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Documento BOE-T-1988-19560

Pleno. Cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas número 865/1984 y 41/1985. Sentencia número 141/1988, de 12 de julio.

Publicado en:
«BOE» núm. 189, de 8 de agosto de 1988, páginas 4 a 9 (6 págs.)
Sección:
T.C. Suplemento del Tribunal Constitucional
Departamento:
Tribunal Constitucional
Referencia:
BOE-T-1988-19560

TEXTO ORIGINAL

EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE; DOÑA GLORIA BEGUE CANTON, DON ANGEL LATORRE SEGURA, DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, DON LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA Y DON LUIS LOPEZ GUERRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO,

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADAS NUMEROS 865/1984 Y 41/1985, PLANTEADAS POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 1 DE VALLADOLID, POR SUPUESTA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 57.1 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 3050/1980, DE 30 DE DICIEMBRE. HAN COMPARECIDO EL LETRADO DEL ESTADO, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL GOBIERNO, Y EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, Y HA SIDO PONENTE LA MAGISTRADA DOÑA GLORIA BEGUE CANTON, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.

I. ANTECEDENTES

1. EL 23 DE JUNIO DE 1984 SE PRESENTO ANTE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. 1 DE VALLADOLID, EN NOMBRE Y DE <TECNITELEX, SOCIEDAD ANONIMA>, DEMANDA DE TERCERIA DE DOMINIO EN RELACION CON LOS BIENES MUEBLES EMBARGADOS EN LOS AUTOS DE JUICIO EJECUTIVO 109/1983, QUE SE TRAMITABAN EN EL CITADO JUZGADO, PROMOVIDOS POR <PAVIMENTOS CERAMICOS, SOCIEDAD ANONIMA>, CONTRA <PROMOCIONES Y MERCADOS TECNICOS, SOCIEDAD ANONIMA>. LA DEMANDA SE INTERPONIA CONTRA LA PRIMERA, COMO EJECUTANTE, Y LA SEGUNDA, COMO EJECUTADA, Y SE FUNDABA ESENCIALMENTE EN QUE <PROMOCIONES Y MERCADOS TECNICOS, SOCIEDAD ANONIMA>, NUNCA FUE PROPIETARIA DEL TELEIMPRESOR EMBARGADO POR <PAVIMENTOS CERAMICOS, SOCIEDAD ANONIMA>, TODA VEZ QUE EL MISMO HABIA SIDO ARRENDADO A <PROMOCIONES Y MERCADOS TECNICOS, SOCIEDAD ANONIMA>, POR <TELECOMUNICACION, ELECTRONICA Y CONMUTACION, SOCIEDAD ANONIMA> (TECOSA), Y ESTA LO HABIA CEDIDO A LA DEMANDANTE CON TODOS LOS DERECHOS QUE SOBRE EL TENIA RELATIVOS AL ARRENDAMIENTO EXISTENTE. LA DEMANDANTE, YA PROPIETARIA DEL TELEIMPRESOR, SUSCRIBIO CON <PROMOCIONES Y MERCADOS TECNICOS, SOCIEDAD ANONIMA>, UN CONTRATO ANEXO AL PRIMITIVO DE ARRENDAMIENTO MODIFICANDO ALGUNA DE SUS CLAUSULAS. SE ACOMPAÑABAN A LA DEMANDA LOS DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LOS HECHOS EXPRESADOS, ASI COMO FACTURAS Y COPIAS DE LA CORRESPONDENCIA, RELATIVA AL TELEIMPRESOR, MANTENIDA POR LA DEMANDANTE CON <PROMOCIONES Y MERCADOS TECNICOS, SOCIEDAD ANONIMA>, COMO ARRENDATARIA.

LA DEMANDADA, <PAVIMENTOS CERAMICOS, SOCIEDAD ANONIMA>, CONTESTO A LA DEMANDA ALEGANDO COMO EXCEPCION DILATORIA, ENTRE OTRAS, QUE EL DOCUMENTO NUMERO DOS APORTADO DE ADVERSO (ES DECIR, EL DOCUMENTO EN CUYA VIRTUD <TECOSA> CEDE A <TECNITELEX, SOCIEDAD ANONIMA>, EL TELEIMPRESOR OBJETO DEL LITIGIO Y TODOS LOS DERECHOS QUE SOBRE EL TIENE RELATIVOS AL ARRENDAMIENTO) NO HABIA SIDO LIQUIDADO DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS, POR LO QUE, ESTABLECIENDO EL ART. 42.1 DE LA LEY 32/1980, LA INADMISION E INEFICACIA EN TRIBUNAL, OFICINA O REGISTRO PUBLICO, DE LOS DOCUMENTOS NO LIQUIDADOS QUE CONTENGAN ACTOS O CONTRATOS SUJETOS AL IMPUESTO NO PODIA SER INVOCADO LEGITIMAMENTE EN JUICIO. EL ART. 3 DE LA CITADA LEY CONTEMPLA COMO HECHO IMPONIBLE LAS TRANSMISIONES ONEROSAS, Y, PUESTO QUE UNA CESION LO ES, EL DOCUMENTO AFIRMABA DEBIA SER INMEDIATAMENTE DESGLOSADO Y DEVUELTO A LA PARTE SIN DEJAR NI SIQUIERA NOTA EN AUTOS, Y, EN CONSECUENCIA, DESESTIMABA LA DEMANDA.

2. DENTRO DEL PLAZO PARA DICTAR SENTENCIA, EL MAGISTRADO-JUEZ DEL MENCIONADO JUZGADO ACORDO OIR AL FISCAL DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL Y A LAS PARTES SOBRE LA PROCEDENCIA DE PLANTEAR CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN RELACION CON EL ART.

42.1 DE LA LEY 32/1980. EL MINISTERIO FISCAL SE PRONUNCIO EN EL SENTIDO DE QUE, CON INDEPENDENCIA DE LO QUE PUDIERA INFORMARSE TENIENDO EN CUENTA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL Y LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, NO ERA PERTINENTE EL PLANTEAMIENTO DE LA REFERIDA CUESTION, DADO QUE EL JUZGADOR NO HABIA CONCRETADO EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL QUE SUPONIA INFRINGIDO Y, EN CONSECUENCIA, NO HABIA DESVELADO EN QUE RADICABA SU DUDA EN LA APLICACION DE LA LEY NI CUAL ERA EL ALCANCE DE LA MISMA. POR SU PARTE, LA ACTORA <TECNITELEX, SOCIEDAD ANONIMA>, EVACUO EL TRAMITE MANIFESTANDO QUE EL ART. 57.1 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3050/1980, DE 30 DE DICIEMBRE QUE SE CORRESPONDE CON EL MENCIONADO ART. 42.1 , NO ES ANTICONSTITUCIONAL, PUES NO CONTRADICE LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCION EN SU TITULO I NI EN LOS RESTANTES QUE PUDIERAN RESULTAR AFECTADOS. POR OTRA PARTE AÑADIA , LA INADMISION A QUE SE REFIERE EL MENCIONADO ARTICULO RESULTA CONDICIONADA A QUE SE JUSTIFIQUE EL PAGO DEL IMPUESTO Y HA DE ENTENDERSE QUE LA FALTA, SUBSANABLE EN CUALQUIER MOMENTO PROCESAL, CON SUSPENSION DEL PLAZO EN QUE SE ENCUENTRE EL PLEITO, NO PRODUCE LA ANULACION DE ACTOS CONSTITUTIVOS DE DERECHO NI CONSTITUYE FUNDAMENTO JURIDICO SUFICIENTE PARA DECIDIR LA PERDIDA DE DERECHOS DE DOMINIO. SUBSIDIARIAMENTE SOLICITABA QUE SI EL DOCUMENTO DE CESION DEL TELEIMPRESOR EN FAVOR DE LA ACTORA PLANTEARA PROBLEMAS FISCALES, A PESAR DE ESTAR RECONOCIDO DE CONTRARIO Y DESDE EL INICIO DEL ARRENDAMIENTO, SE ACORDASE LA SUBSANACION DEL DEFECTO.

3. EL MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. 1 DE VALLADOLID DICTO AUTO EL 21 DE NOVIEMBRE DE 1984, POR EL QUE ACORDO PLANTEAR CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD ANTE ESTE TRIBUNAL EN RELACION CON EL ART. 57.1 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3050/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, QUE SE CORRESPONDE CON EL ART. 42 DE LA LEY 32/1980, ALEGADO POR LA DEMANDADA. DESPUES DE AFIRMAR EN LOS RESULTANDOS QUE LA DEMANDANTE ACOMPAÑABA COMO JUSTIFICACION DE SU DERECHO UN CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO DEL TELEIMPRESOR A <PROMOCIONES Y MERCADOS TECNICOS>, EN EL QUE FIGURABA COMO ARRENDADORA <TECOSA>, Y OTRO CONTRATO PRIVADO, POR EL QUE LA EMPRESA CITADA CEDIA SUS DERECHOS A <TECNITELEX, SOCIEDAD ANONIMA>, AMBOS SIN LIQUIDAR DEL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS, RAZONABA EN LOS CONSIDERANDOS QUE, HALLANDOSE COMPRENDIDAS LAS TRANSMISIONES ONEROSAS POR ACTOS INTERVIVOS DE TODA CLASE DE BIENES Y DERECHOS EN EL ART. 7.1 DEL TEXTO REFUNDIDO, LA APLICACION DE LOS PRECEPTOS LEGALES CUESTIONADOS CONDUCIA A RECHAZAR EL DOCUMENTO EN QUE LA PARTE ACTORA FUNDAMENTABA SU DERECHO Y A LA DESESTIMACION DE LA DEMANDA, Y QUE ELLO SUPONIA UN OBSTACULO DE CARACTER FISCAL QUE IMPEDIA A LA ACTORA OBTENER LA PROTECCION JURISDICCIONAL DE SUS DERECHOS, CONTRAVINIENDO, A SU JUICIO, LO DISPUESTO EN EL ART. 24 DE LA CONSTITUCION. POR ELLO ESTIMABA PROCEDENTE PLANTEAR LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, DE ACUERDO CON LOS ARTS.

35 Y 36 DE LA LEY ORGANICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE (LOTC). FINALMENTE, SEÑALABA QUE, DADOS LOS TERMINOS GRAMATICALES UTILIZADOS EN EL PRECEPTO LEGAL CONTROVERTIDO, NO CABIA RESOLVER EL PROBLEMA POR VIA DE INTERPRETACION, YA QUE SEGUN EL ART. 2.2 DEL CODIGO CIVIL NO SON POSIBLES LAS INTERPRETACIONES DEROGATORIAS DE LA LEY.

4. MEDIANTE ESCRITO PRESENTADO EL 10 DE DICIEMBRE DE 1984, REGISTRADO CON EL NUM. 865/1984, EL MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. 1 DE VALLADOLID PLANTEA LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, AÑADIENDO A LA FUNDAMENTACION DEL AUTO QUE, A SU ENTENDER, LAS DISPOSICIONES CON RESPECTO A LAS CUALES SE SUSCITA, COINCIDENTES CON OTRAS DEL MISMO SENTIDO ANTERIORES A LA CONSTITUCION, AL IMPEDIR LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS SIN LA PREVIA LIQUIDACION DEL MENCIONADO IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS, CONSTITUYEN EL GRAVE OBSTACULO A QUE SE REFIERE DIVERSAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ENTRE ELLAS LA 70/1984, DE 11 DE JUNIO, MAXIME CUANDO, COMO SUCEDE EN EL CASO DE AUTOS, AL TRATARSE DE UNA DEMANDA DE TERCERIA DE DOMINIO, LA PRESENTACION DE ESTA RESULTABA PERENTORIA Y EL TIEMPO INVERTIDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FISCALES PODIA SUPONER LA IMPOSIBILIDAD DE OBTENER LA TUTELA JUDICIAL, YA QUE, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ART.

1.533 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, ESTA CLASE DE DEMANDAS NO PUEDEN SER ADMITIDAS DESPUES DE OTORGADA LA ESCRITURA O CONSUMADA LA VENTA DE LOS BIENES O CUANDO ESTOS HAN SIDO ADJUDICADOS EN PAGO Y ENTREGADOS AL EJECUTANTE.

ACOMPAÑA AL ESCRITO FOTOCOPIA CERTIFICADA DE LAS ACTUACIONES, EN LA QUE NO FIGURA EL DOCUMENTO NUM. 2 DE LOS INCORPORADOS A LA DEMANDA NI LA PROVIDENCIA POR LA QUE EL JUZGADO ACORDABA OIR A LAS PARTES SOBRE EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD.

5. POR PROVIDENCIA DE 19 DE DICIEMBRE DE 1984 LA SECCION PRIMERA DEL PLENO DE ESTE TRIBUNAL ACUERDA ADMITIR A TRAMITE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD Y DAR TRASLADO DE LA MISMA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y AL SENADO, POR CONDUCTO DE SUS PRESIDENTES, AL GOBIERNO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, Y AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO PARA QUE PUEDAN PERSONARSE Y FORMULAR ALEGACIONES EN EL PLAZO DE QUINCE DIAS; ASIMISMO, ACUERDA LA PUBLICACION DE LA ADMISION A TRAMITE EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>.

6. EL ABOGADO DEL ESTADO, EN ESCRITO PRESENTADO EL 14 DE ENERO

DE 1985, SOLICITA LA DESESTIMACION DE LA CUESTION, BASANDOSE EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:

A) EN PRIMER TERMINO, CONSIDERA DISCUTIBLE QUE LA NORMA CONTROVERTIDA SEA EFECTIVAMENTE APLICABLE AL PROCESO CIVIL QUE HA ORIGINADO LA PRESENTE CUESTION. EN EFECTO RAZONA , DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART.

42.1 DE LA LEY 32/1980, LOS TRIBUNALES HAN DE INADMITIR AQUELLOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONCURREN ESTAS DOS CIRCUNSTANCIAS: HALLARSE SUJETOS AL IMPUESTO Y NO HABERSE ACREDITADO SU PAGO, EXENCION O NO SUJECION; POR CONSIGUIENTE, NO PROCEDE DECRETAR LA INADMISION CUANDO EL JUEZ, ASUMIENDO UNA FUNCION CALIFICADORA PREVIA, ESTIME QUE EL ACTO O CONTRATO NO RESULTA SUJETO AL IMPUESTO O CUANDO, AUNQUE LO CONSIDERE SUJETO, EL DOCUMENTO SE PRESENTA CON NOTA DE NO SUJECION.

EN EL CASO QUE NOS OCUPA SEÑALA NO CONSTA EN LOS AUTOS DATO ALGUNO QUE JUSTIFIQUE DE MODO CONCLUYENTE LA SUJECION DE LOS DOCUMENTOS TEORICAMENTE LIQUIDABLES (ARRENDAMIENTO Y SUBROGACION EN EL MISMO) AL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS; POR EL CONTRARIO, EXISTEN RAZONES PARA PENSAR QUE EL ACTO O CONTRATO SE HA REALIZADO EN EL AMBITO DE UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ORGANIZADA, LO QUE IMPLICA QUE DEBE TRIBUTAR POR EL IMPUESTO GENERAL SOBRE EL TRAFICO DE EMPRESAS Y NO SE HALLA SUJETO AL MENCIONADO IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES, SEGUN EL ULTIMO APARTADO DEL ART. 3 DEL TEXTO REFUNDIDO.

DADO EL ESPECIAL INTERES QUE REVISTE ESTE PUNTO, YA QUE, DE NO ESTAR SUJETOS AL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES, LOS ACTOS O CONTRATOS A QUE ALUDE EL AUTO POR EL QUE SE PROMUEVE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, ESTA CARECERIA DE TODA JUSTIFICACION; EL ABOGADO DEL ESTADO INTERESA LA PRACTICA DE PRUEBA CONSISTENTE EN QUE SE RECABE INFORME DE LA INSPECCION DE HACIENDA, AL OBJETO DE QUE ESTA SUMINISTRE LOS DATOS DE HECHO SUFICIENTES PARA PODER PRONUNCIARSE AL RESPECTO. ASIMISMO, INTERESA LA INCORPORACION AL TESTIMONIO DE LA PRESENTE CUESTION, Y SU ENTREGA A LAS PARTES, DEL CONTRATO DE CESION DEL TELEIMPRESOR, A QUE SE ALUDE EN EL HECHO SEGUNDO DE LA DEMANDA DE TERCERIA Y QUE APARECE MENCIONADO EN EL PRIMER RESULTANDO DEL REFERIDO AUTO.

B) EL AUTO DE PLANTEAMIENTO FUNDAMENTA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO CUESTIONADO EN QUE ESTE REPRESENTA UN OBSTACULO DE CARACTER FISCAL QUE IMPIDE LA OBTENCION DE LA PROTECCION JURISDICCIONAL, EN OPOSICION AL ART. 24 DE LA CONSTITUCION. EL CARACTER DE OBSTACULO QUE SE ATRIBUYE A DICHO PRECEPTO PODRIA REFERIRSE A CUALQUIER NORMA IMPERATIVA QUE REGULARA TANTO LA ORDENACION DEL PROCESO COMO EL ALCANCE Y EXTENSION DE LOS DERECHOS QUE SE HACEN VALER EN EL MISMO; Y EL CARACTER DE FISCAL, QUE SE AÑADE A LA ANTERIOR CALIFICACION, SUGIERE QUE LA INCONSTITUCIONALIDAD TIENE SU ORIGEN EN QUE EL OBSTACULO PROCEDE DE UN SECTOR DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DISTINTO DEL QUE DEBE SER APLICADO PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA.

SIN EMBARGO, EL ORDENAMIENTO JURIDICO ES UNO E INDIVISIBLE Y SON MUCHOS LOS EJEMPLOS DE NORMAS IMPERATIVAS QUE, TENIENDO SU JUSTIFICACION EN UN SECTOR DEL ORDENAMIENTO JURIDICO, PROYECTAN SU SIGNIFICACION EN OTROS. ASI, LA NECESARIA CITACION DEL VENDEDOR EN LA EVICCION PARA LOGRAR LA RESPONSBAILIDAD DE ESTE (ART.

1.481 C. C.), LOS SUPUESTOS DE LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO (ART. 1.139) O, EN DERECHO REGISTRAL, LOS SUPUESTOS EN QUE SE PERSIGUE UN EFECTO GENERAL DE CONCORDANCIA DEL REGISTRO CON LA REALIDAD JURIDICA, RESTRINGIENDO LA EFICACIA DE LOS DOCUMENTOS NO INSCRITOS (ART. 313 DE LA LEY HIPOTECARIA) O PROHIBIENDO EL EJERCICIO DE ACCIONES QUE NO VAYAN ACOMPAÑADAS DE LA PRETENSION COMPLEMENTARIA DE RECTIFICAR LOS ASIENTOS DEL REGISTRO (ART. 38). ES LOGICO QUE SE ESTABLEZCAN MEDIDAS APARENTEMENTE LIMITADORAS DE LA EFICACIA DE LOS DERECHOS, COMO UNICO INSTRUMENTO ADECUADO DE ESTIMULO PARA LOGRAR UN OBJETIVO GENERAL, SIEMPRE QUE LA RESTRICCION NO SEA ARBITRARIA O INJUSTIFICADA, SINO QUE RESPONDA A UN FIN CONSTITUCIONALMENTE LICITO, COMO OCURRE EN LOS EJEMPLOS CITADOS, EN LOS QUE SE PERSIGUE LA SEGURIDAD JURIDICA.

TAMBIEN EN EL ORDEN FISCAL SE ENCUENTRAN EJEMPLOS DE LIMITACION DE LA <EFICACIA NATURAL> DE LOS DERECHOS PARA ASEGURAR EL DEBIDO PAGO A LOS ENTES PUBLICOS DE LOS GRAVAMENES DEVENGADOS POR LA CONSTITUCION, MODIFICACION O EXTINCION DE LOS MISMOS. Y DENTRO DE ESTAS LIMITACIONES DE CARACTER FISCAL SE ENCUENTRA LA ORDENACION DE LAS TASAS Y EXACCIONES APLICABLES POR LA UTILIZACION DE LA JURISDICCION COMO SERVICIO PUBLICO, BASADA EN EL PRINCIPIO DE QUE NO HAY PROCESO SIN PAGO DE LOS DERECHOS ECONOMICOS ESTABLECIDOS, PRINCIPIO QUE ASEGURA EL COBRO DE LOS HABERES DEL ESTADO; Y LA CONCRECION DE LA OBLIGACION CAMBIARIA EN UN DOCUMENTO TIPO SUJETO A REINTEGRO, QUE TIENDE NO SOLO A ASEGURAR UN COBRO TRIBUTARIO, SINO TAMBIEN A LOGRAR LA TIPICIDAD DE UN DOCUMENTO CUYO LIBRAMIENTO O ACEPTACION COMPORTA UN COMPROMISO DE SUJECION DEL DEUDOR MAS RIGUROSO QUE EN EL RESTO DE LAS OBLIGACIONES CIVILES.

FINALMENTE, EXISTEN CASOS EN LOS QUE LA PRESTACION DE LA TUTELA JUDICIAL SE SUBORDINA A UNA CONSIGNACION TENDENTE A GARANTIZAR UN PAGO ACTUAL O FUTURO, FINALIDAD ANALOGA A LA DE TIPO FISCAL, COMO LAS CONSIGNACIONES DE RENTAS ARRENDATICIAS EN JUICIOS DE DESAHUCIO O LAS CONSIGNACIONES EN RECURSOS LABORALES, A QUE SE REFIEREN DIVERSAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

C) LA REGLA DE LA NO ADMISION DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS QUE CONTIENEN ACTOS O CONTRATOS SUJETOS AL IMPUESTO, SI CARECEN DE LA NOTA EXTENDIDA POR EL LIQUIDADOR, ES DE LAS MAS ANTIGUAS EN LA ORDENACION DEL ANTIGUO IMPUESTO DE DERECHOS REALES Y CONSTITUYE EL UNICO REMEDIO FRENTE A LAS AMPLIAS POSIBILIDADES DE DEFRAUDACION QUE EXISTEN EN EL AMBITO DE LOS IMPUESTOS CIRCULATORIOS. LA NORMA CUESTIONADA TIENDE, PUES, A LOGRAR UN FIN CONSTITUCIONALMENTE LEGITIMO, QUE SE INCORPORA A UN DEBER FUNDAMENTAL RECONOCIDO EN EL ART. 31 DE LA CONSTITUCION, CUYA INFRACCION PRODUCE UNA INJUSTA DESIGUALDAD ENTRE LOS CIUDADANOS, APARTE DE PERSEGUIR TAMBIEN OTRAS FINALIDADES LEGITIMAS, COMO LA CERTEZA DE LAS RELACIONES JURIDICAS (ART. 1.227 C. C.). POR OTRA PARTE, LA MEDIDA LIMITADORA CONTENIDA EN EL PRECEPTO ES MUCHO MENOS INTENSA QUE OTRAS ADMISIBLES EN EL ORDEN TRIBUTARIO, QUE PUEDEN AFECTAR INCLUSO A LA INTIMIDAD O LIBERTAD PERSONALES, PUES NO IMPIDE QUE EL DOCUMENTO RECHAZADO SEA PRESENTADO UNA VEZ SE CUMPLIMENTE EL REQUISITO, YA SEA EN EL MISMO PLEITO O EN OTRO DIFERENTE, Y EL SISTEMA DE AUTOLIQUIDACION VIGENTE FACILITA LA INMEDIATA DISPOSICION DEL DOCUMENTO POR EL PRESENTADOR (ART. 87 DEL REGLAMENTO, DE 19 DE DICIEMBRE DE 1981). FINALMENTE, EL EFECTO DE INADMISION SOLO TIENE EFICACIA RELATIVA CON REFERENCIA AL DOCUMENTO LIQUIDABLE, SIN IMPEDIR LA PROSECUCION DEL LITIGIO NI LA PRUEBA DEL ACTO DOCUMENTADO, QUE PUEDE HACERSE POR OTROS MEDIOS.

EN CONSECUENCIA, EL ABOGADO DEL ESTADO INTERESA DE ESTE TRIBUNAL QUE DICTE EN SU DIA SENTENCIA DESESTIMATORIA DE LA CUESTION PROPUESTA.

7. EN ESCRITO PRESENTADO EL 14 DE ENERO DE 1985, EL MINISTERIO FISCAL, ANTES DE ENTRAR EN EL EXAMEN DE LA CUESTION SUSCITADA, SINTETIZA ALGUNA DE LAS LINEAS FUNDAMENTALES SENTADAS AL EFECTO POR LA JURISPRUDENCIA DE ESTE TRIBUNAL, CONCLUYENDO QUE EXISTEN FUNDADOS MOTIVOS PARA INADMITIR, AHORA DESESTIMAR, LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, TANTO POR ADOLECER DE DEFECTOS FORMALES COMO POR SER NOTORIAMENTE INFUNDADA.

A) ENTRE LOS PRIMEROS DESTACA LOS SIGUIENTES: A) QUE DIFICILMENTE PUEDE ESTIMARSE QUE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO ANTE EL JUZGADO SE HALLARA CONCLUSO PARA DICTAR SENTENCIA O EMITIR UNA RESOLUCION QUE COMPORTARA LA FINALIZACION DEL PROCESO; B) QUE LA DOCUMENTACION REMITIDA NO SE ATEMPERA A LO DISPUESTO EN EL ART. 36 DE LA LOTC, PUES NO FIGURA EN ELLA EL DOCUMETO SEÑALADO CON EL NUM. 2 EN LA DEMANDA DE TERCERIA Y EN VIRTUD DEL CUAL SE PRODUJO LA CESION DE DERECHOS ENTRE EL PRIMITIVO TITULAR DEL BIEN MUEBLE SOBRE EL QUE VERSA LA TERCERIA Y QUIEN AHORA DICE OSTENTARLOS, SIENDO ASI QUE EL ORIGEN DE LA CUESTION RADICA EN EL HECHO DE NO HABER SIDO PRESENTADO A LIQUIDACION ESTE DOCUMENTO; C) A LO QUE HAY QUE AÑADIR QUE TAMPOCO FIGURA LA PROVIDENCIA POR LA QUE EL JUZGADO ACORDO OIR AL MINISTERIO FISCAL Y A LAS PARTES ACERCA DE LA PERTINENCIA DE PLANTEAR LA CUESTION.

B) PARA EL SUPUESTO DE QUE ESTE TRIBUNAL NO ACEPTARA LA ANTERIOR ARGUMENTACION, EL MINISTERIO FISCAL EXPONE LAS RAZONES QUE, A SU JUICIO, PONEN DE MANIFIESTO LO INFUNDADO DE LA CUESTION SUSCITADA. SON LAS SIGUIENTES:

A) LA CUESTION SE PLANTEA CONDICIONAL O HIPOTETICAMENTE ANTE EL TEMOR DE QUE EL TRAMITE DE SUBSANACION DEL DEFECTO CONSISTENTE EN LA NO LIQUIDACION DEL TITULO PRESENTADO, JUSTIFICANTE DEL DOMINIO, SE PROLONGUE Y DE LUGAR A QUE RECAIGA SENTENCIA DE REMATE EN EL JUICIO EJECUTIVO Y A LA ADJUDICACION DEL BIEN EN LITIGIO EN EL SUBSIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE APREMIO. NO SE CUESTIONA, POR TANTO, LA VALIDEZ DE LA NORMA, SINO EL QUE PUEDA CUMPLIRSE EN TIEMPO LO QUE DISPONE PRECEPTIVAMENTE Y DEBIO CUMPLIRSE CON ANTERIORIDAD, POR LO QUE NO CABE AFIRMAR QUE LA RESOLUCION DEL CASO DEPENDE DE QUE LA NORMA APLICABLE SEA CONFORME A LA CONSTITUCION.

B) LA PRESENTACION DE UN TITULO INADMISIBLE OBLIGA AL JUEZ A SUSPENDER A LIMINE LA ADMISION DE LA DEMANDA, Y NO A DICTAR SENTENCIA DESESTIMATORIA, SEGUN SE INFIERE DEL ART. 1.537 DE LA L.E.C., POR LO QUE, AL PLANTEARSE LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA EN UN PROCESO INDEBIDAMENTE EMPRENDIDO, LA CUESTION ADQUIERE UN CARACTER ABSTRACTO O GENERICO SERIA UN AUTENTICO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE NO TIENE CABIDA EN LA VIA PROCESAL QUE SE HA SEGUIDO.

C) POR OTRA PARTE, EL ART. 1.553 DE LA L.E.C. DEJA <A SALVO EL DERECHO DEL TERCERO PARA DEDUCIRLO CONTRA QUIEN Y COMO CORRESPONDA> SI YA SE HUBIESE ADJUDICADO Y ENTREGADO LA COSA AL EJECUTANTE, POR LO QUE AQUEL NO QUEDA COMPLETAMENTE INDEFENSO.

NO OBSTANTE LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES, EL MINISTERIO FISCAL ENTRA A EXAMINAR LA CUESTION DE FONDO, AFIRMANDO QUE NADIE PUEDE INVOCAR RAZONABLEMENTE LESION DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL POR LA APLICACION DE LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS CUANDO ESTA EN SU MANO EVITARLA OBSERVANDO LA LEY.

Y, POR OTRA PARTE, SEÑALA QUE EL TRIBUNAL SUPREMO HA TENIDO, EN LA INTERPRETACION DE LOS ANTECEDENTES DE TALES PRECEPTOS, UNA COMPRENSIBLE DUCTILIDAD QUE HACE AUN MENOS NECESARIA LA CUESTION INTERPUESTA; ASI, EN LAS SENTENCIAS DE 8 Y 12 DE MARZO DE 1952, EN LAS QUE DECLARA QUE <EL INCUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FISCALES NO AFECTA A LA NATURALEZA DE LA RELACION JURIDICA QUE PUEDA LIGAR A LOS CONTRATANTES> Y AÑADE QUE <ESA FALTA, DE CARACTER FISCAL, NO DA LUGAR A UN RECURSO DE CASACION, CORRESPONDIENDO SANCIONARLA A LA ADMINISTRACION>.

POR TODO LO QUE ANTECEDE, EL MINISTERIO FISCAL TERMINA SUPLICANDO A ESTE TRIBUNAL QUE DICTE SENTENCIA EN LA QUE RECHACE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA POR INCIDIR EN SU PLANTEAMIENTO EN DEFECTOS PROCESALES O, EN OTRO CASO, LA DESESTIME POR NO SER CONTRARIO AL ARTICULO 24 DE LA CONSTITUCION EL MENCIONADO ART. 57.1 DEL TEXTO REFUNDIDO.

8. EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1984 SE PRESENTO, EN NOMBRE DE DON LEOPOLDO STAMPA SANCHEZ, DEMANDA DE DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO DE LAS RENTAS CORRESPONDIENTES A UN ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA, DIRIGIDA CONTRA DOÑA ESTEFANIA ARRANZ VELASCO, QUE CORRESPONDIO AL JUZGADO DE DISTRITO NUM. 5 DE VALLADOLID. LA DEMANDADA SE OPUSO AL DESAHUCIO Y, ENTRE OTROS EXTREMOS, ALEGO EL ART. 57 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO DE 30 DE DICIEMBRE DE 1980, AFIRMANDO QUE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EL 2 DE MAYO DE 1980, Y QUE ACOMPAÑABA A LA DEMANDA COMO DOCUMENTO NUM. 2, NO APARECIA DEBIDAMENTE LIQUIDADO DEL MENCIONADO IMPUESTO.

CELEBRADO EL OPORTUNO JUICIO, EL JUZGADO DE DISTRITO DICTO SENTENCIA EL 30 DE OCTUBRE DE 1980, ESTIMANDO LA DEMANDA Y DANDO LUGAR AL DESAHUCIO. ENTRE OTROS RAZONAMIENTOS, ARGUMENTABA QUE EL INCISO B) DEL PARRAFO 2. DEL ART.

57 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS ES UNA DISPOSICION DE CARACTER ADMINISTRATIVO QUE TIENE COMO UNICA FINALIDAD IMPEDIR LA EVASION DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS TANTO ESTATALES COMO MUNICIPALES, POR LO QUE SOLO PROCEDE QUE, UNA VEZ FIRME LA SENTENCIA, EL JUZGADO DE CUENTA, DE OFICIO, DE DICHO DOCUMENTO A LA OFICINA LIQUIDADORA COMPETENTE Y AL AYUNTAMIENTO PARA SU INFORMACION Y CORRESPONDIENTE LIQUIDACION, QUEDANDO CON ELLO CUMPLIDA LA FINALIDAD DE CARACTER FISCAL PERSEGUIDA. EN LA MISMA SENTENCIA SE ATRIBUIA PLENA VIGENCIA AL CONTRATO CONTROVERTIDO, COMO PRODUCTO DE LA NOVACION DE OTRO ARRENDAMIENTO, ESTE DE FECHA 1 DE MAYO DEL MISMO AÑO Y EXTENDIDO EN PAPEL REINTEGRADO OFICIAL.

9. CONTRA LA ANTERIOR SENTENCIA SE INTERPUSO RECURSO DE APELACION, CUYO CONOCIMIENTO CORRESPONDIO AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 1 DE VALLADOLID. ESTE ACORDO OIR AL FISCAL DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL Y A LA PARTE PERSONADA SOBRE LA CONVENIENCIA DE PLANTEAR CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL FISCAL ALEGO QUE NADA PODIA MANIFESTAR SOBRE SU PERTINENCIA, PUES EL JUZGADO NO HABIA EXPUESTO EN QUE CONSISTIA SU DUDA, O SEA, EN QUE MEDIDA LA DECISION DEL PROCESO DEPENDIA DE LA VALIDEZ DEL ART. 57 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS, TENIENDO EN CUENTA QUE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA HABIA ARGUMENTADO QUE EL FALLO NO DEPENDIA DE QUE AQUELLA NORMA FUERA VALIDA.

LA REPRESENTACION DE DOÑA ESTEFANIA ARRANZ VELASCO ALEGO QUE LA OBSERVACIA DEL ART. 57 DEL TEXTO REFUNDIDO DEL IMPUESTO DEBE SER OBJETO DE CONTROL POR LOS TRIBUNALES Y QUE LA INVOCACION QUE DEL ART. 24.1 DE LA C.E. HABIA HECHO EN LAS ALEGACIONES TENIA UN SENTIDO DISTINTO: EL DE CUMPLIR UN REQUISITO PREVIO AL POSIBLE EJERCICIO DEL RECURSO DE AMPARO CON RESPECTO A LA SITUACION DE INDEFENSION EN QUE SU REPRESENTADA SE HA ENCONTRADO PARA EJERCITAR EL DERECHO QUE, COMO ARRENDATARIA, LE CONCEDE EL ART. 103 DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS.

10. EL MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. 1 DE VALLADOLID DICTO AUTO EL 28 DE DICIEMBRE DE 1984 POR EL QUE ACORDABA PLANTEAR CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD RELATIVA AL MENCIONADO ART. 57, QUE SE CORRESPONDE CON EL ART. 42 DE LA LEY 32/1980. EN LOS CONSIDERANDOS ARGUMENTABA QUE LA INTERPRETACION DEL MISMO EFECTUADA POR LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA SE OPONIA A SU TENOR LITERAL, SEGUN EL CUAL LOS DOCUMENTOS NO LIQUIDADOS NO SURTIRAN EFECTO ALGUNO ANTE LOS TRIBUNALES, Y QUE, A SU JUICIO, EL PRECEPTO EN CUESTION ERA CONTRARIO AL ARTICULO 24 DE LA CONSTITUCION EN CUANTO ESTABLECE UN OBSTACULO DE ORDEN FISCAL A LA PROTECCION JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS.

11. MEDIANTE ESCRITO PRESENTADO EL 16 DE ENERO DE 1985 Y REGISTRADO CON EL NUM. 41/85, EL MAGISTRADO-JUEZ DEL MENCIONADO JUZGADO PLANTEA LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, PONIENDO DE MANIFIESTO LA RELACION EXISTENTE ENTRE LA MISMA Y LA QUE FUE PLANTEADA POR DICHO JUZGADO EN AUTOS DE TERCERIA DE DOMINIO 980/84 Y REGISTRADA CON EL NUM.

865/84.

ACOMPAÑA A LA EXPOSICION COPIA CERTIFICADA DE LOS PARTICULARES SEÑALADOS POR EL JUZGADO, ENTRE LOS QUE NO FIGURA LA PROVIDENCIA POR LA QUE SE ACORDO OIR AL MINISTERIO FISCAL Y A LA PARTE PERSONADA SOBRE LA CONVENIENCIA DE SUSCITAR CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD.

12. POR PROVIDENCIA DE 30 DE ENERO DE 1985, LA SECCION TERCERA DEL PLENO DE ESTE TRIBUNAL ACUERDA ADMITIR A TRAMITE LA CUESTION Y DAR TRASLADO DE LA MISMA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y AL SENADO POR CONDUCTO DE SUS PRESIDENTES; AL GOBIERNO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, Y AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, PARA QUE PUEDAN PERSONARSE Y FORMULAR ALEGACIONES EN EL PLAZO DE QUINCE DIAS; ASIMISMO, ACUERDA PUBLICAR LA ADMISION A TRAMITE EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>.

13. EL ABOGADO DEL ESTADO, EVACUANDO EL TRAMITE CONFERIDO, ALEGA SUSTANCIALMENTE QUE EL CASO PLANTEADO PRESENTA UNA GRAN SIMILITUD CON EL SUSCITADO EN AUTOS 865/84, SIN QUE, A DIFERENCIA DEL ANTERIOR, SE PLANTEE EN EL PROBLEMA ALGUNO EN CUANTO A LA SUJECION DEL ACTO GRAVADO AL IMPUESTO GENERAL SOBRE EL TRAFICO DE LAS EMPRESAS, YA QUE EL CONTRATO BASICO ESTA SUJETO AL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES, Y DENUNCIA COMO IMPROCEDENTE LA INTERPRETACION DEL PRECEPTO CUESTIONADO LLEVADA A CABO POR EL JUZGADO DE DISTRITO, PUES SUPONE, A SU JUICIO,LA INAPLICACION DE UNA NORMA POSTCONSTITUCIONAL. POR ELLO REPRODUCE LOS ARGUMENTOS ADUCIDOS EN LA CUESTION 865/84, DESTACANDO QUE LA LIMITACION DE LA EFICACIA DEL DOCUMENTO NO LIQUIDADO ES RAZONABLE EN ATENCION A LAS DIFICULTADES QUE ENCONTRARIA LA HACIENDA PUBLICA PARA UN ADECUADO CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS IMPONIBLES SURGIDOS DE UN SISTEMA ESPIRITUALISTA DE LA CONTRATACION COMO ES EL NUESTRO. EN CONSECUENCIA, SOLICITA DE ESTE TRIBUNAL QUE DICTE SENTENCIA DECLARANDO LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA CUESTIONADA.

ASIMISMO, POR OTROSI, INTERESA LA ACUMULACION DE LAS CUESTIONES 865/84 Y 41/85, POR DARSE LAS CONDICIONES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 83 DE LA LOTC.

14.

POR ESCRITO DE 13 DE FEBRERO DE 1985, EL PRESIDENTE DE SENADO SE PESONA EN LOS AUTOS Y OFRECE SU COLABORACION A LOS EFECTOS DEL ART. 88.1 DE LA LOTC.

15. EL MINISTERIO FISCAL, EN ESCRITO PRESENTADO EL 21 DE FEBRERO DE 1985, ENTIENDE QUE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEBE SER RECHAZADA POR HABER INCURRIDO EN DEFECTO PROCESAL O QUE, SUBSIDIARIAMENTE, DEBE SER DESESTIMADA POR NO SER CONTRARIO EL PRECEPTO IMPUGNADO AL ARTICULO 24.1 DE LA CONSTITUCION.

POR LO QUE SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PROCESALES ESTABLECIDAS EN EL ART. 35.2 DE LA LOTC, PONE DE MANIFIESTO QUE EL AUTO QUE SUSCITA LA CUESTION NO PUEDE SER MAS ESCUETO, YA QUE SE LIMITA A AFIRMAR QUE EL PRECETO CONTROVERTIDO <SE OPONE AL ART.

24 DE LA CONSTITUCION, EN CUANTO QUE ESTABLECE UN OBSTACULO DE ORDEN FISCAL A LA PROTECCION JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS>. PERO AÑADE QUE, TENIENDO EN CUENTA LO EXPUESTO POR EL JUZGADO EN SU ANTERIOR CUESTION, CABE ENTENDER QUE LA OBLIGACION DE RECHAZAR EL DOCUMENTO NO LIQUIDADO, IMPUESTA POR EL CUESTIONADO ART. 57.1 DEL TEXTO REFUNDIDO, TRAE CONSIGO EL QUE NO PUEDA ACREDITARSE EL PRECIO DEL ARRIENDO Y HAYA DE DESESTIMARSE LA DEMANDA DE DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO, CON EL CONSIGUIENTE PERJUICIO PARA EL ACCIONANTE.

POR ELLO CONCLUYE QUE EN EL AUTO RESULTA IMPLICITA LA JUSTIFICACION DE <EN QUE MEDIDA LA DECISION DEL PROCESO DEPENDE DE LA VALIDEZ DE LA NORMA EN CUESTION>.

INCURRE, SIN EMBARGO, LA CUESTION PLANTEADA, A JUICIO DEL MINISTERIO FISCAL, EN UN DEFECTO PROCESAL POR CUANTO EL JUZGADO, EN CONTRA DE LO ESTABLECIDO EN EL MENCIONADO ART.

35.2 DE LA LOTC, NO SUSCITO LA CUESTION UNA VEZ CONCLUSO EL PROCEDIMIENTO Y DENTRO DEL PLAZO PARA DICTAR SENTENCIA, YA QUE, SEGUN CONSTA EN LAS ACTUACIONES, NO HABIA OIDO A LAS PARTES EN LA VISTA QUE EL ART. 1.586 DE LA L.E.C. ESTABLECE. TRAMITE QUE, EN SU OPINION, NO PUEDE CONSIDERARSE IRRELEVANTE, DADO QUE LAS PARTES COMPARECIENTES PODIAN HABER ADUCIDO NUEVAS RAZONES Y QUE SIEMPRE CABIA, AL MENOS TEORICAMENTE, QUE LA AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO PUDIERA ENMENDAR LA INFORMALIDAD DEL DOCUMENTO PRESENTADO.

POR OTRA PARTE, ENTIENDE QUE, HABIENDOSE ADMITIDO A TRAMITE UNA CUESTION ANALOGA PLANTEADA POR EL MISMO JUZGADO, NO HABRIA RESULTADO DESACONSEJABLE QUE ESTE HUBIERA AGUARDADO AL RESULTADO DE LA PRIMERA CUESTION Y LO HUBIERA APLICADO AL ASUNTO PENDIENTE.

EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO DEBATIDO, EL MINISTERIO FISCAL SEÑALA QUE YA EL TRIBUNAL SUPREMO, REFIRIENDOSE A PRECEPTOS REDACTADOS EN LOS MISMOS TERMINOS QUE EL CUESTIONADO, HA MANIFESTADO QUE SU APLICACION PODRIA SER <CONTRARIA, EN TERMINOS GENERALES, AL DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS PERSONAS A OBTENER LA TUTELA EFECTIVA DE LOS JUECES Y TRIBUNALES EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS> (SENTENCIA DE 28 DE OCTUBRE DE 1983, QUE HACE ALUSION A VARIAS ANTERIORES EN LAS QUE SE RECOGE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL EN RELACION A DICHOS PRECEPTOS). PERO ES DE DESTACAR AÑADE QUE LA JURISPRUDENCIA HA VENIDO REALIZANDO UNA INVARIABLE INTERPRETACION DE LA DISPOSICION EN CUESTION QUE NO SUPONE PRECISAMENTE UNA FALTA DE TUTELA JUDICIAL. ASI HA AFIRMADO QUE <LAS NORMAS FISCALES NO SON BASTANTES PARA ENERVAR EL DERECHO RECONOCIDO O REGULADO POR LAS CIVILES, SIN AUTORIZARSE A OTRA COSA QUE A LA ADOPCION DE LAS MEDIDAS O CORRECCIONES DISCIPLINARIAS EN ELLAS ESTABLECIDAS> (SENTENCIA DE 10 DE MARZO DE 1983, ARANZADI, 1.468) Y QUE NO PUEDE CONFUNDIRSE <EL NEGOCIO JURIDICO CONVENIDO CON EL DOCUMENTO QUE SE INSTRUMENTA, DESCONOCIENDO LA DOCTRINA DE LA JURISPRUDENCIA QUE DETERMINA LA EFICACIA CIVIL DE ALGUNOS DOCUMENTOS AUNQUE ADOLEZCAN DE FORMALIDADES FISCALES QUE NO SEAN ESENCIALES PARA SU VIRTUALIDAD> (SENTENCIA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1968, ARANZADI, 4.846).

ESTA CONSTANTE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SEGUN LA CUAL NO PUEDE DESCONOCERSE EL CONTENIDO JURIDICO OBLIGACIONAL POR EL HECHO DE QUE SE INCUMPLAN CIERTOS DEBERES FISCALES, NO IMPLICA, A JUICIO DEL MINISTERIO PUBLICO, UNA INTERPRETACION DEROGATORIA, SIN APLICATIVA, QUE ATIENDE <AL ESPIRITU Y FINALIDAD> DE LA NORMA, DE ACUERDO CON LO PRECEPTUADO EN EL ART. 3.1 DEL CODIGO CIVIL. SI LO QUE SE PRETENDE ES ESTABLECER UNA FORMULA PARA QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO DEL IMPUESTO, ESTA FINALIDAD ULTIMA NO QUEDA FRUSTRADA ACEPTANDO EN EL PROCESO EL DOCUMENTO QUE NO PODRIA SER RECHAZADO SIN LESIONAR EL DERECHO A PROBAR DE QUIEN LO APORTA , DESDE EL MOMENTO EN QUE, COMO SUELE HACERSE Y COMO EL JUEZ DE INSTANCIA HIZO, SE REMITE EL MISMO A LA OFICINA LIQUIDADORA.

EN DEFINITIVA CONCLUYE EL MINISTERIO FISCAL , EL ART.

57.1 EN CUESTION NO ES NECESARIAMENTE IMPEDITIVO DE UNA TUTELA JUDICIAL SI SE INTERPRETA DE CONFORMIDAD CON LA DOCTRINA ESTABLECIDA REITERADAMENTE POR EL TRIBUNAL SUPREMO Y QUE, SEGUN EL ART. 1.6 DEL CODIGO CIVIL, TIENE EL VALOR DE FUENTE INDIRECTA DEL DERECHO. DICHA JURISPRUDENCIA HA SITUADO EN SUS JUSTOS TERMINOS EL ALCANCE PROHIBITIVO DE LAS LEYES FISCALES, SALVAGUARDANDO A UN TIEMPO EL DERECHO DEL PARTICULAR Y LOS INTERESES GENERALES, AL ACEPTAR EL CONTENIDO OBLIGACIONAL DEL DOCUMENTO Y REMITIRLO PARA SU LIQUIDACION A LOS SERVICIOS RECAUDATORIOS.

A LO ANTERIOR AÑADE QUE NO CABE OLVIDAR QUE LA EVENTUAL INDEFENSION, EN EL CASO DE QUE SE RECHAZARA EL DOCUMENTO, SERIA CONSECUENCIA DE UN INCUMPLIMIENTO LEGAL Y QUE NO SON POCAS LAS DISPOSICIONES QUE SUBORDINAN EL ACCESO A LOS TRIBUNALES AL CUMPLIMIENTO DE CIERTAS OBLIGACIONES DE CARACTER DINERARIO.

FINALMENTE, EFECTUA EL MINISTERIO FISCAL ALGUNAS CONSIDERACIONES EN RELACION CON EL CASO CONCRETO, PONIENDO DE RELIEVE QUE SE IGNORAN LOS TERMINOS EXACTOS DE LA APELACION, QUE LA PROPUESTA DE INCONSTITUCIONALIDAD SE FORMULA PESE A QUE EL JUEZ A QUO HIZO RECTA APLICACION DE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL, Y QUE, EN ULTIMO EXTREMO, LA RAZON DEL DESAHUCIO QUE ES EL UNICO PRONUNCIAMIENTO SOLICITADO DEL JUEZ NO SE BASA EXCLUSIVA, AUNQUE SI PRIMORDIALMENTE, EN EL DOCUMENTO, PUES LA SENTENCIA DE INSTANCIA RECOGE QUE LA PARTE DEMANDADA ACEPTO EN CONFESION LA EXISTENCIA DEL CONTRATO EN LOS TERMINOS QUE RESULTAN DEL DOCUMENTO CUESTIONADO.

EN CUANTO A LA ACUMULACION INTERESADA, EL MINISTERIO FISCAL MANIFIESTA QUE EXISTE ENTRE AMBAS CUESTIONES LA IDENTIDAD QUE, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 83 DE LA LOTC JUSTIFICA LA UNIDAD DE ESTUDIO Y RESOLUCION.

16. POR ESCRITO DE 12 DE FEBRERO DE 1985, EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMUNICA A ESTE TRIBUNAL QUE NO HARA USO DE LAS FACULTADES DE PERSONACION NI DE FORMULACION DE ALEGACIONES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 37 DE LA LOTC, NO OBSTANTE LO CUAL PONE A DISPOSICION LAS ACTUACIONES QUE DE LA CAMARA PUDIERAN PRECISARSE.

17. POR AUTO DE 28 DE FEBRERO DE 1985, EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL ACUERDA ACUMULAR LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM. 41/1985, SUSCITADA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. 1 DE VALLADOLID, A LA TAMBIEN PLANTEADA POR EL Y REGISTRADA CON EL NUM. 865/1984, DADO QUE EN ELLAS SE APRECIA LA CONEXION DE OBJETOS A QUE SE REFIERE EL ART. 83 DE LA LOTC: AMBAS CUESTIONES APARECEN PROMOVIDAS POR EL MISMO ORGANO JURISDICCIONAL EN RELACION CON EL MISMO ART.

EL 57.1 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS ; SE BASAN EN LA POSIBLE INFRACCION DEL ART. 24 DE LA CONSTITUCION, Y TANTO EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO COMO EL ABOGADO DEL ESTADO, UNICAS PARTES PERSONADAS EN LOS DOS PROCESOS, SE HAN PRONUNCIADO EN SENTIDO FAVORABLE A DICHA ACUMULACION.

18. POR PROVIDENCIA DE 22 DE JUNIO DE 1988, EL PLENO ACUERDA NO HABER LUGAR A LA PETICION DE PRUEBA FORMULADA POR EL ABOGADO DEL ESTADO EN SU ESCRITO DE ALEGACIONES, Y SEÑALAR EL DIA 5 DE JULIO PARA DELIBERACION Y VOTACION DE LA PRESENTE

SENTENCIA.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. SEGUN SE DESPRENDE DE LOS ESCRITOS POR LOS QUE EL MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. 1 DE VALLADOLID PLANTEA LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADAS 865/1984 Y 41/1985, EL OBJETO DE LOS RESPECTIVOS PROCESOS ES <EL ART. 57.1 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 3050/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, QUE RECOGE LO DISPUESTO EN EL ART.

42 DE LA LEY 32/1980, DE 21 DE JUNIO>.

EL REFERIDO ART. 57.1 ESTABLECE QUE <NINGUN DOCUMENTO QUE CONTENGA ACTOS O CONTRATOS SUJETOS A ESTE IMPUESTO SE ADMITIRA Y SURTIRA EFECTO EN TRIBUNAL, OFICINA O REGISTRO PUBLICO SIN QUE SE JUSTIFIQUE EL PAGO, EXENCION O NO SUJECION DE AQUEL, SALVO LO PREVISTO EN LA LEGISLACION HIPOTECARIA>. ESTE PRECEPTO ES UNA REPRODUCCION DEL PRIMER APARTADO DEL ART. 42 DE LA LEY 32/1980, PERO NO RECOGE EL APARTADO SEGUNDO, POR LO QUE ES PRECISO ENTENDER QUE LA REFERENCIA SE HACE EN TODO CASO AL ART. 42.1 DE DICHA LEY.

CONVIENE, SIN EMBARGO, PRECISAR QUE, AUN CUANDO DICHOS ESCRITOS HACE REFERENCIA A AMBOS PRECEPTOS, A LOS QUE, POR OTRA PARTE, SE ALUDE INDISTINTAMENTE EN LOS TESTIMONIOS REMITIDOS, HA DE ENTENDERSE QUE LAS CUESTIONES PLANTEADAS SE CIRCUNSCRIBEN AL ART.

57.1.

EN EFECTO, ESTE PRECEPTO FIGURA EN UN TEXTO REFUNDIDO APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3050/1980, QUE FUE DICTADO EN VIRTUD DE LA DISPOSICION FINAL TERCERA DE LA LEY 32/1980, POR LA QUE SE ORDENABA AL GOBIERNO ELABORAR Y APROBAR, EN EL PLAZO MAXIMO DE SEIS MESES A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO. SE TRATA, PUES, DE UN CASO DE DELEGACION LEGISLATIVA OTORGADA POR UNA LEY ORDINARIA CON EL FIN DE REFUNDIR VARIOS TEXTOS LEGALES EN UNO SOLO

(ART. 82.1 Y 2 C.E.) Y, DADO EL RANGO DE LEY Y EL CARACTER UNICO DEL TEXTO APROBADO, QUE EN OCASIONES SUPONE INCLUSO LA REGULARIZACION, ACLARACION Y ARMONIZACION DE LOS TEXTOS LEGALES REFUNDIDOS (ART. 82.1 Y 5 C.E.), DEBEN ESTIMARSE DEROGADOS LOS PRECEPTOS DE LOS ANTERIOERS CUERPOS LEGALES QUE CONTIENEN UNA REGULACION IDENTICA A LA DEL TEXTO REFUNDIDO, AUN CUANDO, EN PURIDAD, NO LES AFECTE LA CLAUSULA DEROGATORIA EXPRESA CONTENIDA EN LA DISPOSICION FINAL PRIMERA, QUE SE REFIERE TAN SOLO A LOS PRECEPTOS ANTERIORES QUE CONTRADIGAN EL TEXTO.

EN CONSECUENCIA, DEBE EXCLUIRSE EL ART. 42.1 DE LA LEY 32/1980 DEL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO CONSTITUCIONAL, TODA VEZ QUE EL ART. 35 DE

LA LOTC, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ART. 163 C.E., EXIGE QUE LA NORMA CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE CUESTIONA SEA <APLICABLE AL CASO>.

2. ANTES DE ENTRAR EN EL EXAMEN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL

ARTICULO 57.1 DEL TEXTO REFUNDIDO ES PRECISO DETERMINAR SI SE CUMPLEN LAS CONDICIONES PROCESALES EXIGIDAS POR LOS ARTS. 35 Y 36 DE LA LOTC PARA LA ADMISION DE LAS MENCIONADAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, PUES TANTO EL MINISTERIO FISCAL COMO EL LETRADO DEL ESTADO MANIFIESTAN ALGUNOS REPAROS AL RESPECTO, Y, SEGUN HA DECLARADO ESTE TRIBUNAL, LA FALTA DE CONDICIONES PROCESALES PUEDE SER APRECIADA NO SOLO EN EL TRAMITE DE ADMISION PREVISTO EN EL ART.

37.1 DE LA LOTC, SINO TAMBIEN EN LA SENTENCIA.

EN LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD 865/84, EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO ALEGA LA EXISTENCIA DE LOS SIGUIENTES DEFECTOS FORMALES QUE, A SU JUICIO, SUPONEN LA FALTA DE LAS CONDICIONES PROCESALES EXIGIDAS: A) LA CUESTION SE PLANTEA SIN ESTAR CONCLUSO EL PROCEDIMIENTO; B) EN LAS ACTUACIONES REMITIDAS NO FIGURA EL DOCUMENTO DE CESION DE DERECHO SOBRE EL QUE SE ASIENTA LA CUESTION; C) NO CONSTA EL TEXTO DE LA PROVIDENCIA POR LA QUE SE ACORDO OIR AL MINISTERIO FISCAL Y A LAS PARTES.

LA PRIMERA OBJECION PUEDE ENTENDERSE DESVIRTUADA POR EL AUTO DEL MAGISTRADO-JUEZ SOBRE EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION, PUES EN SU TERCER RESULTANDO SE AFIRMA QUE EL TRAMITE DE AUDIENCIA SE INICIO <DENTRO DEL PLAZO PARA DICTAR SENTENCIA> Y NO EXISTE ELEMENTO ALGUNO QUE DEMUESTRE LO CONTRARIO.

EN CUANTO A LA SEGUNDA OBJECION, ES PRECISO RECORDAR QUE NO TODO DEFECTO FORMAL ENTRAÑA LA INADMISIBILIDAD DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, SINO TAN SOLO LOS QUE IMPIDAN LA COMPROBACION DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES O LA DEBIDA ACOTACION DE AQUELLA. Y, EN EL PRESENTE CASO, EL HECHO DE QUE EL DOCUMENTO NO ESTUVIERA LIQUIDADO, ASI COMO EL CONTENIDO ESENCIAL DEL MISMO SE INFIEREN DE LAS REFERENCIAS QUE A EL HACEN LAS PARTES Y EL PROPIO JUZGADO EN LOS ESCRITOS Y DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL TESTIMONIO DE LAS ACTUACIONES REMITIDO, AL MENOS EN GRADO SUFICIENTE PARA PODER APRECIAR LA RELEVANCIA DEL DOCUMENTO EN RELACION CON EL OBJETO DEL PROCESO Y VALORAR LA CALIFICACION DEL MISMO EFECTUADA POR EL ORGANO JUDICIAL DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL, A EFECTOS DE LA APLICACION DEL PRECEPTO CUESTIONADO.

DEL MISMO MODO RESULTARIA SALVADA LA TERCERA OBJECION SI, AUN CUANDO NO FIGURASE EN EL TESTIMONIO DE ACTUACIONES REMITIDO LA PROVIDENCIA POR LA QUE SE ACORDO OIR A LAS PARTES SOBRE EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION, DE LOS DEMAS ELEMENTOS DOCUMENTALES INCORPORADOS AL PROPIO TESTIMONIO PUDIERA RAZONABLEMENTE INFERIRSE QUE LA CITADA PROVIDENCIA NO CONTUVO NINGUNA IRREGULARIDAD. EL MINISTERIO FISCAL SEGUN CONSTA EN EL INFORME TESTIMONIADO AFIRMO ANTE EL JUZGADO QUE EN ELLA NO SE HABIA CONCRETADO EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL PRESUNTAMENTE INFRINGIDO. SIN EMBARGO, LO CIERTO ES QUE UN PRECEPTO LEGAL QUE ORDENA INADMITIR DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LAS PARTES ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES AFECTA SIN DUDA AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE AQUELLAS EN EL PROCESO, POR LO QUE NO CABE PRETENDER QUE, POR EL HECHO DE NO CITAR EXPRESAMENTE EL ART. 24 DE LA CONSTITUCION, LA REFERIDA PROVIDENCIA HAYA DIFICULTADO AL MINISTERIO FISCAL ALEGAR SOBRE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION.

3. EN LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/85, EL FISCAL GENERAL ALEGA TAMBIEN, EN PRIMER TERMINO, QUE EL ORGANO JUDICIAL NO PLANTEO LA CUESTION DENTRO DEL PLAZO PARA DICTAR SENTENCIA, SINO TAN PRONTO COMO RECIBIO LAS ACTUACIONES DEL JUEZ A QUO SIN OIR A LAS PARTES EN LA VISTA PRESCRITA EN EL ART. 1.586 DE LA L.E.C., EN LA QUE HAN DE EXPONER SUS RAZONAMIENTOS. TODO INDICA, SIN EMBARGO, PESE AL CARACTER INCOMPLETO DEL TESTIMONIO DE LAS ACTUACIONES REMITIDO, QUE LA CUESTION SE PLANTEO DESPUES DE LA VISTA. EN EFECTO, EN EL AUTO DE 28 DE DICIEMBRE DE 1984 (RESULTANDO SEGUNDO) SE AFIRMA QUE <SE INTERPUSO RECURSO DE APELACION POR LA PARTE DEMANDADA, LA QUE INSISTIO EN SUS ANTERIORES ARGUMENTOS> Y, EN EL MISMO SENTIDO, EN EL ESCRITO POR EL QUE EVACUO EL TRAMITE PREVISTO EN EL ART. 35.2 DE LA LOTC, DICHA PARTE PRECISA QUE <AL FORMULAR SUS ALEGACIONES INVOCO EL NUM. 1 DEL ART. 24 DE LA CONSTITUCION>. CABE ENTENDER QUE ESTOS ARGUMENTOS Y ESTAS ALEGACIONES SE FORMULARON EN EL ACTO DE LA VISTA.

EL FISCAL GENERAL AÑADE A LA OBJECION ANTERIOR EL QUE, ESTANDO PENDIENTE OTRA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN RELACION CON EL MISMO PRECEPTO, DEBIO AGUARDARSE AL RESULTADO DE ESTA; PERO, DESDE EL PUNTO DE VISTA CONSTITUCIONAL, NADA IMPIDE QUE EL JUZGADOR PLANTEE UNA NUEVA CUESTION ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE UNA MATERIA OBJETO DE UNA CUESTION ANTERIOR EN DISTINTO PROCESO, SI SE VE COMPELIDO A ELLO POR LA IMPOSIBILIDAD DE APLICAR UNA NORMA DE RANGO LEGAL SOBRE CUYA CONSTITUCIONALIDAD DUDA Y, AL MISMO TIEMPO, DE SUSPENDER EL PROCESO SI LA LEY NO LE AUTORIZA PARA ELLO.

4. POR SU PARTE, EL LETRADO DEL ESTADO CONSIDERA DISCUTIBLE QUE LA NORMA CONTROVERTIDA SEA EFECTIVAMENTE APLICABLE AL PROCESO CIVIL QUE HA ORIGINADO LA CUESTION 865/84. EN SU OPINION, SI LOS DOCUMENTOS CUYA ADMISION SE CUESTIONA SE CONSIDERASEN SUJETOS AL IMPUESTO GENERAL SOBRE EL TRAFICO DE LAS EMPRESAS LO QUE SERIA PROCEDENTE SI, A LO QUE PARECE, LOS ACTOS QUE REFLEJAN HAN SIDO REALIZADOS EN EL AMBITO DE UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ORGANIZADA , NO QUEDARIAN SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ART. 3 DEL TEXTO REFUNDIDO Y, POR CONSIGUIENTE, RESULTARIA INAPLICABLE EL ART. 57.1 DEL MISMO. ELLO LE LLEVA A SOLICITAR DE ESTE TRIBUNAL LA PRACTICA DE PRUEBA CONSISTENTE EN EL CORRESPONDIENTE INFORME DE LA INSPECCION DE HACIENDA.

AHORA BIEN, COMO EL PROPIO LETRADO DEL ESTADO RECONOCE, LA CALIFICACION DEFINITIVA DE LOS DOCUMENTOS EN CUESTION A EFECTOS FISCALES NO PUEDE HACERSE CON SEGURIDAD MEDIANTE UN SIMPLE EXAMEN EXTERNO DE LOS MISMOS, UNICO POSIBLE AL ORGANO JUDICIAL EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION CALIFICADORA QUE, LIMITADA EN CUANTO A SU FINALIDAD Y EFECTOS, LE ATRIBUYE EL ART. 57.1 DEL TEXTO REFUNDIDO.

LA CALIFICACION QUE AL JUEZ CORRESPONDE EFECTUAR TIENE UN MERO CARACTER INDICIARIO Y PROVISIONAL, DADO EL CONTEXTO EN QUE SE DESARROLLA, QUE ES PROCESAL Y NO DE GESTION TRIBUTARIA. Y, POR OTRA PARTE, EN EL PRESENTE CASO, SIN PREJUZGAR SU EFECTIVA CORRECCION, NO APARECE COMO IRRAZONABLE LA CALIFICACION DE <NO SUJETO AL IMPUESTO DE TRAFICO DE LAS EMPRESAS> REFERIDA A UNOS ACTOS, DE UNO DE LOS CUALES AL MENOS (EL DE CESION DEL TELEIMPRESOR) PUEDE FUNDADAMENTE DUDARSE, A TRAVES DE LOS DATOS DE QUE SE DISPONE, DE QUE FORME PARTE DE LOS ACTOS DE GIRO O TRAFICO ORDINARIO.

DE TODO LO ANTERIOR SE DEDUCE LA IMPROCEDENCIA DE LA PETICION DE PRUEBA FORMULADA POR EL LETRADO DEL ESTADO, CON LA QUE IMPLICITAMENTE SE PRETENDE QUE EL JUICIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE LA NORMA CUESTIONADA SE REALICE POR ESTE TRIBUNAL CON MAS ELEMENTOS DE JUICIO DE LOS QUE PUDO DISPONER EL JUEZ A QUO (A QUIEN OBVIAMENTE NO PUEDE EXIGIRSELE QUE ABRA UN TRAMITE PROBATORIO PARA DESARROLLAR SU LABOR DE CALIFICACION DEL DOCUMENTO), SUBVIRTIENDO CON ELLO LA FUNCION QUE EN ESTE PUNTO HA DE DESEMPEÑAR Y QUE ES LA DE MERA COMPROBACION DE LA CORRECCION EXTERNA DEL JUICIO DE APLICABILIDAD EFECTUADO POR DICHO JUEZ.

5. EN EL MISMO SENTIDO, EL FISCAL GENERAL OPONE EN LA CUESTION 865/84 ALGUNAS OBJECIONES QUE, AUNQUE ENTRELAZADAS CON ARGUMENTOS DE FONDO, TRADUCEN SU OPINION DE QUE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA CUESTIONADA RESULTA IRRELEVANTE PARA EL FALLO QUE EN EL PROCESO A QUO HA DE DICTARSE.

INSISTE, EN PRIMER TERMINO, EN QUE LA CUESTION PLANTEADA TIENE UN CARACTER CONDICIONAL O HIPOTETICO Y, AL MISMO TIEMPO, ABSTRACTO O GENERICO. FUNDA EL CARACTER HIPOTETICO DE LA CUESTION EN EL HECHO DE QUE, EN EL ESCRITO POR EL QUE REMITE LAS ACTUACIONES, EL JUEZ AFIRMA QUE EL TIEMPO INVERTIDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FISCALES PUEDE SUPONER LA IMPOSIBILIDAD DE OBTENER LA TUTELA JUDICIAL. DEBE OBSERVARSE, SIN EMBARGO, QUE EL JUEZ EFECTUA ESTA AFIRMACION NO PARA JUSTIFICAR LA RELEVANCIA DEL PRECEPTO EN EL PROCESO EN CUESTION, SINO PARA FUNDAMENTAR, EN ABSTRACTO, SU INCONSTITUCIONALIDAD. EN RELACION CON EL PROCESO, EL JUEZ A QUO AFIRMA NO HIPOTETICA, SINO APODICTICAMENTE, QUE, DE APLICARSE EL PRECEPTO CONTROVERDIDO, HABRA DE RECHAZARSE EL DOCUMENTO EN QUE LA PARTE ACTORA FUNDA SU DERECHO, DESESTIMANDOSE LA DEMANDA. ASI, PUES, UNA COSA ES LA CUESTION DE FONDO, QUE EXIGE DILUCIDAR SI EL PRECEPTO CUESTIONADO SUPONE UN OBSTACULO JUSTIFICADO O NO, FACIL O DIFICILMENTE SALVABLE, AL EJERCICIO DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL, Y OTRA, LA APRECIACION QUE EL JUEZ HACE CON CARACTER DEFINITIVO DE QUE, EN EL PROCESO DE QUE CONOCE, LA EXISTENCIA DE ESE OBSTACULO NO HA SIDO EVITADA, AUNQUE PUDIERA SERLO Y, POR LO TANTO, RESULTA RELEVANTE PARA EL FALLO.

EL FISCAL GENERAL ENTIENDE QUE, ASIMISMO, SE PONE DE MANIFIESTO EL CARACTER ABSTRACTO Y GENERICO DE LA CUESTION, SI SE TIENE EN CUENTA QUE, DE ACUERDO CON EL ART. 1.537 DE LA L.E.C., EL JUEZ VENIA OBLIGADO A SUSPENDER A LIMINE LA ADMISION DE LA DEMANDA, DEVOLVIENDO EL DOCUMENTO A LOS INTERESADOS PARA QUE SUBSANASEN EL DEFECTO Y QUE, POR LO TANTO, LA INFLUENCIA SOBRE EL FALLO SOLO SE PRODUCIRIA REALMENTE EN EL CASO DE QUE LA PARTE NO SUBSANASE EL DEFECTO DENTRO DEL PLAZO ACORDADO, UNICO MOMENTO EN QUE EL JUEZ PODRIA PLANTEAR LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD. PERO LO CIERTO ES QUE, AUN CUANDO SE ADMITIERA QUE EL JUEZ DEBIO SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE PUDIERA SUBSANARSE EL DEFECTO LO QUE TROPIEZA CON EL INCONVENIENTE DE QUE EL TEXTO REFUNDIDO VIGENTE NO CONTIENE UN PRECEPTO SIMILAR AL CONTENIDO EN EL ART. 114.2 DEL ANTERIOR TEXTO REFUNDIDO, APROBADO POR DECRETO 1018/67, DE 6 DE ABRIL, RESULTARIA IGUALMENTE RELEVANTE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO CUESTIONADO. EN EFECTO, COMO HA DECLARADO ESTE TRIBUNAL, <EL VOCABLO FALLO EN EL ART. 163 DE LA CONSTITUCION EQUIVALE A RESOLUCION JUDICIAL DECISIVA O IMPERATIVA, YA SE TRATE DE MATERIA DE FONDO O DE MATERIA PROCESAL>, Y EN EL PRESENTE CASO EL JUEZ TENIA QUE DICTAR UNA RESOLUCION DE TRASCENDENCIA PROCESAL QUE COMPROMETIA EL DESENLACE DEFINITIVO DEL PROCESO Y, DE MODO INMEDIATO, SUPONIA AL MENOS LA IMPOSICION A LA PARTE DE UNA CARGA DE SIGNIFICACION ECONOMICA Y EL APLAZAMIENTO DEL FALLO. Y, PUESTO QUE LA RESOLUCION QUE EL JUEZ HABIA DE ADOPTAR SE APOYA EN EL PRECEPTO CUESTIONADO, RESULTA ASIMISMO JUSTIFICADO EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD.

ADUCE FINALMENTE QUE LA INADMISION POR FALTA DE LIQUIDACION DEL DOCUMENTO SUJETO AL IMPUESTO NO SUPONDRIA NINGUN DAÑO IRREPARABLE PARA EL INTERESADO, QUE SIEMPRE PODRIA EJERCITAR SU ACCION EN UN DECLARATIVO INDEPENDIENTE, PUES, SEGUN EL ART. 1.533 DE LA L.E.C., LA INADMISION DE LA DEMANDA DE TERCERIA POR HABERSE PRESENTADO DESPUES DE OTORGADA LA ESCRITURA O CONSUMADA LA VENTA DE LOS BIENES A QUE SE REFIERA, O DE SU ADJUDICACION EN PAGO Y ENTREGA AL EJECUTANTE, DEJA <A SALVO EL DERECHO DEL TERCERO PARA DEDUCIRLO CONTRA QUIEN Y COMO CORRESPONDA>.

PERO TAMPOCO PUEDE COMPARTIRSE ESTA ARGUMENTACION EN CUANTO CON ELLA PRETENDA JUSTIFICARSE LA FALTA DE RELEVANCIA DEL PRECEPTO IMPUGNADO. EN PRIMER TERMINO, LAS EXPECTATIVAS PROCESALES DE UNA DEMANDA DE TERCERIA NO SON LAS MISMAS QUE LAS QUE CORRESPONDEN A UNA ACCION DIRIGIDA POSTERIORMENTE CONTRA EL ADQUIRENTE, QUE PUEDE HABER ADQUIRIDO EL BIEN DE BUENA FE O EN SUBASTA PUBLICA, O TENER INSCRITO SU DERECHO Y ESTAR POR ELLO PROTEGIDO FRENTE A LA ACCION REIVINDICATORIA. POR OTRA PARTE, EL FALLO DEL PROCESO DE TERCERIA PRODUCE, CON EFECTOS DE COSA JUZGADA GENERAL, LA LIBERTAD O LA AFECTACION DEFINITIVA DE LOS BIENES AL PROCESO DE EJECUCION. NO CABE, PUES, NEGAR LA RELEVANCIA DE LA CUESTION PLANTEADA EN RELACION CON LA DECISION QUE HA DE ADOPTARSE, FUNDANDOSE EN LA <IRRELEVANCIA> DEL PROCESO EN QUE AQUELLA SE PLANTEA.

DE ACUERDO CON LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES PROCEDE, POR CONSIGUIENTE, ENTRAR A EXAMINAR EL PROBLEMA DE FONDO QUE SE DEBATE EN LOS PRESENTES PROCESOS ACUMULADOS.

6. COMO SEÑALAMOS ANTERIORMENTE, EL ART. 57.1 DEL TEXTO REFUNDIDO DEL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS ESTABLECE QUE NINGUN DOCUMENTO QUE CONTENGA ACTOS O CONTRATOS SUJETOS AL REFERIDO IMPUESTO SE ADMITIRA NI SURTIRA EFECTO EN LOS TRIBUNALES SIN QUE SE JUSTIFIQUE EL CORRESPONDIENTE PAGO, EXENCION O NO SUJECION. LA LIMITACION QUE DICHO PRECEPTO INTRODUCE RESPECTO A LA APORTACION DE DOCUMENTOS AL PROCESO CONSISTE, PUES, EN SUBORDINAR LA ADMISIBILIDAD Y EFICACIA DE LOS MISMOS A LA DECLARACION O PAGO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE, Y TIENDE A ASEGURAR LA CONTRIBUCION DE TODOS LOS CIUDADANOS AL SOSTENIMIENTO DE LOS GASTOS PUBLICOS, FINALIDAD QUE APARECE VINCULADA AL DEBER FUNDAMENTAL ESTABLECIDO EN EL ART. 31.1 DE LA CONSTITUCION.

ES DE DESTACAR LA GENERALIDAD DEL PRECEPTO CONTROVERTIDO, QUE VA DIRIGIDO A TODOS LOS TRIBUNALES, ASI COMO EL CARACTER RIGIDO DEL MISMO, QUE NO SE ADAPTA A LAS MODALIDADES Y PARTICULARIDADES DE LOS DISTINTOS PROCESOS, POR LO QUE SU APLICACION PUEDE ORIGINAR CONSECUENCIAS DE DIVERSO ALCANCE, ASPECTO QUE NO HA SIDO TENIDO EN CUENTA POR EL LEGISLADOR.

LA CONSIDERACION DE LOS DISTINTOS SUPUESTOS RESULTA, SIN EMBARGO, RELEVANTE PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO EN CUESTION. EN CIERTOS CASOS LA LEY PROCESAL SUBORDINA LA ADMISION DE LA DEMANDA A LA PRESENTACION DEL DOCUMENTO EN QUE LA PARTE FUNDA SU DERECHO, MIENTRAS QUE EN OTROS EL DOCUMENTO CONSTITUYE UNICAMENTE UN MATERIAL PROBATORIO QUE PUEDE, A SU VEZ, SER DECISIVO PARA LA RESOLUCION DE LA CUESTION DEBATIDA O TENER UN CARACTER MERAMENTE ACCESORIO O SUSCEPTIBLE DE SER FACILMENTE SUPLIDO POR OTRO TIPO DE PRUEBAS.

POR ELLO EN UNOS CASOS LA INADMISION DE LOS DOCUMENTOS EN EL PROCESO PODRA AFECTAR AL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL SIN QUE SE PRODUZCA INDEFENSION, GARANTIZADO EN EL ART. 24.1 C.E., MIENTRAS QUE EN OTROS LO QUE RESULTARA AFECTADO ES EL DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTIAS EN EL QUE EL INTERESADO PUEDA UTILIZAR LOS MEDIOS DE PRUEBA PERTINENTES PARA SU DEFENSA, RECONOCIDO EN EL ART. 24.2 DE LA NORMA FUNDAMENTAL.

7. DESDE LA PERSPECTIVA DEL ART. 24.1 C.E. LA PROHIBICION DE QUE LOS TRIBUNALES ADMITAN CIERTOS DOCUMENTOS PUEDE AFECTAR AL DERECHO A LA ACCION, BIEN DIRECTAMENTE, HACIENDO IMPOSIBLE SU EJERCICIO CUANDO LA ADMISION DE LA DEMANDA SE CONDICIONA A LA PRESENTACION DEL DOCUMENTO, BIEN INDIRECTAMENTE, AL IMPEDIR DE HECHO LA PRESENTACION DE UNA DEMANDA CONDENADA AL FRACASO O IMPEDIR A LA PARTE LA DEFENSA DE SUS POSICIONES MEDIANTE LA APORTACION DE UNA PRUEBA DOCUMENTAL SUSTANCIAL. EN ESTOS CASOS, AUNQUE FORMALMENTE LA NORMA CUESTIONADA AFECTE UNICAMENTE A LA DISPONIBILIDAD DE LOS MEDIOS PROBATORIOS O A LOS REQUISITOS DE LOS ACTOS PROCESALES, OBSTACULIZA ASIMISMO EL DERECHO A LA ACCION.

EL LETRADO DEL ESTADO ALEGA, EN APOYO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO, QUE ES LOGICO QUE SE ESTABLEZCAN MEDIDAS APARENTEMENTE LIMITADORAS DE LA EFICACIA DE LOS DERECHOS COMO INSTRUMENTO PARA LOGRAR UN OBJETIVO GENERAL, SIEMPRE QUE LA RESTRICCION NO SEA ARBITRARIA O INJUSTIFICADA, SINO QUE, COMO EN EL PRESENTE CASO, RESPONDA A UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE LEGITIMA, Y ADUCE, EN FAVOR DE SUS TESIS, LA EXISTENCIA EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LIMITACIONES O MODULACIONES AL EJERCICIO DEL DERECHO A LA ACCION, PUES, AL SER EL ORDENAMIENTO UNO E INDIVISIBLE SEÑALA SON MUCHOS LOS EJEMPLOS DE NORMAS IMPERATIVAS QUE, TENIENDO JUSTIFICACION EN UN SECTOR DEL MISMO, PROYECTAN SU SIGNIFICACION EN OTROS. PERO LOS EJEMPLOS ADUCIDOS, CUALQUIERA QUE SEA EL JUICIO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD, NO PUEDEN ESGRIMIRSE COMO TERMINO DE COMPARACION. EN ELLOS LAS LIMITACIONES OBEDECEN A FINALIDADES LIGADAS A LA CONFIGURACION DE LOS DERECHOS SUSTANTIVOS (LITISCONSORCIO, CITACION DEL VENDEDOR EN LA EVICCION) O A LA DE GARANTIZAR UNOS PRINCIPIOS DE ORDEN REGISTRAL EN FUNCION DE LA SEGURIDAD JURIDICA EN EL EJERCICIO DE ESOS MISMOS DERECHOS (PRECEPTOS DE LA LEY HIPOTECARIA); CONSTITUYEN CARGAS QUE PERSIGUEN ALGUN FIN VINCULADO AL MISMO PROCESO O TENDENTE A EVITAR DISFUNCIONES QUE ESTE PUEDE ORIGINAR (CONSIGNACIONES ARRENDATICIAS O LABORALES); SON TASAS POR LA PRESTACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA COMO SERVICIO PUBLICO (TASAS JUDICIALES) O RESPONDEN A SUPUESTOS EN QUE LA FORMA DEL TITULO CONDICIONA DE ANTEMANO SU EFICACIA EJECUTIVA (LETRA DE CAMBIO). EN TODOS, LA LIMITACION ESTA EN FUNCION DE LA PROPIA REALIDAD O FINALIDAD DEL PROCESO, O EN CONEXION CON LAS RELACIONES JURIDICAS SUSTANTIVAS QUE CONSTITUYEN EL OBJETO DEL MISMO O CON LA SEGURIDAD DEL TRAFICO. NADA DE LO CUAL SUCEDE EN EL PRECEPTO EXAMINADO.

POR ELLO TAMPOCO ES DE APLICACION AL PRESENTE CASO LA DOCTRINA CONTENIDA EN SENTENCIAS DE ESTE TRIBUNAL EN LAS QUE SE JUSTIFICA LA EXIGENCIA DE DETERMINADAS CONSIGNACIONES ARRENDATICIAS O LABORALES A LAS QUE TAMBIEN SE REFIERE EL LETRADO DEL ESTADO O SE JUSTIFICAN LAS PECULIARIDADES DE LOS PRECEPTOS DE EJECUCION HIPOTECARIA (EN LOS QUE SE LIMITA EXTRAORDINARIAMENTE LA CONTRADICCION PROCESAL) BASANDOSE, ENTRE OTROS ARGUMENTOS, EN QUE EL CONSTITUYENTE DE LA HIPOTECA HA CONSENTIDO LA FUERZA EJECUTIVA DEL TITULO Y EN QUE SU POSICION DERIVA DE UN NEGOCIO JURIDICO (STC 41/1981, DE 18 DE DICIEMBRE).

LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS QUE CONCURREN EN EL CASO QUE NOS OCUPA LLEVAN A CONCLUIR QUE LA LIMITACION QUE EL ART.

57.1 DEL TEXTO REFUNDIDO IMPONE A LA EFICACIA DE LOS DOCUMENTOS ANTE LOS TRIBUNALES ES CONTRARIA AL ART. 24.1 DE LA CONSTITUCION. POR UNA PARTE, A DIFERENCIA DE LOS QUE SUCEDE EN LOS ANTEDICHOS SUPUESTOS, LAS LIMITACIONES DERIVADAS DEL PRECEPTO CUESTIONADO NO GUARDAN RELACION ALGUNA CON EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL PROCESO SE TRATA DE UN TRIBUTO CUYO HECHO IMPONIBLE ES AJENO A LA FUNCION JURISDICCIONAL E INTRODUCEN UNA QUIEBRA EVIDENTE ENTRE EL MUNDO SUSTANTIVO Y EL PROCESAL, PUES, MIENTRAS QUE NO SE NIEGA VALIDEZ AL DOCUMENTO EN EL MUNDO DE LAS RELACIONES SUSTANTIVAS AJENAS AL PROCESO, SE IMPIDE EN LA PRACTICA EL EJERCICIO DE LA CORRESPONDIENTE ACCION. ELLO INCIDE EN EL DERECHO A LA PROTECCION JUDICIAL EFECTIVA DE LOS DERECHOS E INTERESES LEGITIMOS, QUE OBLIGA A UNA CONFIGURACION DEL DERECHO A ACCIONAR ANTE LOS TRIBUNALES QUE GARANTICE UNA CORRESPONDENCIA ENTRE EL MUNDO DE LAS RELACIONES SUSTANTIVAS Y EL MUNDO PROCESAL. COMO SEÑALO LA STC 3/1983, EL DERECHO SUSTANTIVO Y EL PROCESAL SON DOS REALIDADES INESCINDIBLES, APARECIENDO ASI LAS FORMAS PROCESALES ESTRICTAMENTE CONECTADAS CON LAS PRETENSIONES MATERIALES DEDUCIDAS EN EL JUICIO (FUNDAMENTO JURIDICO 3.

). NO OBSTANTE, LA PRESUNTA IRREGULARIDAD FISCAL ROMPE DICHA CORRESPONDENCIA Y SUSPENDE LA GARANTIA JURISDICCIONAL QUE ES COMPLEMENTO OBLIGADO DE TODA NORMA DE DERECHO SUSTANTIVO. DE OTRA PARTE, NO BASTA, COMO PRETENDE EL LETRADO DEL ESTADO, CON QUE EL FIN PERSEGUIDO SEA CONSTITUCIONALMENTE LICITO. DE LA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL CABE DEDUCIR QUE LAS LIMITACIONES IMPUESTAS AL EJERCICIO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA NO SOLO HAN DE RESPONDER A UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE LEGITIMA, SINO QUE HAN DE SER RAZONABLES Y PROPORCIONADAS EN RELACION CON EL OBJETIVO PRETENDIDO Y NO HAN DE AFECTAR AL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO. PUES BIEN, EN EL CASO CONSIDERADO EXISTE, SIN DUDA, UNA FALTA DE PROPORCIONALIDAD ENTRE EL OBJETIVO QUE SE PERSIGUE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO Y EL MODO EN QUE SE OPERA. AQUEL PODRIA LOGRARSE POR OTROS MEDIOS, ENTRE LOS QUE CABRIA INCLUIR LA SIMPLE OBLIGACION POR PARTE DEL JUEZ DE COMUNICAR A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA LA EXISTENCIA DEL DOCUMENTO SIN LIQUIDAR Y, SIN EMBARGO, SE ESTABLECE UNA MEDIDA QUE POR DE PRONTO INTERFIERE EN EL EJERCICIO DEL DERECHO FUNDAMENTAL, OBSTACULIZANDO EL DERECHO A LA ACCION QUE FORMA PARTE DEL CONTENIDO ESENCIAL DEL MISMO, Y QUE IMPLICA UNA EVIDENTE REDUPLICACION DE LOS MEDIOS EJECUTIVOS DE LA ADMINISTRACION PARA CUYO EJERCICIO BASTA EL CONOCIMIENTO DEL HECHO Y LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA OMISION DEL PAGO DEL TRIBUTO QUE DESNATURALIZA EL EJERCICIO DE LA FUNCION JURISDICCIONAL, HACIENDO TOMAR PARTE ACTIVA AL ORGANO JUDICIAL EN LA GESTION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA PENDIENTE Y ATRIBUYENDO A DICHA GESTION UN CARACTER PREFERENTE.

8. EXISTEN, DE OTRO LADO, SUPUESTOS EN LOS QUE LA APLICACION DEL PRECEPTO CUESTIONADO NO IMPIDE EL EJERCICIO DE LA ACCION, PERO NIEGA FUERZA PROBATORIA A DETERMINADOS DOCUMENTOS. EN ESTOS CASOS, EL REFERIDO PRECEPTO LIMITA LAS POSIBILIDADES DE PRUEBA DE LA PARTE A LA QUE INTERESA LA PRESENTACION DE LOS MISMOS FRENTE A LA CONTRAPARTE, QUE SE VE INJUSTAMENTE BENEFICIADA POR EL OBSTACULO QUE LA CARGA FISCAL SIGNIFICA PARA EL ACCESO DEL DOCUMENTO AL PROCESO. Y, EN TODO CASO, EL INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA FISCAL, SEA IMPUTABLE A LA PARTE O NO LO SEA, FALSEA EL RESULTADO DEL PROCESO, HACIENDOLO DEPENDER DE LA REGULARIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE UNA DE LAS PARTES, CON LA CONSIGUIENTE QUIEBRA DE LOS PRINCIPIOS QUE TRATAN DE ESTABLECER UN EQUILIBRIO ENTRE LAS MISMAS EN ORDEN A LA FORMULACION DE ALEGACIONES Y APORTACION DE MEDIOS DE PRUEBA, CON EL FIN DE ASEGURAR LA JUSTICIA MATERIAL DE LA DECISION. EL ART. 57.1 DEL TEXTO REFUNDIDO INCIDE ASI EN EL DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTIAS Y A UTILIZAR LOS MEDIOS DE PRUEBA PERTINENTES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES LEGITIMOS, LIMITACION ESTA ULTIMA QUE PUEDE COLOCAR A LA PARTE EN UNA VERDADERA SITUACION DE INDEFENSION CUANDO EL DOCUMENTO RESULTA DECISIVO PARA LA DEFENSA DE SUS PRETENSIONES.

ES CIERTO QUE LAS CONSECUENCIAS QUE DE LA APLICACION DE DICHO PRECEPTO SE DERIVAN PARA EL INTERESADO EN CIERTOS SUPUESTOS ESPECIALMENTE CUANDO LA PRUEBA DOCUMENTAL PUEDE SER SUSTITUIDA POR OTROS MEDIOS PROBATORIOS NO SON TAN GRAVES COMO LAS QUE SE ORIGINAN CUANDO DE HECHO QUEDA OBSTACULIZADO EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA ACCION, PERO, EN CUALQUIER CASO, SE TRATA DE UNA LIMITACION INNECESARIA AL EJERCICIO DE DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ART.

24.2 DE LA CONSTITUCION, PUES, COMO HEMOS SEÑALADO, LA FINALIDAD DE LA MEDIDA PUEDE CONSEGUIRSE SIN AFECTAR A LOS MENCIONADOS DERECHOS.

EL MINISTERIO PUBLICO CONSIDERA QUE EL OBSTACULO FISCAL NO RESULTA DE ESPECIAL TRASCENDENCIA PUES, EN TODO CASO, LA FALTA DE PAGO DEL IMPUESTO PUEDE SUBSANARSE, PERO, DADO QUE EL FIN PERSEGUIDO PUEDE LOGRARSE MEDIANTE UNA SIMPLE COMUNICACION A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, TAMPOCO ENCUENTRA JUSTIFICACION EL QUE, UNA VEZ REALIZADA ESTA, SE PARALICE EL PROCESO HASTA QUE DICHO DEFECTO SEA SUBSANADO, ORIGINANDO ASI UNA DILACION EN EL MISMO, QUE, AL NO RESPONDER A FINALIDAD ALGUNA, PUEDE CALIFICARSE DE INDEBIDA.

9.

FINALMENTE, LA RIGIDEZ DEL PRECEPTO PUEDE AGRAVAR LAS ANTERIORES CONCLUSIONES. POR UNA PARTE, EN EL NO SE CONTIENE LA RESERVA DE ALGUNOS DE SUS ANTECEDENTES HISTORICOS, EN EL SENTIDO DE PREVER QUE LA PARTE A QUIEN INTERESA LA PRESENTACION DEL DOCUMENTO PUEDA SER LA NO OBLIGADA FISCALMENTE AL PAGO, EN CUYO SUPUESTO, A LA PERTURBACION DE SU ACTUACION PROCESAL, SE SUMA LA NECESIDAD DE HACER FRENTE AL PAGO DE UNA DEUDA TRIBUTARIA QUE NO LE CORRESPONDE. DE OTRA, EL PRECEPTO SE APLICA A TODO CASO DE INCUMPLIMIENTO FISCAL, SEA IMPUTABLE A LA PARTE O NO LO SEA, COMO OCURRIRIA SI NO SE CREYESE OBLIGADA AL PAGO O NO SE HALLASE EN SITUACION ECONOMICA DE PODER HACERLO, Y NO SALVA LOS SUPUESTOS EN QUE EXISTA DISCREPANCIA EN CUANTO A LOS ELEMENTOS DETERMINANTES DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y EL ACTO DE LIQUIDACION NO HAYA GANADO FIRMEZA AL ESTAR RECURRIDO Y PENDIENTE, POR LO TANTO, DE RESOLUCION DEFINITIVA. EL ART. 57.1 OBLIGA EN TODO CASO A JUSTIFICAR EL PAGO, O BIEN LA EXENCION O LA NO SUJECION, SITUACIONES JURIDICAS DECLARADAS O NEGADAS UNILATERALMENTE POR LA ADMINISTRACION. CONSECUENCIA DE ELLO ES QUE EL INTERESADO, PARA EVITAR EL EFECTO OBSTATIVO DEL MENCIONADO PRECEPTO, TIENE FORZOSAMENTE QUE PAGAR LA CANTIDAD QUE LA ADMINISTRACION LE SEÑALE Y SI, PESE A ELLO, QUIERE PROMOVER RECLAMACION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA Y UTILIZAR LAS VIAS DE RECURSO CONTRA DICHA LIQUIDACION PUEDE SIN DUDA HACERLO, PERO, AL TENER QUE SATISFACER EN TODO CASO LA DEUDA TRIBUTARIA QUE DISCUTE, SE LE ESTA APLICANDO EN DEFINITIVA INDIRECTAMENTE LA REGLA SOLVE ET REPETE ; TODO LO CUAL SUPONE TAMBIEN, EN RELACION CON LA LIQUIDACION IMPOSITIVA REALIZADA POR LA ADMINISTRACION, UNA AGRAVACION DE LA LIMITACION DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, EN EL SENTIDO DE OBSTACULO REDUPLICADO PARA ACCEDER A LOS TRIBUNALES Y DEFENDER ANTE ELLOS LOS PROPIOS DERECHOS E INTERESES.

LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES LLEVAN A LA CONCLUSION DE QUE RESULTA INCONSTITUCIONAL LA LIMITACION DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ART. 24 DE LA CONSTITUCION QUE EL PRECEPTO CUESTIONADO ENCIERRA, EN CUANTO PROHIBE QUE SEAN ADMITIDOS O SURTAN EFECTO EN LOS TRIBUNALES DOCUMENTOS SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS, RESPECTO DE LOS CUALES NO SE HAYA SATISFECHO DICHA OBLIGACION TRIBUTARIA. ELLO CONDUCE A DECLARAR NULA LA INCLUSION DEL VOCABLO <TRIBUNAL> EN EL ART. 57.1 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL MENCIONADO IMPUESTO, ENTENDIENDO INCLUIDOS DENTRO DE EL LAS OFICINAS Y REGISTROS JUDICIALES.

ESTA DECLARACION DE NULIDAD NO AFECTA, COMO ES OBVIO, AL MANTENIMIENTO DEL DEBER DE COLABORACION DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES, AL QUE GENERICAMENTE SE REFIERE EL ULTIMO PARRAFO DEL ART. 55 DEL TEXTO REFUNDIDO, CON REMISION A LA LEY GENERAL TRIBUTARIA, Y QUE SE CONCRETA EN EL PARRAFO PRIMERO DEL MISMO; DEBER QUE DERIVA IMPLICITAMENTE DEL GENERAL SOMETIMIENTO DE LOS PODERES PUBLICOS A LA LEY Y DE LA UNIDAD DE LOS FINES DEL ESTADO. AUNQUE EL ART. 117.4 DE LA CONSTITUCION ESTABLECE QUE <LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES NO EJERCERAN MAS FUNCIONES QUE LAS SEÑALADAS EN EL APARTADO ANTERIOR (JUZGAR Y HACER EJECUTAR LO JUZGADO) Y LAS QUE EXPRESAMENTE LES SEAN ATRIBUIDAS POR LEY EN GARANTIA DE CUALQUIER DERECHO>, ESTA EXCLUSIVIDAD NO IMPIDE QUE, EN VIRTUD DEL DEBER DE COLABORACION ENTRE TODOS LOS PODERES DEL ESTADO PUEDAN IMPONERSE AL JUEZ OBLIGACIONES ENCAMINADAS AL LOGRO DE OTRAS FINALIDADES PUBLICAS, ENTRE LAS CUALES PUEDE FIGURAR LA DE COMUNICAR LA EXISTENCIA DE UN DOCUMENTO RESPECTO AL CUAL NO SE HA HECHO EFECTIVO EL PAGO DE UN TRIBUTO.

FALLO

EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

HA DECIDIDO:

DECLARAR QUE ES INCONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA, NULA LA INCLUSION DEL VOCABLO <TRIBUNAL> EN EL ART.

57.1 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 3050/1980, DE 30 DE DICIEMBRE.

PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>.

DADA EN MADRID, A DOCE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. GLORIA BEGUE CANTON.

ANGEL LATORRE SEGURA. FRANCISCO RUBIO LLORENTE. LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON. ANTONIO TRUYOL SERRA. FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL. CARLOS DE LA VEGA BENAYAS. EUGENIO DIAZ EIMIL. MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ GUERRA. FIRMADO Y RUBRICADO.

ANÁLISIS

  • Rango: Sentencia
  • Fecha de disposición: 12/07/1988
  • Fecha de publicación: 08/08/1988
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • CORRECCIÓN de errores en suplemento al BOE núm. 267 de 7 de noviembre de 1988 (Ref. BOE-T-1988-25709).
Referencias anteriores
  • DICTADA:
  • DECLARA inconstitucional lo indicado del art. 57.1 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1981-2491).
Materias
  • Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
  • Tribunal Constitucional

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