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Documento BOE-T-1987-17724

Pleno. Recurso de inconstitucionalidad número 880/1985. Sentencia número 115/1987, de 7 de julio.

TEXTO

EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE, Y DOÑA GLORIA BEGUE CANTON, DON ANGEL LATORRE SEGURA, DON FRANCISCO RUBIOLLORENTE, DON LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA Y DON LUIS LOPEZ GUERRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN EL RECURSO DE INSCONSTITUCIONALIDAD NUM. 880/85, PROMOVIDO POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO, CONTRA LOS ARTS. 7, 8, 26 Y 34, DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. HA SIDO PARTE EL LETRADO DEL ESTADO EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO, Y HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.

I. ANTECEDENTES

1. EL 3 DE OCTUBRE DE 1985, EL DEFENSOR DEL PUEBLO, UNA VEZ EMITIDO EL DIA 1 DE JULIO, EL PRECEPTIVO INFORME POR LA JUNTA DE COORDINACION Y REGIMEN INTERIOR DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, INTERPUSO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS ARTS. 7,8, 26 Y 34 DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA, POR ESTIMAR QUE EN ELLOS SE VULNERAN LOS ARTS. 14, 16, 17, 21, 22, 24, 25 Y 53.2, DE LA CONSTITUCION; LOS ARTS. 2, 3, 14, 18 Y 21 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS DE LAS NACIONES UNIDAS, APROBADO POR LA MISMA ORGANIZACION, EL 15 DE DICIEMBRE DE 1966, Y RATIFICADO POR ESPAÑA, EL 27 DE ABRIL DE 1977; Y LOS ARTS. 5, 6, 9, 11, 13 Y 14, DE LA CONVENCION EUROPEA PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1950, RATIFICADA POR ESPAÑA, EL 10 DE OCTUBRE DE 1979.

2. LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS EN LOS QUE SE BASA EL RECURSO SON DE UN DOBLE ORDEN. EN PRIMER LUGAR, SE REALIZAN UNAS CONSIDERACIONES BASICAS SOBRE LOS VALORES Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUDAMENTAN EL RECURSO, Y, EN SEGUNDO LUGAR, SE PROCEDE A UN ESTUDIO CONCRETO DE LOS VICIOS CONSTITUCIONALES EN QUE INCURRIRIAN LOS DIVERSOS ARTICULOS CONCRETOS OBJETO DEL RECURSO.

EN LAS CONSIDERACIONES BASICAS SE EXAMINAN LOS APARTADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ART. 13 DE LA CONSTITUCION, PARA CONCLUIR QUE TODOS LOS DERECHOS Y LIBERTADES DEL TITULO I DE LA CONSTITUCION, SON APLICABLES A LOS EXTRANJEROS, SALVO LOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS POR EL TEXTO CONSTITUCIONAL, EN LOS TERMINOS QUE SE ESTABLEZCAN EN CADA LEY REGULADORA DE CADA UNO DE ELLOS. LA EXCLUSION SE PRODUCE, UNAS VECES DE FORMA EXPRESA, Y OTRAS DE FORMA IMPLICITA AL CIRCUNSCRIBIRSE LA TITULARIDAD DE ALGUNOS DERECHOS Y DEBERES SOLO A LOS ESPAÑOLES, PERO EN TAL CASO TAMBIEN ESTA EXCLUSION DEBE SER INTERPRETADA CON CUIDADOSA PRUDENCIA, PUES A LA LUZ DEL ART. 10 DE LA CONSTITUCION, LOS EXTRANJEROS TIENEN LA PROTECCION DE LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR ESPAÑA, Y POR ELLO LA DE LOS PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS CIVILES, Y DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, QUE SOLO PERMITEN LIMITACIONES LEGALES AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS GARANTIZADOS EN LOS MISMOS <EN LA MEDIDA COMPATIBLE CON LA NATURALEZA DE SUS DERECHOS Y CON EL EXCLUSIVO OBJETO DE PROMOVER EL BIENESTAR GENERAL EN UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA>. LA GARANTIA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS A LOS EXTRANJEROS EN EL ART. 13 DE LA CONSTITUCION <EN LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCAN LOS TRATADOS Y LA LEY>, Y, COMO HA AFIRMADO EL PROPIO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, NO SUPONE <QUE SE HAYA QUERIDO DESCONSTITUCIONALIZAR LA POSICION JURIDICA DE LOS EXTRANJEROS, RELATIVA A LOS DERECHOS Y LIBERTADES PUBLICAS>. ANTES BIEN CON LA MEJOR DOCTRINA HABRIA QUE PRESUMIR, EN PRINCIPIO, LA EQUIPARACION DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS NACIONALES Y DE LOS EXTRANJEROS, Y QUE LAS POSIBLES LIMITACIONES HABRIAN DE TENER CARACTER EXCEPCIONAL, E INTERPRETARSE RESTRICTIVAMENTE. EN CONSECUENCIA, EN AQUELLOS DERECHOS RESPECTO A LOS CUALES PUEDAN ESTABLECERSE LIMITACIONES A SU EJERCICIO POR LOS EXTRANJEROS, EL LEGISLADOR NO ES ENTERAMENTE LIBRE, TALES DERECHOS SIGUEN SIENDO CONSTITUCIONALES, Y SE HA DE RESPETAR EL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DE QUE SE TRATE. LA RESTRICCION LEGAL DEJA DE ESTAR AMPARADA CONSTITUCIONALMENTE SI CONVIERTE AL DERECHO PROCLAMADO EN UNA PURA APARIENCIA DE LO QUE ES EN REALIDAD, SI LO DESVIRTUA DE FORMA QUE LO HACE INAPREHENSIBLE, SI LO DESNATURALIZA Y BORRA LOS PERFILES CON QUE ESTA CARACTERIZADO.

3. SE SOSTIENE LA INCOSTITUCIONALIDAD DEL ART. 26.2, PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, POR VULNERACION DE LOS ART. 17.1, 2, 24 Y 25.3, EN RELACION CON EL ART. 13, TODOS ELLOS DE LA CONSTITUCION. TRAS DESCRIBIR EL CONTENIDO DEL NUM. 2 DEL ART. 26 QUE PERMITE LA DETENCION DEL EXTRANJERO <CON CARACTER PREVENTIVO CAUTELAR MIENTRAS SE SUSTANCIA EL EXPEDIENTE>, DISTINGUE DOS SITUACIONES O MOMENTOS, UNO EL DE LA DETENCION GUBERNATIVA, Y OTRO, EL DEL INTERNAMIENTO DEL EXTRANJERO INTERESADO DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, CON UN LIMITE MAXIMO DE CUARENTA DIAS. <ALGUNAS DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL REFERIDO ART. 26.2, PARRAFO SEGUNDO, ADOLECEN DE INCONSTITUCIONALIDAD>.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SON DERECHOS SUBJETIVOS DE LA PERSONA Y CONSTITUYEN UN ELEMENTO FUNDAMENTAL Y FUNDAMENTADOR DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO. DE AHI LA IMPORTANCIA PRIMORDIAL DE LA LIBERTAD COMO VALOR SUPERIOR DEL ORDENAMIENTO JURIDICO (ART. 1.1 DE LA CONSTITUCION), COMO FUNDAMENTACION DEL ORDEN POLITICO Y DE LA PAZ SOCIAL (ART.

10.1), Y EN SU NATURALEZA DE DERECHO FUNDAMENTAL DE LA PERSONA (ART. 14). <EL DERECHO A LA LIBERTAD, ES, PUES, UN DERECHO FUNDAMENTAL INSEPARABLE DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA Y CONDICION NECESARIA PARA EL EJERCICIO DE LAS DEMAS LIBERTADES PUBLICAS. NO ES, CONSECUENCIA, UN DERECHO CONCEDIDO POR EL ESTADO, SINO UN DERECHO O LIBERTAD PREVIO A ESTE, RECONOCIDO LUEGO POR LAS CONSTITUCIONES>. EL TITULAR DE TAL DERECHO ES LA PERSONA INDIVIDUAL SIN DISTINCION DE NINGUN TIPO, NI SIQUIERA DE NACIONALIDAD, Y EL SUJETO PASIVO ES EL ESTADO. POR ELLO LA LIBERTAD, AL SER UN DERECHO INHERENTE A LA PERSONA, EN CUANTO TAL, CORRESPONDE, EN NUESTRO ORDEN JURIDICO, TANTO A LOS NACIONALES COMO A LOS EXTRANJEROS Y EL ART. 17.1 DE LA CONSTITUCION, RECONOCE A <TODA PERSONA> EL DERECHO A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD, COMO GENERICAMENTE HA RECONOCIDO EL PROPIO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN SU STC 107/1984, DE 23 DE NOVIEMBRE.

POR OTRA PARTE, EL ART. 13 SE REMITE PARA INTEGRAR LA CONDICION O REGIMEN JURIDICO DE LOS EXTRANJEROS A LOS TRATADOS INTERNACIONALES, A LOS QUE TAMBIEN SE REMITE EL ART. 10.2 DE LA CONSTITUCION, POR ELLO ES RELEVANTE EL ART. 5.1, DE LA CONVENCION EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS, QUE PERMITE LA PROVACION DE LA LIBERTAD, EN SU LETRA F), <SI SE TRATA DEL ARRESTO O LA DETENCION LEGAL DE UNA PERSONA PARA IMPEDIRLE LA ENTRADA IRREGULAR EN EL TERRITORIO O CONTRA LA QUE ESTA EN CURSO UN PROCEDIMIENTO DE EXPULSION O EXTRADICION>. EL PROPIO NUM. 1 DE ESE ART. 5, DETERMINA QUE EL PROCEDIMIENTO HA DE SER <DETERMINADO POR LA LEY> QUE SERIA EL REGIMEN JURIDICO DE LA DETENCION EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO CORRESPONDIENTE, Y EN EL CASO ESPAÑOL, EL ART. 17 DE LA CONSTITUCION, CUYO NUM. 2 DISPONE QUE <EN EL PLAZO MAXIMO DE SETENTA Y DOS HORAS, EL DETENIDO DEBERA SER PUESTO EN LIBERTAD O A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD JUDICIAL>. LA DETENCION PRACTICADA POR LA AUTORIDAD GUBERNATIVA SEA O NO EN FUNCION DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, NO PUEDE DURAR MAS DE SETENTA Y DOS HORAS, CORRESPONDIENDO, PASADO ESE PLAZO, A LA AUTORIDAD JUDICIAL, LA POSIBILIDAD Y FACULTAD DE PODER RESTRINGIR, AUN MAS EL DERECHO DE LIBERTAD. POR ELLO LA DOCTRINA HABIA ENTENDIDO DEROGADO EL ART. 30.1 DEL DECRETO 552/1974, DE 14 DE FEBRERO, EN CUANTO PREVEIA LA DETENCION DE EXTRANJEROS QUE HAYAN DE SER EXPULSADOS MAS ALLA DEL PLAZO DE SETENTA Y DOS HORAS.

EN BASE A LAS RAZONES ANTERIORES SE CONCLUYE RECONOCIENDO QUE, SI BIEN, LA DETENCION PREVENTIVA CAUTELAR, PREVISTA EN EL ART. 26.2 DE LA LEY ORGANICA 7/1985, RESPETA LA PREVISION CONSTITUCIONAL DEL ART. 17.2, EN CUANTO LA MISMA NO PUEDE EXCEDER DEL PLAZO DE SETENTA Y DOS HORAS, NO OCURRE ASI CON LA MEDIDA DE INTERNAMIENTO DE HASTA CUARENTA DIAS, QUE PREVE EL PRECEPTO IMPUGNADO. A ESTA CONCLUSION SE LLEGA, PRIMERO, PORQUE EL PROCEDIMIENTO DE EXPULSION ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA; EN SEGUNDO LUGAR, PORQUE EL ART. 25.3 DE LA CONSTITUCION PROHIBE A LA ADMINISTRACION CIVIL IMPONER SANCIONES QUE, DIRECTA O SUBSIDIARIAMENTE, IMPLIQUEN PRIVACION DE LIBERTAD, LO QUE SIGNIFICA QUE LA ADMINISTRACION ESTA INCAPACITADA PARA DICTAR RESOLUCIONES CON CARACTER CAUTELAR, QUE IMPLIQUEN AQUELLA PRIVACION DE LIBERTAD; EN TERCER LUGAR, PORQUE LA INTERVENCION DEL JUEZ PREVISTA EN EL PRECEPTO IMPUGNADO NO DESVIRTUA LA INDOLE ADMINISTRATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE EXPULSION, CONFIRIENDOLE CARACTER JURISDICCIONAL, PUES TAL INTERVENCION NO TIENE EL CARACTER DE UNA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL, DESARROLLADA EN EL MARCO DE UN PROCESO, SOBRE LA BASE DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCION, Y EJERCIDA CON TODAS LAS MEDIDAS Y GARANTIAS PROCESALES QUE SE DESPRENDEN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL (EL ART. 26.2, PARRAFO SEGUNDO, ESTABLECE UNA UNICA RELACION ENTRE LA AUTORIDAD GUBERNATIVA Y LA AUTORIDAD JUDICIAL, DEJANDO AL MARGEN LA PERSONA AFECTADA POR LA DECISION, Y SERIA INCONGRUENTE QUE LA INTERVENCION DEL JUEZ FUERA UTILIZADA COMO JUSTIFICACION FORMAL DE UNA MEDIDA ADMINISTRATIVA PRIVATIVA DE LIBERTAD) Y, EN CUARTO LUGAR, EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA SE OTORGA POR EL ART. 24 DE LA CONSTITUCION A TODAS <LAS PERSONAS> CON INDEPENDENCIA DE SU NACIONALIDAD Y A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE LA INDEFENSION, Y TENIENDO EN CUENTA TAMBIEN EL ART. 14 DEL PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, EL PRECEPTO IMPUGNADO NO HA RESPETADO EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL DEL EXTRANJERO DETENIDO.

EN CONSECUENCIA, EL ART. 26.2, 2., DE LA L.O. 7/1985, INFRINGE LOS INVOCADOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.

4. SE DEFIENDE LA INSCOSTITUCIONALIDAD DEL ART. 7 DE LA L.O. 7/1985, POR VULNERACION DEL ART. 21 DE LA CONSTITUCION Y, EN CONEXION CON EL, DEL ART. 16 DE LA MISMA, ASI COMO DE LOS ARTS. 9, 11 Y 14 DEL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES, Y LOS ARTS. 2, 3, 18 Y 21 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS. EL ART. 7. DE LA LEY 7/1985, CONFIGURA UN REGIMEN LEGAL DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNION PARA LOS EXTRANJEROS, RADICALMENTE DIFERENTE AL REGULADO PARA LOS ESPAÑOLES, Y QUE SE CARACTERIZA POR SOMETER A AUTORIZACION PREVIA DE LA AUTORIDAD GUBERNATIVA LA CELEBRACION DE <REUNIONES PUBLICAS EN LOCAL CERRADO O EN LUGARES DE TRANSITO PUBLICO, ASI COMO MANIFESTACIONES> PROMOVIDAS POR EXTRANJEROS, QUE DEBERAN TENER LA CONDICION LEGAL DE RESIDENTES. EL ORGANO GUBERNATIVO COMPETENTE <PODRA PROHIBIRLAS SI RESULTAREN LESIVAS PARA LA SEGURIDAD O LOS INTERESES NACIONALES, EL ORDEN PUBLICO, LA SALUD O LA MORAL PUBLICAS O LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS ESPAÑOLES>. LAS CONSECUENCIAS DE ESTE PRECEPTO, QUE VULNERA EL ART. 21 DE LA CONSTITUCION, SON, POR UN LADO, LA EXISTENCIA DE UNA DIFERENCIA RADICAL DE TRATO ENTRE NACIONALES Y EXTRANJEROS EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNION (CUYA ESENCIA ES PODER CELEBRAR REUNIONES SIN AUTORIZACION PREVIA) SOMETIDAS LAS DE LOS EXTRANJEROS AL REGIMEN DE AUTORIZACION PREVIA DE LAS REUNIONES PUBLICAS EN LOCAL CERRADO, Y DE LAS REUNIONES EN LUGARES DE TRANSITO PUBLICO. ADEMAS LOS MOTIVOS EN QUE SE PUEDE FUNDAR LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DENEGATORIA SON MUCHO MAS AMPLIOS PARA EL CASO DE LOS EXTRANJEROS, RESPECTO A LOS QUE LA LEY ORGANICA DEL DERECHO DE REUNION ESTABLECE TAXATIVAMENTE PARA LAS REUNIONES A CELEBRAR EN LUGARES DE TRANSITO PUBLICO, PUES LAS CAUSAS EN QUE SE PUEDE FUNDAR LA NO AUTORIZACION SON EXTRAORDINARIAMENTE AMPLIAS, Y NO COINCIDEN CON LAS DEL ART. 21 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS DE 1966, AL INCLUIR TAMBIEN DE FORMA GENERICA LOS INTERESES NACIONALES. ESTA DIFERENCIA ESENCIAL DE TRATO CARECE DE COBERTURA CONSTITUCIONAL, PRIMERO, PORQUE, COMO SE DEDUCE DE LA PROPIA ELABORACION PARLAMENTARIA DEL ART. 21 DE LA CONSTITUCION, EL CONSTITUYENTE QUISO EXTENDER LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE REUNION A LOS EXTRANJEROS; Y EN SEGUNDO LUGAR, PORQUE EL DERECHO DE REUNION ES UN DERECHO DE LIBERTAD CIVIL, UN DERECHO INVIOLABLE DEL HOMBRE Y SU EJERCICIO NO PUEDE QUEDAR LIMITADO A LOS QUE POSEEN UNOS VINCULOS POLITICOS CON EL ESTADO,SINO A TODA PERSONA, SIN QUE PUEDE ADMITIRSE LA JUSTIFICACION CONSTITUCIONAL DE LA RADICAL DIFERENCIA DE TRATO QUE EL ART. 7 DE LA LEY 7/1985, ESTABLECE.

ADEMAS, LAS RESTRICCIONES AL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNION ESTABLECIDAS EN EL ART. 7 DE LA L.O. 7/1985, ANULAN EL CONTENIDO ESENCIAL DE DICHO DERECHO, PUESTO QUE EL SISTEMA DE AUTORIZACION PREVIA NO ES UNA LIMITACION O RESTRICCION DEL DERECHO DE REUNION COMO LIBERTAD PUBLICA, SINO SU MISMA NEGACION, Y LA UNICA FORMA LEGITIMA DE ESTABLECER LIMITES AL EJERCICIO DE LAS LIBERTADES PUBLICAS, PROPIA DEL ESTADO DE DERECHO, ES A TRAVES DE UNA ACTUACION REPRESIVA A POSTERIORI DE LOS PODERES PUBLICOS EN CASO DE EXTRALIMITACION ILEGITIMA EN EL EJERCICIO DEL MISMO. EL SISTEMA PREVENTIVO PREVISTO NO ES UN REGIMEN DE RESTRICCIONES Y LIMITACIONES, SINO LA EXCLUSION DE LOS EXTRANJEROS DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE REUNION CONCEBIDO COMO LIBERTAD PUBLICA PROPIA DE UN ESTADO DE DERECHO, Y ESTA RESTRICCION-ANULACION DEL DERECHO DE REUNION AFECTA GRAVEMENTE A OTRO DERECHO FUNDAMENTAL, EL DERECHO A LA LIBERTAD IDEOLOGICA RECONOCIDO EN EL ART. 16 DE LA CONSTITUCION, QUE PRESENTA NO SOLO UNA DIMENSION INDIVIDUAL SINO TAMBIEN COLECTIVA. POR ELLO, DEBE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL EL ART. 7 DE LA LEY 7/1985, EN CUANTO ESTABLECE UN REGIMEN DE AUTORIZACION PREVIA PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO FUNDAMENTAL, QUE NO DEBE SUFRIR MAS LIMITACIONES EN RELACION CON LOS EXTRANJEROS, QUE LAS ESPECIFICAMENTE DERIVADAS DE LO DISPUESTO EN EL ART. 21 DE LA CONSTITUCION.

5. LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 8 2, DE LA LEY 7/1985, QUE PERMITE AL CONSEJO DE MINISTROS EL ACORDAR LA SUSPENSION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES INTEGRADAS MAYORITARIAMENTE POR EXTRANJEROS, POR UN PLAZO NO SUPERIOR A SEIS MESES, CUANDO ATENTA GRAVEMENTE CONTRA LA SEGURIDAD O LOS INTERESES NACIONALES, EL ORDEN PUBLICO, LA SALUD, LA MORAL PUBLICA O LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS ESPAÑOLES, SE DEFIENDE POR ESTIMAR QUE DICHO PRECEPTO VULNERA EL ART. 22.4, Y EL ART. 14, CON RELACION AL ART. 13.1, TODOS ELLOS DE LA CONSTITUCION.

EL ART. 22 DE LA CONSTITUCION NO DISTINGUE ENTRE ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS, AL RECONOCER EL DERECHO GENERAL DE LA ASOCIACION, A DIFERENCIA DE OTROS PRECEPTOS DEL TITULO I. EL DERECHO DE LA ASOCIACION, COMO DERECHO SUBJETIVO, ES TAMBIEN PREDICABLE DE LOS EXTRANJEROS. POR OTRA PARTE, LA REMISION A LOS TRATADOS Y A LA LEY, DEL ART. 13.1 DE LA CONSTITUCION, NO PUEDE SUPONER UNA DESNATURALIZACION DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE ASOCIACION, RECONOCIDO TAMBIEN A LOS EXTRANJEROS. LAS RESTRICCIONES POSIBLES DE SU EJERCICIO, EN ARAS DE LA PROTECCION DE OTROS INTERESES O BIENES JURIDICAMENTE PROTEGIDOS, SON LAS QUE SE CONTIENEN EN EL ART. 11.1 DEL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN EL CUAL EL EJERCICIO DE TAL DERECHO NO PODRA SER OBJETO DE MAS RESTRIA CIONES QUE AQUELLAS QUE, PREVISTAS POR LA LEY, CONSTITUYAN MEDIDAS NECESARIAS, EN UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA, PARA LA SEGURIDAD NACIONAL, LA SEGURIDAD PUBLICA, LA DEFENSA DEL ORDEN Y LA PREVENCION DEL DELITO, LA PROTECCION DE LA SALUD O DE LA MORAL, LA PROTECCION DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES AJENAS. EN TERMINOS SIMILARES SE EXPRESA EL ART. 22.1 DEL PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS.

ASI PUES, NI EL ART. 22 DE LA CONSTITUCION, NI LOS TRATADOS INTERNACIONALES PERMITEN OTRAS RESTRICCIONES QUE LAS EXPUESTAS, SIN QUE SE AUTORICE UNA ALTERACION IN PEIUS O UNA DISMINUCION DEL REGIMEN DE GARANTIAS JURIDICO-CONSTITUCIONALES ESTABLECIDAS PARA SU EJERCICIO, EN ESTE CASO CONCRETO, LA GARANTIA DE LA ATRIBUCION CON CARACTER EXCLUSIVO AL PODER JUDICIAL DE LA SUSPENSION, LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS.EL ART. 53.1 OBLIGA A LA LEY, EN TODO CASO, A RESPETAR EL CONTENIDO ESENCIAL PARA RECONOCER LOS DERECHOS Y LIBERTADES RECONOCIDOS EN EL TITULO I. EL DERECHO DE ASOCIACION TIENE UNA VERTIENTE COLECTIVA, EN RELACION CON ESTE ASPECTO LA PROTECCION JURIDICA DEL EXTRANJERO NO SE EXTIENDE SOLAMENTE A LAS PERSONAS FISICAS, SINO TAMBIEN A LA ENTIDAD O PERSONA JURIDICA EN QUE SE CONSTITUYE, Y LAS ASOCIACIONES CUANDO SE ENCUENTREN DOMICILIADAS EN ESPAÑA, SEGUN EL ART. 22 DEL CODIGO CIVIL, GOZARAN DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA. A SOLO LAS DOMICILIADAS EN EL EXTRANJERO PODRIA REFERIRSE EL ART. 8 2, DE LA DEBATIDA LEY DE EXTRANJERIA, POR TENER LA CONDICION DE ASOCIACIONES EXTRANJERAS. A UNA ASOCIACION INTEGRADA MAYORITARIAMENTE O EXCLUSIVAMENTE POR EXTRANJEROS Y DOMICILIADA EN ESPAÑA DEBERIA APLICARSELE EL REGIMEN INTEGRO PREVISTO EN EL ART. 22 DE LA CONSTITUCION, SIN CONTENER DISCRIMINACION ALGUNA HACIA LAS DEMAS ASOCIACIONES NACIONALES, PORQUE DE LO CONTRARIO SE VULNERARIA EL ART. 14 DE LA CONSTITUCION. A ESTAS ASOCIACIONES TAMBIEN PUEDEN PERTENECER CIUDADANOS ESPAÑOLES, CUYO DERECHO DE ASOCIACION NO PUEDE, EN MODO ALGUNO, SER RESTRINGIDO, SINO POR LAS CAUSAS Y MOTIVACIONES GENERALES ADMITIDAS PARA TODOS LOS ESPAÑOLES. POR CONSIGUIENTE, EL ART. 13.1 DE LA LEY IMPUGNADA INFRINGE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES INVOCABLES EN EL PRECEPTO.

6. LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 34 DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE JULIO, QUE DISPONE QUE <EN NINGUN CASO PODRAN ACORDARSE LA SUSPENSION DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ADOPTADAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA PROPIA LEY> DERIVARIA DE LA VULNERACION DEL ART. 53 Y DE AQUELLOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALESQUE RECONOCEN LOS DERECHOS Y LIBERTADES SUSCEPTIBLES DE AMPARO A QUE SE REFIERE EL ART. 53.2 DE LA CONSTITUCION. TANTO EL ART. 56.1 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMO EL ART. 7.4, DE LA LEY 62/1978, DE 21 DE DICIEMBRE, DE LA PROTECCION JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA, PREVEN LA SUSPENSION DEL CUMPLIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. COMO QUIERA QUE LOS EXTRANJEROS ESTAN LEGITIMADOS PARA INTERPONER RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL, ASI COMO EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO REGULADO POR EL ART. 6 DE LA LEY 62/1978, DE 22 DE DICIEMBRE, LA L.O. 7/1985, DE 1 DE JULIO, LES PRIVA AHORA DE LA FACULTAD DE SOLICITAR Y, EN SU CASO, DEL DERECHO A OBTENER DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL O DEL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO LA SUSPENSION DEL CUMPLIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO.

LA CUESTION ESTRIBA EN DETERMINAR SI LA PRIVACION AL EXTRANJERO DE ESTE EVENTUAL DERECHO A OBTENER LA SUSPENSION DEL ACTO IMPUGANDO, VULNERA EL ART. 53.2 DE LA CONSTITUCION Y SI, ADEMAS, EN CADA SUPUESTO CONCRETO, VULNERA CAUNO DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES SUSCEPTIBLES DE AMPARO POR CUYA PRESUNTA INFRACCION SE HUBIERA INTERPUESTO EL RECURSO. SE CITA UNA DOCTRINA SENTADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA STC 15/1982, DE 23 DE ABRIL, SEGUN LA CUAL PARA CUMPLIR EL MANDATO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBJECION DE CONCIENCIA LA FALTA DE SUSPENSION PRODUCIRIA LA NEGACION RADICAL DE UN DERECHO QUE GOZA DE LA MAXIMA PROTECCION CONSTITUCIONAL EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO. EL ART. 34 DE LA LEY 7/1985, AL IMPEDIR LA SUSPENSION DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, PUEDE PRODUCIR LA NEGACION RADICAL DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE QUE SE TRATE Y, CONSIGUIENTEMENTE, PRIVARLE DE LA MAXIMA GARANTIA CONSTITUCIONAL QUE EL ART. 55.2 DE LA NORMA FUNDAMENTAL LE OTORGA, ES DECIR, LA GARANTIA DE UN AMPARO EFECTIVO.

7. POR PROVIDENCIA DE 16 DE OCTUBRE DE 1985, LA SECCION TERCERA DE ESTE TRIBUNAL ACORDO LA ADMISION A TRAMITE DEL RECURSO, DAR TRASLADO DE LA DEMANDA Y DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y AL SENADO, POR CONDUCTO DE SUS PRESIDENTES, Y AL GOBIERNO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, AL OBJETO DE QUE EN EL PLAZO DE QUINCE DIAS PUDIERAN PERSONARSE EN EL PROCEDIMIENTO Y FORMULAR LAS ALEGACIONES QUE ESTIMAREN CONVENIENTES, ASI COMO PUBLICAR LA INCOACION DEL RECURSO EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> PARA GENERAL CONOCIMIENTO.

8. POR ESCRITO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1986 EL LETRADO DEL ESTADO COMPARECE EN EL PRESENTE RECURSO Y SE OPONE AL MISMO ADUCIENDO UNAS ALEGACIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA, Y UNAS ALEGACIONES ESPECIFICAS SOBRE CADA UNO DE LOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTICULOS IMPUGNADOS DE LA LEY ORGANICA.

EN LAS ALEGACIONES DE CARACTER GENERAL TRATA DE DETERMINAR SI, DESDE EL PUNTO DE VISTA CONSTITUCIONAL, LOS EXTRANJEROS DISFRUTAN DE LOS MISMOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y CON IGUAL EXTENSION QUE LOS TITULARES DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA. SU RESPUESTA NEGATIVA LE LLEVA A PRECISAR, PRIMERAMENTE, CUALES SON LOS DERECHOS Y LIBERTADES RECOGIDOS EN EL TITULO I DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA, AL QUE SE REMITE EL ART. 13.1, QUE SE RECONOCEN A LOS EXTRANJEROS, BIEN ENTENDIDO QUE EL EJERCICIO DE LOS MISMOS SERA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y EL CONTENIDO QUE DETERMINAN LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y LA LEY INTERNA ESPAÑOLA. AL RESPECTO, PARTE DE LA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL DE QUE EXISTEN DERECHOS QUE CORRESPONDEN POR IGUAL A ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS Y CUYA REGULACION HA DE SER IGUAL PARA TODOS, DE QUE EXISTEN DERECHOS QUE NOPERTENECEN EN MODO ALGUNO A LOS EXTRANJEROS, Y QUE EXISTEN OTROS QUE PERTENECERAN O NO A LOS EXTRANJEROS SEGUN LO DISPONGAN LOS TRATADOS Y LAS LEYES, SIENDO ENTONCES ADMISIBLE LA DIFERENCIA DE TRATO CON LOS ESPAÑOLES EN CUANTO A SU EJERCICIO. RESPECTO A ESTOS DERECHOS QUE PERTENECEN O NO A LOS EXTRANJEROS SEGUN LO DISPONGAN LOS TRATADOS Y LAS LEYES, SU DISFRUTE SE DISCIPLINA POR LA LEY ORGANICA 7/1985.

SE TRATA DE DERECHOS QUE SU TITULARIDAD NO SE RECONOCE CONSTITUCIONALMENTE A LOS EXTRANJEROS, SINO QUE LA CONSTITUCION LO QUE HACE ES RECONOCER EL DERECHO DE QUE SE TRATE, CONSAGRARLO COMO TAL DERECHO, OTORGARLE RANGO CONSTITUCIONAL Y ATRIBUIRLE LAS NECESARIAS GARANTIAS. POR TANTO HABRA DE ATENDERSE A LOS TRATADOS Y A LAS LEYES INTERNAS PARA DETERMINAR SI CORRESONDEN O NO A LOS EXTRANJEROS, BIEN ENTENDIDO QUE, EN CASO DE RECONOCIMIENTO, SUS CONDICIONES DE EJERCICIO SERAN LAS QUE DETERMINE EL LEGISLADOR ORDINARIO.

LA LEY ORGANICA 7/1985 NO PROCLAMA QUE TODOS LOS DERECHOS Y LIBERTADES DEL TITULO I DE LA CONSTITUCION SEAN APLICABLES A LOS EXTRANJEROS, SALVO EL EXPRESAMENTE EXCLUIDO EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL, SINO QUE, EN LINEA CON LA PREVISION CONSTITUCIONAL, JUNTO A LOS QUE POR MANDATO DE LA CONSTITUCION SE RESERVAN A LOS ESPAÑOLES, RECONOCE LA EXISTENCIA DE DERECHOS Y LIBERTADES PUBLICAS QUE, CONSAGRADOS A NIVEL FUNDAMENTAL, CORRESPONDEN A LOS EXTRANJEROS PORQUE ASI LO DISPONE LA LEY INTERNA ESPAÑOLA, POSIBILITADA PARA ELLO, POR EL PROPIO ART. 13.1, DE ACUERDO A LO AFIRMADO EN LA STC 108/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. RECONOCIDO ESTO, SE TRATA DE DILUCIDAR SI LOS DERECHOS QUE DISFRUTAN LOS EXTRANJEROS HAN DE TENER EL MISMO CONTENIDO E IGUALES CONDICIONES DE EJERCICIO QUE LOS RECONOCIDOS A LOS ESPAÑOLES O SI, POR EL CONTRARIO, SE ADMITE DIFERENCIA DE TRATO POR LOS ESPAÑOLES EN CUANTO A SU EJERCICIO. PARA EL LETRADO DEL ESTADO EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES RECONOCIDOS EN EL TITULO I DE LA CONSTITUCION SE EFECTUA EN LA MEDIDA EN QUE DETERMINEN LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y LA LEY INTERNA ESPAÑOLA, Y DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y EL CONTENIDO QUE REVISTEN TALES NORMAS. LA IGUALDAD O DESIGUALDAD ENTRE ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y LIBERTADES QUE SE LE RECONOZCA, DEPENDERA, POR EL PROPIO MANDATO CONSTITUCIONAL, DE LA LIBRE VOLUNTAD DEL TRATADO O DE LA LEY, POR LO QUE, COMO HA SOSTENIDO EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN CUANTO A SU CONTENIDO, SE TRATA DE DERECHOS DE CONFIGURACION LEGAL. EN CONSECUENCIA, EL LEGISLADOR AL MODERAR EL EJERCICIO DEL DERECHO PUEDE LEGITIMAMENTE INTRODUCIR LA NACIONALIDAD COMO ELEMENTO PARA DEFINICION DEL SUPUESTO DE HECHO, QUEDANDO EXCLUIDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. LA CONSTITUCION SIGUE ASI UN SISTEMA DE EQUIPARACION NO ABSOLUTO DE NACIONALES Y EXTRANJEROS, REGIDO POR EL PRINCIPIO DEL LIMITE MINIMO, ABRIENDO LA POSIBILIDAD CONSTITUCIONAL DE QUE LA LEY Y LOS TRATADOS LIMITEN PARA LOS EXTRANJEROS EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS CON LA EXCLUSION, TACITA O EXPRESA, EN LA TITULARIDAD DE ALGUNO DE ELLOS, AUNQUE ESTA REGULACION O CONFIGURACION LEGAL ESTE SOMETIDA A LOS LIMITES O GARANTIAS QUE CONSTITUIONALMENTE SE DISPENSA A LOS DERECHOS QUE DISFRUTAN EL CALIFICATIVO DE CONSTITUCIONALES, SIENDO LA LEY ORGANICA 7/1985 TOTALMENTE TRIBUTARIO DE ESTE.

LA COMPLETA IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS EN LO RELATIVO A DERECHOS Y LIBERTADES PUBLICAS SE PRODUCE EN AQUELLOS QUE PERTENEZCAN A LA PERSONA HUMANA EN CUANTO TAL. SON DE IGUAL CONTENIDO PARA ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS Y RESPECTO A ESTOS DERECHOS Y LIBERTADES LA CONSTITUCION GARANTIZA SU CONFIGURACION IGUAL, RESPECTO AL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DENTRO DE SU ESPECIFICA REGULACION. PERO LOS LIMITES Y GARANTIAS QUE LA CONSTITUCION IMPONE AL LEGISLADOR EN LA REGULACION DE LAS RESTANTES LIBERTADES PUBLICAS QUE SE RECONOCEN AL EXTRANJERO NO SON LOS MISMOS, AL QUEDAR EXCLUIDA LA APLICACION DE IGUALDAD COMO PARAMETRO AL QUE HAN DE AJUSTARSE EN TODO CASO LAS CONSECUENCIAS Y SER ADMISIBLE LA DIFERENCIA DE TRATO CON LOS ESPAÑOLES EN CUANTO A SU EJERCICIO. APARTE DE ELLO, LOS DERECHOS FUNDAMENTALES NO SON, NI PUEDEN SER, ILIMITADOS Y COMPORTAN LIMITACIONES EN SU EJERCICIO, TAMBIEN EN BASE A LA ESPECIFICA CONDICION PERSONAL DE SU TITULAR, EXISTIENDO UNA SERIE DE EJEMPLOS EN LA CONSTITUCION EN LOS QUE SE LIMITAN DETERMINADOS DERECHOS POR LA CONDICION PERSONAL DE LOS TITULARES.

EN CONSECUENCIA, LA PROTECCION CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS, DERECHOS DE CONFIGURACION LEGAL, HA DE HACERSE DENTRO DE SU ESPECIFICA REGULACION Y EL EJERCICIO POR LOS EXTRANJEROS DE DERECHOS Y LIBERTADES PUBLICAS PUEDE SUFRIR LIMITACIONES, SIENDO EL LIMITE QUE SE IMPONE AL LEGISLADOR EL RECONOCIMIENTO DEL STANDAR MINIMO QUE PRESCRIBEN LOS TRATADOS INTERNACINALES. LA LIMITACION O RECORTE QUE EN EL CONTENIDO DE ALGUNO DE LOS DERECHOS DISFRUTADOS POR LOS EXTRANJEROS VENDRA RAZONABLE Y SUFICIENTEMENTE FUNDADO PUES ASI SE DERIVA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR ESPAÑA EN UN VALOR CONSTITUCIONAL COMO ES LA SEGURIDAD PUBLICA EN SU PROYECCION EXTERNA, EN SU VERTIENTE INTERIOR O EXTERIOR DE UN ESTADO, COMO SEGURIDAD NACIONAL, DE FORMA QUE LAS PRETENDIDAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES QUE EN EL RECURSO SE DENUNCIAN NO PUEDEN SOSTENERSE CON SIMPLE INVOCACION DE AISLADOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, SIN PONDERAR OTROS VALORES CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADOS QUE, CON LA SEGURIDAD PUBLICA, PREVALEZCAN SOBRE EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES POR EXTRANJEROS. LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS, ES PATENTE, A LA LUZ DEL DERECHO EN CADA CASO AFECTADO.

9. EN RELACION CON LA PRESUNTA VULNERACION POR EL ART. 26.2 DE LA LEY ORGANICA 7/1985 DE LOS ARTS. 17.1 Y 2, 24 Y 25.3 DE LA CONSTITUCION, SE SOSTIENE, QUE LA DETENCION PREVENTIVA POR LA AUTORIDAD GUBERNATIVA, POR PLAZO NO SUPERIOR A LAS SETENTA Y DOS HORAS ES TOTALMENTE RESPETUOSA DEL ART. 17 DE LA CONSTITUCION, EL CUAL PROCLAMA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE RESTRICCIONES A LA PRIVACION DE LIBERTAD, LA GARANTIA DEL TIEMPO MAXIMO DE LA DETENCION PREVENTIVA, SETENTA Y DOS HORAS, Y LA TUTELA Y RESPETO DE LOS DERECHOS DEL DETENIDO, CITANDOSE ADEMAS EL ART. 5.1, APARTADO F), DE LA CONVENCION EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS. EL RESPALDO CONSTITUCIONAL A TAL PREVISION LEGAL DEL ART. 26.2 DE LA LEY ORGANICA IMPUGNADA ES ABSOLUTO, COMO RECONOCE EL PROPIO DEFENSOR DEL PUEBLO, EN LA MEDIDA QUE SE ATIENDE EL PRINCIPIO DE RESERVA LEGAL, LOS SUPUESTOS DE PRIVACION DE LIBERTAD SON CONFORMES CON LOS DICTADOS CONSTITUCIONALES, Y LA INTERPRETACION DE LOS MISMOS HA DE REALIZARSE A LA LUZ DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES, EL PLAZO MAXIMO DE DETENCION CUATELAR ES RESPETADO, Y EL PROPIO ART. 17.2 DE LA CONSTITUCION AUTORIZA A LA ADMINISTRACION PUBLICA A DECRETAR LA DETENCION PREVENTIVA.

EN CUANTO AL PARRAFO SEGUNDO DEL ART. 26.2 DE INTERNAMIENTO DEL EXTRANJERO, UNA VEZ AGOTADO EL PLAZO MAXIMO DE LA MEDIDA PROVISIONAL ADMINISTRATIVA, EL LETRADO DEL ESTADO SEÑALA EL ALCANCE MERAMENTE CAUTELAR Y NUNCA REPRESIVO DE LA MEDIDA PREVENTIVA, ORIENTADA A LA PREPARACION DE UNOS MEDIOS (EXPEDIENTE DE EXPULSION) QUE PERMITAN AFRONTAR LAS CONSECUENCIAS DE UNOS HECHOS PRECEDENTES LOS SUPUESTOS ENUMERADOS EN LAS LETRAS A), C) Y F) DEL ART. 26.1 DE LA LEY. EL LEGISLADOR SIGUE CON EXACTITUD EL DICTADO CONSTITUCIONAL Y, CONCLUIDO EL PLAZO MAXIMO PERMITIDO POR AQUEL, ORDENA LA PUESTA A DISPOSICION JUDICIAL DEL DETENIDO PREVENTIVAMENTE, SIN QUE LA UTILIZACION DEL TERMINO <INTERESADO> TENGA EL SENTIDO EQUIVOCO QUE SE DICE EN EL RECURSO, NI REDUZCA LA PLENITUD DE LOS PODERES DEL JUEZ AL RESPECTO. NO CONDICIONA, EN ABSOLUTO LA ADMINISTRACION LA DECISION JUDICIAL, LLAMADA TUTELAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL DEL DETENIDO, DE FORMA QUE EL TITULAR DEL ORGANO JURISDICCIONAL PUEDE SER DISCORDANTE DE LO INTERESADO ADMINISTRATIVAMENTE. <LA INTERVENCION DEL JUEZ ASEGURA SIEMPRE LA PROTECCION JURISDICCIONAL DE DERECHOS Y LIBERTADES PUBLICAS, SIN QUE PUEDA DUDARSE DE SU ACTIVIDAD JURISDICCIONAL INDEPENDIENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA ADMINISTRACION, EN EJERCICIO DE SUS POTESTADES DE POLICIA, INTERESE EL INTERNAMIENTO DEL INCURSO EN UN EXPEDIENTE DE EXPULSION>.

TAMPOCO EL ART. 27.2 IMPUGNADO VULNERA LOS DERECHOS DEL DETENIDO CAUTELARMENTE POR OPOSICION DE LOS ARTS. 17.3 Y 24 DE LA CONSTITUCION, PUES LA SOLA LECTURA DEL ARTICULADO DE LA LEY ORGANICA RECURRIDA ADVERA SU PLENA CONFORMIDAD A LA GARANTIAS CONSTITUCIONALES DEL DETENIDO, COMO PUEDE COMPROBARSE DE LA LECTURA DE LOS ARTS. 29.2, 30.1 Y 2, 31.2, 34 Y 35 DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE MODO QUE LA LEY RECURRIDA SE ADECUA AL TEXTO CONSTITUCIONAL, A LOS TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES, A LAS LEYES PROCESALES EN VIGOR Y A LA JURISPRUDENCIA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SIENDO INJUSTIFICADO CUALQUIER REPROCHE DE OMISION QUE SE IMPUTE, PUES NO SE NECESITA DECIR LO QUE ESTA EXPLICITO EN OTROS PRECEPTOS A LOS QUE EXPRESAMENTE SE REMITE (ART. 3 DE LA LEY 7/1985), SIN QUE LAS LETRAS DE LOS ARTS. 238.3 Y 240.1 DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 2 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL PERMITA OTRA CONCLUSION DISTINTA.

10. SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 7 DE LA LEY ORGANICA 7/1985 POR VULNERACION DEL ART. 21 DE LA CONSTITUCION, EL LETRADO DEL ESTADO RECUERDA SU TESIS DE LA VALIDEZ CONSTITUIONAL DE UN EJERCICIO DESIGUAL POR ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS EN DERECHOS NO INHERENTES A LA DIGNIDAD HUMANA, SIENDO ASI ADEMAS QUE LA LIBERTAD DE REUNION SE SITUA EN LINDES MUY PROXIMOS A LOS DERECHOS POLITICOS, Y ESTA NATURALEZA POSIBILITA SOBRE TODO A TENOR DE LOS ARTS. 13.2 Y 23 DE LA CONSTITUCION UNA CONFORMACION SUBJETIVA DE LA LIBERTAD DE REUNION EN CUYA VIRTUD LAS CONDICIONES DE EJERCICIO SEAN DESIGUALES, SEGUN SE TRATE DE ESPAÑOLES O EXTRANJEROS, SIEMPRE QUE SE RESPETE EL < STANDARD MINIMO> RECONOCIDO POR LAS NORMAS INTERNACIONALES. Y ESTAS NORMAS PERMITEN RESTRICCIONES DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE REUNION Y ASOCIACION CUANDO, PREVISTAS LEGALMENTE, CONSTITUYAN MEDIDAS NECESARIAS EN UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL, LA SEGURIDAD PUBLICA, LA DEFENSA DEL ORDEN Y LA PREVENCION DEL DELITO, LA PROTECCION DE LA SALUD O DE LA MORAL, O LA PROTECCION DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES AJENAS.

EN ARAS DE LA SEGURIDAD NACIONAL PUEDE RESTRINGIRSE EL DERECHO DE REUNION CON UN ALCANCE DISTINTO DE LA QUE SE IMPONGA POR RAZONES DE SEGURIDAD PUBLICA. EN UN ESTADO DEMOCRATICO DE DERECHO, CABE IMPONER A ESTE DERECHO FUNDAMENTAL RECORTES DE DESIGUAL AMPLITUD SEGUN LA NACIONALIDAD DE LOS TITULARES. LA DIFERENCIA CONCEPTUAL QUE SE ADVIERTE ENTRE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD NACIONAL, Y LA INDISOLUBLE VINCULACION DE ESTA ULTIMA CON LA SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA DE UN ESTADO, POSIBILITAN INTRODUCIR LA CIUDADANIA COMO ELEMENTO DE DEFINICION DEL CONTENIDO Y EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNION, QUE, EN SU CONFIGURACION LEGAL, NO PUEDE IGNORAR LA CONDICION PERSONAL DE SUS TITULARES. LAS NORMAS CONVENCIONALES DE CARACTER INTERNACIONAL CONFIRMAN ESTA CONFORMACION SUBJETIVA DE LA LIBERTAD DE REUNION. EL LIMITE MINIMO DE LA CONFIGURACION LEGAL DEL DERECHO DE REUNION A EJERCITAR POR LOS EXTRANJEROS CONSISTE EN SU CONSERVACION Y RESPETO, A LA VEZ QUE PERMITE RESTRICCIONES EN SU CONTENIDO FUNDADAS EN RAZONES DE SEGURIDAD, ORDEN PUBLICO, PROTECCION DE LA SALUD O MORAL PUBLICA, DEFENSA DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS DEMAS, ETC., QUE PUEDEN DESEMBOCAR EN UNA DESIGUALDAD DE TRATO EN SU EJERCICIO DE LOS EXTRANJEROS CON LOS ESPAÑOLES.

A LA LUZ DE ESTOS CRITERIOS, ES TOTAL LA CONFORMIDAD CONSTITUCIONAL DEL TEXTO IMPUGNADO, PUES EL ART. 7, QUE REMITE A LA LEY 9/1983, DE 15 DE JUNIO, EN ORDEN A LA REGULACION DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNION POR LOS EXTRANJEROS, LES RECONOCE TAL DERECHO, AUNQUE CON CIERTAS DESIGUALDADES RESPECTO A LOS ESPAÑOLES QUE SUPONEN LIMITACIONES RESPALDADAS POR LAS NORMAS INTERNACIONALES. TAL DERECHO <DENTRO DE SU ESPECIFICA REGULACION> ESTA DOTADO DE LA PROTECCION CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA, Y LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DENEGATORIA DE LA AUTORIZACION ES FISCALIZABLE JUDICIALMENTE.

NO CABE CALIFICAR DE EXTRAORDINARIAMENTE AMPLIAS LA ENUMERACION DE LAS CAUSAS EN QUE SE PUEDE FUNDAR LA PROHIBICION DE UNA REUNION PUBLICA PROMOVIDA POR EXTRANJEROS, YA QUE EL PRECEPTO IMPUGNADO NO AMPLIA, EN MODO ALGUNO, LAS CAUSAS JUSTIFICATIVAS AL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNION, Y EL TERMINO <INTERES NACIONAL> NO ES VAGO E IMPRECISO, SINO QUE SE ENCUENTRA EN INTIMA CONEXION CON EL DE SEGURIDAD NACIONAL. SERIAN LOS FUTUROS ACTOS CONCRETOS DE APLICACION DE ESTE CONCEPTO DE <INTERES PUBLICO> LOS QUE, EN SU CASO, VULNERARIAN EL DERECHO DE REUNION DE LOS EXTRANJEROS, PERO AL SER REVISABLE, POR LA TUTELA JURISDICCIONAL QUE SE DISPENSA, LA RESOLUCION GUBERNATIVA DENEGATORIA DE LA AUTORIZACION DE REUNION PUBLICA, Y SE PODRA CONTROLAR ENTONCES LA INDEBIDA UTILIZACION DE ESE <INTERES PUBLICO>.

11. LA FACULTAD DEL CONSEJO DE MINISTROS PARA ACORDAR LA SUSPENSION POR UN PLAZO NO SUPERIOR A SEIS MESES DE ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES PROMOVIDAS O INTEGRADAS MAYORITARIAMENTE POR EXTRANJEROS, EN LOS SUPUESTOS QUE ENUMERA, SE ENTIENDE POR EL LETRADO DEL ESTADO CONFORME A LOS ARTS. 22.4 DE LA CONSTITUCION, EN SU RELACION CON EL ART. 13.1 Y 14 DE LA MISMA. EL DERECHO DE ASOCIACION, YA EN SU VERTIENTE INDIVIDUAL YA COLECTIVA, NO SE SITUA EN LA ORBITA DE LOS DERECHOS QUE EXIJAN IGUALDAD DE TRATO DE LOS ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS EN SU EJERCICIO, SIN QUE EL DERECHO DE ASOCIACION PUEDA CONSIDERARSE COMO PERSONALISIMO, AUNQUE SUPONE EL RECONOCIMIENTO DEL PLURALISMO ESTRUCTURAL DE LA SOCIEDAD. ELLO PERMITE AFIRMAR TANTO MAS SI SE ATIENDE AL ART. 23 DE LA CONSTITUCION Y A LA CONDICION SUBJETIVA DEL TITULAR (EXTRANJERO) DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL QUE, SI BIEN SE RECONOCE SU DISFRUTE POR LOS EXTRANJEROS, LA DESIGUALDAD EN SU EJERCICIO EN RELACION CON LOS ESPAÑOLES RESULTA RAZONABLEMENTE FUNDADA POR RAZON DE LA SEGURIDAD NACIONAL, EN CUANTO SEGURIDAD INTERIOR Y EXTERIOR DEL ESTADO.

LA CONSTITUCION EN SU ART. 22 CONSAGRA EL DERECHO DE ASOCIACION MEDIANTE SU RECONOCIMIENTO (<SE RECONOCE ...>). TAL PROCLAMACION CONSTITUCIONAL REQUIERE,

TANTO POR LA REDACCION DEL ART. 13.1 (<... ENLOS TERMINOS QUE ESTABLEZCAN LOS TRATADOS Y LA LEY>) COMO POR LA DEL ART. 10.2 DE LA CONSTITUCION, UNA INTERPRETACION A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR ESPAÑA A LA HORA DE ANALIZAR LA CONFORMIDAD CONSTITUCIONAL DE LA CONFIGURACION LEGAL QUE AL DERECHO DE ASOCIACION PARA EXTRANJEROS SE LE OTORGUE. Y LAS NORMAS INTERNACIONALES PERMITEN LA RESTRICCIONES LEGALES EN INTERES DE LA SEGURIDAD NACIONAL, DE LA SEGURIDAD PUBLICA O DE ORDEN PUBLICO. PUESTO QUE LA PROTECCION CONSTITUCIONAL QUE A LOS DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS SE DISPENSA, CONSISTE EN GARANTIZAR EL LIMITE MINIMO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN LAS NORMAS INTERNACIONALES, LA LIMITACION DEL DERECHO DE ASOCIACION CONTENIDA EN EL PRECEPTO IMPUGNADO ES PLENAMENTE CONSTITUCIONAL, AL HABER RECONOCIDO EL < STANDARD MINIMO> DE UN REGIMEN DE LIBERTAD DE ASOCIACION. ADEMAS LA DESIGUALDAD DE TRATO RESPECTO A LOS ESPAÑOLES SE DA SOLO EN EL REGIMEN JURIDICO COLECTIVO DEL DERECHO DE ASOCIACION, Y SOLO EN MATERIA DE SUSPENSION, PUES LA DISOLUCION DE LA MISMA SERA SIEMPRE JUDICIAL.

LA DIFERENCIA TIENE UN CARACTER EXCEPCIONAL Y FUNDADO EN RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL, CEDIENDO LA GARANTIA DE <RESOLUCION JUDICIAL MOTIVADA> DEL ART. 22.4 DE LA CONSTITUCION ANTE EL VALOR CONSTITUCIONAL SUPERIOR DE LA SEGURIDAD PUBLICA O NACIONAL, RESTRICCION O SACRIFICIO RESPALDADO POR LOS <TERMINOS DE LOS TRATADOS>. TAL SUSPENSION NO IMPLICA ELIMINACION DE LA GARANTIA JUDICIAL, AL SER FISCALIZABLE JUDICIALMENTE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA SUSPENSIVA. EN RELACION CON EL ART. 22.4 DE LA CONSTITUCION Y EL ART. 8.2 DE LA LEY DE 1 DE JULIO DE 1985, TAN SOLO SE PERMITE LA SUSPENSION ADMINISTRATIVA, CON ANTERIORIDAD A LA INTERVENCION JUDICIAL, EN ARAS DE UN EFECTO INMEDIATO QUE GARANTICE LA SALVAGUARDIA DE AQUELLOS VALORES, PERO SIN MENOSCABO DE LA PROTECCION JUDICIAL.

12. EN RELACION CON LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DEL INCISO ULTIMO DEL ART. 34 DE LA LEY ORGANICA 7/1985 POR VULNERACION DEL ART. 53 DE LA CONSTITUCION, AL IMPEDIR LA SUSPENSION DEL ACTO IMPUGNADO, EL LETRADO DEL ESTADO EN PRIMER LUGAR SOSTIENE QUE PARA JUZGAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LA NORMA LEGAL DENUNCIADA Y EL TEXTO DE LA CONSTITUCION NO HA DE ATENDERSE AL ART. 53 DE LA MISMA QUE CONTIENE LA CONSAGRACION CONSTITUCIONAL DE LA NECESARIA TUTELA JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PUBLICAS, SINO AL ART. 24 DE LA CONSTITUCION QUE CONSAGRA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL. <SE TRATA DE DISCERNIR SI LA REGLA GENERAL DE LA NO SUSPENSION DE EFICACIA DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA INFRINGE O VIOLENTA EL CONTENIDO DEL DERECHO FUNDAMENTAL CONSAGRADO EN EL ART. 24 DE LA CONSTITUCION>. TRAS CITAR JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL QUE CONSIDERA COMO EXCEPCIONAL LA POSIBILIDAD DE SUSPENDER LA VIGENCIA O EJECUTORIEDAD DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, CONCLUYE AFIRMANDO QUE NO PUEDE POSTULARSE QUE LA EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUEDE CONDICIONADA A SU NO IMPUGNACION, NI QUE ESTA OPERE CON EFECTO SUSPENSIVO AUTOMATICO.

ADEMAS, LA SUSPENSION DE LA EFICACIA DEL ACTO IMPUGNADO NO VIENE IMPUESTA POR EL CONTENIDO DEL ART. 24 DE LA CONSTITUCION, Y LA EFICACIA SUSPENSIVA DE LOS RECURSOS CONTRA NORMAS Y ACTOS JURIDICOS CONSTITUYE UNA EXCEPCION A LA REGLA DE LA INMEDIATA VIGENCIA, QUE, CUANDO EL CONSTITUYENTE QUISO ESTATUIRLA, LO HIZO DE MANERA EXPRESA. EXISTEN TAMBIEN ARGUMENTOS EN FAVOR DE LO EXCEPCIONAL DE LA MEDIDA, Y TAMPOCO DE LA PROPIA DICCION DEL ART. 24 PUEDE EXTRAERSE LA SUSPENSION CON ELEMENTO INTEGRANTE DEL MISMO, SIN QUE ADEMAS EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HAYA EXTRAIDO DEL CONTENIDO DEL ART. 24 LA NECESARIA SUSPENSION DE LA EFICACIA DEL ACTO O RESOLUCION IMPUGNADA. TAMPOCO LOS TEXTOS INTERNACIONALES POSTULAN QUE TAL SUSPENSION SEA CONTENIDO NECESARIO DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL.

AL NO CONFIGURARSE LA SUSPENSION DE LA EJECUTIVIDAD DEL ACTO IMPUGNADO COMO GARANTIA INTEGRANTE DEL CONTENIDO DEL ART. 24 DE LA CONSTITUCION, NI TAMPOCO SER PREDICABLE DEL MISMO UNA PRIMACIA ABSOLUTA, LA ALTERNATIVA ELEGIDA POR EL LEGISLADOR ORGANICO DE LA NO SUSPENSION, POR CONSIDERAR QUE DEBE PREVALECER LA SALVAGUARDIA DE TODOS LOS VALORES CONSTITUCIONALES QUE SE ASEGURAN CON LA EJECUCION INMEDIATA, TIENE PLENA CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION, AUN MAS, CUANDO CABE LA REPARACION DE LOS PERJUICIOS DE DIFICIL O IMPOSIBLE REPARACION QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA MEDIDA.

13. POR PROVIDENCIA DEL PLENO DE 16 DE JUNIO DE 1987 SE SEÑALO EL DIA 25 DE JUNIO DEL MISMO AÑO PARA DELIBERACION Y FALLO.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. EL PRESENTE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD SE REFIERE A CUATRO ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. POR ELLO, RESULTA INNECESARIO ENTRAR EN LAS CONSIDERACIONES GENERALES QUE, CON CARACTER PREVIO, HACEN, TANTO EL DEFENSOR DEL PUEBLO, COMO EL LETRADO DEL ESTADO, SOBRE LOS VALORES Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE FUNDAMENTEN EL RECURSO Y SOBRE EL ALCANCE GENERICO DE LAS LIBERTADES PUBLICAS RECONOCIDAS A LOS EXTRANJEROS POR NUESTRA CONSTITUCION. NOS HEMOS DE LIMITAR ASI AL SOLO ANALISIS DE LOS PRECEPTOS QUE HAN SIDO OBJETO DE IMPUGNACION EN EL RECURSO.

EL PRIMER PRECEPTO CUYA INCONSTITUCIONALIDAD SE PROPUGNA ES EL PARRAFO SEGUNDO DEL NUMERO SEGUNDO DEL ART. 26 DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, PUES SE ESTIMA QUE VULNERA LOS ARTS. 17.1 Y 2, 24 Y 25.3 DE LA CONSTITUCION EN RELACION CON EL ART. 13 DE LA MISMA.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO IMPUGNA ESTE PARRAFO SEGUNDO DEL NUMERO SEGUNDO DEL ART. 26 DE LA LEY ORGANICA 7/1985, Y ES A SOLO ESTE PARRAFO AL QUE SE LIMITA LA PRETENSION DE INCONSTITUCIONALIDAD. SIN EMBARGO RESULTA NECESARIO ENMARCAR ESE PARRAFO EN EL CONTEXTO GENERAL DE LA REGULACION CONTENIDA EN ESE ART. 26. EL MISMO, EN SU NUMERO PRIMERO ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE EXPULSION DE ESPAÑA DE LOS EXTRANJEROS EN DETERMINADOS CASOS, Y EL PARRAFO PRIMERO DEL NUMERO SEGUNDO HA PREVISTO QUE EN ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERO PRIMERO <SE PODRA PROCEDER A LA DETENCION DEL EXTRANJERO CON CARACTER PREVENTIVO O CAUTELAR MIENTRAS SE SUSTANCIA EL EXPEDIENTE>.

RESPECTO A ESTA ULTIMA DISPOSICION TANTO EL RECURRENTE COMO EL LETRADO DEL ESTADO ESTAN DE ACUERDO EN QUE AFECTA AL DERECHO A LA LIBERTAD DEL ART. 17 DE LA CONSTITUCION, EL CUAL ES UN DERECHO INHERENTE A LA PERSONA HUMANA, DE AQUELLOS QUE SEGUN LA STA107/1984, DE 23 DE NOVIEMBRE, CORRESPONDEN POR IGUAL A ESPAÑOLES Y EXTRANJEOS. TAMBIEN ESTAN DE ACUERDO EN LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 26.2.1 DE LA LEY ORGANICA 7/1985 EN RELACION CON EL ART. 17.1 DE LA CONSTITUCION, POR HABERSE RESPETADO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y LA EXIGENCIA DE LEY ORGANICA PARA ESTABLECER UNA CAUSA DE RESTRICCION O PERDIDA DE LIBERTAD. COINCIDEN TAMBIEN EN QUE LA INICIACION DE UN PROCEDIMIENTO DE EXPULSION, CUANDO SE DAN DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS, ES UN SUPUESTO RAZONABLE DE RESTRICCION O PERDIDA DE LIBERTAD QUE, ADEMAS, ESTA PREVISTO EXPRESAMENTE EN EL ART. 5.1 F) DEL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1950, QUE ES ESPECIALMENTE RELEVANTE AL RESPECTO, POR EL MANDATO CONTENIDO EN EL ART. 10.2 DE LA CONSTITUCION. NO SE HA PLANTEADO ASI DUDA ALGUNA EN PRINCIPIO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE ESTA DETENCION PREVENTIVA CAUTELAR, QUE SE ENCUENTRA PREVISTA EN TERMINOS SIMILARES EN LOS ORDENAMIENTOS EUROPEOS EN LOS QUE EL CITADO CONVENIO ES APLICABLE.

TAMPOCO SE CUESTIONA, POR DECIRLO CON PALABRAS DEL RECURRENTE, QUE LA <DETENCION PREVENTIVA O CAUTELAR PREVISTA EN EL ART. 26.2 DE LA LEY ORGANICA 7/1985 RESPETA LA PREVISION CONSTITUCIONAL DEL ART. 17.2 EN CUANTO LA MISMA NO PUEDE EXCEDER DEL PLAZO DE SETENTA Y DOS HORAS>.

EL RECURSO, EN LO QUE A ESTE ART. 26 SE REFIERE, SOLO PLANTEA LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DEL PARRAFO SEGUNDO DEL NUMERO SEGUNDO DEL ART. 26.

SEGUN EL CITADO PARRAFO.

<LA AUTORIDAD GUBERNATIVA QUE ACUERDE TAL DETENCION SE DIRIGIRA AL JUEZ DE INSTRUCCION DEL LUGAR EN QUE HUBIESE SIDO DETENIDO EL EXTRANJERO, EN EL PLAZO DE SETENTA Y DOS HORAS, INTERESANDO EL INTERNAMIENTO A SU DISPOSICION EN CENTROS DE DETENCION O EN LOCALES QUE NO TENGAN CARACTER PENITENCIARIO. DE TAL MEDIDA SE DARA CUENTA AL CONSULADO O EMBAJADA RESPECTIVOS Y AL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. EL INTERNAMIENTO NO PODRA PROLONGARSE MAS TIEMPO DEL IMPRESCINDIBLE PARA LA PRACTICA DE LA EXPULSION, SIN QUE PUEDA EXCEDER DE CUARENTA DIAS>.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO NIEGA LA CONSTITUCIONALIDAD DE ESTA DISPOSICION, PARTIENDO DE LA NATURALEZA ADMINISTRATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE EXPULSION Y DE LA PROHIBICION CONSTITUCIONAL DE QUE LA ADMINISTRACION IMPONGA SANCIONES QUE IMPLIQUEN PRIVACION DE LIBERTAD (ART. 25.3 DE LA CONSTITUCION), POR LO QUE TAMPOCO PODRIA LA ADMINISTRACION ADOPTAR ESTE TIPO DE MEDIDAS DE INTERNAMIENTO AUN CON CARACTER CAUTELAR. SEGUN EL RECURRENTE, LA INTERVENCION ADHESIVA DEL JUEZ NO DESVIRTUARIA LA INDOLE ADMINISTRATIVA DEL PROCEDIMENTO DE EXPULSION Y NO TENDRIA CARACTER DE ACTIVIDAD JURISDICCIONAL CONTRADICTORIA, PUES SE DEJA AL MARGEN DEL PROCEDIMIENTO A LA PERSONA AFECTADA. NO PUEDE ADMITIRSE QUE ESA INTERVENCION JUDICIAL SIRVA COMO <MERA JUSTIFICACION FORMAL DE UNA MEDIDA ADMINISTRATIVA PRIVATIVA DE LIBERTAD>.

SEGUN EL LETRADO DEL ESTADO EL PRECEPTO AQUI IMPUGNADO ORDENARIA LA PUESTA A DISPOSICION JUDICIAL DEL DETENIDO PREVENTIVAMENTE, PUES AL TERMINO <INTERESANDO> NO SE LE PODRA DAR EL ALCANCE QUE DEFIENDE EL RECURRENTE. LO INTERESADO POR LA ADMINISTRACION NO CONDICIONA EN ABSOLUTO AL ORGANO JUDICIAL, QUE PUEDE DECIDIR CON PLENITUD SOBRE LA SITUACION DEL DETENIDO, Y DISCORDAR CON LO INTERESADO ADMINISTRATIVAMENTE. <LA INTERVENCION DEL JUEZ ASEGURA SIEMPRE LA PROTECCION JURISDICCIONAL DE DERECHOS Y LIBERTADES PUBLICAS, SIN QUE PUEDA DUDARSE DE SU ACTIVIDAD JURISDICCIONAL INDEPENDIENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA ADMINISTRACION, EN EJERCICIO DE SUS POTESTADES DE POLICIA, INTERESE EL INTERNAMIENTO DEL INCURSO EN UN EXPEDIENTE DE EXPULSION>.

LA CUESTION ASI PLANTEADA DEPENDE EN SU RESOLUCION EN BUENA PARTE DE LA VALORACION QUE PUEDA DARSE A LA INTERVENCION JUDICIAL PREVISTA EN EL PRECEPTO IMPUGNADO, Y, POR ELLO, A SI ESA INTERVENCION SE CORRESPONDE CON LA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL DE QUE, PASADO EL PLAZO MAXIMO DE SETENTA Y DOS HORAS, EL DETENIDO NO LIBERADO, DEBERA SER PUESTO <A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD JUDICIAL> (ART. 17.2), EVITANDO ADEMAS EL QUE PUDIERA, AL MENOS INDIRECTAMENTE, NO RESPETARSE LA PROHIBICION CONTENIDA EN EL ART. 25.3 DE LA CONSTITUCION.SI LA INTERPRETACION DEL PRECEPTO IMPUGNADO FUERA LA QUE SOSTIENE EL RECURRENTE, NO SE RESPETARIAN CIERTAMENTE LOS CITADOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, TANTO EL ART. 17.2 COMO EL 25.3 DE LA CONSTITUCION. ES CIERTO QUE DADA LA AMBIGUEDAD Y EQUIVOCIDAD DE LOS TERMINOS EMPLEADOS POR EL LEGISLADOR SE PODRIA LLEGAR A LA INTERPRETACION QUE SE PROPONE EN EL RECURSO.

SIN EMBARGO, TAMBIEN ESA AMBIGUEDAD Y EQUIVOCIDAD PERMITE OTRAS LECTURAS DEL PRECEPTO, COMPATIBLES CON EL RESPETO DE LOS CITADOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. COMO HA DICHO LA STC 93/1984, DE 16 DE OCTUBRE, SOLO CABE DECLARAR LA DEROGACION DE LOS PRECEPTOS CUYA INCOMPATIBILIDAD CON LA CONSTITUCION <RESULTE INDUDABLE POR SER IMPOSIBLE LLEVAR A CABO DICHA INTERPRETACION>. Y TAMBIEN HEMOS DICHO QUE LAS LEYES DEBEN SER INTERPRETADAS DE LA FORMA MAS FAVORABLE PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, Y DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION (SSTC 34/1983, DE 6 DE MAYO Y 67/1984, DE 7 DE JULIO).

ESTA LECTURA CONFORME A LA CONSTITUCION ES ADEMAS LA MAS CONSECUENTE CON EL PROPIO CONTEXTO GLOBAL DE LA LEY ORGANICA 7/1985, Y LO QUE ESTA HA SIGNIFICADO DE CORRECCION RESPECTO A LA SITUACION ANTERIOR DE PLENA DISPONIBILIDAD GUBERNATIVA SOBRE LA DETENCION DE LOS EXTRANJEROS. RESULTA CLARO EL PROPOSITO DEL LEGISLADOR DE SUPRIMIR ESA PLENA DISPONIBILIDAD GUBERNATIVA Y TAMBIEN LA REFERENCIA AL TIEMPO MAXIMO DE SETENTA Y DOS HORAS PUEDE SER ENTENDIDA COMO UNA VOLUNTAD DE RESPETAR EL MANDATO CONTENIDO EN EL ART. 17.2 DE LA CONSTITUCION, ESTABLECIENDO LA EXIGENCIA DE UNA INTERVENCION JUDICIAL UNA VEZ TRANSCURRIDO TAL PLAZO. EL QUE EL LEGISLADOR NO HAYA INDICADO DE FORMA EXPRESA EL ALCANCE DE ESA INTERVENCION JUDICIAL NO IMPIDE, SIN EMBARGO, QUE LA MISMA NO PUEDA SER ENTENDIDA A LA LUZ DE LOS CITADOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, Y DENTRO DEL CONTEXTO DE UNA LEY QUE HA PRETENDIDO SUPRIMIR LA SITUACION PRECEDENTE DE PLENA DISPONIBILIDAD GUBERNATIVA SOBRE LA LIBERTAD DE LOS EXTRANJEROS PENDIENTES DE EXPULSION.

EL INTERNAMIENTO PREVENTIVO DE EXTRANJEROS, PREVIO A SU EXPULSION, TIENE DIFERENCIAS SUSTANCIALES CON LAS DETENCIONES PREVENTIVAS DE CARACTER PENAL, NO SOLO EN LAS CONDICIONES FISICAS DE SU EJECUCION, SINO TAMBIEN EN FUNCION DEL DIVERSO PAPEL QUE CUMPLE LA ADMINISTRACION EN UNO Y OTRO CASO. EN MATERIA PENAL, UNA VEZ PUESTO EL DETENIDO POR EL ORGANO GUBERNATIVO A DISPOSICION JUDICIAL, LA SUERTE FINAL DEL DETENIDO SE CONDICIONA A DECISIONES JUDICIALES POSTERIORES, TANTO EN LO RELATIVO A LA DETENCION PREVENTIVA COMO EN EL RESULTADO DEL PROCESO PENAL POSTERIOR. EN EL PROCEDIMIENTO DE EXPULSION, LA DECISION FINAL SOBRE LA MISMA CORRESPONDE AL ORGANO GUBERNATIVO, Y POR ELLO ES UNA DECISION QUE PUEDE CONDICIONAR LA PROPIA SITUACION DEL EXTRANJERO DETENIDO. ELLO SIGNIFICA QUE EL ORGANO QUE <INTERESA> EL INTERNAMIENTO PERSIGUE UN INTERES ESPECIFICO ESTATAL, RELACIONADO CON LA POLICIA DE EXTRANJEROS, Y NO ACTUA YA, COMO EN LA DETENCION PENAL, COMO UN MERO AUXILIAR DE LA JUSTICIA, SINO COMO TITULAR DE INTERESES PUBLICOS PROPIOS.

PERO ELLO NO SIGNIFICA, EN CONTRA DE LO QUE OPINA EL DEFENSOR DEL PUEBLO, QUE LA DECISION MISMA EN RELACION AL MANTENIMIENTO O NO DE LA LIBERTAD HAYA DE QUEDAR EN MANOS DE LA ADMINISTRACION. LA VOLUNTAD DE LA LEY, Y DESDE LUEGO EL MANDATO DE LA CONSTITUCION ES QUE, MAS ALLA DE LAS SETENTA Y DOS HORAS, CORRESPONDA A UN ORGANO JUDICIAL LA DECISION SOBRE MANTENIMIENTO O NO DE LA LIMITACION DE LA LIBERTAD. NO DEJA DE SER RELEVANTE AL RESPECTO LA PREVISION CONTENIDA EN EL ART. 117.4 DE LA CONSTITUCION QUE PERMITE LA ATRIBUCION POR LEY DE FUNCIONES NO JUZGADORAS A LOS ORGANOS JUDICIALES <EN GARANTIA DE CUALQUIER DERECHO>, Y, EN EL PRESENTE CASO, PARA LA GARANTIA DE LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO AFECTADO. POR CONSIGUIENTE, A LA LUZ DE LA CONSTITUCION, EL TERMINO <INTERESAR>, HA DE SER ENTENDIDO COMO EQUIVALENTE A DEMANDAR O SOLICITAR DEL JUEZ LA AUTORIZACION PARA QUE PUEDA PERMANECER DETENIDO EL EXTRANJERO MAS ALLA DEL PLAZO DE SETENTA Y DOS HORAS.

LO QUE EL PRECEPTO LEGAL ESTABLECE ES QUE EL ORGANO ADMINISTRATIVO, EN EL PLAZO MAXIMO DE SETENTA Y DOS HORAS, HA DE SOLICITAR DEL JUEZ QUE AUTORICE EL INTERNAMIENTO DEL EXTRANJERO PENDIENTE DEL TRAMITE DE EXPULSION. EL ORGANO JUDICIAL HABRA DE ADOPTAR LIBREMENTE SU DECISION TENIENDO EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURREN EN EL CASO, EN EL BIEN ENTENDIDO NO LAS RELATIVAS A LA DECISION DE LA EXPULSION EN SI MISMA (SOBRE LA QUE EL JUEZ NO HA DE PRONUNCIARSE EN ESTE PROCEDIMIENTO), SINO LAS CONCERNIENTES, ENTRE OTROS ASPECTOS, A LA CAUSA DE EXPULSION INVOCADA, A LA SITUACION LEGAL Y PERSONAL DEL EXTRANJERO, A LA MAYOR O MENOR PROBABILIDAD DE SU HUIDA O CUALQUIER OTRA QUE EL JUEZ ESTIME RELEVANTE PARA ADOPTAR SU DECISION.

INTERPRETADO EN ESTOS TERMINOS EL PRECEPTO IMPUGNADO, ES PLENAMENTE RESPETUOSO NO SOLO DEL ART. 17.2 DE LA CONSTITUCION, SINO, AL MISMO TIEMPO, TAMBIEN DEL ART. 25.3, AL NO SER UNA DECISION ADMINISTRATIVA, SINO JUDICIAL, LA QUE PERMITE LA PERDIDA DE LIBERTAD, PUES NO EXISTE CONDICIONAMIENTO ALGUNO SOBRE EL JUEZ PARA DECIDIR SOBRE ESA LIBERTAD. TAMPOCO ENTRARIA EL PRECEPTO EN COLISION CON EL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION, PORQUE DEL MISMO NO SE DEDUCE LIMTACION ALGUNA DE LOS DERECHOS DE DEFENSA DEL EXTRANJERO NI SE IMPIDE SU INTERVENCION EN EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO.

LA DISPONIBILIDAD SOBRE LA PERDIDA DE LIBERTAD ES JUDICIAL, SIN PERJUICIO DEL CARACTER ADMINISTRATIVO DE LA DECISION DE EXPULSION Y DE LA EJECUCION DE LA MISMA. ESTE CARACTER JUDICIAL DE LA PRIVACION DE LIBERTAD HACE PLENAMENTE APLICABLE TAMBIEN AL CASO DE LOS EXTRANJEROS LA DOCTRINA SENTADA POR ESTE TRIBUNAL, PARA EL SUPUESTO DISTINTO DE LA PRISION PROVISIONAL. HA DE DECIRSE QUE EL INTERNAMIENTO DEL EXTRANJERO <DEBE REGIRSE POR EL PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD, SIN MENOSCABO DE SU CONFIGURACION COMO MEDIDA CAUTELAR> (STC 41/1982, DE 2 DE JULIO). LA SENTENCIA DE 12 DE MARZO DE 1987 HA SOSTENIDO QUE ESTE CARACTER EXCEPCIONAL EXIGE LA APLICACION DEL CRITERIO HERMENEUTICO DEL FAVOR LIBERTATIS , LO QUE SUPONE QUE LA LIBERTAD DEBE SER RESPETADA SALVO QUE SE ESTIME INDISPENSABLE LA PERDIDA DE LIBERTAD DEL EXTRANJERO POR RAZONES DE CAUTELA O DE PREVENCION, QUE HABRAN DE SER VALORADAS POR EL ORGANO JUDICIAL.

ESTE CARACTER EXCEPCIONAL, RESULTA YA DEL PROPIO ART. 26.2 DE LA LEY ORGANICA 7/1985, QUE AUN CUANDO UTILIZA EL TERMINO <IMPRESCINDIBLE> SOLO RESPECTO A LA DURACION, IMPLICITAMENTE PARECE DAR A ENTENDER QUE HA DE SER TAMBIEN IMPRESCINDIBLE LA PROPIA PERDIDA DE LIBERTAD, DE MODO QUE NO ES LA SUSTANCIACION DEL EXPEDIENTE DE EXPULSION, SINO LAS PROPIAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO, POR RAZONES DE SEGURIDAD, ORDEN PUBLICO, ETC., LAS QUE HAN DE JUSTIFICAR EL MANTENIMIENTO DE ESA PERDIDA DE LIBERTAD, SIENDO EL JUEZ, GUARDIAN NATURAL DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL, EL QUE DEBE CONTROLAR ESAS RAZONES. ESTE CARACTER RESTRINGIDO Y EXCEPCIONAL DE LA MEDIDA DE INTERNAMIENTO SE REFLEJA TAMBIEN EN LA EXISTENCIA DE UNA DURACION MAXIMA, DE MODO QUE LA MEDIDA DE INTERNAMIENTO NO PUEDE EXCEDER, EN NINGUN CASO, DE CUARENTA DIAS, QUE ES TAMBIEN LA DURACION MAXIMA DE LA PRISION PREVENTIVA DE LOS EXTRANJEROS PREVISTA EN EL ART. 16.4 DEL CONVENIO EUROPEO DE EXTRADICION, DE 13 DE DICIEMBRE DE 1957, RATIFICADO POR ESPAÑA EL 21 DE ABRIL DE 1982 (<BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> DE 8 DE JUNIO). DENTRO DE ESA DURACION MAXIMA PODRA EL JUEZ AUTORIZAR LA PERDIDA DE LIBERTAD SIN PERJUICIO DE QUE, EN EL CASO DE HABERSE AUTORIZADO UNA DURACION MENOR, PUEDA LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITAR DE NUEVO DEL ORGANO JUDICIAL LA AMPLIACION DEL INTERNAMIENTO SIN SUPERAR, CLARO ESTA, EL TIEMPO MAXIMO FIJADO EN LA LEY.

LA DECISION JUDICIAL, EN RELACION CON LA MEDIDA DE INTERNAMIENTO DEL EXTRANJERO PENDIENTE DE EXPULSION, HA DE SER <ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCION JUDICIAL MOTIVADA> (STC 41/1982, DE 2 DE JULIO), QUE DEBE RESPETAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE DEFENSA (ART. 24.1 Y 17.3 DE LA CONSTITUCION), INCLUIDOS LOS PREVISTOS EN EL ART. 30.2 DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, EN CONEXION CON EL ART. 6.3 DEL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES, ASI COMO LA INTERPOSICION DE LOS RECURSOS QUE PROCEDAN CONTRA LA RESOLUCION JUDICIAL Y EVENTUALMENTE LOS RECONOCIDOS EN EL ART. 35 DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, EN CONEXION CON EL ART. 5.4 DEL CITADO CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES. SE CUMPLE ASI LA EXIGENCIA QUE EL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO ESTABLECIO EN SU SENTENCIA DE 18 DE JUNIO DE 1971 (CASO DE WILDE, OOMS Y VERSYP), DE QUE TODA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, CON FUNDAMENTO O NO, TIENE DERECHO A UN CONTROL DE LEGALIDAD EJERCIDO POR UN TRIBUNAL, Y POR ELLO CON <UNAS GARANTIAS COMPARABLES A LAS QUE EXISTEN EN LAS DETENCIONES EN MATERIA PENAL>. ES DECIR, EL PRECEPTO IMPUGNADO RESPETA Y HA DE RESPETAR EL BLOQUE DE COMPETENCIA JUDICIAL EXISTENTE EN MATERIA DE LIBERTAD INDIVIDUAL, INCLUYENDO EL DERECHO DE <HABEAS CORPUS> DEL ART. 17.4 DE LA CONSTITUCION, TANTO EN LO QUE SE REFIERE A LA FASE GUBERNATIVA PREVIA, DENTRO DE LAS SETENTA Y DOS HORAS, COMO TAMBIEN RESPECTO A ESA PROLONGACION DEL INTERNAMIENTO EN CASO NECESARIO, MAS ALLA DE LAS SETENTA Y DOS HORAS, EN VIRTUD DE UNA RESOLUCION JUDICIAL. LA INTERVENCION JUDICIAL NO SOLO CONTROLARA EL CARACTER IMPRESCINDIBLE DE LA PERDIDA DE LIBERTAD, SINO QUE PERMITIRA AL INTERESADO <PRESENTAR SUS MEDIOS DE DEFENSA>, EVITANDO ASI QUE LA DETENCION PRESENTE EL CARACTER DE UN INTERNAMIENTO ARBITRARIO.

ES CIERTO QUE, COMO EL DEFENSOR DEL PUEBLO ALEGA, EL PARRAFO SEGUNDO DEL NUMERO DOS DEL ART. 26 HABLA DE <INTERESANDO EL INTERNAMIENTO A SU DISPOSICION>, CON LO QUE PARECERIA DAR A ENTENDER UNA DISPONIBILIDAD ADMINISTRATIVA SOBRE LA LIBERTAD QUE ESTARIA EN CONTRADICCION CON EL CLARO MANDATO DEL ART. 17.2 QUE PRECISAMENTE HABLA DE <A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD JUDICIAL>. SIN EMBARGO, COMO YA SE HA DICHO, EL EXTRANJERO RESPECTO A SU LIBERTAD A PARTIR DE LAS SETENTA Y DOS HORAS SE ENCUENTRA A LA PLENA DISPONIBILIDAD JUDICIAL, QUE CESARA EN EL MOMENTO EN QUE EL JUEZ MISMO DECIDA LA PUESTA EN LIBERTAD O EN EL MOMENTO EN QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITE DEL ORGANO JUDICIAL LA ENTREGA DEL DETENIDO PARA PROCEDER A SU EFECTIVA EXPULSION. SE POSIBILITA ASI SIN RESTRICCIONES LA ACTUACION DEL JUEZ COMO GARANTE DE LA LIBERTAD DE LA PERSONA.

FINALMENTE, EL INTERNAMIENTO HA DE SER EN CENTROS O LOCALES <QUE NO TENGAN CARACTER PENITENCIARIO>, GARANTIA ADICIONAL QUE TRATA DE EVITAR QUE EL EXTRANJERO SEA SOMETIDO AL TRATAMIENTO PROPIO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS.

TODO ESTE CONJUNTO DE GARANTIAS DEDUCIBLES, EN UN CASO DEL PROPIO TEXTO DE LA LEY, Y EN OTROS DE SU INTEGRACION CON LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, CON ELCONVENIO EUROPEO DE 1950 Y CON LA PROPIA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL, HACEN QUE EL INTERNAMIENTO DE LOS EXTRANJEROS NO PUEDA CONSIDERARSE NI DE CARACTER ADMINISTRATIVO, NI SIN LAS GARANTIAS DE FONDO Y FORMA QUE EVITEN SU CARACTER ARBITRARIO. EN CONSECUENCIA, AL SER SUSCEPTIBLE DE UNA INTERPRETACION CONFORME A LA CONSTITUCION, TAL Y COMO SE HA SEÑALADO EN ESTE FUNDAMENTO, NO PUEDE SER CONSIDERADO COMO INCONSTITUCIONAL EL PARRAFO SEGUNDO DEL NUMERO 2 DEL ART. 26 DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO.

2. EL DEFENSOR DEL PUEBLO DEFIENDE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 7 DE LA LEY ORGANICA 7/1985, POR VULNERACION DEL ART. 21 DE LA CONSTITUCION, Y EN CONEXION CON EL ART. 16 DE LA MISMA, ASI COMO DE LOS ARTS. 9, 11 Y 14 DEL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES Y DE LOS ARTS. 2, 3, 18 Y 21 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS. EL ART. 7 DE LA LEY ORGANICA 7/1985 DISPONE:

<LOS EXTRANJEROS PODRAN EJERCITAR EL DERECHO DE REUNION, DE CONFORMIDAD, CON LO DISPUESTO EN LAS NORMAS QUE LO REGULAN, SIEMPRE QUE SE HALLEN LEGALMENTE EN TERRITORIO ESPAÑOL. PARA PODER PROMOVER LA CELEBRACION DE REUNIONES PUBLICAS EN LOCAL CERRADO O EN LUGAR DE TRANSITO PUBLICO, ASI COMO MANIFESTACIONES, LOS EXTRANJEROS DEBERAN TENER LA CONDICION LEGAL DE RESIDENTES Y SOLICITAR DEL ORGANO COMPETENTE SU AUTORIZACION, EL CUAL PODRA PROHIBIRLAS SI RESULTARAN LESIVAS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL O LOS INTERESES NACIONALES, EL ORDEN PUBLICO, LA SALUD O LA MORAL PUBLICAS O LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS ESPAÑOLES>.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO IMPUGNA SOLO PARCIALMENTE ESTE ARTICULO Y SOLO EN LA MEDIDA EN QUE SU SEGUNDO INCISO IMPONE PARA TODOS LOS CASOS LA NECESIDAD DE AUTORIZACION PREVIA PARA PROMOVER LA CELEBRACION DE REUNIONES PUBLICAS O DE MANIFESTACIONES, Y ELLO AUNQUE LA AUTORIZACION SOLO PUDIERA SER DENEGADA POR LAS RAZONES LEGALMENTE TASADAS.

EL RECURSO PARTE ASI DE LA BASE DE QUE EL ART. 21 DE LA CONSTITUCION RECONOCE TAMBIEN DIRECTAMENTE A LOS EXTRANJEROS EL DERECHO DE REUNION. EN ESTE PUNTO DISCREPA EL LETRADO DEL ESTADO, QUIEN ENTIENDE QUE LA CONSTITUCION HA SEGUIDO UN SISTEMA DE EQUIPARACION NO ABSOLUTO DE NACIONALES Y EXTRANJEROS EN LO QUE SE REFIERE A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PUBLICAS, REGIDO POR EL <PRINCIPIO DEL LIMITE MINIMO>, DE FORMA QUE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS EXTRANJEROS, SERIAN SIEMPRE DE <CONFIGURACION LEGAL>, PODRIAN SUFRIR LIMITACIONES LEGALES SIENDO EL LIMITE QUE SE IMPONE AL LEGISLADOR EL RECONOCIMIENTO DEL < STANDARD MINIMO> QUE PRESCRIBAN LOS TRATADOS INTERNACIONALES.

EL ART. 21.1 DE LA CONSTITUCION AFIRMA GENERICAMENTE QUE <SE RECONOCE EL DERECHO DE REUNION PACIFICA Y SIN ARMAS>, SIN NINGUNA REFERENCIA A LA NACIONALIDAD DEL QUE EJERCE ESTE DERECHO, A DIFERENCIA DE OTROS ARTICULOS CONTENIDOS EN EL TITULO I, DONDE SE MENCIONA EXPRESAMENTE A LOS <ESPAÑOLES>, Y A DIFERENCIA TAMBIEN DE OTRAS CONSTITUCIONES COMPARADAS DONDE ESTE DERECHO EXPRESAMENTE SE RESERVA A LOS CIUDADANOS.EL PRECEPTO IMPUGNADO PERMITE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNION, PERO PARA EL CASO DE LAS REUNIONES PUBLICAS EXIGE LA NECESARIA AUTORIZACION DEL ORGANO COMPETENTE. EL PROBLEMA QUE SE PLANTEA NO ES EL DE SI ES POSIBLE AQUI ESTA DIFERENCIA DE TRATO EN EL EJERCICIO DEL DERECHO ENTRE LOS EXTRANJEROS Y LOS ESPAÑOLES, SINO SI EL LEGISLADOR HA RESPETADO EL CONTENIDO PRECEPTIVO E IMPERATIVO QUE ESTABLECE EL ART. 21.1 DE LA CONSTITUCION, TAMBIEN PARA LOS EXTRANJEROS.

LA NECESIDAD DE UNA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PREVIA, REFERIDA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNION, NO ES UN REQUISITO PURAMENTE RITUARIO O PROCEDIMENTAL, SOBRE TODO PORQUE NUESTRA CONSTITUCION HA OPTADO POR UN SISTEMA DE RECONOCIMIENTO PLENO DEL DERECHO DE REUNION, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACION PREVIA (ART. 21.1). ESTA LIBERTAD DE REUNION SIN AUTORIZACION SE CONSTITUYE ASI EN UNA FACULTAD NECESARIA <PARA QUE EL DERECHO SEA RECONOCIBLE COMO PERTINENTE AL TIPO DESCRITO> (STC 11/1981, DE 8 DE ABRIL DE 1981); AL IMPONERSE LA NECESIDAD DE AUTORIZACION ADMINISTRATIVA SE ESTAN DESNATURALIZANDO EL DERECHO DE REUNION, CONSAGRADO EN LA CONSTITUCION <SIN SUPEDITARLO A LA VALORACION DISCRECIONAL Y AL ACTO HABILITANTE Y DE PODER IMPLICITO DE LA ADMINISTRACION> (STC 32/1982, DE 16 DE JUNIO).

CUANDO ESE ACTO HABILITANTE ES PRECISO EN TODO CASO, SE CONDICIONAN HASTA TAL PUNTO LAS FACULTADES QUE LO INTEGRAN, QUE EL PRETENDIDO DERECHO, MUDA DE NATURALEZA Y NO PUEDE SER RECONOCIDO COMO TAL. LAS EVENTUALES RESTRICCIONES AL DERECHO DE REUNION QUE SE MENCIONAN EN EL ULTIMO INCISO DEL PRECEPTO PUEDEN SER VALIDAS POR SI MISMAS DESDE LA PERSPECTIVA DE MERA LIMITACION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, PERO LA TUTELA DE OTROS BIENES CONSTITUCIONALES NO PUEDE JUSTIFICAR LA INTRODUCCION, COMO PASO PREVIO AL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNION, DE UNA AUTORIZACION PRECEPTIVA PREVIA.

EN CONSECUENCIA, PROCEDE DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL INCISO <Y SOLICITAR DEL ORGANO COMPETENTE SU AUTORIZACION>, CONTENIDO EN EL ART. 7 DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO.

3. SE SOSTIENE EN LA DEMANDA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 8. 2 DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, POR VULNERACION DE LOS ARTS. 22. 4 Y 14, EN RELACION CON EL ART. 13. 1, TODOS ELLOS DEL TEXTO CONSTITUCIONAL.

EL ART. 8. 2 DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, ESTABLECE:

<EL CONSEJO DE MINISTROS, A PROPUESTA DEL MINISTRO DEL INTERIOR, PREVIO INFORME DEL DE ASUNTOS EXTERIORES, PODRA ACORDAR LA SUSPENSION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES PROMOVIDAS E INTEGRADAS MAYORITARIAMENTE POR EXTRANJEROS, POR UN PLAZO NO SUPERIOR A SEIS MESES, CUANDO ATENTE GRAVEMENTE CONTRA LA SEGURIDAD O LOS INTERESES NACIONALES, EL ORDEN PUBLICO, LA SALUD O LA MORAL PUBLICA O LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS ESPAÑOLES>.

ENTIENDE EL DEFENSOR DEL PUEBLO QUE ESTE PRECEPTO IGNORA EL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DE ASOCIACION, PORQUE NI EL ART. 22 DE LA CONSTITUCION NI LOS TRATADOS INTERNACIONALES AUTORIZAN RESTRICCIONES DIVERSAS DE LAS EN ELLOS PREVISTAS, INTRODUCIENDO UNA ALTERACION PEYORATIVA Y DISMINUYENDO EL REGIMEN DE GARANTIAS ESTABLECIDAS PARA SU EJERCICIO, MEDIANTE LA ADMISION DE LA SUSPENSION ADMINISTRATIVA DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS.

DEBE ADMITIRSE QUE, DE ACUERDO A SUS PROPIOS TERMINOS, EL ART. 22 DE LA CONSTITUCION, EN CONTRASTE CON OTRAS CONSTITUCIONES COMPARADAS, RECONOCE TAMBIEN DIRECTAMENTE A LOS EXTRANJEROS EL DERECHO DE ASOCIACION. EN ESTA LINEA EL ART. 8 DE LA LEY ORGANICA 7/1985 RECONOCE EL DERECHO DE ASOCIACION DE LOS EXTRANJEROS Y ADEMAS TAMBIEN LA APLICACION A TAL DERECHO DE LAS MISMAS NORMAS GENERALES APLICABLES A LOS ESPAÑOLES. AL MISMO TIEMPO Y COMO UNICA ESPECIALIDAD RELEVANTE ESTABLECE ESTA POSIBILIDAD DE SUSPENSION ADMINISTRATIVA, PERO SOLO CUANDO CONCURRAN DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS. EL PROBLEMA TAMBIEN AQUI ES SI EL LEGISLADOR HA RESPETADO O NO EL CONTENIDO PRECEPTIVO DEL ART. 22 DE LA CONSTITUCION.

EL DERECHO DE ASOCIACION RECONOCIDO EN LAS MODERNAS CONSTITUCIONES SUPONE <LA SUPERACION DEL RECELO> CON QUE EL ESTADO LIBERAL CONTEMPLO EL FENOMENO ASOCIATIVO (STC 67/1985, DE 24 DE MAYO) DE AHI QUE, EN SU VERTIENTE POSITIVA GARANTICE LA POSIBILIDAD DE LOS INDIVIDUOS DE UNIRSE PARA EL LOGRO DE <TODOS LOS FINES DE LA VIDA HUMANA>, Y DE ESTRUCTURARSE Y FUNCIONAR EL GRUPO ASI FORMADO LIBRE DE TODA INDEBIDA INTERFERENCIA ESTATAL.

LA SUSPENSION Y DISOLUCION ADMINISTRATIVAS DE LAS ASOCIACIONES HAN SIDO MANIFESTACIONES TRADICIONALES DE UN SISTEMA DE FUERTE CONTROL ESTATAL, SOBRE TODO, EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO, CARACTERIZADO EN LO ESENCIAL POR LA DISCRECIONALIDAD Y LA VALORACION DE LA ACCION DEL GRUPO CON ARREGLO A CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, Y NO DE MERA Y ESTRICTA LEGALIDAD. EN RELACION CON LA TRADICIONAL ACTITUD ESTATAL Y A EFECTOS DE DETERMINAR HASTA QUE PUNTO QUEDA AFECTADO EL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DE ASOCIACION , LA PROHIBICION DE DISOLUCION O SUSPENSION ADMINISTRATIVA DE ASOCIACIONES NO APARECE TANTO, O NO APARECE SOLO, COMO NORMA ATRIBUTIVA DE COMPETENCIAS (QUE RESUELVE LA OPCION ENTRE LA ADMINISTRACION O LOS TRIBUNALES), SINO COMO UNA NORMA DE ACTUACION QUE GARANTIZA QUE SOLO LA LEY PUEDE LEGITIMAR LA INTERVENCION ESTATAL EN ESTE AREA DE LIBERTAD CIUDADANA. EL QUE LA DECISION SE ADOPTE POR UN ORGANO JUDICIAL DESDE EL MOMENTO INICIAL, Y NO SE REDUZCA A UN MOMENTO POSTERIOR DE CONTROL JUDICIAL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, SUPONE, DE FORMA PRECEPTIVA, UNA GARANTIA ADICIONAL MUY IMPORTANTE, POR SER LA VIA JUDICIAL LA MAS ADECUADA PARA INTERPRETAR Y APLICAR LAS RESTRICCIONES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

A ESTAS RAZONES RESPONDE EL ART. 22.4 DE LA CONSTITUCION, QUE ESTABLECE QUE <LAS ASOCIACIONES SOLO PODRAN SER DISUELTAS O SUSPENDIDAS EN SUS ACTIVIDADES EN VIRTUD DE RESOLUCION JUDICIAL MOTIVADA>. SE ESTABLECE ASI UNA GARANTIA DEL DERECHO DE ASOCIACION NO PREVISTA EN TALES TEMINOS EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR ESPAÑA EN LA MATERIA. ESTE MANDATO DEL ART. 22.4 CONSTITUYE EN PURIDAD UN CONTENIDO PRECEPTIVO DEL DERECHO DE ASOCIACION QUE SE IMPONE AL LEGISLADOR EN EL MOMENTO DE REGULAR SU EJERCICIO.

EL PROBLEMA ASI PLANTEADO ES EL DE SI EL ART. 13.1 DE LA CONSTITUCION HABILITA O NO AL LEGISLADOR A ESTABLECER UNA EXCEPCION PARA LOS EXTRANJEROS DE LA REGLA CONTENIDA EN EL ART. 22.4 DE LA CONSTITUCION. EL ART. 13.1 DE LA CONSTITUCION RECONOCE AL LEGISLADOR LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER CONDICIONAMIENTOS ADICIONALES AL EJERCICIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES POR PARTE DE LOS EXTRANJEROS, PERO PARA ELLO HA DE RESPETAR, EN TODO CASO, LAS PRESCRIPCIONES CONSTITUCIONALES, PUES NO SE PUEDE ESTIMAR AQUEL PRECEPTO PERMITIENDO QUE EL LEGISLADOR CONFIGURE LIBREMENTE EL CONTENIDO MISMO DEL DERECHO, CUANDO ESTE YA HAYA VENIDO RECONOCIDO POR LA CONSTITUCION DIRECTAMENTE A LOS EXTRANJEROS, A LOS QUE ES DE APLICACION TAMBIEN EL MANDATO CONTENIDO EN EL ART. 22.4 DE LA CONSTITUCION. UNA COSA ES, EN EFECTO, AUTORIZAR DIFERENCIAS DE TRATAMIENTO ENTRE ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS, Y OTRA ES ENTENDER ESA AUTORIZACION COMO UNA POSIBILIDAD DE LEGISLAR AL RESPECTO SIN TENER EN CUENTA LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES.

NO CABE DUDA QUE EL ART. 8.2 DE LA LEY ORGANICA 7/1985 ESTABLECE UNA INTERVENCION ADMINISTRATIVA QUE RESULTA TOTALMENTE INCOMPATIBLE CON LA GARANTIA AL DERECHO DE ASOCIACION RECONOCIDA EN EL ART. 22.4 DE LA CONSTITUCION TAMBIEN PARA LOS EXTRANJEROS. POR ELLO HA DE ADMITIRSE, CON EL RECURRENTE, LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 8.2 DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO.

4. EL RECURSO IMPUGNA EL ART. 34 DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, POR ENTENDER QUE VULNERA EL ART. 53 DE LA CONSTITUCION, ASI COMO AQUELLOSPRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE RECONOCEN LOS DERECHOS Y LIBERTADES SUSCEPTIBLES DE AMPARO, A QUE SE REFIERE EL ART. 53.2 DE LA CONSTITUCION. EL ART. 34 DE LA CITADA LEY ESTABLECE QUE:

<LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS EXTRANJEROS SERAN RECURRIBLES CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN LAS LEYES. EN NINGUN CASO PODRA ACORDARSE LA SUSPENSION DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ADOPTADAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY.> SE IMPUGNA SOLO ESTE ULTIMO INCISO QUE IMPIDE ACORDAR LA SUSPENSION DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A LOS EXTRANJEROS. EL DEFENSOR DEL PUEBLO RAZONA ESTA INCONSTITUCIONALIDAD PARTIENDO DE UNA PRIMERA PREMISA LA DE QUE, HABIDA CUENTA DE SU TENOR LITERAL (<EN NINGUN CASO>) Y AL TRATARSE DE UNA LEY ORGANICA POSTERIOR, EL PRECEPTO DEROGARIA, PARCIALMENTE, TANTO EL ART. 56 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RESPECTO A LOS POSIBLES RECURSOS DE AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES DICTADAS APLICANDO LA LEY ORGANICA 7/1985, COMO TAMBIEN EN RELACION CON TALES RESOLUCIONES, EL ART. 7.4 DE LA LEY 62/1978, DE 22 DE DICIEMBRE, QUE IMPONE A LA SALA QUE CONOZCA DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO EN ELLA PREVISTA SUSPENDER EL CUMPLIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO, SALVO QUE SE JUSTIFIQUE LA EXISTENCIA DE PERJUICIO GRAVE PARA EL INTERES GENERAL.

EL LETRADO DEL ESTADO ES TAMBIEN DE LA MISMA OPINION. EXISTE, PUES, ACUERDO SOBRE QUE LA UNICA INTERPRETACION POSIBLE DEL PRECEPTO ES LA DE QUE, IMPIDE SIEMPRE, TANTO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMO EN EL PROCESO JUDICIAL, Y, EN SU CASO, EN EL PROCESO CONSTITUCIONAL, LA SUSPENSION DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.

LA SEGUNDA PREMISA DE LA QUE PARTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO, Y QUE NO CONTRADICE EL LETRADO DEL ESTADO, ES LA DE QUE EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA ES UN DERECHO QUE LA CONSTITUCION RECONOCE DIRECTAMENTE PARA LOS EXTRANJEROS, AUN MAS, ES UNO DE LOS DERECHOS DE LOS QUE ESTE TRIBUNAL HA DECLARADO QUE HAN DE SER GOZADOS POR IGUAL, SIN CONSIDERACION DE NACIONALIDAD, POR ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS (STC 93/1985, DE 30 DE SEPTIEMBRE).

EL LETRADO DEL ESTADO, SIN EMBARGO, DEFIENDE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO, PUES ENTIENDE QUE LA REGLA GENERAL DE LA NO SUSPENSION DE EFICACIA DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA NO INFRINGE NI VIOLENTA EL CONTENIDO DEL DERECHO FUNDAMENTAL CONSAGRADO EN EL ART. 24 DE LA CONSTITUCION, PUESTO QUE EL ART. 53 DE LA CONSTITUCION, QUE INVOCA EL RECURSO, NOPODRIA SERVIR PARA CONFRONTAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO. SEGUN EL LETRADO DEL ESTADO NO PUEDE POSTULARSE QUE LA EFICACIA DE TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUEDE CONDICIONADA A SU NO IMPUGNACION, NI QUE ESTA OPERE CON EFECTO SUSPENSIVO AUTOMATICO; ANTES BIEN, LA EFICACIA SUSPENSIVA DE LOS RECURSOS CONTRA NORMAS Y ACTO JURIDICOS CONSTITUYE UNA EXCEPCION A LA REGLA DE LA INMEDIATA VIGENCIA, QUE EL CONSTITUYENTE CUANDO QUISO HACERLO LA ESTABLECIO DE FORMA EXPRESA.

AÑADE QUE EL ART. 24 DE LA CONSTITUCION, EN CONTRA DE LO QUE PRETENDE EL RECURRENTE, NO CONSAGRA EXPLICITAMENTE LA GARANTIA DE LA SUSPENSION DEL ACTO IMPUGNADO COMO PARTE INTEGRANTE DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL, NI TAMPOCO DERIVA DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES TAL SUSPENSION, COMO CONTENIDO NECESARIO DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL. POR ELLO SERIA CONSTITUCIONAL ESTE PRECEPTO, QUE HA CONSIDERADO COMO PREVALENTE LA SALVAGUARDIA DE OTROS VALORES CONSTITUCIONALES, QUE, SIN LA EJECUCION INMEDIATA DE LA RESOLUCION

ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE EXTRANJEROS, PODRIAN FACILMENTE VERSE COMPROMETIDOS.

PARA EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EL ART. 34 DE LA LEY ORGANICA 7/1985 APARECE INCLUIDO, EN SU TITULO VII, DEDICADO A LAS <GARANTIAS Y REGIMEN JURIDICO> DE LOS DERECHOS E INSTITUCIONES REGULADOS EN LOS TITULOS PRECEDENTES. ESTOS TITULOS, A SU VEZ, PRESENTAN UN CONTENIDO HETEROGENEO, QUE UNAS VECES VERSAN SOBRE EL DESENVOLVIMIENTO NORMAL DE UN DERECHO, Y OTRAS SE REFIEREN A RESTRICCIONES EXCEPCIONALES AL EJERCICIO DE OTROS. LA REGLA DE LA INMEDIATA EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PUEDE SER PERFECTAMENTE VALIDA COMO REGLA GENERAL, Y PUEDE JUSTIFICARSE PARA LA SALVAGUARDIA DE OTROS BIENES O DERECHOS CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS, SI ESTA EXIGE LA COMPRENSION DE LOS DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS. PERO ESTA COMPRENSION ES UNA EXCEPCION A LA REGLA DEL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL DERECHO, QUE DEBE SER INTERPRETADA RESTRICTIVAMENTE, DEBE PRODUCIR LA MINIMA PERTURBACION POSIBLE EN EL DERECHO AFECTADO, Y SOLO HA DE PRODUCIRSE EN LOS CASOS Y POR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LA LEY PREVE.

ES CIERTO QUE NO PUEDE DEFENDERSE LA ABSOLUTA NECESIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS PARA LA SALVAGUARDIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ASI, LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Y LA LEY 62/1978, DE 26 DE DICIEMBRE, DEJAN AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE LA DECISION DE PONDERAR, EN CADA SUPUESTO CONCRETO, LOS INTERESES GENERALES Y OTROS VALORES CONSTITUCIONALES PARA CONCEDER O DENEGAR LA SUSPENSION. INCLUSO, AUNQUE REFERIDO A RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, ESTE TRIBUNAL HA CONSIDERADO <COMO EXCEPCIONAL LA POSIBILIDAD DE SUSPENDER SU VIGENCIA O EJECUTORIEDAD> (STC 66/1985, DE 23 DE MAYO DE 1985), RESPECTO A LOS ACTOS O LAS NORMAS QUE EMANAN DE PODERES LEGITIMOS QUE DISFRUTAN DE UNA PRESUNCION DE LEGITIMIDAD, AUNQUE PUEDAN SER CUESTIONADOS. TAMBIEN HA DE CONSIDERARSE LA DOCTRINA YA SENTADA POR ESTE TRIBUNAL DE QUE <EL MAYOR VALOR> DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN SU CONJUNTO (NO) PERMITE CONSIDERAR IMPLICITAS EN LA CONSTITUCION INSTITUCIONES DE GARANTIA QUE ESTA EXPLICITAMENTE NO HA CREADO> (STA66/1985, DE 23 DE MAYO). LA EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JUDICIAL QUE EL ART. 24 DE LA CONSTITUCION ESTABLECE NO IMPONE EN TODOS LOS CASOS LA SUSPENSION DEL ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO, PUES DICHO PRECEPTO LO QUE GARANTIZA ES LA REGULAR Y ADECUADA PRESTACION JURISDICCIONAL, EN UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTIAS, POR PARTE DE LOS ORGANOS JUDICIALES. SIN EMBARGO, ELLO NO QUIERE DECIR QUE CUANDO LA LEGISLACION HA ESTABLECIDO ESA POSIBILIDAD PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, ESTA DECISION LEGISLATIVA NO INCIDE TAMBIEN SOBRE LA CONFIGURACION DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, COMO OCURRE EN EL PRESENTE CASO, DE FORMA QUE LA SUPRESION DE ESA POSIBILIDAD DE SUSPENSION PARA CIERTOS CASOS O GRUPOS DE PERSONAS NO AFECTE A ESTE DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, AL MARGEN DE QUE TAMBIEN PUEDA AFECTAR AL DERECHO A LA IGUALDAD DEL ART. 14 DE LA CONSTITUCION.

DE NUEVO HA DE RECORDARSE AQUI EL TEMA DE LA IGUALDAD DE TRATO DE EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES, Y LA HOMOGENEIDAD DE TRATAMIENTO DE UNOS Y OTROS QUE LA CONSTITUCION RECONOCE RESPECTO A CIERTOS DERECHOS Y GARANTIAS, ENTRE LOS QUE SE INCLUYE, SEGUN HA DICHO LA STC 93/1985, DE 30 DE SEPTIEMBRE, EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, Y POR ELLO, LAS GARANTIAS JUDICIALES VINCULADAS AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. DEBE TENERSE EN CUENTA, ADEMAS, QUE, AUNQUE ESTE TRIBUNAL HA ADMITIDO PARA OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS EXTRANJEROS ALGUNAS RESTRICCIONES EXAMINADAS EN LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS ANTERIORES, ELLO HA SIDO EN LA MEDIDA QUE EXISTE UN SISTEMA DE GARANTIAS SUFICIENTES QUE REDUZCAN AL MINIMO EL RIESGO DE QUE SE PRODUZCA UN USO ARBITRARIO O INJUSTIFICADO DE LAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS DE INTERVENCION. PERO PARA PREVENIR ESTE RIESGO NO ES POSIBLE ELIMINAR PARA TODOS LOS CASOS LA FACULTAD JUDICIAL DE DECLARAR LA SUSPENSION DEL ACTO SI EL JUZGADOR COMPRUEBA QUE TAL MEDIDA NO SE ADECUA A LA NECESIDAD DE SALVAGUARDAR LOS INTERESES GENERALES.

LAS RAZONES QUE SE DAN EN EL ESCRITO DEL LETRADO DEL ESTADO PARA DEFENDER COMO PRINCIPIO GENERAL ABSOLUTO LA NO SUSPENSION LA SALVAGUARDIA DE OTROS VALORES CONSTITUCIONALES (SEGURIDAD NACIONAL, ORDEN PUBLICO, DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS ESPAÑOLES) PUEDE GARANTIZARSE TAMBIEN DE FORMA ADECUADA MEDIANTE EL USO POR EL TRIBUNAL COMPETENTE DE LAS FACULTADES DE VALORACION DE LOS INTERESES EN JUEGO, QUE RECONOCEN TANTO EL ART. 56 DE LA LEY ORGANICA DE ESTE TRIBUNAL O EL ART. 7.4 DE LA LEY 62/1978, DE 26 DE DICIEMBRE. POR ELLO, DEBE SER ESTIMADA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ULTIMO INCISO DEL ART. 34 DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, CUANDO ESTABLECE QUE <EN NINGUN CASO PODRA ACORDARSE LA SUSPENSION DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ADOPTADAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY>.

FALLO

EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA, HA DECIDIDO:

1. ESTIMAR EN PARTE EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y, A TAL EFECTO:

A) DECLARAR QUE NO ES INCONSTITUCIONAL EL ART. 26.2, PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, ENTENDIDO CON EL SENTIDO Y ALCANCE QUE SE INDICA EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 1.

B) DECLARAR INCONSTITUCIONAL Y POR CONSIGUIENTE NULO EL INCISO <Y SOLICITAR DEL ORGANO COMPETENTE SU AUTORIZACION> DEL ART. 7 DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO.

C) DECLARAR INCONSTITUCIONAL Y POR CONSIGUIENTE NULO EL ART. 8.2 DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO.

D) DECLARAR INCONSTITUCIONAL Y POR CONSIGUIENTE NULO EL INCISO SEGUNDO DEL ART. 34 DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE JULIO, <EN NINGUN CASO PODRA ACORDARSE LA SUSPENSION DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ADOPTADAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LEY>.

2. DESESTIMAR EL RECURSO EN TODO LO DEMAS.

PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>.

DADA EN MADRID A SIETE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE. FIRMADO: FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. GLORIA BEGUE CANTON. ANGEL LATORRE SEGURA. FRANCISCO RUBIO LLORENTE. LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON. ANTONIO TRUYOL SERRA. FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL. CARLOS DE LA VEGA BENAYAS. EUGENIO DIAZ EIMIL. MIIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ GUERRA. RUBRICADO.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE Y DON FERNANDO GARCIA MON A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 880/1985A COINCIDIENDO CON EL RESTO DE NUESTROS COLEGAS EN EL JUICIO ACERCA DE LOS ARTS. 26.2 Y 34 DE LA LEY OBJETO DEL PRESENTE RECURSO, HEMOS DISENTIDO DEL CRITERIO SOSTENIDO POR LA MAYORIA RESPECTO DE LOS ARTS. 7 Y 8.2, A LOS QUE SE REFIEREN LOS PUNTOS B) Y C) DEL APARTADO PRIMERO DEL FALLO, POR ENTENDER QUE NI UNO NI OTRO DE ESTOS PRECEPTOS SON CONTRARIOS A LA CONSTITUCION.

NUESTRO DISENTIMIENTO SE ORIGINA EN UN DIVERSO ENTENDIMIENTO DEL SISTEMA DE DERECHOS FUNDAMENTALES ESTABLECIDOS POR NUESTRA CONSTITUCION, EN EL QUE EL ART. 13.1 DESEMPEÑA UNA FUNCION ESENCIAL QUE, EN NUESTRA OPINION, ES IGNORADA EN EL REAZONAMIENTO ADOPTADO POR LA MAYORIA.

EN ESE RAZONAMIENTO, EN EFECTO, ESE PRECEPTO CONSTITUCIONAL QUEDA TOTALMENTE VACIADO DE CONTENIDO, PUES ES CLARO QUE SI SU SIGNIFICADO SE REDUJESE, COMO SE PRETENDE, A LA HABILITACION AL LEGISLADOR PARA MODULAR O REGULAR DE MANERA DISTINTA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PUBLICAS DE LOS EXTRANJEROS EN RELACION CON LOS DE LOS ESPAÑOLES, PERO SIN TRASPASAR EN NINGUN MOMENTO LOS LIMITES IMPLICITOS O EXPLICITOS QUE EL CONTENIDO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIZADO DE ESTOS DERECHOS HA DE TENER, EL PRECEPTO EN CUESTION RESULTARIA PERFECTAMENTE SUPERFLUO, PUES LA POSIBILIDAD DE ESA REGULACION DIFERENCIADA SE DEDUCE YA <A CONTRARIO> DEL ART. 14 DE LA CONSTITUCION QUE REFIERE SOLO A LOS ESPAÑOLES EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY.

FRENTE A TAL INTERPRETACION CREEMOS QUE EL CITADO ART. 13.1, AL EMPLEAR SOLO LA LOCUCION <LIBERTADES PUBLICAS>, EXCLUYENDO LA DE <DERECHOS FUNDAMENTALES> IMPLICA, EN PRIMER LUGAR, QUE TAMBIEN LOS EXTRANJEROS GOZAN DE LOS DERECHOS ENUNCIADOS EN TERMINOS GENERICOS POR LA PROPIA CONSTITUCION Y QUE SON INHERENTES A LA DIGNIDAD HUMANA PARA UTILIZAR LA EXPRESION EMPLEADA EN LAS SSTC 107/1984 Y 93/1985. SIGNIFICA TAMBIEN, SIN DUDA, EN SEGUNDO TERMINO, QUE EL LEGISLADOR ESPAÑOL ESTA OBLIGADO A OTORGAR A LOS EXTRANJEROS QUE VIVEN LEGALMENTE EN ESPAÑA EL USO DE LAS LIBERTADES PUBLICAS QUE GARANTIZA EL TITULO I, PERO, TAMBIEN SIN DUDA, QUE ESAS LIBERTADES NO TIENEN OTRO CONTENIDO QUE AQUEL QUE ESTABLEZCAN LOS TRATADOS Y LA LEY.

ESTAS LIBERTADES PUBLICAS, ENTRE LAS CUALES HAY QUE INCLUIR SIN DUDA LAS DE REUNION Y ASOCIACION, NO PUEDEN SER SUPRIMIDAS A LOS EXTRANJEROS POR EL LEGISLADOR, QUE ACTUARIA AL HACERLO CONTRA EL INCISO INICIAL DEL ART. 13 DE LA C.E., PERO ELLO NO IMPIDE QUE EL LEGISLADOR PUEDA CONFIGURARLAS DEL MODO QUE JUZGUE MAS ADECUADO, EXCLUYENDO DE SU DISFRUTE A CONJUNTOS DETERMINADOS GENERICAMENTE (COMO POR EJEMPLO HACE EL ART. 7 DE ESTA MISMA LEY, EN AQUELLA PARTE NO IMPUGNADA NI CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL POR NUESTROS COLEGAS, EN LA QUE NIEGA A LOS EXTRANJEROS NO RESIDENTES LA LIBERTAD DE MANIFESTARSE O DE CELEBRAR REUNIONES PUBLICAS EN LUGAR CERRADO) O REDUCIENDO SU CONTENIDO A SOLO UNA FRACCION DEL QUE ESA MISMA LIBERTAD TIENE CUANDO SE PREDICA DE LOS ESPAÑOLES (COMO HACE, POR EJEMPLO, EL ART. 10 DE LA LEY AL NEGAR A LOS EXTRANJEROS EL DERECHO A FUNDAR SINDICATOS, QUE FORMA PARTE, SIN EMBARGO, DEL DERECHO CONSAGRADO POR EL ART. 28.1 DE LA CONSTITUCION).

NO CABE DECIR, CIERTAMENTE, QUE EL LEGISLADOR ESPAÑOL NO SE VEA DE ALGUNA MANERA LIMITADO A REGULAR LAS LIBERTADES PUBLICAS DE LOS EXTRANJEROS, PERO ESTOS LIMITES NO DERIVAN DE LOS ENUNCIADOS CONSTITUCIONALES QUE CONSAGRAN LAS LIBERTADES PUBLICAS DE LOS ESPAÑOLES, SINO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, BIEN PORQUE ESTOS IMPONEN UN TRATO ESPECIAL PARA LOS NACIONALES DE ESTA DOS DETERMINADOS, BIEN SEA PORQUE OBLIGAN AL ESTADO ESPAÑOL EN RELACION CON TODOS LOS EXTRANJEROS, SEA CUAL FUERE SU ORIGEN. ESTOS LIMITES QUE NACEN DEL TEXTO DE LOS ARTS. 13.1 Y 10.2 DE LA CONSTITUCION Y CUYA EXISTENCIA PERMITE AFIRMAR QUE ESPAÑA SE ENCUENTRA SIN DUDA ENTRE AQUELLOS PAISES QUE MAS LEJOS HAN LLEGADO EN LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS, VIENEN DADOS, EN LO QUE A ESTE CASO RESPECTA, POR EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, DE 19 DE DICIEMBRE DE 1966 (RATIFICADO POR ESPAÑA EL 27 DE ABRIL DE 1977) Y EL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES FIRMADO EN ROMA EL 4 DE NOVIEMBRE DE 1950 (RATIFICADO POR ESPAÑA EL 10 DE OCTUBRE DE 1979). AMBOS TRATADOS (ARTS. 21 Y 22 DEL PACTO INTERNACIONAL Y ART. 11 DEL CONVENIO DE ROMA) AUTORIZAN EN EFECTO AL LEGISLADOR NACIONAL PARA SUJETAR EL USO DE ESAS LIBERTADES <A LAS RESTRICCIONES QUE SEAN NECESARIAS EN UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA, EN INTERES DE LA SEGURIDAD NACIONAL, DE LA SEGURIDAD PUBLICA O DEL ORDEN PUBLICO, O PARA PROTEGER LA SALUD O LA MORAL PUBLICAS, O LOS DERECHOS O LIBERTADES DE LOS DEMAS>, FINALIDADES A LAS QUE EL CONVENIO DE ROMA AÑADE AUN LA DE PREVENCION DEL DELITO.

BASTA UN SOMERO EXAMEN DE LOS ARTS. 7 Y 8, QUE NUESTROS COLEGAS CONSIDERAN INCONSTITUCIONALES, PARA EVIDENCIAR QUE LAS RESTRICCIONES QUE, EN RELACION CON LOS ESPAÑOLES, SE IMPONEN A LOS EXTRANJEROS EN EL DISFRUTE DE LAS LIBERTADES DE ASOCIACION Y DE REUNION ENCAJAN HOLGADAMENTE EN LAS QUE LOS TRATADOS INTERNACIONALES AUTORIZAN Y QUE, POR LO TANTO, EL LEGISLADOR ESPAÑOL NO HA TRASPASADO NI DE LEJOS LOS UNICOS LIMITES QUE INDIRECTAMENTE LA CONSTITUCION IMPUSO A SU LIBERTAD DE CONFIGURACION.

CONVIENE POR ULTIMO SEÑALAR QUE LA POSIBLE SUSPENSION GUBERNATIVA (POR EL CONSEJO DE MINISTROS Y POR TIEMPO Y CAUSAS TASADAS) DE UNA ASOCIACION MAYORITARIAMENTE INTEGRADA POR EXTRANJEROS HUBIERA QUEDADO SOMETIDA A CONTROL JUDICIAL (INCLUYENDO LA POSIBLE SUSPENSION JUDICIAL DE LA SUSPENSION GUBERNATIVA), TODA VEZ QUE EL TRIBUNAL DECLARA INCONSTITUCIONAL Y NULO EL INCISO FINAL DEL ART. 34 DE ESTA LEY, DECLARACION EN LA QUE COINCIDIMOS CON EL RESTO DEL PLENO.

MADRID, SIETE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE.

FIRMADO: FRANCISCO RUBIO LLORENTE. FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. FERNANDO GARCIA-MON. RUBRICADO.

Análisis

  • Rango: Sentencia
  • Fecha de disposición: 07/07/1987
  • Fecha de publicación: 29/07/1987
Referencias anteriores
  • DICTADA en el recurso núm. 880/1985 (Ref. BOE-A-1985-22830).
  • DECLARA inconstitucionales los arts 7, el Inciso mencionado, 8.2, 26.2 párrafo segundo, y 34.2 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio (Ref. BOE-A-1985-12767).
Materias
  • Asociaciones
  • Extranjeros
  • Reuniones
  • Tribunal Constitucional

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