SIGNIFICADO HONORIFICO O PURAMENTE JERARQUICO, SINO QUE SE HA DE INTERPRETAR SEGUN LA SIGNIFICACION TRADICIONAL Y CLASICA DEL TRIBUNAL SUPREMO COMO ORGANO ENCARGADO DE REALIZAR UNA LABOR UNIFICADORA EN LA APLICACION DEL DERECHO REALIZADA POR LOS DEMAS ORGANOS JURISDICCIONALES. ESTA LABOR UNIFICADORA SE DEBE EXTENDER A TODOS LOS AMBITOS EN QUE SEA POSIBLE SU EFECTIVO DESPLIEGUE Y, POR CONSIGUIENTE, A TODOS AQUELLOS CASOS EN LOS QUE UN ORGANO, ESTATAL O AUTONOMICO, APLIQUE DERECHO COMUN SUSCEPTIBLE DE SER UNIFICADO. LA CIRCUNSTANCIA, PURAMENTE ACCESORIA, DE QUE EL DERECHO COMUN SE APLIQUE COMO PRINCIPAL O COMO SUPLETORIO CARECE DE TODA RELEVANCIA RESPECTO DE LOS FINES A LOS QUE LA JURISPRUDENCIA SIRVE. LA POSIBILIDAD DE QUE LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL SUPREMO SE DEFINA EN FUNCION DE FACTORES AJENOS AL DERECHO APLICADO LLEVARIA A UNA SITUACION DE INADMISIBLE DESIGUALDAD ENTRE LOS CIUDADANOS Y A PERJUDICAR EL PRINCIPIO DE UNIDAD DE LA JURISDICCION QUE CONSAGRA EL PROPIO ART. 152.1 DE LA CONSTITUCION. DE OTRA PARTE, EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA IMPUGNA LOS APARTADOS 3. Y 4. DEL ART. 58 CON EL ARGUMENTO DE QUE NO GARANTIZAN QUE EL RECURSO DE CASACION SEA UNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA, PERO HUELGA DECIR QUE SI LA LEY ORGANICA NO PREJUZGA EL CARACTER EXTRAORDINARIO DEL RECURSO DE CASACION EN VIA CONTENCIOSA, TAMPOCO EL ESTATUTO IMPONE QUE TENGA TAL CARACTER.

EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD Y EL GOBIERNO VASCO SUSCITAN, EN FIN, LA CUESTION DE LA COMPETENCIA PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL, PUNTO ESTE CLARAMENTE RESUELTO POR LA STC 27/1981, A CUYO ULTIMO FUNDAMENTO SE REMITE EL ABOGADO DEL ESTADO.

J) TANTO EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD COMO EL GOBIERNO VASCO CONTROVIERTEN LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 42 DE LA LEY ORGANICA, EN TANTO ESTE PRECEPTO ATRIBUYE A UNA SALA ESPECIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO, Y NO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE, LA RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA ENTRE ORGANOS JURISDICCIONALES RADICADOS EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.

LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA (ARTS. 20.1 D) DEL CATALAN Y 14.1 D) DEL VASCO) ATRIBUYEN A LOS TRIBUNALES SUPERIORES LA DECISION DE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA Y AL TRIBUNAL SUPREMO LA RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE JURISDICCION Y DE COMPETENCIA ENTRE LOS ORGANOS JUDICIALES DE CADA COMUNIDAD AUTONOMA Y LOS DEMAS DEL ESTADO.

EN UNA PRIMERA APROXIMACION, POR LO TANTO, LOS ESTATUTOS PARECEN ACUSAR UNA LAGUNA RESPECTO DE LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA ENTRE ORGANOS JUDICIALES RADICADOS EN UNA MISMA COMUNIDAD AUTONOMA, QUE NO SE ATRIBUYEN EXPRESAMENTE NI AL TRIBUNAL SUPREMO NI A LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA. ESTA <LAGUNA> TRATA DE SER COLMADA CON LA SUGERENCIA DE UN ARGUMENTO DE ANALOGIA INFERIDO DEL REGIMEN APLICABLE A LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA, PERO NO ES ACEPTABLE QUE EN MATERIA TAN ESPECIAL COMO ES EL REGIMEN DE CONFLICTOS SE DEBA PARTIR DE QUE LOS ESTATUTOS TENGAN A SU CARGO UNA REGULACION EXHAUSTIVA, DE TAL MODO QUE LO NO RESUELTO EN ELLOS ENTRAÑE UNA LAGUNA EN SENTIDO PROPIO QUE DEBA SER RESUELTA MEDIANTE GENERALIZACION DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS. LOS ESTATUTOS NO PERSIGUEN UNA REGULACION GENERAL DE ESTA MATERIA, PUES SU OBJETIVO ES DESLINDAR COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, DE TAL MODO QUE LO NO RESUELTO POR ELLOS SE DEBE ENTENDER ATRIBUIDO A LA COMPETENCIA NORMATIVA A EJERCER EN LA SEDE NATURAL DE LA INSTITUCION REGULADA. DE OTRA PARTE, EL PRINCIPIO DE LA INTERVENCION DEL ORGANO JERARQUICO SUPERIOR COMUN SE ENCUENTRA CONSAGRADO SOLO PARA LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA (ART. 151.1 DE LA LEY ORGANICA), SIN QUE SE ALCANCE A VER LA RAZON DE SU EXTENSION A OTROS CONFLICTOS DE NATURALEZA DISTINTA.

SE IMPUGNA TAMBIEN EL ART. 38 DE LA LEY ORGANICA, RELATIVO A LOS CONFLICTOS DE JURISDICCION, CON EL ARGUMENTO (PURAMENTE VALORATIVO Y DE CONVENIENCIA) DE QUE EL CARACTER PARITARIO DEL ORGANO DECISOR TENGA SU PROPIA PROYECCION AUTONOMICA, TANTO EN EL PLANO DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA COMO EN LO RELATIVO A LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS AUTONOMOS. LA APRECIACION, SIN EMBARGO, ES PURAMENTE VALORATIVA Y NO CUENTA CON EL APOYO DE NINGUN PRECEPTO LEGAL.

OLVIDAN LOS RECURRENTES EL CARACTER INDEPENDIENTE DEL CONSEJO DE ESTADO, SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY ORGANICA 3/1980.

K) EN LO QUE SE REFIERE A LA REPRESENTACION Y DEFENSA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, LA IMPUGNACION DEL ART. 447.2 TIENE UN CARACTER CAUTELAR, PUES EL TEXTO SOLO CONTIENE UNA NORMA HABILITANTE DE UN POTENCIAL EFECTO REPRESENTATIVO Y NO UNA IMPOSICION QUE EXCLUYA LA LIBRE ELECCION DE DEFENSOR Y REPRESENTANTE EN JUICIO. SE TRATA, EVIDENTEMENTE, DE UNA NORMA PURAMENTE HABILITANTE CONCEBIDA DESDE <EL LADO> DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, DEBIENDO DESCARTARSE CUALQUIER OTRA INTERPRETACION. LA LEY, EN DEFINITIVA, BUSCA SOLO ASEGURAR MECANISMOS QUE EXCLUYEN LA INDEFENSION A TRAVES DE UN EXPEDIENTE SUPLETORIO Y DE SIGNO HABILITANTE.

L) EL ART. 439.2, RELATIVO A LOS COLEGIOS PROFESIONALES, HA SIDO IMPUGNADO POR LA REMISION QUE EN EL SE HACE A LA <LEGISLACION GENERAL> EN DICHA MATERIA QUE, DE ENTENDERSE REFERIDA A LA LEGISLACION ESTATAL, VULNERARIA LAS COMPETENCIAS RECONOCIDAS EN LOS ARTS. 9.23 DEL ESTATUTO DE CATALUÑA Y 10.22 DEL ESTATUTO DEL PAIS VASCO.

LOS TERMINOS DE LOS PRECEPTOS ESTATUTARIOS INVOCADOS Y LA DOCTRINA DE LA STC 76/1983 (FUNDAMENTO JURIDICO 26), A PROPOSITO DEL HOY ART. 15.2 DE LA LEY 12/1983, DEL PROCESO AUTONOMICO, EVIDENCIAN LA FALTA DE CONSISTENCIA DE ESTA IMPUGNACION.

EL ALCANCE DE LAS COMPETENCIAS ESTATUTARIAS VIENE, EN EFECTO, EXPLICITAMENTE DELIMITADO POR LOS ARTS. 36 Y 139 DE LA CONSTITUCION, DEBIENDO TENERSE EN CUENTA QUE EL PRINCIPIO DE LA COLEGIACION OBLIGATORIA, EN CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO HAY QUE ENTRAR AQUI, DEPARA, YA SE PONGA EN RELACION CON EL ART. 22, YA CON EL ART. 36, DE LA CONSTITUCION, QUE LA REGULACION EN ESTE PUNTO QUEDA INCLUIDA ENTRE LAS CONDICIONES BASICAS RESERVADAS A LA COMPETENCIA ESTATAL POR EL ART. 149.1.1. DE LA CONSTITUCION, LO QUE CORROBORA LA REFERENCIA DE LOS PRECEPTOS ESTATUTARIOS AL ART. 139 DE LA MISMA NORMA FUNDAMENTAL. HAY QUE DESTACAR, TAMBIEN, QUE LA ADSCRIPCION OBLIGATORIA ES UNA DE LAS NOTAS ESENCIALES EN LA NATURALEZA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES, QUE CORRESPONDE DETERMINAR AL LEGISLADOR (STC 23/1984) Y QUE SE HA DE CALIFICAR COMO UNO DE LOS ASPECTOS BASICOS A QUE DA COBERTURA COMPETENCIAL EL ART. 149.1.18 DE LA PROPIA CONSTITUCION. LA COLEGIACION OBLIGATORIA, A MAYOR ABUNDAMIENTO, OFRECE UNA DIMENSION PROCESAL QUE JUSTIFICA SU TRATAMIENTO EN LA PROPIA LEY ORGANICA (ASI, ART. 439.2), LO QUE SE HA DE PONER EN RELACION CON EL ART. 149.1.6 DE LA CONSTITUCION, AL TRATARSE DE UNO DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA POSTULACION, QUE APARECE COMO PRESUPUESTO DE PROCEDIBILIDAD.

M) EN CUANTO AL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, LA PUBLICACION ORDENADA EN EL ART.

21.1 DEL ESTATUTO DE CATALUÑA NO TIENE OTRO ALCANCE QUE EL QUE LITERALMENTE RESULTA DE SU PROPIO ENUNCIADO, EN RAZON AL CARACTER DEL <DIARIO OFICIAL> DE LA GENERALIDAD COMO ORGANO DEPENDIENTE DE ESTA, CUYO DESARROLLO POR LA LEY 3/1982 EN NADA CONTRAVIENE LO ESTABLECIDO POR EL ART. 337.2 DE LA LEY ORGANICA. EN ESTA ULTIMA NORMA LA DETERMINACION DEL MOMENTO A PARTIR DEL QUE PRODUCE EFECTOS EL NOMBRAMIENTO ES ALGO QUE AFECTA A LA ENTRAÑA MISMA DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO, PUES ATAÑE A LOS EFECTOS DE UN ACTO CUYO CARACTER Y PROCEDENCIA ESTATALES NO SE CUESTIONAN Y AL REGIMEN JURIDICO DE UN ORGANO CALIFICADO DEL PODER JUDICIAL.

N) LA IMPUGNACION DE LA DISPOSICION ADICIONAL SEXTA DE LA LEY ORGANICA PLANTEA COMO CUESTION PREVIA Y BASICA LA DEL CARACTER DE LOS TRIBUNALES ARBITRALES DE CENSOS CREADOS POR LA LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1945, PUES LA GENERALIDAD ADMITE QUE EL PRINCIPIO DE UNIDAD JURISDICCIONAL (ART. 117.5 DE LA CONSTITUCION) AFECTARIA A ESTOS ORGANOS SI TUVIERAN TAL CARACTER. LA GENERALIDAD NIEGA ESTA NATURALEZA, PERO ELLO NO ELIMINA EL HECHO DE QUE LO QUE LA LEY PREVE ES UN AUTENTICO PROCESO, CON SUS NORMAS DE INICIACION, DESARROLLO, DECISION Y EJECUCION, DE TAL MODO QUE LOS TRIBUNALES DE CENSOS EJERCEN UNA FUNCION JUDICIAL, DECISORIA DE DERECHOS PRIVADOS, SIN QUE EL CARACTER <ARBITRAL> QUE SE ADICIONA A SU NOMBRE DESVIRTUE ESTA DEFINICION, PUES AQUEL CARACTER SE REFIERE, MAS BIEN, AL MODUS IUDICANDI . LAS COMPETENCIAS PROCESALES QUE LA COMUNIDAD AUTONOMA PUDIERA OSTENTAR COMO POTESTAD ACCESORIA DE LA LEGISLATIVA SOBRE MATERIAS DE DERECHO FORAL NO ALCANZA A LA SUBSISTENCIA DE TRIBUNALES ESPECIALES, QUE AFECTAN AL PRINCIPIO DE LA UNIDAD DE JURISDICCION Y SE ENMARCAN EN EL AMBITO MAS GENUINO DE LA ORDENACION DEL PODER JUDICIAL. CABRIA ADMITIR QUE LA GENERALIDAD ESTATUYERA ALGUNA PARTICULARIDAD PROCESAL EN LOS EXTREMOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO 3 DEL PRECEPTO IMPUGNADO, CUYA REGULACION POR EL ESTADO ES DE INCUESTIONABLE LEGITIMIDAD, POR LA NECESIDAD DE ORDENAR (SIQUIERA SUPLETORIAMENTE) LOS EFECTOS QUE PRODUCE UNA NORMA DE SUPRESION DE TRIBUNALES ESPECIALES.

SE CONCLUYO SUPLICANDO SE DICTARA SENTENCIA EN LA QUE SE DESESTIMARAN LOS RECURSOS FORMULADOS, DECLARANDOSE LA CONFORMIDAD A LA CONSTITUCION DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS.

11. MEDIANTE PROVIDENCIA DEL DIA 27 DE MARZO DE 1989 SE SEÑALO PARA DELIBERACION Y VOTACION DE LA PRESENTE SENTENCIA EL DIA 29 DE MARZO DE 1989.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. DADO EL NUMERO DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL QUE SE IMPUGNAN EN LOS RECURSOS ACUMULADOS, LA VARIEDAD DE MATERIAS DE QUE SE TRATAN, Y LA DIVERSIDAD DE LOS MOTIVOS DE IMPUGNACION QUE FRENTE A TALES PRECEPTOS SE ADUCEN, RESULTA CONVENIENTE, PARA UNA MAYOR CLARIDAD EN LA EXPOSICION DE LOS PRESENTES FUNDAMENTOS JURIDICOS, DIVIDIR ESTOS EN VARIOS APARTADOS GENERICOS, PARA SISTEMATIZAR SIQUIERA SEA EN FORMA GLOBAL Y APROXIMATIVA LAS CUESTIONES A RESOLVER. EN CONSECUENCIA, Y A LA VISTA DE LAS ALEGACIONES FORMULADAS POR LOS RECURRENTES Y LA REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE LA NACION, ANALIZAREMOS SUCESIVAMENTE LOS SIGUIENTES BLOQUES TEMATICOS:

A. CON CARACTER PREVIO, LA CUESTION, SUSCITADA POR EL ABOGADO DEL ESTADO, RELATIVA A LA LEGITIMACION DE LOS RECURRENTES.

B. LAS IMPUGNACIONES RELATIVAS A LOS EFECTOS DE LAS CLAUSULAS CONTENIDAS EN LOS ARTS. 35.3 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DEL PAIS VASCO, 18.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA Y 20.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE GALICIA, POR LAS QUE LAS RESPECTIVAS COMUNIDADES ASUMEN LAS FACULTADES QUE LA LOPJ RECONOZCA O ATRIBUYA AL GOBIERNO DEL ESTADO (<CLAUSULAS SUBROGATORIAS>).

C. LAS CUESTIONES RELATIVAS A LA PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES (ART. 152.1, 2. , C.E.).

D. LAS IMPUGNACIONES REFERENTES A LAS COMPETENCIAS QUE SE ATRIBUYEN A LOS DIVERSOS ORGANOS JURISDICCIONALES POR LA LOPJ.

E. FINALMENTE, UN CONJUNTO DE IMPUGNACIONES DE INDOLE MUY DIVERSA, NO RECONDUCIBLES A LOS APARTADOS ANTERIORES.

A. LEGITIMACION DE LOS RECURRENTES 2. ANTES DE INICIAR EL EXAMEN DE LAS IMPUGNACIONES DEDUCIDAS POR LOS ORGANOS RECURRENTES ES OBLIGADO DAR RESPUESTA AL ALEGATO PREVIO DEL ABOGADO DEL ESTADO, QUIEN HA PUESTO DE MANIFIESTO, CON CITA DE LOS ARTS. 162.1 DE LA CONSTITUCION Y 32.2 DE NUESTRA LEY ORGANICA, LO QUE A SU JUICIO CONSTITUYE UNA FALTA DE LEGITIMACION DE AQUELLOS ORGANOS PARA IMPUGNAR ALGUNAS DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA 6/1985 COMBATIDAS EN ESTOS RECURSOS. ESTIMA, EN EFECTO, LA ABOGACIA DEL ESTADO QUE LA REFERENCIA DEL CITADO ART. 32.2 A LAS LEYES, DISPOSICIONES O ACTOS CON FUERZA DE LEY QUE PUEDAN AFECTAR AL <PROPIO AMBITO DE AUTONOMIA> DE LAS COMUNIDADES CUYOS ORGANOS PRETENDAN RECURRIR SUPONE TANTO COMO UNA EXCLUSION DE LA LEGITIMACION DE TALES ORGANOS PARA IMPUGNAR LOS PRECEPTOS DE LEY QUE NO ENTRAÑEN UNA LESION DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS, PUES SOLO DICHAS COMPETENCIAS OBSERVA DEFINEN LA <AUTONOMIA> A LA QUE SE REFIERE LA INVOCADA REGLA DE LA LEY ORGANICA DE ESTE TRIBUNAL. ESTE ENTENDIMIENTO DE LA LEGITIMACION AUTONOMICA EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD LLEVA AL DEFENSOR DE LA LEY A RECONOCER DICHA LEGITIMACION CUANDO LAS PRESENTES IMPUGNACIONES EXPRESAN LO QUE LLAMA UNA <REIVINDICACION COMPETENCIAL PURA Y SIMPLE> Y A NEGARLA, POR CONSIGUIENTE, EN AQUELLOS OTROS SUPUESTOS EN LOS QUE LOS RECURSOS MANIFIESTAN <UNA PURA DISCREPANCIA FRENTE AL CONTENIDO MATERIAL DE LA REGULACION LEGAL, SIN INDICIO ALGUNO DE REIVINDICACION COMPETENCIAL>.

TAL SERIA EL CASO CONCLUYE EL ABOGADO DEL ESTADO DE LAS IMPUGNACIONES FRENTE A LOS PRECEPTOS DE LA LEY ORGANICA 6/1985 RELATIVOS A <LA PLANTA Y CONFIGURACION DE LOS TRIBUNALES O DE LOS RECURSOS>.

3. LA INTERPRETACION EN LA QUE TAL CONCLUSION SE APOYA HA SIDO, SIN EMBARGO, EXPRESAMENTE DESCARTADA POR LA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL, QUE HA TENIDO YA OCASION DE DECLARAR QUE <LA LEGITIMACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NO ESTA OBJETIVAMENTE LIMITADA A LA DEFENSA DE SUS COMPETENCIAS PROPIAS, SI ESTA EXPRESION SE ENTIENDE EN SU SENTIDO HABITUAL, COMO ACCION DIRIGIDA A REIVINDICAR PARA SI LA TITULARIDAD DE UNA COMPETENCIA EJERCIDA POR OTRO> (STC 84/1982, FUNDAMENTO JURIDICO 1. , Y, EN TERMINOS ANALOGOS, SSTC 26/1987 Y 74/1987, FUNDAMENTO JURIDICO 1. DE AMBAS RESOLUCIONES). NI, EN EFECTO, EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PUEDE SER EQUIPARADO O ASIMILADO AL CONFLICTO DE COMPETENCIAS SIENDO COMO ES UN INSTRUMENTO AL SERVICIO DE LA DEPURACION OBJETIVA DEL ORDENAMIENTO NI CABE TAMPOCO, POR LO MISMO, IDENTIFICAR LA EXPRESION <PROPIO AMBITO DE AUTONOMIA> (ART. 32.2 DE LA LOTC) CON EL ELENCO DE COMPETENCIAS ESTATUTARIAS DE LAS COMUNIDADES RECURRENTES, PUES DICHA EXPRESION LEGAL REMITE, MAS AMPLIAMENTE, A LA POSICION INSTITUCIONAL EN EL ORDENAMIENTO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, VALE DECIR, AL CONJUNTO DE SUS COMPETENCIAS Y FACULTADES Y TAMBIEN A LAS GARANTIAS, CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIAS, QUE DAN FORMA Y PRESERVAN A DICHA AUTONOMIA. EL AMBITO DE ESTA PODRA VERSE AFECTADO, EN SUMA, NO SOLO CUANDO LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS SE DIGAN MENOSCABADAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, POR EL ESTADO, SINO TAMBIEN Y CON LOS MISMOS EFECTOS POSITIVOS SOBRE LA LEGITIMACION EN LOS CASOS EN QUE EL ORGANO DE LA COMUNIDAD ADUZCA UNA CONCULCACION, POR REGLAS ESTATALES, DE CUALQUIERA DE LAS GARANTIAS QUE, EN LA CONSTITUCION Y EN EL ESTATUTO, HAN DE SER VISTAS COMO EL PRESUPUESTO Y LA BASE MISMA DE LA AUTONOMIA, O COMO SU PROYECCION EN LA ORGANIZACION INTEGRAL DEL ESTADO.

POR LO DICHO, LOS ORGANOS AUTONOMICOS QUE RECURREN ESTAN LEGITIMADOS PARA HACERLO NO SOLO EN AQUELLOS CASOS EN QUE SUS REPRESENTACIONES ADUCEN UNA INVASION O CONSTRICCION OPE LEGIS DE DETERMINADAS COMPETENCIAS DE LA RESPECTIVA COMUNIDAD, ESTO ES, FRENTE A LAS REGLAS RELATIVAS A LAS DEMARCACIONES JUDICIALES, A LOS NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL, A LA PROVISION DE MEDIOS MATERIALES, A LA PUBLICACION DEL NOMBRAMIENTO DE LOS PRESIDENTES DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA, A LA REPRESENTACION Y DEFENSA EN JUICIO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, A LA COLEGIACION OBLIGATORIA O, RESPECTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA, A LA REGULACION DE LOS TRIBUNALES ARBITRALES DE CENSOS. MAS ALLA DE ESTAS IMPUGNACIONES FRENTE A CUYA VIABILIDAD NO OPONE TACHA ALGUNA EL ABOGADO DEL ESTADO , LA MISMA LEGITIMACION SE HA DE RECONOCER PARA LAS QUE SE FORMULAN CONTRA PRECEPTOS DE LA LEY ORGANICA 6/1985 QUE VERSAN SOBRE CUESTIONES O MATERIAS ACERCA DE LAS CUALES LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA ATRIBUYEN DETERMINADAS FACULTADES, O IMPONEN CIERTOS MANDATOS, A LAS COMUNIDADES DE CATALUÑA, GALICIA O EL PAIS VASCO, PUES EN TALES CASOS (RELATIVOS AL EMPLEO PROCESAL DE LAS LENGUAS COOFICIALES O A LOS MERITOS, EN LOS CONCURSOS, CONSISTENTES EN EL CONOCIMIENTO DE DICHAS LENGUAS Y DEL DERECHO PROPIO DE LAS COMUNIDADES) LAS FACULTADES O MANDATOS DICHOS, A LOS QUE DESPUES SE ALUDIRA, OPERAN, SIN DUDA, COMO EL <PUNTO DE CONEXION> (STC 84/1982, FUNDAMENTO JURIDICO 1. ) ENTRE REGLA IMPUGNADA E INTERES PARA RECURRIR DEL QUE LA LEGITIMACION BROTA.

TAMPOCO CABE, POR ULTIMO, NEGAR LA LEGITIMACION DE LOS ORGANOS RECURRENTES PARA CONTROVERTIR, EN ESTE CAUCE, LA VALIDEZ DE DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL QUE HAN CONCULCADO A DECIR DE LAS DEMANDAS LAS REGLAS ESTATUTARIAS DEFINIDORAS DE LA COMPETENCIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES RADICADOS EN EL TERRITORIO RESPECTIVO Y, EN CONCRETO, AQUELLAS QUE DETERMINAN LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA. ES MUY CIERTO QUE ESTAS IMPUGACIONES NO EXPRESAN, NI DIRECTA NI INDIRECTAMENTE, REIVINDICACION COMPETENCIAL DE TIPO ALGUNO, PERO TAMBIEN LO ES QUE SU FUNDAMENTO SE SITUA EN CONCRETOS PRECEPTOS ESTATUTARIOS (ARTS. 19 Y 20 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA, 21 Y 22 DEL ESTATUTO DE GALICIA Y 34 DEL ESTATUTO VASCO) REGULADORES DE LA COMPETENCIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES SITOS EN CADA UNO DE AQUELLOS TERRITORIOS, NORMATIVA ESTATUTARIA ESTA CUYA HIPOTETICA MODIFICACION POR LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL SUSCITA, INEQUIVOCAMENTE, UN PROBLEMA DE INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS PARA CUYO PLANTEAMIENTO NO PUEDE NEGARSE LEGITIMACION A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, TANTO MAS CUANTO QUE LA EXIGENCIA ESPECIFICA QUE ESTABLECE EL REPETIDO ART. 32.2 DE LA LOTC NO PUEDE SER INTERPRETADA DE FORMA RESTRICTIVA, SINO EN FAVOR DEL RECONOCIMIENTO DE LA LEGITIMACION (STC 199/1987, FUNDAMENTO JURIDICO 1. ).

CUALQUIERA QUE SEA LA RAZON SUSTANTIVA QUE PUDIERAN ENCERRAR ESTAS QUEJAS, LO QUE LAS MISMAS EXPRESAN ES UNA DEFENSA DE LA NORMA INSTITUCIONAL BASICA DE LA PROPIA COMUNIDAD (ART. 147.1 DE LA CONSTITUCION), CUYA INTERVENCION ES NECESARIA, POR LO DEMAS, PARA LA REVISION DE SU ESTATUTO. NO ES POSIBLE, POR ELLO, DESCONOCER EL INTERES DE LAS COMUNIDADES RECURRENTES EN DEFENDER Y HACER VALER, POR ESTE CAUCE, LA INTEGRIDAD DE LAS NORMAS DE SU ESTATUTO, INTEGRIDAD QUE CONSTITUYE, CLARO ESTA, LA PRIMERA DE LAS GARANTIAS DE SU AUTONOMIA.

MENCION APARTE AUNQUE NO SOLUCION DIVERSA MERECE, EN FIN, EL ALEGATO DE LA REPRESENTACION DE LA JUNTA DE GALICIA FRENTE A LAS REGLAS DE LA LEY ORGANICA 6/1985 QUE MANTIENEN A LA PROVINCIA COMO UNO DE LOS TIPOS DE DEMARCACION TERRITORIAL DEL PODER JUDICIAL. ESTE ALEGATO PARECE FORMULARSE DESDE UN DETERMINADO ENTENDIMIENTO DE LO QUE IMPONDRIA EL ART.

20.2 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE GALICIA, Y BASTA CON CONSTATARLO ASI, Y CON REITERAR LO ANTES DICHO, PARA RECONOCER, TAMBIEN EN CUANTO A ESTE EXTREMO, LA LEGITIMACION DE QUIEN RECURRE.

B. CLAUSULAS SUBROGATORIAS EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA

4. ENTRANDO YA EN LAS IMPUGNACIONES CONCRETAS DIRIGIDAS CONTRA LA LOPJ Y EN RELACION CON LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, ENTIENDEN LOS RECURSOS PLANTEADOS QUE DETERMINADOS EXTREMOS DE LA NORMA ESTATAL ENTORPECEN LA ASUNCION DE COMPETENCIAS REALIZADAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN VIRTUD DE LAS QUE SE HA DADO EN LLAMAR CLAUSULAS <SUBROGATORIAS>; ESTE ES EL PRIMER BLOQUE MATERIAL QUE PROCEDE ANALIZAR. EL PROBLEMA MEDULAR QUE SE PLANTEA EN ESTE TERRENO ES EL DEL ALCANCE QUE TIENEN ESTAS CLAUSULAS PRESENTES EN DISTINTOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, ENTRE OTROS, EN LOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS RECURRENTES. LOS RESPECTIVOS PRECEPTOS, CON POCAS VARIACIONES, VIENEN A ESTABLECER QUE LA CORRESPONDIENTE COMUNIDAD AUTONOMA EJERCE <LAS FACULTADES QUE LAS LEYES ORGANICAS DEL PODER JUDICIAL Y DE SU CONSEJO GENERAL RECONOZCAN O ATRIBUYAN AL GOBIERNO DEL ESTADO> EN RELACION CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (ARTS. 35.3 EAPV, 18.1 EACAT, 2).1 EAG, 52.1 EAAN, 41.1 EAAS, 39.1 EAMU, 39.1 EACV, 32.1.A EAAR, 27.A EACM, 27.1 EACAN, 60.1 LORARFN, 47 EAEX, 52.1 EAIB, 50.1 EAMA).

PARTEN LOS RECURSOS DE CONSIDERAR QUE EL CONCEPTO DE <ADMINISTRACION DE JUSTICIA> QUE EL ART.

149.1.5 UTILIZA PARA RESERVAR UNA COMPETENCIA COMO EXCLUSIVA PARA EL ESTADO ES SUSCEPTIBLE DE UNA DOBLE INTERPRETACION, AL MENOS. DICHO DE OTRA FORMA, ENTIENDEN LOS RECURSOS QUE SE RESERVA COMO COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ENTENDIDA COMO PODER JUDICIAL, LO QUE EQUIVALE A DECIR QUE CORRESPONDE AL ESTADO COMO COMPETENCIA EXCLUSIVA EL EJERCICIO DE LA FUNCION JURISDICCIONAL, ASI COMO DE TODO AQUELLO QUE SUPONE UNA EXIGENCIA ABSOLUTA PARA QUE DICHA FUNCION SE CUMPLA DE MANERA INDEPENDIENTE, TAL Y COMO ESTABLECE EL ART. 117.1 DE LA CONSTITUCION. PERO, JUNTO A ESE NUCLEO IRREDUCTIBLE QUE CONSTITUYE LA COMPETENCIA DEL ART.

149.1.5, EXISTE UN CONCEPTO MAS AMPLIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL QUE SE INCLUYE TODO LO RELACIONADO CON LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES QUE SIRVEN DE AYUDA O AUXILIO PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCION JURISDICCIONAL, PERO QUE NO FORMA PARTE DE ESE NUCLEO IRREDUCTIBLE. EL ART. 149.1.5 DE LA CONSTITUCION NO ALCANZA A ESTA MATERIA, DENOMINADA GRAFICAMENTE <ADMINISTRACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA>, Y, EN CONSECUENCIA, SE HA PODIDO ASUMIR POR LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA EN VIRTUD DEL JUEGO DE LA CLAUSULA RESIDUAL DEL ART. 149.3.

FRENTE A ESTE PLANTEAMIENTO, EL ABOGADO DEL ESTADO OPONE LA UNIDAD DE LA COMPETENCIA SOBRE <ADMINISTRACION DE JUSTICIA> RESERVADA AL ESTADO EN EL ART. 149.1.5 DE LA CONSTITUCION. RECONOCE EL REPRESENTANTE ESTATAL QUE CONCEPTUALMENTE ES POSIBLE ESTABLECER LA DIFERENCIA ENTRE <ADMINISTRACION DE JUSTICIA> Y <ADMINISTRACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA>, PERO TODO ELLO DENTRO DE UNA UNICA COMPETENCIA RESERVADA AL ESTADO EN EL ART. 149.1.5 DE LA CONSTITUCION. ESA DISTINCION

TIENE EFECTOS DENTRO DE LOS PODERES ESTATALES PARA IDENTIFICAR EL NUCLEO QUE AFECTA AL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL, COMPETENCIA DE SU CONSEJO GENERAL, Y LO QUE PUEDE QUEDAR EN MANOS DEL EJECUTIVO ESTATAL. MAS ALLA DE ELLO, NADA HAY EN LA NORMA FUNDAMENTAL QUE PERMITA APLICAR ESTA DISTINCION DENTRO DEL CONCEPTO USADO POR EL CITADO ART. 149.1.5 DE LA CONSTITUCION.

ASI CENTRADO, EN PRINCIPIO, EL DEBATE, PROCEDE, COMO PRIMER PASO, DETERMINAR CUAL ES EL CONTENIDO DE LA COMPETENCIA ASUMIDA POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN VIRTUD DE LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS PRESENTES EN SUS RESPECTIVOS ESTATUTOS.

5. SI SE PARTIERA DE UNA CONCEPCION AMPLIA DEL CONCEPTO ADMINISTRACION DE JUSTICIA, IDENTIFICANDOLA CON EL CONTENIDO DE LA MATERIA RESERVADA COMO EXCLUSIVA AL ESTADO POR EL ART. 149.1.5 C.E., EXISTIRIA UNA CLARA OPOSICION ENTRE ESTATUTOS DE AUTONOMIA Y CONSTITUCION. EN EFECTO, ESA INTERPRETACION SUPONDRIA QUE MIENTRAS QUE LA NORMA FUNDAMENTAL RESERVA EN EXCLUSIVA UNA MATERIA AL ESTADO, LOS ESTATUTOS, MEDIANTE LA SUBROGACION, ASUMEN COMPETENCIAS QUE LES ESTARIAN VEDADAS.

DOS INTENTOS EXISTEN DE SALVAR ESTA CONTRADICCION. EL PRIMERO DE ELLOS, DEFENDIDO EN SU RECURSO POR LA JUNTA DE GALICIA, SERIA EL CONSISTENTE EN ENTENDER QUE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA EN ESTE PUNTO ACTUAN, NO COMO INSTRUMENTO DE ASUNCION DE COMPETENCIAS, SINO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFERENCIA O DELEGACION DE UNA COMPETENCIA ESTATAL; ASI SE EXPLICARIA QUE SE ASUMIERAN FUNCIONES DE UNA COMPETENCIA CUYA TITULARIDAD EXCLUSIVA PERTENECE AL ESTADO. NO OBSTANTE Y CONCORDANDO EN ESTO CON LA DOCTRINA GENERALMENTE ACEPTADA , DEBE CONSIDERARSE INADECUADA ESTA CONSTRUCCION. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, PESE A SU FORMA DE LEY ORGANICA, NO SON INSTRUMENTOS NI UTILES NI CONSTITUCIONALMENTE CORRECTOS, POR SU NATURALEZA Y MODO DE ADOPCION, PARA REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS O DELEGACIONES DE FACULTADES DE UNA MATERIA DE TITULARIDAD ESTATAL PERMITIDAS POR EL ART. 150.2 DE LA CONSTITUCION. ELLO PORQUE, MUY RESUMIDAMENTE EXPUESTO Y SIN AGOTAR LOS POSIBLES ARGUMENTOS, A PESAR DE SU FORMA DE LEY ORGANICA, EL ESTATUTO DE AUTONOMIA SE ADOPTA MEDIANTE UN COMPLEJO PROCEDIMIENTO DISTINTO DEL DE LAS LEYES ORGANICAS COMUNES. UTILIZAR, PUES, EL ESTATUTO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFERENCIA O DELEGACION IMPLICARIA DAR RIGIDEZ A UNA DECISION ESTATAL EN UNA MANERA NO DESEADA POR EL CONSTITUYENTE Y QUE CHOCA CON LA MAYOR FLEXIBILIDAD QUE LOS INSTRUMENTOS DEL ART. 150.2 HAN DE POSEER. POR OTRA PARTE, ESTE ULTIMO PRECEPTO IMPLICA UNA DECISION FORMALMENTE UNILATERAL POR PARTE DEL ESTADO, SUSCEPTIBLE DE RENUNCIA Y DE INTRODUCCION DE INSTRUMENTOS DE CONTROL; EL ESTATUTO, EN CAMBIO, SUPONE UNA DOBLE VOLUNTAD Y UNA FALTA DE DISPOSICION ESTATAL A LA HORA DE DEROGAR LA TRANSFERENCIA O DELEGACION O DE INTRODUCIR ESOS INSTRUMENTOS DE CONTROL. COMO SE HA SEÑALADO, Y RESUMIENDO, SI EL ESTATUTO ES EL PARADIGMA DE LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS DE AUTOORGANIZACION, LA TRANSFERENCIA Y DELEGACION CAE EN EL AMBITO DE LA HETERORGANIZACION.

UNA SEGUNDA INTERPRETACION DE LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS ES LA QUE REALIZA EL ABOGADO DEL ESTADO EN SUS ALEGACIONES. PARTIENDO, COMO SE HA VISTO, DE LA UNIDAD CONCEPTUAL DE LA MATERIA <ADMINISTRACION DE JUSTICIA>, Y DE LA RESERVA EN EXCLUSIVA DE ELLA AL ESTADO ENTIENDE EL ABOGADO DEL ESTADO QUE LA CLAUSULA SUBROGATORIA SOLO PUEDE REFERIRSE A AQUELLAS FUNCIONES QUE EXPRESAMENTE PERMITA ASUMIR LA CONSTITUCION DENTRO DE ESA MATERIA. ELLO LE LLEVA A PONER EN RELACION CLAUSULAS SUBROGATORIAS Y ART.

152.1, PARRAFO SEGUNDO IN FINE. COMO EXCEPCION A LA RESERVA GENERAL DEL ART.

149.1.5 DE LA CONSTITUCION, EL CITADO PRECEPTO PERMITE ASUMIR UNA SOLA COMPETENCIA EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA: LA PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES DENTRO DE SU TERRITORIO. EL VALOR DE LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS ES, PUES, SEGUN EL ABOGADO DEL ESTADO, EL DE ACTUAR COMO INSTRUMENTO DE ASUNCION DE ESA COMPETENCIA CONSTITUCIONALMENTE PERMITIDA. SIN EMBARGO, LA ANTERIOR CONSTRUCCION NO RESULTA COHERENTE CON LA REGULACION DE LA MATERIA EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA; EN EFECTO, EL ACEPTAR EL SENTIDO QUE EL ABOGADO DEL ESTADO DA A LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS SUPONDRIA TANTO COMO DEJAR PRIVADOS DE RAZON DE SER (O ESTIMAR REITERATIVOS) LOS MULTIPLES PRECEPTOS ESTATUTARIOS QUE, UNIDOS O NO A LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS, SE REFIEREN EXPRESAMENTE A LA COMPETENCIA ASUMIDA EN MATERIA DE PARTICIPACION EN LA DELIMITACION DE DEMARCACIONES JUDICIALES (ARTS. 31.1, SEGUNDO PARRAFO, EAPV, 18.2 EACAT, 20.2 EAGA, 52.2 EAAN, 41.2 EAAS, 39.2 EAMU, 39.2 EAPV, 39.1.B EAAR., 27.B EACM, 27.2 EACAN, 60.2 LOFAN, 44 EAEX, 52.2 EAIB, 50.2 EAMA; LOS ESTATUTOS DE CANTABRIA ART.

43 Y CASTILLA Y LEON ART. 24 , AUNQUE SIN CLAUSULA SUBROGATORIA, SE REFIEREN EXPRESAMENTE A LA DEMARCACION JUDICIAL). LA POSTURA MANTENIDA POR EL ABOGADO DEL ESTADO, PUES, DA SENTIDO A UNA COMPETENCIA ASUMIDA ESTATUTARIAMENTE PERO PRIVANDO DE SIGNIFICADO A OTRA. EN CONCLUSION, DEBE SER OTRO EL CAMINO A SEGUIR PARA DAR COHERENCIA AL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD EN ESTE TERRENO SALVANDO LA APARENTE CONTRADICCION EXISTENTE ENTRE ESTATUTOS Y CONSTITUCION, Y BUSCANDO UNA INTERPRETACION DE AQUELLOS CONFORME A LA CONSTITUCION, EN UNA LINEA HERMENEUTICA DE CARACTER GENERAL Y AFIRMADA ESPECIFICAMENTE EN RELACION CON LOS ESTATUTOS DE MANERA REITERADA POR ESTE TRIBUNAL (STC 18/1982, ENTRE LAS PRIMERAS).

6. A LA VISTA DEL PROCESO DE APROBACION DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA Y DE LA PROPIA CONSTITUCION, PUEDE AFIRMARSE QUE LA DISTINCION ENTRE UN SENTIDO AMPLIO Y UN SENTIDO ESTRICTO EN EL CONCEPTO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA NO ES ALGO IRRELEVANTE JURIDICAMENTE. ESA DIFERENCIA, PRESENTE EN TODA LA ORGANIZACION Y REGULACION DE LA FUNCION JURISDICCIONAL, COMO RECONOCE EL PROPIO ABOGADO DEL ESTADO, TIENE, AL MENOS, VALOR PARA DISTINGUIR ENTRE FUNCION JURISDICCIONAL PROPIAMENTE DICHA Y ORDENACION DE LOS ELEMENTOS INTRINSECAMENTE UNIDOS A LA DETERMINACION DE LA INDEPENDENCIA CON QUE DEBE DESARROLLARSE, POR UN LADO, Y OTROS ASPECTOS QUE, MAS O MENOS UNIDOS A LO ANTERIOR, LE SIRVEN DE SUSTENTO MATERIAL O PERSONAL, POR OTRO. ESTA DISTINCION ESTA PRESENTE TANTO EN EL PROCESO CONSTITUYENTE, COMO EN EL ESTATUYENTE Y EN EL DE APROBACION, PRIMERO, DE LA LEY ORGANICA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Y LUEGO DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, ENTRE OTROS MOTIVOS, POR LA TRANSFORMACION QUE LA CONSTITUCION INTRODUJO EN LA ORGANIZACION Y GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL; LA CONSAGRACION DE UN AUTENTICO SISTEMA DE AUTOGOBIERNO ORGANIZADO, SIGUIENDO LA LINEA DEL DERECHO COMPARADO EUROPEO, EN TORNO A LA EXISTENCIA DE UN ORGANO ESPECIFICO HACIA NECESARIO, ANTES DE PROCEDER A UN REPARTO DE PODER TERRITORIAL, DELIMITAR EL CAMPO DE AUTOGOBIERNO QUE GARANTIZARA LA INDEPENDENCIA RESPECTO DE OTRAS FUNCIONES ACCESORIAS O DE AUXILIO NO INCLUIDAS NI EN LA FUNCION DE JUZGAR Y HACER EJECUTAR LO JUZGADO, NI EN ESE AUTOGOBIERNO GARANTIA DE LA INDEPENDENCIA FUNCIONAL.

ESTE DATO EXPLICA, NO SOLO LA SECUENCIA NORMATIVA EN LA MATERIA, SINO TAMBIEN QUE SE ACUDIERA A UNA TECNICA PECULIAR DE ASUNCION DE COMPETENCIAS COMO ES LA SUBROGATORIA; ESTA, A LA POSTRE, SUPONE UNA PREVIA DEFINICION DE CAMPOS POR EL LEGISLADOR ESTATAL PARA ASUMIR LUEGO LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LO QUE SE RESERVE AL EJECUTIVO ESTATAL. DICHO DE OTRA MANERA, LA INTRODUCCION DE UN NUEVO SISTEMA DE AUTOGOBIERNO LLEVO A LOS PODERES PUBLICOS A APLAZAR LA DECISION SOBRE EL ALCANCE DE LAS FACULTADES DE LOS DISTINTOS ENTES TERRITORIALES HASTA QUE SE REALIZARA UNA PREVIA OPERACION DE DESLINDE: QUE AFECTABA AL AUTOGOBIERNO Y QUE NO AFECTABA AL AUTOGOBIERNO.

PARTIENDO DEL ANTERIOR DATO, LA CONSTRUCCION REALIZADA POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS RECURRENTES ADQUIERE PLENO SENTIDO. EL ART. 149.1.5 DE LA CONSTITUCION RESERVA AL ESTADO COMO COMPETENCIA EXCLUSIVA LA <ADMINISTRCION DE JUSTICIA>; ELLO SUPONE, EN PRIMER LUGAR, EXTREMO ESTE POR NADIE CUESTIONADO, QUE EL PODER JUDICIAL ES UNICO Y A EL LE CORRESPONDE JUZGAR Y HACER EJECUTAR LO JUZGADO, Y ASI SE DESPRENDE DEL ART. 117.5 DE LA CONSTITUCION; EN SEGUNDO LUGAR, EL GOBIERNO DE ESE PODER JUDICIAL ES TAMBIEN UNICO, Y CORRESPONDE AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (ART. 122.2 DE LA CONSTITUCION). LA COMPETENCIA ESTATAL RESERVADA COMO EXCLUSIVA POR EL ART. 149.1.5 TERMINA PRECISAMENTE ALLI. PERO NO PUEDE NEGARSE QUE, FRENTE A ESE NUCLEO ESENCIAL DE LO QUE DEBE ENTENDERSE POR ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EXISTEN UN CONJUNTO DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES QUE, CIERTAMENTE, NO SE INTEGRAN EN ESE NUCLEO, SINO QUE SE COLOCAN, COMO DICE EXPRESAMENTE EL ART. 122.1, AL REFERIRSE AL PERSONAL, <AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA>, ESTO ES, NO ESTRICTAMENTE INTEGRADOS EN ELLA. EN CUANTO NO RESULTAN ELEMENTO ESENCIAL DE LA FUNCION JURISDICCIONAL Y DEL AUTOGOBIERNO DEL PODER JUDICIAL, CABE ACEPTAR QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ASUMAN COMPETENCIAS SOBRE ESOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES. CIERTAMENTE, DESLINDAR LOS ELEMENTOS BASICOS DEL AUTOGOBIERNO ERA UNA TAREA DIFICIL DE REALIZAR EN EL MOMENTO EN QUE SE APROBARON LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA Y ESO EXPLICA QUE SE DEJARA ESE DESLINDE AL LEGISLADOR ORGANICO, SIN PERJUICIO DEL HIPOTETICO CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ESTE TRIBUNAL. LO QUE LA CLAUSULA SUBROGATORIA SUPONE ES ACEPTAR EL DESLINDE QUE EL ESTADO REALIZA ENTRE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN SENTIDO ESTRICTO Y <ADMINISTRACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA>; LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ASUMEN ASI UNA COMPETENCIA POR REMISION A ESE DESLINDE, RESPETANDO COMO NUCLEO INACCESIBLE EL ART. 149.1.5 DE LA CONSTITUCION, CON LA EXCEPCION DE LO DISPUESTO EN EL ART. 152.1, SEGUNDO PARRAFO.

7. LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES SUPONEN, PUES, ACEPTAR LA LEGITIMIDAD DE UNA SUBROGACION AUTONOMICA RESPECTO DE LAS ATRIBUCIONES EN FAVOR DEL GOBIERNO DE LA NACION EFECTUADAS POR LA LOPJ; SIN EMBARGO, Y ANTES DE ENTRAR EN LAS IMPUGNACIONES CONCRETAS, CONVIENE REALIZAR ALGUNAS BREVES OBSERVACIONES SOBRE LAS OBJECIONES QUE EL ABOGADO DEL ESTADO HA REALIZADO A LA CONSTRUCCION DE LOS RECURRENTES:

A) EN PRIMER LUGAR TIENE RAZON EL ABOGADO DEL ESTADO AL AFIRMAR QUE EL ART. 149.1.5 DE LA CONSTITUCION SE REFIERE A UNA UNICA <MATERIA>, LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. PERO CON ESA AFIRMACION NO SE ACLARA EL PROBLEMA PLANTEADO, QUE CONSISTE, PRECISAMENTE, EN DETERMINAR EL ALCANCE DE ESE CONCEPTO COMO <MATERIA>. DICHO DE OTRA FORMA, NO SE CUESTIONA LA UNIDAD MATERIAL DE LA <ADMINISTRACION DE JUSTICIA> DEL ART. 149.1.5; LO QUE SE CUESTIONA EN SI LA DENOMINADA <ADMINISTRACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA> SE INTEGRA O NO EN EL CITADO PRECEPTO O SI, POR EL CONTRARIO, SE TRATA DE OTRA MATERIA INDEPENDIENTE Y, POR TANTO, SITUADA FUERA DEL AMBITO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. ESTA SEGUNDA TESIS ES LA QUE HA PROSPERADO.

B) EN SEGUNDO LUGAR, EN APOYO DE SU TESIS EL ABOGADO DEL ESTADO INVOCA EL ART.

121 DE LA CONSTITUCION, QUE SE REFERIRIA, COMO TERMINOS DISTINTOS, A LA FUNCION JUDICIAL Y LA <ADMINISTRACION DE JUSTICIA>, PERO EN SENTIDO DISTINTO AL USADO POR LOS RECURRENTES. LA REFERENCIA A ADMINISTRACION DE JUSTICIA COMO ALGO DISTINTO DE LA FUNCION JUDICIAL ABONA, SEGUN SU TESIS, EL QUE LAS ACTUACIONES Y MEDIOS DE APOYO A ESA FUNCION SE INTEGRAN EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, Y QUE, DE ACUERDO CON EL ART. 149.1.5, CORRESPONDERIAN EN EXCLUSIVA, TAMBIEN, A LA COMPETENCIA ESTATAL. PERO, DE NUEVO EL ABOGADO DEL ESTADO OLVIDA QUE PRECISAMENTE LA CUESTION DEBATIDA ES SI EL CONCEPTO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA ES O NO USADO EN UN DOBLE SENTIDO EN LA CONSTITUCION. ADEMAS, TAMPOCO ES CIERTO QUE EL ART. 121 DE LA CONSTITUCION CONTRAPONGA FUNCION JUDICIAL Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA. EL PRECEPTO SE REFIERE ESPECIFICAMENTE A UNO DE LOS SUPUESTOS DE ACCIONES QUE PUEDEN PROVOCAR RESPONSABILIDAD: EL ERROR JUDICIAL. POSTERIORMENE AÑADE UNA REFERENCIA GENERICA A LOS DEMAS SUPUESTOS QUE SE RESUMEN EN EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Y DENTRO DE ESTA PREVISION GENERAL CABEN TANTO ACCIONES U OMISIONES ENCUADRABLES EN LA FUNCION JUDICIAL COMO EN AQUELLAS OTRAS FUNCIONES QUE SIRVEN DE SOPORTE A ESTA.

C) EL MISMO PRECEPTO (ART. 121 DE LA CONSTITUCION) ES INVOCADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO EN DEFENSA DE SU TESIS EN TANTO PREDICA LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR ERROR JUDICIAL O FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, RESPECTO DEL ESTADO Y NO DE NINGUN OTRO ENTE TERRITORIAL. ESTE ARGUMENTO RESULTA TAMBIEN FORZADO. HAY QUE RECORDAR, EN PRIMER LUGAR, QUE EL CONCEPTO <ESTADO> POSEE UNA NATURALEZA EQUIVOCA POR CUANTO PUEDE USARSE EN DISTINTOS SENTIDOS Y, EN CONCRETO, BIEN COMO EQUIVALENTE AL CONJUNTO DE LOS PODERES PUBLICOS, BIEN LIMITANDOSE AL CONJUNTO DE LAS INSTITUCIONES <CENTRALES>, O DE AMBITO NACIONAL, EN OPOSICION A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. PERO, Y APARTE DE ELLO, LA PROPIA UBICACION DEL ART.

121 EXPLICA QUE SE TRATE DE UN PRECEPTO CUYA FINALIDAD ESTA LEJOS DE SER LA DE DELIMITAR COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS O, INCLUSO, LA DE DELIMITAR LA TITULARIDAD CONCRETA DE UNA RESPONSABILIDAD. ES UN PRECEPTO QUE RECONOCE UN DERECHO Y QUE EXPRESAMENTE SE REMITE A LA LEY PARA CONCRETAR LOS ASPECTOS ESPECIFICOS DE SU EJERCICIO.

D) POR ULTIMO, TAMPOCO PUEDE ARGUMENTARSE QUE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA HAGAN USO DE LA EXPRESION ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN SENTIDO EQUIVOCO. ELLO ES CONGRUENTE CON LA PROPIA VAGUEDAD DEL CONCEPTO Y CON SU USO CONSTITUCIONAL.

ADEMAS, AUNQUE SE DISTINGAN DOS SENTIDOS EN LA EXPRESION, NO CABE DUDA DE QUE AMBOS SENTIDOS ESTAN RELACIONADOS, POR LO QUE LA REGULACION CONJUNTA POR LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA RESULTA RAZONABLE.

8. CON LO EXPUESTO QUEDAN CONTESTADAS LAS OBJECIONES QUE EL ABOGADO DEL ESTADO OPONE A LA DISTINCION EN QUE SE BASAN LAS COMUNIDADES RECURRENTES. SIN EMBARGO, Y ANTES DE ANALIZAR LAS IMPUGNACIONES ESPECIFICAS, CONVIENE AUN HACER UNA SERIE DE CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA CENTRAR CORRECTAMENTE EL DEBATE ESTABLECIENDO LOS LIMITES QUE DERIVAN DE LA CORRECTA APLICACION DE LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS:

A) EN PRIMERA LUGAR, Y POR OBVIO QUE RESULTE, HAY QUE RECORDAR QUE LAS COMPETENCIAS QUE ASUMEN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS POR EL JUEGO DE LA CLAUSULA SUBROGATORIA NO PUEDEN ENTRAR EN EL NUCLEO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN SENTIDO ESTRICTO, MATERIA INACCESIBLE POR MANDATO DEL ART. 149.1.5 DE LA CONSTITUCION, SIN PERJUICIO DE LA EXCEPCION RELATIVA A LA DEMARCACION JUDICIAL, TEMA SOBRE EL QUE POSTERIORMENTE SE VOLVERA.

B) EN SEGUNDO TERMINO, TAMPOCO PUEDEN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ACTUAR EN EL AMBITO DE LA <ADMINISTRACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA> EN AQUELLOS ASPECTOS QUE LA LOPJ RESERVA A ORGANOS DISTINTOS DEL GOBIERNO O DE ALGUNO DE SUS DEPARTAMENTOS.

C) EN TERCER LUGAR, Y ESTO LO ACEPTAN LAS COMUNIDADES RECURRENTES, LA ASUNCION DE LAS FACULTADES QUE CORRESPONDEN AL GOBIERNO ENCUENTRA UN LIMITE NATURAL: EL PROPIO AMBITO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.

DICHO DE OTRA FORMA, EL ALCANCE SUPRACOMUNITARIO DE DETERMINADAS FACULTADES DEL GOBIERNO EXCLUYEN LA OPERATIVIDAD DE LA CLAUSULA SUBROGATORIA; COMO EJEMPLOS SE CITAN, ENTRE OTROS, EL DE LA DEPENDENCIA DEL CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES, ADSCRIPCION DEL INSTITUTO DE TOXICOLOGIA O LA COOPERACION INTERNACIONAL.

D) EN CUARTO LUGAR, LA REMISION SE REALIZA A LAS FACULTADES DEL GOBIERNO LO QUE, EN CONSECUENCIA, IDENTIFICA LAS COMPETENCIAS ASUMIDAS COMO DE NATURALEZA DE EJECUCION SIMPLE Y REGLAMENTARIA, EXCLUYENDOSE, EN TODO CASO, LAS COMPETENCIAS LEGISLATIVAS.

E) EN QUINTO LUGAR, AL ANALIZAR CADA UNO DE LOS SUPUESTOS CONCRETOS DE INVASION DE COMPETENCIAS, EL MARCO DE ENJUICIAMIENTO NO PUEDE SER SOLO LA COMPETENCIA RESIDUAL SOBRE <ADMINISTRACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA>; ELLO PORQUE EN CADA CASO HABRA QUE DETERMINAR SI EXISTEN OTROS TITULOS COMPETENCIALES CON INCIDENCIA EN LA MATERIA.

9. LAS IMPUGNACIONES ESPECIFICAS DIRIGIDAS CONTRA LA LOPJ POR VULNERACION DE LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS SE AGRUPAN POR RAZON DE LA MATERIA EN TRES CATEGORIAS: LAS REFERENTES AL ESTATUTO Y REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, LAS QUE AFECTAN A LOS MEDIOS MATERIALES Y UN TERCER GRUPO DONDE SE INCLUYEN DISTINTAS IMPUGNACIONES DE DIVERSA NATURALEZA. SIGUIENDO, PUES, EL PLANTEAMIENTO DE LA MAYORIA DE LOS RECURSOS PUEDE DARSE RESPUESTA A CADA UNA DE ESTAS CUESTIONES, COMENZANDO, EN CONSECUENCIA, POR LO QUE AFECTA AL ESTATUTO Y REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. PERO, ANTES DE ENTRAR EN SU ANALISIS CONCRETO, COMO OBSERVACION GENERAL, HAY QUE SEÑALAR QUE, DADA LA PROPIA TECNICA SUBROGATORIA, NO SON INCONSTITUCIONALES AQUELLOS PRECEPTOS QUE SE LIMITAN A REGULAR UNA FUNCION EJECUTIVA ATRIBUYENDOLA AL EJECUTIVO ESTATAL, BIEN EN CUANTO GOBIERNO, BIEN EN CUANTO MINISTERIO DE JUSTICIA. ELLO PORQUE, COMO SE HA VISTO, LA PROPIA TECNICA SUBROGATORIA EXIGE ESA ATRIBUCION POR PARTE DE LA LOPJ PUESTO QUE, DE OTRA FORMA, NO PODRIA ENTENDERSE QUE SE HUBIERA ASUMIDO LA COMPETENCIA POR LA COMUNIDAD AUTONOMA. EN CONSECUENCIA, SOLO PUEDE EXISTIR INFRACCION EN LOS CASOS EN QUE LA NORMATIVA INTRODUCIDA POR LA LOPJ OBSTACULICE O DIFICULTE EL EJERCICIO COMPETENCIAL POR PARTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA EN AQUELLOS SUPUESTOS EN QUE EFECTIVAMENTE PUEDA JUGAR LA CLAUSULA SUBROGATORIA. OTRA COSA ES QUE EN MUCHAS OCASIONES LA CUESTION QUE SE SUSCITA EN BUENA TECNICA JURIDICA NO ES DETERMINAR SI LOS PRECEPTOS DE LA LOPJ RESPETAN O NO LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA SINO INTERPRETAR RESPECTO DEL CONJUNTO DE ASPECTOS REGULADOS POR LA NORMA ESTATAL SI PUEDE OPERAR LA CLAUSULA SUBROGATORIA.

10. ENTRANDO YA EN LO REFERENTE AL ESTATUTO Y REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, DEBE COMENZARSE RECORDANDO QUE LAS COMPETENCIAS QUE PUEDEN ASUMIRSE EN ESTE TERRENO POR PARTE DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN VIRTUD DE LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS, EN NINGUN CASO PUEDEN SER LEGISLATIVAS.

CONGRUENTEMENTE CON LO ANTERIOR, CORRESPONDE AL ESTADO FIJAR NORMATIVAMENTE EL ESTATUTO Y REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. ELLO SE DESPRENDE, TANTO DE LA LIMITACION ANTES SEÑALADA, COMO DE OTRO TITULO COMPETENCIAL: EL QUE DERIVA DEL MANDATO EXPRESO DEL ART.

122.1 DE LA CONSTITUCION, QUE DISPONE QUE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL <DETERMINARA EL ESTATUTO JURIDICO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA>. CONCEDE ASI LA CONSTITUCION AL LEGISLADOR ORGANICO (Y POR TANTO ESTATAL) LA POTESTAD DE CONFIGURAR EL ESTATUTO DE ESE PERSONAL, Y ANTE LA ATRIBUCION EXPRESA A LA LOPJ EN ESTE SENTIDO, LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA HAN DE INTERPRETARSE A LA LUZ DE LO QUE EN ESA DISPOSICION ESTATAL SE PREVEA. PUES, EN CUALQUIER CASO, Y ANTE EL MANDATO CONSTITUCIONAL, LAS CLAUSULAS ESTATUTARIAS ATRIBUTIVAS DE COMPETENCIAS A LAS RESPECTIVAS COMUNIDADES AUTONOMAS NO PODRAN IMPLICAR QUE SE PRIVE AL LEGISLADOR ORGANICO DE LA <DETERMINACION DEL ESTATUTO DE PERSONAL> DE QUE SE TRATE, NI QUE SE VACIE DE CONTENIDO A LOS PRECEPTOS AL RESPECTO DE LA LOPJ. LA EFICACIA DE LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS DE LOS ESTATUTOS, POR CONSIGUIENTE, OPERARA EN TANTO NO AFECTEN AL AMBITO RESERVADO A LA REGULACION ORGANICA, ES DECIR, EN TANTO NO ALTEREN LOS ELEMENTOS ALLI CONTENIDOS QUE PUEDAN REPUTARSE DEFINITORIOS Y ESENCIALES DEL ESTATUTO DEL PERSONAL. CON RESPECTO AL CONTENIDO DE ESTE, Y COMO YA SEÑALAMOS EN NUESTRA STC 99/1987, CON REFERENCIA AL ESTATUTO DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, <SE TRATA DE UN AMBITO CUYOS CONTORNOS NO PUEDEN DEFINIRSE EN ABSTRACTO O A PRIORI, PERO EN EL QUE HA DE ENTENDERSE COMPRENDIDA, EN PRINCIPIO, LA NORMACION RELATIVA A LA ADQUISICION Y PERDIDA DE LA CONDICION DE FUNCIONARIO, A LAS CONDICIONES DE PROMOCION EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y A LAS SITUACIONES QUE EN ESTA PUEDAN DARSE, A LOS DERECHOS Y DEBERES Y RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS Y A SU REGIMEN DISCIPLINARIO, ASI COMO A LA CREACION E INTEGRACION, EN SU CASO, DE CUERPOS Y ESCALAS FUNCIONARIALES...> (FUNDAMENTO JURIDICO 3 C)).

A ESTE RESPECTO, HA DE TENERSE EN CUENTA QUE LA LEY ORGANICA, EN SU ART. 454.2, HA VENIDO A OPTAR POR UN MODELO CONSISTENTE EN LA CONSIDERACION DE LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA COMO CUERPOS NACIONALES, LO QUE COMPORTA, EVIDENTEMENTE, LA NECESIDAD DE UN REGIMEN COMUN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL: DECISION QUE (AUN CUANDO, POSIBLEMENTE, NO FUERA LA UNICA CONSTITUCIONALMENTE ACEPTABLE) VIENE SIN DUDA JUSTIFICADA POR CUANTO, AUN CUANDO NO SEAN TALES CUERPOS, ESTRICTAMENTE, PARTE DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL SENTIDO DEL ART. 149.1.5 C.E., SI RESULTA SU ACTUACION NECESARIA, EN CUANTO COLABORACION IMPRESCINDIBLE, PARA LA ACTIVIDAD DE ESA ADMINISTRACION Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. SU CONSIDERACION COMO CUERPOS NACIONALES, Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN REGIMEN COMUN APARECEN ASI COMO LA TECNICA ADOPTADA POR EL LEGISLADOR ORGANICO PARA GARANTIZAR EN FORMA HOMOGENEA, EN TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

PUES BIEN, ESTE PRONUNCIAMIENTO DE LA LOPJ SUPONE, NO SOLO UNOS ELEMENTOS NORMATIVOS MATERIALES COMUNES, SINO TAMBIEN, Y PARA GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UN EFECTIVO REGIMEN HOMOGENEO, LA RESERVA A UNAS INSTANCIAS COMUNES DE AQUELLAS ACTUACIONES QUE, AUN SIENDO TIPICAMENTE EJECUTIVAS, PUEDEN AFECTAR EN FORMA DECISIVA A ELEMENTOS ESENCIALES DEL ESTATUTO DE LOS FUNCIONARIOS INTEGRADOS EN LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. HA DE CONSIDERARSE, POR ELLO, QUE QUEDAN EXCLUIDOS DE LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA AQUELLAS ATRIBUCIONES QUE, ENCOMENDADAS POR LA LOPJ AL GOBIERNO DE LA NACION, RESULTAN OBLIGADAMENTE RESERVADAS A ESTE, PARA MANTENER EL CARACTER PROPIO DE CUERPO NACIONAL; PUES DE LO CONTRARIO, VENDRIA A VACIARSE DE CONTENIDO LAS PREVISIONES DE LA LOPJ EN ESTE SENTIDO, CONTRADICIENDOSE EL MANDATO DEL ART.

122.1 C.E. MIENTRAS QUE, POR EL CONTRARIO, SI JUGARAN SU PAPEL LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS RESPECTO DE TODAS AQUELLAS ATRIBUCIONES ENCOMENDADAS AL EJECUTIVO ESTATAL QUE NO RESULTEN IMPRESCINDIBLES O ESENCIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CARACTER DE CUERPO NACIONAL RESPECTO DE LOS INTEGRADOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

ES DESDE ESTA PERSPECTIVA COMO HAN DE ANALIZARSE LAS IMPUGNACIONES DE LOS ARTICULOS DE LA LOPJ EN QUE SE HACE REFERENCIA ESPECIFICA AL GOBIERNO O AL MINISTERIO DE JUSTICIA COMO TITULARES DE ATRIBUCIONES EN MATERIA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, PARA COMPROBAR SI TALES REFERENCIAS VULNERAN LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA CATALAN, VASCO Y GALLEGO. A ESTE RESPECTO, HA DE SEÑALARSE EN PRIMER LUGAR, QUE VARIOS DE LOS ORGANOS RECURRENTES (APARTE DE OTRAS IMPUGNACIONES ESPECIFICAS) PIDEN GENERICAMENTE LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 454 A 471, Y 484 A 508 DE LA LOPJ.

ESTA PETICION, ASI FORMULADA, NO PUEDE PROSPERAR, POR CUANTO, COMO SE DIJO, NO CABE EXCLUIR SIN MAS QUE LA LOPJ ATRIBUYA DETERMINADAS FUNCIONES EN MATERIA DE PERSONAL A INSTANCIAS EJECUTIVAS NACIONALES: POR LO QUE SE HACE NECESARIO EXAMINAR INDIVIDUALIZADAMENTE LOS DIVERSOS PRECEPTOS QUE RESERVAN ESAS FUNCIONES AL GOBIERNO, O AL MINISTERIO DE JUSTICIA, PARA DETERMINAR SI IMPIDEN O NO EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS CORRESPONDIENTES A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

11. A) ENTRANDO EN LAS REFERENCIAS ESPECIFICAS QUE LA LOPJ REALIZA AL GOBIERNO O AL MINISTERIO DE JUSTICIA, LA PRIMERA A ANALIZAR ES LA QUE SE REFIERE A LA CLAUSULA GENERAL DEL ART. 455 QUE ESTABLECE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE <TODAS LAS MATERIAS RELATIVAS AL ESTATUTO Y REGIMEN JURIDICO> DEL PERSONAL INTEGRADO EN LOS CUERPOS DE FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, <COMPRENDIDOS LA SELECCION, FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO, ASI COMO LA PROVISION DE DESTINOS, ASCENSOS, SITUACIONES ADMINISTRATIVAS Y REGIMEN DISCIPLINARIO>.

EL PRECEPTO REALIZA, PUES, UNA REFERENCIA GENERICA EN RELACION CON LOS ASPECTOS EJECUTIVOS DEL ESTATUTO Y REGIMEN JURIDICO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA; COMO TAL, Y EN TANTO TENGAN UNA DIMENSION SUPRAAUTONOMICA, ESAS OPERACIONES EJECUTIVAS CORRESPONDEN AL MINISTERIO DE JUSTICIA, SIN QUE LA CLAUSULA SUBROGATORIA PUEDA TENER RELEVANCIA ALGUNA.

DEFINIDOS LOS CUERPOS COMO DE AMBITO NACIONAL, NO CABE DUDA QUE TODO LO QUE AFECTA A LA SELECCION, FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO, POSEE UNA DIMENSION SUPRAAUTONOMICA, SIN PERJUICIO DE LA POSIBILIDAD DE QUE, ESPECIALMENTE EN EL CAMPO DE LA FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL, LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PUEDAN COADYUVAR MEDIANTE TECNICAS DE COLABORACION O AUXILIO. LO MISMO PUEDE DECIRSE DE LA RELACION CON LOS ASCENSOS Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, EXTREMOS ESTOS SOLO GESTIONABLES DESDE UNA UNICA INSTANCIA DADA LA UNIDAD DE CUERPOS.

EN RELACION CON LA PROVISION DE DESTINOS, EN CAMBIO, SI PARECE QUE LA CLAUSULA SUBROGATORIA PUEDE ACTUAR AUNQUE NO DE MANERA TOTAL. NO ES POSIBLE LA SUBROGACION, OBVIAMENTE, EN RELACION CON LAS PLAZAS QUE SE SITUEN EN ORGANOS JUDICIALES DE AMBITO SUPRACOMUNITARIO: PERO EL CARACTER NACIONAL DE LOS CUERPOS DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA NO IMPIDE EL JUEGO DE LA CLAUSULA SUBROGATORIA EN RELACION CON LA PROVISION DE DESTINOS EN ORGANOS DE AMBITO TERRITORIAL IGUAL O INFERIOR AL DE COMUNIDAD AUTONOMA. EN ESTOS CASOS, NO OBSTANTE, LA UNIDAD DE CUERPO HA DE TRAER CONSIGO LA NECESARIA COLABORACION DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS COMPETENTES CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA, EN LOS TERMINOS QUE PREVEA UNA FUTURA Y NECESARIA NORMATIVA.

B) POR LO QUE RESPECTA AL REGIMEN DISCIPLINARIO, RESULTA CIERTAMENTE IMPRESCINDIBLE SU HOMOGENEIDAD EN TODO EL AMBITO ESTATAL PARA QUE PUEDA HABLARSE DE CUERPOS NACIONALES. EN LOS ASPECTOS EJECUTIVOS QUE ATAÑEN A ESTA MATERIA Y SOBRE LOS QUE VERSAN LOS DIFERENTES RECURSOS, EL UNICO PROBLEMA SE PLANTEA EN RELACION CON LAS SANCIONES Y CORRESPONDIENTES RECURSOS QUE SEGUN EL ART. 464.3 Y 4 IMPONEN Y RESUELVEN MINISTERIO DE JUSTICIA Y CONSEJO DE MINISTROS; ELLO ES ASI PORQUE LAS MENOS GRAVES, LAS IMPONEN DIRECTAMENTE LOS TITULARES DE LOS ORGANOS JUDICIALES, SIN QUE, EN CONSECUENCIA, PUDIERA EN NINGUN CASO JUGAR LA CLAUSULA SUBROGATORIA.

LA SANCION DE SEPARACION DEL SERVICIO ESTA CONECTADA OBVIAMENTE, A CONTRARIO CON EL INGRESO EN EL CUERPO CORRESPONDIENTE. LA OPCION DE LA LOPJ POR LA ESTRUCTURACION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA MEDIANTE CUERPOS NACIONALES SUPONE LA EXIGENCIA DE UNAS INSTANCIAS COMUNES QUE DECIDAN SOBRE LA INTEGRACION Y LA SEPARACION DEL CUERPO: LA EXISTENCIA DE TALES INSTANCIAS COMUNES SE CONVIERTE ASI EN ELEMENTO ESENCIAL DEL MODELO DISEÑADO POR LA LOPJ SIN QUE OPERE AQUI LA CLAUSULA SUBROGATORIA DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, CLAUSULA QUE HA DE COBRAR EFICACIA EN LOS TERMINOS DE LA LOPJ Y NO FRENTE A ELLOS. OTRO TANTO CABE DECIR DE LA SANCION DE TRASLADO FORZOSO; EL CARACTER UNITARIO DE LOS CUERPOS DE FUNCIONARIOS Y SU CORRESPONDIENTE IMPLANTACION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL HACE QUE LA PROPIA FUNCIONALIDAD DE LA APLICACION DE LA SANCION EXIJA SU IMPOSICION POR PARTE DE UN ORGANO UNITARIO, EN ESTE CASO, DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.

POR OTRO LADO, LA UNIDAD DEL SISTEMA SANCIONADOR HA DE EXTENDERSE TAMBIEN A LOS EFECTOS PROVISIONALES DEL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE, Y EN CONCRETO A LA SUSPENSION DEL FUNCIONARIO, TAL Y COMO ESTA PREVISTA POR EL ART.

465.2 DE LA LOPJ. POR ULTIMO, LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES CONDUCEN A LA EXCLUSION DE CUALQUIER POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART.

466 DE LA LOPJ, POR CUANTO SE PROYECTAN SOBRE LA CANCELACION DE SANCIONES.

C) EL ART. 469.2 SE REFIERE A LA POSIBILIDAD DE ADSCRIBIR A ORGANOS JURISDICCIONALES A FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A CUERPOS TECNICOS O FACULTATIVOS DE LA ADMINISTRACION PARA DESARROLLAR DETERMINADAS TAREAS. DICHA ADSCRIPCION, REALIZADA A SOLICITUD DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, DEBERA LLEVARSE A CABO POR EL ENTE QUE, EN CADA CASO, TENGA COMPETENCIA AL RESPECTO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA SOBRE FUNCIONARIOS. LA REFERENCIA DEL PRECEPTO A LA <ADMINISTRACION> ES SINGULAR, NO PUEDE INTERPRETARSE COMO REFERIDA EXCLUSIVAMENTE A LA DEL ESTADO, SINO A LA DE CUALQUIER ENTE PUBLICO.

NADA EXCLUYE, PUES, QUE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL PUEDA SOLICITAR LA ADSCRIPCION A CUALQUIER COMUNIDAD AUTONOMA SI EL FUNCIONARIO AFECTADO PERTENECE A UN CUERPO DE ESTA.

D) SE RECURRE EL ART. 471 DE LA LOPJ QUE ESTABLECE, POR UN LADO, EL CARACTER DE MERITO DEL CONOCIMIENTO DE UNA LENGUA OFICIAL PROPIA DE COMUNIDAD AUTONOMA PARA LOS CONCURSOS DE PROVISION DE PLAZAS PARA AQUELLOS ORGANOS SITOS EN SU TERRITORIO. POR OTRO LADO, SE REMITE EL PRECEPTO A UN REGLAMENTO PARA CONCRETAR LA REGULACION DE ESTE EXTREMO.

EL PRECEPTO RESULTA PLENAMENTE COHERENTE CON EL REPARTO DE COMPETENCIAS ESTABLECIDO POR EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD. COMO SE HA SEÑALADO YA, LA REGULACION DE LAS CONDICIONES DE ACCESO Y ASCENSO DENTRO DE LOS DISTINTOS CUERPOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ES COMPETENCIA ESTATAL DADA SU NATURALEZA DE CUERPOS NACIONALES POR TRATARSE DE UN ASPECTO PERTENECIENTE AL ESTATUTO DE PERSONAL QUE HA DE DETERMINAR EL LEGISLADOR ORGANICO, EX ART. 122.1 C.E. EL ART. 471 IMPUGNADO SE LIMITA, DENTRO DE ESA COMPETENCIA, A RECONOCER UN MERITO, REMITIENDOSE A UN POSTERIOR REGALMENTO DE DESARROLLO. LA COMPETENCIA ESTATAL SOBRE LA MATERIA JUSTIFICA QUE SEA EL EJECUTIVO ESTATAL EL COMPETENTE PARA REGULAR ESE MERITO, QUE, COMO CONDICION GENERAL, AFECTA A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA POR IGUAL.

E) LA FIJACION DE LA PLANTILLA DE OFICIALES, AUXILIARES Y AGENTES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA QUE HA DE PRESTAR SUS SERVICIOS EN LAS FISCALIAS CORRESPONDE, COMO SEÑALA EL ART. 484.3 DE LA LOPJ, AL MINISTERIO DE JUSTICIA. DADO EL CARACTER UNITARIO DEL MINISTERIO FISCAL, NO CUESTIONADO POR LOS RECURRENTES, ES ACEPTABLE QUE LA FIJACION DE PLANTILLA COMO OPERACION UNITARIA SE REALICE POR UN ORGANO ESTATAL DADA SU REPERCUSION SUPRACOMUNITARIA. OTRA COSA ES QUE LA CLAUSULA SUBROGATORIA HAGA POSIBLE LA ACCION EJECUTIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA A LA HORA DE LA PROVISION DE VACANTES DE ESAS PLANTILLAS DE OFICIALES, AUXILIARES Y AGENTES EN RELACION CON LOS ORGANOS DE LA FISCALIA DE AMBITO TERRITORIAL IGUAL O INFERIOR A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE FORMA SIMILAR A COMO LO PUEDE HACER RESPECTO DE LOS DESTINOS EN ORGANOS JUDICIALES, LO QUE NO SE VE IMPEDIDO POR EL PRECEPTO EN CUESTION.

F) LA MENCION QUE EL ART. 491.1 DE LA LOPJ REALIZA A LA POSIBILIDAD DE QUE LAS PRUEBAS DE SELECCION Y PERFECCIONAMIENTO DE CUERPOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA TENGA LUGAR EN DIVERSOS TERRITORIOS JUDICIALES EN NADA AFECTAN A LAS COMPETENCIAS QUE ASUMEN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A TRAVES DE LA CLAUSULA SUBROGATORIA. COMO SE HA VISTO, LA SELECCION, EN CUANTO ACCESO A UN CUERPO UNITARIO NACIONAL, TIENE UNA DIMENSION SUPRACOMUNITARIA; COMO TAL, ES COMPETENCIA DEL ESTADO, AL IGUAL QUE LA FORMACION Y EL PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL, SIN PERJUICIO DE LA COLABORACION QUE PUEDAN PRESTAR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. LA NORMA, PUES, ES ACORDE CON LA CONSTITUCION, PREVIENDO EXCLUSIVAMENTE UNA POSIBLE PLURALIDAD DE LUGARES PARA REALIZACION DE PRUEBAS. EN LA MEDIDA EN QUE SE ENTENDIERA QUE LA SELECCION AFECTA TAMBIEN A PROVISION DE PLAZAS, CUYA CONVOCATORIA PUEDEN REALIZAR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SEGUN SE SEÑALO PREVIAMENTE, EL PRECEPTO VENDRIA A CONFIRMAR, MEDIANTE UNA SIMPLE DECLARACION, LA POSIBLE REALIZACION DE VARIAS

PRUEBAS EN EL TERRITORIO NACIONAL.

G) LOS ARTS. 492 Y 493 DE LA LOPJ REGULAN, RESPECTIVAMENTE, LAS FORMAS RESTRINGIDAS PARA EL ACCESO AL CUERPO DE OFICIALES Y AL CUERPO DE AUXILIARES; EN AMBOS PRECEPTOS EXISTE UNA REMISION AL DESARROLLO REGLAMENTARIO. ESTA REMISION DEBE ENTENDERSE HECHA A LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL ESTADO POR CUANTO, COMO SE HA VISTO, LA REGULACION DE LAS CONDICIONES DE ACCESO CONSTITUYE UN ELEMENTO PERTENECIENTE AL ESTATUTO DEL PERSONAL, DADA LA UNIFORMIDAD QUE IMPONE LA UNIDAD DE LOS CUERPOS DE OFICIALES Y AUXILIARES, Y COMO TAL, COMPETENCIA DEL ESTADO.

H) EL ART. 503.1 SE REFIERE A LA COMPETENCIA PARA DICTAR NORMAS PRECISAS SOBRE ACTUACION DE LOS MEDICOS FORENSES Y SOBRE LA ADSCRIPCION DE ESTOS A EFECTOS GUBERNATIVOS A ORGANOS JUDICIALES O FISCALES. EL CUERPO DE MEDICOS FORENSES, <CUERPO TITULADO SUPERIOR AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA>, SEGUN REZA EL ARTICULO 497.1 DE LA LOPJ, SE CONFIGURA TAMBIEN DENTRO DE LAS PREVISIONES DEL ART. 454.2 DE LA MISMA LEY, COMO UN CUERPO NACIONAL. EN CONSECUENCIA, RESULTA OBLIGADO QUE SEAN DE ALCANCE GENERAL LAS NORMAS QUE REGULEN SU ACTUACION Y SU ADSCRIPCION A ORGANOS JURISDICCIONALES O FISCALES. DEBE SEÑALARSE QUE NO NOS HALLAMOS AQUI ANTE ATRIBUCION DE COMPETENCIAS CONCRETAS DE ADSCRIPCION, SINO ANTE LA FIJACION DE UNA NORMATIVA QUE SE INTEGRA DIRECTAMENTE EN EL ESTATUTO DE ESTOS FUNCIONARIOS, Y QUE DEBE SER COMPETENCIA, POR TANTO, DE UNA INSTANCIA DE ALCANCE NACIONAL, SIN QUE JUEGUE, POR CONSIGIENTE, LA CLASULA SUBROGATORIA DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA.

I) POR LO QUE SE REFIERE A LA REGULACION REGLAMENTARIA DE LA FORMA EN QUE HA DE PRESTAR SERVICIOS EN LOS INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL QUIEN EJERZA LA DOCENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE MEDICINA (ART.

504.2), TAL REGULACION VERSA SOBRE OBLIGACIONES QUE SE VINCULAN AL REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL DOCENTE. NO NOS HALLAMOS, PUES, EN ESTE ASPECTO, ANTE UNA MATERIA PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, SINO AL AMBITO QUE SE INCLUYE EN EL REGIMEN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, CONCRETAMENTE EN EL AMBITO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA. Y, EN CONSECUENCIA, DISPONE EL ESTADO DEL TITULO COMPETENCIAL QUE DERIVA DEL ART. 149.1.18 C.E., DE FIJACION DE BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL REGIMEN ESTATUTARIO DE SUS FUNCIONARIOS.

J) SE HAN IMPUGNADO LOS APARTADOS 2 Y 3 DEL ART. 508. ESTE PRECEPTO REGULA, POR UN LADO, LA POSIBLE CREACION DE CUERPOS O ESCALAS ESPECIALIZADOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, REMITIENDOSE A UNA POSTERIOR CONCRECION REGLAMENTARIA. POR OTRO LADO, EL APARTADO 3 SE REFIERE A LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR LABORALMENTE A ESE PERSONAL ESPECIALIZADO.

EN CUANTO A LA POSIBLE CREACION DE CUERPOS O ESCALAS, EL CARACTER NACIONAL QUE LA LOPJ ATRIBUYE A LOS CUERPOS DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA IMPONE QUE LA DECISION SOBRE SU CREACION, O LA MODIFICACION DE SU ESTRUCTURA SE ENCOMIENDE A UNA INSTANCIA ESTATAL, ASI COMO LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DEL ESTATUTO DE SUS MIEMBROS: SIN QUE QUEPA, POR TANTO, EN ESTE ASPECTO, QUE OPEREN LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS DE LOS ESTATUTOS.

POR EL CONTRARIO, Y EN LO QUE RESPECTA A LA POSIBLE CONTRATACION LABORAL, NO SE DAN LAS EXIGENCIAS DERIVADAS DE LA PERTENENCIA A UN CUERPO NACIONAL: EN CONSECUENCIA, LA NORMA CONTENIDA EN EL ART. 508.3 NO ES CONTRARIA A LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SINO PRESUPUESTO MISMO DE SU ASUNCION. EN EFECTO, POR EL JUEGO DE LA CLAUSULA SUBROGATORIA LA REFERENCIA REALIZADA AL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA CONTRATAR HABRA DE ENTENDERSE RESPECTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA CORRESPONDIENTE CUANDO ASI SEA POSIBLE POR CONTAR EL ESTATUTO CON LA CITADA CLAUSULA DE MODO OPERATIVO Y EN RELACION CON LOS ORGANOS DE AMBITO TERRITORIAL COMPETENCIAL IGUAL O INFERIOR A LA COMUNIDAD AUTONOMA.

K) LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA, APARTADO 2, SE IMPUGNA POR ENTENDER TAMBIEN QUE VULNERA COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. LA CITADA DISPOSICION ESTABLECE EL PLAZO DE UN AÑO PARA QUE EL GOBIERNO APRUEBE LOS REGLAMENTOS QUE EXIJA EL DESARROLLO DE LA LOPJ. PUES BIEN, PARTIENDO DE LA EXISTENCIA DE POTESTAD REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO EN DESARROLLO DE LA LOPJ, QUE COMO SE HA VISTO EN LOS CASOS ANALIZADOS EXISTE, EL PRECEPTO NO RESULTA INCONSTITUCIONAL NI POR INVASION DE COMPETENCIAS AUTONOMICAS NI POR IMPEDIR EL EJERCICIO DE ESTAS. SE TRATA DE UNA NORMA ESTATAL QUE IMPONE UN PLAZO PARA DESARROLLAR REGLAMENTARIAMENTE LA LEY ORGANICA. EN SI MISMA, PUES, LA DISPOSICION NO VULNERA COMPETENCIA ALGUNA; OTRA COSA ES EL USO QUE DE ESA POTESTAD REGLAMENTARIA SE HAGA, QUE, EN SU CASO, PUEDA DAR LUGAR A OTRAS IMPUGNACIONES SI SE ENTIENDEN VULNERADAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS.

1. SE IMPUGNA, POR ULTIMO, DENTRO DEL BLOQUE RELATIVO AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, LO ESTABLECIDO RESPECTO DE ESTA EN LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA, PARRAFO 1, 4. , IN FINE . LA CITADA DISPOSICION TIENE COMO FINALIDAD REGULAR LA SITUACION QUE SE CREA CON OCASION DE LA CONVERSION DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION. EN LO QUE AQUI IMPORTA, SE ESTABLECE QUE, COMO CONSECUENCIA DE ESE PROCESO, EL <PERSONAL ASISTENCIAL Y COLABORADOR QUEDARA ADSCRITO AL JUZGADO O JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION AL QUE PERTENEZCA EL DE DISTRITO> RECONVERTIDO, GOZANDO DE PREFERENCIA PARA OCUPAR LAS VACANTES QUE EN ELLOS SE PRODUZCAN.

COMO PRIMERA APRECIACION HA DE SEÑALARSE QUE LA NORMA EN SI MISMA NO PUEDE RESULTAR INCONSTITUCIONAL POR CUANTO, EN TODO CASO, SERIA APLICABLE A AQUELLAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON COMPETENCIAS EN LA MATERIA.

CIERTAMENTE, Y A PESAR DE TRATARSE DE UNA DISPOSICION INCLUIDA EN UNA LEY, SU DIMENSION ES CLARAMENTE EJECUTIVA, YA QUE INCIDE SOBRE UNA DE LAS CONSECUENCIAS DE UNA DECISION DE REORGANIZACION DE LA ESTRUCTURA DEL PODER JUDICIAL, DECISION ESTA QUE SI CORRESPONDE AL ESTADO. A PESAR DE ESA DIMENSION EJECUTIVA, EN ESTE CASO NO PUEDEN ENTRAR EN FUNCIONAMIENTO LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS. ELLO PORQUE, COMO SE VIO, ESTAS CLAUSULAS EXIGEN LA ATRIBUCION POR LA LOPJ DE UNA COMPETENCIA AL EJECUTIVO ESTATAL A LOS EFECTOS DE OPERAR LA SUBROGACION. EN EL PRESENTE CASO, LA MEDIDA NO SE RESERVA AL EJECUTIVO, SINO QUE SE HA ADOPTADO DIRECTAMENTE POR EL LEGISLADOR, DADO SU CARACTER MERAMENTE TRANSITORIO Y DE RESPUESTA A UN PROCESO GENERALIZADO DE REORDENACION JUDICIAL. LA CONSECUENCIA ES QUE FALTA UNA DE LAS PREMISAS DE LA SUBROGACION, LO QUE LLEVA A CONFIRMAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA MEDIDA ADOPTADA POR EL LEGISLADOR ESTATAL.

12. EL SEGUNDO BLOQUE TEMATICO SOBRE EL QUE SE PROYECTAN LOS RECURSOS HACIENDO VALER LAS CLAUSULAS ESTATUTARIAS DE SUBROGACION LO CONSTITUYE EL ASPECTO MATERIAL DE LA DOTACION DE LOS ORGANOS JUDICIALES. ESTE TEMA, AUNQUE DE GRAN TRASCENDENCIA, SE PROYECTA SOBRE UN SOLO PRECEPTO DE LA LOPJ: EL ART. 37:

A) ESTE ARTICULO POSEE CUATRO APARTADOS; EL PRIMERO DE ELLOS SE REFIERE A LA COMPETENCIA DEL GOBIERNO, A TRAVES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, DE PROVEER LOS MEDIOS DE JUZGADOS Y TRIBUNALES PARA EL DESARROLLO DE SU FUNCION. ESTA PRECISION, PUESTA EN CONEXION CON LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS, NO SOLO NO ES CONTRARIA A ESTAS, SINO PRESUPUESTO DE LAS MISMAS. EN EFECTO, ACEPTANDO QUE LA DOTACION MATERIAL NO SE INCARDINA EN LA MATERIA DEFINIDA COMO <PODER JUDICIAL>, SINO QUE SE TRATA DE UNA MATERIA CONEXA, SOLO PUEDE ASUMIRSE POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SI EXISTE PREVIA RESERVA EN FAVOR DEL EJECUTIVO ESTATAL, TAL Y COMO SE VIO PREVIAMENTE.

B) EL APARTADO 2 DEL MISMO ART.

37 REALIZA UNA REFERENCIA AL GOBIERNO Y AL MINISTERIO DE JUSTICIA AL SEÑALAR QUE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEBE REMITIR A AQUEL, A TRAVES DE ESTE, UNA RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LAS NECESIDADES QUE ESTIME EXISTENTES.

ESTE PRECEPTO NI VIOLA COMPETENCIA AUTONOMICA ALGUNA NI DIFICULTA SU EJERCICIO. EN EFECTO, SE TRATA DE SEÑALAR EXCLUSIVAMENTE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIR EL CITADO INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL SOBRE NECESIDADES MATERIALES; EN NADA PREJUZGA ESE PROCEDIMIENTO LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS. RESULTA LOGICO QUE UN INFORME UNITARIO EN EL QUE SE INCLUYEN, POR TANTO, LOS DATOS REFERENTES A NECESIDADES DE ORGANOS DE AMBITO SUPRACOMUNITARIO, SE TRAMITE A TRAVES DEL GOBIERNO, REPRESENTANTE DE LA UNIDAD ESTATAL. OTRA COSA SERA EL CAMINO QUE SE DEBA SEGUIR PARA PONER DE MANIFIESTO ESAS NECESIDADES A LA AUTORIDAD AUTONOMICA QUE PUEDA RESULTAR EN CADA CASO COMPETENTE.

C) EL APARTADO 3 DEL ART. 37 SE REFIERE EXPRESAMENTE A LA POSIBILIDAD DE GESTION DE RECURSOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CUANDO LOS RESPECTIVOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA LES FACULTEN EN ESTA MATERIA. PUES BIEN, A LA LUZ DE LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS ESTATUTARIAS, ESTE PRECEPTO NO RESULTA CONTRADICTORIO CON LAS COMPETENCIAS ASUMIDAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. EN EFECTO, NO CABE INTERPRETARLO COMO UNA CONCESION DE UN AMBITO DE DISCRECIONALIDAD A LAS INSTANCIAS ESTATALES, SINO COMO EL RECONOCIMIENTO DE UNA POSIBILIDAD: LA DE QUE LA GESTION DE MEDIOS CORRESPONDA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, POSIBILIDAD CUYA EFECTIVIDAD DEPENDERA UNICAMENTE DE QUE HAYAN ASUMIDO EN SUS ESTATUTOS LA CORRESPONDIENTE COMPETENCIA. EN TAL CASO EN LOS SUPUESTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS RECURRENTES, MEDIANTE LA CLAUSULA DE SUBROGACION PROCEDERA ESA ATRIBUCION DE LA GESTION DE MEDIOS, QUE SE PRODUCIRA EN VIRTUD DE LAS CLAUSULAS ESTATUTARIAS. NO CABE, POR OTRA PARTE, EXTRAER, DEL EMPLEO DE LA EXPRESION <PODRA ATRIBUIRSE>, LA CONSECUENCIA DE QUE SE TRATARA, EN TODO CASO, DE FONDOS DE TITULARIDAD ESTATAL, COMO ENTIENDE EL RECURSO DEL GOBIERNO VASCO. DADA LA POSIBLE DISPARIDAD DE SITUACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS AL RESPECTO, Y LA EVIDENTE NECESIDAD DE UNA COOPERACION ENTRE ESTADO Y COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA MATERIA (PUES NO PUEDEN CONSIDERARSE ESFERAS DESVINCULADAS LA CREACION DE ORGANOS Y PLAZAS, Y LA CORRESPONDIENTE PROVISION DE MEDIOS) ES POSIBLE UNA AMPLIA DIVERSIDAD DE FORMAS DE PROVISION QUE NO VIENEN PREDETERMINADAS EN EL PRECEPTO DE QUE SE TRATA. SEGUN ESTA INTERPRETACION, PUES, LA GESTION DE RECURSOS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS NO DEPENDE DE UNA DECISION ESTATAL SINO SOLO Y EXCLUSIVAMENTE DE LA ASUNCION DE LA COMPETENCIA EN EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO DE AUTONOMIA A TRAVES DE LA CLAUSULA SUBROGATORIA.

D) MAS PROBLEMATICA ES LA DISPOSICION DEL APARTADO 4 DEL PRECEPTO. SE ESTABLECE EN ESTE LO SIGUIENTE: <LOS RECURSOS PROPIOS QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DESTINEN A LAS MISMAS FINALIDADES DEBERAN RECOGERSE EN UN PROGRAMA ANUAL QUE SERA APROBADO, PREVIO INFORME FAVORABLE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, POR LA CORRESPONDIENTE ASAMBLEA LEGISLATIVA.>

ESTE PRECEPTO TIENE CLARAMENTE COMO FINALIDAD CONDICIONAR EL EJERCICIO DE POTESTADES AUTONOMICAS DE CARA A UNA COOORDINACION ADECUADA DEL CONJUNTO DE RECURSOS APORTADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, INCLUYENDOSE LA FINANCIACION DE ORIGEN ESTATAL, ASI COMO LA APORTADA POR RECURSOS PROPIOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. AHORA BIEN, AUNQUE PUEDA PARTIRSE DEL PRINCIPIO, REITERADAMENTE SEÑALADO POR ESTE TRIBUNAL, DE QUE, EN OCASIONES, EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS AUTONOMICAS PUEDE ESTAR CONDICIONADO POR DETERMINADOS ACTOS O NORMAS ESTATALES (STC 76/1983, POR EJEMPLO), TAMBIEN RESULTA CLARO QUE DICHO CONDICIONAMIENTO NO PUEDE, EN NINGUN CASO, INCIDIR TANTO EN LOS PODERES AUTONOMOS QUE LLEGUE A ANULAR ESTOS.

ELLO ES LO QUE OCURRE EN EL APARTADO 4 DEL ART. 37 DE LA LOPJ. AL HILO DE ESTABLECER UN CONDICIONANTE A LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PROPIOS, SE ANULA LA AUTONOMIA FINANCIERA Y ORGANIZATIVA DEL ENTE TERRITORIAL.

EN CUANTO A LA AUTONOMIA FINANCIERA, RECONOCIDA POR EL ART. 156.1 C.E. PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE SUS COMPETENCIAS, PORQUE, AL DOTAR LA LEY DE CARACTER VINCULANTE AL INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, VIENE A CERCENAR TOTALMENTE LA LIBRE DISPOSICION DE LOS RECURSOS, LO QUE EQUIVALE A DECIR LA FACULTAD DE DECISION AUTONOMA DEL ENTE AUTONOMICO. SE TRATA, PUES, DE UNA EXIGENCIA QUE VA MAS ALLA DE LA COORDINACION CONVENIENTE EN ESTE CAMPO, AL SUBORDINAR COMPLETAMENTE LA ATRIBUCION DE RECURSOS AUTONOMICOS AL INFORME FAVORABLE DEL CONSEJO; MIENTRAS QUE ESA MISMA SUBORDINACION NO SE ESTABLECE RESPECTO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR EL ESTADO, COLOCANDOSE ASI A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN ESTE ASPECTO EN UNA POSICION DESIGUAL, CARENTE DE JUSTIFICACION.

POR OTRO LADO, TAMBIEN ES CONTRARIO A LA AUTOORGANIZACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LA REGULACION DE EXTREMOS DEL PROCEDIMIENTO INTERNO DE APROBACION DEL USO DE RECURSOS PROPIOS. CIERTAMENTE, SERA LO NORMAL QUE, VIA PRESUPUESTARIA, ORDINARIA O NO, LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS SEAN OBJETO DE APROBACION, DE UNA U OTRA FORMA, POR LA CORRESPONDIENTE ASAMBLEA LEGISLATIVA; PERO, EN TODO CASO, NO ES LA LEY ESTATAL EL INSTRUMENTO ADECUADO PARA REGULAR ESA MATERIA, QUE QUEDA RESERVADA A LA REGULACION PROPIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SEGUN LO PREVISTO EN LOS ARTS. 147.1 C) Y 148.1 C.E.

EN CONCLUSION, PUES, EL APARTADO 4 DEL ART. 37 DE LA LOPJ ES CONTRARIO A LA CONSTITUCION.

13. EL TERCER BLOQUE DE PRECEPTOS IMPUGNADOS ES EL QUE SE REFIERE A ARTICULOS A LOS QUE SE REPROCHA VULNERAR LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS, SI BIEN NI SE REFIEREN A ASPECTOS MATERIALES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA NI DEL PERSONAL A SU SERVICIO. SE TRATA DE LOS ARTS. 36, 341.2 Y 171.4 DE LA LOPJ:

A) LA IMPUGNACION REFERIDA A LOS DOS PRIMEROS PRECEPTOS NO PUEDE PROSPERAR. SE HA VISTO PREVIAMENTE QUE UNO DE LOS LIMITES DE LA CLAUSULA SUBROGATORIA ES PRECISAMENTE LA MATERIA PROPIAMENTE DEFINIDA COMO <PODER JUDICIAL>. DICHO DE OTRA MANERA, EL ART.

149.1.5 DE LA CONSTITUCION HACE IMPOSIBLE ASUMIR CUALQUIER COMPETENCIA AL RESPECTO, NI A TRAVES DE LAS CLAUSULAS, NI A TRAVES DE OTRO MECANISMO, EXCEPCION HECHA DE LO PREVISTO POR EL ART. 152.1, SEGUNDO PARRAFO, EN RELACION CON LA PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES.

LOS ARTS. 36 Y 341.2 DE LA LOPJ SE REFIEREN TODOS ELLOS AL PODER JUDICIAL, EN CUANTO TAL. EL ART. 36, EN EFECTO, COMO SE PRECISARA MAS ADELANTE, SE LIMITA A REGULAR LA CREACION DE SECCIONES Y JUZGADOS; EL ART. 341.2 HACE MENCION DE LOS MERITOS PARA CONCURSAR A ORGANOS JUDICIALES. EL PRIMERO ENTRA DE LLENO EN LA ORGANIZACION JUDICIAL Y EL SEGUNDO EN LA SELECCION DEL PERSONAL JUDICIAL. EN CONSECUENCIA, NINGUNA COMPETENCIA EN LA MATERIA PUEDE ASUMIRSE A TRAVES DE LA CLAUSULA SUBROGATORIA, PUES CAEN DENTRO DE LA RESERVA COMPETENCIAL DEL ART. 149.1.5 DE LA CONSTITUCION. OTRA COSA ES LA POSIBLE INCIDENCIA DE OTROS TITULOS SOBRE ESTOS PRECEPTOS, TEMA QUE DEBE ANALIZARSE POSTERIORMENTE.

B) EL ART.

171.4 DE LA LOPJ SE REFIERE A LA CAPACIDAD DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE INSTAR LA INSPECCION DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE CUALQUIER JUZGADO O TRIBUNAL. VIENE ASI A REFERIRSE A UNA COMPETENCIA DE TIPO EJECUTIVO, Y QUE NO APARECE CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA A LA COMPETENCIA ESTATAL, AL NO VERSAR SOBRE EL NUCLEO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO, EX ART. 149.1.5, NI SOBRE EL ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, RESERVADO, SEGUN SE VIO, POR LA LOPJ A LA COMPETENCIA DEL ESTADO. POR CONSIGUIENTE, DEBEN ENTRAR EN JUEGO AQUI LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, AL ATRIBUIR A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LAS FACULTADES QUE LA LOPJ RESERVE AL GOBIERNO.

RESULTA DE ELLO QUE EL ARTICULO EN CUESTION HA DE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE LA FACULTAD DE INSTAR LA INSPECCION DE JUZGADOS Y TRIBUNALES CORRESPONDERA AL MINISTERIO DE JUSTICIA RESPECTO DE AQUELLAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE NO HAYAN ASUMIDO COMPETENCIAS EN ESTE ASPECTO: MIENTRAS QUE, EN AQUELLAS CUYOS ESTATUTOS CONTENGAN CLAUSULAS SUBROGATORIAS RELATIVAS A LAS FACULTADES DEL GOBIERNO EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA, CORRESPONDERA TAL FACULTAD DE INSTAR LA INSPECCION SOLAMENTE A LAS INSTITUCIONES AUTONOMICAS, EXCLUYENDO EN ESTOS CASOS LA ACCION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.

C. COMPETENCIAS AUTONOMICAS RELATIVAS A LA DEMARCACION JUDICIAL

14. EXAMINADAS YA LAS IMPUGNACIONES QUE SE REFIEREN A LA ALEGADA VULNERACION POR DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LOPJ DE LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, PROCEDE PASAR A ANALIZAR UN SEGUNDO GRUPO DE IMPUGNACIONES: LAS RELATIVAS A NUMEROSOS PRECEPTOS DE LA LOPJ QUE, A JUICIO DE LOS RECURRENTES, DESCONOCEN, INVADEN O HACEN IRRISORIAS LAS COMPETENCIAS QUE HAN ASUMIDO A TRAVES DE SUS ESTATUTOS DE AUTONOMIA (ARTS. 34.1, PARRAFO SEGUNDO, DEL EAPV, 18.2 DEL EAC Y 20.2 DEL EAG), EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART. 152.1, PARRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCION, EN ORDEN A PARTICIPAR EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES.

EL CITADO PRECEPTO CONSTITUCIONAL DISPONE QUE <EN LOS ESTATUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PODRAN ESTABLECERSE LOS SUPUESTOS Y FORMAS DE PARTICIPACION DE AQUELLAS EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES DEL TERRITORIO>, PRECISANDO A CONTINUACION QUE ELLO DEBERA SER <DE CONFORMIDAD OCN LO PREVISTO EN LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL Y DENTRO DE LA UNIDAD E INDEPENDENCIA DE ESTE>.

ESTE PRECEPTO CONSTITUCIONAL SUPONE UNA EXCEPCION A LA REGLA GENERAL QUE RESERVA A LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (ART. 149.1.5. DE LA C.E.), CUALQUIERA QUE SEA EL ALCANCE QUE SE DE A LA EXPRESION <ADMINISTRACION DE JUSTICIA>, ABRIENDO, ADEMAS, LA POSIBILIDAD DE ASUNCION DE COMPETENCIAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS AL MARGEN DEL JUEGO DE LOS ARTS. 148 Y 149 DE LA NORMA FUNDAMENTAL.

SE TRATA, DE OTRO LADO, DE UNA NORMA DE REMISION, QUE HACE SUYO EL CONTENIDO DE LA NORMA A QUE SE REMITE, SIEMPRE QUE ESTA RESPETE LOS LIMITES PREFIJADOS EN LA PROPIA NORMA REMITENTE. EN EL PRESENTE CASO EL LIMITE LO CONSTITUYE LA LOPJ, CONFORME A CUYA REGULACION DEBEN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA ASUMIR LA COMPETENCIA QUE PREFIGURA EL ART. 152.1, PARRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCION. NOS ENCONTRAMOS, PUES, CON EL JUEGO DE TRES NORMAS, LAS CUALES EN EL PRESENTE SUPUESTO INTEGRAN EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD: LA CONSTITUCION, NORMA HABILITANTE, QUE ABRE LA POSIBILDAD DE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, A TRAVES DE SUS RESPECTIVOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, ASUMAN COMPETENCIAS EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES; LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, NORMAS A TRAVES DE LAS CUALES Y CON FUNDAMENTO EN LA PREVISION CONSTITUCIONAL, LAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTONOMAS HAN ASUMIDO COMPETENCIAS EN LA REFERIDA MATERIA; Y LA LOPJ QUE HA ESTABLECIDO EL MARCO EN EL QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS HAN DE EJERCER LAS COMPETENCIAS ASUMIDAS POR LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA CON FUNDAMENTO EN LA PREVISION CONSTITUCIONAL, ES DECIR, HA ARTICULADO EL EJERCICIO DE LAS MISMAS.

EL CLARO ENTRAMADO NORMATIVO EXPUESTO SE HA VISTO COMPLICADO COMO CONSECUENCIA DEL RETRASO EN LA APROBACION Y PUBLICACION DE LA LOPJ, DE MODO QUE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA HAN ASUMIDO LAS COMPETENCIAS SOBRE DEMARCACIONES JUDICIALES, REGULANDO EL EJERCICIO DE LAS MISMAS, SIN TENER A LA VISTA EL MARCO DE REFERENCIA, ESTO ES, LA LOPJ. CONSECUENCIA DE ESTA REGULACION PER SALTUM ES QUE ENTRE LAS NORMAS CONTENIDAS EN LA LOPJ Y LAS PREVISIONES ESTATUTARIAS, APARENTEMENTE, SE DAN CIERTAS CONTRADICCIONES QUE FUNDAMENTAN EN ESTE PUNTO LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTOS.

15. CON CARACTER PREVIO, INTERESA, A LOS EFECTOS QUE NOS OCUPAN, DELIMITAR LOS CONCEPTOS DE PLANTA JUDICIAL Y DEMARCACION JUDICIAL, CUYA ORGANIZACION Y ESTABLECIMIENTO NECESARIAMENTE HAN DE ENCUADRARSE EN EL CONCEPTO ESTRICTO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA A QUE SE REFIERE EL ART.

149.1.5. DE LA CONSTITUCION PARA RESERVAR CON CARACTER EXCLUSIVO LA COMPETENCIA AL ESTADO, SI BIEN, POR EXCEPCION, EL ART. 152.1, PARRAFO SEGUNDO, PERMITE QUE, EN LO QUE SE REFIERE A LA DEMARCACION JUDICIAL, LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PUEDAN ASUMIR COMPETENCIAS PARTICIPATIVAS.

EL ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTA JUDICIAL SUPONE DETERMINAR LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES A LOS QUE SE ATRIBUYE EL EJERCICIO DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL, JUZGANDO Y HACIENDO EJECUTAR LO JUZGADO (ART. 117.3 DE LA C.E.). EN CONSECUENCIA, DENTRO DE LA ORGANIZACION O ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTA JUDICIAL NECESARIAMENTE HAN DE ENCUADRARSE LAS DOS SIGUIENTES OPERACIONES: EL ESTABLECIMIENTO EN ABSTRACTO DE LOS TIPOS O CLASES DE ORGANOS A LOS QUE SE VA A ENCOMENDAR EL EJERCICIO DE AQUELLA POTESTAD Y, EN SEGUNDO LUGAR, LA FIJACION DEL NUMERO DE ORGANOS QUE, DENTRO DE CADA UNO DE LOS TIPOS DEFINIDOS DE FORMA ABSTRACTA, SE VAN A ASENTAR EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTABLECIDA LA PLANTA JUDICIAL, LA ORGANIZACION DE LA DEMARCACION JUDICIAL SE PRESENTA COMO UNA OPERACION COMPLEMENTARIA DE LA ANTERIOR. SE TRATA DE CIRCUNSCRIBIR TERRITORIALMENTE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES QUE PREVIAMENTE HAN QUEDADO DEFINIDOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTA JUDICIAL (ART. 35.1 DE LA LOPJ), A LO QUE HAY QUE AÑADIR LA LOCALIZACION DE LA CAPITALIDAD DE CADA UNO DE LOS ORGANOS JUDICIALES.

PUES BIEN, EL ART. 152.1, PARRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCION, HA PERMITIDO QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ASUMAN COMPETENCIAS PARTICIPATIVAS EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES, PERO NO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTA JUDICIAL, QUE, EN TODO CASO, ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO (ART. 149.1.5. DE LA C.E.).

CONSECUENCIA DE ELLO ES QUE LA IMPUGNACION QUE EN LAS DEMANDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD SE EFECTUA DE PRECEPTOS DE LA LOPJ QUE SE REFIEREN A COMPETENCIAS O FACULTADES RELATIVAS AL ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTA JUDICIAL NO PUEDEN PROSPERAR, POR SER LA COMPETENCIA SOBRE LA MATERIA EXCLUSIVA DEL ESTADO. SIN PERJUICIO DE UN ANALISIS MAS DETALLADO, ES YA POSIBLE, PUES, DEJAR SENTADO QUE NO SUPONEN VULNERACION ALGUNA DE LA COMPETENCIA AUTONOMICA LAS PREVISIONES DE AQUELLOS PRECEPTOS QUE REGULAN ASPECTOS RELATIVOS AL ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTA JUDICIAL, ESTO ES, COMO SE DIJO, LA DETERMINACION EN ABSTRACTO DE LOS TIPOS DE ORGANOS, Y SU NUMERO Y DISTRIBUCION. TAL ES EL CASO DE LOS ARTS. 29 (QUE PREVE QUE EL ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTA DE JUZGADO Y TRIBUNALES LO HAYA DE SER POR LEY), 36 (QUE SE REFIERE A LA CREACION DE JUZGADOS Y SECCIONES), 78 (QUE ABRE LA POSIBILIDAD DE CREAR SALAS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO O DE LO SOCIAL DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA CON JURISDICCION LIMITADA A UNA O VARIAS PROVINCIAS DE LA MISMA COMUNIDAD AUTONOMA), 80.2 (QUE ABRE LA POSIBILIDAD DE CREAR SECCIONES DE UNA AUDIENCIA PROVINCIAL FUERA DE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA), 81.1 (QUE PERMITE QUE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES ESTEN INTEGRADAS POR DOS O MAS SECCIONES), 84 (QUE DISPONE QUE EN CADA PARTIDO JUDICIAL HABRA UNO O MAS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION), 89 (QUE PREVE QUE LA LEY DE PLANTA Y DEMARCACION PUEDA ESTABLECER, COMO ORGANOS DISTINTOS, JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE INSTRUCCION), 90 (QUE DISPONE QUE EN CADA PROVINCIA HABRA UNO O VARIOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, PERMITIENDO QUE SE ESTABLEZCAN JUZGADOS DE ESTA CLASE CON COMPETENCIA INFERIOR A LA PROVINCIAL), 92.1 (QUE ESTABLECE OTRO TANTO PARA LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL), 94 (QUE DISPONE QUE EN CADA PROVINCIA HABRA UNO O VARIOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA), 95.1 (QUE DISPONE QUE EL NUMERO DE LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA SE ESTABLECERA EN LA LEY DE PLANTA), 96 (QUE EFECTUA IGUAL PREVISION PARA LOS JUZGADOS DE MENORES QUE LA REALIZADA POR LOS ARTS. 90 Y 92 PARA LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y DE LO SOCIAL, RESPECTIVAMENTE) Y 99.1 (QUE DISPONE QUE EN CADA MUNICIPIO DONDE NO EXISTA JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION HABRA UN JUZGADO DE PAZ). TODO ELLO, CON INDEPENDENCIA DE SI LOS MENCIONADOS ARTICULOS INCIDEN O NO EN LA COMPETENCIA AUTONOMICA DE FIJACION DE LA DELIMITACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES, CUESTION EN LA QUE SE ENTRARA SEGUIDAMENTE.

16. EL ART. 152.1, PARRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCION, HABLA DE <SUPUESTOS> Y <FORMAS> DE PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA HAN ASUMIDO PARA LAS RESPECTIVAS COMUNIDADES COMPETENCIAS PARA LA <FIJACION DE LA DELIMITACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES> Y PARA LA <LOCALIZACION DE SU CAPITALIDAD>. EN CUALQUEIR CASO, CUALQUIERA QUE SEA LA EXTENSION QUE SE QUIERA DAR A LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA DELIMITACION DE LAS DEMARCACIONES DE LOS ORGANOS JUDICIALES RADICADOS EN SUS TERRITORIS, EXISTEN DOS PREMISAS DE LAS QUE PARTIR:

1. LA COMPETENCIA DE DELIMITACION HA DE REFERIRSE NECESARIAMENTE A LAS DEMARCACIONES JUDICIALES DE AMBITO DIFERENTE DEL PROVINCIAL, Y AUTONOMICO, POR LAS DOS RAZONES SIGUIENTES: LA DELIMITACION DE LA DEMARCACION JUDICIAL CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA VIENE DETERMINADA DIRECTAMENTE POR LA PROPIA CONSTITUCION (ART.

152.1, PARRAFO SEGUNDO), Y SOBRE LAS DEMARCACIONES DE AMBITO PROVINCIAL NO EXISTE DISPONIBILIDAD POR PARTE DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (ART.

141.1 C.E.).

2. LA COMPETENCIA PARA FIJAR LA DELIMITACION Y LA FORMA DE EJERCICIO DE LA MISMA, HABRA DE EJERCITARSE SIEMPRE CONFORME A LA LOPJ, NO SOLO PORQUE ASI LO DISPONGAN EXPRESAMENTE ALGUNOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, SINO, PRINCIPALMENTE, PORQUE DE MODO EXPRESO ASI LO EXIGE LA CONSTITUCION (ART.

152.1, PARRAFO SEGUNDO), Y, ADEMAS, COMO PRECISA ESTE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, DENTRO DE LA UNIDAD E INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL, DE MODO QUE CUALQUIER CONSECUENCIA QUE QUIERA DERIVARSE DE LAS DISPOSICIONES ESTATUTARIAS EN LA MATERIA HA DE QUEDAR POSPUESTA A LA DETERMINACION DEL ALCANCE DE LAS COMPETENCIAS ASUMIDAS A TRAVES DE TALES DISPOSICIONES POR PARTE DE LA LOPJ (SSTC 10/1982 Y 97/1989).

17. PARA LOS ORGANOS RECURRENTES EL ART.

35 (Y POR CONEXION EL 108.1 A) DE LA LOPJ SE OPONE FRONTALMENTE A LAS PREVISIONES ESTATUTARIAS, EN LA MEDIDA EN QUE: A) EL NUM. 1 PREVE QUE LA DEMARCACION JUDICIAL SE ESTABLEZCA POR LEY DEL ESTADO (EN IGUAL SENTIDO EL NUM. 5 AL EXIGIR EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA DEMARCACION JUDICIAL), Y B) LOS NUMS. 2, 3 Y 4, REDUCEN LAS COMPETENCIAS ASUMIDAS A UNA SIMPLE PROPUESTA NO VINCULANTE:

A) LOS NUMS. 1 Y 5 DEL ART.

35 DE LA LOPJ ESTABLECEN QUE LA DEMARCACION JUDICIAL Y SU REVISION SE ESTABLECERAN POR LEY. PARA LOS ORGANOS RECURRENTES ESTA PREVISION ORGANICA VULNERA LAS COMPETENCIAS QUE HAN ASUMIDO EN LA MATERIA.

HA DE PARTIRSE, PARA RESOLVER LA CUESTION QUE SE PLANTEA, DE QUE LA DETERMINACION DE LA DEMARCACION JUDICIAL SUPONE ELABORAR EL DISEÑO TERRITORIAL, EN TODO EL TERRITORIO DEL ESTADO, DE LA PLANTA JUDICIAL, ESTABLECIENDO UN MAPA ARMONICO EN QUE LOS ORGANOS JUDICIALES DE CADA UNO DE LOS TIPOS DEFINIDOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTA JUDICIAL SE DISTRIBUYAN EN TODO EL TERRITORIO DE MANERA EQUILIBRADA, EN PROPORCION A LAS NECESIDADES JUDICIALES DE CADA UNA DE LAS PARTES DE AQUEL, Y OBEDECIENDO A CRITERIOS COMUNES, COMO DERIVA DEL CARACTER UNICO DEL PODER JUDICIAL EN TODA LA NACION, Y DE LA GARANTIA DE LA IGUALDAD EFECTIVA DE LOS CIUDADANOS EN EL ACCESO A LA JUSTICIA.

LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART. 152.1, PARRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCION, PODRAN SEGUN LAS CORRESPONDIENTES PREVISIONES ESTATUTARIAS PARTICIPAR EN LA ORGANIZACION DE LA DEMARCACION JUDICIAL, LO QUE CIERTAMENTE INCLUYE LA DELIMITACION TERRITORIAL DE LAS DEMARCACIONES CORRESPONDIENTES A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ASENTADOS EN SU TERRITORIO, Y LA LOCALIZACION DE SU CAPITALIDAD. PERO ESA PREVISION CONSTITUCIONAL NO IMPLICA QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PUEDAN ASUMIR, EN CUALQUIER CASO, COMPETENCIAS PARA ESTABLECER POR SI MISMOS LA DEMARCACION JUDICIAL: PUES POR UNA PARTE, Y COMO SE DIJO, ESTA OPERACION REQUIERE UN DISEÑO GLOBAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, Y, POR OTRA, LA DICCION DEL ARTICULO 152.1, PARRAFO SEGUNDO, DE LA PROPIA NORMA FUNDAMENTAL LIMITA LA POSIBILIDAD DE INTERVENCION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA ORGANIZACION DE LA DEMARCACION JUDICIAL A LA ASUNCION DE COMPETENCIAS DE INDOLE PARTICIPATIVA (ESTO ES, DE PARTICIPACION EN EL PROCESO DE DECISION, Y NO DE ASUNCION DE TODO EL MISMO) QUE HABRIA DE ACTUARSE <DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL Y DENTRO DE LA UNIDAD E INDEPENDENCIA DE ESTE>.

LA COMPETENCIA, POR TANTO, PARA ESTABLECER LA DEMARCACION JUDICIAL PERTENECE AL ESTADO, Y EN CONSECUENCIA, LA PREVISION DEL ART. 35.1 Y 5, DE LA LOPJ, EN EL SENTIDO DE QUE DICHO ESTABLECIMIENTO, O SU MODIFICACION, HAYAN DE HACERSE POR LEY APROBADA POR LAS CORTES GENERALES NO RESULTA CONTRARIA A LA ASUNCION, POR PARTE DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN SUS RESPECTIVOS ESTATUTOS, DE COMPETENCIAS DE INDOLE PARTICIPATIVA EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES.

B) LOS ORGANOS RECURRENTES PERTENECEN A TRES COMUNIDADES AUTONOMAS (PAIS VASCO, CATALUÑA Y GALICIA) QUE HAN ASUMIDO A TRAVES DE SUS RESPECTIVOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA (ARTS.

34.1, PARRAFO SEGUNDO, DEL EAPV, 18.2 DEL EAC Y 20.2 DE EAG) COMPETENCIA PARA <FIJAR LA DELIMITACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES>, CON LA PRECISION EN EL CASO DEL PAIS VASCO DE QUE LA COMPETENCIA SOLO SE EXTIENDE A LAS DEMARCACIONES DE AMBITO INFERIOR A LA PROVINCIA.

UNA VEZ CONSTATADO LO ANTERIOR ES NECESARIO PRECISAR QUE LA REFERIDA COMPETENCIA LA HAN DE EJERCER LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, POR ASI IMPONERLO EL ART. 152.1, PARRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCION, DE CONFORMIDAD CON LA LOPJ.

DICHA LEY ORGANICA DEDICA EL CAPITULO II DE SU TITULO II (<DE LA PLANTA Y ORGANIZACION JUDICIAL>) A LA <DIVISION TERRITORIAL EN LO JUDICIAL>, DISPONIENDO QUE <EL ESTADO SE ORGANIZA TERRITORIALMENTE, A EFECTOS JUDICIALES, EN MUNICIPIOS, PARTIDOS, PROVINCIAS Y COMUNIDADES AUTONOMAS> (ART. 30). DE LA REGULACION CONTENIDA EN LA LOPJ HA DE CONCLUIRSE QUE EL MUNICIPIO ES LA DEMARCACION CORRESPONDIENTE A LOS JUZGADOS DE PAZ, EL PARTIDO A LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION, LA PROVINCIA A LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES Y LOS JUZGADOS CON COMPETENCIA PROVINCIAL (JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, JUZGADOS DE LO SOCIAL, JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Y JUZGADOS DE MENORES) Y LA COMUNIDAD AUTONOMA A LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA. NO ACABA AQUI, DE TODAS FORMAS, EL CATALOGO DE POSIBLES DEMARCACIONES JUDICIALES, PUES DESPUES, LA LOPJ, EN SU PROPIO TEXTO, CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER ORGANOS JUDICIALES CON JURISDICCION SUPERIOR A LA DEL PARTIDO JUDICIAL: TAL SERIA EL CASO DE LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA (ART. 94) DE LO SOCIAL (ART. 92) DE MENORES (ART. 96) O DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (ART. 90.3), LO QUE SUPONE LA CREACION DE DEMARCACIONES SINGULARES RESPECTO DE DETERMINADOS E INDIVIDUALES ORGANOS JUDICIALES. ESTE ES, A GRANDES RASGOS, EL DISEÑO QUE LA LOPJ HA OPERADO DE LA

DIVISION TERRITORIAL DEL ESTADO EN LO JUDICIAL Y AL QUE, EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS EN LA MATERIA, HAN DE AJUSTARSE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, POR ASI HABERLO DISPUESTO EL ART. 152.1, PARRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCION.

ES CLARO QUE DE LAS DEMARCACIONES DISEÑADAS POR LA LOPJ, LAS COMUNIDADES AUTONOMAS NO PUEDEN TENER COMPETENCIA SOBRE LA AUTONOMICA Y LAS PROVINCIALES POR LO YA DICHO: LA DEMARCACION AUTONOMICA VIENE ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCION (ART. 152.1, PARRAFO SEGUNDO) COMO DEMARCACION DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA, Y SOBRE LAS PROVINCIALES NO EXISTE POSIBILIDAD DE DISPOSICION POR PARTE DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (ART. 141.1 C.E.). ASI LO VIENEN A RECONOCER EN SUS DEMANDAS EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD Y EL PARLAMENTO DE CATALUÑA. EN CONSECUENCIA, LA COMPETENCIA PARA FIJAR LA DELIMITACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES HA DE QUEDAR NECESARIAMENTE REDUCIDA A LAS DE AMBITO DIFERENTE DEL PROVINCIAL.

CENTRADA DE ESTE MODO LA CUESTION ES NECESARIO A CONTINUACION PRECISAR COMO HA DE SER EJERCIDA POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DICHA COMPETENCIA. PARA ELLO, Y EN ATENCION A LA PREVISION DEL ART. 152.1, PARRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCION, HA DE ACUDIRSE A LA LOPJ. PRIMERAMENTE DEBE RECORDARSE QUE, EN LO QUE SE REFIERE A LOS MUNICIPIOS, LA COMPETENCIA EXCLUSIVA PARA LA DEMARCACION TERRITORIAL DE LOS MISMOS CORRESPONDE A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS RECURRENTES ART.

10.1 EAPV, ART. 9.8 EAC, ART. 27.2 EAG POR LO QUE, A LA VISTA DEL ART. 31 DE LA LOPJ (<EL MUNICIPIO SE CORRESPONDE CON LA DEMARCACION ADMINISTRATIVA DEL MISMO NOMBRE>) RESULTA INDISCUTIBLE LA COMPETENCIA, TAMBIEN EXCLUSIVA, DE LAS CITADAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA ESTABLECER, EN CONSECUENCIA, LA CORRESPONDIENTE DEMARCACION A EFECTOS JUDICIALES.

EN LO QUE ATAÑE AL RESTO DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES (EXCLUIDAS, COMO SE HA VISTO, LA AUTONOMICA, PROVINCIAL Y MUNICIPAL) LA LOPJ DISPONE EN SU ART. 35 LA FORMA EN QUE HABRA DE LLEVARSE A CABO LA PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN SU DETERMINACION. Y EN ESE ARTICULO RESULTA CLAVE SU APARTADO 2. ; EN EL QUE SE PREVE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS REMITIRAN AL GOBIERNO, A SOLICITUD DE ESTE, UNA PROPUESTA DE DEMARCACION JUDICIAL DE SUS TERRITORIOS RESPECTIVOS. A LA VISTA DEL MANDADO LEGAL Y DE LO INDICADO, HA DE ENTENDERSE QUE ESA PROPUESTA HABRA DE CONTENER, FORZOSAMENTE COMO SEÑALA LA MISMA LEY LA FIJACION DE LOS PARTIDOS JUDICIALES, EN CUANTO DEMARCACION NECESARIA E IMPLANTADA UNIFORMEMENTE EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL: PERO ADEMAS, Y HABIDA CUENTA DE LAS POSIBILIDADES QUE SE PREVEN DE EVENTUALES ESTABLECIMIENTOS DE ORGANOS CON JURISDICCION SUPERIOR A LA DEL PARTIDO, NO PUEDE EXCLUIRSE QUE LA PROPUESTA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SE REFIERA TAMBIEN A ESTE ASPECTO.

ELLO QUIERE DECIR QUE SI LAS COMUNIDADES AUTONOMAS HAN ASUMIDO COMPETENCIA PARA FIJAR LA DELIMITACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES DE AMBITO DIFERENTE DEL PROVINCIAL, ELLO HA DE ENTENDERSE, RESPECTO DE LOS MUNICIPIOS, COMO COMPETENCIA PARA SU DETERMINACION DEFINITIVA, Y RESPECTO DE LOS PARTIDOS JUDICIALES Y OTRAS EVENTUALES DEMARCACIONES, COMO LA FIJACION DE SUS LIMITES EN UNA PROPUESTA QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS HAN DE REMITIR AL GOBIERNO DE LA NACION Y QUE HABRA DE CONTENER, EN TODO CASO, LA FIJACION DE LOS PARTIDOS JUDICIALES. PROPUESTA QUE TENDRA UN DOBLE EFECTO: POR UNA PARTE, SERVIR DE BASE PARA LA REDACCION, POR PARTE DEL GOBIERNO, DE UN ANTEPROYECTO DE DEMARCACION, A LA VISTA DE LAS PROPUESTAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, Y, EN SEGUNDO LUGAR, COMO ELEMENTO PARA LA FORMACION DE LA VOLUNTAD PARLAMENTARIA AL TRAMITAR, POSTERIORMENTE, EL CORRESPONDIENTE PROYECTO DE LEY, PUESTO QUE LAS PROPUESTAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS HABRAN DE ACOMPAÑAR (ART. 354 LOPJ) AL PROYECTO DEL GOBIERNO REMITIDO A LAS CORTES. LA PROPUESTA PREVISTA EN EL ART. 35.2 LOPJ SE CONFIGURA, PUES, COMO EL FACTOR DE PARTICIPACION AUTONOMICA EN LA DETERMINACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES. ES A PARTIR DE LAS PROPOSICIONES ALLI CONTENIDAS COMO DEBERA ELABORARSE EL ANTEPROYECTO DEL GOBIERNO, Y TRAS EL INFORME DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, EL PROYECTO QUE SE REMITIRA A LAS CORTES GENERALES.

NO HAY, EN CONCLUSION, CONTRADICCION ALGUNA EN ESTE PUNTO ENTRE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA Y LA LOPJ. AQUELLOS, DENTRO DEL MARCO PREVISTO POR EL ART.

152.1, PARRAFO SEGUNDO, HAN ASUMIDO DETERMINADAS COMPETENCIAS DE PARTICIPACION EN LA ORGANIZACION DE LA DEMARCACION JUDICIAL Y ESTA HA ESTABLECIDO, EN VIRTUD DE LA REMISION CONTENIDA EN EL CITADO PRECEPTO CONSTITUCIONAL, EL MODO DE EJERCICIO DE DICHAS COMPETENCIAS, MODULACION QUE EN NINGUN CASO PUEDE ENTENDERSE QUE LAS DESCONOZCA. PRETENDER, POR EL CONTRARIO, QUE LAS COMPETENCIAS ASUMIDAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN ESTE PUNTO IMPLICA QUE ELLAS, A TRAVES DEL INSTRUMENTO QUE ESTIMEN ADECUADO, DETERMINEN DIRECTAMENTE LA DELIMITACION DE LOS PARTIDOS JUDICIALES DEL TERRITORIO, AL MARGEN DEL DISEÑO GLOBAL DE LA DEMARCACION JUDICIAL, IMPLICARIA VACIAR DE CONTENIDO LAS COMPETENCIAS QUE EN ORDEN AL ESTABLECIMIENTO DE LA DEMARCACION JUDICIAL OSTENTAN LAS CORTES GENERALES.

18. EL GOBIERNO VASCO Y LA JUNTA DE GALICIA ARGUMENTAN QUE A TRAVES DE LA CLAUSULA SUBROGATORIA (ARTS.

13.1 Y 20.1 DE SUS RESPECTIVOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA) HAN ASUMIDO COMPETENCIAS PARA LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES DE TODOS LOS ORGANOS JUDICIALES ASENTADOS EN SUS RESPECTIVOS TERRITORIOS.

CIERTAMENTE, COMO YA SE HA DICHO, LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS SE ENCUENTRAN CON UN LIMITE SUSTANCIAL, ADEMAS DEL DE NO PODER ABARCAR CUESTIONES QUE AFECTEN AL AMBITO SUPRACOMUNITARIO; ESTE LIMITE SUSTANCIAL ES EL DE QUE NO PUEDEN ASUMIRSE A TRAVES DE LA CLAUSULA SUBROGATORIA COMPETENCIAS RESPECTO DE MATERIAS QUE CONSTITUYEN EL NUCLEO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL SENTIDO DEL ART.

149.1.5 C.E., ESTO ES, LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN SENTIDO ESTRICTO, NO EXISTIENDO LA MENOR DUDA QUE EL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA JUDICIAL DEL ESTADO (PLANTA Y DEMARCACION JUDICIALES) SE INTEGRAN EN EL MENCIONADO NUCLEO Y NO EN LO QUE SE HA VENIDO LLAMANDO <ADMINISTRACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA>.

LA ANTERIOR PRECISION SIRVE PARA DELIMITAR LA IMPUGNACION DE DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LOPJ QUE LOS INDICADOS ORGANOS RECURRENTES ARTICULAN Y QUE VAMOS A EXAMINAR A CONTINUACION.

19. EN PRIMER LUGAR, Y ANTES DE PROCEDER A UN ANALISIS MAS DETALLADO, ES POSIBLE EXCLUIR LA INCONSTITUCIONALIDAD QUE SE ALEGA RESPECTO DE VARIOS PRECEPTOS DE LA LEY QUE SE REFIEREN UNICAMENTE A LA DEFINICION DE LA PLANTA JUDICIAL, SIN INCIDENCIA SOBRE LA COMPETENCIA ASUMIDA POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS RECURRENTES RESPECTO A LA DELIMITACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES. CON RESPECTO AL ART. 29 IMPUGNADO POR EL GOBIERNO VASCO, Y QUE VIENE A ESTABLECER LA EXIGENCIA DE QUE LA PLANTA JUDICIAL SE FIJE POR LEY, NO VULNERA LA COMPETENCIA AUTONOMICA, POR CORRESPONDER, COMO SE DIJO, AL ESTADO EN EXCLUSIVA LA DETERMINACION DE LA NATURALEZA Y EL NUMERO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES. EL ART. 36 ATRIBUYE AL GOBIERNO LA CREACION DE SECCIONES Y JUZGADOS, <CUANDO NO SUPONGA ALTERACION DE LA DEMARCACION JUDICIAL>: Y, COMO SE DIJO, NO PUEDE SER COMPETENCIA AUTONOMICA LA DETERMINACION DE LA PLANTA JUDICIAL, LO QUE IMPIDE QUE SE APRECIE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO POR TRANSGRESION COMPETENCIAL DE NINGUN TIPO. EL ART. 81.1 PERMITE QUE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES ESTEN INTEGRADAS POR DOS O MAS SECCIONES; Y EL 95.1 REMITE A LA LEY DE PLANTA LA DETERMINACION DEL NUMERO DE JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA. SE TRATA DE CUESTIONES EVIDENTEMENTE INCLUIDAS EN LA FIJACION DE LA PLANTA JUDICIAL, RESPECTO DE LAS CUALES NO PUEDE APRECIARSE, POR TANTO, TACHA ALGUNA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR SU RESERVA A ORGANOS ESTATALES.

20. LA JUNTA DE GALICIA IMPUGNA LOS ARTS. 26 Y 30, POR ESTABLECER EL PRIMERO COMO ORGANO JUDICIAL LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES Y EL SEGUNDO LA PROVINCIA COMO DEMARCACION TERRITORIAL DE AQUELLAS, LO QUE CONTRARIA, A SU JUICIO, EL ART. 20.2 DE SU ESTATUTO DE AUTONOMIA AL TRATAR DE IMPONER E INSTITUCIONALIZAR LA PROVINCIA AL MARGEN DE TODAS LAS PREVISIONES CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIAS. PERO, APARTE DE QUE EL ART.

26 DETERMINA LOS ORGANOS QUE INTEGRAN LA PLANTA JUDICIAL SOBRE CUYO ESTABLECIMIENTO NO EXISTE COMPETENCIA ALGUNA PARA LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y QUE EL 30 FORMULA EL DISEÑO BASICO DE LA DEMARCACION JUDICIAL DESDE UNA PERSPECTIVA TERRITORIAL CUYA FORMULACION, RESPONDE A EXIGENCIAS DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DEL PODER JUDICIAL, AL QUE TAMBIEN REMITE EL ART. 152.1, PARRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCION , LO CIERTO ES QUE LA PROVINCIA ES UNA DIVISION TERRITORIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL ESTADO (ART. 141.1 DE LA C.E.), ENTRE LAS QUE NO HAY DUDA, SE ENCUENTRA LA DE ADMINISTRAR JUSTICIA. EN CONSECUENCIA, LA INSTITUCIONALIZACION DE LA PROVINCIA COMO DEMARCACION TERRITORIAL A EFECTOS JUDICIALES EN NADA SE OPONE NI A LAS PREVISIONES CONSTITUCIONALES NI A LAS ESTATUTARIAS.

EL ART. 30 TAMBIEN ES IMPUGNADO POR EL GOBIERNO VASCO, POR ENTENDER ESTE QUE INVADE SUS COMPETENCIAS EN ORDEN A PARTICIPAR EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES. NO OBSTANTE, Y ADEMAS DE LO YA AFIRMADO SOBRE EL ALCANCE DE LA CLAUSULA SUBROGATORIA, ES NECESARIO PRECISAR QUE DICHO PRECEPTO EXPRESA CUALES SON LAS DEMARCACIONES JUDICIALES (MUNICIPIO, PARTIDOS JUDICIALES, PROVINCIAS Y COMUNIDADES AUTONOMAS), DEFINIENDO LOS ARTS. 31, 32 Y 33 LAS TRES PRIMERAS DEMARCACIONES CITADAS. ES OBVIO QUE ESTA OPERACION BASICA, LA DE ESTABLECER LAS DIVISIONES TERRITORIALES EN QUE EL ESTADO SE ORGANIZA A EFECTOS JUDICIALES, PROCEDIENDO A SU DEFINICION, ES, POR SU PROPIA NATURALEZA DE SOPORTE Y ESTRUCTURA DE LA DEMARCACION JUDICIAL, COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO, NO PUDIENDOSE ENTENDER QUE LAS COMPETENCIAS PARTICIPATIVAS ASUMIDAS POR EL PAIS VASCO EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES DE AMBITO INFERIOR A LA PROVINCIA PUEDAN EXTENDERSE A LA DEFINICION DE LOS TIPOS DE DEMARCACIONES JUDICIALES QUE, POR EXIGENCIAS DEL SISTEMA UNIDAD DEL PODER JUDICIAL , DEBEN SER LOS MISMOS PARA TODO EL TERRITORIO NACIONAL. EN CONCLUSION, LOS INDICADOS PRECEPTOS EN NADA INVADEN LAS COMPETENCIAS ASUMIDAS AL RESPECTO POR EL PAIS VASCO.

TAMBIEN ARGUMENTA LA JUNTA DE GALICIA QUE LOS ARTS. 31 Y 33, AL DETERMINAR QUE EL MUNICIPIO Y LA PROVINCIA SE AJUSTARAN A LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL MISMO NOMBRE, ESTAN EJERCIENDO UNA FUNCION PROPIA DE DEMARCACION QUE CORRESPONDE COMO TAL A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA. TAL ARGUMENTO NO ES ADMISIBLE; NI LA FIJACION DE LA DEMARCACION PROVINCIAL ES COMPETENCIA AUTONOMICA (ART. 141.1, IN FINE , DE LA C.E.), NI LA PREVISION DE QUE EL MUNICIPIO A EFECTOS JUDICIALES SE CORRESPONDA CON EL MUNICIPIO ADMINISTRATIVO, CUYA COMPETENCIA DE DETERMINACION SI ES AUTONOMICA (ART. 27.2 DEL EAG), INVADE ESTA COMPETENCIA, PUES PRECISAMENTE LO QUE ESTA HACIENDO EL PRECEPTO ORGANICO ES RESPETARLA AL DETERMINAR QUE LOS MUNICIPIOS, COMO DEMARCACION JUDICIAL, DEBEN COINCIDIR CON LOS MUNICIPIOS QUE EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS HAYA ESTABLECIDO Y DELIMITADO LA COMUNIDAD AUTONOMA. LOS MISMOS ARGUMENTOS SIRVEN PARA REBATIR LA IMPUGNACION QUE SE EFECTUA DEL ART.

32 DE LA LOPJ, DEBIENDOSE AÑADIR QUE LA EXIGENCIA RELATIVA A QUE LOS PARTIDOS JUDICIALES SE INTEGREN POR MUNICIPIOS PERTENECIENTES A UNA MISMA PROVINCIA, SE RELACIONA LA IMPOSIBILIDAD DE QUE UNA COMUNIDAD AUTONOMA PUEDA UNILATERALMENTE ALTERAR LOS LIMITES PROVINCIALES, LO QUE ES COMPETENCIA DE LAS CORTES GENERALES MEDIANTE LEY ORGANICA (ART. 141.1, IN FINE ), DE LA C.E.).

21. EL GOBIERNO VASCO IMPUGNA LOS ARTS. 78 Y 80 PRECEPTO ESTE ULTIMO QUE TAMBIEN DISCUTE LA JUNTA DE GALICIA. EL PRIMER PRECEPTO SE REFIERE A LA CREACION DE SALAS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO O DE LO SOCIAL, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CON JURISDICCION LIMITADA A UNA O VARIAS PROVINCIAS: EL APARTADO 2 DEL ART. 80 PREVE LA POSIBILIDAD DE QUE SE CREEN SECCIONES DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL FUERA DE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA, A LAS QUE QUEDARAN ADSCRITOS UNO O VARIOS PARTIDOS JUDICIALES.

PUES BIEN, AMBOS PRECEPTOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA POSIBILIDAD DE CREACION DE TALES ORGANOS, OPERACION QUE SE INSCRIBE EN LA DETERMINACION DE LA PLANTA JUDICIAL, Y QUEDA FUERA POR TANTO DE LA COMPETENCIA AUTONOMICA. EN LO QUE SE REFIERE AL AMBITO DE JURISDICCION QUE SE ATRIBUYE A LOS ORGANOS EN CUESTION, LOS ARTICULOS CITADOS NO PREJUZGAN NI EXCLUYEN LA EVENTUAL PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA AL RESPECTO, POR LO QUE NO PUEDE ESTIMARSE QUE VULNEREN LAS COMPETENCIAS ESTATUTARIAMENTE ASUMIDAS.

22. EL GOBIERNO VASCO TAMBIEN IMPUGNA LOS ARTS. 84 Y 89.

EL ART.

84 AFIRMA QUE <EN CADA PARTIDO HABRA UNO O MAS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION CON SEDE EN LA CAPITAL DE AQUEL Y JURISDICCION EN TODO SU AMBITO TERRITORIAL. TOMARAN SU DESIGNACION DEL MUNICIPIO DE SU SEDE>. NO SE TRATA MAS QUE DE UNA PREVISION GENERICA QUE EN NADA AFECTA A LA COMPETENCIA DE FIJACION DE LA DELIMITACION DE LOS PARTIDOS JUDICIALES: TAN SOLO SE LIMITA A PRECISAR QUE EN CADA PARTIDO JUDICIAL, DELIMITADO POR QUIEN CORRESPONDA, EXISTIRA UNO O MAS DE LA CLASE DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES QUE CITA, QUE EXTENDERAN SU COMPETENCIA EN TODO EL AMBITO TERRITORIAL PREVIAMENTE DELIMITADO, Y QUE TOMARAN SU DESIGNACION DEL MUNICIPIO DE SU SEDE QUE SERA LA DE LA CAPITAL DEL PARTIDO, TAMBIEN DETERMINADA POR QUIEN CORRESPONDA.

EL ART. 89, QUE PREVE QUE LA LEY DE PLANTA Y DEMARCACION PODRA ESTABLECER, COMO ORGANOS DISTINTOS, EN AQUELLOS PARTIDOS EN QUE FUERE CONVENIENTE, LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION, TAMPOCO AFECTA A LA POTESTAD DE DELIMITACION. EN REALIDAD, ESTE PRECEPTO SE ESTA REFIRIENDO A UNA POTESTAD QUE, NO SOLO NO AFECTA A DICHA DELIMITACION, SINO TAMPOCO A LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES, DEBIENDO SER ENCUADRADA EN LA COMPETENCIA DE ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTA JUDICIAL, QUE, COMO SE HA DICHO, ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO.

23.

EL GOBIERNO VASCO Y LA JUNTA DE GALICIA IMPUGAN EL ART. 90, ASI COMO LOS ARTS. 92, 94 Y 96; PRECEPTOS ESTOS TRES ULTIMOS QUE TAMBIEN COMBATEN EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD Y EL PARLAMENTO DE CATALUÑA. DICHOS CUATRO ARTICULOS HACEN COINCIDIR, EN PRINCIPIO Y RESPECTIVAMENTE, LA DEMARCACION CORRESPONDIENTE A LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, DE LO SOCIAL, DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Y DE MENORES CON LA PROVINCIA, ES DECIR, ESTAN FIJANDO Y DELIMITANDO DEMARCACIONES DE AMBITO PROVINCIAL, SOBRE LAS QUE NO EXISTE POSIBILIDAD DE DISPOSICION POR PARTE DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS: EN ESTE ASPECTO, NO CABE DISCUTIR LA COMPETENCIA ESTATAL.

EN CUANTO LOS MENCIONADOS ARTICULOS PREVEN QUE LOS ORGANOS JUDICIALES A QUE SE REFIEREN PUEDAN EXTENDER SU JURISDICCION A AMBITOS DISTINTOS DEL PROVINCIAL (A MAS DE UNA PROVINCIA EN EL CASO DEL ART. 90.3; A AMBITOS INFERIORES AL PROVINCIAL EN LOS CASOS DEL ART. 92.1, 94.3 Y 96) DEBE TENERSE EN CUENTA QUE NO SE ESTABLECE DETERMINACION ALGUNA EN CUANTO A LA EXCLUSION DE LA PARTICIPACION, SI PROCEDIERA, DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN LA FIJACION DE LOS LIMITES DE LOS CORRESPONDIENTES AMBITOS DE JURISDICCION:

TAL PARTICIPACION HABRIA DE LLEVARSE A CABO DE ACUERDO CON EL CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS EXPUESTO UT SUPRA , Y LOS ARTICULOS DE QUE SE TRATA NO SE PRONUNCIAN SOBRE ESTA CUESTION. EN CONSECUENCIA, ENTRE LOS PRECEPTOS INDICADOS, Y LAS PREVISIONES ESTATUTARIAS NO EXISTE CONTRADICCION ALGUNA; EN DEFINITIVA, EN LOS INDICADOS PRECEPTOS NO SE PRECISA QUE HAYA DE EXCLUIRSE A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON COMPETENCIAS AL RESPECTO, DEL PROCESO DE LA DELIMITACION CORRESPONDIENTE.

24. FINALMENTE, EN LO QUE SE REFIERE A LA DELIMITACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES, TANTO LA JUNTA DE GALICIA COMO EL GOBIERNO VASCO IMPUGNAN EL ART. 99. ESTE PRECEPTO SE LIMITA A HACER UNA PREVISION ABSTRACTA RESPECTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ, SIN HACER REFERENCIA ALGUNA A SU DELIMITACION; ES MAS, EL PRECEPTO ESTA DANDO POR SUPUESTA LA POTESTAD DE DELIMITACION DE LOS TERMINOS MUNICIPALES POR PARTE DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. EN EFECTO, EL CITADO ARTICULO PREVE QUE EN CADA MUNICIPIO EN QUE NO EXISTA JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION HABRA UN JUZGADO DE PAZ; COMO QUIERA QUE EL MUNICIPIO A EFECTOS JUDICIALES DEBE COINCIDIR CON LA DEMARCACION ADMINISTRATIVA DEL MISMO NOMBRE, QUE SI ES COMPETENCIA AUTONOMICA, LO QUE EN ULTIMA INSTANCIA EL ART.

99 ESTA DICIENDO ES QUE EN CADA DEMARCACION MUNICIPAL, DELIMITADA POR LA RESPECTIVA COMUNIDAD AUTONOMA, EN QUE NO EXISTA JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION EXISTIRA UN JUZGADO DE PAZ, LO QUE ES UNA DETERMINACION PLENAMENTE RESPETUOSA CON LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS, SIN MAS PRECISION QUE LA ASIGNACION DE LA <CIRCUNSCRIPCION> MUNICIPIO AL <TIPO> DE ORGANO JURISDICCIONAL JUZGADO DE PAZ, LO QUE, FUERA DE TODA DUDA, ES COMPETENCIA DEL ESTADO POR INTEGRARSE EN LA COMPETENCIA DE ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTA JUDICIAL. FINALMENTE, NO ES CIERTO QUE EL ART. 99 DE LA LOPJ PERMITA QUE DOS MUNICIPIOS CONSTITUYAN UN SOLO JUZGADO DE PAZ, PUES LO QUE SE LIMITA ES A PRECISAR EN SU APARTADO 2 QUE PODRA EXISTIR UNA SOLA SECRETARIA PARA VARIOS JUZGADOS DE PAZ, LO QUE ES ALGO MUY DISTINTO, QUE, DE OTRO LADO, NADA TIENE QUE VER CON LA DELIMITACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES.

25. LA SEGUNDA COMPETENCIA QUE EN ORDEN A PARTICIPAR EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES HAN ASUMIDO LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, ES LA DE LA FIJACION DE LA CAPITALIDAD DE AQUELLAS INTEGRADA EN LA ORGANIZACION DE LAS MISMAS, EN CUANTO IMPLICA DETERMINAR LA LOCALIDAD (EN EL TERMINO PREVIAMENTE DELIMITADO) EN QUE VA A TENER SU SEDE EL CORRESPONDIENTE ORGANO JURISDICCIONAL. LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN EL ART.

152.1 C.E., PUES, RELATIVAS A LA PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES SON TAMBIEN Y EN LA MISMA MEDIDA, APLICABLES A LA FIJACION DE LA CAPITALIDAD; Y CABE TAMBIEN APLICAR A ESTA MATERIA LAS CONSIDERACIONES EFECTUADAS EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 18 RESPECTO A LA NO RELEVANCIA, EN ESTE SUPUESTO, DE LAS CLAUSULAS SUBROGATORIAS.

LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA DE CATALUÑA (ART. 18.2) Y DE GALICIA (ART. 20.2) HAN ATRIBUIDO A SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES AUTONOMAS COMPETENCIA PARA LOCALIZAR LA CAPITALIDAD DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES, SIN MAS PRECISION, EN TANTO QUE EL ESTATUTO DE AUTONOMIA DEL PAIS VASCO (ART.

34.1, PARRAFO SEGUNDO) HA LIMITADO DICHA COMPETENCIA PARA EL CASO DE LAS DEMARCACIONES DE AMBITO INFERIOR AL PROVINCIAL.

NO OBSTANTE, LA DICCION DE LOS ESTATUTOS CATALAN Y GALLEGO HA DE ENTENDERSE QUE TAL COMPETENCIA SOLO SE EXTIENDE (DEJANDO AL MARGEN LA SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA) A LAS DEMARCACIONES DE AMBITO DIFERENTE DEL PROVINCIAL. EN EFECTO, EN LA ACTUAL CONFIGURACION PROVINCIAL ESPAÑOLA, LA DEFINICION DE SU CAPITALIDAD Y, POR TANTO, DE LA SEDE DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE AMBITO PROVINCIAL, APARECE COMO ELEMENTO DEFINITORIO, INTIMAMENTE LIGADO A LA MISMA EXISTENCIA DE LA PROVINCIA, E INALTERADO (CON LA SOLA EXCEPCION DE LAS PROVINCIAS CANARIAS) DESDE SU CREACION LA RESERVA A LA LEY DE CORTES QUE EFECTUA EL ART. 141 C.E. RESPECTO DE LA ALTERACION DE LOS LIMITES PROVINCIALES, IMPLICA, POR CONSIGUIENTE, TAMBIEN, UNA RESERVA A LA LEY ESTATAL DE UN ELEMENTO ESENCIAL DE LA PROVINCIA COMO ES SU CAPITALIDAD. DEBE ENTENDERSE, POR TANTO, QUE LA INDISPONIBILIDAD PARA LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE LA DELIMITACION DE LA DEMARCACION PROVINCIAL A EFECTOS JUDICIALES IMPLICA NECESARIAMENTE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD SOBRE LA CAPITALIDAD DE ESA DEMARCACION.

EN CONCLUSION, LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE CATALUÑA Y DE GALICIA, AL IGUAL QUE LA DEL PAIS VASCO, TIENEN LIMITADA SU COMPETENCIA PARA LOCALIZAR LA CAPITALIDAD DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES A LAS DE AMBITO DISTINTO DEL PROVINCIAL.

26. EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA IMPUGNA A ESTE RESPECTO EL ART. 35.6 DE LA LOPJ. ESTE PRECEPTO DISPONE QUE <LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DETERMINARAN, POR LEY, LA CAPITALIDAD DE LOS PARTIDOS JUDICIALES>. SEGUN EL MENCIONADO ORGANO IMPUGNANTE, ESTE PRECEPTO ESTA VICIADO DE INCONSTITUCIONALIDAD AL IMPONER UNA RESERVA DE LEY AUTONOMICA NO PREVISTA NI EN LA CONSTITUCION NI EN SU ESTATUTO DE AUTONOMIA.

CIERTAMENTE, LA DETERMINACION DE CUAL SEA EL ORGANO QUE HA DE EJERCER LA COMPETENCIA Y CUAL DEBA SER LA NORMA O RANGO DE LA NORMA A TRAVES DE LA CUAL HAYA DE EJERCERSE DICHA COMPETENCIA ES INDISOCIABLE DE LA TITULARIDAD DE LA COMPETENCIA EN CUESTION (STC 32/1983). EN PRINCIPIO, LA DETERMINACION POR EL ESTADO DEL RANGO DE LA NORMA A TRAVES DE LA CUAL LAS COMUNIDADES AUTONOMAS HAN DE EJERCER UNA COMPETENCIA QUE LES ES PROPIA SUPONE INMISCUIRSE EN EL AMBITO DE AUTONOMIA PROPIO DE AQUELLAS, PORQUE INDIRECTAMENTE ESTA PREDETERMINANDO QUE ORGANO DE LAS MISMAS HA DE EJERCER LA COMPETENCIA EN CUESTION, LO QUE NO ES ADMISIBLE SI SE TIENE PRESENTE EL ART. 148.1.1. DE LA CONSTITUCION.

AHORA BIEN, EN EL SUPUESTO DEBATIDO DEBE TENERSE PRESENTE QUE CUANDO EL ART. 152.1, PARRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCION ABRE LA POSIBILIDAD DE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PUEDAN PARTICIPAR EN LA ORGANIZACION DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES, CONDICIONA DICHA POSIBILIDAD A QUE LA PARTICIPACION LO SEA SIEMPRE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LOPJ. NADA IMPIDE, PUES, DESDE ESTA PERSPECTIVA QUE DICHA LEY ORGANICA ARTICULE EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS HAN ASUMIDO A TRAVES DE SUS ESTATUTOS DE AUTONOMIA EN VIRTUD DEL MENCIONADO PRECEPTO CONSTITUCIONAL, ESTABLECIENDO EL MODO DE EJERCICIO; EN CONSECUENCIA, NO EXISTE OBSTACULO ALGUNO PARA QUE ESTABLEZCA QUE LA COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA LOCALIZAR LA CAPITALIDAD DE LOS PARTIDOS JUDICIALES SE EJERZA MEDIANTE LEY.

27. EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD Y EL PARLAMENTO DE CATALUÑA, ASI COMO EL GOBIERNO VASCO, IMPUGNAN LOS ARTS. 78, POR LOCALIZAR LA SEDE DE LAS SALAS DE LO SOCIAL O DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CON JURISDICCION LIMITADA A UNA O VARIAS PROVINCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, EN CUYA CAPITAL TENDRAN SU SEDE; 80.1, POR ESTABLECER LA SEDE DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES EN LA CAPITAL DE LAS RESPECTIVAS PROVINCIAS; 90.1, POR DESIGNAR LA SEDE DE LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO; 95.2, POR AUTORIZAR AL GOBIERNO PARA ESTABLECER LA SEDE DE LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA, Y 96, AL IMPLANTAR LA SEDE DE LOS JUZGADOS DE MENORES EN LA CAPITAL DE CADA PROVINCIA. LA JUNTA DE GALICIA DE LOS PRECEPTOS INDICADOS IMPUGNA EXCLUSIVAMENTE LOS ARTS. 80.1, 90.1 Y 96.

LOS ANTERIORES PRECEPTOS, AUNQUE NO ESTAN FIJANDO DIRECTAMENTE LA CAPITALIDAD DE LAS CORRESPONDIENTES DEMARCACIONES JUDICIALES, QUE ES PARA LO QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS HAN ASUMIDO COMPETENCIA, INDIRECTAMENTE SI LO HACEN, EN LA MEDIDA EN QUE SI LA SEDE DE LOS ORGANOS JUDICIALES HA DE SER LA DE LA CAPITALIDAD DE SU DEMARCACION, AL FIJARSE AQUELLA SE ESTA PREDETERMINANDO ESTA. AHORA BIEN, AUN SIENDO ELLO CIERTO, HA DE TENERSE PRESENTE QUE EL AMBITO DE LA JURISDICCION DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE QUE SE TRATA ES DE ALCANCE PROVINCIAL (ART. 80.1, AUDIENCIAS PROVINCIALES; 90.1, JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO; 96, JUZGADOS DE MENORES) O SE HALLAN INTEGRADOS EN LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA (ART. 78) DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, NO EXISTIENDO, COMO YA HA QUEDADO DICHO, INVASION COMPETENCIAL ALGUNA, PUES LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, QUE NO TIENEN COMPETENCIA PARA DELIMITAR LAS DEMARCACIONES DE DICHO AMBITO, TAMPOCO LA TIENEN PARA LOCALIZAR SU CAPITALIDAD. LA UNICA EXCEPCION LA CONSTITUYEN LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA, QUE PUEDEN (ART. 94.3) TENER UN AMBITO JURISDICCIONAL INFERIOR AL PROVINCIAL. PERO, EN ESTE SUPUESTO, SE PREVE LA PARTICIPACION DE LA CORRESPONDIENTE COMUNIDAD AUTONOMA EN LA FIJACION DE SU SEDE, MEDIANTE LA CONSULTA, DISPUESTA EN EL ART. 95.2, QUE ESTABLECE, CON CARACTER PRECEPTIVO, LA PREVIA AUDIENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA AFECTADA. 28. LA JUNTA DE GALICIA Y EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA GENERALIDAD IMPUGNAN TAMBIEN LOS ARTS. 80.2 Y 90.2 (ESTE ULTIMO PRECEPTO TAMBIEN ES DISCUTIDO POR EL PARLAMENTO CATALAN). EL ART. 80.2 DICE TEXTUALMENTE QUE <PODRAN CREARSE SECCIONES DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL FUERA DE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA, A LAS QUE QUEDARAN ADSCRITOS UNO O VARIOS PARTIDOS JUDICIALES>, Y EL 90.2 QUE <SE PODRAN ESTABLECER UNO O MAS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO EN LAS POBLACIONES QUE POR LEY SE DETERMINEN.

TOMARAN LA DENOMINACION DEL MUNICIPIO DE SU SEDE Y EXTENDERAN SU JURISDICCION AL PARTIDO CORRESPONDIENTE>.

LOS ANTERIORES DOS PRECEPTOS EFECTIVAMENTE SE ESTAN REFIRIENDO A ORGANOS JURISDICCIONALES CON COMPETENCIA INFRAPROVINCIAL Y QUE, POR LO TANTO, TENDRAN DEMARCACIONES INFERIORES AL AMBITO PROVINCIAL, PERO EN NINGUN MOMENTO ESTAN LOCALIZANDO LA CAPITALIDAD DE LAS MISMAS, SINO SIMPLEMENTE ABRIENDO LA POSIBILIDAD DE CREACION DE TALES ORGANOS Y, EN EL CASO DEL ART. 90.2, PRECISANDO QUE EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE TOMARA LA DENOMINACION DEL MUNICIPIO DE SU SEDE, QUE HABRIA DE SER EL DE LA CAPITALIDAD DE LA DEMARCACION (ESTO ES, EL PARTIDO JUDICIAL CORRESPONDIENTE), CUYA LOCALIZACION SE EFECTUARA POR QUIEN SEA COMPETENTE PARA ELLO, PERO EN NINGUN MOMENTO ESTA EFECTUANDO DICHA LOCALIZACION, NI AFIRMANDO QUE PARA ELLO NO SEAN COMPETENTES LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

EL ART. 84 DE LA LOPJ, EN CUANTO FIJA LA SEDE DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION EN LA CAPITALIDAD DEL PARTIDO, ES IMPUGNADO POR EL GOBIERNO VASCO Y EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA. SE HA DE PRECISAR QUE EN ESTE ARTICULO NO SE PRIVA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON COMPETENCIA PARA ELLO, DE LA LOCALIZACION DE LA CAPITALIDAD DE LOS PARTIDOS JUDICIALES: SIMPLEMENTE SE VIENE A ESTABLECER QUE, DETERMINADA LA CAPITALIDAD DE LOS MISMOS, DEBERA RADICARSE EN ELLA LA SEDE DE LOS JUZGADOS EN CUESTION, SIN QUE QUEPA, POR TANTO, OTRA POSIBLE DISTRIBUCION TERRITORIAL DE ESOS JUZGADOS. SE TRATA, PUES, DE UNA DISPOSICION DE TIPO ORGANIZATIVO, QUE EN NADA AFECTA A LA COMPETENCIA AUTONOMICA PARA DETERMINAR LIBREMENTE LA CAPITALIDAD DE LOS PARTIDOS JUDICIALES.

29. EL GOBIERNO VASCO Y LA JUNTA DE GALICIA IMPUGNAN EL ART. 92.1. ESTE PRECEPTO, AL IGUAL QUE OTROS PRECEPTOS YA EXAMINADOS, FIJA LA SEDE DE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL EN LA CAPITAL DE LA PROVINCIA, CON LO QUE INDIRECTAMENTE ESTA LOCALIZANDO SU CAPITALIDAD, PERO COMO QUIERA QUE SE TRATA DE ORGANOS DE COMPETENCIA PROVINCIAL CON, EN CONSECUENCIA, DEMARCACION DE DICHO AMBITO, LA COMPETENCIA PARA LOCALIZAR LA CAPITALIDAD ES ESTATAL. EN SU SEGUNDO INCISO, EL PRECEPTO PREVE LA POSIBILIDAD DE CREAR JUZGADOS DE LO SOCIAL QUE SE ESTABLEZCAN EN POBLACIONES DISTINTAS DE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA, EN CUYO CASO SE DELIMITARA SU AMBITO JURISDICCIONAL; ESTE INCISO SE ESTA REFIRIENDO A ORGANOS DE COMPETENCIA INFERIOR A LA PROVINCIAL, PERO EN NINGUN CASO ESTA LOCALIZANDO LA CAPITALIDAD DE LAS CORRESPONDIENTES DEMARCACIONES, NI TAMPOCO DELIMITANDO ESTAS, ES MAS, PREVE QUE SE DELIMITARAN HA DE ENTENDERSE QUE POR QUIEN SEA COMPETENTE PARA ELLO Y QUE SE ESTABLECERAN EN POBLACIONES DISTINTAS DE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA HA DE ENTENDERSE, TAMBIEN, EN LA POBLACION QUE SE FIJE, POR QUIEN SEA COMPETENTE PARA ELLO, COMO CAPITAL DE LA DEMARCACION QUE SE DELIMITE . EN SUMA, EL PRECEPTO NO ESTA ATRIBUYENDO AL ESTADO TALES COMPETENCIAS NI, DE OTRO LADO, NIEGA QUE LAS MISMAS SEAN COMPETENCIAS AUTONOMICAS.

30. FINALMENTE, LA JUNTA DE GALICIA COMBATE LOS ARTS. 94 Y 99 DE LA LOPJ.

EL ART. 94, QUE SE REFIERE A LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA, NO CONTIENE NINGUNA DISPOSICION QUE AFECTE, NI SIQUIERA INDIRECTA O INCIDENTALMENTE, A LA LOCALIZACION DE LA CAPITALIDAD DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES.

RESPECTO AL ART. 99 PUEDE DECIRSE LO MISMO, CON REFERENCIA A LOS JUZGADOS DE PAZ, QUE LO DICHO RESPECTO AL ART. 84 CON OCASION DE LA IMPUGNACION QUE DE ESTE PRECEPTO HAN HECHO EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD Y EL GOBIERNO VASCO: NO ES LO MISMO FIJAR LA SEDE DE UN ORGANO JUDICIAL QUE LOCALIZAR LA CAPITALIDAD DE SU DEMARCACION JUDICIAL; PARA ESTO SI TIENEN COMPETENCIAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN LO QUE SE REFIERE A LAS DEMARCACIONES INFERIORES A LA PROVINCIA, PARA AQUELLO NO; EL ART. 99 SE LIMITA A PRECISAR QUE EN LOS MUNICIPIOS EN QUE NO EXISTA JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION HABRA UN JUZGADO DE PAZ, EN MODO ALGUNO ESTE PRECEPTO ESTA FIJANDO LA CAPITALIDAD DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES A DICHOS JUZGADOS, ESTO ES, DE LOS MUNICIPIOS, NI NIEGA QUE TAL COMPETENCIA SEA AUTONOMICA.

31. EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD Y EL PARLAMENTO DE CATALUÑA IMPUGNAN EL ART. 86.2. EN SU DEMANDA EL MENCIONADO CONSEJO EJECUTIVO AFIRMA QUE EL REGISTRO CIVIL CONSTITUYE UNA FUNCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES (ART. 2.2 DE LA LOPJ), POR LO QUE CONCLUYE QUE LA GENERALIDAD ES COMPETENTE SOBRE SU DEMARCACION Y SEDE. EN ATENCION A ELLO, ES, A SU JUICIO, INCONSTITUCIONAL EL ART. 86.2 DE LA LOPJ, EL CUAL EXPRESAMENTE DISPONE QUE <LA LEY DE PLANTA DETERMINARA LAS POBLACIONES EN LAS QUE UNO O VARIOS JUECES DESEMPEÑARAN CON EXCLUSIVIDAD FUNCIONES DE REGISTRO CIVIL, Y EN LAS CIUDADES EN QUE HUBIERE MAS DE UN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA, CUAL O CUALES DE ENTRE ELLOS SE ENCARGARAN DEL REGISTRO CIVIL>.

LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA FUNCION REGISTRAL CIVIL FUERA ENCOMENDADA CUANDO SE CREO ESTA INSTITUCION EN NUESTRO DERECHO LEY DE 17 DE JULIO DE 1870 , POR RAZONES QUE AHORA ES INNECESARIO EXPONER, A LOS ORGANOS JUDICIALES, NO CONVIERTEN AUTOMATICAMENTE AQUELLA FUNCION EN JURISDICCIONAL.

EL REGISTRO CIVIL, PESE A ESTAR ENCOMENDADA SU LLEVANZA A ORGANOS JUDICIALES, NO ES FUNCION JURISDICCIONAL, SINO REGISTRAL. ASI EXPRESAMENTE SE DEDUCE DEL ART. 2 DE LA LOPJ QUE, TRAS PRECISAR EN SU APARTADO 1. QUE EL EJERCICIO DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL CORRESPONDE A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES, EN EL 2. PUNTUALIZA QUE ESTOS, ADEMAS DE LA FUNCION JURISDICCIONAL, NO PODRAN EJERCER MAS FUNCIONES QUE LAS DEL REGISTRO CIVIL Y LAS DEMAS QUE EXPRESAMENTE LES ATRIBUYA LA LEY EN GARANTIA DE CUALQUIER DERECHO.

LOS JUECES A LOS QUE, ADEMAS DEL EJERCICIO DE LA CORRESPONDIENTE FUNCION JURISDICCIONAL, SE LES ENCOMIENDA LA LLEVANZA DEL REGISTRO CIVIL, EN ESTA FUNCION NO ACTUAN COMO ORGANOS JURISDICCIONALES, SINO COMO REGISTRADORES O ENCARGADOS DEL REGISTRO.

SIENDO ELLO ASI, NO EXISTE LA MENOR DUDA DE QUE EL TITULO COMPETENCIAL APLICABLE VIENE CLARAMENTE DETERMINADO POR EL ART.

149.1.8. DE LA CONSTITUCION QUE ATRIBUYE COMPETENCIA EXCLUSIVA AL ESTADO PARA LA ORDENACION DE LOS REGISTROS E INSTRUMENTOS PUBLICOS Y HA DE SER EN ELLA EN LA QUE HA DE AMPARARSE PARA DETERMINAR LA DEMARCACION REGISTRAL, COMO ASPECTO ESPECIFICO DE ESA FACULTAD GENERICA DE ORDENACION DE LOS REGISTROS (SSTC 18/1982, 33/1982, 39/1982 Y 97/1989).

EN EL CASO DEL REGISTRO CIVIL LA DEMARCACION REGISTRAL VIENE DETERMINADA POR REFERENCIA A LA DEMARCACION DEL ORGANO JUDICIAL AL QUE SE LE ENCOMIENDA SU LLEVANZA, POR LO QUE EN RELACION CON AQUELLA DEMARCACION VALE AQUI LO DICHO SOBRE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES. CUANDO EL ART. 86.2 DE LA LOPJ PRECISA QUE LA LEY DE PLANTA DETERMINARA LAS POBLACIONES EN LAS QUE UNO O VARIOS JUECES DESEMPEÑARAN CON EXCLUSIVIDAD FUNCIONES DE REGISTRO CIVIL Y, EN LAS CIUDADES EN QUE HUBIERE MAS DE UN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA, CUAL O CUALES DE ENTRE ELLOS SE ENCARGARAN DEL REGISTRO CIVIL, ESTA EJERCIENDO UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA ESTATAL (ART. 149.1.8. DE LA C.E.), EN LA QUE NECESARIAMENTE HA DE INCLUIRSE QUE ORGANO U ORGANOS HAN DE EJERCER LA FUNCION REGISTRAL; DE NO ENTENDERSE ASI LA COMPETENCIA ESTATAL EXCLUSIVA EN LA MATERIA QUEDARIA VACIA DE CONTENIDO (STC 97/1989).

D. COMPETENCIAS DE ORGANOS JURISDICCIONALES

32. JUNTO A LAS IMPUGNACIONES REFERIDAS A LOS EFECTOS DE LAS

CLAUSULAS SUBROGATORIAS ESTATUTARIAS, Y A LA COMPETENCIA AUTONOMICA DE PARTICIPACION EN LAS DEMARCACIONES JUDICIALES, LOS RECURSOS ACUMULADOS IMPUGNAN, EN UN TERCER BLOQUE TEMATICO, UN CONJUNTO DE PRECEPTOS DE LA LOPJ RELATIVOS AL DISEÑO COMPETENCIAL DE LOS ORGANOS JUDICIALES. EN CONCRETO, SE REFIEREN: EN PRIMER LUGAR, A LOS TERMINOS EN QUE DICHA LEY ORGANICA ATRIBUYE COMPETENCIA AL TRIBUNAL SUPREMO PARA CONOCER DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS EN MATERIA CIVIL, DE LA CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y DE LA CASACION EN EL ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO; EN SEGUNDO LUGAR, A LA COMPETENCIA ATRIBUIDA A LA AUDIENCIA NACIONAL EN MATERIA PENAL; Y, POR ULTIMO, LOS ORGANOS QUE TIENEN ENCOMENDADA LA SOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE JURISDICCION Y DE COMPETENCIA.

CON CARACTER PREVIO AL ANALISIS INDIVIDUALIZADO DE LAS CUESTIONES ENUMERADAS, DEBEN, SIN EMBARGO, RECHAZARSE LOS REPAROS QUE UNICAMENTE FORMULA LA JUNTA DE GALICIA A LOS ARTS. 73, 74, 75 Y 82.2 Y 3 DE LA LOPJ, PORQUE, CONFORME A ELLOS LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SE CONFIGURA COMO ORGANO JURISDICCIONAL, EN UNICA INSTANCIA, PARA SUPUESTOS ESPECIALES Y NO COMO ORGANO DE APELACION FRENTE A LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION.

EN EFECTO, NINGUNO DE LOS ARGUMENTOS ADUCIDOS PUEDE SER ACOGIDO. POR UNA PARTE, LA CULMINACION EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA ORGANIZACION JUDICIAL EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, ESTABLECIDA EN LOS ARTS.

152 C.E. Y 21 EAG, NO COMPORTA QUE EL AGOTAMIENTO DE LAS INSTANCIAS PROCESALES SE HAYA DE PRODUCIR NECESARIAMENTE Y EN TODOS LOS ORDENES JURISDICCIONALES ANTE DICHO ORGANO, SINO TAN SOLO LA INEXISTENCIA DE NINGUN OTRO ORGANO JURISDICCIONAL JERARQUICAMENTE SUPERIOR, CON INDEPENDENCIA DE LA SALVEDAD QUE, RESPECTO AL TRIBUNAL SUPREMO, RESULTA DEL ART. 123 C.E. LA UNICA EXIGENCIA CONSTITUCIONALMENTE IMPUESTA POR DICHOS PRECEPTOS EN ORDEN A LAS INSTANCIAS PROCESALES ES QUE SU PRECLUSION SE PRODUZCA ANTE ORGANOS RADICADOS EN EL PROPIO TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA SI EN ELLA LO ESTA EL ORGANO COMPETENTE DE LA PRIMERA INSTANCIA.

POR OTRA, RESPECTO DE LA PERVIVENCIA DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN LOS ORDENES CIVIL Y PENAL, NO DEBE OLVIDARSE QUE, COMO SE HA DICHO, LA CIRCUNSCRIPCION PROVINCIAL ES UNA DIVISION TERRITORIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTATALES CONSAGRADAS POR LA PROPIA CONSTITUCION EN EL ART. 141.1, Y ENTRE AQUELLAS FIGURA SEÑALADAMENTE LA DEL PODER JUDICIAL, QUE, AUNQUE SE CONFIGURE EN ORDEN A LAS INSTANCIAS PROCESALES A PARTIR DE LA DIMENSION TERRITORIAL DE LA INSTITUCION AUTONOMICA, ES UNICO PARA TODO EL ESTADO.

33.

COINCIDEN LOS RECURRENTES EN SOSTENER QUE EL ART. 73.1 Y 2, EN RELACION CON EL ART. 56.1 DE LA LOPJ, RESULTA CONTRARIO A LOS ARTS. 152.1 DE LA CONSTITUCION, 19 Y 20.1 A) DEL EAC, 21 DEL EAG Y 34.1 Y 14.1 A) DEL EAPV.

EN TAL SENTIDO EXPONEN QUE EL CITADO ART. 152.1 C.E. Y LOS MENCIONADOS PRECEPTOS ESTATUTARIOS, EN LO QUE SE REFIERE AL DERECHO CIVIL PROPIO DE LA COMUNIDAD, ATRIBUYEN A LOS ORGANOS JUDICIALES DE CATALUÑA, GALICIA Y PAIS VASCO, RESPECTIVAMENTE, EL CONOCIMIENTO DE TODAS LAS INSTANCIAS Y GRADOS, INCLUIDOS LOS RECURSOS DE CASACION Y REVISION, DISPONIENDO EL AGOTAMIENTO DE AQUELLAS EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA QUE CULMINA LA ORGANIZACION JUDICIAL EN SU AMBITO TERRITORIAL. LA RESERVA COMPETENCIAL, EN DICHA MATERIA, ES, POR TANTO, DE TODO TIPO DE RECURSOS ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS, RESPONDIENDO LA UNICA REFERENCIA EXPLICITA A LOS RECURSOS DE CASACION Y REVISION AL HECHO DE QUE ERAN LOS UNICOS DE CARACTER EXTRAORDINARIO PREVISTOS ENTONCES EN LA LEGISLACION PROCESAL.

LA LOPJ, SI BIEN EN EL ART.

73.1 ATRIBUYE A LA SALA DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES LOS RECURSOS DE CASACION Y EXTRAORDINARIO DE REVISION CONTRA RESOLUCIONES Y SENTENCIAS DE ORGANOS JUDICIALES CON SEDE EN LA COMUNIDAD AUTONOMA, SIEMPRE QUE SE FUNDE EN INFRACCION DE NORMAS DE DERECHO CIVIL FORAL O ESPECIAL PROPIO DE LA COMUNIDAD O SE REFIERA A ESTAS MATERIAS, SI TAL ATRIBUCION SE HA PREVISTO EN EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO DE AUTONOMIA, EN EL ART. 56.1, SIN EMBARGO, ESTABLECE QUE CORRESPONDE A LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO EL CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS DE CASACION, REVISION Y OTROS EXTRAORDINARIOS EN MATERIA CIVIL QUE ESTABLEZCA LA LEY. DE DONDE CONCLUYEN LOS RECURRENTES QUE, AL NO DISTINGUIR ESTE ULTIMO PRECEPTO ENTRE EL DERECHO CIVIL COMUN Y DERECHO CIVIL FORAL O ESPECIAL, POR EL JUEGO DE AMBOS ARTICULOS, PODRIA RESULTAR ATRIBUIDO A LA CORRESPONDIENTE SALA DEL TRIBUNAL SUPREMO UN RECURSO EXTRAORDINARIO, DISTINTO DE LOS DE CASACION Y REVISION, EN ASUNTO REGULADO POR EL DERECHO CIVIL PROPIO DE LA COMUNIDAD.

LA ARGUMENTACION DE LOS RECURRENTES, EN SUS PROPIOS TERMINOS, NO CONDUCE A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS DE LA LOPJ IMPUGNADOS. COMO PONE DE RELIEVE EL ABOGADO DEL ESTADO, LAS NORMAS RECURRIDAS NO TIENEN COMO PROPOSITO ARTICULAR RECURSOS EXTRAORDINARIOS, SIENDO EVIDENTE QUE SI EL QUE EN EL FUTURO PUEDA ESTABLECERSE SE REFIERE A MATERIAS AJENAS AL DERECHO CIVIL PROPIO DE LAS COMUNIDADES, RESULTARIA INOBJETABLE, INCLUSO DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS RECURRENTES, LA NORMA ORGANICA ATRIBUTIVA DE COMPETENCIA.

ADEMAS DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EL ART. 152.1 C.E., DEJANDO A SALVO LA JURISDICCION QUE CORRESPONDE AL TRIBUNAL SUPREMO (ART.

123 C.E.), SOLO PREVIO PARA LOS ORGANOS JUDICIALES RADICADOS EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA EL AGOTAMIENTO DE LAS INSTANCIAS PROCESALES, EN LAS QUE CONCEPTUALMENTE NO ESTABAN INCLUIDOS LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS, EN GENERAL, NI EN PARTICULAR LOS RECURSOS DE CASACION Y REVISION.

EN EFECTO, EN PURIDAD DE PRINCIPIOS, LA INSTANCIA PROCESAL COMPORTA UN NUEVO EXAMEN O PLENO CONOCIMIENTO POR PARTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL ASUNTO INICIALMENTE JUZGADO, ALCANZANDO LA REVISION, TANTO A LA DETERMINACION DE LOS HECHOS (PERMITIENDO, INCLUSO, NUEVAS PRUEBAS EN DETERMINADOS CASOS Y VALORACION DE LA PRUEBA PRACTICADA ANTE EL JUEZ A QUO, COMO A LA DETERMINACION E INTERPRETACION DE LA NORMA APLICABLE; ESTO ES, COMO HA SEÑALADO ESTE TRIBUNAL, EL CONTROL DE LA TOTALIDAD DE LA ACTIVIDAD DEL ORGANO INFERIOR (SSTC. 90/1986 Y 145/1987).

FRENTE AL CARACTER ILIMITADO DE LOS MOTIVOS QUE PUEDEN HACERSE VALER EN LA NUEVA INSTANCIA Y DEL CARACTER PLENARIO DEL CONOCIMIENTO, QUE HACE QUE EL ORGANO JUDICIAL TENGA PARA DIRIMIRLA LOS MISMOS PODERES QUE EL ORGANO QUE DICTO LA RESOLUCION RECURRIDA, LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS SE CARACTERIZAN, PRECISAMENTE, PORQUE, COMO OCURRE EN LOS RECURSOS DE CASACION Y REVISION, LOS MOTIVOS DE INTERPOSICION ESTAN LEGALMENTE TASADOS Y A ELLOS SE REDUCE EL CONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL LLAMADO A RESOLVERLOS, QUE NO PUEDE PRONUNCIARSE SOBRE LA TOTALIDAD DE LA CUESTION LITIGIOSA. INCLUSO, CON RESPECTO AL RECURSO DE REVISION SE HA ELABORADO UNA CATEGORIA PROPIA, LA DE RECURSO EXCEPCIONAL, EN EL QUE SE EJERCITA UNA ACCION IMPUGNATORIA AUTONOMA FRENTE A UNA SENTENCIA YA FIRME (ART.

1.797 L.E.C.).

LA ATRIBUCION A LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS RECURSOS DE CASACION Y REVISION, EN RELACION A NORMAS Y MATERIAS DEL DERECHO CIVIL FORAL O ESPECIAL PROPIO DE LA COMUNIDAD, SE PRODUJO DE MANERA EXPRESA Y CONCRETA EN DETERMINADOS ESTATUTOS, Y A TAL PREVISION ESTATUTARIA SE REFIEREN IN FINE LOS PARRAFOS A) Y B) DEL ART. 73.1 DE LA LOPJ.

SOLO DE LA REFERENCIA EN LOS PRECEPTOS ESTATUTARIOS A TODOS LOS GRADOS, COMO CATEGORIA DISTINTA DE TODAS LAS INSTANCIAS, PUEDE EXTRAERSE UNA REGLA GENERALIZADORA DE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA CONOCER DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS EXISTENTES O QUE PUEDAN EXISTIR EN EL FUTURO EN EL AMBITO DEL DERECHO CIVIL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.

PERO, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA ENUMERACION DE LOS ESTATUTOS NO PUEDE CONSIDERARSE AGOTADORA DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS EXISTENTES, YA QUE DENTRO DE ELLOS PUEDE INCLUIRSE EL DE AUDIENCIA AL REBELDE, TAMBIEN DE CARACTER RESCINDENTE COMO EL DE REVISION REGULADO EN LOS ARTS. 762 A 789 DE LA L.E.C., EL FUNDAMENTO DE LA ATRIBUCION DEL CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS NO ES EN TODOS LOS CASOS EL MISMO.

ASI, PUEDE SOSTENERSE QUE LA <CASACION REGIONAL> ATIENDE DE MANERA EQUILIBRADA A LOS PRINCIPIOS DE UNIDAD Y DIVERSIDAD DEL DERECHO PRIVADO Y QUE LA SUPREMACIA DEL TRIBUNAL SUPREMO O SUJECION A SU JURISDICCION EN TODOS LOS ORDENES, CON INDEPENDENCIA DE LO DISPUESTO EN MATERIA DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, QUEDA SALVAGUARDADA POR LOS RECURSOS PREVISTOS EN LAS MATERIAS QUE LE SON PROPIAS; ES DECIR, AQUELLAS EN LAS QUE RESULTA IMPRESCINDIBLE UNIFICAR LA JURISPRUDENCIA, CIRCUNSTANCIA QUE NO SE DA CUANDO SE TRATA EXCLUSIVAMENTE DE DERECHO CIVIL AUTONOMICO.

LA EXPRESADA JUSTIFICACION, QUE NO ES YA PREDICABLE DEL RECURSO DE REVISION, ATRIBUIDO EXPRESAMENTE AL TRIBUNAL SUPERIOR EN MATERIAS DE DERECHO CIVIL, FORAL O ESPECIAL PROPIO DE LA COMUNIDAD, HABIDA CUENTA DE LOS MOTIVOS PREVISTOS EN EL ART. 1.796 DE LA L.E.C. REFERIDOS A DETERMINADOS TIPOS DE ERROR DERIVADOS DE CIERTAS PRUEBAS Y A SENTENCIAS GANADAS INJUSTAMENTE EN VIRTUD DE COHECHO, VIOLENCIA U OTRA MAQUINACION FRAUDULENTA, Y NO A UNA DEFECTUOSA INTERPRETACION O APLICACION DE NORMAS JURIDICAS DEL DERECHO FORAL O ESPECIAL , TAMPOCO SERIA EXTENSIBLE A OTROS RECURSOS EXTRAORDINARIOS NO MENCIONADOS EN LA NORMA ESTATUTARIA QUE PUDIERAN ESTABLECERSE EN HIPOTESIS POR INFRACCION CONJUNTA DE NORMAS DE DERECHO CIVIL COMUN Y DE NORMAS DE DERECHO CIVIL FORAL O ESPECIAL O POR INFRACCION DE NORMA PROCESAL, EN LOS QUE LA NECESIDAD DE LA UNIFICACION JURISPRUDENCIAL POR EL TRIBUNAL SUPREMO ESTARIA PRESENTE.

34. LA REDACCION DEL ART. 5.4 LOPJ, QUE ATRIBUYE AL TRIBUNAL SUPREMO LA COMPETENCIA PARA DECIDIR EL RECURSO DE CASACION FUNDADO EN INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, A JUICIO TANTO DEL PARLAMENTO Y GENERALIDAD DE CATALUÑA COMO DEL GOBIERNO VASCO, SOLO PUEDE CONSIDERARSE CONFORME AL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD SI TAL ATRIBUCION DE CONOCIMIENTO SE ENTIENDE LIMITADA A LOS SUPUESTOS EN QUE DICHO RECURSO SE FUNDAMENTE, EXCLUSIVAMENTE, EN LA INFRACCION DE NORMA CONSTITUCIONAL. EN OTRO CASO, AL SER LA CONSTITUCION UNA NORMA DE APLICACION DIRECTA CUYO CONTENIDO HA DE INFORMAR TODO EL ORDENAMIENTO JURIDICO, POR LA PREVISION DEL PRECEPTO DE LA LEY ORGANICA, PODRIA DESAPODERARSE A LOS RESPECTIVOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LA COMPETENCIA QUE TIENEN ESTATUTARIAMENTE ATRIBUIDA PARA RESOLVER RECURSOS DE CASACION EN EL ORDEN CIVIL, MAXIME SI SE TIENE EN CUENTA LA POSIBILIDAD DE DEFRAUDAR EL PRECEPTO QUE SE DEJA AL ARBITRIO DEL RECURRENTE.

AUNQUE DEBA EVITARSE EL FRAUDE PROCESAL (ART. 11.2 LOPJ) QUE SUPONE SUSTRAER LA RESOLUCION AL TRIBUNAL QUE LEGALMENTE CORRESPONDA, COMO SEÑALA EL ABOGADO DEL ESTADO, LA MERA POSIBILIDAD DE QUE LA NORMA PUEDA SER DEFRAUDADA NO REPRESENTA EN SI MISMA OBJECION ALGUNA A LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO.

LA REAL DIMENSION DE LA IMPUGNACION DEL PRECEPTO SE TRADUCE, POR TANTO, UNICAMENTE EN DETERMINAR SI RESULTA VEDADO POR EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EL QUE CONOZCA EL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS RECURSOS DE CASACION QUE, ESTANDO CIERTAMENTE FUNDAMENTADOS EN INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, LO ESTEN TAMBIEN, CONJUNTAMENTE, EN VULNERACION DE NORMAS FORALES O DE DERECHO CIVIL ESPECIAL DE LA COMUNIDAD.

UNA INTERPRETACION DEL ART.

5.4 LOPJ EN TAL SENTIDO NO RESULTA CONTRARIA A LA PREVISION CONSTITUCIONAL Y ESTATUTARIA. EN EFECTO, PUESTO QUE LA RUPTURA DE LA UNIDAD DEL RECURSO RESULTA INVIABLE, EL CONOCIMIENTO DE DICHOS RECURSOS POR EL TRIBUNAL SUPREMO, Y NO POR CADA UNO DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA, ESTA JUSTIFICADO EN EL CARACTER DE ORGANO SUPREMO QUE LE ATRIBUYE EL ART. 123.1 C.E. Y POR LA NECESIDAD DE UNA INTERPRETACION Y APLICACION UNITARIA DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES EN LO QUE PUEDE CONSIDERARSE DERECHO CIVIL CONSTITUCIONAL, DERECHO PRIVADO CONSTITUCIONAL O DERECHO CIVIL EN LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL, QUE SOLO PUEDE LOGRARSE A TRAVES DE LA JURISPRUDENCIA DE DICHO TRIBUNAL SUPREMO, YA QUE A TAL EFECTO RESULTA INSUFICIENTE, DADO SU AMBITO OBJETIVO, EL RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL, LIMITADO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ARTS. 14 A 29, ADEMAS DE AL DERECHO DE OBJECION DE CONCIENCIA DEL ART. 30 (ARTS. 53.2 Y 161.B) C.E. Y 41.1 LOTC). BASTE RECORDAR A ESTOS EFECTOS LOS MULTIPLES PRECEPTOS DE LA CONSTITUCION QUE SE REFIEREN DIRECTA O INDIRECTAMENTE AL DERECHO CIVIL O AL DERECHO PRIVADO EN GENERAL, Y QUE, SIN EMBARGO, NO ESTAN SISTEMATICAMENTE UBICADOS NI EN EL ART. 14 NI EN LA SECCION 1. DEL CAPITULO SEGUNDO DEL TITULO I.

35. EL PARLAMENTO DE CATALUÑA ENTIENDE QUE EL ART. 58.4 DE LA LOPJ ES CONTRARIO AL ART. 20.1 C) DEL EAC PORQUE ESTABLECE UN RECURSO DE CASACION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, QUE ATRIBUYE A LA CORRESPONDIENTE SALA DEL TRIBUNAL SUPREMO, FRENTE A SENTENCIAS DICTADAS EN UNICA INSTANCIA POR LAS SALAS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, EN RELACION CON ACTOS Y DISPOSICIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y SIEMPRE QUE DICHO RECURSO SE FUNDE EN INFRACCION DE NORMAS NO EMANADAS DE ORGANOS DE AQUELLAS; REPROCHA A DICHO PRECEPTO QUE UTILICE COMO CRITERIO PARA LA INTERVENCION DEL TRIBUNAL SUPREMO EL DE LA PROCEDENCIA DE LA NORMA Y NO EL DE LA MATERIA QUE REGULA.

DICHO ARGUMENTO ES TAMBIEN UTILIZADO TANTO POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, QUE AÑADE, ADEMAS, QUE EL RECURSO DE CASACION NO QUEDA CONFIGURADO COMO UNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA, LO QUE RESULTA INCOMPATIBLE CON EL ART. 152.1 C.E., COMO POR EL GOBIERNO VASCO, QUE MANTIENE LA VULNERACION DEL ART. 14.1 C) DEL EAPV, SEÑALANDO QUE AL NO ATENDERSE ASI LA NORMA INFRINGIDA EN QUE SE FUNDE EL RECURSO DE CASACION REGULA MATERIA DE EXCLUSIVA COMPETENCIA AUTONOMICA, SINO SOLO AL ORGANO QUE LA DICTA, PUEDE RESULTAR QUE ACTOS DICTADOS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA, EN MATERIAS DE SU COMPETENCIA EXCLUSIVA, PERO AUN NO DESARROLLADAS NORMATIVAMENTE, SE SUSTRAIGAN AL CONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

EN PRIMER LUGAR, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA NORMATIVA DE LA LOPJ EN ESTE ASPECTO NO CONTRADICE LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA VASCO Y CATALAN, QUE RESERVAN A LA COMPETENCIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN LAS RESPECTIVAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN EL ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS <EN LAS MATERIAS CUYA LEGISLACION EXCLUSIVA CORRESPONDE A LA COMUNIDAD AUTONOMA> (ART.

14.1 C) EAPV, Y 20.1 C) EAC) SIN ESTABLECER, POR TANTO, EL CRITERIO BASADO EN EL ORIGEN (ESTATAL O AUTONOMICO), DEL ACTO ADMINISTRATIVO COMO FUNDAMENTO PARA LA RESERVA EN TODAS LAS INSTANCIAS Y GRADOS A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES SITOS EN LA CORRESPONDIENTE COMUNIDAD. EL CRITERIO SEGUIDO POR LA LOPJ RESULTA JUSTIFICADO EN CUANTO LA INTERVENCION DEL TRIBUNAL SUPREMO MEDIANTE EL RECURSO DE CASACION CUANDO SE FUNDA EN INFRACCION DE NORMAS ESTATALES SUPONE QUE SE ELABORARA UNA INTERPRETACION Y JURISPRUDENCIA UNITARIA SOBRE TALES NORMAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, POR UN ORGANO JUDICIAL DE ESE ALCANCE. A LO QUE HA DE AÑADIRSE QUE EL PRECEPTO ORGANICO VIENE DE HECHO A INTERPRETAR EXTENSIVAMENTE LAS DISPOSICIONES ESTATUTARIAS, AL EXCLUIR DE LA CASACION ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA EN RELACION CON ACTOS Y DISPOSICIONES DE LAS COMUNIDADES QUE SE FUNDEN EN INFRACCION DE NORMAS EMANADAS DE ORGANOS DE AQUELLAS, NO SOLO EN MATERIAS EN QUE LES CORRESPONDE LA LEGISLACION EXCLUSIVA SINO TAMBIEN EN LAS QUE SON DE COMPETENCIA COMPARTIDA O CONCURRENTE.

POR OTRA PARTE, RESULTA IRRELEVANTE EL ARGUMENTO REFERIDO A LA EVENTUALIDAD DE QUE LA COMUNIDAD NO HAYA DESARROLLADO NORMATIVAMENTE LA MATERIA CUYA COMPETENCIA TIENE ATRIBUIDA, SI SE CONSIDERA QUE EN TAL CASO LA APLICACION DE LA NORMA ESTATAL RESULTA DE LA PROPIA CLAUSULA DE SUPLETORIEDAD DEL ART. 149.3 C.E., SIN QUE POR ELLO EL DERECHO ESTATAL DEJE DE SERLO PARA CONVERTIRSE EN NORMA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, SINO QUE CONSERVA SU PROPIO CARACTER Y LE SIGUE SIENDO PREDICABLE LA NECESIDAD DE UNIFORMIDAD EN LA INTERPRETACION A QUE RESPONDE LA DOCTRINA ELABORADA EN CASACION.

FINALMENTE, EL PRECEPTO DE LA LEY ORGANICA IMPUGNADO NO ESTABLECE EL REGIMEN DEL RECURSO DE CASACION EN EL ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, LIMITANDOSE UNICAMENTE A DETERMINAR LA COMPETENCIA PARA RESOLVERLO Y REMITIENDOSE EN LO DEMAS A LO QUE LA LEY ESTABLEZCA, POR LO QUE NO PUEDE APRECIARSE EN DICHA NORMA LA DESNATURALIZACION DEL RECURSO A QUE ALUDE EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA.

36. EL PARLAMENTO DE CATALUÑA CONSIDERA QUE EL ARTICULO 65, APARTADO 1. , LETRAS A) Y B), Y, POR CONEXION, EL APARTADO 6. DE LA LOPJ, INFRINGEN LOS ARTS. 20.1 B) EAC Y 152.1 C.E.

EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD EXTIENDE LA CITA DE PRECEPTOS QUE VULNERAN ESTAS NORMAS A LOS APARTADOS 1 C) Y 5. DEL PROPIO ART. 65, Y, POR CONEXION, AL ART. 88 DE LA MISMA LOPJ.

CONFORME A LOS MENCIONADOS ART.

152.1 C.E. Y 20.1 B) EAC, LOS ORGANOS JUDICIALES RADICADOS EN CATALUÑA TIENEN LA COMPETENCIA GENERICA PARA CONOCE, SIN NINGUNA EXCEPCION POR RAZON DEL TIPO DEL DELITO, DE TODAS LAS INSTANCIAS Y GRADOS EN EL ORDEN PENAL, SALVO DE LOS RECURSOS DE CASACION Y REVISION. Y SI BIEN ES CIERTO QUE LA ASIGNACION DE LAS CAUSAS SE HACE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION PENAL Y PROCESAL, LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS SE REFIEREN SOLO A LOS ELEMENTOS O CIRCUNSTANCIAS DE LOS DELITOS O A SUS AUTORES, NO A LA DIFERENCIACION ENTRE FIGURAS DELICTIVAS, SIENDO EL PUNTO DE CONEXION NORMAL PARA LA DETERMINACION DE LA COMPETENCIA PENAL EL DEL LOCUS DELICTI , SEGUN EL CUAL SE DETERMINA EL JUEZ NATURAL, DE TAL MODO QUE CUANDO EL DELITO SE COMETA EN TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA SERA JUEZ NATURAL EL REDICADO EN DICHO AMBITO TERRITORIAL, DEBIENDO, ASIMISMO, AGOTARSE LAS SUCESIVAS INSTANCIAS ANTE ORGANOS TAMBIEN LOCALIZADOS EN DICHO TERRITORIO.

PARTIENDO DE TALES PREMISAS CONSIDERAN QUE EL ART. 65, APARTADOS 1 A) Y B), AL SEÑALAR UNOS SUPUESTOS EN QUE EL CONOCIMIENTO DE LAS CAUSAS POR DETERMINADOS DELITOS CORRESPONDE A LA AUDIENCIA NACIONAL, EL APARTADO 5. , AL ATRIBUIRLA LA DECISION DE LOS RECURSOS QUE SE INTERPONGAN CONTRA LAS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DE LOS JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCION, EL APARTADO 6. AL ESTABLECER UNA CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA A FAVOR DE DICHA AUDIENCIA EN FUNCION DE LA ATRIBUCION LEGAL Y EL ART. 88, EN LA MEDIDA EN QUE LOS JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCION HAN DE INSTRUIR LAS CAUSAS CUYO CONOCIMIENTO CORRESPONDE A LA SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL, SON CONTRARIOS A LOS PRINCIPIOS Y PREVISIONES ESTATUTARIAS EXPUESTAS. Y, FINALMENTE, EL APARTADO C) DEL ART. 65.1 LOPJ, AL NO DIFERENCIAR LOS SUPUESTOS EN QUE LOS EFECTOS DEL DELITO SE PRODUZCAN EN TERRITORIOS DE DIVERSAS AUDIENCIAS, PERO DE UN MISMO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, TAMBIEN INCURRE EN INCONSTITUCIONALIDAD.

IGUALMENTE, EL GOBIERNO VASCO ENTIENDE QUE EL ART. 65 DE LA LOPJ AL ESTABLECER LA COMPETENCIA PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL CONTRAVIENE LOS ARTS. 14.1 B) Y 34.1 DE EAPV Y 152 C.E., YA QUE EL BLOQUE CONSTITUCIONAL RECONOCE AL TRIBUNAL SUPERIOR UNA COMPETENCIA ESTATUTARIA GENERICA PARA CONOCER DE TODO TIPO DE CAUSA, SIN EXCEPCION POR LA NATURALEZA DEL DELITO, AL SEGUIRSE EL CRITERIO DEL LOCUS DELICTI . IGUALMENTE ENTIENDE QUE LOS ARTS. 66 Y 67 DE LA LEY ORGANICA VULNERAN EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD AL NO RESPETAR LA REGULACION DE COMPETENCIAS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL PAIS VASCO.

LA ARGUMENTACION EXPUESTA CONTRARIA A LA COMPETENCIA PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL TANTO DESDE LA PERSPECTIVA DEL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY QUE RECONOCE EL ART.

24.2 C.E. COMO DESDE LA COMPETENCIA QUE SEGUN EL ART. 152.2 C.E. DEBIERAN TENER LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, TIENE COMO PUNTO DE REFERENCIA UNA IDENTIFICACION ENTRE EL <JUEZ LEGAL>, <JUEZ NATURAL> Y JUEZ DEL LOCUS DELICTI , QUE NO HA SIDO ACOGIDA POR LA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL, CONTENIDA FUNDAMENTALMENTE EN SUS SSTC 25/1981 (FUNDAMENTO JURIDICO 6. ), 199/1987 (FUNDAMENTO JURIDICO 6. ) Y 153/1988 (FUNDAMENTO JURIDICO 3. ); Y EN LOS AATC DE 15 DE FEBRERO DE 1988 (R. A. 1414/87) Y 7 DE FEBRERO DE 1989 (R. A. 1896/88).

CONFORME A LA MENCIONADA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, EN LO QUE INTERESA AL PRESENTE RECURSO, PUEDEN SEÑALARSE LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

1) LOS ARTS. 117.3 Y 4 DE LA CONSTITUCION DESARROLLAN EL PRINCIPIO CONSAGRADO EN EL ART. 24.2 C.E. EN RELACION CON EL <DERECHO AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY>, LO QUE SIGNIFICA DESDE LUEGO GARANTIA PARA EL JUSTICIABLE DE UNA PREDETERMINACION DEL ORGANO JUDICIAL QUE HA DE INSTRUIR, CONOCER Y DECIDIR SOBRE SU POSIBLE RESPONSABILIDAD CRIMINAL, PERO TAMBIEN INDICA QUE DICHO <JUEZ ORDINARIO> ES EL QUE SE ESTABLEZCA POR EL LEGISLADOR, SI ORGANICA Y FUNCIONALMENTE MERECEN TAL CONSIDERACION COMO OCURRE CON LOS JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCION Y AUDIENCIA NACIONAL, COMO EXPRESAMENTE RECONOCIO LA COMISION EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS EN SU INFORME DE 16 DE OCTUBRE DE 1986.

2) LOS ARTS. 152.1 C.E., 14 EAV, 20 EAC NO SUPONEN QUE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN LA COMUNIDAD AUTONOMA TENGAN QUE ASUMIR TODAS LAS COMPETENCIAS EN MATERIA PENAL COMO SE DESPRENDE DE LA EXPRESION <EN SU CASO> Y DE LA EXIGENCIA DE QUE PARA PODER CONOCER DE LAS <SUCESIVAS INSTANCIAS PROCESALES> LA PRIMERA DE ELLAS HA DE ESTAR ATRIBUIDA A ORGANOS JUDICIALES RADICADOS EN EL MISMO TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (ART. 152.1, PARRAFO TERCERO).

3) EL CARACTER DE LOS DELITOS ATRIBUIDOS A LA AUDIENCIA NACIONAL (JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCION Y JUZGADOS CENTRALES DE LO PENAL), SU COMPLEJIDAD Y SUS CONEXIONES, Y SU FINALIDAD ENCAMINADA A PERTURBAR EL ORDEN CONSTITUCIONAL HAN DETERMINADO NORMAS DE ATRIBUCION COMPETENCIAL QUE TAMBIEN HAN EXISTIDO Y EXISTEN PARA OTROS HECHOS DELICTIVOS DE ESPECIAL SIGNIFICACION, QUE SUPONEN UNA SINGULARIDAD RESPECTO DE LA NORMA DE ATRIBUCION DE LA COMPETENCIA CRIMINAL POR EL LUGAR QUE SE COMETE EL DELITO. TALES NORMAS SE ENMARCAN EN LA REGULACION GENERAL DEL IUS PUNIENDI Y DE LAS COMPETENCIAS GENERALES DE JUSTICIA PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS DELICTIVOS QUE CORRESPONDE AL ESTADO (ART.

149.1.5 Y 6). CONSECUENTEMENTE, LOS ARTS. 14.1 B) EAPV Y 34.1 EAC NO ELIMINAN LA POSIBILIDAD DE QUE CUANDO RAZONES INSTITUCIONALES LO JUSTIFIQUEN, EL ORDENAMIENTO JURIDICO, SIN LESION ALGUNA CONSTITUCIONAL O ESTATUTARIA, PUEDA RESIDENCIAR EL CONOCIMIENTO EN UN ORGANO CENTRAL, AUNQUE EL ASUNTO COMPRENDA PUNTOS DE CONEXION CON EL REFERIDO AMBITO TERRITORIAL.

4) RESULTA EVIDENTE QUE EL LEGISLADOR ESTATAL AL ESTABLECER LA PLANTA ORGANICA DE LOS TRIBUNALES HA DE TENER EN CUENTA Y RESPETAR LA ESTRUCTURA AUTONOMICA DEL ESTADO Y EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA, PERO LA ACTUACION DE ESTOS PRESUPONE LA RADICACION EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DEL ORGANO COMPETENTE EN PRIMERA INSTANCIA.

EXISTEN SUPUESTOS QUE, EN RELACION CON SU NATURALEZA, CON LA MATERIA SOBRE LA QUE VERSAN, POR LA AMPLITUD DEL AMBITO TERRITORIAL EN QUE SE PRODUCEN, Y POR SU TRASCENDENCIA PARA EL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD, PUEDEN HACER LLEVAR RAZONABLEMENTE AL LEGISLADOR A QUE LA INSTRUCCION Y EL ENJUICIAMIENTO DE LOS MISMOS PUEDA LLEVARSE A CABO POR UN ORGANO JUDICIAL CENTRALIZADO, SIN QUE CON ELLO SE CONTRADIGA EL ART. 152.1 C.E. NI LOS PRECEPTOS ESTATUTARIOS QUE SE ALEGAN, NI TAMPOCO EL ART. 24.2 C.E.

37. EL ART. 38 DE LA LOPJ, QUE ATRIBUYE LA RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE JURISDICCION A UN ORGANO COLEGIADO CONSTITUIDO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO, DOS MAGISTRADOS DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE ESTE MISMO TRIBUNAL Y TRES CONSEJEROS PERMANENTES DE ESTADO, ES CONSIDERADO CONTRARIO AL ART. 20 DEL EAC Y A LOS ARTS. 2 Y 137 C.E. Y 1 Y CONCORDANTES DEL PROPIO ESTATUTO.

EN PRIMER LUGAR, EL PARLAMENTO DE CATALUÑA ENTIENDE QUE EL PRECEPTO ORGANICO ESTABLECE UN SISTEMA DE AUTOCOMPOSICION DEL CONFLICTO EN EL QUE NO ESTA PREVISTO QUE LA SITUACION PUEDA PRODUCIRSE ENTRE EL PODER JUDICIAL Y LA ADMINISTRACION DE LA GENERALIDAD, NO POSIBILITANDO LA PARTICIPACION DE ESTA COMO PARTE IMPLICADA EN EL ORGANO LLAMADO A COMPONER EL LITIGIO, DE MANERA QUE AQUELLA PUEDE VERSE DESPOSEIDA DE FACULTADES ESTATUTARIAS SIN SU INTERVENCION EN EL PROCEDIMIENTO.

EN SEGUNDO TERMINO, LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, EN ARGUMENTACION SUSTANCIALMENTE COINCIDENTE CON LA REPRESENTACION DEL GOBIERNO VASCO, SOSTIENE QUE EN UN ESTADO COMPUESTO LAS ADMINISTRACIONES DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, FUERA DE LOS CASOS CONSTITUCIONALMENTE PREVISTOS, SOLO PUEDEN INTERFERIRSE A NIVEL DE COLABORACION, NO DE DECISION, Y MENOS AUN CUANDO SE TRATA DE CONFLICTOS CON LOS TRIBUNALES.

LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, POR OTRA PARTE, PRESENTAN UNA ESTRUCTURA ESTRECHAMENTE VINCULADA A LA COMUNIDAD AUTONOMA QUE CULMINA EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, POR LO QUE LA SOLUCION MAS ADECUADA HUBIERA SIDO LA DE ENCARGAR A UN ORGANO DE COMPOSICION MIXTA (MIEMBROS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y MIEMBROS TECNICOS DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACION AUTONOMA) LA RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS ENTRE ORGANOS JURISDICCIONALES EN LA COMUNIDAD Y LA CORRESPONDIENTE ADMINISTRACION AUTONOMA.

LA TESIS EXPUESTA PARTE DE UNAS PREMISAS QUE NO PUEDEN SER COMPARTIDAS: NI EL SISTEMA ESTABLECIDO POR LOS ARTS. 38 DE LA LOPJ Y 1 A 21 DE LA LEY ORGANICA 2/1987, DE CONFLICTOS JURISDICCIONALES (LCJ), PUEDE CONSIDERARSE DE AUTOCOMPOSICION, NI TAMPOCO REPRESENTA UNA INTERFERENCIA DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO EN AMBITO COMPETENCIAL QUE, CONSTITUCIONAL O ESTATUTARIAMENTE, CORRESPONDA A LA ADMINISTRACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS IMPUGNANTES.

EL SISTEMA DE AUTOCOMPOSICION DE CONFLICTOS COMPORTA CONCEPTUALMENTE LA ATRIBUCION DE LA RESOLUCION A UN ORGANO DE COMPOSICION PARITARIA, INTEGRADO POR REPRESENTANTES DE LAS PARTES EN CONFLICTO, QUE OSTENTAN CAPACIDAD DE DISPOSICION SOBRE EL OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

NINGUNO DE TALES CARACTERES ES RECONOCIBLE EN EL SISTEMA DISEÑADO POR LA LOPJ Y LA LCJ, QUE, EN SUSTITUCION DE LA ANTERIOR COMPETENCIA DEL JEFE DEL ESTADO DE LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1948, DIFICILMENTE ENCAJABLE EN LA CONSTITUCION AL DERIVAR DE UN REGIMEN POLITICO CARACTERIZADO POR LA ASUNCION POR EL JEFE DEL ESTADO DE TODOS LOS PODERES (STC 55/1985, FUNDAMENTOS JURIDICOS 2. Y 3. ), ATRIBUYE LA DECISION A UN TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCION (ART. 1 DE LA LCJ), QUE PERMITE SALVAGUARDAR LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DEL MONOPOLIO JURISDICCIONAL APROVECHANDO LA EXPERIENCIA EN LA MATERIA DEL CONSEJO DEL ESTADO. PERO SIN QUE EN DICHO ORGANO PUEDA ENTENDERSE QUE LA ADMINISTRACION QUE SUSCITA O FRENTE A QUIEN SE SUSCITA EL CONFLICTO ESTE, NI SIQUIERA FORMALMENTE, REPRESENTADA POR LOS CONSEJEROS PERMANENTES QUE LA INTEGRAN.

EN EFECTO, EL CONSEJO DEL ESTADO NO FORMA PARTE DE LA ADMINISTRACION ACTIVA. ES, POR EL CONTRARIO, CONFORME AL ART. 107 C.E. Y AL ART. 1.1, DE LA LEY ORGANICA 3/1980, DE 22 DE ABRIL (LOCE), UN ORGANO CONSULTIVO QUE ACTUA, EN TODO CASO, CON AUTONOMIA ORGANICA Y FUNCIONAL EN GARANTIA DE SU OBJETIVIDAD E INDEPENDENCIA (ART. 1.2 LOCE).

EL CONSEJO DE ESTADO, PESE A LA DICCION LITERAL DEL ART. 107 DE LA C.E., QUE SE REFIERE A EL COMO SUPREMO ORGANO CONSULTIVO DEL GOBIERNO, TIENE EN REALIDAD EL CARACTER DE ORGANO DEL ESTADO CON RELEVANCIA CONSTITUCIONAL AL SERVICIO DE LA CONCEPCION DEL ESTADO QUE LA PROPIA CONSTITUCION ESTABLECE. ASI RESULTA DE SU COMPOSICION (ARTS. 7 Y 9 H) LOCE) Y DE SUS FUNCIONES CONSULTIVAS QUE SE EXTIENDEN TAMBIEN A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SEGUN PREVEN EXPLICITAMENTE EN EL DISEÑO COMPETENCIAL A QUE SE REMITE LA NORMA FUNDAMENTAL, REALIZADO POR LOS ARTS. 20 A 23 DE LA LOCE.

POR OTRA PARTE, TANTO LA JURISDICCION QUE CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA COMO LA COMPETENCIA PROPIA DE LA ADMINISTRACION SON IRRENUNCIABLES (ARTS. 9 LOPJ Y 4 LPA), NO EXISTIENDO SOBRE ELLAS FACULTAD ALGUNA DE DISPOSICION O DE TRANSACCION. LA DECISION DEL CONFLICTO POR SENTENCIA (ARTS. 17 Y 19 LCJ) HA DE DECLARAR A QUIEN CORRESPONDE LA JURISDICCION CONTROVERTIDA DE ACUERDO CON EL DISEÑO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS CORRESPONDIENTES FUNCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.

FINALMENTE, LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA DE CATALUÑA Y DEL PAIS VASCO NO ATRIBUYEN COMPETENCIA A LAS RESPECTIVAS ADMINISTRACIONES PARA INTERVENIR EN LA RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE JURISDICCION, Y LA PARTICIPACION DE LOS CONSEJEROS PERMANENTES EN EL TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCION NO PUEDE DECIRSE QUE LO SEA COMO INTEGRANTES O PROVENIENTES DE UN ORGANO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL.

38. EL ART. 42 DE LA LOPJ SE OPONE, A JUICIO DE LA REPRESENTACION DEL PARLAMENTO Y GENERALIDAD DE CATALUÑA, A LOS ARTS. 20.1 D) Y 20.2 DEL EAC, Y, SEGUN LA DEL GOBIERNO VASCO, A LOS ARTS. 14.1 D) Y 14.2 DEL EAPV.

CON ARGUMENTOS SUTANCIALMENTE COINCIDENTES, MANTIENEN QUE EL PRECEPTO DE LA LEY ORGANICA, AL NO PREVER NINGUNA EXCEPCION, ATRIBUYENDO A UNA SALA ESPECIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA QUE SE SUSCITEN ENTRE TRIBUNALES RADICADOS EXCLUSIVAMENTE EN LA CORRESPONDIENTE COMUNIDAD AUTONOMA, VULNERA LAS INDICADAS NORMAS ESTATUTARIAS.

CONFORME A LOS ARTS. 20.2 EAC Y 14 EAPV, AL TRIBUNAL SUPREMO SOLO DEBERIA CORRESPONDER LA RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA ENTRE ORGANOS JUDICIALES DE CATALUÑA O DEL PAIS VASCO Y LOS DEL RESTO DE ESPAÑA. EN LOS DEMAS, FRENTE AL CRITERIO DE ATRIBUCION DE COMPETENCIA RATIONE MATERIAE , HAN DE REGIR LOS PRINCIPIOS DEL CONOCIMIENTO POR EL ORGANO SUPERIOR COMUN Y DEL AGOTAMIENTO DE TODAS LAS INSTANCIAS PROCESALES EN EL ORGANO QUE CULMINA LA ORGANIZACION JUDICIAL EN CATALUÑA Y EN EL PAIS VASCO, CONOCIENDO DE ELLOS LOS CORRESPONDIENTES TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA.

EN CONSECUENCIA SOSTIENEN QUE, AUNQUE CON DEFICIENTE TECNICA, DEBE DE CONSIDERARSE QUE, TANTO EL ART. 20.1 D) EAC COMO EL ART. 14.1 D) EAPV, SE REFIEREN TAMBIEN A LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA ENTRE ORGANOS JUDICIALES DE DIVERSO ORDEN JURISDICCIONAL.

LA ARGUMENTACION EXPUESTA OLVIDA, POR UNA PARTE, QUE LA RESOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES PARA DETERMINAR A QUIEN CORRESPONDE EL CONOCIMIENTO DE UN DETERMINADO ASUNTO NO CONSTITUYE, PROPIAMENTE, UNA ULTERIOR INSTANCIA PROCESAL EN LA QUE SE REVISE LA DECISION ADOPTADA EN UN PROCESO PREVIO; Y, POR OTRA, LA SUSTANCIAL DIFERENCIA, TRADICIONALMENTE CONSAGRADA EN NUESTRO DERECHO, ENTRE LAS CONTROVERSIAS QUE AL EFECTO SE SUSCITEN ENTRE JUECES Y TRIBUNALES DE DISTINTAS JURISDICCIONES Y LAS QUE PUEDEN DARSE ENTRE ORGANOS JUDICIALES DE UN MISMO ORDEN JURISDICCIONAL.

LAS PRIMERAS, CON DENOMINACION EQUIVOCA, SON LAS QUE LA LOPJ CONSIDERA COMO <CONFLICTOS DE COMPETENCIA> Y QUE, COMO HACIA LA LEY DE CONFLICTOS JURISDICCIONALES DE 1948 EN SU ART.

2 EN RELACION CON LAS QUE LLAMABA <COMPETENCIAS>, ATRIBUYE A UNA SALA DEL

TRIBUNAL SUPREMO. EL CRITERIO DE LA ATRIBUCION AL ORGANO SUPERIOR JERARQUICO UNICAMENTE SE RECONOCIA Y ASI SE MANTIENE RESPECTO DE LAS <CUESTIONES DE COMPETENCIA> EN EL SENO DE UN MISMO ORDEN JURISDICCIONAL (ARTS. 99 L.E.C., 20 L.E.CRIM. Y 51.1 LOPJ).

EN CONSECUENCIA, NO PUEDE DECIRSE QUE EL ART. 42 DE LA LOPJ, CUANDO REGULA LOS <CONFLICTOS DE COMPETENCIA>, ESTABLEZCA UNA INSTANCIA SUPERIOR RESIDENCIADA EN EL TRIBUNAL SUPREMO QUE CONTRADIGA EL AGOTAMIENTO DE LAS MISMAS ANTE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DISPUESTO, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES, POR LOS ARTS. 20.1 A), B) Y C) EAC Y 14.1 A), B) Y C) EAPV. LOS ESTATUTOS VASCO Y CATALAN ALUDEN EXPRESAMENTE A LA RESERVA EN FAVOR DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES SITOS EN LAS CORRESPONDIENTES COMUNIDADES DE LAS <CUESTIONES DE COMPETENCIA> ENTRE ORGANOS JUDICIALES (ARTS. 4.1 D) EAPV Y 20.1 D) EAC), LO QUE VIENE A DEJAR FUERA DE TAL RESERVA A LOS MENCIONADOS <CONFLICTOS DE COMPETENCIA>, YA QUE, COMO SE HA DICHO, SON INSTITUCIONES PROCESALES TECNICA Y CONCEPTUALMENTE DIFERENCIABLES EN LAS QUE NO SE DARIA LA NECESARIA IDENTIDAD DE RAZON PARA UNA APLICACION ANALOGICA; Y TAMPOCO ES ELLO PRECISO, TENIENDO EN CUENTA, COMO SEÑALA EL ABOGADO DEL ESTADO, QUE LOS ESTATUTOS NO PERSIGUEN EN ESTE ASPECTO UNA PREVISION EXHAUSTIVA.

LA UNICA MENCION, POR TANTO, A LOS <CONFLICTOS DE COMPETENCIA> ES LA SINGULAR PARA DETERMINADOS SUPUESTOS, CONTENIDA EN EL PARRAFO 2 DE LOS ARTS. 20 EAC Y 14 EAPV, QUE ESTABLECEN EL CRITERIO DE RESIDENCIAR SU SOLUCION EN EL TRIBUNAL SUPREMO, EL MISMO GENERALIZADO PARA LOS RESTANTES CASOS POR LA LOJP, A QUIEN SI CORRESPONDE SU REGULACION GLOBALIZADA Y COMPLETA.

E. OTRAS IMPUGNACIONES

39. PROCEDEREMOS FINALMENTE A EXAMINAR UN CONJUNTO DE IMPUGNACIONES SOBRE CUESTIONES MUY DIVERSAS, DIFICILMENTE RECONDUCIBLES A UNA UNIDAD TEMATICA: LAS REFERIDAS A LA REGULACION EFECTUADA POR LA LOPJ DE LA UTILIZACION DE LAS DIVERSAS LENGUAS ESPAÑOLAS (ART. 231), EL NOMBRAMIENTO DE LOS PRESIDENTES DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA (ARTS. 336.2, Y 319 POR CONEXION), LA COLEGIACION DE ABOGADOS Y PROCURADORES (ART. 439.2), LA REPRESENTACION Y DEFENSA EN JUICIO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (ART. 447.2), LA VALORACION DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO Y LENGUA PROPIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN CONCURSOS Y OPOSICIONES, Y LOS TRIBUNALES ARBITRALES DE CENSOS (DISPOSICION ADICIONAL 6. ).

40. EL PARLAMENTO DE CATALUÑA, LA JUNTA DE GALICIA Y EL GOBIERNO VASCO IMPUGNAN EN SUS RESPECTIVOS RECURSOS EL ART. 231 DE LA LOPJ. ESTE PRECEPTO REGULA EL USO DE LAS DISTINTAS LENGUAS DEL ESTADO ESPAÑOL EN EL SENO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. LA IMPUGNACION TIENE UNA DOBLE DIMENSION; POR UN LADO REPROCHAN LOS ORGANOS RECURRENTES AL PRECEPTO EL QUE ENTRE EN LO QUE CONSIDERAN UNA COMPETENCIA PROPIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS: LA REGULACION DEL USO DE SUS RESPECTIVAS LENGUAS. POR OTRA PARTE ENTIENDEN QUE LA REGULACION ESPECIFICA REALIZADA SUPONE LA INTRODUCCION DE UNA DESIGUALDAD ENTRE LA LENGUA CASTELLANA Y LAS LENGUAS PROPIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

EL TEMA ASI CENTRADO YA HA ENCONTRADO, AL MENOS PARCIALMENTE, RESPUESTA EN LA DOCTRINA SENTADA CON OCASION DE LAS SENTENCIAS QUE RESOLVIERON LOS RECURSOS CONTRA LAS LEYES DE NORMALIZACION LINGUISTICA VASCA, CATALANA, GALLEGA Y BALEAR (SSTC 82, 83 Y 84/1986, Y 123/1988, RESPECTIVAMENTE). ASI, EN LA PRIMERA DE ESAS RESOLUCIONES SE INDICO, POR UNA PARTE, QUE EL MARCO DE LA REGULACION DEL USO DE LAS LENGUAS SE ENCUENTRA EN LA CONSTITUCION (ART. 3) Y EN LOS RESPECTIVOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, DEBIENDO LA POSTERIOR REGULACION ADECUARSE A ESE ESQUEMA DEFINIDO POR EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD. A PARTIR DE AHI, TANTO ESTADO COMO COMUNIDADES AUTONOMAS PUEDEN INCIDIR EN LA REGULACION SOBRE LA MATERIA DE ACUERDO AL REPARTO GENERAL DE COMPETENCIAS, ENCONTRANDONOS, PUES, ANTE UNA COMPETENCIA CONCURRENTE. ESA MISMA RESOLUCION ABORDO YA EL TEMA DE LA REGULACION DEL USO DE LA LENGUA DENTRO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA CONCLUYENDO QUE EN TANTO EN CUANTO LA CONSTITUCION RESERVA COMO COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL ESTADO LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (ART. 149.1.5) Y LA LEGISLACION PROCESAL (ART. 149.1.6), DEBE SER EL ESTADO EL QUE REGULE EL USO DE LAS LENGUAS DENTRO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, SIN PERJUICIO DE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PUEDAN <REGULAR EL ALCANCE INHERENTE AL CONCEPTO DE COOFICIALIDAD, TAL Y COMO VIENE ESTABLECIDO POR EL ART. 3.2 DE LA CONSTITUCION Y EN LOS ARTICULOS CORRESPONDIENTES DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA>. ESO ES LO QUE HACEN DISTINTOS ARTICULOS DE LAS LEYES DE NORMALIZACION LINGUISTICA DICTADAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS (ART.

9 DE LA LEY VASCA 10/1982, ART. 9 DE LA LEY CATALANA 7/1983, ART. 7 DE LA LEY GALLEGA 3/1983 Y ART. 11 DE LA LEY BALEAR 3/1986). LA CONSECUENCIA QUE CABE EXTRAER DE ELLO ES QUE, AL NO EXISTIR COMPETENCIA EXCLUSIVA SINO CONCURRENTE SOBRE LA REGULACION DE LAS LENGUAS EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EL ESTADO ES COMPETENTE PARA REGULAR EL USO DE LAS LENGUAS EN EL SENO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DADAS LAS RESERVAS COMPETENCIALES DEL ART. 149.1, APDOS. 5 Y 6, POR LO QUE EL ART. 231 DE LA LOPJ NO INVADE COMPETENCIA ALGUNA RESERVADA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

41. QUEDA POR ANALIZAR SI EXISTE O NO UNA VULNERACION DEL MARCO MATERIAL DEFINIDO POR EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA LINGUISTICA POR PARTE DEL PRECEPTO CITADO. A ESTE RESPECTO EL UNICO REPROCHE REALIZADO ES EL DE CONSIDERAR LA LENGUA PROPIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA COMO LENGUA <OFICIAL RESIDUAL> O <DE SEGUNDO GRADO>. NO OBSTANTE, Y SIGUIENDO DE NUEVO CON LA DOCTRINA SENTADA EN LAS RESOLUCIONES PREVIAMENTE CITADAS, Y EN CONCRETO EN LA PRIMERA DE ELLAS, NO EXISTE VULNERACION DEL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA LINGUISTICA. EL CARACTER DE LENGUA OFICIAL DE AMBITO GENERAL DEL CASTELLANO Y LA OBLIGACION QUE TODOS LOS ESPAÑOLES TIENEN DE CONOCERLO Y EL DERECHO DE USARLO (ART. 3.1 DE LA CONSTITUCION) HACE QUE ESTA SEA LA LENGUA GENERALMENTE USADA EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, LO QUE VIENE A SER RECONOCIDO POR EL ART. 231.1 DE LA LOPJ. AHORA BIEN, FRENTE A ESA GENERALIDAD EXISTEN COMUNIDADES AUTONOMAS CON ESTATUTO DE COOFICIALIDAD LINGUISTICA, ESTATUTO QUE SE TRADUCE, ENTRE OTRAS COSAS, EN EL DERECHO A USAR LA LENGUA PROPIA DE LA COMUNIDAD EN EL SENO Y ANTE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, LO QUE PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA SE RECONOCE EN LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA LOPJ.

ELLO SUPONE, PUES, EN PRINCIPIO UNA POSICION DE IGUALDAD DE LAS DOS LENGUAS OFICIALES EN EL SENO DE LAS CORRESPONDIENTES COMUNIDADES AUTONOMAS. EL HECHO DE QUE SE PREVEA, POR UN LADO, LA OBLIGACION DEL USO DEL CASTELLANO PARA LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL Y PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA A PETICION DE ALGUNA DE LAS PARTES (APARTADO 2) Y LA NECESIDAD DE TRADUCIR EN DETERMINADOS SUPUESTOS ACTUACIONES Y DOCUMENTOS (APARTADO 4) ES PLENAMENTE COHERENTE CON LA COOFICIALIDAD LINGUISTICA, TAL Y COMO ESTA DISEÑADA POR EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD. ELLO PORQUE EL DERECHO A NO SUFRIR INDEFENSION DEL QUE GOZA TODO CIUDADANO SEGUN LO PREVISTO POR EL ART. 24 DE LA CONSTITUCION SE ANUDA A LA OBLIGACION DE CONOCIMIENTO DEL CASTELLANO (ART. 3.1 DE LA NORMA FUNDAMENTAL), OBLIGACION QUE NO EXISTE RESPECTO DEL RESTO DE LAS LENGUAS ESPAÑOLAS.

42.

TANTO EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA COMO EL PARLAMENTO DE ESTA COMUNIDAD AUTONOMA, IMPUGNAN EL ART. 336.2 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL Y, POR CONEXION SU ART. 319. EL PRIMER PRECEPTO ESTABLECE QUE <EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE UN TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA TENDRA EFECTOS DESDE SU PUBLICACION EN EL ''BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO'', SIN PERJUICIO, DE LA PRECEPTIVA PUBLICACION EN EL ''BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA''>. ENTIENDEN LOS RECURRENTES QUE DICHA NORMA DEJA SIN SENTIDO EL ART. 21.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA CATALAN Y EL ART. 61 B) DE LA LEY 36/1982 DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA.

AHORA BIEN, DEL ANALISIS DE TODOS ESTOS PRECEPTOS SE DEDUCE QUE NO EXISTE OPOSICION FRONTAL ENTRE ELLOS, YA QUE LO QUE VIENEN A ESTABLECER ES LA DOBLE PUBLICACION DEL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. LA DISCREPANCIA, POR ELLO, SE CENTRA MAS BIEN EN LA PARTE DEL ART. 336.2 QUE ESTABLECE LA FECHA DE PUBLICACION DEL NOMBRAMIENTO EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> COMO DIES A QUO PARA DETERMINAR SUS EFECTOS.

ESTA NORMA NI CHOCA CON EL ESTATUTO CATALAN NI CON PRECEPTO CONSTITUCIONAL ALGUNO. SENTADA CONSTITUCIONALMENTE LA UNIDAD DEL PODER JUDICIAL, Y SU INCARDINACION EN EL ESTADO, NO CABE DUDA ALGUNA SOBRE LA COMPETENCIA ESTATAL PARA NOMBRAR A TODOS LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL; EN CORRESPONDENCIA CON ESA COMPETENCIA, RESULTA LOGICO QUE SEA LA FECHA DE PUBLICACION EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> LA QUE SIRVA PARA DETERMINAR EL INICIO DE LOS EFECTOS DE ESTOS NOMBRAMIENTOS. EN EL CASO DE LOS PRESIDENTES DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA, Y EN CONCRETO EN EL DE CATALUÑA, SE PREVE OTRA PUBLICACION: LA DEL BOLETIN OFICIAL CORRESPONDIENTE, <DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD EN CATALUÑA>. ESTA SEGUNDA PUBLICACION SE JUSTIFICA POR EL PAPEL QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR OCUPA DENTRO DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA Y EN NADA CUESTIONA EL PRINCIPIO DE UNIDAD DEL PODER JUDICIAL, COMO YA SE INDICARA EN LA STC 76/1983.

EL HECHO DE QUE LOS EFECTOS NORMALES DE TODO NOMBRAMIENTO SE COMPUTEN EN ESTE CASO A PARTIR DE LA PUBLICACION EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> NO DEJA SIN SENTIDO LA SEGUNDA PUBLICACION. ESTA POSEE, AL MENOS, UNA DOBLE SIGNIFICACION; DA MAYOR PUBLICIDAD, Y RESPONDE A LA RELACION CONTINUA DE COLABORACION QUE DEBE EXISTIR ENTRE COMUNIDADES AUTONOMAS Y PODER JUDICIAL DANDO RELEVANCIA AL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL ORGANO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL UBICADO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA.

ESTA FINALIDAD JUSTIFICA SOBRADAMENTE LA DOBLE PUBLICACION SIN QUE SUPONGA UN VACIO DE EJERCICIO COMPETENCIAL. POR OTRA PARTE, NO PUEDE OLVIDARSE QUE LA DOBLE PUBLICACION EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> Y EN EL <BOLETIN DE LA COMUNIDAD AUTONOMA> NO ES ALGO QUE SOLO SE PRODUZCA CON ESTOS NOMBRAMIENTOS; LEYES AUTONOMICAS Y MUCHAS DISPOSICIONES NO ESTATALES SE PUBLICAN EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> SI BIEN ALCANZAN SU PERFECCION CON LA PRIMERA PUBLICACION EN EL <BOLETIN DE LA COMUNIDAD AUTONOMA>, TAL Y COMO DISPONEN, POR EJEMPLO, LOS ARTS. 33.2 Y 37.4 DEL ESTATUTO DE CATALUÑA. ELLO SE EXPLICA POR LA NATURALEZA AUTONOMICA DE LAS NORMAS PUBLICADAS. RESULTA, PUES, COHERENTE QUE CUANDO LA RESOLUCION PUBLICADA SEA ESTATAL LOS EFECTOS LOS PRODUZCA LA PUBLICACION EN EL ORGANO ESTATAL DE DIFUSION Y NO EL AUTONOMICO AUNQUE SE ORDENE LA DOBLE PUBLICACION.

43. EL ART.

439.2 DE LA LOPJ DISPONE QUE <LA COLEGIACION DE LOS ABOGADOS Y PROCURADORES SERA OBLIGATORIA PARA ACTUAR ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN ESTA LEY Y POR LA LEGISLACION GENERAL SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES, SALVO QUE ACTUEN AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS O ENTIDADES POR RAZON DE DEPENDENCIA FUNCIONARIAL O LABORAL>.

EL PARLAMENTO Y EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD Y EL GOBIERNO VASCO ENTIENDEN QUE LA EXIGENCIA DE QUE LA COLEGIACION OBLIGATORIA DE ABOGADOS Y PROCURADORES DEBA EXIGIRSE CONFORME A LO PREVISTO, AL MARGEN DE EN LA PROPIA LOPJ, EN LA <LEGISLACION GENERAL SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES>, DESCONOCE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS QUE TIENEN ASUMIDAS EN MATERIA DE COLEGIOS PROFESIONALES Y EJERCICIO DE PROFESIONES TITULADAS (ARTS. 9.23 DEL EAC Y 10.22 DEL EAPV), SALVO QUE SE INTERPRETE QUE LA REMISION A LA LEGISLACION SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES VIENE REFERIDA A LA CORRESPONDIENTE LEGISLACION AUTONOMICA.

EL PRECEPTO ORGANICO PRESENTA UNA DOBLE FAZ; DE UN LADO, LA EXIGENCIA DE QUE PARA PODER ACTUAR VALIDAMENTE ANTE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, LOS ABOGADOS Y PROCURADORES DEBAN ESTAR COLEGIADOS Y, DE OTRO, LA PRECISION DE QUE ESA COLEGIACION LO HA DE SER, ADEMAS DE EN CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA PROPIA LOPJ, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR <LA LEGISLACION GENERAL SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES>.

DESDE LA PRIMERA PERSPECTIVA NO CABE LA MENOR DUDA DE QUE LA EXIGENCIA DE COLEGIACION DE LOS INDICADOS PROFESIONALES TIENE UNA CLARA DIMENSION PROCESAL, PRESENTANDOSE COMO UNO DE LOS REQUISITOS FORMALES DE LOS ACTOS REALIZADOS POR LAS PARTES EN EL PROCESO. SIENDO LA LEGISLACION PROCESAL DE TENCIA ESTATAL (ART. 149.1.6. DE LA C.E.), ES CLARO QUE LA PREVISION DEL PRECEPTO IMPUGNADO EN MODO ALGUNO INVADE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS.

AHORA BIEN, UNA COSA ES LA ANTERIOR EXIGENCIA Y OTRA BIEN DISTINTA LA FORMA DE LLEVARSE A CABO.

UNA VEZ ESTABLECIDO QUE PARA PODER ACTUAR EN UN PROCESO JUDICIAL LOS ABOGADOS Y PROCURADORES DEBAN ESTAR COLEGIADOS, COMO HAYA DE LLEVARSE A EFECTO LA COLEGIACION DEBE DETERMINARSE POR QUIEN TENGAN COMPETENCIA PARA ELLO.

LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A LAS QUE PERTENECEN LOS ORGANOS IMPUGNANTES HAN ASUMIDO COMPETENCIAS EXCLUSIVAS EN MATERIA DE COLEGIOS PROFESIONALES Y EJERCICIO DE PROFESIONES TITULADAS Y EL ESTADO TIENE COMPETENCIA, TAMBIEN EXCLUSIVA, PARA REGULAR LAS BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN LOS LIMITADOS ASPECTOS EN QUE ACTUAN FUNCIONES PUBLICAS Y EN LOS QUE, EN CONSECUENCIA, SU NATURALEZA ES DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (ART. 149.1.18. DE LA C.E. Y STC 76/1983). LA LOPJ EN EL PRECEPTO IMPUGNADO NO PRETENDE HACER UNA REGULACION DE LA COLEGIACION COMO REQUISITO GENERAL Y ABSTRACTO, SINO TAN SOLO EXIGIR LA MISMA A LOS EFECTOS EXPRESADOS, POR LO QUE LA REMISION A <LA LEGISLACION GENERAL SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES> QUE EL CITADO PRECEPTO EFECTUA, DEBE ENTENDERSE REFERIDA A LA LEGISLACION DICTADA POR QUIEN SEA COMPETENTE PARA ELLO DE ACUERDO CON EL CUADRO DE DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS EN LA MATERIA DISEÑADO POR LA CONSTITUCION Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA.

44. EL ART. 447.2 DE LA LEY ORGANICA REGULA, EN LO QUE AHORA IMPORTA, LA REPRESENTACION Y DEFENSA EN JUICIO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, FUNCIONES QUE SE ATRIBUYEN A LOS LETRADOS QUE SIRVAN EN LOS SERVICIOS JURIDICOS DE AQUELLAS. ESTA REGLA, DE ALCANCE GENERAL, SE COMPLEMENTA EN EL MISMO PRECEPTO CON OTRAS DOS PREVISIONES RELATIVAS, RESPECTIVAMENTE, A LA EVENTUALIDAD DE QUE LAS PROPIAS COMUNIDADES AUTONOMAS DESIGNEN A TALES EFECTOS UN ABOGADO COLEGIADO QUE LAS REPRESENTE Y DEFIENDA Y A LA POSIBILIDAD DE QUE LOS LETRADOS INTEGRADOS EN LOS SERVICIOS JURIDICOS DEL ESTADO REALICEN TAMBIEN TAL FUNCION <EN LOS TERMINOS QUE SE ESTABLECERAN REGLAMENTARIAMENTE>. ESTA ULTIMA PREVISION DEL ART. 447.2 HA SIDO IMPUGNADA POR EL CONSEJO EJECUTIVO Y POR EL PARLAMENTO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, Y TAMBIEN POR EL GOBIERNO VASCO, AL ESTIMAR LOS RECURRENTES QUE LA NORMA ENTRAÑA (O PUEDE ENTRAÑAR, SEGUN LOS ORGANOS DE LA GENERALIDAD) UNA INVASION O MENOSCABO DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS DE AUTOORGANIZACION (ARTS. 9.1 DEL ESTATUTO DE CATALUÑA Y 10.2 DEL ESTATUTO VASCO), UNA TRANSGRESION, EN SEGUNDO LUGAR, DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS PARA DESARROLLAR LAS BASES ESTATALES SOBRE EL REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (ART. 149.1.18 DE LA CONSTITUCION) Y UNA LESION, EN FIN, DEL PRINCIPIO DE LA LIBRE ELECCION DE LA DEFENSA LETRADA (ART.

24.2 DE LA CONSTITUCION Y NORMAS INTERNACIONALES CONEXAS).

LOS ALEGATOS ASI EXPUESTOS NO PUEDEN SER COMPARTIDOS POR ESTE TRIBUNAL, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU CARACTER CAUTELAR (AL MENOS EN LO QUE A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA SE REFIERE) HARIA INCLUSO INNECESARIO, DE CONFORMIDAD CON UNA MUY REITERADA DOCTRINA CONSTITUCIONAL, SU EXAMEN Y RESOLUCION EN ESTA SENTENCIA. EN EL ULTIMO INCISO DEL ART. 447.2 DE LA LOPJ NO SE APRECIA DESPOJO O MENOSCABO COMPETENCIAL DE TIPO ALGUNO, YA QUE EL CONTENIDO NORMATIVO DE LA REGLA ASI ADOPTADA CARECE DE TODO ALCANCE COGENTE O IMPOSITIVO SOBRE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. SE TRATA DE UN PRECEPTO DIRIGIDO CLARAMENTE A LOS SERVICIOS ESTATALES, QUE PERMITE LA REPRESENTACION Y DEFENSA POR ESTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SI ESTAS OPTARAN POR ELLO, SIN IMPONER EN FORMA ALGUNA QUE ESTA HAYA DE SER LA VIA A SEGUIR EN TODO CASO. SE LIMITA EL PRECEPTO, RESPECTO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SIN MERMA DE SU DERECHO A PROCURARSE DE OTRO MODO REPRESENTACION Y DEFENSA, A PREVER EN SU FAVOR, Y CON CARACTER VOLUNTARIO, UNA OPCION MAS, MEDIANTE LA CUAL PUEDAN LOS SERVICIOS JURIDICOS DEL ESTADO COLABORAR CON LAS ADMINISTRACIONES AUTONOMICAS A LOS EFECTOS QUE EL PRECEPTO CONTEMPLA. NO ES DUDOSO, EN FIN, QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO REGLAMENTAR LAS CONDICIONES PARA UNA TAL COLABORACION, PUES OBVIO ES QUE NO PUEDEN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DISPONER DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DE AQUEL SIN UNA ESPECIFICA NORMATIVA ESTATAL QUE ASI LO PREVEA.

45. IMPUGNAN LOS ORGANOS RECURRENTES DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LOPJ POR NO RESPETAR, A SU JUICIO, LAS PREVISIONES DE SUS RESPECTIVOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA EN LO QUE SE REFIERE A LA VALORACION COMO MERITO PREFERENTE EN LOS CONCURSOS, OPOSICIONES Y NOMBRAMIENTOS PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES EN EL RESPECTIVO TERRITORIO DE MAGISTRADOS, JUECES, SECRETARIOS JUDICIALES Y DEMAS PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL CONOCIMIENTO DEL DERECHO PROPIO DE LA COMUNIDAD Y, EN SU CASO, DE LA LENGUA TAMBIEN PROPIA.

A ESTE RESPECTO EL ART. 23.1 DEL EAC Y EL 25 DEL EAG ESTABLECEN QUE, A LOS INDICADOS EFECTOS, SE VALORARAN COMO MERITOS PREFERENTES LA ESPECIALIZACION DE LOS DERECHOS CATALAN Y GALLEGO, PRECISANDO EL SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS CITADOS QUE DICHO CARACTER DE MERITO PREFERENTE TAMBIEN LO OSTENTARA EL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA GALLEGA. POR SU PARTE, EL EAPV, EN LOS NUMS. 1 Y 3 DE SU ART. 35, DA, A LOS MISMOS EFECTOS, IDENTICO CARACTER DE MERITO PREFERENTE AL CONOCIMIENTO DEL DERECHO CIVIL FORAL VASCO Y DEL EUSKERA.

PUES BIEN, EN LAS DEMANDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD SE IMPUGNAN LOS PRECEPTOS DE LA LOPJ QUE, AL REGULAR LA PROVISION DE PLAZAS PARA SECRETARIOS JUDICIALES Y DEMAS FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, GUARDAN SILENCIO ABSOLUTO SOBRE LA CONSIDERACION DEL INDICADO MERITO (ARTS. 475, 478, 479.2, 480, 481, 482, 490, 491, 493, 494, 496, 499, 500, 506.1, 2 Y 3, 508.1, 2 Y 3 Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2, 20, 21, 22, 24 Y 26.2 Y 3), ASI COMO AQUELLOS QUE SE REFIEREN A LA PROVISION DE PLAZAS VACANTES DE JUECES EN REGIMEN DE PROVISION TEMPORAL (ARTS. 428 Y 431). POR LA MISMA RAZON TAMBIEN SE COMBATEN LOS PRECEPTOS QUE REGULAN EL INGRESO EN LA CARRERA JUDICIAL DE JURISTAS DE RECONOCIDA COMPETENCIA (ARTS. 301.3 Y 311 A 314) Y, EN GENERAL, TODOS AQUELLOS QUE SE REFIEREN A LOS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL (ARTS. 81, 94, 96, 100, 101.1, 2 Y 4, 118, 152.2.3. , 4. Y 5. , 200, 201 A 213, 216, 301.1, 2 Y 3, 302, 303.1, 2 Y 3, 306.1, 326, 329.1, 2 Y 3, 330.1 Y 2, 332, 334 Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2.4 Y 5, 3, 8, 9, 13, 15, 16, 17 Y 26.1).

SE IMPUGNAN TAMBIEN LOS ARTS. 341.1 Y 2 Y 330.3 DE LA LOPJ, QUE SE REFIEREN A LA PROVISION DE PLAZAS DE PRESIDENTE DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y DE LAS AUDIENCIAS (ART. 341.1), A LAS DE TODOS LOS ORGANOS JUDICIALES RADICADOS EN EL TERRITORIO DE LAS RESPECTIVAS COMUNIDADES AUTONOMAS (ART.

341.2) Y A LAS PLAZAS RESERVADAS EN LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA A JURISTAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO (ART.

330.3). ESTOS PRECEPTOS SE IMPUGNAN PORQUE, SI BIEN SE RECOGE EN ELLOS COMO MERITO EL CONOCIMIENTO DEL RESPECTIVO DERECHO AUTONOMICO, LO LIMITAN A UN SECTOR DEL MISMO EL DERECHO CIVIL ESPECIAL O FORAL Y, ADEMAS, NO PRECISAN, EN EL CASO DE LOS ARTS. 341.1 Y 330.3, QUE TAL MERITO HAYA DE SER PREFERENTE.

LA RESOLUCION DE LA CONTIENDA SUSCITADA REQUIERE QUE, CON CARACTER PREVIO, SE ABORDEN LAS DOS SIGUIENTES CUESTIONES: A) SI LA REFERENCIA EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA DE CATALUÑA Y GALICIA A LOS DERECHOS CATALAN Y GALLEGO, RESPECTIVAMENTE, HA DE ENTENDERSE REALIZADA A TODA SU PRODUCCION NORMATIVA O, POR EL CONTRARIO, TAN SOLO AL DERECHO CIVIL ESPECIAL O FORAL; B) EL ALCANCE QUE HA DE DARSE A LA EXPRESION <CONCURSOS, OPOSICIONES Y NOMBRAMIENTOS> CONTENIDA EN EL ART. 23.1 DEL EAC Y A LA DE <CONCURSOS Y OPOSICIONES> DEL ART. 25 DEL EAG:

A) LA PRIMERA CUESTION DEBE RESOLVERSE EN EL SENTIDO DE ESTIMAR QUE LAS EXPRESIONES <DERECHO CATALAN> Y <DERECHO GALLEGO> CONTENIDAS RESPECTIVAMENTE EN EL EAC Y EN EL EAG, SE REFIEREN A TODA LA PRODUCCION NORMATIVA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS DICTEN LOS ORGANOS AUTONOMICOS, ESTO ES, AL DERECHO CIVIL ESPECIAL O FORAL DE CADA UNA DE DICHAS DOS COMUNIDADES AUTONOMAS Y LAS NORMAS DE DERECHO PUBLICO QUE DICTEN EN MATERIAS SOBRE LAS QUE HAYAN ASUMIDO COMPETENCIAS NORMATIVAS. ENTENDERLO DE OTRO MODO Y REDUCIR EL ALCANCE DE LA EXPRESION AL DERECHO CIVIL FORAL SUPONE, NO SOLO DESCONOCER LA TRASCENDENCIA A LOS EFECTOS QUE NOS OCUPAN DE LA TOTAL PRODUCCION NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SINO ADMITIR UN ABSURDO COMO EL DE, POR EJEMPLO, EXIGIR A UN MAGISTADO DESTINADO A LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE UN TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA LA ESPECIALIZACION EN EL DERECHO CIVIL ESPECIAL O FORAL DE LA RESPECTIVA COMUNIDAD Y NO EN EL DERECHO PUBLICO DE LA MISMA QUE ES, PRECISAMENTE, EL QUE PRIMARIAMENTE HA DE INTERPRETAR Y APLICAR. NO SE OPONE A LA ANTERIOR CONCLUSION LA CIRCUNSTANCIA DE QUE VARIOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA NO RECOJAN COMO MERITO PREFERENTE EL CONOCIMIENTO O LA ESPECIALIZACION EN EL DERECHO PROPIO DE LA RESPECTIVA COMUNIDAD, NI LA DE QUE OTROS, COMO ES EL CASO DEL EAPV, LIMITEN LA EXIGENCIA A UN SECTOR DE DICHO DERECHO COMO ES EL DERECHO CIVIL FORAL, PUES COMO TANTAS VECES HEMOS AFIRMADO LA PLURALIDAD PROPIA DEL ESTADO AUTONOMICO CONSISTE NO SOLO EN QUE ESTA INTEGRADO POR VARIAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SINO EN QUE ESTAS PUEDEN SER Y DE HECHO SON DIVERSAS ENTRE SI, NO EXISTIENDO PRINCIPIO ALGUNO QUE EXIJA QUE LAS PREVISIONES DE LOS DISTINTOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA Y EL ALCANCE QUE HAYA DE DARSE A LAS MISMAS DEBA SER EN TODO CASO IGUAL.

B) LA CARRERA JUDICIAL, ASI COMO LOS CUERPOS EN QUE SE INTEGRAN LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, SON CUERPOS UNICOS Y DE AMBITO NACIONAL. EN CONSECUENCIA, CUANDO LOS PRECEPTOS ESTATUTARIOS PREVEN QUE EL MERITO DISCUTIDO SE TENDRA EN CUENTA EN <CONCURSOS, OPOSICIONES Y NOMBRAMIENTOS>, HA DE ENTENDERSE QUE SE REFIEREN AL ACCESO A PLAZAS EN LOS TERRITORIOS AUTONOMICOS UNA VEZ PRODUCIDO EL INGRESO EN LA CORRESPONDIENTE CARRERA O CUERPOS, PERO NO AL INGRESO EN LOS MISMOS, EN CUYO CASO, DADO SU CARACTER NACIONAL, NO TIENE NINGUN SENTIDO EXIGIR LA ESPECIALIZACION EN LOS DERECHOS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES QUE INTEGRAN LA NACION.

46. TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR, HA DE CONCLUIRSE QUE NO EXISTE CONTRADICCION ENTRE LOS PRECEPTOS DE LA LOPJ IMPUGNADOS Y LOS ESTATUTARIOS QUE INVOCAN LOS ORGANOS RECURRENTES, PUES AQUELLOS EN MODO ALGUNO IMPIDEN O EXCEPCIONAN LA APLICACION DE ESTOS.

LA IMPUGNACION QUE SE HACE DE AQUELLOS PRECEPTOS DE LA LOPJ QUE REGULAN EL INGRESO EN LA CARRERA JUDICIAL, YA SEA POR EL TURNO DE OPOSICION, YA LO SEA POR EL TURNO DE JURISTAS DE RECONOCIDA COMPETENCIA, ASI COMO LA DE AQUELLOS QUE DISCIPLINAN EL INGRESO EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, NO SE SOSTIENE, PUES, POR LO DICHO, LA EXIGENCIA DE ESPECIALIZACION NO PUEDE SER APLICABLE AL INGRESO EN LA CARRERA JUDICIAL Y EN LOS INDICADOS CUERPOS DE FUNCIONARIOS.

LA CIRCUSTANCIA DE QUE, EN LO QUE SE REFIERE A LA PROVISION DE PLAZAS VACANTES, LA LOPJ GUARDE SILENCIO SOBRE LA VALORACION COMO MERITO PREFERENTE DE LA ESPECIALIZACION EN EL DERECHO PROPIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA PARA LAS PLAZAS DE AQUELLAS COMUNIDADES QUE ASI LO HAN REGULADO EN SUS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, NO IMPLICA QUE AQUELLA LEY ESTE DESCONOCIENDO LAS PREVISIONES ESTATUTARIAS. COMO PRECISA EL ABOGADO DEL ESTADO, NO ES OBJETO DE LA LOPJ UNA REGULACION EXHAUSTIVA DE LOS MERITOS Y CIRCUNSTANCIAS DE PUNTUACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PRUEBAS A QUE SE REFIERE. EN ESTE PUNTO LA LOPJ Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA CONFIGURAN UNA NORMACION COMPUESTA QUE, LEJOS DE EXCLUIRSE RECIPROCAMENTE, SE COMPLEMENTAN, DE MODO QUE EL ORGANO COMPETENTE PARA DESARROLLAR LAS PREVISIONES DE AQUELLA O PARA CONVOCAR LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS SELECTIVAS DEBERA TENER EN CUENTA LAS EXIGENCIAS ESTATUTARIAS EN ORDEN A ESTABLECER COMO MERITO PREFERENTE EL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA PROPIA Y DEL DERECHO, TAMBIEN, PROPIO DE LA RESPECTIVA COMUNIDAD AUTONOMA.

OTRO TANTO CABE DECIR DE LOS ARTS.

341.1 Y 2 Y 330.3. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE ESTOS PRECEPTOS ORGANICOS A LA HORA DE REGULAR EL MERITO PREFERENTE EXAMINADO SE REFIERAN AL DERECHO CIVIL ESPECIAL O FORAL, NO REVELA MAS QUE UNA PREOCUPACION DEL LEGISLADOR ORGANICO POR PROTEGER, EN ESTE CASO A TRAVES DE LA EXIGENCIA DE SU CONOCIMEINTO O ESPECIALIZACION PARA QUIENES PRETENDAN OCUPAR PLAZAS EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ASENTADOS EN LOS RESPECTIVOS TERRITORIOS AUTONOMICOS, DICHA CLASE DE DERECHO CIVIL, PERO NO IMPIDE QUE EN EL CASO DE AQUELLAS COMUNIDADES EN LAS QUE SUS ESTATUTOS DE AUTONOMIA HAN ESTABLECIDO LA EXIGENCIA DEL MERITO, NO SOLO PARA EL DERECHO CIVIL ESPECIAL O FORAL, SINO PARA TODA LA PRODUCCION NORMATIVA DE LA COMUNIDAD, DICHA EXIGENCIA SE EXTIENDA A LA TOTALIDAD DEL DERECHO PROPIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE QUE SE TRATE, LO QUE HABRA DE TENERSE EN CUENTA POR EL ORGANO COMPETENTE PARA DESARROLLAR LAS PREVISIONES EN ESTE PUNTO DE LA LOPJ O PARA, EN SU CASO, CONVOCAR LOS OPORTUNOS CONCURSOS Y PROCEDER A LOS NOMBRAMIENTOS.

DESDE ESTA PERSPECTIVA LOS CITADOS TRES PRECEPTOS NO SE OPONEN A LAS PREVISIONES ESTATUTARIAS, PUES EL NUMERO 2 DEL ART. 341 EXPRESAMENTE DISPONE QUE <REGLAMENTARIAMENTE SE DETERMINARAN LOS CRITERIOS DE VALORACION SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL IDIOMA Y DEL DERECHO CIVIL ESPECIAL O FORAL... COMO MERITO PREFERENTE...>. EL NUMERAL 1. DEL MISMO ARTICULO REGULA IGUAL MERITO PARA LA PROVISION DE PLAZAS DE PRESIDENTE DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y DE LAS AUDIENCIAS, SIN PRECISAR QUE EL MISMO HAYA DE SER PREFERENTE. ESTE SILENCIO NO IMPLICA NEGAR LAS PREVISIONES ESTATUTARIAS NI TAMPOCO QUE ESTAS NO PUEDAN TENER APLICACION. COMO YA SE HA DICHO, SERA EL ORGANO COMPETENTE PARA DESARROLLAR ESTE PRECEPTO ORGANICO O EL QUE LO SEA PARA PROCEDER A LA PROVISION DE LAS PLAZAS EL QUE, CON RESPETO A LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, DEBERA PRECISAR LA PREFERENCIA Y EL ALCANCE QUE HAYA DE DARSE A DICHAS PREVISIONES EN RELACION CON LOS DEMAS MERITOS A PONDERAR. LO MISMO CABE DECIR DEL ART. 330.3 QUE, AL REGULAR EL NOMBRAMIENTO DE JURISTAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO PARA LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA, NO PRECISA QUE EL REFERIDO MERITO HAYA DE VALORARSE COMO PREFERENTE.

FINALMENTE, ES NECESARIO PRECISAR QUE LA CUESTION SOBRE SI EL MERITO HA DE REFERIRSE A UNA AUTENTICA <ESPECIALIZACION> O, POR EL CONTRARIO, A UN MERO <CONOCIMIENTO> DEL RESPECTIVO DERECHO AUTONOMICO, ES UN PROBLEMA MERAMENTE SEMANTICO QUE HA DE TRADUCIRSE EN LA PRACTICA EN UNA FACULTAD PONDERATIVA DE QUIEN, CON SUJECION A LAS NORMAS QUE SE DICTEN Y LOS CRITERIOS QUE SE ESTABLEZCAN AL RESPECTO, SEA COMPETENTE PARA HACER LA VALORACION DE LOS MERITOS, POR LO QUE LA CIRCUNSTANCIA DE QUE DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LOPJ, AL REGULAR LA PROVISION DE PLAZAS, SE REFIERAN A UN <CONOCIMIENTO> Y NO A UNA <ESPECIALIZACION> DEL DERECHO AUTONOMICO, TAL Y COMO ESTABLECEN LOS ESTATUTOS DE CATALUÑA Y GALICIA, NO SE OPONE A LAS PREVISIONES ESTATUTARIAS NI IMPIDE LA EFECTIVA APLICACION DE LAS MISMAS.

47. EL PARLAMENTO Y EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA CONSIDERAN QUE LA DISPOSICION ADICIONAL 6. DE LA LOPJ, QUE SUPRIME LOS TRIBUNALES ARBITRALES DE CENSOS EN LAS PROVINCIAS DE BARCELONA, TARRAGONA, LERIDA Y GERONA, ES CONTRARIA AL ART.

149.1, 6 Y 8 DE LA CONSTITUCION Y AL ART. 9.2 Y 3 DEL EAC, YA QUE DICHOS ORGANOS NO EJERCIAN UNA FUNCION ESTRICTAMENTE JURISDICCIONAL NI ESTABAN COMPRENDIDOS REALMENTE EN EL PODER JUDICIAL, PUESTO QUE TENIAN UN CARACTER ARBITRAL, LLAMADOS A EJERCER LA PACIFICA COMPOSICION DE LAS CUESTIONES QUE LAS PARTES PUDIERAN PLANTEAR EN EL SENTIDO Y CON EL ALCANCE DE LA LEY DE ARBITRAJE DE DERECHO PRIVADO, DE 22 DE DICIEMBRE DE 1953 (ART. 2.2. ). NO SE TRATABA, POR TANTO, DE TRIBUNALES EXCEPCIONALES, CUYA SUPRESION ESTUVIESE JUSTIFICADA EN LO DISPUESTO EN EL ART. 117.6 C.E., SINO DE UNA INSTITUCION BASICA PARA EL DESARROLO DEL DERECHO CIVIL CATALAN, DEBIENDO TENERSE EN CUENTA QUE EL ART. 296, ENTRE OTROS PRECEPTOS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1/1984, APROBATORIO DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA COMPILACION DEL DERECHO CIVIL DE CATALUÑA, AL ESTABLECER QUE LA ENFITEUSIS SE REGIRA, EN DEFECTO DEL TITULO DE CONSTITUCION, POR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS LEYES SOBRE INSCRIPCION, DIVISION Y REDENCION DE CENSOS EN CATALUÑA HA ASUMIDO, EN SU INTEGRIDAD, POR REENVIO, LA LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1945 REGULADORA DE DICHOS TRIBUNALES ARBITRALES DE CENSOS, QUE CONSTITUYE UNA PARTE INSTRUMENTAL IMPRESCINDIBLE DE LA REGULACION SUSTANTIVA, EN TANTO NO DISPONGA OTRA COSA EL PARLAMENTO DE CATALUÑA.

LA TESIS DE LOS RECURRENTES EN LOS TERMINOS EXPUESTOS PARTE DE UNA PREMISA QUE NO PUEDE SER ACOGIDA.

LOS TRIBUNALES ARBITRALES DE CENSOS, PESE A SU DENOMINACION, SE CONFIGURAN EN LA CITADA LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1945 COMO AUTENTICOS ORGANOS JURISDICCIONALES.

EN EFECTO, SU ART.

46 ATRIBUIA A LOS TRIBUNALES QUE CREA EN CADA UNA DE LAS PROVINCIAS CATALANAS EL CONOCIMIENTO <CON CARACTER EXCLUSIVO> DE LOS ASUNTOS QUE SE PLANTEASEN EN LOS RESPECTIVOS TERRITORIOS CON OCASION DE LAS DIVISIONES Y REDENCIONES DE CENSOS, DETERMINACION DE PENSIONES, VALORACION DE PRESTACIONES, ESTIMACION DE FINCAS A LOS EFECTOS DE REDENCION, FIJACION DE LAUDEMIOS Y SUS DISTRIBUCION, Y, EN GENERAL, DE CUANTAS CUESTIONES FUERAN OBJETO DE LA PROPIA LEY O HICIERAN REFERENCIA A SU APLICACION. ES DECIR, ESTABLECIA LA OBLIGACION DE LAS PARTES, EN LOS CASOS TAXATIVAMENTE DETERMINADOS POR LA LEY, DE ACUDIR A LOS TRIBUNALES ARBITRALES DE CENSOS, CUYA INTERVENCION, POR TANTO, NO RESPONDIA A UN ACTO VOLUNTARIO DE SUMISION O SOMETIMIENTO A SU DECISION, INHERENTE AL METODO ESPECIFICO DE HETEROCOMPOSICION DISPOSITIVA DEL CONFLICTO EN QUE CONSISTE LA INSTITUCION ARBITRAL, SINO A REGLAS PROPIAMENTE ATRIBUTIVAS DE COMPETENCIA OBJETIVA Y TERRITORIAL.

EN SUMA, EN TERMINOS DE LA STC 43/1988 (FUNDAMENTO JURIDICO 4. ), NO SE TRATABA DEL RECONOCIMIENTO LEGAL A QUE POR OBRA DEL PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD DE LOS PARTICULARES PUDIERA OPTARSE POR LA JURISDICCION DE UNOS ARBITROS, RENUNCIANDO A LA JURISDICCION ESTATAL, SINO DE LA CREACION DE UNOS ORGANOS DEL ESTADO QUE EJERCIAN UNA JURISDICCION ESPECIAL (STS DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1970), A QUIEN, PESE A LA EXPRESADA CALIFICACION LEGAL, LES CORRESPONDIA DICTAR Y EJECUTAR SENTENCIA; PROVINIENDO SU SINGULARIDAD DE SU COMPOSICION (ARTS. 47 Y 48), AMBITO MATERIAL Y TERRITORIAL DE SU COMPETENCIA (ART. 46), Y DESENVOLVIMIENTO PROCESAL (ART. 49), EN EL QUE SUPLETORIAMENTE REGIA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.

POR OTRA PARTE, NO PUEDE IGNORARSE QUE, CON INDEPENDENCIA DE OTROS ASPECTOS DE LA LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1945, SOBRE INSCRIPCION, DIVISION Y REDENCION DE CENSOS EN CATALUÑA, SU CAPITULO IV TIENE UN INEQUIVOCO CARACTER PROCESAL; DE MANERA QUE, EN RELACION CON LOS TRIBUNALES DE CENSOS, LAS NORMAS DE COMPTENCIA Y PROCEDIMIENTO DE ACTUACION, NO PUEDE ESGRIMIRSE OTRO TITULO COMPETENCIAL QUE EL PREVISTO EN LOS ARTS. 149.1, 6. C.E. Y 9.3 DEL EAC; Y CONFORME A TALES PRECEPTOS, EN LAS ESPECIALIDADES PROCESALES DERIVADAS DE LAS PECULIARIDADES DEL DERECHO CIVIL SUSTANTIVO DE CATALUÑA NO CABRIA INCLUIR LA SUBSISTENCIA DE DICHOS ORGANOS, AL REPRESENTAR, CONFORME A LA NATURALEZA EXPUESTA, UNA GENUINA MATERIA DE ORDENACION DEL PODER JUDICIAL QUE ATAÑE, INCLUSO, A LA UNIDAD JURISDICCIONAL (ART. 117.5 C.E.), SIENDO POR TANTO, EN TODO CASO, INASUMIBLE SU REGULACION POR LA COMUNIDAD EN VIRTUD DEL REENVIO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1/1984 A QUE ALUDEN LOS RECURRENTES.

FALLO

EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

HA DECIDIDO

1. ESTIMAR PARCIALMENTE LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD Y A TAL EFECTO:

A) DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD Y CONSIGUIENTE NULIDAD DEL ARTICULO 37, APARTADO 4, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL.

B) DECLARAR QUE NO SON INCONSTITUCIONALES LOS ARTS.: 171.4, INTERPRETADO EN EL SENTIDO DEL FUNDAMENTO JURIDICO 13.B; EL ART. 439.2, INTERPRETADO EN EL SENTIDO DEL FUNDAMENTO JURIDICO 43; LOS ARTS. 455 Y 469.2, INTERPRETADOS EN EL SENTIDO DEL FUNDAMENTO JURIDICO 11, APARTADOS A) Y C), RESPECTIVAMENTE.

2. DESESTIMAR LOS RECURSOS EN TODO LO DEMAS.

PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>.

DADA EN MADRID A 29 DE MARZO DE 1990. FIRMADO: FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. ANTONIO TRUYOL SERRA.

CARLOS DE LA VEGA BENAYAS. EUGENIO DIAZ EIMIL. MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ GUERRA. JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS. ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO. VICENTE GIMENO SENDRA.

RUBRICADO.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL EXCELENTISIMO SEÑOR DON VICENTE GIMENO SENDRA A LA SENTENCIA DICTADA EN LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADOS NUMS. 859, 861, 864 Y 870 DE 1985

1. ART. 171.4: DISIENTO DEL VOTO MAYORITARIO ACERCA DE ESTE FALLO INTERPRETATIVO, CONFORME AL CUAL EL MINISTERIO DE JUSTICIA NO PODRA INSTAR LA ACTIVIDAD INSPECTORA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL SOBRE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES UBICADOS EN COMUNIDADES AUTONOMAS AFECTADAS POR LA CLAUSULA SUBROGATORIA. EN MI OPINION HUBIERA SIDO SUFICIENTE DECLARAR QUE, POR EL JUEGO DE LA CLAUSULA SUBROGATORIA, IDENTICA FACULTAD SE LES HA DE RECONOCER A DICHAS COMUNIDADES AUTONOMAS. PERO, AL NO HABERSE DECLARADO ASI Y CONSAGRAR DICHA PROHIBICION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, LA SENTENCIA SE MANIFIESTA INCONGRUENTE CON LA DECLARACION DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA COMPETENCIA DE DICHO MINISTERIO SOBRE EL ESTATUTO JURIDICO DEL PERSONAL COLABORADOR DE LA JURISDICCION (POTESTAD DISCIPLINARIA INCLUIDA), ASI COMO CON LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FUCIONAMIENTO ANORMAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (ART. 121 DE LA CONSTITUCION).

2. ARTS. 65.1 , A, B, C Y D; 4. Y 6. (ESTE ULTIMO EN CONEXION CON LA DISPOSICION TRANSITORIA DE LA L. O. 4/1988, DE 26 DE MAYO); ASIMISMO, DISCREPO DE LA VOLUNTAD MAYORITARIA DE ESTE TRIBUNAL EN TORNO A LA ENUNCIADA COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL, CUYA SUBSISTENCIA, EN MI OPINION, VULNERA LOS ARTS. 24.2, 17.4. , 120.1. Y 152.1. , II Y III, DE LA CONSTITUCION, ASI COMO LOS ARTS. 20.1. , B) EAC Y 14.1. B)

Y 34.1. EAPV. INFRINGE, EN ESPECIAL, EL DERECHO AL JUEZ LEGAL, PORQUE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL NO PUEDE ENTENDERSE COMO UN MERO DERECHO <DE CONFIGURACION LEGAL>, SI ASI FUERA, PODRIA EL LEGISLADOR ESTATAL DISPONER A SU ANTOJO SOBRE LA CONSTITUCION Y CONFIGURACION DE LOS ORGANOS JUDICIALES. PERO, POR <JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY> HAY QUE ENTENDER TAMBIEN EL PREDETERMINADO POR LA CONSTITUCION , QUE ES LA PRIMERA LEY QUE HAN DE CUMPLIR TODOS LOS PODERES PUBLICOS.

PUES BIEN, NUESTRA LEY FUNDAMENTAL EXIGE, EN SU ART. 152, QUE LAS SUCESIVAS INSTANCIAS PROCESALES SE AGOTEN ANTE LOS ORGANOS JUDICIALES DEL RESPECTIVO TRIBUNAL SUPERIOR, CON LO QUE NATURALMENTE VIENE TAMBIEN A PROSCRIBIR LA POSIBILIDAD DE QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA, SIN CAUSA JUSTIFICADA, SUSTRAER DE LA COMPETENCIA DE LOS ORGANOS JUDICIALES RADICADOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA EL CONOCIMIENTO DE DETERMINADAS MATERIAS EN PRIMERA INSTANCIA.

LA NECESIDAD DE QUE ESTA SUSTRACCION DE LA COMPETENCIA GOCE DE UNA JUSTIFICACION OBJETIVA Y RAZONABLE LA CORROBORA EL ART. 14 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, PARA LA QUE EL JUEZ TERRITORIALMENTE COMPETENTE LO HA DE SER EL DEL LOCUS DELICTI.

ESTE CRITERIO DEL JUEZ LEGAL <NATURAL>, NO SOLO NO HA SIDO RESTRINGIDO POR LA CONSTITUCION, SINO, ANTES AL CONTRARIO, GOZA DE UNA PROTECCION REFORZADA POR EL PROPIO ART. 24.2. , EN SU MANIFESTACION DE DERECHO <A UN PROCESO PUBLICO CON TODAS LAS GARANTIAS>, Y POR EL ART. 120.1. DE LA C.E. EN EFECTO, SON RAZONES DE INMEDIACION DEL ORGANO JUDICIAL CON LAS FUENTES DE PRUEBA Y LA NECESIDAD DE POTENCIAR AL MAXIMO EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DEL JUICIO ORAL LAS QUE HAN DE OBLIGAR AL LEGISLADOR ESTATAL A FUNDAMENTAR MUY RIGUROSAMENTE CUALQUIER DEROGACION AL DERECHO DE TODO CIUDADANO A SER JUZGADO POR EL JUEZ O TRIBUNAL DEL LUGAR DE COMISION DEL DELITO.

PERO, COMO QUIERA QUE EL PROPIO LEGISLADOR ORDINARIO TIENE SUS PROPIAS DUDAS ACERCA DE LA JUSTIFICACION OBJETIVA DE, AL MENOS, LA COMPETENCIA DE LA A. N. EN MATERIA DE TERRORISMO (TAL Y COMO LO DEMUESTRA LA SIMPLE LECTURA DE LA DISPOSICION TRANSITORIA DE LA L. O. 4/1988, EN CUYA VIRTUD <LA LEGISLACION QUE PUEDA MODIFICAR ESTA ATRIBUCION DE COMPETENCIAS SE INSPIRARA EN EL PRINCIPIO DE INMEDIACION JUDICIAL>), HE DE DISCREPAR RESPETUOSAMENTE DEL CRITERIO SUSTENTADO POR LA MAYORIA.

MADRID, DOS DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA. FIRMADO: VICENTE GIMENO SENDRA. RUBRICADO.

Análisis

  • Rango: Sentencia
  • Fecha de disposición: 29/03/1990
  • Fecha de publicación: 04/05/1990
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • CORRECCIÓN de errores en suplemento al BOE núm. 160, de 5 de julio de 1990 (Ref. BOE-T-1990-15879).
Referencias anteriores
  • DICTADA:
  • DECLARA la inconstitucionalidad y nulidad del art. 37.4 y la constitucionalidad de los arts. 171.4, 439.2, 455 y 469.2, interpretados en el sentido expuesto en los fundamentos jurídicos, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio (Ref. BOE-A-1985-12666).
Materias
  • Abogados
  • Administración de Justicia
  • Audiencia Nacional
  • Audiencias Provinciales
  • Carrera Fiscal
  • Carrera Judicial
  • Cataluña
  • Centro de Estudios Judiciales
  • Conflictos de Competencia
  • Conflictos Jurisdiccionales
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  • Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia
  • Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia
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  • Cuerpo de Secretarios Judiciales
  • Cuerpo Nacional de Médicos Forenses
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  • Enjuiciamiento Civil
  • Enjuiciamiento Criminal
  • Escuela Judicial
  • Funcionarios de la Administración de Justicia
  • Galicia
  • Incompatibilidades
  • Instituto Nacional de Toxicología
  • Institutos de Medicina Legal
  • Jubilación
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