I
La Ley de Presupuestos Generales del Estado se convierte cada año en el instrumento necesario para dotar a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales de los recursos resultantes de la aplicación de los sistemas de financiación territorial, a través de las entregas a cuenta que se deben transferir.
Ante la actual situación de prórroga presupuestaria, las entregas a cuenta deben actualizarse porque, de no hacerlo, se generarían unos resultados financieros indeseados, contrarios a la lógica financiera de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias y del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Ello es así porque impediría trasladar a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales el incremento de los recursos derivados de la diferencia de previsiones, entre la disponible para el año 2027 y la considerada para el año 2023.
Adicionalmente, la no actualización generaría distorsiones relevantes sobre las finanzas de las citadas administraciones territoriales y del propio Estado, que devendrían en graves e irreversibles en ausencia de las medidas contempladas en este real decreto-ley.
Por el contrario, la adopción de medidas de actualización de las entregas a cuenta, para adecuar las previsiones de ingresos previas a la cesión a las administraciones territoriales a la previsión de ingresos tributarios del Estado para 2027, permitirá un mejor ajuste de los recursos financieros de los distintos subsectores de las administraciones públicas a la posición cíclica de la economía española. Ello forma parte, en consecuencia, del margen de decisión del Estado en el marco de sus funciones de coordinación general de la actividad financiera del Estado y de sus propias competencias en materia de Hacienda Pública de conformidad con el artículo 149.1. 14.ª de la Constitución Española.
Esta actualización de entregas a cuenta en prórroga para 2027 no altera el régimen financiero actual de las Comunidades Autónomas, sino que, por el contrario, se basa en la aplicación de los artículos 12 a 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Tampoco altera el régimen financiero actual de las Entidades Locales, sino que se limita a actualizar los importes de las entregas a cuenta correspondientes al año 2027, si bien se deberá considerar la revisión cuatrienal del ámbito subjetivo de aplicación de los modelos de financiación, que se realizó en 2024, y que se reguló en el artículo 8 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.
Finalmente, se aprueban otras medidas dirigidas a flexibilizar el marco financiero de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Se posibilita el destino del superávit presupuestario de 2026 de las administraciones territoriales para financiar inversiones financieramente sostenibles.
II
Por otro lado, el Gobierno, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, ha aprobado el Real Decreto 1013/2026, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2027, el cual ha establecido las cuantías que regirán a partir del 1 de enero de 2027, tanto para las personas trabajadoras que son fijas como para las que son eventuales o temporeras, así como para las empleadas y empleados de hogar. La cuantía del salario mínimo interprofesional (en adelante SMI) será, en 2027, de 18.004 euros anuales.
Como ya sucedió en años anteriores, dicha elevación del SMI hace necesario abordar con carácter inmediato su derivada fiscal o, lo que es lo mismo, el impacto fiscal de la misma, lo cual exige modificar la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para evitar la tributación de los perceptores del mismo. Así, se modifica la disposición adicional sexagésima primera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, reguladora de la deducción en la cuota líquida del impuesto por obtención de rendimientos del trabajo, para incrementar la cuantía de dicha deducción. Con ello se evitará que los contribuyentes perceptores del salario mínimo interprofesional fijado para 2027 tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Asimismo, con la finalidad de evitar el correspondiente «error de salto», esto es, que se produzca un aumento de la cuota tributaria superior al incremento del rendimiento del trabajo obtenido, la medida se extiende a contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo derivados de la prestación efectiva de servicios mediante una relación laboral o estatutaria inferiores a 23.171,89 euros anuales, los cuales verán también reducida su correspondiente cuota tributaria.
En relación con esta modificación legal, es preciso recordar que la letra d) del artículo 8 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, exige que, entre otros supuestos, se regulen por ley las reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales, lo que conlleva necesariamente que dicha modificación se realice por una norma de rango legal, como es este real decreto-ley.
En paralelo, con la finalidad de evitar que los trabajadores que perciban el salario mínimo interprofesional soporten retención e ingreso a cuenta se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, RIRPF), aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
Para la consecución de dicho objetivo, se modifica el artículo 85 del Reglamento del Impuesto para adaptar el procedimiento de cálculo de la cuota de retención en el caso de perceptores de rendimientos del trabajo a los que resulte de aplicación la deducción prevista en la citada disposición adicional sexagésima primera de la Ley del Impuesto.
La necesidad de operar simultáneamente ambas modificaciones obliga a que la referida modificación reglamentaria se realice también en este real decreto-ley.
III
El presente real decreto-ley recoge también medidas en materia económica cuya adopción resulta necesaria para el refuerzo y promoción de la economía española y, en particular, de las empresas ceutíes.
El Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta, preveía una serie de ayudas a la internacionalización para revitalizar la economía ceutí y evitar que la crisis migratoria impacte negativamente en la economía de la ciudad.
En particular, el Plan Ceuta Exporta de ICEX incluía medidas de atención individualizada y personalizada a las empresas exportadoras de Ceuta que permitían conocer el impacto de la situación, los retos a los que se enfrentan y las necesidades de asesoramiento para fomentar su internacionalización como vía para incrementar la resiliencia y competitividad de las empresas.
Una vez puesto en marcha el Plan Ceuta Exporta, se ha puesto de manifiesto la importancia de la formación en materia de internacionalización a las empresas ceutíes. Por ello, ICEX necesita reforzar el Plan mediante la inclusión de ayudas para la formación en internacionalización a personas físicas residentes en Ceuta que repercutan en la mejora de la internacionalización de su tejido empresarial. Estas ayudas se regirán por el artículo 3.2, párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de la misma manera que ocurre con las ayudas de ICEX previstas en la disposición adicional vigesimosexta apartado 2.b).
Igualmente, para apoyar la recuperación del tejido empresarial ceutí, se considera oportuno facilitar su participación en servicios y actividades de promoción de comercio internacional organizadas por ICEX España Exportación e Inversiones, EPE sin abonar cuotas, para lo cual es necesario establecer una exención a las mismas.
Finalmente, analizadas las medidas más oportunas para contribuir a la mejora de la internacionalización del tejido empresarial ceutí, se considera conveniente ampliar el plazo de ejecución del Plan Ceuta Exporta de ICEX hasta el 31 de diciembre de 2027, de modo que se puedan incorporar acciones durante un tiempo suficiente como para que tengan un impacto más amplio.
Por otro lado, la entrada irregular de personas migrantes en la isla de El Hierro durante este otoño de 2026 está teniendo un fuerte impacto en el funcionamiento ordinario de los servicios públicos de la isla y en la prestación de sus servicios esenciales y obligatorios, así como en la vida cotidiana de sus ciudadanos.
Desde entonces el Gobierno ha desarrollado diversas actuaciones dirigidas a posibilitar la movilización inmediata de recursos en el territorio, reforzar la seguridad fronteriza, impulsar los procedimientos de retorno de las personas que han accedido irregularmente al territorio nacional y proporcionar apoyo directo a la población herreña.
La excepcionalidad sobrevenida de la situación hace necesario ahora incrementar el apoyo financiero a la Comunidad Autónoma de Canarias para reforzar los servicios sanitarios de la isla y la reparación de infraestructuras portuarias en La Restinga, y al Cabildo Insular de El Hierro para garantizar la adecuada prestación de servicios esenciales, mediante subvenciones de concesión directa, con el fin de paliar los efectos negativos producidos o que se estén produciendo como consecuencia de la alteración de la normal actividad administrativa y financiera necesaria para la prestación de los servicios públicos de la isla de El Hierro y de la aparición de gastos extraordinarios.
IV
La norma consta de una parte expositiva y de una parte dispositiva estructurada en tres capítulos, nueve artículos y cuatro disposiciones finales.
El primer capítulo, dedicado a las medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial, consta de cuatro artículos.
Así, el artículo 1 regula la actualización de las entregas a cuenta de las Comunidades Autónomas en 2027 en situación de prórroga presupuestaria. Su apartado 1 establece que para la determinación del importe de las entregas a cuenta, la previsión de ingresos tributarios previos a la cesión a las administraciones territoriales será la misma a partir de la cual se determinó el techo de gasto no financiero para 2027, aprobado por el Consejo de Ministros el 7 y 21 de julio de 2026, como trámite indispensable para elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 2027, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. El apartado 2 se ocupa de los restantes parámetros, variables o datos de referencia necesarios para la aplicación de lo previsto en los citados artículos 12 a 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. El apartado 3 regula los suplementos de crédito necesarios para financiar estas entregas a cuenta actualizadas.
Por lo que se refiere al ámbito de las Entidades Locales, el artículo 2 establece las reglas de actualización de las entregas a cuenta de la participación de las Entidades Locales en tributos del Estado correspondiente al año 2027, en situación de prórroga presupuestaria, estableciendo su régimen jurídico, los criterios de determinación del índice provisional de evolución de los ingresos tributarios del Estado y los valores de referencia para el cálculo de las entregas a cuenta de la cesión de impuestos estatales y de la participación correspondiente a las variables población, esfuerzo fiscal e inverso de la capacidad tributaria aplicable a los municipios no incluidos en el modelo de cesión de impuestos estatales. Es preciso destacar que, en relación con las entregas a cuenta, igualmente se considerarán las previsiones de ingresos tributarios previos a la cesión a las administraciones territoriales, por figuras y conceptos tributarios, a partir de las cuales se determinó el límite de gasto no financiero para 2027, aprobado por el Consejo de Ministros el 7 y 21 de julio de 2026, como trámite previo indispensable para elaborar los Presupuestos Generales del Estado, así como el resultado de lo dispuesto en este real decreto-ley para las Comunidades Autónomas.
En el ámbito financiero, se establece la forma de determinación de los libramientos de fondos a favor de las Entidades Locales una vez entre en vigor la presente norma. Para posibilitar la actualización de los importes de las entregas a cuenta, se aprueban los suplementos de crédito necesarios para dar cobertura a dicha medida.
El artículo 3 regula las inversiones financieramente sostenibles como regla excepcional de destino del superávit presupuestario de las Comunidades Autónomas de 2026.
El artículo 4 dispone la aplicación de la regla especial del destino del superávit presupuestario de las Entidades Locales de 2026, recogida en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Por otro lado, el segundo capítulo, contiene medidas de naturaleza tributaria.
El artículo 5 modifica la deducción por obtención de rendimientos del trabajo regulada en la disposición adicional sexagésima primera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, incrementando su cuantía, con la finalidad de evitar que los contribuyentes perceptores del salario mínimo interprofesional fijado para 2027 tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
De esta forma, cuando los rendimientos íntegros del trabajo sean iguales o inferiores a 18.004 euros anuales, la deducción por este concepto será de 1.033,58 euros anuales y, cuando los rendimientos íntegros del trabajo estén comprendidos entre 23.171,89 euros anuales y 18.004 euros anuales, la deducción será de 1.033,58 euros menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 18.004 euros anuales.
El artículo 6 modifica el artículo 85 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la finalidad de trasladar al sistema de retenciones lo establecido en el artículo 1. De esta forma se garantiza que el perceptor del salario mínimo interprofesional no soporte retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, evitando como hasta ahora tener que presentar posteriormente la declaración anual del impuesto para lograr la devolución de las retenciones soportadas.
En el capítulo III, el artículo 7 modifica el apartado 2 del artículo 15 del Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta, a fin de reforzar el Plan Ceuta Exporta de ICEX.
El artículo 8 regula la concesión directa de subvenciones a la Comunidad Autónoma de Canarias por un importe total de 3 millones de euros destinadas a financiar los gastos extraordinarios soportados por el Servicio Canario de la Salud como consecuencia de la prestación de servicios sanitarios en la isla de El Hierro para atender las necesidades ocasionadas por la crisis migratoria producida durante el otoño de 2026, así como para la reparación de infraestructuras portuarias en La Restinga. Igualmente aprueba los créditos extraordinarios necesarios para atender dichos gastos extraordinarios. Estas subvenciones se deberán hacer efectivas en los términos de las resoluciones que dicte el Secretario de Estado de Hacienda, con cargo a los créditos extraordinarios que se conceden y detallan en el mismo precepto analizado.
El artículo 9 regula una subvención de concesión directa al Cabildo Insular de El Hierro por importe de 2 millones de euros destinada a financiar los gastos extraordinarios realizados en concepto de actuaciones urgentes en el ámbito social y económico para atender las necesidades derivadas de la crisis migratoria producida en el otoño de 2026. La cobertura presupuestaria de la referida subvención se garantiza mediante la aprobación del correspondiente crédito extraordinario. Esta subvención se hará efectiva en los términos de la resolución que dicte la persona titular de la Secretaría de Estado de Hacienda, con cargo al crédito extraordinario correspondiente.
Se añaden a lo anterior varias disposiciones finales.
La disposición final primera modifica el Real Decreto-ley 36/2026, de 10 de noviembre, de medidas para el adecuado despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, a fin de introducir una corrección.
La disposición final segunda establece una salvaguarda de rango, de modo que las modificaciones en el RIRPF que ahora introduce este real decreto-ley puedan ser modificadas posteriormente por normas de rango reglamentario.
La disposición final tercera recoge el título competencial en virtud del cual se dicta este real decreto-ley.
Por último, la disposición final cuarta establece la entrada en vigor del real decreto-ley el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo las medidas previstas en el capítulo I, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.
V
Concurren en las medidas que integran este real decreto-ley, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuesto habilitante para la aprobación de este tipo de normas.
El citado artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso de urgente y extraordinaria necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
Así, el real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, tal y como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 de julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía ordinaria o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Debe quedar, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4)».
Para la concurrencia del presupuesto de la extraordinaria y urgente necesidad, la jurisprudencia del Alto Tribunal exige, por un lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno para su aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la situación de urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella» (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3; 137/2003, de 3 de julio, FJ 4 y 61/2018, de 7 de junio, FJ 4).
Cabe señalar, en primer lugar, que la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión se traduce en una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019).
En lo que respecta a las medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial, las normas que contiene el real decreto-ley suponen la adecuación a las cuantías disponibles para 2027 de los importes del sistema de financiación que en dicho año corresponden a las Comunidades Autónomas de régimen común, así como las cuantías en concepto de participación en ingresos del Estado que corresponderán a las Entidades Locales.
Igualmente, se da la misma circunstancia respecto al resto de medidas financieras relativas a la habilitación de la ejecución de inversiones financieramente sostenibles por parte de Comunidades Autónomas y Entidades Locales como regla especial de destino del superávit presupuestario de 2026.
En el presente caso la urgencia viene determinada por el fuerte y negativo impacto que se produciría sobre las finanzas del año 2027 de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales y del propio Estado, y que resultarían irreversibles para dicho ejercicio, en caso de no actualizarse las entregas a cuenta. Este impacto afecta de manera progresiva y creciente desde el punto de vista de tesorería a lo largo del ejercicio presupuestario. Teniendo en cuenta el importe de esta actualización en relación con el total de recursos que recibirían las administraciones territoriales mensualmente en su ausencia, podrían producirse importantes tensiones de tesorería en algunas Comunidades Autónomas, arriesgando su capacidad para hacer frente al pago de gastos relacionados con servicios públicos fundamentales, como los referidos a farmacia o dependencia.
Dado que la disponibilidad de tesorería no es homogénea entre administraciones, algunas Comunidades Autónomas podrían tener dificultades para cubrir la carencia de estos recursos con sus instrumentos de liquidez, por lo que se verían obligadas a endeudarse, arriesgando el cumplimiento del objetivo de deuda pública.
Otra consecuencia de esta situación consistiría en que las insuficiencias de tesorería generadas por los menores recursos recibidos producirían un incremento de los plazos del pago a proveedores. En efecto, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado sin actualización de las entregas a cuenta afectaría al sector privado, afectando a los proveedores que contratan con las administraciones territoriales, dado que podrían verse obligados a asumir alargamientos en los plazos de cobro por sus servicios. En este sentido es necesario tener en cuenta que España continúa realizando esfuerzos para reducir la morosidad de las administraciones públicas. El respeto a los plazos establecidos en la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, hace necesario revertir cualquier efecto perjudicial que la prórroga de los presupuestos generales del Estado pudiera tener en la tesorería de las administraciones territoriales y, en segunda instancia, en sus plazos medios de pago a proveedores.
De manera adicional, el alargamiento del período medio de pago a proveedores podría tener consecuencias presupuestarias perjudiciales en algunas administraciones, que se podrían ver obligadas a la adopción de medidas ante un periodo medio de pago excesivo que establece la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Estas medidas serían más graves en el caso de aquellas Comunidades Autónomas que ya tienen un periodo medio de pago a proveedores por encima de los treinta días.
Igualmente, las otras medidas financieras que habilitan a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales la ejecución de inversiones financieramente sostenibles en 2027 como destino del superávit presupuestario de 2026 son urgentes y necesarias porque afectan a materias presupuestarias y financieras del ejercicio 2027 que las administraciones territoriales han de programar y ejecutar en ese ejercicio.
Tanto la actualización de las entregas a cuenta en los términos recogidos en este real decreto-ley como las medidas del destino del superávit de 2026 son necesarias en la elaboración de los presupuestos de las administraciones territoriales para el próximo año, así como para establecer con la suficiente antelación en este año 2026 las líneas maestras de la gestión presupuestaria que consideren que deben ejecutar desde el inicio del próximo ejercicio.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha declarado que esa situación de extraordinaria y urgente necesidad puede deducirse «de una pluralidad de elementos», entre ellos, «los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma» (STC 6/1983, de 4 de febrero). Por su parte, entre la situación de extraordinaria y urgente necesidad que habilita el empleo del real decreto-ley y las medidas contenidas en él debe existir una «relación directa o de congruencia».
La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión se traduce en una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019).
En estos momentos en que la situación parlamentaria no permite seguir el procedimiento legislativo ordinario y, sobre todo, la necesidad de eliminar de forma urgente el impacto fiscal derivado de la elevación del salario mínimo interprofesional prevista en el Real Decreto 1013/2026, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2027, se hace preciso utilizar este instrumento normativo, pues de otro modo el efecto de la prevista elevación salarial podría verse reducido por la aplicación de la normativa tributaria.
Asimismo, la reserva de ley establecida en materia tributaria (artículos 31.3 y 133.1 y 3 CE) y, en particular, la letra d) del artículo 8 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, justifican la utilización del real decreto-ley.
Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ningún caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3).
Debe destacarse también que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución Española, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
Respecto a las Comunidades Autónomas, las normas que contiene el real decreto-ley son mero desarrollo y concreción de los importes del sistema de financiación que en 2026 corresponde a las Comunidades autónomas de régimen común en virtud de lo dispuesto en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Es decir, el real decreto-ley, en ausencia de ley de presupuestos generales del Estado para 2026, concreta la financiación provisional que corresponde a las Comunidades Autónomas de régimen común en base a la última previsión de ingresos tributarios del Estado para este ejercicio con la que se aprobó el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado para 2026.
En relación con la prohibición de afectación a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución Española, la consolidada doctrina constitucional se resume en la STC 139/2016, de 21 de julio (FJ 6), «1.º) (…) este Tribunal ha rechazado una interpretación extensiva de dicho límite que supondría el vaciamiento de la figura del decreto-ley, haciéndolo “inservible para regular con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias incluidas en el título I de la Constitución; 2.º) La cláusula restrictiva debe ser entendida de modo que no se reduzca a la nada la figura del decreto-ley, de suerte que lo que se prohíbe constitucionalmente es que se regule un régimen general de estos derechos, deberes y libertades o que vaya en contra del contenido o elementos esenciales de algunos de tales derechos” (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8, confirmada por otras posteriores); 3.º) El Tribunal no debe fijarse únicamente en el modo en que se manifiesta el principio de reserva de ley en una determinada materia, sino más bien ha de examinar si ha existido “afectación” por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el título I CE, lo que exigirá tener en cuenta la configuración constitucional del derecho, deber o libertad afectado en cada caso e incluso su ubicación sistemática en el texto constitucional y la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate (…)».
Dentro del título I de la Constitución Española se inserta el artículo 31.1, del que se deriva el deber de «todos» de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos; lo que supone que uno de los deberes cuya afectación está vedada al decreto-ley es el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. El decreto-ley «no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo»; vulnera el artículo 86.1 CE, en consecuencia, «cualquier intervención o innovación normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario» (SSTC 182/1997, FJ 7; 100/2012, FJ 9; 139/2016, FJ 6, y 35/2017, FJ 5, por todas). De conformidad con lo indicado, es preciso tener en cuenta, en cada caso, «en qué tributo concreto incide el decreto-ley –constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad económica–, qué elementos del mismo –esenciales o no– resultan alterados por este excepcional modo de producción normativa y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, FJ 7; 189/2005, FJ 7, y 83/2014, FJ 5).
Asimismo, el Tribunal Constitucional [SSTC 35/2017, de 1 de marzo (F.J. 5.º) 100/2012, de 8 de mayo (F.J. 9) 111/1983] sostiene que el sometimiento de la materia tributaria al principio de reserva de ley (artículos 31.3 y 133.1 y 3 CE) tiene carácter relativo y no absoluto, por lo que el ámbito de regulación del decreto-ley puede penetrar en la materia tributaria siempre que se den los requisitos constitucionales del presupuesto habilitante y no afecte a las materias excluidas, que implica en definitiva la imposibilidad mediante dicho instrumento de alteración del régimen general o de los elementos esenciales de los tributos, si inciden sensiblemente en la determinación de la carga tributaria o son susceptibles de afectar así al deber general de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo.
En el presente caso, aun siendo el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas un elemento nuclear de nuestro sistema impositivo, la modificación que ahora se introduce no supone una alteración de su estructura, ni de la delimitación general de la capacidad económica gravada, ni de la tarifa del impuesto o de los principios generales de determinación de la cuota tributaria, limitándose simplemente a realizar los ajustes necesarios para evitar la tributación de los perceptores de estas rentas. En suma, se trata de medidas de carácter favorable que aumentan la deducción para sus destinatarios, que son los perceptores de rendimientos del trabajo comprendidos en el ámbito de esta norma.
En consecuencia, este real decreto-ley realiza las modificaciones estrictamente necesarias para lograr los fines perseguidos, las cuales no suponen en absoluto una afectación al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, conforme señala el artículo 31.1 de la Constitución Española.
En lo que respecta a las medidas en materia económica recogidas en el capítulo III, una vez puesto en marcha el Plan Ceuta Exporta, se han constatado necesidades adicionales a las inicialmente previstas para fomentar la internacionalización del tejido empresarial de la Ciudad Autónoma. Medidas que aconsejan, además, un mayor plazo para la ejecución del Plan en aras de facilitar que las empresas ceutíes se beneficien de las mismas y de conseguir un impacto más amplio.
Por ello, se plantea la ampliación del plazo del Plan hasta el 31 de diciembre de 2027, superando los seis meses previstos inicialmente y que no permitían conseguir un impacto suficiente en la internacionalización del tejido empresarial ceutí. Se prevé, igualmente, el refuerzo del Plan mediante la inclusión de ayudas para la formación en internacionalización a personas físicas residentes en Ceuta que repercutan en la mejora de la internacionalización de su tejido empresarial.
Por otro lado, la excepcionalidad de la crisis migratoria que vienen sufriendo El Hierro la Comunidad debe ser atendida de forma urgente por la necesidad que implica de reforzar los servicios sanitarios de la isla y el Cabildo Insular de El Hierro para garantizar la adecuada prestación de servicios esenciales, mediante subvenciones de concesión directa, paliando o evitando mayores afectaciones de la normalidad de la vida de sus habitantes, y garantizando la adecuada prestación de los servicios públicos necesarios para atender sanitariamente a las personas migrantes.
En definitiva, el empleo del real decreto-ley representa un instrumento constitucionalmente preciso, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional, que subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes. Tampoco afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
VI
Este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, toda vez que el principio de necesidad ha quedado sobradamente justificado anteriormente con la explicación y concurrencia del presupuesto habilitante exigido por el artículo 86.1 de la Constitución Española para la aprobación por el Gobierno de reales decretos-leyes. La protección del interés general requiere un instrumento jurídico eficaz, siendo así el real decreto-ley el más inmediato para garantizar su consecución.
En lo que concierne a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia, debe destacarse que la modificación se limita estrictamente a abordar de forma puntual, precisa y clara este aspecto, mediante la mejor alternativa posible, la aprobación de un real decreto-ley, dado el rango legal exigible y la urgente necesidad ya referida. De acuerdo con lo antes expuesto, esta norma está justificada por razones de interés general, persigue unos fines claros y determinados y es el instrumento más adecuado e inmediato para garantizar su consecución. Igualmente, la norma resulta acorde con el principio de proporcionalidad, por cuanto se trata de la regulación mínima e indispensable para la consecución de los objetivos descritos. Del mismo modo, el principio de seguridad jurídica resulta plenamente garantizado ya que la norma respeta y se inserta coherentemente dentro del sistema de fuentes y con el resto del ordenamiento jurídico. Ante la situación de extraordinaria y urgente necesidad analizada, la aprobación de un real decreto-ley, dado el rango legal exigible a las medidas a implementar y ante las alternativas posibles, hacen que esta norma se erija como la opción más adecuada y pertinente.
Ante la situación de extraordinaria y urgente necesidad analizada, la aprobación de un real decreto-ley, dado el rango legal exigible a las medidas a implementar y ante las alternativas posibles, hacen que esta norma se erija como la opción más adecuada y pertinente.
Por lo que al principio de transparencia se refiere, y si bien la norma está exenta de la realización de los trámites de consulta pública y audiencia e información pública, tal y como establece el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, los objetivos que pretende este real decreto-ley están nítidamente explicados tanto en su parte expositiva como en la memoria que lo respalda.
Finalmente, respecto del principio de eficiencia, la norma no genera cargas administrativas para la ciudadanía y permitirá racionalizar la planificación y ejecución de los recursos públicos por parte de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
Este real decreto-ley es dictado al amparo de lo dispuesto en las reglas 13.ª y 14.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y Hacienda General y Deuda del Estado.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta del Ministro de Hacienda, y del Ministro de Economía, Comercio y Empresa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de noviembre de 2026,
DISPONGO:
1. Desde el 1 de enero de 2027 hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2027, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 11.2 y 12 a 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, el cálculo de las entregas a cuenta de los recursos sujetos a liquidación en situación de prórroga presupuestaria tendrá como base las previsiones de ingresos tributarios previos a la cesión a las administraciones territoriales a partir de las cuales se determinó el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2027, aprobado por el Consejo de Ministros el 7 y 21 de julio de 2026, como trámite previo indispensable para elaborar los Presupuestos Generales del Estado, y que se recogen a continuación:
| Conceptos |
Importe – (Millones de euros) |
|---|---|
| Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. | 160.794 |
| Impuesto sobre el Valor Añadido. | 111.429 |
| Alcohol y bebidas derivadas. | 772 |
| Cerveza. | 338 |
| Productos Intermedios. | 23 |
| Hidrocarburos. | 12.417 |
| Labores del tabaco. | 7.470 |
| Electricidad. | 1.359 |
2. El valor de los restantes parámetros, variables o datos de referencia necesarios para la aplicación de lo previsto en los citados artículos 12 a 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en los términos previstos en los mismos, se efectuará con referencia a su situación de publicación, disponibilidad o periodo de liquidación, según corresponda, existente a la fecha de aprobación del límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2027 por el Consejo de Ministros. No obstante, si antes de que termine el año 2026, se publican reales decretos de traspaso, se realizarán las correspondientes revisiones de oficio del valor del Fondo de Suficiencia Global, para que surtan efectos desde el comienzo del ejercicio 2027, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. En el año 2027 se tramitarían las modificaciones presupuestarias que, en su caso, correspondan para adecuar los créditos de las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global, suplementados conforme a lo previsto en el apartado siguiente, al valor revisado.
3. Para financiar la actualización de las entregas a cuenta de los recursos sujetos a liquidación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de autonomía, calculadas conforme a lo recogido en el apartado anterior, se conceden suplementos de crédito en el presupuesto vigente a 1 de enero de 2027 en el concepto 451 «Fondo de Suficiencia Global» del Programa 941M «Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado» en los siguientes servicios de la Sección 38 «Sistemas de Financiación de Entes Territoriales» por las cantidades que se indican:
| Aplicación Presupuestaria | Denominación |
Importe – (Miles de euros) |
|---|---|---|
| 38.02.941M.451 | Fondo de Suficiencia Global: Cataluña. | 407.713,39 |
| 38.03.941M.451 | Fondo de Suficiencia Global: Galicia. | 287.524,82 |
| 38.04.941M.451 | Fondo de Suficiencia Global: Andalucía. | 210.296,97 |
| 38.05.941M.451 | Fondo de Suficiencia Global: Principado de Asturias. | 88.218,64 |
| 38.06.941M.451 | Fondo de Suficiencia Global: Cantabria. | 244.036,23 |
| 38.07.941M.451 | Fondo de Suficiencia Global: La Rioja. | 105.252,47 |
| 38.10.941M.451 | Fondo de Suficiencia Global: Aragón. | 132.065,80 |
| 38.11.941M.451 | Fondo de Suficiencia Global: Castilla-La Mancha. | 28.933,93 |
| 38.12.941M.451 | Fondo de Suficiencia Global: Canarias. | 28.145,36 |
| 38.14.941M.451 | Fondo de Suficiencia Global: Extremadura. | 218.588,62 |
| 38.17.941M.451 | Fondo de Suficiencia Global: Castilla y León. | 204.941,92 |
| 38.18.941M.451 | Fondo de Suficiencia Global: Melilla. | 14.264,04 |
| 38.19.941M.451 | Fondo de Suficiencia Global: Ceuta. | 17.813,93 |
Asimismo, para financiar la actualización de las entregas a cuenta de la aportación del Estado al Fondo de Garantía, se concede un suplemento de crédito en el presupuesto vigente a 1 de enero de 2027 por importe de 4.623.570,00 miles de euros, en el concepto 453 «Aportación del Estado al Fondo de Garantía», del Programa 941M «Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado», del servicio 20 «Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Varias CC. AA.», de la Sección 38 «Sistemas de Financiación de Entes Territoriales».
1. A los efectos del cálculo de las entregas a cuenta de la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado de los componentes de financiación regulados en las Secciones 3.ª y 5.ª del capítulo I, «Entidades locales», del título VII, «De los entes territoriales», de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, el índice provisional de evolución de los ingresos tributarios del Estado entre el año 2004 y el año 2027 se determinará con los criterios establecidos en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que consisten en:
a) Los ingresos tributarios del Estado del año al que correspondan las entregas a cuenta están constituidos por la recaudación estatal en el ejercicio excluidos los recursos tributarios cedidos a las Comunidades Autónomas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido y por los Impuestos Especiales, en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. A estos efectos, se tendrá en cuenta lo dispuesto en este real decreto-ley para las Comunidades Autónomas.
b) Por lo que se refiere al cálculo de los ingresos tributarios del Estado del año 2004, se utilizarán los criterios de homogeneización establecidos en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Esto es, se procederá a simular la entrega a cuenta del año 2004 de las Comunidades Autónomas en los términos de cesión correspondientes al año al que correspondan las entregas a cuenta que se deban calcular. Por lo que respecta a la liquidación del 2002 se calculará por diferencia entre el rendimiento definitivo de las Comunidades Autónomas en los términos de cesión del año al que correspondan las entregas a cuenta que se deban calcular y las entregas que se hubieran efectuado de acuerdo con dichos términos de cesión.
Igualmente, para la determinación del resto de los índices de evolución, se aplicará lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, sustituyendo, si procede, el año base 2007 por el que corresponda.
2. Para el cálculo de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado del año 2027, se aplicarán las reglas contenidas en las secciones 2.ª a 6.ª del capítulo I, «Entidades locales», del título VII, «De los entes territoriales, de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, así como las reglas de la revisión cuatrienal del ámbito subjetivo de aplicación de los modelos de financiación del artículo 8 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, actualizándose en los siguientes términos:
a) En cuanto a las entregas a cuenta de la cesión de rendimientos recaudatorios de los impuestos estatales, regulada en las secciones 2.ª y 4.ª, se utilizarán los datos de la última liquidación practicada, correspondiente a 2024, y, en su caso, la población de derecho según el padrón de la población municipal vigente a 1 de enero de 2027 y aprobado oficialmente por el Gobierno. Además, por lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se utilizará el índice de actualización que resulte de dividir el importe de la previsión, para 2027, por retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados, entre el importe de los derechos liquidados por estos conceptos, correspondientes al año 2024; y, en cuanto a los impuestos indirectos, se utilizarán las previsiones de recaudación para el año 2027.
b) En cuanto a las entregas a cuenta de los componentes de financiación regulados en las Secciones 3.ª y 5.ª, se aplicarán los criterios recogidos en el artículo 100 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, debiendo entenderse realizadas a 2027 las referencias que contenga al año 2023.
c) Para los municipios turísticos resultantes de la revisión referida a 1 de enero de 2024, la cesión de la recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco calculada para el año base 2004, a que hace referencia el artículo 125.4 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, será el resultado de dividir la cesión de la recaudación líquida de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco correspondiente a cada municipio en el ejercicio 2027 por la evolución de los ingresos tributarios del Estado en este último respecto de 2004.
d) A efectos de determinación de las entregas a cuenta, incluido el índice provisional de evolución, se considerarán las previsiones de ingresos tributarios previos a la cesión a las administraciones territoriales, por figuras y conceptos tributarios, a partir de las cuales se determinó el límite de gasto no financiero para 2027, aprobado por el Consejo de Ministros el 7 y 21 de julio de 2026, como trámite previo indispensable para elaborar los Presupuestos Generales del Estado, así como el resultado de lo dispuesto en este real decreto-ley para las Comunidades Autónomas.
e) Lo dispuesto en este artículo se aplicará a los libramientos que se efectúen por la Administración General del Estado a favor de las Entidades Locales correspondientes a las entregas a cuenta del año 2027 desde el 1 de enero de 2027 hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2027.
3. La referencia al año 2023 que se incluye en el artículo 114 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, debe considerarse efectuada a 2027.
4. Para financiar la actualización del importe de las entregas a cuenta de la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado se conceden suplementos de crédito en el presupuesto vigente a 1 de enero de 2027 en los siguientes conceptos del Programa 942M «Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado» del Servicio 21 «Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales» de la Sección 38 «Sistemas de Financiación de Entes Territoriales» por los importes que se indican:
| (Miles de euros) | ||
|---|---|---|
| 46001 | Entregas a cuenta a favor de los Municipios no incluidos en el modelo de cesión por su participación en los conceptos tributarios de los capítulos I y II del Presupuesto de Ingresos del Estado no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas. | 2.237.210,09 |
| 46002 | Entregas a cuenta a favor de los Municipios por su participación en los conceptos tributarios de los capítulos I y II del Presupuesto de Ingresos del Estado no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas. Fondo Complementario de Financiación. | 3.380.054,01 |
| 46101 | Entregas a cuenta a las Diputaciones y Cabildos Insulares por su participación en los ingresos de los capítulos I y II del Presupuesto del Estado por recursos no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas. | 2.724.076,99 |
1. Las Comunidades Autónomas que hubieran obtenido superávit en términos de contabilidad nacional en el ejercicio 2026, según el informe previsto en el artículo 17.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, quedarán eximidas de la aplicación del artículo 32 de dicha ley orgánica y podrán destinar dicho superávit, en los ejercicios 2027 y 2028, a financiar inversiones que sean financieramente sostenibles durante su vida útil, siempre que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Que no hayan incurrido en déficit en términos de contabilidad nacional en el ejercicio en que se aplique la medida, de acuerdo con el informe previsto en el artículo 17.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y, una vez publicado, con el previsto en el artículo 17.4 de dicha ley orgánica.
b) Que el periodo medio de pago a proveedores se haya mantenido dentro de los límites legales de morosidad durante los seis meses anteriores a la aplicación de la medida.
2. Tendrá la consideración de inversión financieramente sostenible aquella que, en el largo plazo, tenga un impacto positivo, directo y verificable sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y sobre el crecimiento potencial de la economía y que, ejecutándose dentro del ámbito de competencias de la comunidad autónoma, cumpla al menos uno de los siguientes criterios:
a) Tener efectos positivos para el cambio climático.
b) Contribuir a la eficiencia energética.
c) Evitar gastos recurrentes en ejercicios futuros.
d) Generar ahorros en ejercicios futuros.
En todo caso, tendrá la consideración de inversión financieramente sostenible la inversión en vivienda social y asequible o en vivienda sujeta a cualquier régimen de protección pública permanente.
3. La vida útil y el mantenimiento de la inversión no podrán poner en riesgo la estabilidad presupuestaria ni la sostenibilidad financiera de la comunidad autónoma.
El superávit no podrá destinarse al mantenimiento de inversiones ni a la adquisición de mobiliario, enseres o equipamiento de reposición.
Los gastos objeto de este artículo deberán tener la naturaleza de inversión, tanto en la clasificación económica del presupuesto de la entidad como en términos de contabilidad nacional. Únicamente podrán exceptuarse del cómputo del gasto a efectos del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, aquellos importes que, de no existir esta disposición, hubieran integrado el gasto computable conforme a dicho artículo.
No podrán exceptuarse del gasto computable los gastos que, en virtud de otra disposición legal aplicable, ya estuviesen excluidos a efectos del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
4. El importe total aplicado como inversión financieramente sostenible en los ejercicios 2027 y 2028 no podrá exceder del superávit en términos de contabilidad nacional de la comunidad autónoma en el ejercicio 2026, conforme al informe previsto en el artículo 17.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
5. El inicio del correspondiente expediente de gasto y el reconocimiento de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas de la inversión ejecutada deberán realizarse antes de la finalización del ejercicio 2028. No obstante, cuando un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente antes del 31 de diciembre de 2028, la parte restante del gasto autorizado podrá comprometerse y reconocerse en el ejercicio 2029, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2028, con el límite del importe del superávit de 2026 y sin que la comunidad autónoma pueda incurrir en déficit al cierre de dicho ejercicio. En todo caso, los proyectos de inversión deberán haberse iniciado antes del 31 de diciembre de 2028.
6. Los expedientes de gasto tramitados al amparo de este artículo estarán sujetos a fiscalización previa, en los términos que establezca la normativa aplicable a cada entidad. No podrán ejecutarse inversiones cuando los informes de fiscalización previa sean desfavorables.
El expediente incorporará una memoria económica específica que contendrá la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que pudieran derivarse de la inversión a lo largo de su vida útil, así como la evaluación de su sostenibilidad.
El órgano interventor de la comunidad autónoma informará sobre la consistencia y el soporte de las proyecciones contenidas en la memoria económica y certificará el cumplimiento de los requisitos para la consideración de la inversión como financieramente sostenible, dando traslado de su informe a la Intervención General de la Administración del Estado.
7. El interventor general de la comunidad autónoma remitirá al Ministerio de Hacienda, mediante certificación firmada, la relación detallada de las inversiones ejecutadas cuya exclusión del cómputo del gasto computable se proponga al amparo del apartado ocho de este artículo.
La certificación se remitirá antes del 31 de marzo y antes del 31 de julio del año siguiente al de ejecución, a efectos de su consideración en los informes previstos, respectivamente, en los artículos 17.3 y 17.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, e incluirá:
a) La declaración de que los proyectos se iniciaron antes de la finalización del ejercicio correspondiente y de que, a 31 de diciembre de dicho ejercicio, se encontraban en, al menos, la fase de autorización del gasto.
b) La constancia de que existe memoria económica y de que la intervención general ha emitido informe favorable sobre ella, certificando el cumplimiento de los requisitos para su consideración como inversión financieramente sostenible.
c) El importe global de las inversiones financieramente sostenibles ejecutadas en el ejercicio que cumplen los requisitos para no computar como gasto a efectos de la regla de gasto.
Como anexo a la certificación se remitirá el cuestionario normalizado que facilite el Ministerio de Hacienda, con información individualizada por proyecto, cumplimentado conforme a las instrucciones que lo acompañen.
8. El importe del gasto realizado en inversiones financieramente sostenibles al amparo de este artículo no se considerará gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto, definida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
1. En relación con el destino del superávit presupuestario de las Entidades Locales correspondiente al año 2026, se prorroga para 2027 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, para lo que se deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En el supuesto de que un proyecto de inversión financiado con cargo al superávit presupuestario correspondiente al ejercicio 2026 no pueda ejecutarse íntegramente en 2027, la parte restante del gasto autorizado en dicho ejercicio podrá comprometerse y reconocerse en el ejercicio 2028, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2027, que quedará afectado a dicha finalidad por el importe correspondiente. Asimismo, la entidad local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2028.
2. Las Entidades Locales podrán tramitar como gastos plurianuales las inversiones financieramente sostenibles financiadas con cargo al superávit presupuestario correspondiente al ejercicio 2026, en los términos previstos en el último párrafo del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Con efectos desde el 1 de enero de 2027 se modifica la disposición adicional sexagésima primera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional sexagésima primera. Deducción por obtención de rendimientos del trabajo.
1. Los contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo, derivados de la prestación efectiva de servicios correspondientes a una relación laboral o estatutaria, inferiores a 23.171,89 euros anuales, siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo antes referidas, superiores a 6.500 euros, se deducirán la siguiente cuantía:
a) Cuando los rendimientos íntegros del trabajo a los que se refiere este apartado sean iguales o inferiores a 18.004 euros anuales: 1.033,58 euros anuales.
b) Cuando los rendimientos íntegros del trabajo a los que se refiere este apartado estén comprendidos entre 23.171,89 euros anuales y 18.004 euros anuales: 1.033,58 euros menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 18.004 euros anuales.
El importe de la deducción no podrá exceder de la parte de la suma de las cuotas íntegras estatal y autonómica que proporcionalmente corresponda a los rendimientos netos del trabajo a los que se refiere el primer párrafo de este apartado computados para la determinación de las bases liquidables.
2. El importe de esta deducción se restará de la cuota líquida total del impuesto a que se refiere el artículo 79 de esta ley, una vez practicada la deducción prevista en el artículo 80 de esta ley.»
Con efectos desde el 1 de enero de 2027, se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo:
Uno. Se renumera el actual apartado 3 del artículo 85, que pasa a ser el apartado 4.
Dos. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 85, que queda redactado de la siguiente forma:
«3. Cuando todo o parte de la cuantía total de las retribuciones derive de la prestación efectiva de servicios correspondientes a una relación laboral o estatutaria de cuantía total inferior a 23.171,89 euros anuales, la cuota de retención, calculada de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, en la parte que proporcionalmente corresponda a tales retribuciones, se minorará en las siguientes cuantías, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de dicha minoración:
a) cuando las retribuciones a las que se refiere este apartado sean iguales o inferiores a 18.004 euros anuales: 1.033,58 euros anuales.
b) cuando las retribuciones a las que se refiere este apartado estén comprendidas entre 23.171,89 euros anuales y 18.004 euros anuales: 1.033,58 euros menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 18.004 euros anuales.»
Se modifica el apartado 2 del artículo 15 del Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta, que queda redactado como sigue:
«2. El Plan Ceuta Exporta integrará diferentes medidas encaminadas a apoyar la internacionalización de su tejido empresarial y productivo como vía para favorecer la competitividad de las empresas y el crecimiento económico, incluyendo entre otras las siguientes:
a) Un plan de acompañamiento personalizado e individualizado con las 100 empresas que hayan exportado desde Ceuta en algún momento de los últimos cinco años.
b) Una jornada a celebrar en la ciudad con las empresas exportadoras de la ciudad y representantes de ICEX y de la Red Exterior de Oficinas Económicas y Comerciales de la Secretaría de Estado de Comercio, enfocada a la realidad exportadora de la ciudad.
c) Ayudas, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3.2. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para la formación en internacionalización de personas físicas residentes en Ceuta que repercutan en la mejora de la internacionalización de su tejido empresarial.
d) Exención de cuotas para la participación de las empresas con sede social o fiscal en Ceuta en las ferias u otras actividades de promoción de comercio internacional organizadas por ICEX España, Exportación e Inversiones, EPE, que tengan lugar hasta el 31 de diciembre de 2027.
El Plan Ceuta Exporta se ejecutará hasta el 31 de diciembre de 2027.»
1. Con cargo al crédito de la Sección 37, Servicio 01 Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Comunidades Autónomas, Programa 941O, Otras transferencias a Comunidades Autónomas, concepto 453 «A la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar los gastos sanitarios extraordinarios derivados de las necesidades ocasionadas por la crisis migratoria» se concederá una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe de 2,7 millones de euros, destinada a financiar los gastos extraordinarios soportados por el Servicio Canario de la Salud como consecuencia de la prestación de servicios sanitarios en la isla de El Hierro para atender las necesidades ocasionadas por la crisis migratoria producida durante el otoño de 2026, y con cargo al concepto presupuestario 752 «A la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar la reparación de infraestructuras portuarias en La Restinga» de la misma sección, servicio y programa, se concederá una subvención por importe de 0,3 millones para la reparación de infraestructuras portuarias en La Restinga.
Las subvenciones a las que se refiere el párrafo anterior se harán efectivas en la forma que establezcan las resoluciones que dicte la persona titular de la Secretaría de Estado de Hacienda, que constituirá en cada caso el instrumento regulador de su concesión directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Al objeto de financiar estas subvenciones, se aprueba la concesión de dos créditos extraordinarios al Presupuesto en vigor, a los que se les otorga carácter incorporable, en la aplicación presupuestaria 37.01.941O.453 «A la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar los gastos sanitarios extraordinarios derivados de las necesidades ocasionadas por la crisis migratoria» por importe de 2,7 millones de euros y en la aplicación presupuestaria 37.01.941O.752«A la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar la reparación de infraestructuras portuarias en La Restinga» por importe de 0,3 millones de euros.
Los créditos extraordinarios anteriores, así como las posibles incorporaciones de créditos que se aprueben, se financiarán de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
1. Con cargo al crédito de la sección 37, servicio 02. Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942N, Otras transferencias a Entidades Locales, concepto 468 «Al Cabildo Insular de El Hierro para financiar los gastos extraordinarios en el ámbito social y económico derivados de la crisis migratoria», se concederá de forma directa una subvención por importe total de 2 millones de euros para su asignación al Cabildo Insular de El Hierro, destinada a financiar los gastos extraordinarios por las actuaciones realizadas en los ámbitos social y económico como consecuencia de la crisis migratoria producida en la isla de El Hierro en el otoño de 2026.
La subvención a la que se refiere el párrafo anterior se hará efectiva en la forma que establezca la resolución que dicte la persona titular de la Secretaría de Estado de Hacienda, que constituirá el instrumento regulador de su concesión directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Al objeto de financiar esta subvención, se aprueba la concesión de un crédito extraordinario al Presupuesto en vigor, al que se le otorga carácter incorporable, en la aplicación presupuestaria 37.02.942N.468 «Al Cabildo Insular de El Hierro para financiar los gastos extraordinarios en el ámbito social y económico derivados de la crisis migratoria» por importe de 2 millones de euros.
El crédito extraordinario anterior, así como la posible incorporación que se apruebe, se financiarán de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Uno. Se modifica el apartado 1.a) del artículo 3 del Real Decreto-ley 36/2026, de 10 de noviembre, de medidas para el adecuado despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que queda redactado en los siguientes términos:
«a) Concepto 427, subconcepto 00 «Al Imserso, para mínimo garantizado en dependencia», por importe de 3.823.252,02 miles de euros.»
Dos. Se modifica el apartado 2.a) del artículo 3 del Real Decreto-ley 36/2026, de 10 de noviembre, de medidas para el adecuado despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que queda redactado en los siguientes términos:
«a) Aplicación presupuestaria 31.34-451.1 «Para atención a personas en situación de dependencia: nivel mínimo de protección», por importe de 3.823.252,02 miles de euros.»
Las previsiones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real decreto-ley podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 13.ª y 14.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado, respectivamente, las competencias exclusivas en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y Hacienda General y Deuda del Estado.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, las medidas previstas en el capítulo I entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.
Dado el 17 de noviembre de 2026.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid