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Documento BOE-A-2016-11673

Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administracin Autonmica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administracin Pblica y se establecen las garantas de los informantes.

TEXTO

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y Len han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artculo 25.5 del Estatuto de Autonoma, promulgo y ordeno la publicacin de la siguiente ley:

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

La transparencia en la gestin pblica constituye en el momento actual uno de los principios bsicos de actuacin de las Administraciones Pblicas que pone de manifiesto la voluntad de prevenir cualquier hipottica conducta contraria al inters general.

Esta cultura de la transparencia est generalizando en los ordenamientos jurdicos la articulacin de mecanismos que permitan canalizar las informaciones sobre eventuales supuestos de actuaciones contrarias al inters pblico realizadas por el personal de las Administraciones Pblicas con ocasin del desempeo de su cargo o puesto de trabajo, especialmente en los casos en los que las posibles conductas estuvieran relacionadas con alguno de los delitos contra la Administracin a los que se refiere el Cdigo Penal. Se trata de medidas que constituyen una tendencia en las actuales organizaciones administrativas y contribuyen a evitar la simple posibilidad de la existencia de las conductas ilcitas.

El reconocimiento de la importancia de estas informaciones suele ir acompaado de la adopcin de medidas legales que, por un lado, incrementen la confianza en los procedimientos mediante los que se tramiten las informaciones que pudieran facilitarse y, por otro, garanticen la proteccin de los informantes frente a posibles acciones que pudieran perjudicar su situacin laboral.

De este modo, no slo se lograr promover una eficaz lucha contra la corrupcin, sino que ser posible establecer mecanismos que protejan eficazmente a quienes faciliten informacin sobre estas conductas. Todo lo anterior debe entenderse, como no podra ser de otro modo, sin perjuicio del deber que resulta de lo establecido en los artculos 259, 262 y 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El procedimiento llevado a cabo en el seno de la Administracin tiene por objeto efectuar una valoracin previa sobre el relato fctico y su indiciaria tipicidad, a fin de determinar su relevancia, que permita determinar si nos movemos en el mbito estrictamente de las irregularidades administrativas o en el terreno penal. En el primero de los casos, la Administracin continuar desarrollando su competencia mediante la propuesta y apertura de expediente sancionador, mientras que en el segundo proceder a remitir las actuaciones, a la mayor brevedad posible, al Ministerio Fiscal o autoridad judicial.

El mbito subjetivo de la ley se extiende a todo el personal de la Administracin de la Comunidad de Castilla y Len, en la que se incluye la Administracin General y la Administracin Institucional, esta ltima integrada por los organismos autnomos y los entes pblicos de derecho privado, conforme a la Ley 3/2001, de 3 julio, del Gobierno y de la Administracin de la Comunidad de Castilla y Len.

La configuracin de la Inspeccin General de Servicios, que efecta la Ley de la Funcin Pblica de Castilla y Len, como rgano especializado de inspeccin sobre todos los servicios de la Administracin de la Comunidad de Castilla y Len, Entes y Organismos de ella dependientes, hace que sea el rgano ms adecuado para realizar esta valoracin previa e indiciaria, en consonancia con las competencias que le atribuye su propia normativa de organizacin y funcionamiento, establecida en el Decreto 13/2009, de 5 de febrero, de la Junta de Castilla y Len.

La materializacin de los principios de transparencia y publicidad, que deben regir el actuar de la Administracin Pblica, aconsejan la necesidad de publicitar el resultado de la actuacin, evitando sospechas de opacidad o inaccin. De este modo, en aquellos casos en los que no se detecten indicios de delito pero se aprecien posibles infracciones administrativas, del resultado de las actuaciones desarrolladas se dar traslado al Comisionado de Transparencia, creado por la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participacin Ciudadana de Castilla y Len, con la finalidad de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la informacin pblica y los derechos tanto de los informantes como de las personas que se hubieran visto afectadas por las actuaciones derivadas de la denuncia en la medida en que los citados expedientes incluyan datos especialmente protegidos y cuyo acceso se encuentra limitado, tanto por la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de datos de carcter personal, como por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno.

Ms all de lo anterior, y de las garantas sealadas en orden a la tramitacin de las actuaciones, tambin se debe otorgar proteccin a quienes faciliten la informacin, ello mediante la inamovilidad en la relacin de servicio y en el desempeo de las funciones, principio rector que proclama la Ley de la Funcin Pblica de Castilla y Len como garanta de la independencia en la prestacin de servicios, lo cual se articula a travs de una serie de medidas de diversa intensidad.

La proteccin, asimismo, debe constituir una garanta de doble canal dirigida tambin a evitar el uso desviado y abusivo de la posibilidad de informar a la Administracin sobre presuntas actuaciones ilcitas al amparo de la proteccin que proporciona la salvaguarda de la identidad del informante, por lo que han de articularse los instrumentos jurdicos dirigidos a impedir la existencia de informaciones infundadas con el mero propsito de difundir el descrdito y la difamacin de la persona a la que vayan referidas.

De este modo, la presentacin deliberada de informaciones carentes de fundamento se sita en la esfera de la responsabilidad disciplinaria, no pudiendo quedar amparada por la clusula de proteccin, y sin perjuicio de las responsabilidades que de tal accin pudieran derivarse en la va penal y civil.

II

La presente ley se dicta al amparo de las competencias atribuidas en el Estatuto de Autonoma en el artculo 70.1.1, que atribuye competencias exclusivas a la Comunidad Autnoma respecto de la organizacin, rgimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, y en el artculo 32.3, que, en el ejercicio de la competencia sealada en el artculo anteriormente referido, y de acuerdo con la legislacin del Estado, reconoce a la Comunidad Autnoma la competencia para establecer el rgimen de los empleados pblicos de la Comunidad y para la elaboracin del procedimiento administrativo derivado de las especialidades de su organizacin propia, entre otras materias.

III

La ley se estructura en tres artculos, dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales.

En el artculo primero se establece como objeto de la ley regular las actuaciones que se deben seguir ante las informaciones facilitadas por el personal de la Administracin de la Comunidad de Castilla y Len en relacin con actuaciones de altos cargos y personal de la Administracin General e Institucional de la Comunidad de Castilla y Len, realizadas en el ejercicio de sus cargos o puestos de trabajo, de las que pudiera derivarse un posible delito contra la Administracin de los regulados en el ttulo XIX del Cdigo Penal, as como establecer las garantas que se otorgan a los informantes.

El artculo segundo se refiere a la tramitacin y se divide en cinco apartados. El apartado primero atribuye la realizacin de las actuaciones a la Inspeccin General de Servicios y establece la informacin reservada como cauce para su realizacin, sealando su carcter prioritario y el plazo dentro del que ha de practicarse, as como los supuestos en los que el plazo puede ser ampliado. El apartado segundo garantiza la omisin de los datos relativos a la identidad del informante y de todos aquellos que pudieran conducir a su identificacin. El apartado tercero prev la remisin de las actuaciones al Ministerio Fiscal en los casos en los que en las actuaciones practicadas se hayan apreciado indicios de delito. El apartado cuarto prev la apertura de expediente sancionador cuando, no aprecindose indicios de delito, se detecte una posible infraccin administrativa, y contempla la remisin al Comisionado de Transparencia de los informes que recaigan en las actuaciones practicadas, tanto en los casos en los que se hayan apreciado indicios de responsabilidad como en aquellos otros en los que no se aprecien. El apartado quinto establece, con carcter anual, la remisin de un informe a la Comisin correspondiente de las Cortes de Castilla y Len por parte de la Consejera de la que dependa la Inspeccin General de Servicios, en el que se dar cuenta del nmero de informaciones recibidas y el rgano al que se le hayan dado traslado.

El artculo tercero se refiere a las garantas y se divide en cinco apartados. El apartado primero contiene la prohibicin de adoptar medidas que puedan perjudicar la relacin de servicio o condiciones de trabajo del informante, con especial referencia a la remocin del puesto de trabajo. El apartado segundo seala el periodo de tiempo al que se extienden las garantas. El apartado tercero prev, con carcter excepcional, la posibilidad de trasladar de puesto de trabajo a quien haya proporcionado la informacin. El apartado cuarto ampla las garantas a los que hayan denunciado directamente al Ministerio Fiscal o autoridad judicial, una vez haya sido admitida a trmite la denuncia, y el apartado quinto establece una nueva falta disciplinaria para aquellos casos en los que deliberadamente se presenten escritos informando sobre la comisin de delitos, cuando carezcan de fundamentacin alguna.

La disposicin adicional primera establece la aplicacin de lo dispuesto en el artculo3 de la ley al personal de la Administracin de la Comunidad Autnoma que informe sobre posibles incumplimientos del Cdigo tico y de Austeridad de los altos cargos, as como dispone que la tramitacin de estas informaciones se har de conformidad con lo establecido en el artculo 2 de la ley. La disposicin adicional segunda prev para el personal laboral el establecimiento de un sistema de garantas similar al regulado en la ley, previa modificacin de la normativa que resulte de aplicacin al mismo.

La disposicin final primera modifica la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Funcin Pblica de Castilla y Len.

La disposicin final segunda modifica la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurdico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y Len.

La disposicin final tercera contiene la entrada en vigor de la ley.

Artculo 1. Objeto.

La presente ley tiene por objeto regular las actuaciones de la Administracin de la Comunidad de Castilla y Len ante las informaciones que le sean facilitadas por su personal respecto de actuaciones que hayan sido realizadas por altos cargos o personal de la Administracin General e Institucional de la Comunidad de Castilla y Len en el ejercicio de sus cargos o funciones, de las que pudiera derivarse un posible delito contra la Administracin Pblica de los regulados en el ttulo XIX del Cdigo Penal, as como establecer las garantas que se otorgan a los informantes.

Artculo 2. Tramitacin.

1. La informacin se remitir a la Inspeccin General de Servicios, la cual proceder a la apertura de una informacin reservada que tendr carcter prioritario.

El inicio de la informacin reservada se comunicar al Procurador del Comn como Comisionado de Trasparencia.

Desde su entrada en el citado rgano, ste dispondr de un plazo de dos meses para desarrollar la labor inspectora. No obstante, en aquellos casos en los que la complejidad del asunto impida la finalizacin de las actuaciones en dicho plazo, ste se podr ampliar por el tiempo indispensable, sin que en ningn caso pueda exceder de seis meses. La ampliacin del plazo se acordar motivadamente y ser notificada a quien haya facilitado la informacin.

2. En todas las actuaciones que se lleven a cabo, as como en el informe con el que concluya la informacin reservada, se omitirn los datos relativos a la identidad del informante y cuantos pudieran conducir a su identificacin.

3. Si de las actuaciones practicadas se apreciaran indicios racionales de la existencia de un posible delito, se dar traslado de lo actuado al Ministerio Fiscal, lo que se comunicar a quien haya proporcionado la informacin.

4. En aquellos casos en los que de las actuaciones se detecte la posible existencia de una infraccin administrativa, la informacin reservada finalizar con la emisin de un informe que contendr la propuesta de apertura de expediente sancionador y se remitir al rgano competente para su incoacin.

En estos casos, as como en aquellos en los que tras las actuaciones reservadas no se hayan apreciado indicios de responsabilidad, del informe que se emita concluyendo la informacin reservada se dar traslado al Procurador del Comn como Comisionado de Transparencia para su conocimiento, lo que se comunicar a quien haya proporcionado la informacin.

5. Anualmente la Consejera de la que dependa la Inspeccin General de Servicios remitir un informe a la Comisin correspondiente de las Cortes de Castilla y Len, en el que se incluir el nmero de informaciones recibidas y el rgano al que se le hayan dado traslado en cumplimiento de las previsiones de la presente ley.

Artculo 3. Garantas.

1. Frente a quien haya facilitado la informacin no podr adoptarse ninguna medida que venga motivada por tal actuacin y que perjudique su relacin de servicio o condiciones de trabajo. De forma particular, no podr ser removido de su puesto de trabajo, cualquiera que sea su forma de provisin, salvo aquellos cambios que se deriven estrictamente de la normativa aplicable.

2. Dichas garantas sern de aplicacin desde que la informacin tenga entrada en la Inspeccin General de Servicios hasta un ao despus de que la Inspeccin General de Servicios haya terminado las actuaciones a las que se refiere el artculo 2 de esta ley. En el caso de que las actuaciones se hayan remitido al Ministerio Fiscal las garantas mantendrn su vigencia hasta que haya transcurrido un ao desde que se dicte sentencia firme, o en su caso, se decrete el archivo definitivo.

3. Excepcionalmente y durante el mismo periodo, se podr acordar el traslado de quien haya facilitado la informacin a otro puesto de trabajo de similares caractersticas al que vena ocupando, cuando lo solicite y concurran circunstancias, debidamente apreciadas por la Inspeccin General de Servicios, que as lo justifiquen.

El acuerdo de traslado deber contar con el consentimiento previo y expreso del empleado pblico que lo haya solicitado.

4. Las garantas previstas en los apartados anteriores se extendern al personal que haya denunciado ante el Ministerio Fiscal o autoridad judicial la posible comisin de un delito contra la Administracin, de los regulados en el ttulo XIX del Cdigo Penal, desde que la denuncia se haya admitido a trmite por el Juez.

5. Se considerar falta grave la presentacin de informaciones infundadas cuando en las actuaciones llevadas a cabo en la informacin reservada se pruebe de forma manifiesta su falta de fundamento, todo ello sin perjuicio de las consecuencias que establece el ordenamiento jurdico para los supuestos de acusacin y denuncia falsas y simulacin de delitos tipificados en el captulo V, del ttulo XX del libro II del Cdigo Penal.

Disposicin adicional primera. Informaciones sobre incumplimientos del Cdigo tico y de Austeridad.

Al personal de la Administracin de la Comunidad de Castilla y Len que informe sobre un posible incumplimiento del Cdigo tico y de Austeridad de los altos cargos le ser de aplicacin lo previsto en el artculo 3 de la presente ley.

Estas informaciones se tramitarn conforme a lo previsto en el artculo 2 de esta ley.

Disposicin adicional segunda. Personal laboral.

En el mbito del personal laboral de la Administracin General, organismos autnomos y entes pblicos de derecho privado, se establecer un sistema de garantas similar al regulado en esta ley, previa modificacin de la normativa que resulte de aplicacin al mismo.

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Funcin Pblica de Castilla y Len.

Se modifica la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Funcin Pblica de Castilla y Len, en los siguientes trminos:

Uno. Se aade un nuevo artculo 55 bis) a la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Funcin Pblica de Castilla y Len, con la siguiente redaccin:

Artculo 55 bis). Traslado provisional derivado de la presentacin de informaciones sobre hechos relacionados con posibles delitos contra la Administracin Pblica.

1. Excepcionalmente, el personal funcionario que informe sobre actuaciones de altos cargos o personal de la Administracin General e Institucional de la Comunidad de Castilla y Len, realizadas en el ejercicio de sus cargos o funciones, de las que se pudiera derivar un posible delito contra la Administracin, de los regulados en el ttuloXIX del Cdigo Penal, podr ser trasladado, durante la realizacin de la informacin reservada que se inicie como consecuencia de la informacin que hubiera facilitado, a otro puesto de trabajo vacante de similares caractersticas al que vena ocupando, cuando lo solicite y concurran circunstancias, debidamente apreciadas por la Inspeccin General de Servicios, que as lo justifiquen.

2. La duracin del traslado se extender hasta un ao despus de que la Inspeccin General de Servicios haya emitido el informe que ponga fin a las actuaciones inspectoras. En aquellos casos en los que el informe de la Inspeccin General de Servicios concluya con la remisin de las actuaciones al Ministerio Fiscal, el traslado de puesto de trabajo podr prolongarse hasta que transcurra un ao desde que se dicte sentencia firme o, en su caso, se produzca el archivo definitivo.

3. El traslado provisional al que se refiere este artculo tambin ser aplicable al personal funcionario que haya denunciado ante el Ministerio Fiscal o autoridad judicial la posible comisin de un delito contra la Administracin, de los regulados en el ttulo XIX del Cdigo Penal, desde que la denuncia se haya admitido a trmite por el Juez.

Dos. Se aade un nuevo apartado r) al artculo 82 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Funcin Pblica de Castilla y Len, con la siguiente redaccin:

r) La presentacin de informaciones infundadas respecto de actuaciones que hayan sido realizadas, en el ejercicio de sus cargos o funciones, por altos cargos o personal de la Administracin General e Institucional de la Comunidad de Castilla y Len, de las que pudiera derivarse un posible delito contra la Administracin Pblica, de los regulados en el ttulo XIX del Cdigo Penal, cuando de las actuaciones llevadas a cabo en la informacin reservada que se inicie como consecuencia de la informacin, se derive de forma manifiesta su falta de fundamento.

Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurdico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y Len.

Se modifica la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurdico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y Len, en los siguientes trminos:

Uno. Se aade un nuevo apartado n) al artculo 8.1) de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurdico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y Len con la siguiente redaccin:

n) A las garantas establecidas en la Ley por la que se regulen las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administracin Autonmica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administracin Pblica y se establezcan las garantas de los informantes.

Dos. Se aade un nuevo artculo 44 bis a la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurdico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y Len, con la siguiente redaccin:

Artculo 44 bis. Traslado provisional derivado de la presentacin de informaciones sobre hechos relacionados con posibles delitos contra la Administracin Pblica.

1. Excepcionalmente, el personal estatutario que informe sobre actuaciones de altos cargos o personal de la Administracin General e Institucional de la Comunidad de Castilla y Len, realizadas en el ejercicio de sus cargos o funciones, de las que se pudiera derivar un posible delito contra la Administracin, de los regulados en el ttulo XIX del Cdigo Penal, podr ser trasladado, durante la realizacin de la informacin reservada que se inicie como consecuencia de la informacin que hubiera facilitado, a un puesto de trabajo vacante en el mismo o distinto centro o institucin, de la misma categora profesional y anlogas caractersticas al que viniera desempeando, cuando lo solicite y concurran circunstancias, debidamente apreciadas por la Inspeccin General de Servicios, que as lo justifiquen.

2. La duracin del traslado se extender hasta un ao despus de que la Inspeccin General de Servicios haya emitido el informe que ponga fin a las actuaciones inspectoras. En aquellos casos en los que el informe de la Inspeccin General de Servicios concluya con la remisin de las actuaciones al Ministerio Fiscal, el traslado de puesto de trabajo podr prolongarse hasta que transcurra un ao desde que se dicte sentencia firme o, en su caso, se produzca el archivo definitivo.

3. El traslado provisional al que se refiere este artculo tambin ser aplicable al personal estatutario que haya denunciado ante el Ministerio Fiscal o autoridad judicial la posible comisin de un delito contra la Administracin, de los regulados en el ttulo XIX del Cdigo Penal, desde que la denuncia se haya admitido a trmite por el Juez.

Tres. Se aade un nuevo apartado 6 al artculo 94.2) de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurdico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y Len, con la siguiente redaccin:

6. La presentacin de informaciones infundadas respecto de actuaciones que hayan sido realizadas, en el ejercicio de sus cargos o funciones, por altos cargos o personal de la Administracin General e Institucional de la Comunidad de Castilla y Len, de las que pudiera derivarse un posible delito contra la Administracin Pblica, de los regulados en el ttulo XIX del Cdigo Penal, cuando de las actuaciones llevadas a cabo en la informacin reservada que se inicie como consecuencia de la informacin, se derive de forma manifiesta su falta de fundamento.

Disposicin final tercera. Entrada en vigor.

La presente ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial de Castilla y Len.

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicacin esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Valladolid, 11 de noviembre de 2016. El Presidente de la Junta de Castilla y Len, Juan Vicente Herrera Campo.

(Publicada en el Boletn Oficial de Castilla y Len nmero 224/2016, de 21 de noviembre de 2016)

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 11/11/2016
  • Fecha de publicación: 08/12/2016
  • Entrada en vigor: 22 de noviembre de 2016.
  • Publicada en el BOCYL nm. 224 de 21 de noviembre de 2016.
Referencias anteriores
  • AADE:
    • los arts. 8.1) n), 44 bis) y 94.2) 6) a la Ley 2/2007, de 7 de marzo (Ref. BOE-A-2007-7033).
    • los arts. 55 bis) y 82.r a la Ley 7/2005, de 24 de mayo (Ref. BOE-A-2005-11757).
  • DE CONFORMIDAD con el Estatuto aprobado por Ley Orgnica 14/2007, de 30 de noviembre (Ref. BOE-A-2007-20635).
Materias
  • Castilla y Len
  • Delitos contra la Administracin Pblica
  • Enjuiciamiento Criminal
  • Funcin Pblica
  • Informacin
  • Servicios Pblicos de Salud

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