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Documento BOE-A-2018-15344

Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

TEXTO

I

El mercado hipotecario constituye un sector relevante de la economa espaola. Nuestro ordenamiento jurdico establece la elevacin a escritura pblica como elemento esencial del prstamo con garanta hipotecaria. Dicha elevacin a escritura pblica conlleva el devengo del Impuesto sobre Actos Jurdicos Documentados previsto en el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

El Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, dispona en el nmero 2 de su artculo 68 que el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurdicos Documentados, en su modalidad de documentos notariales, era el prestatario, cuando se tratase de escrituras de constitucin de prstamo con garanta.

La Seccin Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en sus Sentencias 1505/2018, de 16 de octubre, 1523/2018, de 22 de octubre, y 1531/2018, de 23 de octubre, ha anulado el nmero 2 del artculo 68 del citado reglamento. Los efectos anulatorios de esta sentencia han provocado una situacin de incertidumbre, que ha dado lugar a una reduccin sustancial de actos de formalizacin de prstamos con garanta hipotecaria.

Con posterioridad, el 6 de noviembre de 2018, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha acordado volver a hacer recaer sobre el prestatario la obligacin del pago del impuesto.

Esta sucesin de acontecimientos ha generado una situacin de inseguridad jurdica, que afecta al mercado hipotecario en su conjunto, y que es preciso abordar con carcter inmediato.

II

El escenario descrito constituye una situacin de extraordinaria y urgente necesidad, que justifica una accin normativa del Gobierno al amparo del artculo 86.1 de la Constitucin Espaola.

El requisito de la extraordinaria necesidad concurre por varias razones.

En primer lugar, la situacin de incertidumbre generada por los hechos expuestos hace necesario fijar de modo preciso un marco jurdico que establezca las reglas de una actividad mercantil tan comn como el contrato de prstamo con garanta hipotecaria. Dicha necesidad se impone como una obligacin al legislador, que no puede ser desatendida por su importancia esencial para el desenvolvimiento normal del trfico hipotecario.

En segundo lugar, y en ntima conexin con la incertidumbre generadora de la extraordinaria necesidad, el Gobierno no puede desatender el mandato constitucional de garantizar a los ciudadanos sus derechos como consumidores, dentro de los que ha de entenderse el de contar con un marco jurdico estable y claro.

Respecto al presupuesto habilitante de urgencia en la aprobacin de este real decreto-ley, es inaplazable poner fin de manera inmediata a la incertidumbre e inseguridad jurdica generada por los hechos descritos. La indeterminacin en que se encuentra el rgimen jurdico aplicable ha causado una paralizacin en el mercado hipotecario, cuya importancia socioeconmica es innegable. Es preciso poner fin a dicha situacin.

Esta urgencia conduce a la necesidad de tramitar esta norma como real decreto-ley, pues su finalidad es subvenir a una situacin concreta que requiere una accin normativa inmediata en un plazo ms breve que el requerido por la va normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitacin parlamentaria de las leyes, mxime cuando la determinacin de dicho procedimiento no depende del Gobierno (SSTC 6/1983, FJ 5; 11/2002, FJ 4; 137/2003, FJ 3; 189/2005, FJ 3; 68/2007, FJ 10; 137/2011, FJ 7).

A la urgente y extraordinaria necesidad que se acaba de justificar, ha de aadirse que concurren tambin las notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que exigen una accin normativa inmediata (SSTC 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7). La excepcionalidad viene determinada por la situacin que ha generado la sucesin de pronunciamientos judiciales diversos sobre la misma materia. La gravedad se deriva del gran nmero de factores, sujetos e intereses que se ven afectados por dicho rgimen jurdico. En lo que se refiere a la relevancia, es palmaria la importancia cuantitativa y cualitativa que las hipotecas tienen en nuestro trfico mercantil. Por ltimo, la imprevisibilidad concurre por la imposibilidad de anticipar la sucesin reciente de cambios jurisprudenciales sobre esta materia.

III

El artculo 86 de la Constitucin Espaola dispone que los reales decretos-leyes no pueden afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Ttulo I, entre los cuales se encuentra el deber de contribuir a los gastos pblicos recogido en el artculo 31.1 del texto constitucional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha declarado en numerosas ocasiones que ello no excluye la posibilidad de utilizar el real decreto-ley para regular cuestiones tributarias, reconociendo incluso la posibilidad de utilizar este instrumento para crear ex novo obligaciones tributarias. As, el Tribunal Constitucional ha afirmado que Ningn bice existe desde el punto de vista constitucional, en principio, para que a travs de un decreto-ley se puedan establecer, modificar o derogar, prestaciones patrimoniales de carcter pblico, siempre que concurra una situacin de extraordinaria urgencia que justifique el uso de este instrumento normativo y que, a travs de l, no se afecte al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos pblicos que establece el artculo 31.1 CE (STC 73/2017, FJ 2).

En esta misma sentencia, el Tribunal Constitucional precis que cuando el artculo86.1 CE excluye del mbito del decreto-ley a los deberes consagrados en el ttuloI de la Constitucin, nicamente est impidiendo aquellas intervenciones o innovaciones normativas que afecten, no de cualquier manera, sino de forma relevante o sustancial, al deber constitucional de “todos” de contribuir al sostenimiento de los gastos pblicos. De esta forma, el criterio decisivo es su impacto sobre el reparto de la carga tributaria entre los contribuyentes considerados en su conjunto. En efecto, el Tribunal Constitucional ha conectado de manera reiterada el deber de contribuir con el criterio de la capacidad econmica, que est relacionado a su vez con el conjunto del sistema tributario y no con ninguna figura tributaria en particular (STC 182/1997, FJ 7, entre otras).

Por consiguiente, no cualquier intervencin o innovacin normativa en materia tributaria est vedada al real decreto-ley, sino que habr que tener en cuenta, en cada caso, en qu tributo concreto incide el Real Decreto-ley –constatando su naturaleza, estructura y la funcin que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, as como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad econmica–, qu elementos del mismo –esenciales o no– resultan alterados por este excepcional modo de produccin normativa y, en fin, cul es la naturaleza y alcance de la concreta regulacin de que se trate (SSTC 182/1997, FJ 7; 189/2005, FJ 7; 83/2014, FJ 5; 73/2017, FJ 2).

La modificacin normativa acometida a travs del presente real decreto-ley afecta a un aspecto parcial de la regulacin de un tributo en concreto (el Impuesto sobre Actos Jurdicos Documentados), nicamente en una de sus modalidades (la relativa a documentos notariales, y slo los correspondientes a prstamos con garanta hipotecaria). Se trata, as, de una modificacin de alcance acotado, que afecta a un impuesto indirecto e instantneo que grava una especfica manifestacin de capacidad econmica, y no a un tributo global sobre la renta o sobre el consumo. Por lo tanto, resulta plenamente aplicable la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en sus sentencias sobre el Impuesto Especial sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas (STC 108/2004) y sobre el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (STC 137/2003). En dichas sentencias, el Tribunal Constitucional declar que estos impuestos no constituyen uno de los pilares bsicos o estructurales de nuestro sistema tributario, por lo que su modificacin parcial no repercute sensiblemente en el criterio de reparto de la carga tributaria entre los contribuyentes. Adems dada su estructura y hecho imponible, a diferencia del impuesto sobre la renta de las personas fsicas, tampoco puede afirmarse que a travs del citado impuesto especial se personalice el reparto de la carga fiscal en nuestro sistema tributario segn los criterios de capacidad econmica, igualdad y progresividad.

IV

Para poner fin de manera urgente a la situacin jurdica de incertidumbre descrita, este real decreto-ley modifica los artculos 29 y 45 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. Se modifica el artculo 29 para determinar que el sujeto pasivo, cuando se trate de escrituras de prstamo con garanta hipotecaria, ser el prestamista, estableciendo as una excepcin a la regla general establecida en el prrafo primero del propio artculo 29. Tambin se modifica el artculo 45 para que aquellos supuestos en los que el prestatario venga gozando de una exencin subjetiva sigan quedando exceptuados de gravamen sin que se vean afectados por la reforma del artculo 29. Asimismo, en tanto no se revise con carcter general el rgimen jurdico del Impuesto sobre Sociedades, se aade una Disposicin Final Primera que realiza ajustes en dicho impuesto vinculados a lo regulado en este real decreto-ley.

Finalmente, cabe sealar que la modificacin normativa se aplicar a aquellos hechos imponibles que se devenguen en adelante, es decir, a las escrituras pblicas que se formalicen a partir de la entrada en vigor de la norma.

Este real decreto-ley se dicta en virtud de las competencias exclusivas del Estado previstas en el artculo 149.1.14. de la Constitucin Espaola.

Esta norma se ajusta a los principios de buena regulacin contenidos en el artculo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, en particular, a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurdica, transparencia y eficiencia.

En el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artculo 86 como presupuestos habilitantes para la aprobacin de un real decreto-ley.

En su virtud, haciendo uso de la autorizacin contenida en el artculo 86 de la Constitucin Espaola, a propuesta de la Ministra de Hacienda, previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da 8 de noviembre de 2018,

DISPONGO:

Artculo nico. Modificacin del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

Se introducen las siguientes modificaciones en el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, aplicndose a los hechos imponibles devengados a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley.

Uno. Se modifica el artculo 29, que queda redactado como sigue:

Ser sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo inters se expidan.

Cuando se trate de escrituras de prstamo con garanta hipotecaria, se considerar sujeto pasivo al prestamista.

Dos. Se aade un apartado 25 en el artculo 45.I.B) con la siguiente redaccin:

25. Las escrituras de prstamo con garanta hipotecaria en las que el prestatario sea alguna de las personas o entidades incluidas en la letra A) anterior.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones incluidas en normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Con efectos para los perodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, se aade una nueva letra m) en el artculo 15 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada de la siguiente forma:

m) La deuda tributaria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, modalidad Actos Jurdicos Documentados, documentos notariales, en los supuestos a que se refiere el prrafo segundo del artculo 29 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

Disposicin final segunda. Ttulo competencial.

El presente real decreto-ley se dicta en virtud de las competencias exclusivas del Estado previstas en el artculo 149.1.14. de la Constitucin Espaola.

Disposicin final tercera. Entrada en vigor

El presente real decreto-ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Dado en Madrid, el 8 de noviembre de 2018.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

PEDRO SNCHEZ PREZ-CASTEJN

Análisis

  • Rango: Real Decreto-ley
  • Fecha de disposición: 08/11/2018
  • Fecha de publicación: 09/11/2018
  • Entrada en vigor: 10 de noviembre de 2018.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE PUBLICA Acuerdo de convalidacin, por Resolucin de 22 de noviembre de 2018 (Ref. BOE-A-2018-16338).
Referencias anteriores
  • MODIFICA:
    • con los efectos indicados, el art. 15 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-2014-12328).
    • con los efectos indicados, los arts. 29 y 45.I.B) de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (Ref. BOE-A-1993-25359).
  • CITA:
Materias
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