Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

I

El Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos, define, en su título II, los requisitos que permiten optar a determinadas instalaciones industriales a la certificación de consumidor electrointensivo y establece un procedimiento para conceder estas certificaciones.

Asimismo, regula dos mecanismos de apoyo: en su título III, establece las bases reguladoras del «Mecanismo de compensación a los Consumidores Electrointensivos de los cargos por la financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los territorios no peninsulares», un programa de concesión de ayudas para compensar parte de los cargos de la factura eléctrica a los consumidores electrointensivos; y en su título IV, el «Mecanismo de cobertura de riesgos derivados de la adquisición a medio y largo plazo de energía eléctrica por consumidores electrointensivos», un mecanismo de cobertura por cuenta del Estado de los riesgos derivados de la adquisición a medio y largo plazo de energía eléctrica por consumidores electrointensivos, a través de seguros de crédito o de garantías.

II

El Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, fue modificado por el Real Decreto 444/2023, de 13 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos, con el objetivo de adaptar su regulación a la Comunicación de la Comisión 2022/C 80/01 «Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022», que sustituyó a la Comunicación 2014/C 200/01 relativa al mismo ámbito para el periodo 2014-2020.

La reforma amplió los sectores subvencionables, incorporó la posibilidad de conceder ayudas adicionales a instalaciones especialmente electrointensivas y estableció distintas opciones para que los beneficiarios cumplieran sus obligaciones. No obstante, la medida de mayor impacto fue la introducción de un límite que impide que cualquier beneficiario soporte unos cargos subvencionables del sistema eléctrico inferiores a 0,5 €/MWh.

Este umbral, junto con la reducción de los cargos eléctricos en los últimos años debido a la reactivación de la fiscalidad energética, ha disminuido significativamente el alcance de las subvenciones del mecanismo compensatorio. En la práctica, esta situación amenaza con volver ineficaz la política pública asociada, ya que los costes administrativos y las obligaciones impuestas a los beneficiarios podrían superar la propia compensación recibida.

Para evitarlo, este real decreto refuerza el Estatuto de los consumidores electrointensivos mediante dos medidas: la incorporación de un nuevo coste subvencionable en la línea de ayudas compensatoria y la racionalización de los requisitos y obligaciones asociadas a la recepción de la subvención.

III

En primer lugar, se incorpora un nuevo coste subvencionable en el mecanismo compensatorio regulado en el título III del Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre: la contribución que realizan los consumidores electrointensivos al Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética (SNOEE).

El SNOEE, creado por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, asigna a los denominados sujetos obligados –entre otros, comercializadoras de electricidad y consumidores directos en mercado de electricidad en la parte de sus consumos anuales no suministrados por una comercializadora– una cuota anual de ahorro energético, conocida como obligación de ahorro. Cada año, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico determina mediante Orden Ministerial la obligación concreta que corresponde a cada sujeto.

Para cumplir su obligación de ahorro, los sujetos obligados pueden realizar una contribución económica al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), calculada según una equivalencia financiera fijada anualmente, o bien entregar Certificados de Ahorro Energético (CAE) suficientes para cubrir su obligación. Ambas vías son complementarias, aunque siempre se exige una aportación mínima al FNEE.

Entre los sujetos obligados se encuentran las comercializadoras de electricidad, que repercuten su contribución al SNOEE en los consumidores eléctricos, y los consumidores directos en mercado de electricidad en la parte de sus consumos anuales no suministrados por una comercializadora, que contribuyen directamente al SNOEE. En este contexto, los consumidores electrointensivos en riesgo de fuga de carbono son especialmente vulnerables, ya que su contribución –directa o indirecta– alcanza actualmente unos 2 €/MWh y se prevé que aumente, según las estimaciones publicadas cada año por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El artículo 9 de la Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, relativa a la eficiencia energética y por la que se modifica el Reglamento (UE) 2023/955, establece que los Estados Miembros tomarán medidas para minimizar la repercusión de los costes directos e indirectos de los sistemas de obligaciones de eficiencia energética en la competitividad de las industrias de gran consumo de energía expuestas a la competencia internacional. Por otra parte, la Comunicación de la Comisión 2022/C 80/01 «Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022» establecen en su recital 403 que los Estados miembros podrán conceder reducciones de las exacciones sobre el consumo de electricidad que financien objetivos de política energética y medioambiental.

Con base en esta normativa, se incorpora un nuevo coste subvencionable, adicional a los cargos eléctricos ya previstos en el mecanismo compensatorio. Se trata del reconocimiento del coste indirecto que soportan los consumidores electrointensivos cuando adquieren energía a través de un comercializador, quien traslada en la factura la contribución que debe realizar al SNOEE y del coste directo correspondiente a la contribución de los consumidores directos en mercado de electricidad en la parte de sus consumos anuales no suministrados por una comercializadora. El importe de este reconocimiento dependerá de la forma en los sujetos obligados hayan cumplido su obligación con el SNOEE –aportación económica al FNEE o entrega de CAE–.

Las características de esta ayuda se mantienen en línea con las ya vigentes para la compensación de determinados cargos de la factura eléctrica. La intensidad de ayuda varía según si el sector está catalogado como «en riesgo» o «en riesgo significativo» de fuga de carbono, y se aplican idénticas limitaciones y obligaciones vinculadas a su concesión. Además, la incorporación de este nuevo concepto subvencionable no implica ninguna carga burocrática adicional.

IV

En segundo lugar, la modificación del Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, racionaliza la caracterización de los consumidores electrointensivos y las obligaciones a las que deben hacer frente como beneficiarios del mecanismo compensatorio.

Primero, se suprime el requisito de consumo mínimo en periodo tarifario valle para optar a la categoría de consumidor electrointensivo. El sistema eléctrico español ha vivido una gran evolución desde la aprobación del Estatuto, destacando la instalación de más de 25 GW de generación renovable desde 2020 hasta 2025, de los que 20 GW son potencia fotovoltaica. Esta tecnología ya supone un cuarto de la potencia instalada en el sistema, lo que está generando profundos cambios en la formación de precios en el mercado diario. En este contexto, el requisito de consumo mínimo en periodo tarifario valle puede suponer un obstáculo para la electrificación, la flexibilidad del sistema eléctrico y la competitividad industrial, teniendo el consumidor, en último término, que elegir entre seguir las señales del precio del mercado eléctrico o acogerse a las medidas del Estatuto.

Si bien se reconoce el valor que aporta el volumen y la estabilidad de la demanda propia del consumidor electrointensivo, existen mecanismos –como el Sistema de Respuesta Activa de la Demanda– que ya permiten aprovechar esta característica. En este contexto, mantener dicho requisito resulta cuestionable, máxime por la incoherencia que genera frente a las obligaciones impuestas a los beneficiarios del mecanismo compensatorio, entre las que destaca la exigencia de que al menos el 30 por ciento de su consumo eléctrico proceda de fuentes renovables.

Segundo, se reducen las obligaciones asociadas a la obtención de la ayuda compensatoria. Sin perder el espíritu del Estatuto de los consumidores electrointensivos de avanzar hacia una industria competitiva, eficiente, electrificada y descarbonizada, se equilibran las compensaciones reconocidas a un conjunto de sectores en riesgo de fuga de carbono especialmente sensibles al precio de la electricidad con las obligaciones que deben afrontar los beneficiarios de la subvención.

En primer lugar, se elimina el requisito de acreditar que, al menos, un 10 por ciento de la energía eléctrica consumida anualmente ha sido contratada mediante instrumentos a plazo, directa o indirectamente, de electricidad de origen renovable con una duración mínima de cinco años o, alternativamente, que al menos un 10 por ciento de la energía eléctrica consumida procede de autoconsumo renovable.

Pese a los loables objetivos que persigue esta obligación –fomentar en los consumidores electrointensivos una cultura de cobertura del riesgo frente a la volatilidad del precio del mercado eléctrico, al tiempo que se impulsa el despliegue de generación renovable en España– persisten ciertos obstáculos regulatorios que limitan el acceso y la capacidad de negociación de los consumidores electrointensivos frente a determinados esquemas de contratación a plazo, por lo que procede adaptar el esfuerzo exigido al beneficiario respecto a la subvención concedida.

En segundo lugar, se elimina el requisito de remitir durante los tres años siguientes a la recepción de la ayuda un informe detallado sobre, entre otros, los consumos de electricidad y de los distintos tipos de combustibles en la instalación, así como la producción relevante, las ratios de consumo eléctrico y térmico por unidad de producto, las medidas de eficiencia energética implantadas, el ahorro de energía final logrado con dichas medidas y el detalle de la reducción de emisiones directas de la instalación.

La remisión de este informe representa una carga administrativa significativa para los beneficiarios, que podría simplificarse recogiendo datos equivalentes en el Registro de Consumidores Electrointensivos, lo que además facilitaría su explotación por los órganos competentes.

Por último, la modificación del Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, aborda otras cuestiones que pretenden agilizar el procedimiento de certificación, reducir las cargas burocráticas, eliminar redundancias y mejorar el sistema de reporte y control de las obligaciones que se mantienen en el nuevo texto.

V

Asimismo, a través de este real decreto se modifican determinados artículos del Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo, por el que se establece el mecanismo de compensación de costes indirectos para los sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono para el periodo 2021-2030, con el objetivo de trasladar a este ámbito algunas modificaciones en consonancia con la regulación prevista para los consumidores electrointensivos.

VI

La presente norma se adecua a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el real decreto el instrumento para garantizar su consecución. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, dado que la iniciativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. En cumplimiento del principio de transparencia, la norma identifica claramente su propósito, ofreciéndose en este preámbulo y en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo que la acompaña, una explicación clara de las medidas que se adoptan. Asimismo, la norma ha sido sometida a los trámites de participación pública previstos y a lo largo de la tramitación normativa se han realizado los correspondientes trámites de consulta pública previa e información pública, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Por último, con respecto al principio de eficiencia, la norma genera las menores cargas administrativas para los ciudadanos, así como los menores costes indirectos, fomentando el uso racional de los recursos públicos.

El régimen de ayudas regulado en el título III del Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, fue notificado y autorizado inicialmente por la Comisión Europea mediante la Decisión SA.54558 (2020/N) de 11 de enero de 2021. Esta Decisión fue modificada a su vez mediante la Decisión SA.102006 (2022/N) de 27 de marzo de 2023.

Asimismo, la modificación presentada de este esquema de compensación ha sido notificada a la Comisión Europea siendo modificada la Decisión SA.102006 (2022/N), de 27 de marzo de 2023, mediante la Decisión SA.123095 (2026/N) de 31 de julio de 2026.

Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva para establecer las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, lo dispuesto en el presente real decreto ha sido objeto de informe por la CNMC, aprobado por el Pleno en su sesión celebrada el 22 de junio de 2026.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Turismo, y de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de noviembre de 2026,

DISPONGO:

Artículo primero. Modificación del Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos.

El Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos, queda modificado como sigue:

Uno. El artículo 2 queda redactado como sigue:

«Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Quedan incluidos en el ámbito de aplicación del presente real decreto los consumidores eléctricos con un uso intensivo de la electricidad que cumplan los requisitos establecidos en el título II y que obtengan la certificación de la condición de consumidor electrointensivo de acuerdo con lo dispuesto en el mismo.»

Dos. El artículo 3 queda redactado como sigue:

«Artículo 3. Requisitos para poder optar a la categoría de consumidor electrointensivo.

1. La categoría de consumidor electrointensivo se otorgará a aquellas instalaciones que reúnan los siguientes requisitos:

a) Tener la consideración de consumidor de energía eléctrica de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 5 del Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica aprobado por el Real Decreto 88/2026, de 11 de febrero.

b) Ser consumidores que contraten su energía en el mercado de producción de energía eléctrica por cualquiera de las modalidades previstas en la normativa.

Para los sistemas de los territorios no peninsulares, las referencias acerca del mercado eléctrico deben entenderse como la participación en el despacho técnico de energía, de acuerdo con las condiciones y requisitos del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

c) Haber consumido, durante al menos dos de los tres años anteriores, un volumen anual de energía eléctrica superior a 1 GWh.

El consumo anual para la caracterización del consumidor electrointensivo incorporará todo el consumo eléctrico, incluido el autoconsumo.

d) Operar en un sector o subsector que pertenezca a uno de los códigos de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (en adelante CNAE) incluidos en la “lista de sectores en riesgo significativo” o en la “lista de sectores en riesgo” del anexo.

e) Tener un cociente, durante al menos dos de los tres años anteriores, entre el consumo anual y el valor añadido bruto de la instalación para la que se solicita la categoría de consumidor electrointensivo superior al umbral que se establezca anualmente para cada uno de los tres años anteriores en función del precio medio del mercado eléctrico, por resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Industria.

El valor añadido bruto se referirá siempre a un año natural, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, con independencia de la definición de los ejercicios fiscales del titular de la instalación.

Se considerará que se cumple este requisito para cualquiera de los tres años anteriores si el valor añadido bruto de la instalación correspondiente a ese año es igual o inferior a cero.

f) Disponer, a fecha en la que se dicte la resolución, de un sistema de Gestión de la Energía auditado y certificado según la norma UNE-EN ISO 50001:2018 o aquella que la sustituya en el futuro.

g) La empresa titular de la instalación deberá estar válidamente constituida conforme a la normativa en vigor.

2. Las instalaciones o puntos de suministro que no dispongan de datos correspondientes a los ejercicios anteriores por ser de nueva creación podrán acreditar el cumplimiento de los requisitos c) y e) anteriores con base en proyecciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.

3. No podrán obtener la certificación de consumidor electrointensivo aquellas instalaciones que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España.»

Tres. El artículo 5 queda redactado como sigue:

«Artículo 5. Inicio del procedimiento de certificación.

1. Para certificar la condición de consumidor electrointensivo los interesados deberán dirigir una solicitud a la Dirección General de Programas Industriales indicando los datos de la instalación para la que lo solicitan.

2. Las solicitudes junto con la documentación requerida se presentarán en la sede electrónica asociada del Ministerio de Industria y Turismo (https://sede.serviciosmin.gob.es).

3. La documentación a presentar será la siguiente:

a) Modelo de cuestionario electrónico de solicitud, disponible en la sede electrónica asociada del Ministerio de Industria y Turismo (https://sede.serviciosmin.gob.es).

Este modelo incluirá la siguiente información:

1.º Datos del solicitante: nombre, dirección, NIF y en calidad de qué representación lo solicita.

2.º Datos a efectos de avisos regulados en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, como son la dirección de correo electrónico o el número de teléfono.

3.º Datos del titular de la instalación para la cual se quiere obtener la certificación de consumidor electrointensivo: razón social, domicilio social y NIF.

4.º Datos de la instalación: nombre y dirección.

5.º Sector o subsector en que opera y código CNAE correspondiente a la instalación.

6.º Códigos Universales de los Puntos de Suministros (CUPS) que se deseen certificar.

7.º Declaración responsable en la que el titular de la instalación manifieste si ésta se encuentra acogida a alguna de las modalidades de autoconsumo previstas en la normativa vigente. En caso afirmativo, deberá aportarse el Código de Autoconsumo (CAU) correspondiente.

8.º Valor añadido bruto en cada uno de los tres últimos años correspondiente al punto o puntos de suministro de la instalación que se deseen certificar.

9.º Datos del año anterior respecto a consumos energéticos, producción, datos económicos, de nivel de empleo y de proyectos de eficiencia energética y de reducción de emisiones.

10.º Declaración responsable sobre la veracidad de los datos aportados y de que reúne los requisitos establecidos en el artículo 3. Dicha declaración deberá presentarse en formato electrónico firmado electrónicamente por el declarante, en los términos previstos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

b) Poderes de representación de la persona firmante de la solicitud.

En el caso de representación mancomunada, deberá aportarse asimismo una copia digitalizada de la solicitud firmada electrónicamente por cada una de las personas representantes mancomunadas.

c) Informe firmado por un auditor de cuentas inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) que certifique:

El cálculo correcto del valor añadido bruto de cada uno de los últimos tres años.

El valor añadido bruto, se calculará, con remisión a los conceptos del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, como la suma del importe neto de la cifra de negocios, la variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, los trabajos realizados por la empresa para su activo, otros ingresos de explotación y la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero, a lo que se restarán los aprovisionamientos y otros gastos de explotación.

Las partidas de “otros gastos de explotación” serán las correspondientes exclusivamente a los tributos que graven los productos (tributos vinculados al volumen de negocios) o la producción (no vinculados al volumen de negocios) y que no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública, las correspondientes a los gastos por emisión de gases de efecto invernadero y las correspondientes a los servicios exteriores, excluyendo de estos últimos cuantías referidas a las cuentas de arrendamientos y la parte de servicios prestados por otras empresas que consistan esencialmente en cesión de personal.

El valor añadido bruto de la instalación de la empresa correspondiente al punto de suministro deberá verificarse mediante las cuentas anuales de la empresa. En caso de que una empresa disponga de varios puntos de suministro, el consumidor electrointensivo deberá poner a disposición del auditor de cuentas la información contable a nivel de punto de suministro.

El valor añadido bruto se calculará para el año natural, independientemente del año fiscal que haya definido la sociedad titular de la instalación. Para ello, se utilizará la mejor información contable disponible en el momento de la solicitud. Si, una vez aprobadas las cuentas anuales de la sociedad, se detectan diferencias contables con impacto significativo en el cálculo del valor añadido bruto, se pondrán en conocimiento de la Dirección General de Programas Industriales.

d) Memoria descriptiva del proceso productivo de la instalación que evidencie que la instalación opera en un sector o subsector perteneciente a uno de los códigos de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (en adelante, CNAE) incluidos en la “lista de sectores en riesgo significativo” o en la “lista de sectores en riesgo” del anexo.

e) Certificado en vigor que acredite que la instalación dispone de un sistema de Gestión de la Energía, auditado y certificado según la norma UNE-EN ISO 50001:2018 o aquella que la sustituya en el futuro.

f) En el caso de que la instalación o punto de suministro tenga menos de un año de existencia, declaración responsable de los datos relativos a proyecciones del consumo y valor añadido bruto, en su caso, con el nivel de desagregación solicitado en el modelo.

Una vez transcurrido el año de proyección, estos consumidores deberán presentar a la Dirección General de Programas Industriales el cálculo correcto real del valor añadido bruto verificado por un auditor de cuentas inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) que certifique que cumplió el requisito. Asimismo, se comprobará el dato de proyección de consumo con el dato real facilitado por el Operador del Sistema.

A aquellas instalaciones o puntos de suministro que lleven entre 1 y 2 años en funcionamiento, no les será de aplicación el cálculo de las proyecciones de datos, siempre y cuando puedan acreditar el cumplimiento del artículo 3 en el periodo de tiempo que llevan operando.

g) En el caso de que la instalación esté acogida a alguna modalidad de autoconsumo, el consumidor podrá presentar declaración responsable de los datos de energía autoconsumida para el periodo indicado en el artículo 10.»

Cuatro. El artículo 6 queda redactado como sigue:

«Artículo 6. Instrucción y finalización del procedimiento de certificación.

La Subdirección General para el Impulso de los Proyectos Industriales es el órgano competente para instruir el procedimiento. La Dirección General de Programas Industriales es el órgano competente para resolver el procedimiento.

Recibida la solicitud, el órgano instructor procederá de la forma siguiente:

Si a la solicitud no se acompaña la documentación establecida en el artículo 5, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.

Realizadas, en su caso, las subsanaciones que se soliciten al interesado, el órgano instructor dará traslado de la misma al Operador del Sistema, quien, a partir de los mejores valores disponibles en el Concentrador Principal de Medidas, facilitará, en el plazo de quince días hábiles, un informe que remitirá al órgano instructor en un fichero de datos firmado electrónicamente con los datos de consumo correspondientes a los puntos de suministro que se deseen certificar de los tres últimos años. En el caso de instalaciones con autoconsumo, se aportará, de forma desglosada, la electricidad consumida de la red y la electricidad autoconsumida. En el caso de instalaciones o puntos de suministro con menos de tres años de existencia que declaran responsablemente proyecciones de consumo, el Operador del Sistema incluirá en su informe los datos de consumo conforme a su disponibilidad.

La verificación de los requisitos de consumo se realizará a partir de las medidas disponibles del concentrador principal de medidas, regulado en el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, aprobado por Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto.

Una vez recibido el informe del Operador del Sistema, el órgano instructor comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3, incluyendo, en su caso, los datos de energía autoconsumida declarados responsablemente por el solicitante para el periodo indicado en el artículo 10 y dará traslado de su valoración de la solicitud al órgano competente para resolver.

Vista la valoración del órgano instructor, el órgano competente para resolver concederá la certificación que otorgue la condición de consumidor electrointensivo o denegará de forma motivada la solicitud.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento será de seis meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración competente para su tramitación, transcurrido el cual se podrá entender estimada la solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver la solicitud de forma expresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Esta resolución no pone fin a la vía administrativa de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Contra la resolución que se dicte cabrá la interposición del recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría de Estado de Industria en el plazo de un mes desde que se hubiere dictado la resolución. La interposición del recurso de alzada se realizará de forma electrónica en la sede electrónica asociada del Ministerio de Industria y Turismo.

La Dirección General de Programas Industriales deberá facilitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al Operador del Sistema, cuando así se lo soliciten, toda la información presentada por los consumidores electrointensivos que sea necesaria para la aplicación de los mecanismos regulados en el presente real decreto.

El procedimiento se tramitará por medios electrónicos de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. De acuerdo con lo previsto en el artículo 43.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones relacionadas con su solicitud se practicarán a través de la Dirección Electrónica Habilitada única, así como en la sede electrónica asociada del Ministerio de Industria y Turismo.»

Cinco. El artículo 8 queda redactado como sigue:

«Artículo 8. Validez y renovación de la certificación de consumidor electrointensivo.

La certificación de la instalación como consumidor electrointensivo será válida desde la resolución de concesión del certificado y hasta el 30 de abril del año siguiente, momento en el que deberá ser renovada de acuerdo con lo establecido en el siguiente apartado.

Una vez se publique el umbral al que se refiere el artículo 3.1.e) y antes del 30 de abril de cada año, los titulares de las instalaciones que tengan la certificación de consumidores electrointensivos y deseen mantener su validez, deberán presentar una solicitud de renovación del certificado al órgano instructor junto con la documentación correspondiente indicada en el artículo 5 y una declaración responsable de que se cumplen las obligaciones asociadas a la posesión del certificado del consumidor electrointensivo, cuyo cumplimiento se verificará en todo caso por el órgano competente para la renovación del certificado.

Una vez presentada la solicitud de renovación, se extenderá la validez del certificado hasta la resolución del expediente. Si la tramitación concluye con la renovación del certificado, su validez se prolongará hasta el 30 de abril del año siguiente. En caso de que la tramitación concluya sin renovación del certificado, su validez se tomará hasta la fecha de resolución del expediente.

La Subdirección General para el Impulso de los Proyectos Industriales es el órgano competente para instruir el procedimiento de renovación de la certificación de consumidor electrointensivo. La Dirección General de Programas Industriales es el órgano competente para resolver el procedimiento renovación de la certificación de consumidor electrointensivo.

La instrucción y finalización del procedimiento de renovación del certificado será idéntica a la descrita en el artículo 6.»

Seis. El artículo 9 queda redactado como sigue:

«Artículo 9. Inadmisión, caducidad y pérdida de la certificación.

1. Serán motivos de inadmisión de la solicitud de certificación o renovación del certificado los siguientes:

a) Que el solicitante no sea titular del punto de suministro que se desea certificar.

b) Que la solicitud no se realice a nivel de punto de suministro o instalación.

c) Que la instalación se encuentre en situación de incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de la actividad establecidas en el artículo 5 del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre.

d) Que para la instalación se haya determinado la pérdida o la desestimación de su certificación y el titular de la instalación no acredite que ha cesado el incumplimiento que motivó dicha pérdida o desestimación.

2. Serán motivos de caducidad de la vigencia del certificado los siguientes:

a) La ausencia de presentación en plazo de la solicitud de renovación del certificado de consumidor electrointensivo.

b) La terminación no estimatoria del procedimiento de renovación del certificado por no reunir alguno de los requisitos establecidos en el artículo 3 o artículo 5.

3. Serán motivos de pérdida de la certificación vigente los siguientes:

a) Renuncia del interesado.

b) Incumplimiento de los requisitos para ser considerado consumidor, en especial por no destinarse la energía eléctrica únicamente al propio uso del titular, salvo que el destino alternativo de la misma se derive de alguna obligación normativa.

c) Incumplimiento de la obligación de comunicación prevista en el artículo 7.

d) En caso de alteraciones o modificaciones de las condiciones en que se materializaron los requisitos exigidos para otorgar el certificado, incumplimiento de dichos requisitos y condiciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.

e) Falsedad en las declaraciones responsables o en la restante documentación presentada a la Dirección General de Programas Industriales que sirvieron para otorgar la categoría de consumidor electrointensivo.

f) Incumplimiento de las obligaciones recogidas en el artículo 5 del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre.

4. La pérdida de la certificación será declarada de oficio, previa instrucción de un procedimiento que garantizará, en todo caso, la audiencia al interesado. El plazo máximo para resolver y notificar este procedimiento por la Dirección General de Programas Industriales será de tres meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y notificado resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5. La Dirección General de Programas Industriales notificará al interesado la pérdida de la certificación. Esta resolución no agota la vía administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Contra esta resolución cabrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría de Estado de Industria, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La interposición del recurso de alzada se realizará de forma electrónica en la sede electrónica asociada del Ministerio de Industria y Turismo, de conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

6. La pérdida de la certificación tendrá como efectos el cese en la condición de consumidor electrointensivo y en los beneficios asociados a la misma, sin perjuicio del régimen de reintegros y sancionador aplicable, conforme a lo previsto en el título X de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el resto de normativa aplicable.»

Siete. El artículo 10 queda redactado como sigue:

«Artículo 10. Obligaciones en el ámbito del consumo.

Los consumidores electrointensivos acogidos a alguna modalidad de autoconsumo deberán disponer de los equipos de medida adicionales que permiten obtener la medida de autoconsumo, en aplicación del capítulo IV del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. La responsabilidad de la instalación de los equipos de medida corresponde al titular de la instalación.

En caso de que el Encargado de Lectura de la generación asociada al autoconsumo sea el Operador del Sistema, el titular de la instalación de generación deberá gestionar la modificación del punto frontera de acuerdo con el procedimiento de operación que establezca el Operador del Sistema.

Cuando el Encargado de Lectura de la generación asociada al autoconsumo sea el distribuidor, el titular de la instalación de generación deberá gestionar con el distribuidor el alta del equipo de medida de la generación neta. El distribuidor deberá remitir la información sobre la generación neta del autoconsumo al concentrador principal de medidas, gestionado por el Operador del Sistema, a través de los canales de intercambio habilitados para ello.

Los consumidores electrointensivos deberán disponer de estos equipos, sistemas y comunicaciones de forma que el Operador del Sistema disponga de los datos relativos a la generación neta del autoconsumo en el plazo máximo de seis meses contado desde la fecha de obtención de su primera certificación como consumidor electrointensivo o, cuando la puesta en funcionamiento del autoconsumo de la instalación sea posterior a dicha fecha, desde la fecha en que dicho autoconsumo inicie su funcionamiento efectivo.

Como regla general, la certificación de consumidor electrointensivo se concederá de acuerdo con los datos facilitados por el Operador del Sistema, disponibles en el concentrador principal de medidas. No obstante, el órgano instructor tendrá en cuenta los datos de electricidad autoconsumida declarados responsablemente por el solicitante anteriores a la fecha en que se cumple el plazo de seis meses indicado en el apartado anterior o cuando la falta de remisión de datos sobre la energía autoconsumida no fuese imputable al solicitante.»

Ocho. El artículo 11 queda redactado como sigue:

«Artículo 11. Obligaciones en el ámbito de la gestión de la energía, la eficiencia energética y la descarbonización.

Los consumidores electrointensivos que se acojan a cualquiera de los mecanismos regulados en el presente real decreto y que estén obligados a realizar una auditoría energética según el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, o aquella que le sustituya en el futuro, deberán realizar, en cada instalación beneficiaria, al menos una de las siguientes actuaciones en un periodo no superior a tres años desde la publicación de la resolución de concesión de la ayuda:

a) Implementar las actuaciones para la mejora del desempeño energético identificadas en la auditoría energética en vigor en el momento de la concesión, siempre que se consideren económicamente rentables y que los costes de inversión sean proporcionados.

Se considerarán económicamente rentables aquellas actuaciones cuyo periodo de recuperación simple de la inversión no sea superior a tres años o al plazo al que se refiere el artículo 10 bis, apartado 1, párrafo 3, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, si este fuera más largo, definiéndose dicho periodo como el cociente entre el importe de la inversión eficiente elegible y el ahorro económico anual derivado de los ahorros energéticos.

Se considerará que los costes de inversión son proporcionados si los recursos económicos en los que incurre el beneficiario para la implementación de las actuaciones para la mejora del desempeño energético no superan la cuantía total de las ayudas recibidas por la instalación en el mecanismo regulado en el título III de este real decreto durante un periodo de tres años.

La auditoría energética deberá detallar los parámetros que se han tomado como referencia para calcular el periodo de recuperación simple de la inversión. Si el informe de auditoría no los recogiere, los titulares de la instalación deberán detallar los parámetros utilizados para calcular el periodo de recuperación simple.

b) Invertir, al menos, el 50 por ciento de la ayuda recibida en proyectos que den lugar a reducciones sustanciales de las emisiones de gases de efecto invernadero de la instalación. La inversión debería dar lugar a reducciones muy por debajo del valor de referencia pertinente utilizado para la asignación gratuita en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) de la Unión Europea. Los proyectos a los que hace referencia este apartado deberán ajustarse a las orientaciones generales para esta obligación publicadas en la guía de justificación disponible en el portal de ayudas de MINTUR.

c) Reducir la huella de carbono de su consumo eléctrico, de forma que al menos el 30 por ciento del consumo de electricidad de la instalación proceda de fuentes de energía renovables. Para justificar este porcentaje, se considerará tanto el autoconsumo renovable como el consumo de red de origen renovable, acreditado de acuerdo con la normativa sobre el sistema de etiquetado de la electricidad.

Los beneficiarios que se acojan a esta opción deberán acreditar su cumplimiento tantos años distintos como número de convocatorias en que hayan resultado beneficiarios.»

Nueve. Se suprime el artículo 12.

Diez. El apartado 2 del artículo 13 queda redactado como sigue:

«2. El incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la actividad establecida en el artículo 5 del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, dentro del periodo de tres años a partir de la fecha en que se publique la resolución de concesión de las ayudas, será causa de reintegro de las mismas salvo que, a pesar de haber reducido su capacidad productiva o su plantilla en más de un 85 por ciento, la empresa lo haga de forma temporal durante el proceso de búsqueda de nuevos inversores, siempre que dicho proceso desemboque en el reinicio de la actividad productiva de la instalación recuperando, al menos, el 50 por ciento de su producción y de su nivel de empleo anteriores.»

Once. El artículo 14 queda redactado como sigue:

«Artículo 14. Evaluación.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, cada cinco años desde la entrada en vigor de este real decreto, el Ministerio de Industria y Turismo, en colaboración, en su caso, con los Departamentos ministeriales competentes, llevará a cabo una evaluación de las medidas establecidas en el presente real decreto.»

Doce. La rúbrica del título III queda redactada como sigue:

«TÍTULO III. Mecanismo de compensación a los Consumidores Electrointensivos de los cargos por la financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los territorios no peninsulares y por la contribución al Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética»

Trece. El artículo 15 queda redactado como sigue:

«Artículo 15. Objeto y finalidad.

Constituye el objeto de este título la regulación del mecanismo de compensación a los consumidores electrointensivos y el establecimiento de las bases reguladoras por la financiación de apoyo para la electricidad procedente de fuentes renovables, cogeneración de alta eficiencia o compensación del extracoste en los territorios no peninsulares incluidos en los cargos de estos consumidores y por su contribución al Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética (en adelante, SNOEE), conforme con lo establecido en la normativa de la Unión Europea.

Este mecanismo de compensación tiene como finalidad compensar a los consumidores electrointensivos pertenecientes a sectores del anexo en razón de la intensidad de su uso de electricidad y su exposición al comercio internacional hasta un máximo del 85 por ciento de los costes imputables en los cargos de la retribución específica a energías renovables y cogeneración de alta eficiencia y de la retribución específica en los territorios no peninsulares repercutidos en los precios del suministro de electricidad así como establecer una metodología para compensar, con la misma intensidad de ayuda, las aportaciones que realizan al SNOEE bien de manera indirecta al ser repercutidas por los comercializadores de electricidad en su factura eléctrica o bien de manera directa como consumidores directos en mercado.

De acuerdo con lo anterior, los sectores económicos a los que se destinen estas ayudas serán los establecidos en el anexo de este real decreto, que se relacionan con su correspondiente código CNAE.

En todo caso, estas ayudas requerirán la notificación a la Comisión Europea y su aprobación. A este respecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.»

Catorce. El artículo 18 queda redactado como sigue:

«Artículo 18. Beneficiarios.

1. Podrán acogerse a las ayudas reguladas en este título los consumidores electrointensivos, cualquiera que sea su forma jurídica, y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar válidamente constituidas conforme a la normativa en vigor en el momento de presentar la solicitud.

b) Estar en posesión de la certificación de consumidor electrointensivo.

c) Realizar en cada una de las instalaciones o puntos de suministro para los que solicite la subvención una o varias actividades en los sectores enumerados en el anexo del este real decreto bajo los códigos CNAE que se explicitan en el mismo.

No obstante, en las convocatorias anuales de ayudas que puedan realizarse en aplicación de este título se podrán actualizar los códigos CNAE correspondientes a las últimas relaciones de los sectores manufactureros que haya aprobado la Comisión Europea.

d) Acreditar haber soportado los cargos en los precios del suministro de electricidad correspondientes al año anterior al de la convocatoria.

e) Acreditar bien haber soportado la contribución al SNOEE de forma indirecta, repercutida en los precios de la electricidad por una comercializadora eléctrica, o bien haber contribuido de forma directa al SNOEE el año anterior al de la convocatoria.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario:

a) Las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

b) Las empresas que no se encuentren al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos anteriormente concedidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

c) Las empresas en crisis, tal como se definen en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

d) Las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias detalladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

e) Las entidades que no hayan acreditado el cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.»

Quince. El apartado 4 del artículo 19 queda redactado como sigue:

«4. Según se establece en el apartado 3.2.1.3 de la Comunicación de la Comisión 2022/C 80/01 “Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022”, las ayudas podrán concederse simultáneamente en el marco de varios regímenes de ayuda o acumularse con ayudas ad hoc o de minimis en relación con los mismos costes subvencionables, siempre que la cantidad total de las ayudas estatales para una actividad o proyecto no sobrepase el importe máximo de ayuda autorizado en virtud de dichas Directrices.»

Dieciséis. El artículo 20 queda redactado como sigue:

«Artículo 20. Costes subvencionables e importe máximo de la ayuda.

1. Para la parte de compensación de cargos, el coste subvencionable se determinará, para cada convocatoria en el año n, tomando de la facturación por cargos correspondiente al año anterior n-1 la parte correspondiente a la financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los territorios no peninsulares correspondientes a los consumos del punto de suministro o instalación destinados a actividades en los sectores enumerados en el anexo:

CSub cargos n = Cg n-1 · (XR n-1+ XC n-1 + XE n-1)

Donde:

– Cg n-1: Los cargos totales facturados al punto de suministro o instalación correspondientes a los consumos de energía eléctrica destinados a la realización de actividades incluidas en el anexo el año anterior a la convocatoria.

– XR: Porcentaje de los cargos totales que corresponde a la financiación de apoyo para la producción de electricidad procedente de fuentes de energía renovables durante el año anterior a la convocatoria.

– XC: Porcentaje de los cargos totales que corresponde a la financiación de apoyo para la producción de electricidad procedente de cogeneración de alta eficiencia durante el año anterior a la convocatoria.

– XE: Porcentaje de los cargos totales que corresponde a la financiación del extracoste de los territorios no peninsulares del sistema eléctrico español durante el año anterior a la convocatoria.

Los valores XR, XC y XE se definirán en cada convocatoria en función del reparto de financiación de los cargos que haya fijado para el año anterior el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

2. Para la parte de compensación de la contribución al SNOEE, el coste subvencionable se determinará, para cada convocatoria en el año n, tomando, de la contribución que los sujetos obligados realizaron al SNOEE en el año anterior n-1, la parte proporcional correspondiente a los consumos del punto de suministro o instalación destinados a actividades en los sectores enumerados en el anexo:

CSub SNOEE n = C_n-1 F_n-1

Donde:

– C n-1: consumo del punto de suministro o instalación destinado a actividades en los sectores enumerados en el anexo en el año anterior a la convocatoria n-1.

– F n-1: factor determinado en función del modo en que los sujetos obligados del SNOEE han satisfecho su obligación de ahorro energético en el año anterior a la convocatoria n-1, calculado de la siguiente forma:

Donde:

– obligación total ahorro anual n-1: objetivo de ahorro de energía final del SNOEE, en MWh, correspondiente al año anterior a la convocatoria n-1, de acuerdo con la orden publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

– % medio CAE n-1: porcentaje en que los sujetos obligados han satisfecho sus obligaciones con el SNOEE por medio de liquidación de CAE en el año anterior a la convocatoria n-1.

– precio medio CAE n-1: precio medio de venta de CAE, en €/MWh, en el año anterior de la convocatoria n-1, de acuerdo con la horquilla publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

– % medio FNEE n-1: porcentaje en que los sujetos obligados han satisfecho sus obligaciones con el SNOEE por medio de aportaciones económicas al FNEE en el año anterior a la convocatoria n-1.

– equiv. fin. n-1: equivalencia financiera, en €/MWh, correspondiente al año anterior a la convocatoria n-1, de acuerdo con la orden publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

– Ventas y consumos totales n-1: suma de las ventas y consumos totales, en MWh, en función del tipo de sujeto obligado del SNOEE, en el año anterior a la convocatoria n-1.

El valor del factor F n-1 será publicado en cada convocatoria.

3. El coste subvencionable total será el resultado de sumar el coste subvencionable de los apartados anteriores:

C sub n= C sub cargos n + C sub SNOEE n

4. El importe máximo de la ayuda, en euros, por punto de suministro o instalación, para el año n, por la fabricación de productos de los sectores y subsectores enumerados en el anexo, se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

A max n = A i × C Sub n

Donde:

– C Sub n: el coste subvencionable en el año n, expresado en euros, calculado de acuerdo al apartado 3.

– A i: intensidad de la ayuda, que se determinará de acuerdo con el apartado 5.

5. Si una instalación fabrica productos de los sectores o subsectores subvencionables enumerados en el anexo y productos no subvencionables, el importe máximo de la ayuda que podrá abonarse para cada tipo de ayuda, se calculará únicamente sobre la base del consumo dirigido a la fabricación de los productos subvencionables.

6. La intensidad máxima de la ayuda (Ai) no podrá superar los siguientes valores:

a) El 85 por ciento del coste subvencionable si la instalación pertenece a un sector “en riesgo significativo” de acuerdo con el anexo.

b) El 75 por ciento del coste subvencionable si la instalación pertenece a un sector “en riesgo” de acuerdo con el anexo.

7. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, en cada convocatoria de ayudas se podrá aumentar la ayuda máxima de las instalaciones pertenecientes a sectores “en riesgo” hasta el 85 por ciento siempre que las instalaciones que se acojan a esta ayuda cumplan las dos obligaciones siguientes:

1.ª Acreditar que al menos el 50 por ciento del consumo de electricidad de la instalación procede de fuentes de energía renovables. Para justificar este porcentaje, se considerará tanto el autoconsumo renovable como el consumo de red de origen renovable, acreditado de acuerdo con la normativa sobre el sistema de etiquetado de la electricidad.

2.ª Acreditar que al menos el 10 por ciento del consumo eléctrico de la instalación ha sido contratado, el año anterior a la convocatoria, mediante instrumentos a plazo de electricidad de origen renovable; o, alternativamente, acreditar que al menos el 5 por ciento de su consumo eléctrico corresponde a energía autoconsumida procedente de fuentes de energía renovables.

8. A efectos de este artículo, se consideran instalaciones especialmente expuestas aquellas en las cuales la cuantía de los costes subvencionables durante el año anterior a la convocatoria es superior al 0,5 por ciento de su valor añadido bruto para ese mismo año si pertenecen a sectores “en riesgo significativo”, o al 1 por ciento de su valor añadido bruto para el mismo año si pertenecen a sectores “en riesgo”.

Las convocatorias anuales de ayudas podrán prever que la intensidad de ayuda máxima (Ai) supere el 85 por ciento del coste subvencionable en las instalaciones especialmente expuestas de sectores “en riesgo significativo”, o el 75 por ciento del coste subvencionable en las instalaciones de sectores “en riesgo”.

En este caso, la ayuda máxima calculada de acuerdo con el apartado 4 de este artículo se incrementará en un valor adicional que se calculará sobre la base del valor añadido bruto de la instalación, de la siguiente manera:

A adic n = C sub n – N × VAB – Amaxn

Donde:

– A adic n: importe máximo de la ayuda adicional, en euros, por cada instalación o punto de suministro para el año n, que se añadirá a la ayuda concedida según el procedimiento general descrito en el apartado 4 de este artículo.

– C sub n: el coste subvencionable en el año n, expresado en euros, calculado de acuerdo al apartado 3.

– VAB: promedio del valor añadido bruto durante los tres años anteriores al de la convocatoria relacionado con las actividades subvencionables que se realizaron en la instalación. Si el promedio del valor añadido bruto durante los tres años anteriores de estas actividades es menor que cero, VAB tomará el valor cero.

– N: coeficiente de intensidad de ayuda con respecto al valor añadido bruto de la instalación que podrá tomar los siguientes valores máximos, en tanto por uno.

Si la instalación pertenece a un sector “en riesgo significativo”: 0,005.

Si la instalación pertenece a un sector “en riesgo”: 0,01.

– Amaxn: importe máximo de la ayuda, en euros, calculado según el apartado 4.

No obstante, en cada convocatoria de ayudas, se podrá determinar que las instalaciones pertenecientes a un sector “en riesgo” que acrediten el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 20.5 disfruten de la misma intensidad de ayuda que las instalaciones “en riesgo significativo”, modificándose el valor del coeficiente N a 0,005 en estos casos.

9. La concesión de ayudas no podrá dar lugar a que ningún beneficiario soporte unos costes subvencionables inferiores a 0,5 euros/MWh.

10. En todo caso, y conforme a lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se excluirán del cálculo del coste subvencionable los costes relacionados con las facturas de electricidad que no hayan sido abonadas en los plazos de pago establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.»

Diecisiete. El artículo 21 queda redactado como sigue:

«Artículo 21. Determinación de las ayudas concedidas.

El importe de la ayuda concedida que podrá abonarse (ACn), en euros, por punto de suministro o instalación, para el año n, para cada tipo de ayuda, por la fabricación de productos de los sectores y subsectores enumerados en el anexo se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

ACn = [Amaxn / Σ (Amaxn)] x Pn

Donde:

– Amaxt: Importe máximo de la ayuda, en euros, por cada instalación o punto de suministro para el año n, para los sectores y subsectores enumerados en el anexo.

– Σ [Amaxt]: Sumatorio de todos los importes máximos de ayudas, en euros por cada instalación o punto de suministro para el año n, para los sectores y subsectores enumerados en el anexo.

– Pt: Importe total consignado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año que corresponda, destinado a la compensación a las industrias electrointensivas por la parte correspondiente a la financiación de apoyo para la electricidad procedente de fuentes renovables, la cogeneración de alta eficiencia, al extracoste de los territorios no peninsulares y a la compensación por su contribución al SNOEE. Si Pt fuera superior a Σ(Amaxn), Pt tomará el valor máximo del total de las ayudas de cada tipo Σ(Amaxt).»

Dieciocho. El artículo 22 queda redactado como sigue:

«Artículo 22. Órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento de concesión y órgano responsable del seguimiento de las ayudas.

1. El órgano competente para convocar las ayudas reguladas en este título es la persona titular del Ministerio de Industria y Turismo, que lo será también para su resolución, sin perjuicio de la posibilidad de delegación del ejercicio de esta competencia.

2. El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión de las ayudas será la Dirección General de Programas Industriales.

3. A efectos de lo previsto en el artículo 88.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el órgano encargado del seguimiento de las ayudas concedidas será el Ministerio de Industria y Turismo a través de la Dirección General de Programas Industriales.»

Diecinueve. El apartado 1 del artículo 23 queda redactado como sigue:

«1. Las ayudas se articularán a través de convocatorias anuales. Estas convocatorias se podrán realizar separadamente para cada tipo de ayuda, a la financiación de apoyo para la electricidad procedente de fuentes renovables, a la cogeneración de alta eficiencia o al extracoste de los territorios no peninsulares, a la contribución al SNOEE o bien para todas ellas en la misma convocatoria.»

Veinte. El apartado 2 del artículo 25 queda redactado como sigue:

«2. La persona firmante de la solicitud de ayuda deberá acreditar que, en el momento de la presentación de la solicitud, tiene representación suficiente para el acto. El incumplimiento de esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido en su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.»

Veintiuno. El artículo 27 queda redactado como sigue:

«Artículo 27. Formalización y presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de las ayudas y el resto de documentación a aportar seguirán el modelo establecido en la correspondiente convocatoria. Los respectivos modelos estarán disponibles, desde la publicación de la convocatoria, en el Portal de Ayudas alojado en la sede electrónica asociada del Ministerio de Industria y Turismo, donde se dispondrán los medios electrónicos de ayuda necesarios.

2. La documentación a presentar consta de los siguientes elementos:

a) Cuestionario electrónico de solicitud: fichero generado desde los medios electrónicos especificados en la convocatoria correspondiente que incluirá, entre otros, el nombre del solicitante y su NIF, razón social de la empresa y su NIF, instalación para la que se solicita la ayuda, sector en el que opera y su correspondiente código CNAE y, dependiendo de los tipos de ayuda que incluya la convocatoria, el importe de la parte de la facturación anual por cargos destinados a la financiación de apoyo para la electricidad procedente de fuentes renovables, a la financiación de apoyo para la electricidad procedente de la cogeneración de alta eficiencia y al extracoste de los territorios no peninsulares y los datos necesarios para el cálculo de la contribución al SNOEE de acuerdo con la metodología establecida, con indicación de si se trata de un consumidor directo en mercado o suministrado por una comercializadora eléctrica. Los datos anteriores se referirán al año anterior a la convocatoria y por los consumos destinados a actividades en los sectores enumerados en el anexo, e incluirán una declaración responsable sobre la veracidad de los datos aportados.

b) Acreditación válida del poder de la persona firmante de la solicitud.

c) Memoria explicativa del proceso productivo de la instalación, distinguiendo entre actividades subvencionables y, si las hubiera, no subvencionables. Asimismo, la memoria incluirá, entre otros, el detalle de los datos correspondientes al año anterior a la convocatoria sobre consumo de energía eléctrica, cargos del sistema eléctrico facturados y aquellos relacionados con la contribución al SNOEE que sean necesarios para el cálculo del coste subvencionable.

d) Informe verificado por una entidad debidamente acreditada que certifique los datos correspondientes al año anterior a la convocatoria sobre consumo de energía eléctrica, cargos del sistema eléctrico facturados y aquellos relacionados con la contribución al SNOEE que sean necesarios para el cálculo del coste subvencionable.

e) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma en la que se indica en el apartado 4.

f) Declaración responsable de no tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

g) Declaración responsable de estar al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

h) Declaración responsable de no estar incurso en las restantes prohibiciones a las que se refiere el artículo 13.2 –excepto la señalada en la letra e)– de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

i) Declaración responsable de la empresa de estar válidamente constituida.

j) Declaración responsable del cumplimiento de las condiciones de acceso a la subvención.

k) Declaración responsable indicando si ha obtenido o solicitado ayudas para los mismos costes elegibles, a instituciones nacionales o comunitarias. Dicha declaración deberá ser actualizada en cualquier momento del procedimiento, comunicando al órgano instructor la obtención de las mismas, a efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.4.

l) Si el interesado solicita acceder a una mayor intensidad de ayuda en virtud del artículo 20.5, acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado artículo.

m) Si el interesado solicita la ayuda adicional a la que se refiere el artículo 20.6, un informe de un auditor de cuentas inscrito en el ROAC que certifique el correcto cálculo del valor añadido bruto correspondiente a las actividades subvencionables realizadas en la instalación, así como el correspondiente a la empresa o al grupo industrial al que pertenece la instalación, en su caso, durante los tres años anteriores al de la solicitud.

3. Los interesados presentarán la solicitud de ayuda y el resto de la documentación en la sede electrónica asociada del Ministerio de Industria y Turismo, con firma electrónica de la persona que tenga poder suficiente.

4. La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado reglamento.

5. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, desde el siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.»

Veintidós. El artículo 28 queda redactado como sigue:

«Artículo 28. Comisión de Evaluación.

1. La Comisión de Evaluación de las solicitudes admitidas emitirá informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Dicha Comisión de Evaluación estará presidida por la persona titular de la Dirección General de Programas Industriales. Su composición se completará con las siguientes vocalías:

a) La persona titular de la Subdirección General para el Impulso de Proyectos Industriales de la Dirección General de Programas Industriales.

b) La persona titular de la Subdirección General de Estrategia y Ecosistemas Industriales de la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa.

c) Una persona representante que ocupe un puesto con rango al menos de Subdirección General o asimilada, por cada uno de los siguientes órganos:

1.º La Subsecretaría del Ministerio de Industria y Turismo.

2.º La Secretaría de Estado de Industria del Ministerio de Industria y Turismo.

3.º La Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

4.º La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

d) La Secretaría de la Comisión de Evaluación actuará con voz, pero sin voto, y corresponderá a un funcionario de la Dirección General de Programas Industriales de nivel 28 o superior, designado por la persona titular de esa Dirección General.

3. Con objeto de agilizar la gestión de la concesión de las ayudas, la Comisión de Evaluación designará un comité ejecutivo permanente, encargado de resolver, en nombre de la Comisión de Evaluación, las alegaciones que puedan producirse como consecuencia de las propuestas de resolución provisional, compuesto por los siguientes miembros de la propia Comisión de Evaluación: el Presidente, el Secretario, el Subdirector General de Estrategia y Ecosistemas Industriales, el Subdirector General para el Impulso de Proyectos Industriales y el vocal de la Subsecretaría del Ministerio de Industria y Turismo.

4. El régimen jurídico de la Comisión de Evaluación será el establecido en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

5. La Comisión de Evaluación contará para su funcionamiento con los medios personales y materiales existentes en la Dirección General de Programas Industriales.»

Veintitrés. El artículo 29 queda redactado como sigue:

«Artículo 29. Instrucción del procedimiento.

1. El órgano instructor realizará, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. El órgano instructor del procedimiento procederá a la admisión de las solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos en los artículos 18 y 27.

3. El órgano instructor dará traslado de las solicitudes admitidas a la Comisión de Evaluación, la cual, procederá a la evaluación y cuantificación de las ayudas a los solicitantes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 21. Para ello, la Comisión de Evaluación podrá contar con la asistencia técnica que considere necesaria. Una vez efectuadas la evaluación y la cuantificación de las solicitudes, por la Comisión de Evaluación se elaborará el informe correspondiente que enviará al órgano instructor.

4. El órgano instructor, a la vista del informe de la Comisión de Evaluación y del correspondiente expediente formulará la propuesta de resolución provisional debidamente motivada, según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que constará de la relación de las solicitudes estimadas y cuantía de las ayudas y de la relación de solicitudes desestimadas. Dicha propuesta será publicada en la sede electrónica asociada del Ministerio de Industria y Turismo a los efectos de notificación a todos los interesados, y se concederá un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a su publicación para presentar alegaciones.

5. En el mismo plazo de diez días desde la publicación de la propuesta de resolución provisional, los interesados deberán, en su caso, acreditar el cumplimiento de los plazos de pago que se establecen en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en los términos previstos en los artículos 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 22 bis de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Si la certificación de auditor o el informe de procedimientos acordados no pudiera obtenerse antes de la terminación del plazo establecido para su presentación, se aportará justificante de haber solicitado dicho medio de acreditación. En tal caso, el interesado deberá aportar la certificación o informe de procedimientos acordados en el plazo de diez días tras la publicación de la propuesta de resolución definitiva.

Aquellas solicitudes de ayuda para las que no se haya aportado en plazo ni un medio de prueba para acreditar el cumplimiento del artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ni un justificante de haberlo solicitado, se tendrán por desistidas.

6. Transcurrido dicho plazo, examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, y, previa comprobación en ese momento del requisito de estar certificados como consumidores electrointensivos, el órgano instructor realizará la propuesta de resolución definitiva que deberá señalar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de las ayudas y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos.

7. De acuerdo con el artículo 24.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la propuesta de resolución definitiva se publicará en la sede electrónica asociada del Ministerio de Industria y Turismo a los efectos de notificación a todos los interesados, para que, en el plazo de diez días hábiles, los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios comuniquen su aceptación.

En el mismo plazo de diez días hábiles, los solicitantes propuestos como beneficiarios deberán actualizar, en su caso, la información aportada a lo largo del procedimiento respecto a la acreditación de las siguientes condiciones de obligado cumplimiento para poder ser beneficiario:

a) Cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en caso de caducidad de los certificados presentados junto con la solicitud.

b) No tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración.

c) Estar al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

d) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

e) Acreditación del artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en caso de que no se hubiera aportado hasta este momento de acuerdo con el apartado 5 del presente artículo, o de que no se mantenga su vigencia de acuerdo con el apartado 3 bis.b).2.º del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

f) Cualesquiera otras condiciones que resulten obligatorias para poder obtener la condición de beneficiario, a petición del órgano instructor.

8. Se entiende que desisten de su solicitud aquellas empresas que, según lo previsto en el apartado anterior, en dicho plazo de diez días hábiles no hayan comunicado la aceptación expresa de la ayuda, así como aquellas que no hayan acreditado o actualizado el cumplimiento de las condiciones exigidas para ser beneficiario.

Si el cumplimiento de estas condiciones ya le constara al órgano instructor, no habría que acreditarlas de nuevo.

9. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.»

Veinticuatro. El artículo 32 queda redactado como sigue:

«Artículo 32. Financiación.

Las ayudas destinadas a compensar a las empresas de carácter electrointensivo conforme al objeto del presente título se concederán con cargo a los créditos presupuestarios de la Secretaría de Estado de Industria existentes en cada ejercicio presupuestario y estarán condicionadas a que exista disponibilidad presupuestaria.

Las cuantías correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado de cada uno de los años en curso se destinarán a compensar los costes imputables a la financiación de apoyo citados correspondientes al año anterior.»

Veinticinco. El artículo 35 queda redactado como sigue:

«Artículo 35. Comprobación y control.

1. Para acreditar el cumplimiento de la obligación del artículo 11 de este real decreto, los beneficiarios obligados a la misma deberán entregar al órgano de seguimiento la siguiente documentación:

a) La última auditoría energética llevada a cabo en la instalación beneficiaria.

b) Y, adicionalmente:

1.º Si el beneficiario ha elegido realizar las actuaciones a las que se refiere el artículo 11.a), un informe de un auditor de cuentas inscrito en el ROAC en el que se certifiquen las actuaciones en materia de eficiencia energética que se han llevado a cabo y la inversión realizada.

2.º Si el beneficiario ha elegido realizar las actuaciones a las que se refiere el artículo 11.b), un informe de un auditor de cuentas inscrito en el ROAC en el que se certifiquen las actuaciones que se han llevado a cabo, con el porcentaje de inversión realizada en relación a la ayuda otorgada. Adicionalmente, cuando aplique, una justificación verificada de las emisiones directas de gases de efecto invernadero de la instalación elaborada por verificador acreditado en el ámbito del sistema de comercio de derechos de emisión por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o cualquier otro Organismo Nacional de Acreditación designado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93.

3.º Si el beneficiario ha elegido realizar las actuaciones a las que se refiere el artículo 11.c), una memoria que detalle el porcentaje de electricidad renovable consumida por la instalación para el año natural sobre el que se desea acreditar el cumplimiento de la obligación, calculado de acuerdo con la normativa sobre autoconsumo y etiquetado de electricidad. Asimismo, el beneficiario deberá aportar la documentación necesaria para refrendar la memoria anterior, como documentos oficiales de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia sobre redención de Garantías de Origen en los puntos de suministro de la instalación, documentación para comprobar el consumo eléctrico total y la comercializadora que suministró electricidad a la instalación o documentación sobre la electricidad renovable autoconsumida.

2. Para garantizar el correcto control de las ayudas, en tanto que los beneficiarios no hayan entregado la documentación acreditativa referida en el apartado anterior y no haya finalizado el plazo de cumplimiento, el órgano de seguimiento requerirá a los beneficiarios, anualmente, la siguiente documentación:

a) Si el beneficiario ha elegido realizar las actuaciones a las que se refiere el artículo 11.a), la auditoría energética que recoge las actuaciones que se van a implementar, así como una memoria con el detalle de las actuaciones que se van a llevar a cabo o, en su caso, actualización de las mismas, que incluya, entre otros, el detalle de los ahorros energéticos esperados, un calendario de las actuaciones previstas y el presupuesto de las mismas.

b) Si el beneficiario ha elegido realizar las actuaciones a las que se refiere el artículo 11.b), una memoria del proyecto de reducción de emisiones que se va a llevar a cabo o, en su caso, actualización del mismo, que incluya, entre otros, el detalle de la reducción de emisiones esperada, un calendario de actuaciones previstas y el presupuesto del proyecto.

c) Si el beneficiario ha elegido realizar las actuaciones a las que se refiere el artículo 11.c), una memoria indicando las actuaciones previstas para alcanzar el objetivo de consumo renovable en la instalación o, en su caso, actualización de las mismas, que describa la forma en que se alcanza el porcentaje renovable requerido de acuerdo con la normativa vigente sobre autoconsumo y sistema de etiquetado de la electricidad.

3. Tanto la documentación de comprobación del apartado primero como la documentación de control del apartado segundo se presentará en una aplicación habilitada al efecto en la sede electrónica asociada del Ministerio de Industria y Turismo, de conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para ello, el órgano de seguimiento habilitará anualmente un plazo de veinte días hábiles para entregar la documentación requerida.

4. Asimismo, tanto con la presentación de la documentación acreditativa del apartado primero como con la presentación de la documentación de control del apartado segundo, los beneficiarios firmarán una declaración responsable de que cumplen las obligaciones establecidas en el artículo 5 del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España. Dicha declaración responsable estará incluida en el formulario de envío de documentación anual.

5. La documentación a aportar seguirá los modelos disponibles en el Portal de Ayudas alojado en la sede electrónica asociada del Ministerio de Industria y Turismo, donde se dispondrán los medios electrónicos de ayuda necesarios para aportar la documentación.

6. El órgano de seguimiento certificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios, que en todo caso deberán hacerlo dentro del plazo establecido para ello.

7. Asimismo, el beneficiario estará sometido a aquellas actuaciones de comprobación que lleve a cabo el órgano gestor como responsable del seguimiento, tanto en términos de las actuaciones subvencionadas como de las obligaciones, así como al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas.

8. El órgano instructor y de seguimiento de las ayudas podrá requerir en cualquier momento documentación justificativa adicional que permita acreditar el cumplimiento de las obligaciones descritas en el presente real decreto.

9. Las obligaciones y compromisos se verán renovados con cada nueva concesión de ayuda, dando lugar al inicio de su correspondiente nuevo periodo de tres años de comprobaciones del cumplimiento de las obligaciones.»

Veintiséis. El artículo 36 queda redactado como sigue:

«Artículo 36. Reintegros e incumplimientos.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en los casos y en los términos previstos por el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. El incumplimiento de los requisitos establecidos en este real decreto y en las demás normas aplicables, así como de las obligaciones y condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, conforme a lo dispuesto en el capítulo I del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título III de su reglamento, a la obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes.

3. En todo caso, el reintegro será de la totalidad de la ayuda percibida más los intereses de demora en los siguientes casos:

a) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el beneficiario que hayan servido de base para la concesión.

b) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación de cualquier extremo contenido en la documentación que aporte el beneficiario.

c) El incumplimiento de las obligaciones relativas al mantenimiento de la actividad productiva a las que se refiere el artículo 5 del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre.»

Veintisiete. Se suprime la disposición adicional tercera.

Veintiocho. Se suprime la disposición adicional cuarta.

Veintinueve. Se suprime la disposición adicional quinta.

Treinta. Se suprime la disposición transitoria primera.

Treinta y uno. Se suprime la disposición transitoria segunda.

Treinta y dos. Se suprime la disposición transitoria tercera.

Treinta y tres. Se suprime la disposición transitoria cuarta.

Treinta y cuatro. Se suprime la disposición transitoria quinta.

Treinta y cinco. Se suprime la disposición final tercera.

Treinta y seis. La disposición final cuarta queda redactada como sigue:

«Disposición final cuarta. Habilitación para el desarrollo reglamentario y aplicación.

1. Se autoriza a las personas titulares del Ministerio de Industria y Turismo y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones generales y resoluciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en este real decreto.

2. Se faculta a la persona titular del Ministerio de Industria y Turismo para modificar mediante orden el anexo de este real decreto. La modificación requerirá la conformidad de la persona titular del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

3. Las posibles modificaciones del anexo mediante orden ministerial deberán obedecer a la necesidad de su adaptación técnica a los cambios operados en la normativa de la Unión Europea o a la ampliación o modificación de la relación de sectores subvencionables.»

Artículo segundo. Modificación del Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo, por el que se establece el mecanismo de compensación de costes indirectos para los sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono durante el periodo 2021-2030.

El Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo, por el que se establece el mecanismo de compensación de costes indirectos para los sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono durante el periodo 2021-2030, queda modificado como sigue:

Uno. El apartado 3.d) del artículo 4 queda redactado como sigue:

«d) En las que concurra, en el año en el que se efectúa la solicitud de la ayuda, alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España.»

Dos. El apartado 2 del artículo 5 queda redactado como sigue:

«2. Aquellos beneficiarios que estén obligados a realizar una auditoría energética según el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, deberán realizar, en cada instalación beneficiaria, al menos una de las siguientes actuaciones en un periodo no superior a tres años desde la concesión de la ayuda:

Implementar las actuaciones para la mejora del desempeño energético identificadas en la auditoría energética en vigor en el momento de la concesión, siempre que se consideren económicamente rentables y que los costes de inversión sean proporcionados, conforme a las definiciones establecidas en el anexo III.

La auditoría energética deberá detallar los parámetros que se han tomado como referencia para calcular el periodo de recuperación simple de la inversión. Si el informe de auditoría no los recogiere, los titulares de la instalación deberán detallar los parámetros utilizados para calcular el periodo de recuperación simple.

Invertir, al menos, el 50 por ciento de la ayuda recibida en proyectos que den lugar a reducciones sustanciales de las emisiones de gases de efecto invernadero de la instalación. La inversión debería dar lugar a reducciones muy por debajo del valor de referencia pertinente utilizado para la asignación gratuita en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) de la Unión Europea.

Reducir la huella de carbono de su consumo eléctrico, de forma que al menos el 30 por ciento del consumo de electricidad de la instalación proceda de fuentes de energía renovables. Para justificar este porcentaje, se considerará tanto el autoconsumo renovable como el consumo de red de origen renovable, acreditado de acuerdo con la normativa sobre el sistema de etiquetado de la electricidad.

Los beneficiarios que se acojan a esta opción deberán acreditar su cumplimiento tantos años distintos como número de convocatorias en que hayan resultado beneficiarios.»

Tres. Se añaden los apartados 4 y 5 al artículo 7, con la siguiente redacción:

«4. Las convocatorias anuales de ayudas derivadas de este real decreto podrán determinar los términos y condiciones de compatibilidad de la ayuda regulada en este real decreto con las subvenciones y subastas financiadas con el Fondo de Innovación de la Unión Europea y con las ayudas a entidades promotoras de proyectos españoles por su participación en el esquema “Subastas como servicio” del marco de subastas correspondiente. En ningún caso se concederá la subvención en caso de incompatibilidad o doble financiación y se respetarán los criterios de acumulación previstos en este artículo.

5. Las convocatorias anuales de ayudas derivadas de este real decreto podrán introducir el ajuste que haya aprobado la Comisión Europea para abordar los solapamientos entre la ayuda regulada en este real decreto y la obligación de entregar certificados en virtud del Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono por las emisiones indirectas.

Asimismo, las convocatorias anuales de ayudas podrán introducir el ajuste que haya aprobado la Comisión Europea para garantizar que las empresas no reciban una doble compensación por las mismas emisiones mediante la asignación gratuita y la compensación de los costes de las emisiones indirectas, en aquellas referencias de producto con intercambiabilidad de combustible y electricidad cuyo método de asignación gratuita de derechos de emisión se establece en el Reglamento Delegado (UE) 2024/873 de la Comisión, de 30 de enero de 2024, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/331 en lo que respecta a las normas transitorias de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión.»

Cuatro. El artículo 21 queda redactado como sigue:

«Artículo 21. Comprobación y control.

1. Para acreditar el cumplimiento de la obligación del artículo 5.2 de este real decreto, los beneficiarios obligados a la misma deberán entregar al órgano de seguimiento la siguiente documentación:

a) La última auditoría energética llevada a cabo en la instalación beneficiaria.

b) Y, adicionalmente:

1.º Si el beneficiario ha elegido realizar las actuaciones a las que se refiere el artículo 5.2.a), un informe de un auditor de cuentas inscrito en el ROAC en el que se certifiquen las actuaciones en materia de eficiencia energética que se han llevado a cabo y la inversión realizada.

2.º Si el beneficiario ha elegido realizar las actuaciones a las que se refiere el artículo 5.2.b), un informe de un auditor de cuentas inscrito en el ROAC en el que se certifiquen las actuaciones que se han llevado a cabo, con el porcentaje de inversión realizada en relación a la ayuda otorgada. Adicionalmente, una justificación verificada de las emisiones directas de gases de efecto invernadero de la instalación elaborada por verificador acreditado en el ámbito del sistema de comercio de derechos de emisión por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o cualquier otro Organismo Nacional de Acreditación designado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93.

3.º Si el beneficiario ha elegido realizar las actuaciones a las que se refiere el artículo 5.2.c), una memoria que detalle el porcentaje de electricidad renovable consumida por la instalación para el año natural sobre el que se desea acreditar el cumplimiento de la obligación, calculado de acuerdo con la normativa sobre autoconsumo y etiquetado de electricidad. Asimismo, el beneficiario deberá aportar la documentación necesaria para refrendar la memoria anterior, como documentos oficiales de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia sobre redención de Garantías de Origen en los puntos de suministro de la instalación, documentación para comprobar el consumo eléctrico total y la comercializadora que suministro electricidad a la instalación o documentación sobre la electricidad renovable autoconsumida.

2. Para garantizar el correcto control de las ayudas, en tanto que los beneficiarios no hayan entregado la documentación acreditativa referida en el apartado anterior y no haya finalizado el plazo de cumplimiento, el órgano de seguimiento requerirá a los beneficiarios, anualmente, la siguiente documentación:

a) Si el beneficiario ha elegido realizar las actuaciones a las que se refiere el artículo 5.2.a), la auditoría energética que recoge las actuaciones que se van a implementar, así como una memoria con el detalle de las actuaciones que se van a llevar a cabo o, en su caso, actualización de las mismas, que incluya, entre otros, el detalle de los ahorros energéticos esperados, un calendario de las actuaciones previstas y el presupuesto de las mismas.

b) Si el beneficiario ha elegido realizar las actuaciones a las que se refiere el artículo 5.2.b), una memoria del proyecto de reducción de emisiones que se va a llevar a cabo o, en su caso, actualización del mismo, que incluya, entre otros, el detalle de la reducción de emisiones esperada, un calendario de actuaciones previstas y el presupuesto del proyecto.

c) Si el beneficiario ha elegido realizar las actuaciones a las que se refiere el artículo 5.2.c), una memoria indicando las actuaciones previstas para alcanzar el objetivo de consumo renovable en la instalación o, en su caso, actualización de las mismas, que describa la forma en que se alcanza el porcentaje renovable requerido de acuerdo con la normativa vigente sobre autoconsumo y sistema de etiquetado de la electricidad.

3. Tanto la documentación de comprobación del apartado primero como la documentación de control del apartado segundo se presentará en una aplicación habilitada al efecto en la sede electrónica asociada del Ministerio de Industria y Turismo, de conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para ello, el órgano de seguimiento habilitará anualmente un plazo de veinte días hábiles para entregar la documentación requerida.

4. Asimismo, tanto con el envío de la documentación acreditativa del apartado primero como con el envío de la documentación de control del apartado segundo, los beneficiarios firmarán una declaración responsable de que cumplen las obligaciones establecidas en el artículo 5 del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España. Dicha declaración responsable estará incluida en el formulario de envío de documentación anual.

5. La documentación a aportar seguirá los modelos disponibles en el Portal de Ayudas alojado en la sede electrónica asociada del Ministerio de Industria y Turismo, donde se dispondrán los medios electrónicos de ayuda necesarios para aportar la documentación.

6. El órgano de seguimiento certificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios, que en todo caso deberán hacerlo dentro del plazo establecido para ello.

7. Asimismo, el beneficiario estará sometido a aquellas actuaciones de comprobación que lleve a cabo el órgano gestor como responsable del seguimiento, tanto en términos de las actuaciones subvencionadas como de las obligaciones, así como al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas.

8. El órgano instructor y de seguimiento de las ayudas podrá requerir en cualquier momento documentación justificativa adicional que permita acreditar el cumplimiento de las obligaciones descritas en el presente real decreto.

9. Las obligaciones y compromisos se verán renovados con cada nueva concesión de ayuda, dando lugar al inicio de su correspondiente nuevo periodo de tres años de comprobaciones del cumplimiento de las obligaciones.»

Disposición adicional única. Referencias a los órganos suprimidos.

Las referencias que se hacen en el Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, a órganos ya suprimidos se entenderán realizadas a los que se indican a continuación:

a) Las referencias al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se entenderán hechas al Ministerio de Industria y Turismo.

b) Las referencias a la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, se entenderán hechas a la Secretaría de Estado de Industria.

c) Las referencias a la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, se entenderán hechas a la Dirección General de Programas Industriales.

d) Las referencias a la Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales, se entenderán hechas a la Subdirección General para el Impulso de Proyectos Industriales.

Disposición transitoria única. Régimen de aplicación de las modificaciones relacionadas con el sistema de obligaciones y su comprobación y control.

A los beneficiarios del mecanismo regulado por el título III del Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, en convocatorias de compensación de costes incurridos antes del 1 de enero de 2026, les será de aplicación el régimen de obligaciones establecido en los artículos 11 y 12 del citado real decreto en su redacción vigente el día anterior a la entrada en vigor de este real decreto.

A los beneficiarios del mecanismo regulado por el título III del Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, en convocatorias de compensación de costes incurridos antes del 1 de enero de 2026, les será de aplicación el régimen de comprobación y control de las obligaciones establecido en el artículo 35 del citado real decreto en la redacción vigente tras la entrada en vigor de este real decreto.

A los beneficiarios del mecanismo regulado por el Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo, en convocatorias de compensación de costes incurridos antes del 1 de enero de 2026, les será de aplicación el régimen de comprobación y control de las obligaciones establecido en el artículo 21 del citado real decreto en la redacción vigente tras la entrada en vigor de este real decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de lo dispuesto en los dos apartados siguientes.

Las modificaciones introducidas en el Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, respecto a las solicitudes de obtención o renovación del certificado de consumidor electrointensivo, serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2027.

Las modificaciones introducidas en el Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, respecto al mecanismo regulado en el título III del Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, serán de aplicación para las solicitudes de compensación de costes incurridos a partir del 1 de enero de 2026.

Dado el 11 de noviembre de 2026.

FELIPE R.

El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes,

FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA