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Documento BOE-A-2017-2421

Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la funcin social de la vivienda de la Comunitat Valenciana.

TEXTO

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitucin y el Estatuto de Autonoma, en nombre del rey, promulgo la siguiente Ley:

PREMBULO

I

El disfrute de una vivienda digna y adecuada fue proclamado en 1978 por el artculo 47 de la Constitucin espaola como un derecho de todos los ciudadanos, si bien con el matiz de que ese reconocimiento no implicaba ms que el mandato a los poderes pblicos para que adoptaran las medidas necesarias a fin de posibilitar su ejercicio real y efectivo segn la consideracin y el orden de prioridades marcadas, en cada momento, por parlamentos y mayoras polticas. Esta concepcin poltica y su traduccin jurdica han provocado que, en las casi cuatro dcadas que han pasado desde la recuperacin de la democracia y del paso a un primer plano de los derechos de los ciudadanos, las polticas en materia de vivienda en Espaa y la Comunitat Valenciana no hayan sido todo lo ambiciosas que habra sido deseable, como se puede comprobar simplemente comparndolas con las desarrolladas en los pases de nuestro entorno. Se ha considerado que la garanta del derecho pasaba por delegar en el mercado y sus dinmicas su concrecin, con unas administraciones pblicas que incentivaban y ayudaban a la construccin de viviendas de proteccin pblica y que, para cerrar el cuadro, se encargaban de asumir, con criterios poco o nada reglados y dejando a la discrecionalidad y el voluntarismo en muchos casos su concrecin efectiva, las medidas de proteccin directa a las personas que no posean la capacidad de acceder a una vivienda digna. Este modelo de cariz neoliberal, que confiaba en la autorregulacin de los mercados, se ha mostrado incapaz de asegurar el derecho de acceso a la vivienda y, al contrario, han quedado patentes los efectos perniciosos del modelo, como la burbuja inmobiliaria, que desplaz a sectores de la poblacin lejos de poder ejercer este derecho fundamental. Por este motivo, se deber priorizar la reforma de la legislacin en el resto de mbitos competenciales para evitar una reedicin de estas consecuencias.

Esta situacin no resulta satisfactoria en una sociedad avanzada, donde los derechos de todos los ciudadanos, con independencia de su condicin econmica y social, no pueden depender de este grado de indeterminacin e incertidumbre. Una sociedad moderna ha de garantizar con ms nfasis y concretar de forma mucho ms ambiciosa el efectivo papel protector de las administraciones para lograr que todos, en efecto, podamos disponer de un techo en condiciones que nos permita desarrollar una vida digna. Es ste un papel protector en el que las administraciones pblicas son meras ejecutoras de un compromiso de los ciudadanos para consigo mismos, donde entre todos se asume como esencial establecer redes de proteccin suficientes para las personas ms desfavorecidas. En esta lnea, numerosos textos internacionales han remarcado la idea de hasta qu punto resulta esencial garantizar un verdadero derecho a la vivienda: el artculo 11 del Pacto internacional de derechos econmicos, sociales y culturales, ratificado por Espaa el 28 de septiembre de 1976, establece que los Estados parte no slo han de reconocer este derecho sino que les impele a tomar todas las medidas que sean apropiadas y necesarias para garantizarlo. Tambin el artculo 25 de la Declaracin de derechos humanos de 10 de diciembre de 1948 o la Carta social europea de 1961 se expresan en trminos semejantes.

Igualmente, la Nueva agenda urbana de las Naciones Unidas (Hbitat III) y la futura Agenda urbana para la Unin Europea exigen que la vivienda sea una de las principales prioridades en las polticas de los gobiernos, reforzando el derecho de todas las personas a una vivienda adecuada y digna, como un elemento clave del derecho a una vida sin ningn tipo de discriminacin, incluyendo la de gnero. La vivienda es inseparable del desarrollo socioeconmico urbano, por lo que el acceso a una vivienda adecuada y asequible es esencial para lograr una ciudad sostenible, segura e integrada. Las polticas de vivienda deben, por tanto, tener un enfoque integrado que considere desde evitar o paliar los desalojos forzados hasta promover el acceso a la vivienda de las personas que, por sus ingresos u otras circunstancias, no pueden acceder en las condiciones que el mercado establece. Estos principios van en sintona con esta ley.

Y no son nicamente los textos internacionales los que son plenamente conscientes de esta importancia, tambin los valencianos y valencianas, desde la recuperacin de la democracia, hemos incidido en la importancia de hacer frente a estas necesidades. En este sentido, el artculo 15 de nuestro Estatuto de autonoma establece que con el fin de combatir la pobreza y facilitar la insercin social, la Generalitat garantiza el derecho de los ciudadanos valencianos en estado de necesidad a la solidaridad y a una renta de ciudadana en los trminos previstos en la ley. Se trata sin duda de objetivos ambiciosos, todava no desarrollados de manera enteramente satisfactoria, que se completan con una especfica manifestacin de esta solidaridad para aquellos valencianos y valencianas que han perdido su domicilio habitual y estn en serio riesgo de exclusin. Por esta razn, a continuacin, el artculo 16 del Estatuto de autonoma establece que la Generalitat garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna de los ciudadanos valencianos. Por ley se regularn las ayudas para promover este derecho, especialmente en favor de los jvenes, personas sin medios, mujeres maltratadas, personas afectadas por discapacidad y aquellas otras en las que estn justificadas las ayudas. Como puede advertirse, la lgica que enhebra este derecho en su versin estatutaria, ms precisa que la constitucional, es la de facilitar el acceso a la vivienda a la poblacin y, ms concretamente, garantizarlo como derecho, con especial atencin a los colectivos que, por sus ingresos u otras circunstancias, no pueden acceder en condiciones de mercado a una vivienda digna y asequible.

La presente ley aspira a convertirse, junto a la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la vivienda de la Comunitat Valenciana, que ya ha consolidado una importante regulacin en materia de vivienda de proteccin pblica y vivienda pblica, as como de diferentes ayudas para favorecer el acceso a este derecho, en mecanismo para desarrollar estas previsiones constitucionales y estatutarias. En concreto, la ley pretende reconocer el derecho subjetivo al acceso a una vivienda digna y asequible y desarrollar algunas de las consecuencias de la funcin social de la vivienda que permiten, justifican y aconsejan la adopcin de medidas ambiciosas en materia de vivienda para la mejor satisfaccin de estos objetivos.

En todo caso, parece necesaria una reforma de la ley de vivienda valenciana y el conjunto de la normativa en el resto de mbitos competenciales, ya que esta fue diseada en un contexto sustancialmente diferente al actual y prioriz otros intereses distintos al uso social de la vivienda.

II

El artculo 33 de la Constitucin reconoce el derecho a la propiedad privada a la par que establece que la funcin social de este derecho delimitar su contenido, de acuerdo con las leyes. Los poderes pblicos, segn establece el artculo 47 de la Constitucin, estn obligados a regular la utilizacin del suelo, para que se promuevan las condiciones necesarias y se establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, regulando la utilizacin del suelo de acuerdo con el inters general para impedir la especulacin inmobiliaria. Por otra parte, el artculo 148.1.3 de la Constitucin espaola establece la vivienda como materia competencial de las comunidades autnomas, competencia que para la Comunitat Valenciana viene recogida con carcter exclusivo en el artculo 49.1.9 del Estatuto de autonoma de la Comunitat Valenciana. A partir de estas coordenadas constitucionales y competenciales ha de desarrollarse la presente ley, encuadrando la intervencin en un contexto necesariamente de mercado, pero donde las implicaciones sociales del derecho de propiedad y, en concreto, de los derechos de propiedad sobre viviendas y suelo, obligan a una regulacin que garantice en todo caso la posibilidad de acceso de toda persona a un alojamiento con unas condiciones mnimas.

En este sentido, ha de partirse de la constatacin de que el derecho a la vivienda y su efectiva garanta, as como el desarrollo de la funcin social del derecho de propiedad para facilitarlo, plantean varias dimensiones. Por un lado, la ms obvia: la existencia de un efectivo derecho exigible a disponer de una vivienda digna y asequible en todos los casos. Pero, por otro, la vertiente relacionada con el derecho a conservar una vivienda digna, que afecta particularmente a quienes han realizado un importante esfuerzo personal y econmico para lograrla y que, por diversas razones, puedan haber quedado en una situacin especialmente vulnerable como consecuencia de muy diversas circunstancias, particularmente acrecentadas en los ltimos aos con motivo de la importante crisis econmica y de precarizacin que ha sufrido toda Espaa y que ha azotado en especial a la Comunitat Valenciana. Por ltimo, la funcin social de la vivienda obliga a disponer de mecanismos que permitan hacer efectivas estas medidas, desde las relacionadas con el incremento y mejora del parque pblico de vivienda a las que tienen que ver con la puesta en marcha de mecanismos que permitan movilizar y poner en el mercado el importante stock de vivienda que, en estos momentos, estn desocupadas en la Comunitat Valenciana y que, segn las estadsticas oficiales del Instituto Nacional de Estadstica, alcanza un elevadsimo porcentaje en torno al 15% de todo el conjunto de viviendas que hay en territorio valenciano.

De forma coherente con esta visin, la ley establece en su ttulo I un verdadero derecho subjetivo a disponer de una vivienda, as como los mecanismos para hacerlo exigible ante la administracin valenciana, que se convierte as en una de las ms avanzadas de Espaa en cumplimiento y desarrollo del precepto constitucional. Dando continuidad a lo dispuesto en el Estatuto de autonoma, y debido a las evidentes restricciones presupuestarias que enmarcan toda poltica, y particularmente las que suponen un gran esfuerzo en cuanto al gasto pblico que movilizan, este derecho debe garantizarse de manera progresiva a medida que se incrementen los recursos econmicos para la aplicacin de la ley, priorizando a las personas que, por sus ingresos u otras circunstancias, no pueden acceder a la vivienda en las condiciones que el mercado establece. Adicionalmente, la norma establece tambin medidas para atender de forma particular a aquellas personas con diversidad funcional, imponiendo a la Generalitat la adecuacin de su parque de vivienda para atenderlas de forma particular. Las medidas por medio de las cuales la Generalitat har efectivo este derecho, segn establece la norma, van desde la puesta a disposicin de una vivienda a la concesin de ayudas al alquiler que lo puedan hacer efectivo. Se inicia con ello un camino que puede llegar a suponer un gran avance histrico en la efectiva conversin de un mero principio constitucional de poltica econmica y social en un verdadero derecho que podra situar a la Comunitat Valenciana entre las sociedades ms avanzadas en el desarrollo y garanta del contrato y vnculo social entre sus habitantes.

El derecho efectivo y exigible a la vivienda tiene que ver con la conservacin de la vivienda para aquellos que la han perdido como consecuencia de un empeoramiento de su situacin econmica que ha provocado una efectiva imposibilidad de habitar una vivienda en condiciones. Para este colectivo, de una enorme vulnerabilidad en no pocas circunstancias y que en los ltimos tiempos se ha ampliado enormemente, la ley establece medidas especficas que amplan, en ciertos casos, el permetro del derecho subjetivo en cuestin con la finalidad de hacer frente a esta emergencia social. Los lanzamientos judiciales de propietarios de viviendas por causas econmicas (es decir, por falta de ingresos sobrevenida del ciudadano), tanto de propietarios de viviendas particulares como de inquilinos de buena fe, afectan a una de las necesidades ms elementales de la poblacin, y la proteccin del disfrute a una vivienda en muchos de estos casos constituye un derecho que los poderes pblicos estn obligados a ayudar a preservar. Por ello, junto al reconocimiento de un derecho subjetivo en ciertos casos, la ley establece adicionalmente una serie de medidas de una enorme ambicin con la idea de hacer frente desde otros ngulos a estos problemas y, tambin, a las necesidades de contar con un mercado de la vivienda ms competitivo, econmico y con una oferta mayor.

Respecto a las medidas para paliar la situacin como consecuencia de los desahucios sobre vivienda habitual, en particular, por medio del ttulo III de la ley se pretende asegurar el derecho a una vivienda digna en relacin con el derecho a la vida y a la integridad fsica y psquica de las personas y sus familias afectadas por desahucios provenientes de ejecuciones hipotecarias, a fin de que puedan continuar ocupando su vivienda mediante la habilitacin de medios que permitan el acceso del uso de la misma, siempre que se cumplan los requisitos previstos. Estas medidas, que se solaparan en algunos casos con las ya existentes en la legislacin estatal en materia de proteccin a personas que han sufrido una importante reduccin en sus ingresos y un empeoramiento de su situacin econmica, en cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia, estn previstas slo para el momento en que la legislacin estatal deje de estar en vigor y siempre que no sea sustituida por otra equivalente. Asimismo, se faculta a la administracin para expropiar en ciertos casos el uso de estos inmuebles para, tambin, ponerlos a disposicin de sus ocupantes. De esta forma, se declara de inters social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio en lnea con declaraciones en esta materia que se han sucedido en Espaa a nivel estatal, autonmico y europeo, con decisiones como la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea de 14 de marzo de 2013 (Asunto C-415-11), que ya puso en evidencia la necesidad de una actuacin urgente de los poderes pblicos, en sus respectivos mbitos competenciales, dirigidos a la salvaguarda de los derechos fundamentales y estatutarios que van ligados al uso y disfrute de la vivienda habitual.

En relacin con las posibilidades de actuacin pblica, cabe destacar respecto de la primera parte de la ley la amplia panoplia de potestades y facultades de actuacin que confiere su ttulo II a las administraciones pblicas y muy particularmente a la Generalitat, para el efectivo desarrollo de todas aquellas polticas relacionadas con el servicio de inters general en materia de vivienda. Estas potestades incluyen mandatos sobre la necesaria puesta en condiciones del parque pblico e indicaciones sobre el futuro destino de los fondos en materia de vivienda, que debern prioritariamente dedicarse a su ampliacin y mejora, evitando la segregacin social y con especial atencin a la adecuacin de los inmuebles para personas con diversidad funcional. La presente ley obliga a la Generalitat, adems, a adecuar este parque de vivienda pblica a las efectivas necesidades que se deriven del reconocimiento del derecho subjetivo. Para posibilitar estos objetivos, establece asimismo medidas destinadas a facilitar la financiacin de estas actuaciones, contando con la accin del Instituto Valenciano de Finanzas.

En la misma lnea, ese mismo ttulo II de la ley apuesta por un modelo avanzado de descentralizacin en las polticas de vivienda, tratando de incentivar que los municipios y otros entes locales participen en la mayor medida posible en las mismas: se prevn expresamente mecanismos de delegacin ambiciosos o la encomienda de ciertas gestiones, se trata de coordinar la atencin al ciudadano en proximidad y, adems, se prev el apoyo financiero a la inversin que los municipios puedan realizar en materia de vivienda pblica, atendiendo a si han realizado o no inversiones para la creacin de parque pblico municipal de vivienda. El objetivo de la ley es claro: implicar lo ms posible a los municipios e incentivar que sumen esfuerzos a fin de fortalecer al mximo la red de proteccin de las personas ms desfavorecidas y que nadie pueda verse privado de su derecho a la vivienda.

III

Por otra parte, la ley constata que la existencia de un amplio nmero de viviendas desocupadas hace necesario el establecimiento de un paquete de medidas para su movilizacin con la pretensin de satisfacer las necesidades de la poblacin, especialmente los que ms lo requieran, razn por la cual se adopta un compendio de iniciativas de actuacin sobre la vivienda deshabitada, de primera residencia y preferentemente en manos de entidades financieras, tanto en su ttulo IV como en el V.

Los poderes pblicos no pueden, y no deben, intervenir en las relaciones jurdicas obligacionales ms all de asegurar la funcin pblica de los bienes sujetos a trfico de las personas. Sin embargo, la funcin social de la vivienda configura el contenido esencial del derecho mediante la posibilidad de imponer deberes positivos a su titular que aseguren su uso efectivo para fines residenciales, entendiendo que la fijacin de dicho contenido esencial no puede hacerse desde la exclusiva consideracin subjetiva del derecho o de los intereses individuales. La funcin social de la vivienda, en suma, no es un lmite externo a su definicin o a su ejercicio, sino una parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y funcin social, por tanto, componen de forma inseparable el contenido del derecho de propiedad, de manera que, respetando en todo caso la delimitacin constitucional de la funcin social de la vivienda realizada por el legislador estatal, esta ley desarrolla y aplica estos postulados determinando la obligacin de que ciertas viviendas desocupadas por un largo perodo de tiempo pasen a ser destinadas a usos habitacionales.

Por esta razn, en un momento en el que existe un gran parque de viviendas de primera residencia vacas y un amplio colectivo ciudadano que necesita acceder a las mismas, es obligacin de la Generalitat facilitar los cauces que permitan promover el acceso a los inmuebles vacos y favorezcan su salida al mercado. As, en el ttulo IV de la ley se da un paso adelante en la aplicacin de la funcin social de la propiedad de la vivienda y se orientan soluciones para que la misma se pueda ejercer desde el mbito privado de las relaciones jurdicas estableciendo, en ltimo extremo, las consecuencias del incumplimiento de dicha funcin. Y ello porque la no ocupacin de viviendas, en definitiva, supone un funcionamiento ineficiente de tales infraestructuras y servicios y un despilfarro de recursos pblicos que hoy son tan necesarios. Por esta razn la ley establece un procedimiento garantista y contradictorio para la declaracin de una vivienda como deshabitada, particularmente diseado para grandes tenedores de vivienda (y, especialmente, para movilizar el importante stock en poder de las entidades financieras), que si efectivamente es declarado como tal despus de dos aos de desocupacin, deber ponerse en el mercado en un plazo mximo fijado por la norma, que establece un sistema de multas coercitivas, si esta obligacin no es posteriormente satisfecha en la forma debida. A partir del segundo ao en vigor de la ley, este plazo se reducir a un ao. El procedimiento establecido es extraordinariamente garantista y est destinado a lograr que slo las viviendas que se consideran como desocupadas (que en ningn caso lo sern, si son de particulares que las ponen en el mercado) y de grandes tenedores sean objeto del mismo. Con ello se pretende tanto movilizar la oferta aprovechando los recursos ya existentes como, en su caso, ofrecer las debidas medidas de fomento y colaboracin a los grandes tenedores para, si as lo desearan, integrar las viviendas entre las de que dispone la Generalitat para el desarrollo de sus polticas de vivienda.

Finalmente, la ley incorpora una serie de medidas dirigidas al fomento de la mediacin y de acciones positivas destinadas tambin a facilitar por todos los medios factibles una oferta de vivienda asequible lo ms amplia posible en su ttulo V, as como otros instrumentos y medios para atender situaciones de emergencia relacionada con la pobreza energtica y las ayudas al alquiler. Con ello se pretende dotar a la administracin de una importante gama de opciones para desarrollar sus polticas de vivienda, de forma flexible y combinando muy diversos instrumentos que habran de permitir dar solucin a muy diferentes situaciones, adaptando la respuesta a cada problema especfico y, tambin, tratando de minimizar el impacto presupuestario de muchas de estas polticas por la va de incentivar el efectivo funcionamiento del mercado de un modo ms competitivo.

IV

Una novedad de gran importancia de la presente ley es la incorporacin de un ttulo VI dedicado a la garanta de la igualdad y la no discriminacin en el acceso a la vivienda, estableciendo una serie de obligaciones al respecto con la idea de convertir en ilcitos administrativos todas aquellas actuaciones que queden probadas destinadas a dificultar o impedir, ya sea de forma directa o indirecta, el acceso a la vivienda de determinadas personas o colectivos, as como prcticas de acoso inmobiliario. Cualquier persona que las sufra puede denunciarlas ante la administracin, que impondr, si se prueba la efectiva existencia de las mismas, la correspondiente sancin.

Por lo dems, resulta absolutamente necesario regular el debido rgimen sancionador con una finalidad en ningn caso recaudatoria sino incentivadora del cumplimiento de las diversas obligaciones recogidas en la ley. Se tipifican as en el ttulo VII de la ley conductas muy variadas, desde las negativas a proporcionar ciertos datos, como algunas acciones de obstruccin o el suministro de datos falsos, la cesin de viviendas que no cumplan con las condiciones legales en ciertos casos o el incumplimiento de las obligaciones de servicio que puedan imponerse a las compaas suministradoras para combatir situaciones de pobreza energtica, entre otras.

Por ltimo, y para garantizar los fines perseguidos por la presente ley, se establecen y refuerzan las acciones de coordinacin e inspeccin y se instauran algunas medidas de carcter orgnico. As, se constituye el Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento bsico para el control y seguimiento de las viviendas habituales que puedan ser declaradas como deshabitadas al servicio del ejercicio de las potestades administrativas que reconoce la presente ley, as como se regulan otros registros para la mejor identificacin de la oferta y demanda de vivienda pblica, previendo la posible colaboracin con sus equivalentes municipales, que en todo caso habrn de coordinarse con los registros autonmicos, que son quienes han de centralizar esta informacin.

En esta misma lnea, la ley establece un ambicioso protocolo de evaluacin de su eficacia y del correcto funcionamiento de las medidas contenidas en la misma. Esta funcin se encomienda a un observatorio, que deber ser creado integrando a todos los agentes sociales y administrativos con participacin en el aseguramiento del derecho a la vivienda en su dimensin ms social, as como a los municipios y entes locales y servicios sociales. El observatorio deber atender a la situacin de la vivienda pblica y a la evolucin del mercado privado de vivienda, analizando con especial cuidado los riesgos de segregacin e insuficiencias de la puesta en marcha de la presente ley. Con carcter anual deber realizar una evaluacin de estos aspectos y la correcta incardinacin de las medidas y funcionamiento de la ley con el modelo econmico y los objetivos sociales previstos, as como un proceso de auditora quinquenal mucho ms ambicioso en el que, ms all de proponer ajustes en el desarrollo de la norma, deber analizar punto por punto las distintas medidas contenidas en esta ley y recomendar su mantenimiento, profundizacin, reforma o, en su caso, modificacin o supresin de aspectos de la misma a la vista de los resultados constatados. Se pretende de este modo establecer una pauta de anlisis y revisin constante para garantizar la mejor adaptacin de esta ley a las necesidades de la sociedad valenciana y el contexto econmico y social del momento.

TTULO I
Disposiciones generales
Artculo 1. Objeto de la ley.

La presente ley tiene por objeto regular el derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada en el territorio de la Comunitat Valenciana. En este marco, la presente ley incluye:

a) La competencia de la Generalitat y de las entidades locales en materia de vivienda.

b) Las medidas de intervencin para regular las situaciones sobrevenidas a consecuencia de desahucios.

c) Las medidas de intervencin y de fomento para promover el uso social de la vivienda.

d) Las potestades de inspeccin administrativa y sancionadora en materia de vivienda.

e) La igualdad en el acceso y ocupacin a la vivienda.

Artculo 2. El derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada.

1. Las personas con vecindad administrativa en la Comunitat Valenciana, que acrediten un mnimo de residencia de un ao, tienen el derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada. El Consell, las entidades locales y dems instituciones pblicas con competencias en materia de vivienda garantizarn la satisfaccin de este derecho, utilizando al efecto todos los instrumentos jurdicos que la presente ley pone a disposicin de las mismas y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley.

2. Las administraciones pblicas garantizarn la efectiva satisfaccin del derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada a aquellas unidades de convivencia que, por sus ingresos u otras circunstancias, no pueden acceder a ella en condiciones de mercado. Se entender que se encuentran en esta situacin las unidades de convivencia que cumplan los siguientes requisitos:

1. No poseer ningn miembro de la unidad de convivencia la titularidad u otro derecho real que les permita poder disponer del pleno uso de una vivienda estable y habitable.

2. Estar inscritos en el registro de demandantes de vivienda.

3. Que la unidad de convivencia no tenga, en el primer ejercicio de aplicacin de la ley, recursos superiores en referencia al IPREM segn lo establecido en el siguiente cuadro:

– Ms de 3 miembros: 2 IPREM.

– Ms de 2 miembros: 1,5 IPREM.

– 1 miembro: 1 IPREM.

Para los siguientes ejercicios, como resultado de la evaluacin de la aplicacin de la ley, se debern ampliar los lmites referenciados al IPREM en un + 0,5 para cada una de las tipologas de familia anteriores, siempre que la ampliacin de este lmite no comprometa el acceso al derecho a la vivienda a unidades de convivencia con ingresos situados en los tramos de ingresos de aplicacin en el ejercicio anterior.

Dentro de cada grupo, la prioridad vendr determinada por el mayor nmero de las siguientes condiciones particulares de la unidad de convivencia:

Dentro de cada grupo se tendr en cuenta:

– La discapacidad de algn miembro.

– Hijos dependientes.

– Tener algn menor a su cargo.

– Haber sufrido violencia de gnero.

– Ser mayor de 60 aos.

– Haber sido desahuciado por impago de la cuota, por impago del alquiler o por ser avalador de un prstamo hipotecario y no poder hacer frente al mismo.

3. La efectividad de este derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada, de acuerdo con lo establecido en este artculo, genera la obligacin jurdica de la administracin autonmica valenciana y de las administraciones locales radicadas en la Comunitat Valenciana de poner a disposicin del solicitante la ocupacin estable de un alojamiento dotacional, de una vivienda protegida o de una vivienda libre si ello fuera necesario que cumpla con todas las condiciones para garantizar su libre desarrollo de la personalidad, su derecho a la intimidad y el resto de derechos vinculados a la vivienda. A los efectos jurdicos previstos por esta norma, se entender que existe tal puesta a disposicin cuando se proceda al pago de las ayudas al alquiler reguladas en esta ley. La administracin adoptar las medidas necesarias de ampliacin del parque pblico de vivienda para revertir esta situacin de manera progresiva.

Artculo 3. Servicio de inters general.

1. La actividad dirigida a posibilitar el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada se considera como un servicio de inters general.

Las viviendas que se califiquen como protegidas a partir de la entrada en vigor de la presente ley, y respecto de las que as lo acuerde el Consell, no perdern dicha calificacin cuando sean necesarias para la prestacin del servicio de inters general de vivienda asequible, digna y adecuada, y se encuentren materialmente afectados a ste.

2. Los poderes pblicos con competencias en materia de vivienda adoptarn, con la debida diligencia y dentro de los lmites de los recursos de que se disponga en las partidas presupuestarias destinadas a polticas de vivienda, todas las medidas precisas para lograr progresivamente y por todos los medios apropiados, la plena efectividad del derecho a la vivienda para garantizar la efectiva prestacin de este servicio, ya sea directamente o en colaboracin con la iniciativa privada.

A tal fin, los presupuestos de la Generalitat contemplarn las dotaciones apropiadas para asegurar la efectividad del derecho a la vivienda asequible, digna y adecuada y el buen funcionamiento del servicio de inters general vinculado, que garantiza el disfrute del derecho a la vivienda en un plazo razonable en el marco de un servicio de calidad.

3. Todas las medidas de carcter regresivo requerirn la consideracin ms cuidadosa y debern justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos conectados con el derecho a la vivienda y en el contexto del aprovechamiento pleno del mximo de los recursos de que se disponga.

4. En todo caso, los fondos pblicos destinados a polticas de vivienda para satisfacer su funcin social en la Comunitat Valenciana debern tender siempre a garantizar prioritariamente el respeto del ncleo vital asociado al derecho a la vivienda, que comprende, cuando menos, la puesta a disposicin del uso de un alojamiento estable y seguro para aquellos que carezcan de l. A tal fin, el empleo de estos fondos se destinar prioritariamente a la ejecucin de polticas de vivienda destinadas a la consolidacin, ampliacin y mejora del parque pblico de viviendas, con la finalidad de permitir su puesta a disposicin de los ciudadanos en situaciones de exclusin social o emergencia social y su destino para alquiler social. Los fondos pblicos destinados a hacer polticas de vivienda debern ir priorizando de manera progresiva el alquiler social frente a las subvenciones destinadas al fomento de la compra.

5. El servicio de inters general podr prestarse, entre otros, a travs de los siguientes medios:

a) Fomento y concertacin de la iniciativa privada.

b) Mantenimiento y rehabilitacin de las viviendas sujetas a rgimen de proteccin pblica ya existentes.

c) Desarrollo de los instrumentos de planificacin, programacin y apoyo a la financiacin necesarios para la ampliacin del parque pblico de vivienda.

d) Construccin de nuevas viviendas sujetas a algn rgimen de proteccin pblica, con prioridad para la consolidacin, ampliacin y mejora del parque pblico de viviendas destinado a atender a las necesidades sociales de los ciudadanos en situacin de exclusin o emergencia social.

e) Instrumentos de mediacin.

f) Establecimiento de obligaciones de servicio pblico.

Artculo 4. Calidad de la prestacin y evaluacin del servicio.

1. Las administraciones pblicas deben garantizar que los servicios de vivienda de su competencia se prestan en unas condiciones mnimas y razonables de calidad y deben incluir cartas de servicio en el marco regulador del servicio de inters general en materia de vivienda, que sern aprobadas por el rgano competente en la materia de cada una de ellas. Estas cartas de servicio debern establecer, como mnimo:

a) La organizacin y la forma de gestin del servicio.

b) La identificacin de los responsables de la gestin.

c) Los estndares mnimos de calidad del servicio desglosados, en su caso, por categoras de prestaciones, y los indicadores e instrumentos para evaluar su aplicacin. En ese sentido, debern indicar el tiempo mximo de espera en el registro de demandantes y las consecuencias de la superacin de ese plazo.

d) Las condiciones de acceso.

e) Los derechos y deberes de los usuarios.

f) El rgimen econmico aplicable, con indicacin de las tasas y los precios pblicos que sean de aplicacin, en su caso.

g) Las vas de reclamacin o recurso de que disponen.

h) Las vas establecidas para que los usuarios puedan obtener informacin y orientacin con relacin al servicio pblico.

2. Las cartas de servicio tienen naturaleza reglamentaria. Su contenido es vinculante tanto para la administracin como para los ciudadanos y puede ser invocado en va de recurso o reclamacin.

3. Se ofrecer informacin sobre el servicio de inters general de vivienda, que ser veraz, objetiva y actualizada y se publicar de forma clara, estructurada, comprensible y fcilmente localizable, mediante el portal de transparencia GVA Oberta a que se refiere la legislacin valenciana en materia de transparencia, buen gobierno y participacin ciudadana.

4. Peridicamente, las administraciones pblicas realizarn una evaluacin de las polticas de vivienda a efectos de identificar los necesarios ajustes y calibrar la eficacia de las medidas contenidas en la legislacin vigente. En lo que se refiere a la Generalitat, esta evaluacin se realizar anualmente y, con ms detalle, quinquenalmente.

Artculo 5. Funcin social de la vivienda.

1. El derecho de propiedad de una vivienda se ejercer de acuerdo con su funcin social, determinada de conformidad con lo establecido en la Constitucin y en las leyes.

2. El incumplimiento de la citada funcin social dar lugar a la incoacin de los procedimientos previstos en los artculos siguientes, que podrn incluir medidas de fomento y concertacin, as como las intervenciones de advertencia y persuasin que resulten necesarias y en su caso las de carcter fiscal que a tal efecto se habiliten por norma con rango de ley formal.

En todo caso, la incoacin de un procedimiento por incumplimiento de la funcin social de la vivienda ser compatible con el uso de medios de ejecucin forzosa como las multas coercitivas y, adems, con el oportuno procedimiento sancionador por la comisin de alguna de las infracciones administrativas tipificadas en materia de vivienda por la legislacin que en cada momento resulte de aplicacin.

3. En los trminos previstos en la legislacin estatal, y a los efectos de esta ley, se considera que existe incumplimiento de la funcin social de la propiedad de una vivienda en los siguientes supuestos:

a) Cuando se incumpla el deber de conservacin y rehabilitacin de la vivienda, en los trminos sealados en la legislacin de vivienda y urbanstica, a fin de garantizar en todo caso unas condiciones adecuadas de habitabilidad. La legislacin en materia de vivienda podr, adems, establecer obligaciones particulares respecto de estos deberes en relacin a la vivienda protegida.

b) Cuando una vivienda est deshabitada de forma permanente e injustificada, en las condiciones establecidas en esta ley.

c) Cuando una vivienda sujeta a un rgimen de proteccin pblica no se destine a residencia habitual y permanente de su adjudicataria o adjudicatario o titular, excepto en los casos expresamente previstos en las normas reguladoras.

d) El uso inadecuado de la vivienda, alojamiento o edificacin cuando se someta a una utilizacin distinta a la de su calificacin urbanstica, autorizacin y destino coherente y legal o reglamentariamente autorizable.

e) La sobreocupacin por explotacin econmica de la vivienda o alojamiento.

Artculo 6. Accin pblica y derecho subjetivo exigible.

1. Todas las personas, en ejercicio de la accin pblica en materia de vivienda, pueden exigir ante los rganos administrativos y jurisdiccionales competentes el cumplimiento de la normativa en materia de vivienda.

2. Las personas con vecindad administrativa en la Comunitat Valenciana que se encuentren en alguna de las situaciones referidas en el artculo 2 de esta ley y sean titulares del derecho exigible a un alojamiento asequible, digno y adecuado podrn ejercerlo ante la conselleria competente en materia de vivienda, que en un plazo mximo de seis meses resolver su solicitud proporcionando alguna de las soluciones habitacionales previstas en esta ley.

3. Si transcurrido el plazo de seis meses previsto en el apartado anterior o en su caso el plazo de ampliacin excepcional que motivadamente se establezca, de acuerdo con la legislacin sobre el procedimiento administrativo comn, no se hubiera dictado resolucin, se entender otorgado el uso de un alojamiento por silencio administrativo. La conselleria responsable en materia de vivienda deber, en tal caso, indicar de manera inmediata y con la mayor diligencia posibles un alojamiento concreto, evitando en todo caso la concentracin y segregacin espacial de los solicitantes y garantizando la cohesin social del espacio urbano.

4. Todas las resoluciones de los rganos administrativos competentes, tanto las derivadas del ejercicio de la accin pblica en materia de vivienda como las solicitudes para hacer efectivo un derecho subjetivo, sern recurribles ante la jurisdiccin competente.

TTULO II
Competencias administrativas y de coordinacin
Artculo 7. Ejercicio de competencias en materia de funcin social de la vivienda por parte de la Generalitat.

1. La Generalitat, a travs de la conselleria competente en materia de vivienda, ejercer todas aquellas competencias estatutariamente atribuidas, las que expresamente le confiera la presente ley, as como aquellas otras que en un futuro le puedan ser reconocidas para la efectiva y real provisin de una vivienda asequible, digna y adecuada a aquellas personas que la necesiten, especialmente en favor de los jvenes, personas sin medios ni recursos econmicos, mujeres vctimas de violencia de gnero, personas con diversidad funcional, personas que se encuentren en especiales circunstancias de exclusin social o emergencia social por haber sido privadas de su vivienda habitual y aquellas otras en las que estn justificadas medidas de intervencin y de fomento de acuerdo con lo previsto en la ley. Para ello, garantizar anualmente una oferta mnima de viviendas de proteccin pblica asequibles, dignas y adecuadas que puedan satisfacer las necesidades bsicas de las personas en situacin de vulnerabilidad o en procesos de exclusin social y har efectivo el derecho exigible a una vivienda, as como impulsar y coordinar la accin pblica de los entes locales valencianos en la materia.

Para el desarrollo de estas polticas, en un plazo mximo de dos aos, contados desde la entrada en vigor de la presente ley, la conselleria competente en materia de vivienda desarrollar un plan plurianual de rehabilitacin y ampliacin del parque pblico de vivienda autonmico que deber garantizar la efectiva habitabilidad de las viviendas que lo componen en la actualidad y un estudio de las necesidades de ampliacin del mismo que programe las necesidades presupuestarias que garanticen, a partir de la evaluacin de las necesidades sociales y de la respuesta prevista en esta ley, las necesidades efectivas de vivienda pblica. Este plan ha de garantizar la adaptacin de un 10% de las viviendas pblicas para aquellas personas con diversidad funcional. Anualmente, se evaluar el grado de cumplimiento del referido plan y se establecern medidas de correccin.

Este plan deber velar en todo caso por evitar la concentracin y segregacin espacial de las viviendas del parque pblico con el fin de garantizar la cohesin social del espacio urbano y establecer, con carcter urgente, medidas de rehabilitacin de los entornos urbanos particularmente degradados de aquellas zonas o distritos con una alta concentracin de vivienda pblica.

En todo caso, la conselleria competente en materia de vivienda ser responsable de gestionar los registros autonmicos de oferta y de demanda de viviendas de proteccin pblica, en los trminos sealados en los artculos siguientes, a fin de garantizar la ptima coordinacin de la informacin disponible. A estos efectos, podr recabar la colaboracin del resto de administraciones pblicas que ejerzan competencias en materia de vivienda.

2. La Generalitat habilitar los medios personales y materiales necesarios para impulsar, facilitar y fomentar mecanismos de asesora, ayuda y acompaamiento a las personas afectadas en aquellos casos que los usuarios de una vivienda se vean privados de ella como consecuencia de cualquier proceso civil, ya sea declarativo o ejecutivo, tramitado a consecuencia del impago de sus deudas, siempre que concurran las circunstancias objetivas y subjetivas sealadas en la presente ley. Podrn suscribirse convenios de colaboracin con entidades pblicas y privadas sin nimo de lucro que dispongan de medios suficientes para llevar a cabo dichas labores de mediacin, con la finalidad de facilitar a los afectados su derecho al acceso a una vivienda asequible, digna y adecuada.

3. Para la prestacin de los servicios en materia de vivienda que lo requieran o hagan aconsejable, la conselleria competente en materia de vivienda colaborar con la conselleria competente en materia de servicios sociales, que ser en todo caso la encargada de la prestacin de todas las medidas de apoyo y de intervencin requeridas que puedan acompaar a las necesarias para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos en relacin a la vivienda.

Artculo 8. Ejercicio de las competencias por parte de los municipios y dems entidades de derecho pblico.

1. Los municipios de la Comunitat Valenciana ejercern, como competencias propias y en los trminos que expresamente les atribuya la presente ley, las relativas a promocin y gestin de la viviendas de proteccin pblica con criterios de sostenibilidad financiera, en coordinacin con la conselleria competente en materia de vivienda, de manera que existir un registro nico, centralizado y accesible desde cualquier punto de informacin de los organismos pblicos competentes en materia de vivienda. Para ello, en el mbito de las competencias que tienen atribuidas por la legislacin estatal bsica y la legislacin valenciana de rgimen local, podrn tambin realizar todas las actuaciones necesarias en materia de rehabilitacin.

Estas competencias debern ejercerse para garantizar, en todo caso, la creacin de un patrimonio pblico de suelo y viviendas pblicas suficientes para el desarrollo de las polticas de vivienda social objeto de esta ley, evitando la concentracin y segregacin espacial de los solicitantes y garantizando la cohesin social del espacio urbano.

En particular, los municipios y dems entidades de derecho pblico podrn crear y gestionar los registros municipales de oferta y de demanda de viviendas de proteccin pblica, en los trminos sealados en los artculos siguientes, debiendo coordinar en todo caso su actuacin en esta esfera con la conselleria competente en materia de vivienda.

2. Los municipios, en coordinacin con la Generalitat, podrn establecer servicios de mediacin en aquellos supuestos en que los usuarios de una vivienda se vean privados de ella como consecuencia de cualquier proceso civil, ya sea declarativo o ejecutivo, tramitado a consecuencia del impago de sus deudas, siempre que concurran las circunstancias objetivas y subjetivas sealadas en la presente ley, con la finalidad de garantizar en todos los casos a los afectados su derecho al acceso a una vivienda asequible, digna y adecuada. Estos servicios de mediacin debern en todo caso coordinarse con los servicios sociales.

3. Los municipios podrn solicitar actuar como entidad colaboradora a efectos de la tramitacin y resolucin, de acuerdo con los criterios establecidos por la conselleria con competencias en materia de vivienda, de las ayudas establecidas en materia de alquiler y para paliar la pobreza energtica regulada en esta ley. A estos efectos, y cuando estas ayudas sean compatibles con las concedidas para estos mismos fines por otras administraciones pblicas, se debern instrumentar los debidos mecanismos de colaboracin que permitan unificar las ayudas recibidas con la finalidad de que los ciudadanos puedan solicitarlas en un procedimiento nico ante la administracin local.

4. Cuando estas competencias se ejerzan por medio de mancomunidades u otros entes locales, las previsiones aqu contenidas se entendern referidas a quienes las ejerzan efectivamente.

5. La Generalitat, de acuerdo con lo dispuesto en la legislacin bsica estatal, podr delegar en aquellos municipios que lo soliciten y acrediten la capacidad tcnica y econmica suficiente las competencias autonmicas contenidas en esta ley, con excepcin de las referidas a los registros autonmicos. Los municipios debern garantizar la sostenibilidad financiera de su propuesta de asuncin de esta delegacin de competencias, que se articular de acuerdo con lo dispuesto en la ley de bases del rgimen local estatal y la legislacin valenciana de rgimen local. La garanta financiera por parte de la Generalitat para el ejercicio de las competencias delegadas se arbitrar a partir del clculo de la poblacin atendida en esos municipios en aos anteriores y su peso relativo respecto de todo el territorio valenciano. Los municipios que soliciten la delegacin de estas competencias podrn aportar recursos propios para el ejercicio de las mismas, a efectos de valorar la capacidad tcnica y econmica para desarrollarla.

Artculo 9. Competencias de la Generalitat de fomento y soporte financiero a las actuaciones locales en materia de vivienda social.

1. Sin perjuicio de la competencia de la Generalitat para la rehabilitacin y desarrollo del parque pblico de viviendas sociales, la conselleria competente podr suscribir convenios de colaboracin con aquellos entes locales que se comprometan a la mejora e incremento del parque municipal pblico de viviendas sociales. A estos efectos, as como para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto previstos en materia de vivienda protegida, la Generalitat ofrecer la colaboracin del Instituto Valenciano de Finanzas y de cualquier otro medio autonmico que pueda facilitar el acceso a mejores condiciones de financiacin para el desarrollo de estas polticas.

2. Para el desarrollo de polticas locales de ampliacin de los recursos destinados a vivienda social, la Generalitat se comprometer a incrementar la financiacin destinada a los entes locales que las acometan en un incremento proporcional a la inversin local realizada. Este incremento proporcional ser igual para todos los entes locales en cada anualidad presupuestaria y podr tener en cuenta el esfuerzo inversor a efectos de incrementar paulatinamente los porcentajes de ayuda en proporcin al mayor esfuerzo del ente local. Tambin podr ser mayor en caso de que las polticas iniciadas prevean medidas para evitar la segregacin social en materia de vivienda pblica, con el mayor coste que ello supone. En ningn caso, la cuanta total de este incremento de la financiacin atendiendo a la inversin realizada por los entes locales superar el 50% del total de la intervencin a realizar.

3. La Generalitat, en todo caso, dar soporte a las acciones del resto de administraciones pblicas valencianas en sus actuaciones en esta materia en la bsqueda de los mejores instrumentos de financiacin a travs del Instituto Valenciano de Finanzas.

Artculo 10. Competencias de coordinacin de la Generalitat en materia de garanta de la funcin social de la vivienda.

El Consell coordinar las funciones de las diputaciones provinciales en relacin al fomento y colaboracin con los municipios para el desarrollo de aquellas polticas en materia de funcin social de la vivienda de las que son responsables.

Estas funciones habilitan, en todo caso, al Consell, particularmente, para integrar presupuestariamente fondos con objeto de incrementar las cuantas con destino al fomento de polticas destinadas a la garanta de la funcin social de la vivienda desarrolladas por municipios y otros entes locales. A estos efectos, los presupuestos de la Generalitat y de las diputaciones provinciales debern consignar coordinadamente los crditos presupuestarios en las cuantas necesarias, para lo que se emplearn los mecanismos de coordinacin legalmente previstos.

El Consell podr delegar estas facultades de coordinacin y su control en la conselleria competente en materia de vivienda.

Artculo 11. Registros de oferta de vivienda y de demandantes con fines sociales y registro de viviendas deshabitadas

1. La planificacin de las condiciones de la oferta y acceso a las viviendas de proteccin pblica y aquellas destinadas a fines sociales responder a criterios de transparencia y eficacia, gestionados por la Generalitat debiendo recoger en su desarrollo reglamentario los siguientes requisitos: transparencia y acceso pblico a los datos contenidos en los mismos, respeto a la proteccin de datos de carcter personal y certeza de los registros contenidos en los mismos.

2. El Registro de oferta de viviendas de proteccin pblica destinadas a fines sociales, incorporar la oferta de promotores, pblicos o privados, de viviendas de proteccin pblica y las que se destinen a fines sociales a travs de redes de mediacin para alquiler o al derecho de superficie. Estos tendrn la obligacin de inscribir dichas viviendas en el mencionado registro, que dispondr de la informacin precisa con el debido respeto a la normativa de proteccin de datos de carcter personal. Los inmuebles inscritos en el mencionado registro han de estar adecuados funcionalmente y ofrecerse a precios accesibles para aquellas personas que estn en especiales circunstancias de exclusin o emergencia social. Los ayuntamientos podrn disponer de sus propios registros, que se coordinarn con los que establezca la Generalitat.

Al objeto de que el registro disponga de la informacin ms precisa posible, podrn recabarse para su anotacin en l los datos obrantes en otros registros pblicos, como el padrn municipal de habitantes, el censo de edificios, el catastro o el registro de la propiedad, as como los que figuran en los archivos de otras administraciones pblicas, de acuerdo con la normativa de proteccin de datos de carcter personal.

3. El registro de demandantes de viviendas de proteccin pblica o con fines sociales, tendr por objeto el conocimiento de las personas demandantes inscritas, siendo el instrumento adecuado para conciliar la oferta con la demanda de vivienda atendiendo a sus caractersticas y deber guardar pleno respeto a la proteccin de los datos personales y a los principios de igualdad y no discriminacin.

En el registro se diferenciar con claridad la relacin de demandantes de vivienda interesados en compra y la relacin de demandantes de alquiler o del derecho de superficie.

Los ayuntamientos podrn disponer tambin de sus correspondientes registros de demandantes, sean de naturaleza temporal o permanente, que habrn de coordinarse con el registro de demandantes de la Generalitat.

4. Se crea el registro de viviendas deshabitadas como instrumento bsico para el control y seguimiento de las viviendas habituales que hayan sido declaradas deshabitadas, al servicio del ejercicio de las potestades administrativas que reconoce la presente ley. Se inscribirn en dicho registro las resoluciones declarativas de viviendas deshabitadas y cualesquiera otras resoluciones que reflejen actuaciones o circunstancias con incidencia en la situacin de no habitacin.

El registro tiene carcter autonmico y se residencia en la conselleria con competencia en materia de vivienda, la cual estar obligada a mantenerlo.

5. La efectiva constitucin de estos registros conllevar la creacin de un fichero de datos de titularidad pblica, a los efectos previstos en la normativa sobre proteccin de datos de carcter personal con arreglo a lo establecido a esos efectos en el artculo 20 de la Ley orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccin de datos de carcter personal. Asimismo, con objeto de impulsar la necesaria colaboracin de estos registros con el sistema estadstico valenciano y con el Instituto Cartogrfico Valenciano se establecern los circuitos de informacin necesarios para el desarrollo de las funciones estadstica y cartogrfica incluidas en los planes estadsticos y cartogrficos de la Comunitat Valenciana y sus programas anuales. La utilizacin de la informacin del registro para la confeccin de estadsticas oficiales deber cumplir lo dispuesto en la normativa vigente y aplicable sobre estadstica. Reglamentariamente se determinarn las clases de asientos, las resoluciones y actos inscribibles, los plazos y las causas de cancelacin de los asientos o la anulacin de las hojas registrales. En todo caso se indicar la firmeza de la resolucin, tanto en va administrativa como jurisdiccional.

TTULO III
Intervencin para regular las situaciones sobrevenidas a consecuencia dedesahucios
Artculo 12. Medidas propuestas para garantizar la proteccin a las personas que estn en procedimientos de ejecucin hipotecaria.

Los deudores hipotecarios de viviendas podrn acogerse a la presente ley, siempre que se encuentren en situacin de emergencia habitacional y cumplan los requisitos que se establezcan. En caso de que tengan concedidas medidas estatales de moratoria, podrn acogerse a esta ley cuando finalice la mencionada moratoria.

1. La iniciacin del procedimiento, judicial o extrajudicial, para la ejecucin de las garantas hipotecarias que comporte la extincin del contrato de compraventa por incumplimiento del propietario comprador, siempre que este se encuentre en las circunstancias de emergencia social afectadas por procedimientos de ejecucin hipotecaria y el inmueble sea su vivienda habitual y nico, implicar la creacin de una nueva obligacin entre la entidad financiera, la filial inmobiliaria o entidad de gestin de activos que resulte adjudicataria del remate y el propietario comprador y deudor, y quedar constituido el derecho de este ltimo a poder contratar un arrendamiento con opcin de compra que evite el lanzamiento de esta vivienda. El contrato de arrendamiento, a suscribir entre las partes, producir los efectos obligacionales con motivo de la notificacin de firmeza de la resolucin judicial del procedimiento de ejecucin hipotecaria.

A los efectos de la presente ley se entender que se encuentran en circunstancias de emergencia social afectadas por procedimientos de ejecucin hipotecaria las personas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener la residencia habitual y permanente en la vivienda objeto de ejecucin hipotecaria, y que esta vivienda sea la nica en propiedad y que no posea ningn miembro de la unidad de convivencia que habite en la vivienda objeto de ejecucin hipotecaria la titularidad u otro derecho real que les permita poder disponer del uso de una vivienda.

b) Que el procedimiento de ejecucin hipotecaria sea consecuencia del impago de un prstamo concedido para poder hacer efectivo el derecho a la vivienda por la persona.

c) Que las condiciones econmicas de la persona hayan sufrido un importante menoscabo, las cuales hayan provocado una situacin de endeudamiento sobrevenido con respecto a las condiciones y circunstancias existentes cuando se concedi el prstamo hipotecario. Se entender que las circunstancias econmicas han sufrido un importante menoscabo cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por lo menos por 1,5 y ello suponga ms de un tercio de los ingresos de la unidad de convivencia.

d) Que el conjunto de ingresos no supere 1,5 veces el IPREM cuando viva una persona sola, 2 veces el IPREM si es unidad de convivencia y 3 veces el IPREM para ms de tres miembros.

2. Al objeto de no perjudicar los intereses de las partes, la nueva obligacin de arrendamiento con opcin de compra se ajustar a las siguientes condiciones:

a) El precio base del contrato ser, a eleccin del adjudicatario del remate, el establecido para fijar el precio de adjudicacin del inmueble o el precio de mercado a determinar mediante un estudio comparativo a partir de las transacciones llevadas a cabo en la zona en que se encuentre el inmueble en el ltimo ao, que ser encargado por la conselleria competente en materia de vivienda y cuyo coste, en su caso, correr por cuenta del adjudicatario del remate.

b) La renta mensual del arrendamiento se establecer mediante resolucin de la conselleria competente en materia de vivienda y estar determinada por la doceava parte del 2% del precio de la vivienda reajustado segn lo establecido en el apartado a si la base del contrato fuera el precio de adjudicacin del inmueble, o por la doceava parte del3% del precio de mercado en otro caso.

c) La Generalitat proceder al pago de la renta a la entidad financiera, o filial inmobiliaria o entidad de gestin de activos que resulte adjudicataria del remate durante el plazo de tres aos a contar desde la creacin de la obligacin arrendaticia.

d) Los arrendatarios quedarn obligados al abono a la Generalitat de una parte de la renta, sin que esta pueda superar el 25% de los ingresos de la unidad de convivencia. Se establecern lmites ms restringidos para unidades de convivencia cuya situacin imposibilite esta aportacin y as sea informada favorablemente por los servicios sociales.

e) Una vez finalizado el plazo de tres aos, el arrendatario optar expresamente bien por continuar el arrendamiento por tres aos ms, sin perjuicio del derecho que tenga a la percepcin de ayudas o subvenciones de acuerdo con la legislacin vigente de arrendamientos en este momento, o bien podr ejercer la opcin de compra.

La duracin del alquiler en su propia vivienda, y exclusivamente para la persona afectada, o para las personas mayores de 65 aos y los siguientes colectivos: discapacitados del 33% o superior, familias con dos o ms hijos en edad escolar, vctimas de violencia de gnero, menores tutelados y aquellos que se determine reglamentariamente, ser indefinido hasta que la administracin le otorgue una solucin o finalizan las causas que han motivado su inclusin en este colectivo. En caso de muerte o abandono de la unidad de convivencia del arrendatario, se podr subrogar el contrato de arrendamiento a otra persona de esta unidad de convivencia.

f) En caso de ejercitarse la opcin de compra, siempre que fuera la vivienda habitual, las cantidades amortizadas del prstamo hipotecario original sern consideradas cantidades pagadas a cuenta de precio establecido.

3. Interpuesta la demanda por la entidad financiera, la filial inmobiliaria o entidad de gestin de activos, el propietario demandado podr informar a la Generalitat, al objeto de que esta le asista administrativamente y notifique a la entidad adjudicataria del remate la sujecin a las reglas establecidas en este artculo as como las condiciones que debe cumplir el contrato de arrendamiento con opcin de compra de la vivienda. En los trminos establecidos reglamentariamente, la conselleria competente en materia de vivienda redactar el contrato de arrendamiento que deber ser suscrito por la entidad ejecutante, el propietario afectado y la Generalitat en el plazo mximo de dos meses desde la solicitud de asistencia. Dicho contrato deber ser custodiado en el registro competente.

4. Si la entidad ejecutante se negase a formalizar el contrato, la Generalitat podr incoar, de oficio o a instancia del propietario, procedimiento expropiatorio del usufructo de la vivienda en los trminos establecidos en esta ley, mediante su declaracin de inters social y necesidad de ocupacin, sin perjuicio de las sanciones en las que puedan incurrir las entidades ejecutantes.

Artculo 13. Declaracin del inters social y la necesidad de ocupacin a efectos de expropiacin forzosa del usufructo temporal de viviendas incursas en procedimiento de desahucio por ejecucin hipotecaria para la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social.

1. A los efectos previstos en el artculo 9 de la Ley de expropiacin forzosa, de 16 de diciembre de 1954, la cobertura de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social afectadas por procedimientos de ejecucin hipotecaria definidas en el artculo 12 de esta ley comportar la declaracin de utilidad pblica y la necesidad de ocupacin para la expropiacin forzosa del usufructo de la vivienda objeto del mismo por un plazo mximo de tres aos, prorrogables por tres aos ms, revisando la situacin de emergencia social de la unidad de convivencia anualmente, a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el rgano jurisdiccional competente.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa bsica estatal, la expropiacin forzosa del usufructo de la vivienda ser de aplicacin a los procedimientos de desahucio instado por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestin de activos, en los cuales resulte adjudicatario del remate una entidad financiera, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestin de activos y las partes no hubieran aplicado el procedimiento previsto para la intermediacin o no se hubiera formalizado el contrato de arrendamiento con opcin a compra y ello implicara que la vivienda habitual quedara sin ocupantes con ttulo legal.

3. En estos casos, sern beneficiarias del usufructo temporal las personas o unidades de convivencia que se encuentren en circunstancias de exclusin o emergencia social afectadas por procedimientos de ejecucin hipotecaria, de acuerdo con los requisitos establecidos en esta ley y en las reglas procedimentales contenidas en el anexo I. La persona beneficiaria que haya incurrido en falsedad u ocultacin de informacin en el cumplimiento de los requisitos contemplados establecidos o en la presentacin de la documentacin a que se refiere el anexo I, perder la condicin de beneficiaria. La conselleria competente en materia de vivienda vigilar el cumplimiento de los requisitos referidos y el pago de las cantidades a las que, como beneficiario, est obligado en los trminos del presente artculo.

4. La persona o unidad de convivencia beneficiaria quedar obligada al pago a la administracin expropiante de una cantidad en concepto de contribucin al pago de justiprecio. Esta cantidad, que se prorratear con carcter mensual, no podr ser superior al 25% de los ingresos anuales de la unidad de convivencia que conviva en la vivienda, a efectos del indicador pblico de renta de efectos mltiples, ni su cuanta acumulada superior al justiprecio determinado por la administracin o resultado de la resolucin judicial, si la hubiere, incluidos los intereses de demora causados y los que legalmente sean exigibles a la administracin expropiante. Cuando los ingresos de la unidad de convivencia no excedan del salario mnimo interprofesional, por cada miembro de la unidad de convivencia que acredite algn tipo de ingreso, podr eximirse del pago de la renta, para aquella anualidad o anualidades en los que se d esta circunstancia.

5. El procedimiento de expropiacin del derecho al usufructo temporal de la vivienda deber ajustarse a la legislacin de expropiacin forzosa y a lo establecido por la legislacin sectorial aplicable, en su caso. La resolucin que d inicio al mismo se comunicar al rgano judicial que est conociendo del procedimiento de ejecucin hipotecaria de que se trate.

6. Mediante Decreto del Consell se declarar, previa informacin pblica y motivadamente, la urgente ocupacin a efectos de expropiacin forzosa temporal del uso de viviendas. El anuncio de publicacin podr incluir la citacin para el levantamiento del acta previa y en su caso su elevacin a acta de ocupacin del bien, siempre y cuando la administracin expropiante proceda al pago del depsito previo, conforme al apartado 6 del artculo 52 de la Ley de expropiacin forzosa.

7. En el acta de ocupacin se establecern, conforme a esta ley, los requisitos para que el titular dominical de la vivienda pueda recuperar el usufructo una vez transcurrido el plazo de expropiacin del derecho al usufructo temporal de la vivienda.

8. Asimismo, podr ejercitarse el derecho de reversin si las circunstancias de la persona beneficiaria se modificaran antes de transcurrir los tres aos establecidos en el apartado 1, de manera que pueda disfrutar del derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada en trminos anlogos a los que posibilita la vivienda que fue objeto del procedimiento de ejecucin hipotecaria. Asimismo se podr ejercer la reversin cuando se pierda la condicin de beneficiario.

9. El reversionista deber restituir a la administracin expropiante del usufructo la parte proporcional del justiprecio recibido en relacin al perodo que falte por completar, hasta el mximo de tres aos.

10. La imposibilidad de llevar a cabo la ejecucin de la ocupacin de la vivienda por causas relacionadas con el procedimiento judicial de desahucio, as como por otras causas no imputables a la administracin, no implica el reconocimiento de derecho alguno a la persona beneficiaria de la expropiacin.

11. La valoracin del justiprecio del derecho de usufructo temporal se realizar atendiendo a los criterios de valoracin establecidos en la presente ley, sirviendo como base para su clculo el valor por el que se haya adjudicado el inmueble, conforme a las reglas del procedimiento ejecutivo, la entidad financiera, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestin de activos. Para el clculo del valor del usufructo, ste se determinar a razn del 2% del valor total del bien (en pleno dominio) por cada periodo de un ao.

TTULO IV
Intervencin sobre viviendas deshabitadas
Artculo 14. La declaracin de vivienda deshabitada.

1. La declaracin de una vivienda como deshabitada se realizar mediante resolucin administrativa slo respecto de aquellos propietarios que sean considerados como grandes tenedores por esta ley y siguiendo a tal fin el procedimiento administrativo contradictorio regulado en el anexo II de esta norma.

2. El plazo mximo para resolver el procedimiento declarativo de vivienda deshabitada y notificar su resolucin ser de un ao contado desde la fecha del acuerdo de inicio, transcurrido el cual se producir su caducidad. La resolucin no pondr fin a la va administrativa y contra la misma cabr recurso de alzada ante el rgano superior jerrquico del competente para resolver.

3. La resolucin que ponga fin al procedimiento decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo, incluyendo la aprobacin de las medidas de fomento que hayan sido aceptadas y de los acuerdos de los interesados en el supuesto de intermediacin; debiendo producirse la efectiva habitacin dentro del plazo de seis meses contados desde la notificacin de la resolucin, sin que la misma pueda tener una duracin inferior a un ao, salvo acuerdo de los interesados, que habr de ser comunicado a la direccin general competente en materia de vivienda.

4. Se dar traslado de la resolucin al registro de viviendas deshabitadas, al objeto de proceder a su inscripcin.

5. En caso de volver a constatarse la existencia de indicios de no habitacin con respecto a la misma vivienda o grupo de viviendas en el plazo de seis meses desde la resolucin, podr iniciarse un nuevo procedimiento declarativo sin necesidad de realizar el ofrecimiento de las medidas de fomento.

Artculo 15. Indicios de falta de uso habitacional.

1. A los efectos de la declaracin administrativa de vivienda deshabitada se presumir que una vivienda no est habitada cuando:

a) No se destine de forma efectiva al uso residencial legalmente previsto.

b) Est desempleado de forma continuada durante un tiempo superior a dos aos, computados en cada caso desde el ltimo da de efectiva habitacin, desde el otorgamiento de la autorizacin de empleo correspondiente o, para el caso de las viviendas que no hayan estado nunca habitadas, desde que el estado de ejecucin de estas permita solicitar las autorizaciones legales por su efectiva ocupacin: todo ello, salvo que haya motivo que justifique la falta de empleo o su destino a un uso diferente al residencial. A partir del segundo ao en vigor de la ley, este plazo se reducir a un ao.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, para la iniciacin del procedimiento declarativo de una vivienda como deshabitada podrn tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes indicios:

a) Los datos del padrn municipal de habitantes y de otros registros pblicos.

b) La carencia de suministros de agua y electricidad, o consumos anormalmente bajos de conformidad con los valores proporcionados por las empresas suministradoras que presten servicio en el municipio y, en su defecto, por los recogidos en el anexo II.

c) Alteraciones en el suministro de gas o servicios de telecomunicaciones que puedan indicar la prdida de uso residencial.

d) Declaraciones tributarias.

e) Declaraciones o actos propios del titular de la vivienda.

f) Declaraciones de vecinos.

g) Negativa injustificada de la persona titular de la vivienda a facilitar comprobaciones del rgano directivo de la Generalitat competente en materia de vivienda. Estas comprobaciones slo podrn llevarse a cabo cuando consten, adems, otros indicios de falta de ocupacin.

3. En todo caso, se considerar que concurre motivo justificado para la desocupacin continuada en los siguientes casos, siempre de acuerdo con la especfica normativa aplicable:

a) Inmuebles destinados a usos de vivienda de segunda residencia, con un mximo de 4 aos de desocupacin continuada.

b) Inmuebles destinados a usos de vivienda turstica o terciarios al menos con una ocupacin mnima de un mes al ao.

c) Inmuebles destinados a usos dotacionales.

d) Inmuebles destinados a vivienda que sus titulares personas fsicas o jurdicas ofrezcan en venta (un ao mximo) o alquiler (con un mximo de seis meses), en condiciones de mercado.

e) Inmuebles que se encuentren pendientes de particin hereditaria o sometidos a procedimientos de extincin de comunidad de bienes o sociedad de gananciales o cuyo uso est pendiente de resolucin en un proceso judicial o cualquier otra situacin que haya impedido su inscripcin aun existiendo ttulo jurdico para ello.

f) Traslado temporal de domicilio por razones laborales, de salud, de dependencia o emergencia social.

Artculo 16. Grandes tenedores de viviendas.

1. A los efectos previstos en esta ley se consideran grandes tenedores de viviendas aquellas personas fsicas o jurdicas que destinando su actividad a la construccin, promocin, intermediacin o financiacin de la construccin o de la compra de vivienda, dispongan de ms de 10 viviendas en rgimen de propiedad, alquiler, usufructo u otras modalidades de disfrute que les faculten para determinar los usos a que se destinan, y las excluyan del mercado de venta, alquiler o derecho de superficie que cumplan los requisitos del artculo anterior.

No se computarn a tales efectos las viviendas desocupadas en las que concurra alguno de los motivos para la desocupacin que enumera el nmero 3 del artculo 15 de esta ley.

2. Quienes tengan la consideracin de grandes tenedores debern comunicar a la conselleria competente en materia de vivienda, semestralmente, la relacin de aquellas viviendas deshabitadas definidas como tales en el artculo 14 de la presente ley.

Artculo 17. Deberes de colaboracin con la administracin.

1. Las personas fsicas o jurdicas, pblicas o privadas, titulares de las viviendas sobre las que se desarrolle un procedimiento de declaracin de vivienda deshabitada tienen los deberes de colaboracin con la administracin desarrollados en la legislacin bsica estatal y han de proporcionar todos los datos relevantes sobre la misma a solicitud de la administracin a excepcin de aquellos que puedan comprometer la intimidad de las personas.

2. A los efectos de la determinacin del uso residencial efectivo de las viviendas, las personas fsicas o jurdicas, pblicas o privadas, que dispongan de informacin sobre las mismas, y en particular las compaas suministradoras de agua y energa elctrica, las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestin de activos y otras entidades inmobiliarias, as como los ayuntamientos, estarn obligadas a proporcionar, a requerimiento del rgano competente de la Generalitat en materia de vivienda y sin necesidad de contar con el consentimiento de las personas afectadas, cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes pudieran incidir en la indagacin de esa circunstancia y personas o entidades titulares de las viviendas.

3. Los requerimientos de informacin debern respetar la normativa reguladora de la proteccin de datos de carcter personal y sern motivados, adecuados y pertinentes, expresando su finalidad y su previsin normativa. Las comunicaciones a los requerimientos debern remitirse al rgano solicitante en el plazo de un mes contado desde su recepcin, sin perjuicio de la ampliacin de plazos que pudieran interesar para el mejor cumplimiento de lo requerido, que en todo caso no podr exceder de la mitad del plazo inicial.

4. La entrada en toda vivienda que tenga la condicin efectiva de domicilio deber requerir de autorizacin judicial. En todo caso, la falsa identificacin de una vivienda deshabitada como domicilio que quede debidamente acreditada en el procedimiento ser considerada una infraccin a los efectos previstos en esta ley.

Artculo 18. Actuaciones previas, inspeccin y medidas provisionales.

1. Con anterioridad a la iniciacin del procedimiento y con la finalidad de decidir sobre su incoacin, se podrn realizar actuaciones dirigidas a conocer las circunstancias del caso concreto, la obtencin de informacin relevante para la determinacin del uso de las viviendas y la identificacin de los titulares de los inmuebles. Las actuaciones previas sern realizadas por el rgano que tenga atribuidas funciones de investigacin, averiguacin e inspeccin en materia de vivienda y, en su defecto, por la persona u rgano administrativo que se determine por el rgano competente para la iniciacin o resolucin del procedimiento.

2. El rgano directivo de la Generalitat con competencias en materia de vivienda aprobar planes peridicos de inspeccin, dirigidos a la investigacin individualizada de situaciones concretas de no habitacin o de circunstancias de mbito general que resulten de inters para determinar la accin de la Generalitat en el ejercicio de las potestades de inspeccin. Estos planes de inspeccin determinarn anualmente y con carcter previo las actuaciones a desarrollar y los mbitos prioritarios de las mismas.

3. El rgano encargado de la resolucin del procedimiento podr adoptar desde el inicio de la tramitacin del mismo, y con arreglo a la normativa aplicable, cuantas medidas sean necesarias para garantizar la correcta conservacin en condiciones de habitabilidad de las viviendas objeto del mismo.

4. Las actuaciones previas reguladas en este artculo no interrumpirn el plazo de prescripcin de las infracciones que se hayan podido cometer, ni determinarn en ningn caso el inicio del procedimiento a efectos del cmputo del plazo de caducidad.

Artculo 19. Multas coercitivas.

1. Si en el plazo sealado de seis meses no se produce la efectiva ocupacin para uso habitacional de la vivienda declarada como deshabitada, y dada la imposibilidad de otros medios de ejecucin forzosa menos gravosos, el rgano encargado de la resolucin del procedimiento establecer, como medio de ejecucin forzosa, multas coercitivas para instar al cumplimiento de la obligacin administrativa con independencia de las sanciones administrativas que puedan imponerse a consecuencia de la comisin de las infracciones establecidas en esta ley.

2. La cuanta de la multa coercitiva ser fijada por el rgano encargado de resolver el procedimiento y ser equivalente al precio mensual por metro cuadrado de un alquiler establecido para las viviendas de proteccin pblicas de rgimen general, multiplicado por el nmero de metros cuadrados tiles de superficie de la vivienda correspondiente y por la cantidad de meses transcurridos desde el anterior pago mientras se mantenga la situacin de vivienda deshabitada. El pago de la multa coercitiva podr ser establecido tanto de manera mensual como trimestral.

3. Todas las acciones realizadas con la nica finalidad de lograr la ejecucin forzosa son independientes de cualquier sancin administrativa y compatible en todo caso con ellas.

Artculo 20. Colaboracin con las entidades financieras, filiales inmobiliarias o entidades de gestin de activos.

1. La Generalitat suscribir convenios de colaboracin con las entidades financieras, las sociedades inmobiliarias bajo su control, la Sociedad de Gestin de Activos Procedentes de la Reestructuracin Bancaria, SA, as como con las personas o entidades que operan en el sector inmobiliario, para incrementar una oferta de alternativas habitacionales que permita dar adecuada respuesta a las necesidades de alojamiento de personas o unidades de convivencia en situacin de vulnerabilidad. Esta oferta estar distribuida por el conjunto del territorio y en ningn caso podr haber concentraciones de vivienda social en determinados distritos o reas con el fin de evitar la formacin de agregados residenciales de bajas rentas concentrados slo en determinados barrios o municipios. Para ello, las administraciones pblicas emplearn la informacin sobre las viviendas vacas en poder de grandes tenedores para identificar posibles anomalas en la oferta de las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y entidades de gestin de activos. Estos convenios podrn tener tambin por objeto la cesin de uso de viviendas declaradas como desocupadas por parte de sus titulares.

2. En los convenios de colaboracin se concretarn la modalidad o modalidades de gestin de las viviendas cedidas. La gestin se realizar directamente por la administracin pblica o sus entidades instrumentales o, en su caso, por parte de los entes locales que tengan delegadas estas competencias.

TTULO V
Actuaciones de fomento para evitar la existencia de viviendas deshabitadas
Artculo 21. Potestades de fomento en materia de vivienda.

En desarrollo de las medidas de fomento establecidas en la legislacin valenciana en materia de vivienda, y para garantizar la funcin social de la vivienda, la Generalitat, las entidades locales y otras entidades pblicas podrn desarrollar, entre otras, las siguientes actuaciones:

a) Sistemas de ayudas pblicas.

b) Fomento de la iniciativa privada.

c) La mediacin en el mercado del arrendamiento de viviendas para propiciar su efectiva ocupacin.

CAPTULO I
Sistema de ayudas pblicas
Artculo 22. Ayudas para el pago de alquiler.

1. La conselleria competente en materia de vivienda establecer un sistema de ayudas para el pago de alquiler a las personas y unidades de convivencia con ingresos bajos o moderados, donde el coste de la vivienda los puede situar en riesgo de exclusin social residencial, de forma que no se supere el 25% de los ingresos.

2. A tal efecto, se establecen dos tipos de prestaciones:

a) Ayudas para el pago del alquiler acogidas a convocatorias pblicas peridicas que se establezcan mediante concurrencia y en las condiciones que se determinen. Pueden ser de prrroga automtica, si se mantienen las mismas condiciones establecidas para su adjudicacin.

b) Prestaciones de urgencia para hacer frente al pago de alquiler o de cuotas hipotecarias en situaciones especiales de emergencia y en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, pudindose otorgar sin concurrencia y con los informes previos favorables de los servicios sociales municipales.

3. La conselleria competente en vivienda, establecer las condiciones de las prestaciones reguladas en este artculo, las situaciones a proteger, los requisitos de los beneficiarios, la cuanta de la ayuda, sus condiciones y las causas de extincin.

4. Las cuantas de estas prestaciones se pueden abonar directamente al beneficiario o indirectamente, si se establece expresamente, a quien presta el servicio o a otra persona.

5. El pago de la prestacin se realizar por medio de entidad financiera, quedando esta obligada a devolver las cuantas aportadas en exceso a partir de la extincin del derecho a la ayuda.

6. Se consideran como causas de extincin, la muerte del beneficiario, siempre y cuando no tenga personas a su cargo, o cuando dejen de reunirse los requisitos para el derecho subjetivo a la vivienda.

7. Los municipios que lo soliciten podrn actuar como entidades colaboradoras en el proceso de concesin de estas ayudas. En tal caso, debern resolverlas de acuerdo con los criterios determinados por la conselleria competente en materia de vivienda y coordinar su concesin con las ayudas propias que, en su caso, puedan otorgar, unificando el procedimiento de solicitud a fin de simplificar los trmites a los ciudadanos.

Artculo 23. Medidas para prevenir y para paliar la pobreza energtica.

1. Las administraciones pblicas garantizarn el derecho de acceso a los suministros bsicos de agua potable, de gas y de electricidad a las personas y unidades de convivencia en situacin de riesgo de exclusin residencial, mientras dure dicha situacin, como componente del derecho a la vivienda con independencia de que la ocupacin derivase del ttulo de propiedad, alquiler o cualquier otro derecho que les permita disponer del uso de la vivienda.

2. Debe establecerse, como principio de precaucin social, un procedimiento de obligada comunicacin a los servicios sociales y de intervencin de estos servicios con carcter previo a la concesin de las ayudas con la finalidad de evitar los cortes de suministro en los casos de impago por falta de recursos econmicos.

3. En cumplimiento de las previsiones de esta ley, y sin perjuicio de las competencias estatales en la materia, el Consell podr establecer reglamentariamente aquellas obligaciones de servicio pblico que las compaas suministradoras debern cumplir para prevenir los cortes de suministro en los casos mencionados. Las administraciones pblicas podrn celebrar los acuerdos o convenios necesarios con las compaas de suministro de agua potable, de gas y de electricidad a fin de garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades de convivencia en situacin de riesgo de exclusin residencial o les apliquen descuentos muy notables en el coste de los consumos mnimos, de conformidad con las obligaciones de servicio pblico establecidas.

4. Los municipios que lo soliciten podrn actuar como entidades colaboradoras en el proceso de concesin de las ayudas previstas en este artculo, tanto las que supongan una transferencia directa a los ciudadanos afectados como las que se instrumenten haciendo uso de las vas del apartado anterior. En tal caso, debern actuar en coordinacin y de acuerdo con los criterios determinados por la conselleria competente en materia de vivienda.

5. Las empresas suministradoras de estos servicios que deban realizar un corte de suministro deben solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad de convivencia se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusin residencial, de acuerdo con los procedimientos contemplados en la legislacin autonmica en materia de pobreza energtica o cualquier norma posterior que sustituya a esta.

6. Las empresas suministradoras debern informar a sus clientes, en cualquier aviso o comunicacin que haga referencia a la falta de pago del servicio, de los derechos relativos a la pobreza energtica establecidos por la presente ley u otras en que as se reconozca. Las administraciones pblicas competentes debern velar para que la informacin relativa a estos derechos figure impresa en las facturas emitidas por las compaas.

7. Se deber crear una comisin de seguimiento especfica para la lucha contra la pobreza energtica con representantes de los departamentos autonmicos implicados y de la Federacin Valenciana de Municipios y Provincias, y con la presencia de los movimientos sociales vinculados a esta problemtica.

CAPTULO II
Fomento de la iniciativa privada
Artculo 24. Fomento del alquiler.

1. La conselleria competente en materia de vivienda establecer un sistema voluntario de obtencin o de oferta de viviendas privadas para su puesta en alquiler, en el que se incluirn necesariamente las inscritas en el Registro de viviendas deshabitadas y las adquiridas a consecuencia del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto o de aquellas otras acciones dirigidas a garantizar el uso social de la vivienda previstas por esta ley.

2. A los efectos de dar cobertura adecuada a estas medidas, la conselleria competente en materia de vivienda establecer un sistema de concertacin pblica y privada para estimular a los propietarios e inversores a poner en el mercado de alquiler viviendas para personas y unidades de convivencia con dificultades para acceder a dicho mercado con ingresos inferiores a 4,5 veces el indicador pblico de renta de efectos mltiples. En estos casos, las administraciones pblicas concertarn el aseguramiento de los riesgos inherentes a la ocupacin habitacional de las viviendas que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados, la responsabilidad civil, la asistencia del hogar y la defensa jurdica.

Artculo 25. Alquiler solidario.

1. La Generalitat podr adoptar la iniciativa para alquiler solidario de pisos vacos que necesitan algn tipo de rehabilitacin cuyos propietarios no pueden atender estos gastos.

2. Esta iniciativa prev cubrir los siguientes objetivos:

a) Favorecer a los propietarios de las viviendas que no pueden mantenerlos ni rehabilitarlos, pero que s que quieren conservar la propiedad.

b) Movilizar las viviendas desocupadas.

c) Obtener ms viviendas para polticas sociales.

d) Propiciar que se hagan obras de rehabilitacin para generar ocupacin.

3. Las personas propietarias harn cesin de la vivienda a la Generalitat para que, a travs de la red de intermediacin, se disponga, para su arrendamiento, de un perodo mximo de seis aos. La conselleria competente en materia de vivienda ser la encargada, en estos casos, de hacer el estudio econmico y la rehabilitacin pertinente, gastos que, junto a todos los derivados de la gestin, sern compensados con el cobro de la renta mensual hasta que estos estn cubiertos.

CAPTULO III
Mediacin en materia de vivienda
Artculo 26. Actuaciones de mediacin social.

1. La Generalitat impulsar, informar, facilitar y fomentar los servicios de mediacin social en materia de vivienda, pobreza energtica y derechos de los ciudadanos que se encuentren en grave situacin de necesidad, por causa de una ejecucin hipotecaria o por un proceso de arrendamiento urbano o como consecuencia de haber perdido su vivienda por haber avalado a un tercero.

2. Sin perjuicio de las estructuras administrativas de la Generalitat, la red de mediacin se articular mediante la participacin de los ayuntamientos y entidades sin nimo de lucro, que actuarn como mediadores, debiendo ajustarse a las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

3. La Generalitat podr suscribir convenios de colaboracin con los ayuntamientos y con instituciones y corporaciones pblicas y privadas para el asesoramiento, mediacin y la proteccin adecuada con la finalidad de prevenir que los ciudadanos y ciudadanas residentes en la Comunitat Valenciana pierdan su residencia habitual y permanente, cuando atraviesen dificultades econmicas que la pongan en riesgo, con el objetivo de evitar que sean privados de la misma. A tal efecto se podrn habilitar los medios y recursos necesarios para poder articular las medidas que se adopten con tal fin.

Artculo 27. Mediacin para el alquiler asequible.

1. Con objeto de garantizar un alquiler asequible, la Generalitat fomentar las actuaciones de mediacin entre las personas fsicas o jurdicas y los inquilinos, con la finalidad de proporcionar confianza, garantas y buen uso de la vivienda a precios de alquiler por debajo de los precios del mercado. Se podrn establecer medidas adicionales de fomento en las condiciones que se determinen.

2. Los solicitantes de viviendas obtenidas por mediacin, debern estar inscritos en el Registro de demandantes de vivienda de proteccin.

3. Para la adjudicacin de viviendas por mediacin se tendr en cuenta la relacin entre el precio de la vivienda y los ingresos de los demandantes, la superficie de esta y las especiales necesidades sociales derivadas, en su caso, de la composicin de la unidad de convivencia.

TTULO VI
Igualdad en el acceso y ocupacin de las viviendas
Artculo 28. Igualdad y no discriminacin en el acceso a la vivienda.

1. Todas las personas deben poder acceder a una vivienda y ocuparla, siempre que cumplan los requerimientos legales y contractuales aplicables en cada relacin jurdica, sin sufrir discriminaciones, directas o indirectas, ni acoso de ningn tipo. Particularmente, se considerarn discriminaciones indirectas el establecimiento de condiciones de pago o garanta inslitas o poco habituales y que provoquen de hecho la imposibilidad de acceder a la vivienda de colectivos particularmente vulnerables.

2. En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, las administraciones pblicas deben adoptar las medidas pertinentes, aplicables a todas las personas y a todos los agentes, tanto del sector pblico como del sector privado.

3. Son objeto especfico de la accin protectora a que se refiere el apartado 2 las siguientes situaciones y actuaciones:

a) La discriminacin directa, que se produce cuando una persona recibe, en algn aspecto relacionado con la vivienda, un trato diferente del recibido por otra persona en una situacin anloga, siempre que la diferencia de trato no tenga una finalidad legtima que la justifique objetiva y razonablemente y los medios utilizados para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.

b) La discriminacin indirecta, que se produce cuando una disposicin normativa, un plan, una clusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisin unilateral, un criterio o una prctica aparentemente neutros ocasionan una desventaja particular a una persona respecto a otras en el ejercicio del derecho a la vivienda. No existe discriminacin indirecta si la actuacin tiene una finalidad legtima que la justifica objetiva y razonablemente y los medios utilizados para alcanzar esta finalidad son adecuados y necesarios.

c) El acoso inmobiliario, entendido como toda actuacin u omisin con abuso de derecho que tiene el objetivo de perturbar a la persona acosada en el uso pacfico de su vivienda y crearle un entorno hostil, ya sea en el aspecto material, personal o social, con la finalidad ltima de forzarla a adoptar una decisin no deseada sobre el derecho que la ampara para ocupar la vivienda. A efectos de la presente ley, el acoso inmobiliario constituye discriminacin. La negativa injustificada de los propietarios de la vivienda a cobrar la renta arrendaticia es indicio de acoso inmobiliario.

d) La utilizacin de una infravivienda como residencia, la sobreocupacin y cualquier forma de alojamiento ilegal.

Artculo 29. Accin protectora de las administraciones.

1. Las medidas protectoras que deben adoptar las administraciones pblicas pueden consistir en la adopcin de acciones positivas en favor de colectivos y personas vulnerables, la prohibicin de conductas discriminatorias y la exigencia de la eliminacin de obstculos y restricciones al ejercicio del derecho a la vivienda y de ajustes razonables para garantizar el derecho a la vivienda.

2. A los efectos de lo previsto en esta ley, se entiende por ajustes razonables las medidas dirigidas a atender las necesidades singulares de determinadas personas para facilitarles, sin imponer una carga desproporcionada, la inclusin social y el disfrute del derecho a la vivienda en igualdad de condiciones con las dems personas.

3. Para establecer si una carga es proporcionada o no lo es, las administraciones pblicas deben tener en cuenta el coste de las medidas, los efectos discriminatorios que suponga no adoptarlas, las caractersticas de la persona fsica o jurdica, entidad u organizacin que debe ponerlas en prctica y la posibilidad de obtener financiacin oficial o cualquier otra ayuda.

4. Las administraciones pblicas competentes pueden establecer un rgimen de ayudas pblicas para contribuir a financiar los gastos derivados de la obligacin de aplicar los ajustes razonables a que se refiere el presente artculo.

Artculo 30. Valoracin de la prueba.

En los procedimientos de denuncia de discriminacin en el ejercicio del derecho a la vivienda en que la parte denunciante o demandante alega hechos y aporta indicios que permiten presumir la existencia de discriminacin, el rgano competente, despus de apreciarlos, teniendo en cuenta la disponibilidad y la facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes y el principio de igualdad de las partes, debe exigir a la parte denunciada o demandada que aporte una justificacin objetiva y razonable que pruebe suficientemente que en su actuacin o como consecuencia de su inactividad no se ha infringido el derecho a la igualdad.

Artculo 31. Legitimacin

A fin de hacer efectivos los derechos establecidos por el presente ttulo, sin perjuicio de la legitimacin individual de las personas afectadas, las personas jurdicas habilitadas legalmente para defender los derechos e intereses legtimos colectivos pueden actuar en nombre y en inters de las personas que se lo autoricen en un proceso determinado.

TTULO VII
Infracciones y sanciones por incumplimiento de la funcin social de la vivienda
Artculo 32. Disposiciones generales.

1. Son infracciones administrativas por incumplimiento de la funcin social de la vivienda las acciones u omisiones tipificadas como tales en la presente ley.

2. Las infracciones tipificadas en la presente ley se clasifican en graves y muy graves, atendiendo a la naturaleza de la infraccin y al bien jurdico afectado por su comisin.

Artculo 33. Infracciones.

1. Constituyen infracciones administrativas por incumplimiento de la funcin social de la vivienda, sin perjuicio de las tipificadas en la legislacin valenciana en materia de vivienda, las contempladas en los apartados siguientes de la presente ley.

2. Tendrn la consideracin de infracciones graves:

a) La falsa identificacin de una vivienda deshabitada como domicilio, al objeto de impedir la declaracin de vivienda deshabitada.

b) El incumplimiento de las medidas de fomento adoptadas en el procedimiento de declaracin de vivienda deshabitada.

c) El incumplimiento de los acuerdos aceptados en los procedimientos de declaracin de vivienda deshabitada, como consecuencia de las actuaciones de mediacin e intermediacin.

d) El transcurso de plazo de tres meses fijado para la efectiva habitacin de la vivienda declarada deshabitada, sin perjuicio de la imposicin de multas coercitivas, en los trminos establecidos en la presente ley.

e) El incumplimiento de los plazos de duracin mnima de la ocupacin de la vivienda fijados en los procedimientos de declaracin de vivienda deshabitada, salvo que medie acuerdo de los interesados, que habr de ser comunicado a la Direccin General competente en materia de vivienda.

f) No comunicar semestralmente por parte de los grandes tenedores la situacin de sus viviendas deshabitadas.

g) La cesin de una vivienda que haya accedido al registro de viviendas deshabitadas a travs de los convenios de colaboracin a que se refiere la presente ley sin que estas estn en las condiciones adecuadas de habitabilidad y careciendo de las debidas condiciones de salubridad, seguridad, eficiencia energtica, ornato pblico y decoro que requiere la funcin social de la propiedad.

3. Tendrn la consideracin de infracciones muy graves:

a) El incumplimiento por parte de las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y las entidades de gestin de activos, incluidos los procedentes de la reestructuracin bancaria, del deber de comunicar la adquisicin por cualquier ttulo de viviendas protegidas que integren su balance.

b) El mantenimiento sin ocupantes legales por un plazo superior a tres aos o la negativa a suscribir el contrato de alquiler con opcin a compra regulado en el artculo 12 de esta ley, de aquellas viviendas habituales o de primera residencia que hayan sido objeto de procedimientos de desahucio instado por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestin de activos, en los cuales resulte adjudicatario del remate la entidad financiera, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestin de activos, a contar desde el da en que se produjera la adjudicacin en remate.

c) La falsedad en los documentos o certificaciones que sean necesarios para obtener una resolucin administrativa con reconocimiento de derechos econmicos, de proteccin o de habitabilidad, aportados con el fin de obtener un acto favorable a los infractores o a terceros, de eludir una orden de ejecucin u otro acto no favorable a las personas interesadas o bien para la obtencin de medidas de fomento de las contempladas en la presente ley.

d) Llevar a cabo acciones u omisiones que comporten acoso o discriminacin segn lo establecido en esta ley.

e) El incumplimiento por parte de las empresas suministradoras de las obligaciones legales de informar a los consumidores en cualquier aviso o comunicacin que haga referencia a la falta de pago del servicio de los derechos relativos a la pobreza energtica establecidos por la presente ley.

f) No solicitar previamente por parte de la empresa suministradora que tenga que realizar un corte de suministro, el informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad de convivencia se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusin residencial.

g) No garantizar por parte de la empresa suministradora los suministros bsicos de acuerdo con lo establecido por esta ley y no cumplir las obligaciones de servicio pblico que se hayan establecido al respecto.

Artculo 34. Sanciones.

1. Las infracciones tipificadas en el artculo anterior como graves sern sancionadas con multa de 600 hasta 3.000 euros.

2. Las infracciones tipificadas en el artculo anterior como muy graves sern sancionadas con multa de 3.001 hasta 30.000 euros.

3. Los ingresos procedentes de las sanciones tendrn carcter finalista y, por tanto, sern destinados a actuaciones en materia de vivienda.

Artculo 35. Medidas complementarias.

La imposicin de la sancin por infraccin grave o muy grave podr acompaarse las medidas complementarias establecidas en la legislacin valenciana en materia de vivienda y, en cualquier caso, las siguientes medidas complementarias para obligar a reponer la legalidad incumplida:

1. Cuando, por la conducta contraria a la legalidad, se prive del derecho al uso y goce de una vivienda a personas en situacin de emergencia habitacional, en la resolucin se deber imponer al infractor la inmediata puesta a disposicin o, en su caso, la reposicin de la persona afectada en el uso de su vivienda.

2. Si, como consecuencia de los incumplimientos legales e infracciones de las empresas suministradoras, se produjera un corte de suministro contrario a las disposiciones de esta ley, la administracin, al inicio del procedimiento sancionador, obligar a dichas empresas a la reposicin inmediata, y a su cargo, del suministro interrumpido.

3. Cuando la infraccin consistiera en una situacin de hecho que pudiera prorrogarse por voluntad del infractor, la resolucin del expediente sancionador acordar el cese de la misma, concediendo al infractor un plazo no superior a 15 das.

Artculo 36. Responsabilidad.

1. Sern sancionadas por la comisin de las infracciones previstas en la presente ley las personas fsicas o jurdicas, pblicas o privadas, que resulten responsables de estas, por accin u omisin. Cuando la responsabilidad de los hechos constitutivos de la infraccin corresponda a una persona jurdica podrn considerarse responsables, adems, las personas fsicas integrantes de sus rganos de direccin que hubiesen autorizado o consentido la comisin de la infraccin. Dichas personas fsicas sern consideradas responsables, en todo caso, si la persona jurdica se extinguiera antes de dictarse la resolucin sancionadora.

2. En caso de infracciones continuadas, y a efectos de modular la sancin, se tendrn en cuenta la cantidad de viviendas afectadas y la duracin de la infraccin.

Artculo 37. Prescripcin.

Los plazos de prescripcin de las infracciones y sanciones establecidas en esta ley sern los fijados en la legislacin valenciana en materia de vivienda, de acuerdo con correspondiente graduacin.

Disposicin adicional primera. Acceso a la informacin pblica y proteccin de datos de carcter personal.

El acceso a la informacin pblica contenida en los registros a que se refiere la presente ley se ejercer de acuerdo con la legislacin en materia de transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno, y con sujecin a las limitaciones establecidas para la proteccin de datos de carcter personal. Los datos de carcter personal sern tratados con el grado de proteccin adecuado y el acceso a la informacin pblica requerir la previa disociacin de los datos de carcter personal.

Disposicin adicional segunda. Deber de comunicacin de las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y las entidades de gestin de activos relativa a viviendas protegidas.

En el plazo de quince das desde la entrada en vigor de la presente ley, y con respeto a la legislacin en materia de proteccin de datos personales, las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y las entidades de gestin de activos, incluidos los procedentes de la reestructuracin bancaria, vendrn obligadas a comunicar a la conselleria competente en materia de vivienda, para su inscripcin en el correspondiente registro, el inventario de las viviendas protegidas radicadas en el territorio de la Comunitat Valenciana que integren su balance, con indicacin de su ubicacin, precio y fecha de adquisicin as como su situacin administrativa.

Disposicin adicional tercera. Creacin del Observatorio del Hbitat y la Segregacin Urbana.

1. Con la finalidad de conocer la situacin en trminos cuantitativos y cualitativos de la vivienda en general y de la vivienda pblica en particular, la distribucin territorial y la insercin en los respectivos tejidos urbanos, as como para medir, de acuerdo con los indicadores que se establezcan por reglamento, la segregacin urbana existente y la adaptacin de la situacin de acceso a la vivienda al modelo econmico determinado por las polticas pblicas valencianas, el Consell crear el Observatorio del Hbitat y la Segregacin Urbana, dependiente de la conselleria competente en materia de vivienda. Este observatorio debe llevar a cabo las tareas que se establezcan por reglamento, y debe servir de plataforma para planificar, estudiar y analizar el entorno y la realidad social y econmica valenciana en el sector de la vivienda y colaborar as en las tareas que cumpla cualquier otro organismo pblico.

2. El Observatorio del Hbitat y la Segregacin Urbana tendr como misin todas aquellas funciones de evaluacin de los efectos de las medidas introducidas en esta ley con el fin de permitir un control de su aplicacin y proponer correcciones o mejoras. Asimismo, velar por el estado y suficiencia del parque pblico de viviendas, tanto autonmico como municipal, proponiendo las medidas que deban adoptarse para garantizar la suficiencia del mismo y su correcta insercin evitando la segregacin.

3. Pueden formar parte del Observatorio del Hbitat y la Segregacin Urbana la Federacin Valenciana de Municipios y Provincias, todas las organizaciones sociales y empresariales representativas de colectivos y agentes del mbito de la vivienda que estatutariamente tengan reconocido un papel activo en este mbito y que manifiesten inters en colaborar en las tareas que se establezcan.

4. El Observatorio del Hbitat y la Segregacin Urbana colaborar con los diferentes consejos municipales por el derecho a la vivienda y rganos equivalentes creados por los municipios, e integrar a representantes de los mismos en sus trabajos colaborando con sus labores de seguimiento y apoyo de las actuaciones municipales.

5. Debe crearse el observatorio dentro del plazo de un ao desde la fecha de publicacin de la presente ley en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Disposicin adicional cuarta. Medidas excepcionales para el control de las rentas de alquiler.

Excepcionalmente, y en situaciones contrastadas de incremento de las rentas de los alquileres de inmuebles destinados a vivienda que produzcan que el mercado (por razones de saturacin o imposibilidad de liberacin de bienes) no acte eficazmente como mecanismo de reequilibrio estructural incrementando la oferta para equilibrar los precios, el Consell podr proponer al Estado el establecimiento de un sistema que limite el precio mximo de alquileres en estas zonas como medida de zonificacin aprobable en el planeamiento. La delimitacin de las mismas se har, justificadamente, a partir de criterios de planificacin por parte de los municipios implicados, tras la declaracin de esta posibilidad atendiendo a las razones econmicas antedichas por el Consell.

Disposicin adicional quinta. Mecanismos de coordinacin con otras administraciones y el sector elctrico.

El Consell deber ejercer los mecanismos de coordinacin con otras administraciones y el sector elctrico para impulsar la implantacin de una tarifa social de coste mnimo con suministros suficientes para las unidades de convivencia en riesgo de exclusin social/residencial, y mientras dure la situacin. El objetivo sera que las unidades de convivencia paguen un mximo de un 10% por el total de los suministros bsicos.

Disposicin final primera. Facultades del Consell para la realizacin de un texto refundido.

Se faculta al Consell para que, en el plazo de un ao, refunda los contenidos de esta ley con la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la vivienda de la Comunidad Valenciana y resto de disposiciones normativas con rango de ley en materia de vivienda que puedan estar actualmente en vigor, as como que proceda a regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

Disposicin final segunda. Habilitacin para el desarrollo reglamentario.

El Consell dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecucin y desarrollo de lo establecido en esta ley.

El contenido de los anexos de la ley, las cuantas de las sanciones y las referencias al indicador pblico de renta de efectos mltiples, que pasan a tener rango reglamentario, podrn ser modificados, revisados y actualizados mediante decreto del Consell.

Disposicin final tercera. Entrada en vigor.

La presente ley entrar en vigor a los veinte das naturales de su publicacin en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, tribunales, autoridades y poderes pblicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley.

Valencia, 3 de febrero de 2017.–El President de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer.

(Publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nmero 7.976, de 9 de febrero de 2017)

ANEXO I
Requisitos para la justificacin de la situacin de riesgo de exclusin social a los efectos del procedimiento de expropiacin forzosa del usufructo a que se refiere elartculo 13 de la Ley

Justificacin de la situacin de riesgo de exclusin social a los efectos del procedimiento de expropiacin forzosa del usufructo a que se refiere el artculo 13 de la ley.

La persona beneficiaria del usufructo, para justificar su situacin de riesgo de exclusin social, deber acompaar a la solicitud la siguiente documentacin:

1. Acreditativa de la situacin econmica de la persona interesada:

a) Certificado de rentas, y en su caso, certificado relativo a la presentacin del impuesto de patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de la Administracin Tributaria, con relacin a los ltimos cuatro ejercicios tributarios.

b) ltimas tres nminas percibidas.

c) Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuanta mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

d) Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mnimas de insercin o ayudas anlogas de asistencia social concedidas por las comunidades autnomas y las entidades locales.

e) En caso de trabajador por cuenta propia, se aportar el certificado expedido por la Agencia Estatal de Administracin Tributaria o, si estuviera percibiendo la prestacin por cese de actividad, el certificado expedido por el rgano gestor en el que figure la cuanta mensual percibida.

f) Autorizacin a la administracin actuante para la consulta de los datos fiscales y de seguridad social ante los registros y administraciones competentes.

g) Alternativamente a la presentacin del conjunto de documentacin citada en los nmeros anteriores, la persona interesada podr limitarse a presentar una autorizacin a la administracin actuante para la consulta de los datos fiscales y de seguridad social ante los registros y administraciones competentes.

2. Acreditativa de los ingresos por los miembros de la unidad de convivencia, en los trminos establecidos para la persona beneficiaria.

3. Acreditativa del nmero de personas que habitan la vivienda:

a) Libro de familia o documento acreditativo de la inscripcin como pareja de hecho.

b) Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentacin de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

4. Titularidad de los bienes:

a) Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relacin con cada uno de los miembros de la unidad de convivencia o, alternativamente, declaracin responsable y autorizacin de consulta a la administracin actuante para solicitar los datos catastrales y del registro de la propiedad.

b) Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitucin de la garanta hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantas reales o personales constituidas, si las hubiere.

5. Declaracin responsable de la persona deudora o deudoras relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse situado en el mbito de aplicacin de este.

6. Informe de los servicios sociales comunitarios del municipio sobre la situacin de emergencia o exclusin social en que puede quedar el beneficiario en caso de lanzamiento, a partir de los criterios definidos en el artculo 2 de esta ley y analizando, en su caso, otras circunstancias que puedan concurrir.

ANEXO II
Procedimiento para la declaracin de vivienda deshabitada

I. Acuerdo de inicio.

1. El procedimiento para la declaracin de vivienda deshabitada a que se refiere la presente ley se iniciar de oficio, mediante acuerdo del rgano competente en materia de vivienda, bien por propia iniciativa o como consecuencia de una orden superior, peticin razonada de otros rganos o denuncia.

2. El acuerdo de inicio del procedimiento tendr el siguiente contenido mnimo:

a) Relacin de hechos sucintamente expuestos que motivan la incoacin del procedimiento, con expresin de los indicios de falta de uso habitacional.

b) Identificacin de la persona o personas titulares registrales o, en su defecto, los titulares catastrales de las viviendas.

c) Nombramiento de instructor y, en su caso, secretario del procedimiento, con expresa indicacin del rgimen de recusacin de los mismos.

d) Indicacin del rgano competente para la resolucin y de la norma que le atribuya tal competencia.

e) Medidas de carcter provisional acordadas por el rgano competente para iniciar el procedimiento, sin perjuicio de las que durante la instruccin se puedan adoptar.

f) Indicacin del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento, con expresin de los plazos para su ejercicio.

3. El acuerdo de inicio se comunicar al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan hasta entonces, y se notificar al denunciante, en su caso, y a todos los interesados. En la notificacin se advertir a los interesados de que, caso de no realizar alegaciones sobre el contenido de la iniciacin del procedimiento o propuesta de prctica de pruebas, esta podr ser considerada propuesta de resolucin.

II. Interesados en el procedimiento.

1. Se considerarn interesados en el procedimiento declarativo de vivienda deshabitada las personas fsicas o jurdicas, asociaciones y organizaciones que tengan la consideracin de interesados de acuerdo con el concepto establecido en la legislacin de procedimiento administrativo comn de las administraciones pblicas.

2. En todo caso tendrn la consideracin de interesados los titulares registrales de los inmuebles que constituyan objeto del procedimiento, los titulares de derechos reales y situaciones jurdicas inscritos y anotados en el registro de la propiedad, los titulares de derechos de uso, sus ocupantes, las entidades acreedoras de crditos hipotecarios y los ayuntamientos en cuyo trmino municipal se ubiquen.

3. Si el inmueble perteneciera a varias personas en rgimen de pro-indiviso, a una comunidad de bienes u otra entidad sin personalidad jurdica y no se tuviera constancia de la representacin legal, cada uno de los partcipes se considerar representante de su colectividad a los efectos de la tramitacin de este procedimiento y responsable solidario, sin perjuicio de la comunicacin a los dems cotitulares en el momento en que sean conocidos.

III. Alegaciones.

1. Notificado el acuerdo de inicio, los interesados dispondrn de un plazo de diez das para formular alegaciones sobre las circunstancias e indicios de falta de uso habitacional de la vivienda, as como, en su caso, sobre los motivos que a su juicio excluyan la procedencia de resolver la declaracin de la misma como deshabitada o la concurrencia de un motivo justificado para la desocupacin continuada; y para aportar o proponer las pruebas oportunas.

2. En caso de resultar acreditados los motivos de exclusin o justificacin alegados por los interesados, se dictar resolucin de terminacin del procedimiento estimando esas alegaciones y ordenando el archivo del mismo.

3. Si no se presentasen alegaciones o si las alegaciones de los interesados no desvirtuasen las circunstancias e indicios de falta de habitacin que motivaron la incoacin del procedimiento, continuar la instruccin de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes.

4. En tanto no haya propuesta de resolucin, los interesados podrn realizar alegaciones en cualquier momento.

IV. Prueba.

1. Los interesados podrn solicitar la apertura de un periodo de prueba, indicando los medios de prueba cuya prctica proponen.

2. El instructor acordar la prctica de las pruebas propuestas por los interesados y cuantas considere pertinentes por guardar relacin con el objeto del procedimiento, por un plazo no inferior a diez das y que no exceda de veinte das. Asimismo, rechazar de forma motivada las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias.

3. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condicin de autoridad, y que se formalicen en documento pblico observando los requisitos legales pertinentes, tendrn valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan sealar o aportar los propios interesados.

4. La carga de la prueba corresponder siempre a quien alegue el correspondiente hecho y se practicar por l mismo o a su costa, realizndose de acuerdo con lo previsto para el procedimiento administrativo comn de las administraciones pblicas.

V. Trmite de audiencia con ofrecimiento de medidas de fomento.

1. Concluida, en su caso, la prueba, el rgano instructor pondr de manifiesto las actuaciones a los interesados, acompaando una relacin de los documentos y testimonios obrantes en el procedimiento, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de los que estimen convenientes, confirindoles un plazo de audiencia de quince das para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes.

2. Este trmite se acompaar del ofrecimiento de las medidas de fomento de habitacin de viviendas desocupadas, que podrn consistir, entre otras, en las siguientes actuaciones:

a) Intermediacin en el mercado del arrendamiento de viviendas para propiciar su efectiva ocupacin.

b) Aseguramiento de los riesgos que garanticen el cobro de rentas y cantidades asimiladas de arrendamientos urbanos, desperfectos causados por ocupantes distintos de sus propietarios y la defensa jurdica para la resolucin de conflictos arrendaticios.

c) Medidas fiscales que determinen la Generalitat y las entidades locales, en el ejercicio de sus respectivas competencias.

d) Subvenciones para propietarios y arrendatarios, destinadas a la rehabilitacin de viviendas y a la ayuda de pago de rentas de arrendamiento, respectivamente.

e) Cesin de las viviendas a la Generalitat por sus titulares, para su gestin en rgimen de alquiler en las condiciones asimiladas a las de viviendas de proteccin pblica que se determinen reglamentariamente.

3. Las concretas medidas de fomento y su cuanta estarn en funcin de las disponibilidades presupuestarias.

4. Se podr prescindir del trmite de audiencia, o quedar ste reducido al trmite de ofrecimiento de medidas de fomento, cuando los interesados no hayan formulado alegaciones al acuerdo de inicio, cuando se haya acordado rechazar la apertura de un periodo de prueba, o cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otras pruebas que las aducidas, en su caso, por los interesados.

VI. Propuesta de resolucin.

1. Transcurrido el plazo de alegaciones, y practicadas en su caso las pruebas que hubieran sido declaradas pertinentes, el instructor redactar la propuesta de resolucin, que contendr la valoracin de las pruebas practicadas y se pronunciar expresamente acerca de la estimacin o desestimacin, total o parcial, de las alegaciones que se hubieren presentado.

2. La propuesta habr de ser notificada a los interesados cuando tenga en cuenta nuevos hechos, alegaciones, pruebas o documentos o que no sean conocidos por estos, en cuyo caso se conferir un trmite adicional de alegaciones de diez das.

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 03/02/2017
  • Fecha de publicación: 07/03/2017
  • Entrada en vigor: 1 de marzo de 2017.
  • Publicada en el DOCV nm. 7976, de 9 de febrero de 2017.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE MODIFICA el art. 2, por Ley 27/2018, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2019-1987).
  • SE DECLARA:
    • en el Recurso 5425/2017, la inconstitucionalidad y nulidad de lo indicado del art. 6; los arts. 12.4, 13, 23.5, anexo I y la constitucionalidad el art. 5.3.b) interpretado de acuerdo con el fj 4, por Sentencia 80/2018, de 5 de julio (Ref. BOE-A-2018-11278).
    • en el Recurso 5425/2017, el mantenimiento de la suspensin de los arts. 12 y 13 y el levantamiento en relacin con los dems preceptos impugnados, por Auto de 20 de marzo de 2018 (Ref. BOE-A-2018-4316).
  • SE MODIFICA los arts. 2.2.3 y 15.1.b), por Ley 21/2017, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-1871).
  • Recurso 5425/2017 planteado en relacin con determinados preceptos, con suspensin, desde el 4 de diciembre de 2017, de su vigencia y aplicacin y, desde el 8 de noviembre de 2017, para las partes legitimadas (Ref. BOE-A-2017-14166).
Referencias anteriores
  • DE CONFORMIDAD con el Estatuto aprobado por Ley Orgnica 5/1982, de 1 de julio (Ref. BOE-A-1982-17235).
Materias
  • Arrendamientos urbanos
  • Asistencia social
  • Ayudas
  • Comunidad Valenciana
  • Derechos de los ciudadanos
  • Desahucios
  • Mediacin
  • Registros administrativos
  • Viviendas

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