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El Consejo de Ministros, en su reunión del día 1 de septiembre de 2026, ha aprobado el Acuerdo por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogados para 2026, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de las oficinas de justicia en los municipios.

Para general conocimiento se procede a la publicación del referido acuerdo que figura como anexo a esta orden.

Madrid, 17 de septiembre de 2026.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García.

ANEXO

Acuerdo por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogados para 2026, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de las oficinas de justicia en los municipios

Primero.

Las subvenciones a los Ayuntamientos para los gastos de funcionamiento de las oficinas de justicia en los municipios se modularán en función de la población de derecho de los municipios, de conformidad con los siguientes tramos:

Número de habitantes	Cuantía anual – Euros
De 1 a 499.	310
De 500 a 999.	578
De 1.000 a 2.999.	1.100
De 3.000 a 4.999.	1.606
De 5.000 a 6.999.	2.010
De 7.000 o más.	2.340

Segundo.

En virtud de lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1993, los Ayuntamientos de los municipios integrantes de cada una de las Agrupaciones de Secretarías de oficinas de justicia en los municipios, constituidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 439 quinquies 3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, percibirán el 50 por ciento de la cantidad que, por población de derecho, les corresponda.

El otro 50 por ciento pasará a incrementar la cantidad que, en función de su población de derecho, corresponda a los Ayuntamientos de los municipios sedes de las citadas Agrupaciones.

Tercero.

Este acuerdo se aplicará a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Comunidad Autónoma de Castilla y León, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Comunidad Autónoma de Extremadura y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

De conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 966/1990, de 20 de julio; 1684/1987, de 6 de noviembre; 2166/1994, de 4 de noviembre; 293/1995, de 24 de febrero; 2462/1996, de 2 de diciembre; 142/1997, de 31 de enero; 813/1999, de 14 de mayo; 1429/2002, de 27 de diciembre; 966/2006, de 1 de septiembre; 817/2007, de 22 de junio; 1702/2007, de 14 de diciembre y 1800/2010, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña, Comunidad Autónoma del País Vasco, Comunidad Autónoma de Galicia, Comunitat Valenciana, Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad Autónoma de Andalucía, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, Comunidad Autónoma de Cantabria, Comunidad Autónoma de Aragón y Comunidad Autónoma de La Rioja, respectivamente, en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, este acuerdo no será de aplicación a los Ayuntamientos de las mencionadas comunidades autónomas.