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Con fecha 28 de octubre de 2026, el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E. y el Institut Català de Finances, han suscrito el Convenio para la participación en la actividad de intermediación y la cofinanciación directa de proyectos incluidos en la estrategia de inversión de España Crece.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 30 de octubre de 2026.–El Presidente del Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., Manuel Illueca Muñoz.
REUNIDOS
De una parte, el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E. (en adelante también, Instituto de Crédito Oficial o «ICO»), con CIF Q2876002C y domicilio en Madrid, paseo del Prado, número 4, representado por don Manuel Illueca Muñoz en su condición de Presidente en virtud de su nombramiento por Real Decreto 860/2024, de 27 de agosto, en ejercicio de las funciones de representación que le otorgan sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 706/1999, con las modificaciones contempladas en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y, de otra parte, el Institut Català de Finances (en adelante, también, Instituto Catalán de Finanzas y «ICF»), representado por la señora Vanessa Servera i Planas, en su condición de consejera delegada, nombrada por acuerdo del Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/3/2023, de 10 de enero, publicado en el DOGC núm. 8830, de 11 de enero de 2023, y de acuerdo con la facultad de representación del ICF que le corresponde por ley al consejero delegado o consejera delegada, según dispone el artículo 15 del texto refundido de la Ley del Institut Català de Finances, aprobado por Decreto legislativo 1/2022, de 26 de julio.
EXPONEN
El Instituto Catalán de Finanzas es una entidad con personalidad jurídica propia sometida al ordenamiento jurídico privado, de las previstas en el artículo 1.b.1 del texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana, aprobado por Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, que disfruta de patrimonio y tesorería propia y actúa para el cumplimiento de sus funciones con autonomía orgánica, financiera, patrimonial, presupuestaria, funcional y de gestión, con plena independencia de las administraciones públicas.
El ICF, creado por la Ley 2/1985, de 14 de enero, ha permitido potenciar la acción de la Generalitat de Cataluña en un ámbito de influencia directa sobre el fomento del pleno empleo y sobre el desarrollo económico y social. La misión de la entidad ha sido la de impulsar y facilitar el acceso a la financiación en el tejido económico catalán, para contribuir al crecimiento económico y social de Cataluña, actuando como complemento del sector financiero privado.
El estatuto jurídico del ICF lo conforma el texto refundido de la Ley del Instituto Catalán de Finanzas, aprobado por el Decreto legislativo 1/2022, de 26 de julio, que dispone que al ICF se le aplica la normativa específica de las entidades de crédito y se somete a la normativa de carácter básico y a la dictada por los organismos reguladores de la Unión Europea que le sea aplicable, teniendo en cuenta su especial actividad y naturaleza. La entidad no disfruta actualmente de la condición legal de entidad de crédito, de acuerdo con la normativa estatal vigente. No obstante, una de las aspiraciones estratégicas del ICF en los últimos años ha sido la de poder asimilar su actividad a la de una entidad de crédito.
Actualmente, el ICF tiene, entre sus principales ejes de actuación, la reindustrialización, la transición energética y la vivienda social. La entidad ofrece varios productos y servicios vinculados a la financiación, esencialmente préstamos, avales e inversiones en capital riesgo, y con su actividad constituye una palanca de financiación para que se puedan hacer realidad proyectos en el ámbito empresarial y, desde este año, facilitar el acceso a la vivienda.
El Instituto de Crédito Oficial es una entidad pública empresarial de las previstas en artículo 103 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, que tiene naturaleza jurídica de entidad de crédito, y la consideración de Agencia Financiera del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines.
Son fines del ICO, de acuerdo con el artículo 2 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 706/1999, de 30 abril (BOE de 13 mayo), el sostenimiento y la promoción de actividades económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional y, en especial, de aquellas que, por su trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica, merezcan su fomento.
Para el cumplimiento de los fines que le atribuye el artículo 2 de sus Estatutos, el ICO podrá, de acuerdo con el artículo 4 de sus Estatutos, desarrollar, sin perjuicio de las competencias de los distintos departamentos ministeriales, las siguientes funciones: formalizar, gestionar y administrar fondos, subvenciones, créditos, avales u otras garantías, cuotas y cualesquiera instrumentos financieros al servicio de sus fines, pudiendo a dicho efecto realizar toda clase de operaciones financieras de activo.
Así también, para el cumplimiento de estos fines puede suscribir convenios y acuerdos de colaboración con otras Administraciones y entidades públicas y privadas que permitan una mejor realización de los respectivos objetivos y políticas públicas encomendadas.
Tanto el ICF como el ICO se configuran en sus respectivos ámbitos de aplicación como bancos o instituciones nacionales de promoción en el sentido y al tenor del apartado 3.º del artículo 2 del Reglamento UE 2015/1017 y de la Comunicación de la Comisión Europea COM/2015/0361 sobre el rol de los bancos nacionales de promoción en el plan de inversión europeo pues ambos realizan actividades financieras de forma profesional y han recibido el mandato (nacional o regional) de llevar a cabo actividades de desarrollo o de promoción.
Que para llevar a cabo las actividades financieras de desarrollo o promoción, el ICO, especialmente en lo que hace al impulso de la financiación de activades empresariales y proyectos de inversión de autónomos, emprendedores y empresas, ha contado tradicionalmente con las líneas de mediación que se despliegan a través de las entidades financieras, sin perjuicio de que igualmente se fomente la financiación directa de proyectos en cofinanciación con otras entidades financieras.
Que el ICO ha sido instruido por Acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de mayo de 2026 para financiar operaciones en los términos establecidos en la Estrategia de Inversión de España Crece cuyo principal foco de atención se centra en los ejes de vivienda y pymes.
Que el ICF, como institución pública de promoción e intermediario financiero público, también centra su actividad en el desarrollo de proyectos con impacto económico y social en Cataluña, con especial atención al ámbito de la vivienda y al tejido de pequeñas y medianas empresas.
Que, habida cuentas de los intereses comunes, ambas partes pretenden iniciar una colaboración en todas aquellas cuestiones que pueden proporcionar beneficios directos o indirectos a ambas entidades y maximizar los resultados de su intervención y una mejor gestión de los recursos, destacando tanto la participación del ICF en las líneas intermediadas como en la financiación directa de los proyectos incluidos en la Estrategia de Inversión de España Crece cofinanciando con el ICO dentro de su ámbito territorial y, por tanto, maximizando el impacto en Cataluña. A estos efectos, se entenderá por cofinanciación que cada entidad aporte sus propios recursos, aprueba su tramo dentro del préstamo o crédito y asume el riesgo de la operación dentro de su propio balance.
Para lograr las finalidades establecidas en la manifestación anterior, se establecen las siguientes
ESTIPULACIONES
El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones generales de la colaboración entre el ICO y el ICF en su consideración de institución pública de promoción e intermediario financiero público, tanto a través de la participación del ICF en la actividad de intermediación como cofinanciando con el ICO directamente proyectos incluidos en la Estrategia de Inversión de España Crece.
El ICO se compromete a aprobar aquellos acuerdos, convenios, convocatorias, sus posibles modificaciones y cualquier otro documento adicional o complementario, necesario para que el ICF, con su actual naturaleza o estatus jurídico, pueda ser reconocido como Intermediario Financiero elegible o Entidad Intermediaria elegible para intermediar con los receptores finales en la comercialización de las líneas de mediación vigentes desplegadas por el ICO, y/o aquellas que puedan desplegarse en un futuro, en las que ICF tenga interés en mediar. El anterior compromiso se entiende sin perjuicio del resultado del análisis que los servicios técnicos del ICO hagan a propósito del riesgo de contrapartida y de la exigencia, en su caso, de una auditoría legal y financiera sobre cumplimiento de la normativa bancaria europea (CRD/CRR y Ley 10/2014) que aseguren una solvencia equivalente al del resto de entidades supervisadas.
Por su parte, el ICF se compromete a solicitar su clasificación como entidad intermediaria elegible en aquellas líneas de financiación gestionadas por el ICO que estén alineadas con las funciones y misión del ICF, adoptando durante el 2026 aquellas medidas operativas que sean necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de su reconocimiento como intermediario financiero elegible de las líneas de mediación ICO, especialmente en lo que hace a la adaptación de los sistemas tecnológicos que permitan operar con el ICO, corriendo exclusivamente de su cuenta todos los gastos y costes que requieran las correspondientes adaptaciones.
El ICO e ICF se comprometen a suscribir los correspondientes convenios para delimitar áreas comunes de actuación que permitan realizar actuaciones de difusión, identificación y canalización de proyectos en el marco de la estrategia de inversión de España Crece que el ICO despliegue dentro del ámbito territorial de Cataluña. A través de estos convenios se establecerá tanto la posibilidad de cofinanciación de proyectos en los que el ICF aporte financiación complementaria en operaciones que el ICO declare elegibles como otras formas de colaboración.
En todo caso, la participación prevista en esta cláusula se entiende sin perjuicio de que las orientaciones generales de política pública, la estrategia de inversión detallada, la elegibilidad, la asignación de recursos, las decisiones de financiación, el balance, y el riesgo de España Crece correspondan a ICO y a sus órganos de gobierno. El ICF podrá colaborar en la difusión, originación y financiación separada.
A los efectos de analizar estas áreas comunes de actuación en la implementación de España Crece, ambas partes acuerdan la creación de un grupo de trabajo que tendrá carácter técnico, con tareas de asesoramiento y no decisión, que estará integrado por dos representantes del ICO y dos representantes del ICF.
Las partes designan inicialmente para formar parte de este grupo de trabajo, por parte del ICO, la persona titular de la persona titular de la Dirección de Estrategia y Comunicación y la persona titular de la Jefatura de Asesoramiento Jurídico, y por parte del ICF la persona titular de la dirección de Auditoria, Cumplimiento y Asesoría Jurídica y la persona titular de la dirección de Administración, Finanzas y Mercados. A las reuniones podrán asistir otros técnicos de las respectivas entidades, previo aviso a la otra parte. La primera reunión tendrá lugar en el plazo de un mes a contar desde la fecha de inscripción de este convenio en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal.
Ambas partes se comprometen a mantener reuniones periódicas con el fin de colaborar en aquellas cuestiones que se consideren de interés común, nuevos ámbitos de actuación, iniciativas legislativas, gaps de mercado, nuevos productos, etc.
Entre los medios de colaboración entre ambas entidades se promoverá el intercambio entre miembros de los equipos profesionales por la duración que se estime adecuada en cada caso, en función del objetivo u objetivos previamente definidos por el ICO e ICF.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se encuadra dentro de los establecidos en el artículo 47.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, resultando de aplicación el régimen jurídico de convenios previsto en el capítulo VI del título preliminar de la citada ley.
El presente convenio se perfecciona con el consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal conforme a lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Adicionalmente se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
El convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal. En cualquier momento antes de la finalización del plazo anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga siempre y cuando la misma no exceda del plazo legalmente permitido de cuatro años, acuerdo que deberá formalizarse por escrito mediante la correspondiente adenda.
El presente convenio carece de contenido económico común. Los gastos y costes en que alguna de las partes tuviera que incurrir para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las cláusulas dos y tres serán asumidas por la parte a la que se atribuya la obligación correspondiente.
Para velar por la adecuada realización del objeto del presente convenio se constituye una comisión de seguimiento que estará compuesta por cuatro (4) miembros:
– Dos representantes del ICO, la persona titular de la Dirección de Estrategia y Comunicación y la persona titular de la Jefatura de Asesoramiento Jurídico.
– Dos representantes del ICF, la persona titular de la dirección de Auditoria, Cumplimiento y Asesoría Jurídica y la persona titular de la dirección de Administración, Finanzas y Mercados.
La Presidencia y la Secretaria de la Comisión serán desempeñadas de forma rotativa por ambas entidades en los términos que se determinen por la propia Comisión en la reunión constitutiva.
La comisión de seguimiento se constituirá en el plazo de un mes a contar desde la fecha de inscripción de este convenio en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal.
El Secretario convocará las reuniones de la Comisión de Seguimiento cuantas veces resulte necesario y, al menos, dos veces al año, o cuando una de las partes lo solicite.
El Secretario elaborará un acta de cada reunión de la Comisión de Seguimiento, que enviará al resto de miembros para su firma.
Serán causas de extinción:
1. El cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto.
2. Incurrir en causa de resolución. Son causa de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el presente convenio o en las leyes.
La resolución del convenio deberá solicitarse por escrito y con un preaviso mínimo de treinta días naturales y no afectará a las obligaciones legalmente contraídas por ambas partes entre sí o frente a terceros.
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos legalmente.
Para la modificación del presente convenio se estará a lo dispuesto en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las disposiciones del presente convenio podrán ser parcial o totalmente modificadas por acuerdo expreso de las partes, para la mejor eficiencia y eficacia de su finalidad, previo cumplimiento de los requisitos formales y legales necesarios para ello. Las modificaciones acordadas, en su caso, se tramitarán como adenda al texto del convenio.
La referida adenda habrá de seguir los trámites previstos en el artículo 50.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y será eficaz una vez suscrita e inscrita, en el plazo de cinco (5) días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal (REOICO). Con posterioridad será publicada en el «Boletín Oficial del Estado» en el plazo de diez (10) días hábiles desde su formalización.
Las partes se comprometen a destacar en las actividades que realicen para la difusión de las actuaciones previstas en el convenio la colaboración prestada entre ellas, así como a incorporar sus respectivos logotipos en los materiales que se produzcan y utilicen para la publicidad o difusión de las actividades que pudieran ser realizadas.
El ICO e ICF informan de que los datos personales de los signatarios del presente convenio, así como de aquellas personas de las organizaciones que sean facilitadas como fruto del presente convenio, serán tratados, con la finalidad de facilitar la relación convencional. En este sentido, el ICO informa a los signatarios de la posibilidad de ejercitar los derechos en materia de protección de datos (acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas) mediante petición escrita dirigida a la dirección que figura en la estipulación decimocuarta, notificaciones, del presente convenio, indicando como referencia en la comunicación la siguiente mención: «Protección de Datos de Carácter Personal».
En cuanto a los datos personales de los signatarios y datos de contactos del ICO, se aplicará, de manera recíproca, lo dispuesto en el párrafo anterior, siendo la dirección que figura en la Estipulación Decimocuarta del presente convenio donde el mismo podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición.
Con respecto a los datos personales obtenidos de los beneficiarios de las ayudas, las partes se obligan a cumplir la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, informando del objeto y finalidad de los tratamientos a realizar, del ejercicio de los derechos en materia de protección de datos que les asisten, así como recabando de los mismos cuantos consentimientos, relativos a su uso, pudieran resultar necesarios.
Los términos del presente convenio no tendrán carácter confidencial. Sin embargo, toda la información o documentación que cada una de las partes obtenga de la otra con motivo del presente convenio tendrá carácter confidencial y no podrá ser comunicada o publicada, salvo en los términos o condiciones que las partes acuerden. Adicionalmente, las partes deberán guardar secreto de toda aquella información a que acceda, con motivo de este convenio, así como toda aquella persona que, por su cuenta, acceda a la misma.
Se excluye de la categoría de información confidencial toda aquélla que haya de ser revelada de acuerdo con las leyes o con una resolución judicial o acto de autoridad competente.
Las notificaciones y comunicaciones que hubieren de ser cursadas por una parte a la otra en relación con el presente convenio se remitirán a las siguientes direcciones:
Por parte del ICO:
Paseo del Prado, 4, 28014-Madrid.
Correo electrónico: convenios@ico.es.
Teléfono: 915921564.
Por parte del ICF:
Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010-Barcelona.
Correo electrónico: secretaria.tecnica@icf.cat.
Teléfono: 933428410.
En el caso de que se produjeran cambios en los domicilios señalados, se notificarán de forma inmediata, por correo certificado, a la otra parte para su conocimiento.
Las partes, en el seno de la Comisión de Seguimiento, resolverán de mutuo acuerdo cualquier problema de interpretación de este convenio, así como las controversias que pudieran suscitarse durante la ejecución. En ausencia de acuerdo, las cuestiones derivadas de su aplicación serán recurribles de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin que en ningún caso puedan revisarse ante esta jurisdicción ni por la Comisión de Seguimiento los análisis de riesgos realizados por los servicios técnicos del ICO a los que hace referencia la cláusula segunda ni las decisiones de cofinanciar o no cofinanciar determinadas operaciones en virtud de los acuerdos alcanzados en virtud de la cláusula tercera.
Y, en prueba de conformidad con el contenido de este convenio, las partes lo firman en Barcelona, a 28 de octubre de 2026.–Por el Instituto de Crédito Oficial, el Presidente, Manuel Illueca Muñoz.–Por el Institut Catalá de Finances, la Consejera Delegada, Vanessa Servera i Planas.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
