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Documento BOE-A-2014-7325

Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificacin de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda.

TEXTO

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artculo 12.8 del Estatuto de Autonoma, promulgo y ordeno la publicacin de la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificacin de la ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

La dimensin de la situacin de crisis econmica por la que atraviesan Espaa y Canarias supone poner a prueba los cimientos en los que se asienta el modelo de Estado diseado por la Constitucin espaola. Nunca como ahora se ha hecho tan necesario comprobar si los principios e instrumentos que la Constitucin pone al servicio de los poderes pblicos son suficientes para garantizar la configuracin de Espaa como Estado social de Derecho, tal y como empieza afirmando el texto constitucional.

La precariedad econmica, laboral y social por la que atraviesan miles de familias obliga a poner en mxima tensin todos los mecanismos propios de un Estado social de Derecho, que, por definicin, est llamado a corregir los desequilibrios que origina la economa de mercado.

Uno de los mbitos en los que se hace ms evidente la necesidad de desplegar una actividad pblica correctora es precisamente el de la vivienda.

La Constitucin espaola proclama en su artculo 47 el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada e impone a los poderes pblicos la obligacin de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho. Se trata de un reconocimiento en sintona con mltiples tratados y declaraciones internacionales de derechos firmados por Espaa.

La propia Constitucin seala, adems, en los artculos 40.1 y 128.1, que los poderes pblicos promovern las condiciones favorables para el progreso social y econmico y para una distribucin de la renta regional y personal ms equitativa, en el marco de una poltica de estabilidad econmica, y cuando se proclama que toda la riqueza del pas en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad est subordinada al inters general.

En la situacin actual, sin embargo, estos preceptos constitucionales son una autntica quimera para la mayor parte de la poblacin. La crisis econmica en Espaa tiene su origen, precisamente, en el sector inmobiliario y el corolario, en lo que a la vivienda se refiere, es que nunca haba resultado tan difcil disfrutar de una vivienda digna. Paradjicamente, adems, esa dificultad coincide con la existencia de miles de viviendas construidas, habitables y sin ocupar.

Desde la ptica de los poderes pblicos existe una clara desviacin que requiere habilitar mecanismos correctores: miles de viviendas desocupadas y miles de familias en el borde de la pobreza, en muchos casos, por carecer de una vivienda de la que han sido privados por no poder pagar los prstamos concertados para su adquisicin. Y es que la vivienda es el soporte material de mltiples derechos y libertades individuales y est ntimamente conectada con valores y derechos protegidos constitucionalmente como la dignidad de la persona.

En el perodo 2008-2012 ms de 10.000 personas o familias han sufrido el lanzamiento judicial de sus viviendas en Canarias a causa de un proceso de ejecucin hipotecaria. En consecuencia, el mandato constitucional de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna cobra todo su sentido en las circunstancias actuales e impone a los poderes pblicos la obligacin de actuar.

No obstante, la intervencin pblica no resulta sencilla, no solo por la complejidad de la situacin econmica y el carcter transnacional de muchas de las polticas dirigidas a superar la crisis, sino tambin y, sobre todo, por la presencia de derechos e intereses privados contradictorios y que gozan de proteccin constitucional, como el derecho a la propiedad privada.

El derecho de la ciudadana a disfrutar de un vivienda digna viene muy condicionado en la actualidad por las dificultades de tipo econmico para hacerlo efectivo, que estn muy relacionadas con la mala situacin econmica de las familias (altas tasas de desempleo, precariedad laboral, reduccin de las retribuciones...) y con los problemas para acceder a la financiacin necesaria, cuando se trata de adquirir en propiedad la vivienda. Quiere ello decir que las dificultades econmicas tienen una incidencia negativa desde dos perspectivas distintas: por un lado, muchas personas y familias tienen serias dificultades para mantener las viviendas que ya ocupan (impago de rentas y de cuotas de prstamos hipotecarios) y, por otro, muchas otras no tienen posibilidades reales de acceder a una vivienda en alquiler o propiedad por la falta de rentas o de financiacin.

La solucin a gran parte de los problemas apuntados pasa, obviamente, por la mejora de la situacin econmica general, pero tambin por promover las condiciones que hagan viable el acceso a la vivienda en rgimen de alquiler o propiedad. Y, adicionalmente, por evitar, en la medida de lo posible, que se desaloje a familias en situacin de emergencia econmica y social de viviendas, que pasan a quedar desocupadas. A ello justamente se dirige la mayor parte de las medidas contempladas en la presente ley.

El objetivo primordial es introducir modificaciones en la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias que permitan a las administraciones de las islas poner en marcha medidas adecuadas a las circunstancias actuales para promover la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna.

Resulta evidente que el marco normativo presente y las herramientas previstas en el mismo no son suficientes para abordar la situacin generada por el impacto de la crisis econmica en el mbito de la vivienda y tambin que las distintas administraciones pueden y deben hacer ms al respecto. Nos encontramos ante una situacin excepcional, que requiere de medidas ms intensas, dentro siempre del marco constitucional vigente.

Nuestro ordenamiento jurdico contempla posibilidades hasta ahora no exploradas y que empiezan a ser utilizadas en el mbito normativo y judicial.

A ttulo ilustrativo cabe recordar el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la proteccin a los deudores hipotecarios, que habilita soluciones verdaderamente extraordinarias para evitar el lanzamiento de su vivienda de familias que se encuentren en una situacin de especial riesgo de exclusin, en detrimento de los derechos de las personas adjudicatarias de las viviendas en el correspondiente proceso de ejecucin hipotecaria. En el plano autonmico, el Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Funcin Social de la Vivienda, de la Junta de Andaluca, que contiene un paquete de medidas similar a las previstas en la presente ley, o ms recientemente, la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra.

En el mbito judicial son cada vez ms las voces y las resoluciones que abogan por reinterpretar el marco normativo para evitar situaciones de claro desequilibrio en perjuicio de las familias que corren riesgo de perder su vivienda por un imprevisible y sobrevenido cambio de las circunstancias econmicas. Buscar un equitativo equilibrio entre los intereses en juego a la vista de la modificacin extraordinaria de las circunstancias econmicas parece ser una tendencia que se abre paso en sede judicial ante los efectos contraproducentes que genera la aplicacin estricta de la normativa vigente.

A raz de la situacin expuesta y, en cumplimiento del mandato constitucional de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna, la presente ley aborda una modificacin de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, con dos grandes objetivos: a) fomentar la ocupacin efectiva de las viviendas y b) evitar el lanzamiento de familias con especiales dificultades, como consecuencia de procedimientos de ejecucin hipotecaria.

Con este planteamiento novedoso de la ley se enfatiza el objetivo de mejorar la definicin de la funcin social de la propiedad de la vivienda y de las consecuencias del incumplimiento de dicha funcin en unos momentos que pueden ser calificados de emergencia social y econmica.

Con la integracin implcita del destino residencial o habitacional en el derecho de propiedad sobre la vivienda en la Comunidad Autnoma de Canarias, como ya lo han declarado otras Comunidades Autnomas (singularmente Catalua, Andaluca y Navarra) y por las consecuencias que se anudan al incumplimiento de este deber, viene a innovarse sustancialmente el estatuto jurdico de la propiedad privada sobre la vivienda respecto de la legislacin hasta ahora vigente.

Como ha reconocido el Tribunal Constitucional … el derecho a la propiedad privada que la Constitucin reconoce y protege tiene una vertiente institucional, precisamente derivada de la funcin social que cada categora o tipo de bienes sobre los que se ejerce el seoro dominical est llamado a cumplir, lo que supone, como ya sabemos, la definitiva incorporacin del inters general o colectivo junto al puro inters individual del titular en la propia definicin de cada derecho de propiedad o, si se prefiere, en la delimitacin concreta de su contenido. Como es lgico, esta delimitacin no se opera ya solo en la legislacin civil, sino tambin en aquellas otras leyes que cuidan principalmente de los intereses pblicos a los que se vincula la propiedad privada (STC 37/1987, de 26/mar).

La referencia constitucional a la funcin social del derecho de propiedad pone de manifiesto que la Constitucin no ha recogido una concepcin abstracta de este derecho como puro mbito subjetivo de libre disposicin o seoro sobre el bien objeto del dominio reservado a su titular, sometido nicamente en su ejercicio a las limitaciones generales que las leyes impongan para salvaguardar los legtimos derechos o intereses de terceros o del inters general. Por el contrario, la Constitucin reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero tambin, y al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las leyes, en atencin a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categora de bienes objeto de dominio est llamada a cumplir. Por ello, la fijacin del contenido esencial de la propiedad privada no puede hacerse desde la exclusiva consideracin subjetiva del derecho o de los intereses individuales que a este subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia a la funcin social, entendida no como mero lmite externo a su definicin o a su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo.

Desde esa perspectiva expuesta, la presente ley se aprueba en ejercicio de las competencias de la Comunidad Autnoma de Canarias en materia de vivienda, con pleno respeto al contenido esencial del derecho de propiedad sobre la vivienda, pues su propsito es fomentar la funcin social que debe desempear mediante el establecimiento de medidas que impidan la proliferacin de viviendas sin uso o infrautilizadas y sin que, en ltimo trmino, la previsin de actuaciones expropiatorias para las viviendas desocupadas de las personas jurdicas puedan tampoco identificarse con una eventual desnaturalizacin del derecho de propiedad de la vivienda puesto que, como tambin ha sealado el Tribunal Constitucional, la contemplacin de actuaciones expropiatorias de las facultades de uso y disfrute no supone una infraccin del contenido esencial de la propiedad privada (STC 37/1987, FJ 4).

II

Hasta ahora, las polticas pblicas en materia de vivienda se han centrado bsicamente en la denominada vivienda protegida y se dirigan a habilitar suelo y a promover la construccin de viviendas destinadas a ser adquiridas u ocupadas por personas y familias con dificultades para acceder a una vivienda digna en el mercado libre.

Este tipo de polticas han sido, sin lugar a dudas, muy eficaces para promover el acceso a viviendas dignas por parte de aquellos sectores de la poblacin menos favorecidos econmicamente. Y han contribuido, adems, a generar actividad y empleo en el sector de la construccin, que ha sido uno de los principales motores econmicos de Espaa y de Canarias en los ltimos aos.

Ahora bien, en la situacin actual, con un considerable stock de viviendas vacas –se estima que ms de 130.000 en Canarias– y con evidentes dificultades para tener salida en el mercado inmobiliario, no parece lgico que las polticas pblicas en materia de vivienda sigan bsicamente centradas en la vivienda protegida. Se hace necesario, ms bien, arbitrar polticas y medidas que incidan sobre el mercado de la vivienda libre, favoreciendo la efectiva ocupacin de las mismas para dar respuesta a las necesidades habitacionales de la poblacin, pues solo en lo que respecta a viviendas protegidas en Canarias, el Instituto Canario de la Vivienda tiene censados ms de 32 mil demandantes.

Los nuevos ttulos VIII y IX que se insertan en la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, se dirigen justamente a hacer posibles polticas de vivienda que propicien la efectiva ocupacin del stock de viviendas vacas existente en Canarias.

Las medidas que se incorporan pueden encuadrarse en tres grandes mbitos de actuacin:

En primer lugar, se habilitan mecanismos de informacin para poder realizar un diagnstico correcto de la situacin real de las viviendas desocupadas en Canarias y, posteriormente, disear y aplicar las medidas que procedan para corregir la desocupacin y favorecer el acceso a la vivienda de la ciudadana. La medida ms relevante en este sentido consiste en la puesta en marcha de un Registro de Viviendas Deshabitadas, a partir de la experiencia adquirida con el funcionamiento de la Bolsa de Viviendas.

La creacin de este registro con informacin acerca de la utilizacin efectiva de las viviendas en Canarias va a permitir sustanciales mejoras en el diseo de las polticas de estmulo para mejorar el acceso a la vivienda y, adems, es la premisa imprescindible para la aplicacin de las medidas correctoras de prcticas especulativas y no alineadas con la funcin social de la propiedad de la vivienda.

En segundo lugar, se permite a las administraciones canarias implementar medidas de fomento dirigidas a favorecer el uso habitacional efectivo de la vivienda. Las medias pueden ser de muy variado tipo: incentivos fiscales, apoyo en el mbito de la intermediacin inmobiliaria, subvenciones para la cobertura de seguros que cubran el riesgo de impago, etc.

En los ltimos aos el Gobierno de Canarias ya ha puesto en marcha algunas de estas polticas en el mbito de los Planes de Vivienda, pero siempre partiendo de la adhesin voluntarista de los interesados. Lo que se pretende ahora es sistematizar estas medidas de estmulo para movilizar la puesta en el mercado de viviendas desocupadas.

Los incentivos econmicos se limitan a las viviendas cuyo titular sean personas fsicas, por razones presupuestarias y de oportunidad, puesto que la acumulacin de viviendas en manos de personas jurdicas suele obedecer a una actividad econmica profesionalizada que no tiene sentido incentivar con dinero pblico.

Y, en tercer lugar, se establece expresamente el deber de destinar de forma efectiva la vivienda al uso habitacional, en coherencia con la funcin social que debe cumplir.

Sobre la base de ese deber se crea por la ley un sistema de inspeccin y un procedimiento sancionador para penalizar aquellas situaciones de desocupacin efectiva de la vivienda que ms reprobables parecen desde la ptica del inters general.

La actuacin inspectora y sancionadora se concibe para operar sobre la acumulacin de viviendas desocupadas en manos de personas jurdicas que, con frecuencia, est vinculada a prcticas especulativas. Las medidas inspectoras y sancionadoras estn llamadas a operar como elemento corrector de las desviaciones en el funcionamiento del mercado de la vivienda, penalizando la no insercin en el mismo de viviendas habitables y desocupadas y que estn en manos de organizaciones dotadas de personalidad jurdica.

III

La actual situacin de crisis econmica ha llevado a un sustancial incremento de los procedimientos de ejecucin hipotecaria, que afectan a familias que acaban perdiendo su vivienda, con las dramticas consecuencias que ello tiene. La alteracin sobrevenida de las condiciones econmicas conduce a muchas economas familiares a la imposibilidad de afrontar los gastos relacionados con el pago de los crditos utilizados para adquirir la vivienda. En muchos casos, los afectados se encuentran en una situacin de emergencia, de manera que el lanzamiento de su vivienda los coloca directamente en situacin de pobreza y exclusin social.

En Canarias, el nmero de ejecuciones hipotecarias ha pasado de mil cuatrocientas en 2007 a ms de cuatro mil en 2011. No obstante, el impacto de las ejecuciones fue incluso mayor en 2009 (5.551). Tomando los cinco aos entre 2007 y 2011, se presentaron un total de 19.130 ejecuciones hipotecarias, que representan un 5,5% del conjunto del territorio nacional.

No obstante, hay que tener en cuenta dos precisiones: no todas las ejecuciones hipotecarias se refieren a viviendas (incluyen tambin otras propiedades: locales comerciales, naves industriales, terrenos, etc.); en segundo lugar, no todas las ejecuciones hipotecarias conducen necesariamente al desahucio de los propietarios hipotecados.

Por ello, mucho ms relevantes son los lanzamientos (desalojos o desahucios propiamente dichos): al menos 3.855 personas o familias que dejaron de pagar una hipoteca en Canarias han sido desalojadas en los ltimos aos tras una intervencin judicial. A ellos tambin podemos sumar probablemente buena parte de los lanzamientos acordados en los juzgados de primera instancia. Las solicitudes de lanzamiento presentadas fueron mayores en 2008, en los albores de la crisis, para despus descender y volver a repuntar en 2011 y 2012 (unas ochenta personas o familias han sido desalojadas cada mes).

Esta realidad fctica hace necesario que las administraciones pblicas no puedan permanecer impasibles ante la dimensin social que est alcanzando el problema. Al contrario, deben poner en funcionamiento todos los mecanismos que el marco constitucional le permite para evitar, en la medida de lo posible, que miles de personas y familias entren en una situacin de difcil retorno.

En este contexto la ley contempla la posibilidad de que, en los casos ms graves de emergencia social, pueda evitarse el lanzamiento de familias enteras de su vivienda a travs de una medida excepcional como es la expropiacin del uso de las mismas a sus adjudicatarios, siempre que sean entidades financieras.

El Tribunal Constitucional ha sealado que la Constitucin reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura y protege como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero tambin, y al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las leyes, en atencin a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categora de bienes objeto de dominio est llamada a cumplir.

En el mbito de la vivienda, la presente ley seala expresamente la funcin social que la misma est llamada a cumplir y, por ello, las medidas ordinarias y extraordinarias que se contemplan se encuadran en el marco de lo que la propia Constitucin permite.

La expropiacin del uso de la vivienda a las entidades financieras adjudicatarias de las mismas tras un proceso de ejecucin hipotecaria constituye una medida para supuestos excepcionales y se articula a travs de un procedimiento expropiatorio con todas las garantas y respetuoso con los derechos de las entidades financieras titulares de derechos de propiedad sobre las viviendas.

Esta medida excepcional supone un tratamiento diferente a las personas fsicas titulares de viviendas respecto de las personas jurdicas. Si bien el deber de destinar la vivienda a un uso habitacional se impone, sin distincin, a todo propietario de una vivienda, esta obligacin legal no supondr consecuencias sancionadoras ni expropiatorias para las personas fsicas. Es admisible constitucionalmente ofrecer un tratamiento diferenciado en funcin del sector afectado por la norma.

Una de las consecuencias que conlleva la aprobacin de la presente ley es la configuracin, pues, de un estatuto jurdico del derecho de propiedad de la vivienda que incorpora deberes de naturaleza asimtrica, sin que ello suponga vulneracin del principio de igualdad entre personas fsicas y jurdicas, dado el distinto alcance de su potencial social y econmico de estas ltimas respecto de las primeras. Por ello, la garanta de igualdad no puede entenderse como absoluta, sino relativa o proporcional a las circunstancias, tratando desigualmente a los desiguales. En relacin precisamente con el derecho de propiedad que reconoce el artculo 33 de la Constitucin, el Tribunal Constitucional tiene sealado que el ttulo del artculo 149.1, regla 1. de dicha Norma Fundamental no habilita para establecer una regulacin uniforme de la propiedad privada y de su funcin social, ni esa pretendida uniformidad puede servir de pretexto para anular las competencias legislativas que las Comunidades Autnomas tienen sobre todas aquellas materias en las que entre en juego la propiedad, por lo que la invocacin de ese ttulo competencial no puede impedir que la Comunidad Autnoma de Canarias establezca en su territorio aquellas disposiciones singulares en las que proyecte una determinada poltica en materia de vivienda, para cuya eficacia se instrumentan las medidas y tcnicas que considere convenientes, mxime cuando los objetivos perseguidos entroncan con los designios constitucionales sobre el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada.

IV

La presente ley se dicta al amparo del ttulo competencial recogido en el artculo 30.15 del Estatuto de Autonoma de Canarias, que establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autnoma de Canarias en materia de ordenacin del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.

Por otra parte, la presente norma tiene tambin acomodo en los ttulos jurdicos derivados de la reciente Ley del Estado 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacin, regeneracin y renovacin urbanas, que en su artculo 3 seala que los poderes pblicos formularn y desarrollarn en el medio urbano las polticas de su respectiva competencia de acuerdo con los principios de sostenibilidad econmica, social y medioambiental, cohesin territorial, eficiencia energtica y complejidad funcional, para, entre otros fines, favorecer y fomentar la dinamizacin econmica y social y la adaptacin, la rehabilitacin y la ocupacin de las viviendas vacas o en desuso.

La ley se estructura en dos captulos, cinco disposiciones adicionales, tres transitorias, dos disposiciones derogatorias y cuatro disposiciones finales.

El captulo primero de la ley se dedica a la modificacin de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, en la que se introducen cambios fundamentalmente relacionados con los objetivos ya sealados anteriormente y tambin algunos otros que se consideran convenientes a la vista de la experiencia derivada de la aplicacin prctica de dicha ley del ao 2003, como la supresin de la cdula de habitabilidad o la modificacin de la composicin de la Comisin de Vivienda, que resulta una consecuencia obligada de la aplicacin de la directiva de Servicios en el mercado interior del ao 2006.

En el captulo segundo se aborda la regulacin del depsito de los importes de las fianzas derivados de los contratos de arrendamientos de fincas urbanas y de los suministros complementarios a los mismos, de acuerdo con lo previsto en la disposicin adicional tercera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y cuyo depsito obligatorio ya vena exigido por la disposicin adicional sptima de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de Canarias para 1997. La presente ley prev que los rendimientos financieros derivados de tales depsitos se destinen a financiar las actuaciones relacionadas con la expropiacin temporal del uso de viviendas en los casos en los que proceda.

De las disposiciones adicionales debe destacarse la cuarta, dedicada a la declaracin del inters social a efectos de expropiacin forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social.

Efectivamente, en esta disposicin se aborda la regulacin del segundo gran objetivo de la presente ley: evitar el lanzamiento de familias con especiales dificultades como consecuencia de procedimientos de ejecucin hipotecaria. Como se ha dicho, se trata de una medida ya acogida en las legislaciones andaluza y navarra. En este caso, se configura como una expropiacin no plena y limitada temporalmente, que en ningn caso afectar al derecho de propiedad, sino al derecho de usufructo de las viviendas, dejando inclume el derecho de nuda propiedad de las viviendas en manos de las personas jurdicas. Es decir, se afecta solo a facultades parciales del dominio o de derechos o intereses legtimos, como la define el artculo 2 del Reglamento de la Ley de Expropiacin Forzosa, de modo que se mantiene en la entidad expropiada una titularidad nuda plena.

La enumeracin de supuestos de expropiaciones no plenas que se hace en el artculo 1 de la Ley de Expropiacin Forzosa tiene carcter enunciativo y no excluye la posibilidad de otros distintos, como precisa igualmente el artculo 1.1 del Reglamento. Adems, el citado artculo 2 del Reglamento dispone que en estas expropiaciones no plenas la aplicacin de su legislacin especial resultar prioritaria, sin perjuicio de los contenidos bsicos de la legislacin expropiatoria comn.

Por ello, con esta disposicin adicional se declara de inters social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecucin hipotecaria, a efectos de expropiacin forzosa del uso de la vivienda objeto del mismo por un plazo mximo de tres aos. El procedimiento de expropiacin temporal del uso de la vivienda deber ajustarse, pues, a la legislacin de expropiacin forzosa y, en su caso, a la legislacin sectorial aplicable sin que, por otra parte, esa remisin a la legislacin de expropiacin forzosa se vea contrariada por singulares disposiciones en relacin a la determinacin del justiprecio que, en definitiva, queda diferido al rgimen jurdico resultante de la legislacin especial citada. Por tanto, la presente ley se limita a establecer el supuesto expropiatorio practicando una remisin a la legislacin general, establecida por el Estado en la Ley de Expropiacin Forzosa, en lo concerniente al procedimiento y determinacin del justiprecio, por lo que se ha mantenido un respeto escrupuloso a la legislacin bsica en esta materia.

CAPTULO PRIMERO
Modificacin de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias
Artculo 1. Modificacin de la Ley de Vivienda de Canarias.

Se modifica la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, en los siguientes trminos:

Uno. El artculo 1 queda redactado como sigue:

Artculo 1. Objeto.

1. La presente ley tiene por objeto regular las acciones que permitan hacer efectivo el derecho de la ciudadana a una vivienda digna y adecuada, previsto por el artculo 47 de la Constitucin, en el territorio de la Comunidad Autnoma de Canarias.

2. En materia de vivienda, forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad privada el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurdico en coherencia con la funcin social que debe cumplir, as como mantener, conservar y rehabilitar la vivienda en los trminos contemplados en la legislacin vigente.

3. El ejercicio de las potestades inspectoras y sancionadoras en materia de vivienda se constituye en garanta legal del efectivo cumplimiento del derecho a una vivienda digna y adecuada.

Dos. El artculo 2 pasa a tener la siguiente redaccin:

Artculo 2. Principios rectores.

La intervencin de las administraciones pblicas canarias en materia de vivienda se regir por los siguientes principios:

a) Promover y fomentar el acceso de la ciudadana canaria a una vivienda digna y adecuada, especialmente de aquellos que disponen de menos recursos.

b) Fomentar y velar por la dedicacin efectiva de las viviendas al uso habitacional, de acuerdo con la funcin social del derecho de propiedad sobre las mismas.

c) Proteger los derechos de quienes acceden a una vivienda.

d) Garantizar la seguridad, habitabilidad y calidad de las viviendas en las islas.

e) Integrar la vivienda en el entorno, con especial atencin a los instrumentos de ordenacin de los recursos naturales y el territorio.

f) Acercar la gestin pblica en materia de vivienda a la ciudadana, con especial atencin al hecho insular.

g) Simplificar y racionalizar la actuacin administrativa sobre vivienda.

Tres. Se aade un artculo 2 bis con la siguiente redaccin:

Artculo 2 bis. Deber de colaboracin.

1. Para el correcto ejercicio de sus funciones en materia de vivienda, las administraciones canarias podrn recabar la colaboracin de cuantas personas fsicas o jurdicas puedan aportar informacin o apoyo para asegurar la efectividad del derecho a una vivienda digna proclamado por la Constitucin.

2. En particular, vendrn obligados a prestar colaboracin a las administraciones canarias:

a) Los notarios, registradores de la propiedad y dems funcionarios pblicos en relacin con los actos, escrituras o documentos con trascendencia a efectos del ejercicio de las competencias inspectoras o sancionadoras que esta ley reconoce a las administraciones pblicas.

b) Las personas fsicas y jurdicas relacionadas con la promocin e intermediacin inmobiliaria respecto a la informacin que resulte relevante para determinar el destino habitacional de las viviendas.

c) Las empresas y personas jurdicas relacionadas con el suministro de los servicios de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones respecto a la informacin que resulte relevante para determinar el destino habitacional de las viviendas.

d) Las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, y las entidades de gestin de activos, incluidos los procedentes de la reestructuracin bancaria respecto a la informacin que permita el ejercicio de la actividad inspectora y sancionadora en materia de viviendas protegidas o de destino efectivo de la vivienda al uso habitacional.

3. El deber de colaboracin previsto en el presente artculo deber ajustarse, en todo caso, a las previsiones de la normativa vigente en materia de proteccin de datos de carcter personal.

Cuatro. El artculo 4 pasa a tener la siguiente redaccin:

Artculo 4. Competencias de la Administracin Pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias.

Corresponde a la Administracin Pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias el ejercicio de las siguientes competencias:

a) La potestad reglamentaria en materia de viviendas, en particular la regulacin de los requisitos objetivos y subjetivos para acceder a las ayudas pblicas, las clases de ayudas pblicas y las limitaciones de uso, destino y disposicin que sean precisas en lo que respecta a las viviendas protegidas.

b) La integracin de la poltica de vivienda con las polticas de ordenacin del territorio, suelo y medio ambiente, a travs de las Directrices de Ordenacin y los planes insulares.

c) La definicin de otras polticas de fomento que faciliten el acceso a la vivienda.

d) La programacin del gasto pblico en vivienda y su integracin con la poltica econmica y presupuestaria autonmica.

e) Negociar y acordar con la Administracin General del Estado la distribucin de los fondos estatales de ayudas a la vivienda.

f) La aprobacin del Plan Canario de Vivienda, as como, la aprobacin definitiva de los programas de vivienda y de las actuaciones de fomento para favorecer el uso habitacional efectivo de las viviendas.

g) La definicin y el ejercicio de actuaciones tendentes a evitar la existencia de viviendas deshabitadas, en particular la potestad de declaracin, inspeccin y sancin en materia de viviendas deshabitadas.

h) La potestad inspectora y sancionadora en los trminos previstos en la presente ley.

i) La potestad expropiatoria para la ejecucin de los planes de vivienda y de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social.

j) Cuantas otras competencias no hayan sido atribuidas a otras administraciones pblicas.

Cinco. El apartado 3 del artculo 6 pasa a tener la siguiente redaccin:

3. Los ayuntamientos controlarn las condiciones de habitabilidad de las viviendas y su adecuacin a la normativa reglamentaria que con tal fin establecer el Gobierno de Canarias.

Seis. Se modifica el artculo 8, cuya redaccin queda en los siguientes trminos:

Artculo 8. Competencias y funciones.

El Instituto Canario de la Vivienda tiene las siguientes competencias y funciones:

a) Anlisis cuantitativo y cualitativo de las necesidades de vivienda y suelo en las islas y propuesta de medidas para su atencin.

b) Proponer la elaboracin y modificacin de disposiciones generales en materia de suelo, edificacin y vivienda.

c) Elaborar el anteproyecto del Plan de Viviendas de Canarias y los proyectos de programas que lo desarrollen.

d) Promover la construccin y la adquisicin de viviendas sujetas a proteccin pblica.

e) Formar, gestionar y administrar el parque pblico de viviendas propio, o insular, en su caso.

f) Control y calificacin, provisional y definitiva, de la construccin, uso y disposicin de las viviendas con proteccin pblica.

g) Constitucin de un patrimonio propio de suelo destinado a la construccin de viviendas protegidas.

h) Conservacin, rehabilitacin y mejora del patrimonio inmobiliario residencial.

i) Polica de vivienda, en su caso.

j) Tramitar y resolver las solicitudes de ayudas pblicas de los promotores, constructores, adquirentes y adjudicatarios de suelo y viviendas sujetas a proteccin pblica, as como su revisin y revocacin.

k) Ejercer la intervencin administrativa sobre los negocios jurdicos que versen sobre viviendas sujetas a proteccin pblica, incluyendo los derechos de adquisicin preferente, tanteo y retracto.

l) La planificacin de la inspeccin de viviendas libres y protegidas a los efectos de evitar la existencia de viviendas deshabitadas.

m) El ejercicio de la potestad de declaracin y sancionadora en materia de viviendas deshabitadas.

n) La instruccin y propuesta de resolucin de expedientes de expropiacin del uso de aquellas viviendas sobre las que recaigan procesos de ejecucin hipotecaria en los casos previstos en la ley.

) La gestin de los registros de viviendas deshabitadas y de fianzas derivadas de los contratos de arrendamiento.

o) Cualquier otra funcin ejecutiva que, en materia de vivienda, le encomiende el Gobierno de Canarias.

Siete. Se modifica la letra g) del apartado 7 del artculo 18 y se aade un nuevo apartado 8 en los siguientes trminos:

g) Cualesquiera otros recursos ordinarios o extraordinarios que pueda recibir incluidos los intereses y los recargos, de las fianzas de los contratos de arrendamiento de fincas urbanas y suministros complementarios a las mismas, as como las cantidades recaudadas en el ejercicio de la potestad sancionadora regulada en esta ley, las provenientes de las multas coercitivas y los importes que se ingresen en concepto de contribucin al pago de justiprecios en las expropiaciones de uso de las viviendas por las personas beneficiarias de las mismas.

8. Los recursos obtenidos por el Instituto Canario de la Vivienda a los que se refiere la letra g) del nmero anterior, se destinarn a sufragar las expropiaciones de uso que se realicen en los procedimientos de desahucio por ejecucin hipotecaria, a las medidas de fomento para propiciar el alquiler de viviendas deshabitadas y a la rehabilitacin del parque pblico de vivienda.

Ocho. Se modifica el apartado 2 del artculo 24, cuya redaccin pasa a ser la siguiente:

2. La Comisin de Vivienda est formada por un mximo de diecisis miembros en representacin de las administraciones pblicas canarias, de los promotores y constructores de viviendas y de los dos sindicatos ms representativos y de otros movimientos sociales o entidades asociativas que desarrollen actividades vinculadas con la vivienda o con la proteccin de los derechos de las personas afectadas por el impago de una hipoteca, que sern designados en la forma que reglamentariamente se determine. Ostentar la presidencia la persona que ejerza la direccin del Instituto y su secretario el que lo sea del Consejo de Direccin.

Nueve. Se modifica el artculo 32, que queda con esta redaccin:

Artculo 32. Concepto.

Se entiende por vivienda protegida aquella que cumple unas determinadas condiciones de uso, destino, calidad, precio mximo establecido y, en su caso, superficie y diseo, as calificadas por la consejera competente en materia de vivienda.

Diez. Se aade un artculo 32 bis, con la siguiente redaccin:

Artculo 32 bis. Ocupacin efectiva de las viviendas.

La administracin deber velar por la efectiva ocupacin de las viviendas protegidas por las personas legtimamente seleccionadas para su uso y disfrute.

Once. Se modifica el apartado 3 del artculo 34, en los siguientes trminos:

3. Se entiende que existe habitualidad en la ocupacin de la vivienda cuando no permanezca desocupada durante ms de seis meses en el perodo de un ao, salvo que medie justa causa, determinada reglamentariamente.

Doce. Se modifica el artculo 35, que queda como sigue:

Artculo 35. Calidad.

Las viviendas protegidas debern cumplir las normas tcnicas, de tipologa, de diseo y de calidad que se fijen reglamentariamente. En todo caso les ser de aplicacin lo establecido con carcter general en la normativa reguladora de la eficiencia energtica de las edificaciones.

Trece. Se adiciona al final del subapartado a), del apartado 3 del artculo 38 el siguiente texto, de manera que la configuracin final del precepto pasa a tener el siguiente tenor:

Artculo 38. Financiacin.

1. Las administraciones pblicas competentes fomentarn la construccin, rehabilitacin y reposicin de viviendas protegidas mediante la adopcin de medidas fiscales, econmicas y aquellas otras que las incentiven.

2. A travs de las medidas a las que se refiere el apartado anterior, las administraciones pblicas competentes promovern tambin, la adquisicin de viviendas protegidas.

3. La financiacin cualificada de las viviendas protegidas, en el marco del Plan de Vivienda, podr adoptar las siguientes modalidades:

a) Prstamos cualificados concedidos por entidades de crdito pblicas o privadas en el marco de los convenios suscritos al amparo de los planes estatal y canario de vivienda. Estos contratos de prstamos no podrn contener clusulas declaradas abusivas o contrarias al ordenamiento por resolucin judicial firme, por resoluciones firmes de los Registradores de la Propiedad o por resoluciones de la Direccin General de los Registros y del Notariado y as lo prevern los convenios.

La negativa por parte de la persona o entidad beneficiaria del prstamo a suscribir el contrato en tanto no se supriman o modifiquen estas clusulas no podr suponer denegacin posterior por parte de la entidad financiera a otorgar la financiacin. Si la declaracin judicial es posterior a la suscripcin del contrato, las partes, con la supervisin de la administracin pblica, acordarn un nuevo rgimen para el objeto de la clusula abusiva y en cualquier caso se entender por no puesta.

b) Ayudas econmicas directas:

1) Subsidios de prstamos cualificados.

2) Subsidios de prstamos no cualificados concedidos directamente a los beneficiarios por entidades de crdito pblicas o privadas.

3) Subvenciones personales.

c) Avales o cualquier otra clase de ayuda que facilite la financiacin del precio de la vivienda protegida.

Catorce. Se modifica la redaccin del apartado 3 del artculo 39 en los siguientes trminos:

3. Con carcter general, las viviendas protegidas no podrn ser objeto de transmisin intervivos, ni de cesin de uso por cualquier ttulo durante la vigencia de su rgimen legal, sin perjuicio de lo establecido en el artculo 54 salvo que, previa autorizacin y justa causa, determinada reglamentariamente, se reintegre la totalidad de las ayudas y de los beneficios fiscales recibidos de la Administracin de la Comunidad Autnoma de Canarias con sus intereses legales, siempre que no hayan trascurrido diez aos a partir de la calificacin definitiva.

No obstante, y en los trminos que se establezca reglamentariamente, no se exigir el reintegro de las ayudas y beneficios fiscales recibidos, si la transmisin se produce en el marco de un procedimiento de ejecucin hipotecaria o de un acuerdo judicial o extrajudicial de dacin en pago de deudas hipotecarias y siempre y cuando las personas beneficiarias cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener su residencia habitual y permanente en la vivienda objeto de ejecucin hipotecaria, siendo su nica vivienda en propiedad y no poseer ningn miembro de la unidad familiar que conviva en la vivienda objeto de ejecucin hipotecaria la titularidad de ninguna vivienda.

b) Tener la condicin inicial de propietarios y deudores hipotecarios.

c) Que el lanzamiento pueda generar una situacin de emergencia o exclusin social.

d) Cumplir los siguientes requisitos de carcter econmico:

1. Que el procedimiento de ejecucin hipotecaria sea consecuencia del impago de un prstamo concedido para poder hacer efectivo el derecho a la vivienda.

2. Que las condiciones econmicas de la persona hayan sufrido un importante menoscabo, provocando una situacin de endeudamiento sobrevenido respecto a las condiciones y circunstancias existentes cuando se concedi el prstamo hipotecario. Se entender que las circunstancias econmicas han sufrido un importante menoscabo cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por, al menos, 1.5 y ello suponga ms de un tercio de los ingresos familiares.

3. Que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere el 3 del Indicador Pblico de Renta de Efectos Mltiples (IPREM).

Quince. Se adicionan tres nuevos subapartados f), g) y h), al apartado 1 del artculo 44 de la ley con el siguiente tenor:

f) La adquisicin de viviendas o lotes de viviendas adquiridas por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestin de activos, como consecuencia de la ejecucin de una garanta crediticia o su transformacin en tal como consecuencia del impago de una deuda, y ello en los trminos y condiciones que fije el Plan de Vivienda al que dicha actuacin est adscrita.

g) La mediacin entre entidades financieras o arrendadores y personas afectadas por una ejecucin hipotecaria o crediticia vinculada a su vivienda o por el impago de una renta de alquiler cuya consecuencia suponga exclusin o riesgo de exclusin social para estas.

h) El asesoramiento a familias y personas en situacin de amenaza de prdida de su vivienda por ejecuciones hipotecarias o como consecuencia de impago de las rentas de alquiler por incapacidad econmica sobrevenida.

Diecisis. Se adiciona en el segundo prrafo del apartado 1 del artculo 47 una frase y se aade un nuevo subapartado f) en el mismo precepto, de forma que la configuracin final del mismo pasa a tener el siguiente tenor:

1. La adjudicacin de viviendas protegidas se realizar de acuerdo con los principios de justicia, equidad y solidaridad, de forma que se favorezca el acceso a las mismas a las familias necesitadas, necesidad que queda acreditada con la inscripcin en el Registro Pblico de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, constituyendo este uno de los instrumentos para contribuir a la consecucin de los principios citados.

Reglamentariamente se establecern los requisitos que han de reunir los demandantes de vivienda protegida de promocin pblica para ser inscritos en el Registro Pblico de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, de tal forma que se garantice el acceso al mismo de las familias con menos recursos econmicos y sociales y mayores necesidades de una vivienda adaptada a las mismas y que contemplarn, en todo caso, los siguientes aspectos de la unidad familiar:

[…]

f) Necesidades especiales de la unidad familiar, tales como tener el reconocimiento de la condicin de familia numerosa, o tener a su cargo personas dependientes o con discapacidad, personas mayores o vctimas de violencia de gnero.

Diecisiete. Se modifican los apartados 4 y 5 del artculo 48 y se aade un nuevo apartado 6, en los siguientes trminos:

4. El Gobierno de Canarias con relacin a las viviendas de promocin pblica y a las de rgimen especial en alquiler, que se adjudiquen por el mismo procedimiento que las anteriores, podr establecer subvenciones o ayudas a la adquisicin y arrendamiento de las mismas, atendiendo a las circunstancias socioeconmicas de las personas adjudicatarias. En ningn caso, la cantidad mensual a abonar en concepto de alquiler de vivienda sin anejo vinculado podr exceder del 12% de los ingresos mensuales de la unidad familiar de acuerdo a la tabla de relaciones de ingresos y cuota que se apruebe reglamentariamente. En atencin a las circunstancias socioeconmicas de aquellas personas, en especial en caso de desempleo, la administracin pblica competente podr conceder bonificaciones al pago de la renta e, incluso, autorizar la interrupcin del pago de la misma, en las condiciones y con las garantas que se fijen reglamentariamente.

Las ayudas al alquiler de las viviendas podrn tener carcter plurianual, y la concesin de las mismas se instrumentar, en el caso de las viviendas de promocin pblica, a efectos presupuestarios, como formalizacin contable.

5. El Gobierno de Canarias, atendiendo a las circunstancias sociales y econmicas, favorecer el acceso a la propiedad de las viviendas de titularidad de la Comunidad Autnoma de Canarias que se hubieran adjudicado en rgimen de arrendamiento, deducindose del precio de venta, los importes acumulados por el pago de rentas de alquiler abonadas por los arrendatarios que vayan a acceder a la propiedad de las viviendas, previa solicitud de los mismos y estudio econmico de la unidad familiar por parte del Instituto Canario de la Vivienda. Si las personas arrendatarias solicitaran el acceso a la propiedad de otra vivienda titularidad de la Comunidad Autnoma de Canarias susceptible de venta, tambin aquellos tendrn derecho a que se les aplique sobre el precio de compra las deducciones equivalentes al pago de rentas abonadas por alquiler hasta el momento de la resolucin del mismo en los trminos que se determine reglamentariamente.

6. Reglamentariamente se determinar en qu momento una promocin de viviendas, en la que una parte de las personas adjudicatarias ha accedido a la propiedad mediante el otorgamiento de escrituras pblicas de compraventa, deber entenderse calificada en rgimen de venta, al objeto de establecer el rgimen jurdico aplicable a aquellas viviendas de la promocin que estuviesen sometidas a la prrroga prevista en la legislacin de arrendamientos urbanos y las que pudiesen ser susceptibles de una nueva adjudicacin.

Dieciocho. Se modifica el apartado 1 del artculo 50 en los siguientes trminos:

1. Las personas adjudicatarias de viviendas de promocin pblica asumirn los deberes de conservacin y uso de las mismas establecidos con carcter general por esta ley para las viviendas libres, as como, los que se derivan de la legislacin urbanstica, de arrendamientos urbanos y legislacin fiscal, establecindose en el contrato que suscriban la asuncin por parte de los mismos del abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, la tasa por recogida de basura y la tasa por la entrada de vehculos por la va pblica y, en su caso, los deberes que se deriven de las ordenanzas municipales.

No obstante, en caso de arrendamiento y en la forma que se determine reglamentariamente, podrn ser subvencionados o pagados por la administracin autonmica de vivienda.

Diecinueve. Se adiciona un nuevo apartado 3 al artculo 52 con el siguiente tenor:

3. El acceso a financiacin cualificada por los beneficiarios de las modalidades de promocin privada, deber cumplir con los requisitos previstos en el artculo 38 relativos a la inclusin de clusulas abusivas o contrarias al ordenamiento jurdico.

Veinte. Se modifica el apartado 2 del artculo 69, que queda como sigue:

2. Cuando el desahucio se fundamente en la causa prevista en el artículo 68.1, letra a) se requerir a la persona arrendataria o adjudicataria para que abone su importe en el plazo de quince das, apercibindole, si no lo hiciere, de desahucio y de un recargo del 10% sobre la cantidad adeudada. En caso de reincidencia, este recargo se multiplicará por el nmero de veces que la persona arrendataria o adjudicataria haya dado lugar a decretar el referido desahucio.

Si se solicitara el fraccionamiento de pago este se acordar, sin que en ningn caso el pago de las cantidades adeudadas en concepto de renta pueda superar el veinte por ciento de los ingresos de la unidad familiar, por lo que la deuda total por este concepto deber fraccionarse para no superar dicho lmite. Si adems se solicitara la suspensin del abono de las rentas esta se acordar, atendidas las circunstancias, por un plazo que no podr superar los tres meses de alquiler, incorporndose dichas rentas a la deuda a fraccionar.

En cualquier caso, la consejera competente en materia de polticas sociales, en coordinacin con los servicios sociales municipales del ayuntamiento en que est sita la vivienda, adoptar las medidas oportunas para garantizar que las personas afectadas por el desahucio administrativo no queden en situacin de exclusin social.

Veintiuno. Se modifica el artculo 74, que pasa a tener esta redaccin:

Artculo 74. Contenido.

1. El plan de vivienda tendr, al menos, el siguiente contenido:

a) Evaluacin del grado de ejecucin y cumplimiento del anterior plan desarrollado.

b) Anlisis de las necesidades de vivienda, de suelo destinado a este uso y de disponibilidad de viviendas deshabitadas en cada una de las islas.

c) Anlisis de las necesidades de equipamientos y servicios complementarios que tengan las viviendas y grupos de viviendas existentes.

d) Priorizacin de las actuaciones, atendiendo especialmente a las necesidades de los grupos de poblacin con menos recursos econmicos.

e) Objetivos a conseguir.

f) Programacin de las actuaciones a ejecutar, atendiendo, especialmente, a los municipios de preferente y prioritaria localizacin de viviendas protegidas.

g) Medidas jurdicas, econmicas y administrativas, necesarias para la realizacin del plan.

h) Medidas de fomento que hayan de ponerse a disposicin de las personas propietarias de viviendas deshabitadas, tendentes a garantizar el uso habitacional habitual de las viviendas, de acuerdo con lo que dispone el artculo 98 de esta ley.

i) Los recursos econmicos necesarios para financiar los objetivos del plan, su programacin temporal y su asignacin global segn las clases de actuaciones.

2. Con el fin de asegurar el cumplimiento del plan de vivienda se crea el Fondo Canario de Vivienda con la dotacin suficiente para atender sus objetivos y programacin. El Fondo estar formado por los recursos asignados por el Estado a la Comunidad Autnoma de Canarias en los convenios plurianuales sobre vivienda y por los recursos propios de la Comunidad Autnoma de Canarias necesarios para materializar los objetivos del plan.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de Canarias consignarn anualmente las cantidades que, fijadas en el plan de vivienda, sean necesarias para atender las actuaciones programadas en ese ejercicio. Excepcionalmente, los crditos no utilizados del Fondo Canario de la Vivienda se podrn incorporar a dicho Fondo en el ejercicio presupuestario siguiente para su distribucin junto con los crditos de dicho ejercicio, de acuerdo a los convenios que lo respaldan y a la legislacin que le afecte.

3. El plan de vivienda tendr, al menos, carcter cuatrienal, pudiendo ser revisado a instancia del Gobierno cuando las circunstancias econmicas o las necesidades sociales que sirvieron de base para su aprobacin hayan cambiado.

4. El plan de vivienda quedar prorrogado si, llegado su vencimiento, no hubiera sido aprobado el del siguiente perodo. En este supuesto, los recursos disponibles para actuaciones en vivienda se destinarn a los mismos objetivos del plan prorrogado as como, en su caso, a la conclusin de las actuaciones previstas en el citado plan.

5. Los activos de los patrimonios municipales de suelo debern tener un destino coherente con las directrices del Plan Canario de Vivienda.

6. El Plan establecer medidas para garantizar que, si en los dos ejercicios posteriores a la recepcin de suelo cedido por terceros, no fuera posible urbanizar o edificar, se promuevan acuerdos de colaboracin pblico-privada o convenios con otras administraciones pblicas que lo hagan viable.

Veintids. El artculo 77 queda redactado como sigue:

Artculo 77. Concepto.

A los efectos de esta ley se entiende por vivienda libre toda edificacin destinada a morada o habitacin, permanente o por temporada, promovida por persona fsica o jurdica, pblica o privada, que no est acogida a los regmenes de proteccin pblica de la vivienda y cumpla los requisitos que exija la normativa vigente.

Veintitrs. Se aade un artculo 77 bis con la siguiente redaccin:

Artculo 77 bis. Ocupacin efectiva de las viviendas.

Las administraciones pblicas canarias velarn para que la vivienda libre rena los requisitos de habitabilidad, calidad y seguridad legalmente exigibles y para que se destine de manera efectiva al uso habitacional que le corresponde de acuerdo con la funcin social del derecho de propiedad.

Veinticuatro. Se modifica la letra f) del artculo 78, que queda con la siguiente redaccin:

f) Uso habitacional efectivo, conservacin y rehabilitacin adecuados.

Veinticinco. Se suprime la redaccin actual del artculo 80.

Veintisis. Se sustituye el actual ttulo VIII por uno nuevo, denominado: Medidas para evitar la existencia de viviendas deshabitadas y con el siguiente contenido:

TTULO VIII
Medidas para evitar la existencia de viviendas deshabitadas
CAPTULO I
De las viviendas deshabitadas. Procedimiento para su declaracin

Artculo 80. Del ejercicio efectivo del derecho a una vivienda.

1. El ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada, conforme a lo previsto en el artculo 47 de la Constitucin, exige se destinen al uso habitacional para el que fueron construidas.

2. Las viviendas deshabitadas de las que sean titulares personas fsicas se consideran destinadas al uso habitacional que, de acuerdo con la normativa estatal, sern la venta o arrendamiento para ese fin.

3. Las viviendas deshabitadas de las que sean titulares personas jurdicas no podrn ser objeto de especulacin y habrn de destinarse al uso habitacional que les es propio. Con ese fin se atender a lo que prev en los artculos siguientes.

Seccin 1. Concepto de vivienda deshabitada

Artculo 81. Definicin de viviendas deshabitadas.

1. A los efectos del presente ttulo, se considera vivienda toda edificacin que, por su estado de ejecucin, cuente con las autorizaciones legales para su efectiva ocupacin o que se encuentre en situacin de que se soliciten las mismas y que, conforme al planeamiento urbanstico de aplicacin, tenga como uso pormenorizado el residencial o tenga autorizado el uso residencial mediante la correspondiente licencia urbanstica de cambio de uso, en suelo clasificado como urbano o urbanizable. Lo anterior se entender sin perjuicio del deber de solicitar dichas autorizaciones.

2. Se presumir que la vivienda no est habitada cuando no se destine efectivamente al uso residencial previsto por el ordenamiento jurdico o por el planeamiento urbanstico durante ms de seis meses consecutivos en el curso de un ao desde el ltimo da de efectiva habitacin. A estos efectos, se entender como ltimo da de efectiva habitacin el que ponga fin a, al menos, seis meses consecutivos de uso habitacional. Para las viviendas que no hayan sido nunca habitadas, dicho plazo comenzar a computarse desde que el estado de ejecucin de las mismas permita solicitar las autorizaciones legales para su efectiva ocupacin, o si estas se han otorgado, desde la notificacin de su otorgamiento. En caso de que las autorizaciones legales hayan sido solicitadas pero an no se hayan concedido, se descontar el plazo de otorgamiento de aquellas.

3. Se presumir que la vivienda no est habitada cuando la misma no cuente con contrato de suministro de agua o de electricidad o presente nulo o escaso consumo de suministros, calculados con base en la media habitual de consumo por vivienda y por ao. Dichos valores sern facilitados por las compaas suministradoras que presten servicio en el municipio, si bien, en defecto de informacin ms especfica, podr considerarse como deshabitada aquella vivienda en la cual los consumos de agua y electricidad sean inferiores a los establecidos reglamentariamente.

4. Quedan excluidas, a los efectos de lo dispuesto en la presente ley:

a) Las edificaciones destinadas a un uso regulado en la legislacin turstica siempre que cuenten con las correspondientes licencias urbansticas y de apertura, adems de los requisitos exigidos por la legislacin vigente en materia de turismo y del resto de autorizaciones sectoriales que, en su caso, resulten de aplicacin.

b) Las viviendas de las personas fsicas cuyo uso exclusivo sea el de esparcimiento o recreo, de ocupacin de temporada o como segundas residencias.

c) Las viviendas que sean usadas de forma efectiva mediante su arrendamiento como fincas urbanas celebrado por temporadas, sea esta de verano o cualquier otra y el celebrado para ejercerse en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, siempre que cuenten con los requisitos legales para su ejercicio, y tengan, al menos, una ocupacin no inferior a treinta das en un ao.

5. Las viviendas deshabitadas de titularidad de personas fsicas no sern objeto del ejercicio de las potestades sancionadora ni expropiatoria, en los trminos establecidos en el artculo 106.

6. En orden al ejercicio de la potestad sancionadora, solo se considerar vivienda deshabitada, a los efectos previstos en el artculo 107 de esta ley, aquella cuya titularidad corresponda a una persona jurdica, constituida regular o irregularmente. Por titularidad se entender aquella que recaiga, tanto sobre el pleno dominio de la vivienda como sobre una participacin mayoritaria en un condominio sobre la misma.

7. La resolucin que declare la vivienda deshabitada debe realizarse mediante un procedimiento contradictorio, regulado en la seccin 2. del captulo I de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo.

Artculo 82. Indicios de no habitacin.

Sern indicios a tener en cuenta para la consideracin de una vivienda deshabitada, entre otros, los siguientes:

a) Los datos del padrn de habitantes y de otros registros pblicos de residentes u ocupantes.

b) Consumos anormalmente bajos en relacin con los valores que se determinen reglamentariamente o carencia de los suministros de agua, gas y electricidad.

c) Recepcin de correo y notificaciones en otros lugares.

d) Utilizacin habitual de otros lugares para realizar comunicaciones telefnicas e informticas.

e) Declaraciones o actos propios de la persona titular de la vivienda.

f) Declaraciones testificales de los titulares de la vecindad.

g) Negativa injustificada de la persona titular de la vivienda a facilitar comprobaciones de la consejera competente en materia de vivienda cuando no se desprenda la existencia de ninguna causa verosmil que pueda fundamentarla y cuando consten adems otros indicios de falta de ocupacin.

Seccin 2. Procedimiento contradictorio para la declaracin de una vivienda deshabitada
Subseccin 1. Actuaciones previas

Artculo 83. mbito.

1. A los efectos de obtener los elementos de juicio necesarios para la conformacin del Registro de Viviendas Deshabitadas, todas las personas fsicas o jurdicas, pblicas o privadas, estarn obligadas a proporcionar al Instituto Canario de la Vivienda, a requerimiento de este, toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes que pudieran incidir, directa o indirectamente, en la indagacin de las situaciones de no habitacin de aquellas viviendas en poder de las personas propietarias de las mismas.

2. A tales efectos, el requerimiento de informacin que, en todo caso, ser adecuado, pertinente y no excesivo, especificar la necesidad del mismo para el desarrollo de las potestades de inspeccin en esta materia, consignando las disposiciones legales aplicables que lo sustentan y con respeto a lo que dispone la legislacin de proteccin de datos personales.

3. El requerimiento de informacin que a este fin se curse podr tener por objeto, bien la investigacin individualizada de situaciones de no habitacin de viviendas concretas, o bien la indagacin de circunstancias no predefinidas al tiempo de la solicitud de informacin pero que resulten necesarias para determinar la accin de la administracin, en el ejercicio de las potestades de inspeccin conforme a los objetivos, prioridades y mbitos territoriales o subjetivos del plan de inspeccin en materia de vivienda.

4. Cuando la informacin exigida se conserve en soporte informtico deber suministrarse en dicho soporte en el caso de que sea requerido.

5. Las actuaciones de inspeccin a que se refieren los artculos siguientes estarn incluidas en el marco de los correspondientes planes de inspeccin en materia de vivienda.

6. Las peticiones de informacin a que se refieren los artculos 84, 85 y 86, se realizarn en el mbito de los planes de inspeccin, bajo los principios de sigilo y secreto profesional.

Artculo 84. Alcance y contenido de las comunicaciones por parte de las compaas suministradoras de servicios.

1. Por ministerio de esta ley y con el carcter de informacin reservada, las compaas suministradoras de servicios, de conformidad con lo previsto en el artculo 83, cuando as sea solicitado por el Instituto Canario de la Vivienda, remitirn, sin necesidad de contar con el consentimiento de las personas afectadas, en los trminos dispuestos en la normativa reguladora de la proteccin de datos, la informacin que esta precise sobre los consumos medios que presentan las viviendas con la ubicacin que a este fin se especifique en la peticin.

2. Sern objeto de envo, si as se requieren, los listados de todas aquellas viviendas o grupos de viviendas que tengan consumos por debajo de los expresamente indicados, con expresin del nombre de la va, calle o plaza en la que se ubique cada una de las viviendas contenidas en la relacin objeto de remisin, as como del nombre y apellidos o razn social de la persona titular del contrato y del domicilio y NIF o CIF de esta ltima. A este fin, la peticin de la administracin podr referirse bien a ubicaciones concretas, a determinadas calles, vas o grupo de ellas o bien a mbitos delimitados grfica o descriptivamente sealados al efecto.

Artculo 85. Alcance y contenido de las comunicaciones por parte de los ayuntamientos.

De conformidad con lo establecido en el artculo 83, previa peticin del Instituto Canario de la Vivienda, y al objeto exclusivo del ejercicio de competencias en el mbito de esta ley, los ayuntamientos remitirn a aquel, sin necesidad de contar con el consentimiento de las personas afectadas, en los trminos dispuestos en la normativa reguladora de la proteccin de datos, informacin procedente del ltimo censo municipal o padrn de habitantes respecto de las viviendas en las que, conforme a las hojas padronales, no conste inscrita persona alguna. Se indicar, para cada una de ellas, al menos, su ubicacin concreta, su referencia catastral y el nombre, apellidos, razn social, CIF o NIF y domicilio de su titular o titulares.

Artculo 86. Alcance y contenido de las comunicaciones por parte de las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestin de activos, y entidades inmobiliarias.

A solicitud del Instituto Canario de la Vivienda, y de conformidad con lo dispuesto en el artculo 83, las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, las entidades de gestin de activos, incluidos los procedentes de la reestructuracin bancaria, y las entidades inmobiliarias, cualquiera que sea su domicilio social, remitirn, sin necesidad de contar con el consentimiento de las personas afectadas, en los trminos dispuestos en la normativa reguladora de la proteccin de datos, con respecto al mbito concreto que se delimite a este efecto, informacin sobre las viviendas de su titularidad que se encuentren deshabitadas con indicacin, para cada una de ellas, de su ubicacin detallada, referencia catastral, nmero de finca registral, nombre, apellidos, razn social, NIF o CIF. En caso de tener el carcter de vivienda protegida deber especificarse expresamente, con indicacin de la resolucin de calificacin. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa bsica estatal.

Artculo 87. Plazo para la remisin de las comunicaciones.

Las comunicaciones a que se refiere el presente captulo habrn de ser remitidas a la administracin solicitante en un plazo de treinta das a computar desde la recepcin de la peticin de informacin.

Artculo 88. No interrupcin del plazo de prescripcin de las infracciones.

Las actuaciones previas reguladas en este captulo no interrumpirn el plazo de prescripcin de las infracciones que se hayan podido cometer.

Subseccin 2. De la instruccin del procedimiento contradictorio

Artculo 89. De la competencia para la tramitacin del procedimiento de declaracin de vivienda deshabitada.

A los efectos de lo previsto en el artculo 81.7, corresponder el inicio, la tramitacin y la resolucin del procedimiento declarativo de vivienda deshabitada al Instituto Canario de la Vivienda.

Artculo 90. Tramitacin del procedimiento.

1. El procedimiento se tramitar conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las administraciones pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, con las particularidades establecidas en este captulo.

2. El procedimiento se entender con la persona titular registral o, en su defecto, con la persona titular catastral de la vivienda o grupo de viviendas, considerndose personas interesadas, igualmente, en su caso, a las titulares de derechos reales y situaciones jurdicas, inscritos y anotados en el registro de la propiedad, sin perjuicio de las comunicaciones a las titulares de derechos o intereses legtimos.

3. En caso de que la vivienda o grupo de viviendas pertenezca en rgimen de proindiviso a varias personas titulares o a una comunidad o entidad sin personalidad jurdica y no se tenga constancia de la representacin legal, cada una de las personas titulares del proindiviso y todas y cada una de las personas que componen la comunidad, tendrn, en atencin a la responsabilidad solidaria que ostentan, la consideracin de representante a los efectos de la tramitacin de este procedimiento, sin perjuicio de la comunicacin a los dems cotitulares o personas de la comunidad.

Artculo 91. Incoacin del procedimiento.

1. El procedimiento se incoar mediante resolucin del titular de la direccin del Instituto Canario de la Vivienda. De dicha resolucin se dar traslado a las personas interesadas para que puedan presentar alegaciones, y al Registro de Viviendas Deshabitadas previsto en el artculo 97, al objeto de que se proceda a la apertura de hoja registral con asignacin de un nmero identificativo provisional.

2. En el acuerdo de inicio del procedimiento contradictorio se especificarn los indicios y/o presunciones de no habitacin que dan lugar a la incoacin del procedimiento y se abrir un trmite de alegaciones por un perodo de diez das, a contar desde la notificacin del mismo, en el que las personas interesadas podrn alegar lo que tuvieren por conveniente y aportar o proponer las pruebas oportunas.

3. A la vista de los motivos que justificasen el acuerdo de incoacin del expediente, en el caso de que las personas interesadas aporten prueba en contrario sobre los hechos objeto de presuncin o justificaran la inexistencia de los indicios de no habitacin, tenidos en cuenta para el inicio del procedimiento contradictorio, se dictar por la direccin del Instituto Canario de la Vivienda resolucin de terminacin, estimando las alegaciones formuladas en este sentido y ordenando el archivo del procedimiento, debindose dar traslado de la misma al Registro de Viviendas Deshabitadas, al objeto de que se proceda a la anulacin de la hoja registral abierta y del nmero identificativo provisionalmente asignado tras la incoacin del procedimiento.

4. Si no se presentasen pruebas que contradigan las presunciones legales, o si no se presentasen alegaciones o las alegaciones de las personas interesadas no desvirtuasen los indicios de no habitacin que motivaron la incoacin del procedimiento, la instruccin del mismo continuar conforme a lo establecido en los siguientes artculos.

Artculo 92. Instruccin del procedimiento.

1. Transcurrido el plazo de audiencia, se notificar por el Instituto Canario de la Vivienda las medidas de fomento que se ofrezcan a la persona fsica titular de la propiedad, destinadas a facilitarle el arrendamiento de la vivienda, y concediendo a este efecto el plazo de un mes para que se manifieste sobre su aceptacin, suspendindose durante este tiempo el procedimiento a los efectos del cmputo del plazo mximo de resolucin.

2. Cumplido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin que la persona titular se haya pronunciado por escrito, sobre la aceptacin de estas medidas, el procedimiento quedar automticamente reanudado.

3. En el supuesto de que alguna o algunas de las medidas de fomento sean aceptadas por la persona titular en el plazo a que se refiere el apartado 1, se dictar acuerdo de suspensin del procedimiento, debiendo la propiedad comunicar al Instituto Canario de la Vivienda la fecha en que se iniciar la situacin de efectiva habitacin. Transcurridos dos meses desde que la aceptacin se haya producido, sin que la propiedad haya comunicado el inicio de la situacin de efectiva habitacin o justificado debidamente la imposibilidad de no ocupacin durante ese plazo, se dictar acuerdo levantando la suspensin y ordenando la continuacin de la instruccin del procedimiento conforme a lo establecido en este y en los siguientes artculos.

4. En el caso de que la medida de fomento aceptada sea la de intermediacin para el arrendamiento de viviendas de titularidad de personas fsicas, se proceder a la suspensin del plazo para resolver el procedimiento contradictorio para la declaracin de vivienda deshabitada, durante la vigencia de la medida.

5. En caso de que la propiedad, adems de haber manifestado la aceptacin de las medidas de fomento a que se refiere el apartado 1, haya llevado a cabo la comunicacin de la fecha en la que se inicia la efectiva habitacin, se mantendr la suspensin del procedimiento hasta tanto se acredite el cumplimiento efectivo del destino habitacional de la vivienda, destino que se entender formalizado si se mantiene, al menos, durante los siguientes seis meses de forma ininterrumpida a contar desde la fecha de inicio.

Para ello, la persona titular de la vivienda deber acreditar que est ocupada por arrendatario o probar por cualquier medio admitido en Derecho que la ha puesto a disposicin del mercado inmobiliario para que pueda ser arrendada y que no est ocupada por causas ajenas a su voluntad.

De no acreditarse el mantenimiento ininterrumpido de la efectiva habitacin en el plazo indicado, se dictar acuerdo levantndose la suspensin y ordenando la continuacin del procedimiento conforme a lo establecido en este y en los siguientes artculos.

Acreditada la efectiva habitacin durante seis meses ininterrumpidos, a contar desde la fecha de inicio comunicada por la propiedad a estos efectos, se dictar resolucin por la direccin del Instituto Canario de la Vivienda, de terminacin del procedimiento acordando el archivo de las actuaciones, si bien, a fin de realizar un seguimiento en los trminos del apartado 7, no se producir la anulacin de la hoja registral aun cuando no llegue a producirse el asiento de inscripcin de vivienda deshabitada.

6. Si una vez acordado el inicio del procedimiento, la persona titular de la vivienda, aun no aceptando las medidas de fomento, acredita que se le ha dado destino habitacional a la misma, se dictar resolucin acordando la suspensin del procedimiento hasta que se justifique que la situacin de efectiva habitacin se mantiene durante, al menos, seis meses consecutivos, en cuyo caso se dictar resolucin, por la direccin del Instituto Canario de la Vivienda, de terminacin del procedimiento acordando el archivo de las actuaciones, si bien, a fin de realizar un seguimiento en los trminos establecidos en el apartado 7, no se producir la anulacin de la hoja registral aunque no llegue a producirse el asiento de inscripcin de vivienda deshabitada. De no acreditarse el mantenimiento ininterrumpido de la efectiva habitacin en el plazo indicado, se dictar acuerdo levantndose la suspensin y ordenando la continuacin del procedimiento conforme a lo dispuesto en este y en los siguientes artculos.

7. Sin perjuicio de lo regulado en el apartado anterior, en caso de volver a constatarse la existencia de indicios de no habitacin con respecto a la misma vivienda o grupo de viviendas en el plazo de un ao desde la resolucin de archivo a que se refieren los apartados 5 y 6, podr volver a iniciarse el procedimiento contradictorio sin necesidad de realizar el ofrecimiento de las medidas de fomento a que se refiere el apartado 1.

Artculo 93. Medios de prueba.

1. Los hechos relevantes para la resolucin de un procedimiento de declaracin de vivienda deshabitada podrn acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

La apertura del perodo de prueba, la admisin o el rechazo de las pruebas propuestas por los interesados y la prctica de las mismas se regirn por lo que se disponga en el desarrollo reglamentario de la presente ley y, en su defecto, por lo previsto en los artculos 80 y 81 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las administraciones pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

2. En caso de que la prueba se articule a travs de la emisin de un informe de un rgano administrativo o entidad pblica, y sea admitida a trmite, se entender que tiene carcter preceptivo y determinante para la resolucin del procedimiento, con los efectos previstos en el artculo 83.3 de la citada Ley30/1992, de 26 de noviembre.

Subseccin 3. Resolucin del procedimiento

Artculo 94. Propuesta de resolucin.

Practicadas las pruebas que hubieran sido declaradas pertinentes, se realizar propuesta de resolucin suscrita por funcionario pblico, con expresa valoracin de las pruebas que, en su caso, hayan sido admitidas as como de la estimacin, en su caso, de los hechos que se hayan considerados probados, as como las medidas de fomento que la administracin pudiera ofrecerle a la persona afectada, en su caso.

Dicha propuesta habr de ser notificada, en todo caso, a las personas interesadas para trmite de vista y audiencia, y cuando la misma tenga en cuenta nuevos hechos, alegaciones o pruebas que no fueran conocidas por aquellas, deber drsele traslado igualmente de los documentos justificativos de dichas actuaciones.

Artculo 95. Resolucin declarativa de vivienda deshabitada.

1. La resolucin declarativa de vivienda deshabitada se dictar por el titular de la presidencia del Instituto Canario de la Vivienda y ser notificada a la persona propietaria de la vivienda o grupo de viviendas, en todo caso, y a las dems personas interesadas que puedan resultar del procedimiento.

2. De la resolucin declarativa se dar traslado al Registro de Viviendas Deshabitadas al objeto de proceder a su inscripcin. Asimismo, habr de ser notificada al ayuntamiento en cuyo trmino se ubique la vivienda a fin de que por el mismo se proceda, en su caso, a la aplicacin del recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles conforme establece la ley reguladora de este tributo.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior no ser aplicable a las resoluciones de terminacin del procedimiento reguladas en los artculos 91 y 92.

Artculo 96. Plazo de resolucin del procedimiento y efectos de la falta de resolucin expresa.

El plazo mximo para resolver el procedimiento contradictorio para la declaracin de una vivienda deshabitada y notificar su resolucin ser de seis meses desde su incoacin, transcurrido el cual se producir su caducidad.

CAPTULO II
Del registro de viviendas deshabitadas

Artculo 97. Del Registro de Viviendas Deshabitadas.

1. Se crea el Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento bsico para el control y seguimiento de las viviendas que, por concurrir los supuestos previstos legalmente en el artculo 81, hayan sido declaradas deshabitadas y ello al servicio del ejercicio de las potestades sancionadoras y de las medidas de fomento que reconoce la presente ley. Tendrn acceso a dicho Registro las resoluciones declarativas de viviendas deshabitadas y otras resoluciones que reflejen actuaciones o circunstancias con incidencia en la situacin de no habitacin.

2. El Registro tiene carcter autonmico y se residencia en el Instituto Canario de la Vivienda, que estar obligado a mantener el mismo.

3. La efectiva constitucin del Registro de Viviendas Deshabitadas conllevar la creacin de un fichero de datos de titularidad pblica, a los efectos previstos en la normativa sobre proteccin de datos de carcter personal, y con arreglo a lo establecido sobre la creacin de tales ficheros en el artculo 20 de la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal.

4. Reglamentariamente se determinarn las clases de asientos, las resoluciones y actos inscribibles, los plazos y las causas de cancelacin de los asientos o anulacin de las hojas registrales.

CAPTULO III
De las actuaciones de fomento para evitar la existencia de viviendas deshabitadas

Artculo 98. Polticas y actuaciones de fomento para promover el uso social de las viviendas propiedad de las personas fsicas.

1. El Gobierno de Canarias deber impulsar polticas de fomento para asegurar el cumplimiento efectivo del destino de la vivienda al uso legalmente establecido de dar habitacin e incentivar la incorporacin de las viviendas deshabitadas al mercado inmobiliario. A tal fin, deber velar para evitar situaciones de no habitacin permanente de las viviendas de las que sean titulares las personas fsicas.

2. El Instituto Canario de la Vivienda incluir en los planes de vivienda o en lneas de actuacin especficas, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, medidas para favorecer el arrendamiento entre personas propietarias y personas o unidades de convivencia demandantes de viviendas, y aquellas dirigidas al otorgamiento de subvenciones, ambas orientadas a las personas fsicas que sean titulares de viviendas deshabitadas, sin perjuicio de otras medidas que favorezcan la efectiva ocupacin de las viviendas o que puedan generar una ampliacin del parque de viviendas disponibles en arrendamiento a precios adecuados. Entre las medidas a desarrollar para favorecer el arrendamiento entre personas propietarias y personas o unidades de convivencia demandantes de viviendas podrn incluirse las desarrolladas en los apartados siguientes.

3. Las administraciones pblicas, directamente o a travs de entidades pblicas instrumentales definidas en la normativa reguladora del rgimen jurdico de las administraciones pblicas o las entidades intermediarias definidas en la normativa sectorial correspondiente, podrn intermediar en el stock de viviendas libres deshabitadas, a fin de favorecer su efectiva ocupacin a travs del impulso y facilitacin de frmulas de concertacin de arrendamientos entre personas propietarias y personas o unidades de convivencia demandantes de viviendas.

Como medidas de intermediacin en el mercado del arrendamiento de viviendas, podrn ejecutarse programas de bolsas de viviendas en alquiler, adoptarse convenios con personas jurdicas o fsicas propietarias de viviendas deshabitadas para integrarlas en el mercado del arrendamiento y cualquier otra que pueda generar una ampliacin del parque de viviendas disponibles en arrendamiento a precios adecuados.

A su vez, y para garantizar tambin la seguridad jurdica a las personas inquilinas, se podrn ofrecer las viviendas a la Administracin competente para que sta gestione su arrendamiento por s misma o a travs de terceros, a cambio de garantizar su mantenimiento, su destino al uso habitacional permanente y efectivo, el cobro de los arrendamientos, la defensa jurdica o el arreglo de desperfectos; y ello mediante la contratacin de las plizas de seguro correspondientes u otras medidas anlogas, sin perjuicio de las especficas medidas que se prevean en la legislacin sectorial y en los planes de vivienda tanto para la construccin como para la rehabilitacin en las diversas modalidades de propiedad y posesin.

Reglamentariamente, se establecer la caracterizacin de las personas demandantes de arrendamiento y de las personas arrendatarias y las condiciones en las que la Administracin competente asegurar las contingencias descritas en el apartado anterior y, en su caso, los requisitos para la contratacin de las plizas de seguro correspondientes.

4. Con la finalidad de fomentar el acceso a la vivienda mediante la puesta en arrendamiento de las viviendas deshabitadas, las personas propietarias y arrendatarias y las entidades intermediarias definidas en la normativa sectorial correspondiente podrn recibir subvenciones a fin de garantizar la efectiva dinamizacin de los factores que impiden el derecho al acceso a una vivienda digna y asequible, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias.

Las subvenciones se instrumentarn a travs de los programas contenidos en los planes de vivienda, sin perjuicio de la posibilidad de otorgar subvenciones de carcter excepcional cuando se acrediten razones de emergencia social, econmica o humanitaria que dificulten su convocatoria y siempre con los requisitos que establece la normativa de aplicacin. En cualquier caso, se adoptarn las medidas normativas necesarias para asegurar que las subvenciones otorgadas a las personas propietarias minore en una cuanta equivalente la renta de alquiler a abonar por las personas arrendatarias.

Veintisiete. Se aade un nuevo ttulo, el IX, con la siguiente redaccin:

TTULO IX
Inspeccin y rgimen sancionador
CAPTULO I
Disposiciones generales

Artculo 99. Finalidad.

1. El ejercicio de la potestad sancionadora tiene como finalidad garantizar:

a) El cumplimiento de las normas reguladoras sobre viviendas protegidas y sobre viviendas de proteccin oficial.

b) El cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacin aplicable para obtener financiacin cualificada con destino a la promocin, adquisicin, uso o rehabilitacin de viviendas sujetas a cualquier rgimen de proteccin pblica.

c) El cumplimiento de las normas necesarias para la acreditacin de la habitabilidad de las viviendas.

d) El cumplimiento de las normas sobre proteccin del consumidor y usuario de la vivienda.

e) El cumplimiento de las normas sobre la efectiva ocupacin de viviendas de titularidad de una persona jurdica.

f) El cumplimiento de las normas relativas al deber de informacin o de suministro de datos a la administracin en relacin a las viviendas deshabitadas.

2. Sern infracciones en materia de vivienda todas las acciones u omisiones tipificadas como tales por la presente ley, sin perjuicio de las especificaciones que puedan efectuarse por disposicin reglamentaria, dentro de los lmites establecidos por la legislacin vigente en materia sancionadora.

3. A tal efecto se tipifican las conductas constitutivas de infraccin, se regula un sistema de sanciones y se establecen los elementos esenciales del procedimiento para su exigibilidad, con sujecin a los principios sobre la potestad sancionadora y el procedimiento sancionador de la legislacin sobre procedimiento administrativo comn.

CAPTULO II
De la inspeccin en materia de viviendas

Artculo 100. De las potestades de inspeccin.

A los efectos de evitar la situacin de viviendas deshabitadas, el Instituto Canario de la Vivienda planificar y llevar a cabo las funciones inspectoras, de acuerdo con la planificacin a que se refiere el artculo siguiente.

Artculo 101. Planificacin de la funcin inspectora.

1. El Instituto Canario de la Vivienda programar las actuaciones de inspeccin, conforme al plan de inspeccin que se apruebe.

2. Las actuaciones inspectoras se adecuarn al plan de inspeccin, que, a propuesta de la direccin del Instituto Canario de la Vivienda, se apruebe mediante resolucin de la presidencia, previo informe del Consejo de Direccin del organismo.

Artculo 102. Plan de inspeccin en materia de viviendas.

1. El plan contendr los criterios sectoriales, territoriales, cuantitativos o de cualquier otro tipo necesarios para seleccionar y establecer el orden de prioridad de los mbitos y viviendas objeto de las actuaciones inspectoras, as como la determinacin del tipo y nmero de estas ltimas. Tendr una vigencia mxima de dos aos, prorrogable por una anualidad y carcter reservado.

2. El contenido mnimo del plan ser el siguiente:

a) Conclusiones del informe final de evaluacin del anterior plan desarrollado.

b) Justificacin de las necesidades de intervencin en funcin del anlisis de la demanda de vivienda en el perodo de su vigencia temporal.

c) Los objetivos estratgicos y operativos, en su caso, que persigue el plan, as como los indicadores de seguimiento y ejecucin con sus respectivos valores de control.

d) La delimitacin de los mbitos materiales y geogrficos de actuacin.

e) La afeccin de los medios materiales y econmicos para la consecucin de los objetivos previstos en el plan.

f) Los procesos de control, seguimiento y evaluacin del plan as como los indicadores de seguimiento y ejecucin.

g) La especificacin de su perodo de vigencia.

3. Como consecuencia de la evaluacin que el Consejo de Direccin del Instituto realice, a partir de los informes peridicos de seguimiento, la direccin del organismo podr proponer a la presidencia la modificacin puntual del plan.

Artculo 103. Seguimiento y evaluacin del plan.

1. La direccin del Instituto propondr los procesos de control, seguimiento y evaluacin del plan.

2. Para asegurar el cumplimiento del plan, la direccin del Instituto elaborar informes peridicos que elevar al Consejo de Direccin.

3. Al finalizar el perodo de vigencia del plan, la direccin del Instituto elaborar un informe final de evaluacin que contendr el grado de consecucin de los objetivos del plan, el cual se elevar al Consejo de Direccin del Instituto Canario de la Vivienda para su aprobacin.

CAPTULO III
De las infracciones

Artculo 104. Infracciones leves.

Son infracciones leves:

a) La inexistencia del libro de rdenes y visitas en las obras de viviendas protegidas.

b) No exponer en sitio visible durante el perodo de construccin el cartel indicador, segn modelo oficial, de estar acogida la construccin a la normativa sobre viviendas protegidas.

c) Ocupar las viviendas antes de obtener la calificacin definitiva sin la preceptiva autorizacin administrativa.

d) No hacer constar el nmero de la calificacin definitiva en los contratos de suministro de los servicios de agua corriente, energa elctrica y gas.

e) La obstruccin a suministrar datos o a facilitar las funciones de informacin, vigilancia o inspeccin de la administracin competente.

A estos efectos, se entiende por obstruccin, igualmente, la remisin de informacin o la aportacin de datos o documentos de forma inexacta, o con incumplimiento de plazos, si ello incide en el ejercicio de las potestades de inspeccin o en la constatacin, calificacin o graduacin de la infraccin.

f) No comunicar a la administracin pblica aquellas actuaciones a las que los promotores o usuarios vengan obligados de conformidad con la normativa vigente.

g) Actuar con mala fe o temeridad en las denuncias de supuestas infracciones de la legislacin de vivienda.

h) Incumplir el deber de conservacin y rehabilitacin, si supone una afectacin leve de las condiciones de habitabilidad de los inmuebles.

i) En viviendas protegidas de promocin pblica no mantener la vivienda asegurada, designando como beneficiario al Instituto Canario de la Vivienda, contra el riesgo de incendio y catstrofes, o tenerla asegurada por importe inferior al valor de la vivienda.

j) En viviendas protegidas de promocin pblica, el impago de los impuestos a que venga obligada la persona adjudicataria en virtud del contrato de arrendamiento.

Artculo 105. Infracciones graves.

Son infracciones graves:

a) Incumplir los requisitos previos que impone la legislacin de viviendas protegidas para poder iniciar las obras de construccin, rehabilitacin o reposicin.

b) La inadecuacin entre el proyecto de ejecucin final presentado y calificado provisionalmente y la obra efectivamente realizada, salvo en el caso de las modificaciones justificadas y autorizadas por el rgano competente.

c) En el marco de convenios regulados en el artculo 38.3 y las previsiones del artculo 52, la negativa de la entidad financiera a conceder el crdito tras la solicitud de la persona o entidad beneficiaria de suprimir o modificar una clusula declarada abusiva o contraria al ordenamiento por resolucin firme presente en la propuesta de contrato de prstamo elaborado por aquella.

d) La inexactitud intencionada en los documentos y certificaciones expedidos por los promotores o por la direccin facultativa de las obras.

e) La falta de acreditacin de la habitabilidad, imputable al promotor, a partir de la certificacin final de la obra, mediando sobre la vivienda derecho de tercero.

f) Incumplir las resoluciones sobre la realizacin de obras destinadas a conseguir las condiciones de habitabilidad.

g) Ejecutar obras o realizar actividades que provoquen la prdida del nivel de habitabilidad de una vivienda o de las colindantes a la misma.

h) Suministrar los servicios de agua corriente, energa elctrica, gas y telecomunicaciones a viviendas que no dispongan previamente de la acreditacin de la habitabilidad o de la calificacin definitiva como vivienda protegida.

i) Arrendar, transmitir o ceder el uso de inmuebles para su destino a vivienda incumpliendo las condiciones de habitabilidad.

j) Incumplir los principios de veracidad y objetividad, as como la induccin a la confusin en la publicidad dirigida a la venta o arrendamiento de viviendas.

k) Incumplir los requisitos necesarios para recibir cantidades a cuenta y de todos aquellos que se exijan previamente a la venta o el arrendamiento de viviendas en proyecto, en construccin o finalizadas.

l) No incluir en los contratos de compraventa o arrendamiento cuantas clusulas sean obligatorias legal o reglamentariamente.

m) Incluir en los contratos de compraventa o arrendamiento clusulas que tengan la consideracin de abusivas por la legislacin vigente.

n) Celebrar contratos de compraventa o arrendamiento de viviendas sin cumplir los requisitos de formalizacin obligatorios.

) La negativa a facilitar las funciones de informacin, vigilancia o inspeccin de la administracin competente.

o) No destinar la vivienda protegida a domicilio habitual o permanente de su propietario o arrendatario, sin haber obtenido la preceptiva autorizacin administrativa de desocupacin.

p) Alterar el rgimen de uso y destino de la vivienda establecido en la calificacin definitiva sin obtener la previa autorizacin administrativa.

q) Incumplir las obligaciones de gestin, administracin, mantenimiento y conservacin de las viviendas protegidas, as como de las zonas y elementos comunes anejos, as como incumplir el deber de conservacin y rehabilitacin de los inmuebles, si supone una afectacin grave de las condiciones de habitabilidad de las mismas.

r) Realizar obras tanto en las viviendas protegidas como en las zonas y elementos comunes sin haber obtenido previamente las preceptivas autorizaciones administrativas.

s) Incumplir la obligacin de ocupar la vivienda protegida en los plazos establecidos reglamentariamente.

t) Incumplir los plazos para la venta o arrendamiento impuestos a los promotores por la normativa vigente.

u) Incumplir los requisitos a los que estn obligados los promotores en la publicidad de las ventas o arrendamientos de las viviendas protegidas.

v) Causar daos graves en las viviendas o sus zonas comunes, locales o edificaciones complementarias que sean de titularidad pblica.

w) Falsear los requisitos, documentacin y datos exigibles para acceder a las viviendas, as como para obtener la financiacin, beneficios, ayudas o subvenciones establecidas por la normativa vigente o la reiteracin, una vez advertida la infraccin, en la negativa a suministrar datos a la administracin o la obstruccin a las funciones de informacin, control o inspeccin.

A estos efectos, se entiende por obstruccin la falta de remisin de informacin o la aportacin de datos o documentos falsos de forma intencionada, si ello incide en el ejercicio de las potestades de inspeccin o en la constatacin, calificacin o graduacin de la infraccin.

x) Transmitir por cualquier ttulo o arrendar una vivienda protegida a terceros sin cumplir con los requisitos exigidos, ni contar con la previa autorizacin administrativa.

y) Utilizar ms de una vivienda protegida cualquiera que sea su ttulo, salvo lo dispuesto en favor de familias numerosas.

z) Ocupar una vivienda protegida sin ttulo legal para ello, o tenindolo, no destinarla a domicilio habitual y permanente de las personas adquirentes, adjudicatarias o arrendatarias.

Se considera que no se destina a domicilio habitual y permanente cuando permanezca desocupada durante un plazo superior a seis meses continuados en el perodo de un ao, sin la previa autorizacin del Instituto Canario de la Vivienda.

aa) No atender, por parte de los promotores, a las obras de reparacin durante cinco aos, contados desde la obtencin de la calificacin definitiva, de los daos materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad, y los que afecten a elementos de terminacin o acabado de las obras, siempre que estos no hubieran sido provocados por una conducta intencionada, negligente o por el incumplimiento de la persona propietaria o adjudicataria de las obligaciones de conservacin del inmueble. A estos efectos, la persona propietaria o adquirente deber comunicar los mismos al promotor de la obra de forma fehaciente.

bb) Incumplir la obligacin de comunicar a la administracin competente la concurrencia de hechos sobrevenidos que supongan una modificacin de la situacin econmica o circunstancias de otra ndole que hayan sido tenidas en cuenta para ser beneficiaria de las medidas de fomento reguladas en la presente ley.

Artculo 106. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:

a) Incumplir las normas tcnicas de obligado cumplimiento, en particular, las relativas a construccin y edificacin, instalaciones, materiales, productos, aislamientos y proteccin contra incendios.

b) La negligencia de los promotores, constructores o facultativos durante la ejecucin de las obras que diese lugar a vicios o defectos que afecten a la cimentacin, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales de la edificacin, que comprometan directamente la resistencia mecnica y la estabilidad del edificio y se manifiesten dentro de los cinco aos siguientes al otorgamiento de la calificacin definitiva.

c) Omitir los controles de calidad cuando sean preceptivos.

d) Incumplir las resoluciones para la supresin o correccin de los focos de produccin de efectos nocivos, insalubres, molestos y peligrosos que perjudiquen el nivel de habitabilidad de las viviendas.

e) Destinar los prstamos, subvenciones y ayudas a finalidades diferentes de las determinantes de su otorgamiento.

f) Dar un destino inadecuado al suelo calificado de protegible o incluido en proyectos de construccin de viviendas con proteccin pblica que hayan obtenido la calificacin provisional.

g) No obtener la calificacin definitiva de la vivienda por no ajustarse el proyecto de ejecucin final a las condiciones de superficie, diseo y calidad establecidas al efecto.

h) Percibir cualquier sobreprecio, prima o cantidad prohibidas en la compraventa o el arrendamiento de viviendas de proteccin oficial.

i) No dar uso habitacional efectivo a la vivienda en los trminos establecidos en el artculo 81 de esta ley, en el caso de tratarse de una persona jurdica.

j) Arrendar, transmitir o ceder el uso de inmuebles para su destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad de acuerdo con la normativa aplicable.

k) Incumplir el deber de conservacin y rehabilitacin si supone un riesgo para la seguridad de las personas o un incumplimiento de un programa previo de rehabilitacin forzosa, de acuerdo con lo exigido en esta ley.

l) La inexactitud en los documentos o certificaciones que sean necesarios para obtener una resolucin administrativa con reconocimiento de derechos econmicos, de proteccin o de habitabilidad, con el fin de obtener un acto favorable a los infractores o a terceros, de eludir una orden de ejecucin u otro acto no favorable a las personas interesadas o bien para la obtencin de medidas de fomento de las contempladas en la presente ley.

Artculo 107. Sujetos responsables.

1. Solo podrn ser sancionados por los hechos constitutivos de las infracciones a que se refiere la presente ley las personas fsicas o jurdicas que resulten ser responsables de los mismos, aun a ttulo de simple inobservancia.

A estos efectos, podrn ser sancionadas por hechos constitutivos de infraccin en materia de vivienda, cuando resulten responsables de los mismos, las personas fsicas o jurdicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y dems entidades que, carentes de personalidad jurdica, constituyan una unidad econmica o un patrimonio separado.

2. Si la infraccin administrativa se imputa a una persona jurdica, pueden ser consideradas responsables las personas que ejerzan la administracin de hecho o de derecho y las personas fsicas que integran los correspondientes organismos rectores o de direccin, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente rgimen jurdico. En todo caso, las personas jurdicas sern responsables de las infracciones administrativas cometidas en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y las personas que ejerzan la administracin de hecho o de derecho.

3. Las sanciones por infracciones cometidas por las sociedades y entidades disueltas se transmitirn a quienes sucedan a las mismas en los trminos previstos en la legislacin reguladora de aquellas.

4. La responsabilidad de los distintos agentes de la edificacin se exigir de acuerdo con el reparto de competencias realizado por la legislacin sobre ordenacin de la edificacin.

Artculo 108. Responsables solidarios.

1. La concurrencia de varios sujetos infractores en la realizacin de una infraccin determinar que queden solidariamente obligados frente a la administracin al pago de la sancin.

2. Si el cumplimiento de las obligaciones impuestas por las disposiciones legales en materia de vivienda corresponde a varias personas fsicas o jurdicas conjuntamente, todas ellas responden de forma solidaria de las infracciones que cometan y de las sanciones que se les impongan.

3. Si en la instruccin de un procedimiento sancionador no es posible delimitar las responsabilidades individuales, estas deben determinarse solidariamente, salvo que se pruebe que las obligaciones se hubieran acordado ejercerlas mancomunadamente.

4. Igualmente, respondern solidariamente del pago de las sanciones en materia de vivienda:

a) Los partcipes o cotitulares de herencias yacentes, comunidades de bienes y dems entidades que, carentes de personalidad jurdica, constituyan una unidad econmica o un patrimonio separado, sin perjuicio, en su caso, de la posibilidad de proceder al reparto de la sancin, de conformidad con la individualizacin de la misma, en proporcin a sus respectivas participaciones.

b) Las entidades, personas fsicas o jurdicas que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de las viviendas o en el ejercicio de explotaciones o actividades econmicas, cuando la transmisin de la titularidad se produzca con el fin de eludir el cumplimiento de las obligaciones en esta materia establecidas en las leyes o de eludir la responsabilidad en el orden sancionador.

c) Quienes sean causantes o colaboren en la ocultacin o transmisin de bienes o derechos del interesado con la finalidad de impedir la actuacin de la administracin en el ejercicio de las potestades reguladas en esta ley.

d) Quienes se encuentren en otros supuestos de solidaridad normativamente establecidos.

Artculo 109. Responsables subsidiarios.

Sern responsables subsidiarios de las infracciones en materia de vivienda las siguientes personas o entidades:

a) Quienes ejerzan la administracin de hecho o de derecho de las personas jurdicas que, habiendo estas cometido infracciones, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes en materia de vivienda, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones.

b) Quienes ejerzan la administracin de hecho o de derecho de aquellas personas jurdicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su cumplimiento o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del incumplimiento.

c) Las entidades que, por sus participaciones en el capital o por cualquier otro medio, controlen o dirijan la actividad de la responsable principal, salvo que deban ser consideradas directamente autoras de la infraccin.

d) Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jurdicas o en las que concurra una voluntad rectora comn con estas, cuando resulte acreditado que las personas jurdicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones en materia de vivienda.

e) Las dems personas o entidades que, conforme a supuestos normativamente establecidos, hayan de responder de esta forma.

Artculo 110. Muerte de personas fsicas o extincin de las personas jurdicas o entidades responsables de las infracciones.

1. La muerte de la persona fsica extingue su responsabilidad por las infracciones previstas en el presente Captulo, sin perjuicio de que la administracin adopte las medidas no sancionadoras que procedan en los trminos previstos en la legislacin sectorial que corresponda.

2. Si la persona jurdica o entidad autora de una infraccin prevista en esta ley se extinguiera antes de ser sancionada, se considerarn autores a las personas fsicas que, en sus rganos de direccin o actuando a su servicio o por ellas mismas, determinaron con su conducta la comisin de la infraccin.

3. En caso de extincin de la persona jurdica responsable, los socios o partcipes en el capital respondern solidariamente, y hasta el lmite del valor de la cuota de liquidacin que se les hubiera adjudicado, del pago de la sancin.

Artculo 111. Locales y edificaciones complementarias.

Las infracciones tipificadas en el presente captulo y las reglas establecidas para la determinacin de sus responsables se aplicarn en materia de construccin, rehabilitacin, compraventa o arrendamiento de locales y edificaciones complementarias, as como en materia de garantas y dems obligaciones derivadas de la promocin, adquisicin, uso o posesin de los mismos.

CAPTULO IV
De las sanciones, su graduacin y medidas complementarias

Artculo 112. Sanciones pecuniarias.

Las infracciones tipificadas en la presente ley, sin perjuicio de las posibles sanciones accesorias, sern sancionadas con multa en las siguientes cuantas:

a) Para las infracciones leves: desde 60 hasta 3.000 euros.

b) Para las infracciones graves: desde 3.001 euros hasta 150.000 euros.

c) Para las infracciones muy graves: desde 150.001 hasta 300.000 euros.

d) Para la infraccin regulada en el artculo 105, letra h) se impondr una sancin econmica equivalente del duplo del sobreprecio, prima o cantidad percibida.

Artculo 113. Sanciones accesorias.

1. A quienes incurran en las infracciones graves o muy graves previstas en la presente ley, se podrn imponer, adems, las siguientes sanciones accesorias:

a) La inhabilitacin de la persona jurdica o entidad infractora para promover o participar en promociones de viviendas protegidas o en actuaciones de edificacin o rehabilitacin con financiacin pblica durante el plazo mximo de tres aos, en los supuestos de infracciones graves, o de seis aos, en los supuestos de infracciones muy graves.

b) Inhabilitacin temporal de hasta dos aos por infracciones graves o hasta cinco por infracciones muy graves, para intervenir en la formacin de proyectos o en la construccin de viviendas protegidas en calidad de promotores, constructores, colaboradores, tcnicos o encargados de obras. Para imponer esta sancin ser necesario dar audiencia al colegio profesional u organismo representativo.

2. Podr levantarse la inhabilitacin en caso de que las personas infractoras hayan subsanado o corregido los hechos objeto de la resolucin sancionadora.

Artculo 114. Graduacin de las sanciones.

En la graduacin de las sanciones se tendr en cuenta el riesgo ocasionado para la seguridad y salubridad de las viviendas y sus usuarios, la intencionalidad del infractor, la naturaleza de los perjuicios causados a la administracin pblica o a terceros, el beneficio econmico obtenido por el infractor a consecuencia de la infraccin, la reincidencia por cometer en el trmino de un ao ms de una infraccin de la misma naturaleza cuando as se haya declarado por resolucin firme.

Artculo 115. Medidas complementarias.

1. El rgano competente para sancionar, en la resolucin de los expedientes sancionadores, podr exigir al infractor el cumplimiento de las siguientes obligaciones complementarias:

a) El reintegro por los adquirentes o arrendatarios de las cantidades indebidamente percibidas.

b) Devolver cuantos beneficios, ayudas o subvenciones se hubiesen obtenido de las administraciones pblicas, en todo caso, con los intereses legales que correspondan.

c) Realizar en el plazo de treinta das, prorrogable por quince das si existe causa justificada para ello, las obras de reparacin, conservacin y las necesarias para acomodar la edificacin a la normativa aplicable o para restablecer la situacin alterada.

En este caso, la ejecucin en plazo de las obras podr dar lugar a la condonacin parcial de la sancin hasta un mximo del 50% de su cuanta.

2. Cuando la comisin de una infraccin hubiera ocasionado daos y perjuicios a la administracin pblica, en la resolucin del procedimiento sancionador se podr exigir su indemnizacin cuando su cuanta haya quedado determinada en el procedimiento. Si esto ltimo no fuera posible, se instruir un procedimiento complementario cuya resolucin ser ejecutiva.

Artculo 116. Publicidad de sanciones y medidas complementarias.

Las sanciones firmes por infracciones graves o muy graves y las medidas complementarias previstas en este captulo podrn ser objeto de publicacin en el Boletn Oficial de Canarias.

CAPTULO V
Procedimiento y competencia

Artculo 117. Procedimiento.

1. El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de vivienda prevista en la presente ley, se ajustar a las prescripciones de la legislacin general sobre ejercicio de la potestad sancionadora, con las particularidades previstas en los artculos siguientes.

2. La instruccin de causas penales o civiles ante los tribunales de Justicia por los mismos hechos tipificados como infracciones en materia de vivienda, suspender en todo caso los expedientes sancionadores que se hubieran incoado o las resoluciones que se hubieren acordado cualquiera que hubiese sido su sancin.

3. El personal que realice las labores de inspeccin en materia de vivienda tendr el carcter de agente de la autoridad, y los hechos constatados por ellos y formalizados en acta, gozarn de la presuncin de certeza a efectos probatorios.

4. Con anterioridad a la iniciacin del expediente sancionador, podr el rgano competente abrir un perodo de informacin previa, con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la procedencia de iniciar el procedimiento.

Artculo 118. Medidas de carcter provisional y cautelares.

1. Iniciado el procedimiento, el rgano competente para resolverlo podr adoptar mediante acuerdo motivado cuantas medidas provisionales sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolucin que pudiera recaer. En caso de urgencia, estas medidas podrn ser adoptadas por el instructor.

2. Podrn acordarse como medidas provisionales las siguientes:

a) Suspensin total o parcial de las obras que se realicen incumpliendo la normativa vigente sobre edificacin, construccin, instalaciones, materiales y dems de obligado cumplimiento.

b) Retirada de materiales o productos.

c) Realizacin de obras para garantizar la seguridad e higiene en las viviendas.

d) Suspensin de los suministros de energa elctrica, agua o gas.

e) Prestacin de fianzas.

3. Las medidas provisionales debern ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en cada caso.

4. En la resolucin que ponga fin al procedimiento sancionador se adoptarn, en su caso, las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.

Artculo 119. Plazo de resolucin.

El plazo de resolucin de los procedimientos sancionadores a que se refiere la presente ley ser de diez meses a partir de la fecha del acuerdo de incoacin del expediente o de tres meses en los procedimientos simplificados por infracciones leves.

Artculo 120. Competencia.

1. Sern competentes para imponer las sanciones pecuniarias establecidas en esta ley:

a) La persona que ostente la presidencia del Instituto Canario de la Vivienda o, en su caso, del Consejo de Direccin del Consorcio Insular de Vivienda, en las sanciones impuestas por infracciones muy graves.

b) La persona que ejerza la direccin del Instituto Canario de la Vivienda o, en su caso, la presidencia del Consorcio Insular de Vivienda, en las sanciones impuestas por infracciones leves y graves.

2. El rgano competente para la imposicin de las multas lo ser tambin para la imposicin de las sanciones accesorias previstas en el artculo 113 de esta ley.

CAPTULO VI
Ejecucin

Artculo 121. Ejecutividad.

Las resoluciones recadas en los expedientes sancionadores a que se refiere esta ley sern ejecutivas cuando pongan fin a la va administrativa.

Artculo 122. Va de apremio.

Se seguir el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en va ejecutiva, cuando, previo apercibimiento, el interesado no satisfaga el importe de las sanciones impuestas, no abone las indemnizaciones que pudieran acordarse al amparo del artculo 115.2, o no reintegre a la administracin las cantidades indebidamente percibidas, en el plazo de quince das siguientes a su requerimiento.

Artculo 123. Ejecucin subsidiaria.

1. Habr lugar a la ejecucin subsidiaria, previo apercibimiento, cuando no se hubieren ejecutado las obras dentro de los plazos a que se refiere el artculo 115.1, letra c) de la ley.

2. El importe de los gastos, daos y perjuicios se exigir conforme a lo dispuesto en el artculo anterior.

Artculo 124. Multa coercitiva.

1. Cuando la resolucin hubiere acordado la ejecucin de obras podrn imponerse multas coercitivas, previo apercibimiento, a partir del dcimo da del vencimiento del plazo establecido en el artculo 115.1, letra c) en cuanta de sesenta euros diarios.

2. Las multas coercitivas sern independientes y compatibles con las sanciones que pudieran imponerse.

3. En caso de impago, el importe de estas multas ser exigido por la va de apremio a que se refiere el artculo 122 de la presente ley.

Artculo 125. Reconocimiento de la infraccin cometida.

1. Incoado el procedimiento sancionador, el reconocimiento voluntario de los hechos en el mismo relacionados, en el plazo de un mes a contar desde que se produzca su notificacin, implicar el descuento de un 50% en el importe de la sancin propuesta.

2. El abono deber realizarse en el plazo de diez das hbiles desde que se reconozca la infraccin e implicar la renuncia a realizar alegaciones. En el caso de que fuesen o hubieren sido formuladas, se tendrn por no presentadas.

3. Realizado el abono voluntario se dictar la correspondiente resolucin que pondr fin a la va administrativa.

CAPTULO VII
Prescripcin y caducidad

Artculo 126. Prescripcin.

1. Las infracciones tipificadas en esta ley prescribirn:

– las leves a los doce meses,

– las graves a los tres aos y

– las muy graves a los cinco aos.

2. El plazo de prescripcin de las infracciones comenzar a computar desde el da en que la infraccin se haya cometido, o, en su caso, desde aquel en que la administracin pueda conocerlo en uso de sus facultades de los hechos constitutivos de la presunta infraccin.

En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cmputo ser la de finalizacin de la actividad o la del ltimo acto con el que la infraccin se consuma.

Los plazos de prescripcin de las infracciones, se interrumpirn y reanudarn segn lo dispuesto en la legislacin estatal general sobre ejercicio de la potestad sancionadora.

3. El plazo de prescripcin de las sanciones comenzar a computarse desde el da siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolucin por la que se imponga la sancin.

4. Las sanciones tipificadas en la presente ley prescribirn:

– las leves al ao,

– las graves a los dos aos y

– las muy graves a los tres aos.

Artculo 127. Caducidad.

1. Transcurridos dos meses desde la fecha en que se inici el procedimiento sancionador sin haberse practicado la notificacin de este al imputado, se proceder al archivo de las actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir.

2. Se entendern caducados y se proceder al archivo de las actuaciones de oficio por el propio rgano competente para dictar la resolucin, cuando haya transcurrido el plazo de resolucin previsto en el artculo 119 sin que la misma haya sido notificada al interesado.

3. A los nicos efectos de su conocimiento, el acuerdo que declare la caducidad y el archivo de las actuaciones por caducidad del procedimiento se notificar al interesado.

4. La declaracin de caducidad podr dictarse de oficio o a instancia de la persona interesada y ordenar el archivo de las actuaciones. Dicha caducidad no impedir la iniciacin de un nuevo procedimiento sancionador siempre que la infraccin que ha dado lugar al mismo no haya prescrito.

Dicha caducidad no producir, por s sola, la prescripcin de infracciones, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirn el plazo de prescripcin.

5. Las actuaciones vlidas realizadas en el curso de un procedimiento caducado, as como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarn su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados, en trmite y no caducados, en relacin con el mismo interesado.

Veintiocho. Se aade un nuevo ttulo X con la siguiente redaccin:

TTULO X
Registro de viviendas protegidas

Artculo 128. Obligacin de ocupacin de las viviendas protegidas.

Con carcter general, y sin perjuicio del cumplimiento de los plazos inherentes a los procedimientos administrativos de adjudicacin, las viviendas de titularidad pblica integrantes del parque pblico de viviendas ubicadas en el mbito territorial de la Comunidad Autnoma de Canarias no podrn estar desocupadas.

Artculo 129. Registro de Viviendas Protegidas.

1. Se crea el Registro de Viviendas Protegidas como instrumento bsico para el control y seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto en el artculo anterior.

2. Tendrn acceso a este registro las resoluciones de cualquier administracin pblica canaria o entidad pblica empresarial canaria que determinen la calificacin de una vivienda como vivienda protegida de promocin pblica o de promocin privada, as como las que determinen su primera y sucesivas ocupaciones y la transmisin de su titularidad, debiendo ser notificadas por aquellas al mismo en el plazo de un mes o inscritas de oficio en el mismo plazo en el supuesto de las viviendas titularidad del Gobierno de Canarias.

Veintinueve. Se modifica el apartado 1 de la disposicin adicional tercera, que queda redactado como sigue:

1. Los derechos de adquisicin preferente, tanteo y retracto, la potestad de desahucio administrativo y la potestad sancionadora, reguladas en la presente ley, son de aplicacin a cuantas viviendas estn sujetas a un rgimen de proteccin pblica, sean viviendas protegidas o viviendas sujetas a la legislacin de viviendas de proteccin oficial, cualquiera que haya sido el momento de su calificacin, siempre que concurran los presupuestos que esta ley exige en cada caso para su ejercicio. Respecto a las viviendas libres, las potestades administrativas sern las previstas por la presente ley y dems normativa que resulte de aplicacin.

Treinta. Se modifica el apartado 2 de la disposicin adicional decimoquinta de la Ley2/2003, introducida por la Ley 4/2012, de 25 junio, de medidas administrativas y fiscales, en los siguientes trminos:

2. La solicitud de regularizacin dirigida al Instituto Canario de la Vivienda deber presentarse en el plazo de un ao, contado a partir del da siguiente al de la entrada en vigor de la presente disposicin, ante cualquiera de los registros del citado organismo, sin perjuicio de la posibilidad de presentacin en cualquiera de los lugares a los que se refiere el artculo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las administraciones pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Dicha solicitud deber contener la identificacin del solicitante y de cada uno de los miembros que integran la unidad familiar, as como la localizacin del inmueble cuya ocupacin se pretende regularizar e ir adems, acompaada de la documentacin que a continuacin se relaciona, necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 1:

– DNI del solicitante y del resto de los miembros de la unidad familiar.

– Fotocopia del libro de familia o certificacin que acredite la constitucin de pareja de hecho, de acuerdo con lo establecido en la Ley 5/2003, de 6 de marzo, de regulacin de las parejas de hecho en la Comunidad Autnoma de Canarias.

– Declaracin del IRPF correspondiente al perodo impositivo 2012 de los miembros de la unidad familiar, o en su defecto certificado emitido por la Administracin Tributaria de hallarse exentos de la presentacin de la declaracin. En este ltimo caso, deber aportarse adems, la documentacin que acredite los ingresos percibidos por los diferentes miembros de la unidad familiar, tales como nminas, pensiones, prestaciones, subsidios y ayudas.

– Fotocopia del documento que acredite, en su caso, la disminucin psquica o fsica de alguno de los miembros de la unidad familiar en un grado igual o superior al 65%.

– Declaracin jurada de estar destinando la vivienda a domicilio habitual y permanente.

– Certificacin catastral relativa a los bienes de la unidad familiar.

– Certificado de empadronamiento expedido por el correspondiente ayuntamiento en el que se especifique los datos del inmueble en el que reside la unidad familiar as como la fecha de la que data la ocupacin.

– Autorizacin otorgada al rgano competente para tramitar la solicitud, para efectuar cuantas gestiones y actuaciones sean necesarias realizar para la comprobacin o verificacin de los requisitos exigidos.

Treinta y uno. Se crea una nueva disposicin adicional con el siguiente tenor:

Disposicin adicional decimosexta. Acreditacin de ingresos de la unidad familiar.

1. Para la acreditacin de los ingresos de la unidad familiar a los efectos de resultar beneficiarios de cualquier actuacin de proteccin que prevea la ley o el Plan de Vivienda, se debern aportar los documentos que mejor acrediten la realidad econmica de la unidad familiar o personas beneficiarias en el momento de solicitar el tipo de prestacin de que se trate y que podrn ser:

– ltima declaracin del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas de los miembros de la unidad familiar o certificado de estar exento de la obligacin de presentarla.

– Certificado y/o informe de los Servicios Sociales municipales, en el que se refleje la situacin socioeconmica de la unidad familiar.

– Certificado del Servicio Canario de Empleo en el que se har constar la situacin administrativa y laboral actual (ocupado o desempleado) y de ser o no beneficiario de una prestacin o subsidio por desempleo y, en su caso, su cuanta, de los sustentadores principales.

– Certificacin de la empresa de las retribuciones percibidas actualmente, de los sustentadores principales.

– Certificacin del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre situacin administrativa y laboral actual y de ser o no beneficiarios de una prestacin o subsidio con cargo a dicho rgano y, en su caso, su cuanta, de los sustentadores principales.

2. Reglamentariamente, el Gobierno podr determinar otros documentos para acreditar la realidad econmica de los solicitantes en el momento de cursar su solicitud.

Treinta y dos. Se crea una nueva disposicin adicional con el siguiente tenor:

Disposicin adicional decimosptima. Viviendas adjudicadas a la Hacienda Pblica Canaria.

1. Las viviendas adjudicadas a la Hacienda Pblica Canaria en concepto de pago de deudas con terceros que cumplan las condiciones de uso, destino, calidad y, en su caso, superficie y diseo para ser calificadas como viviendas protegidas, pasarn a formar parte del parque pblico de viviendas.

2. La resolucin que determine su adscripcin al parque pblico de viviendas determinar tambin su calificacin como vivienda de promocin pblica.

3. Si las viviendas adjudicadas a la Hacienda Pblica Canaria no cumplen con las condiciones de calidad y diseo para ser calificadas como viviendas protegidas, pero s son susceptibles de cumplirlo, el rgano competente de la Comunidad Autnoma de Canarias valorar su adscripcin al parque pblico de viviendas.

4. De no cumplirse con los requisitos sealados en el apartado primero, las viviendas adjudicadas a la Hacienda Pblica Canaria se enajenarn por los procedimientos previstos en la normativa canaria que resulte de aplicacin o, en su caso, se destinarn al uso pblico que en cada caso se determine por el rgano competente.

En caso de enajenacin, los recursos derivados de la misma se destinarn a la financiacin del Plan Canario de Vivienda.

Treinta y tres. Se modifica la disposicin final primera, que quedar redactada de la siguiente manera:

Disposicin final primera. Autorizacin al Gobierno.

1. El Gobierno, odo el Instituto Canario de la Vivienda, a propuesta del titular de la consejera del ramo, dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y efectivo cumplimiento de lo dispuesto en esta ley.

2. Se faculta al Gobierno para determinar los criterios de ponderacin de los ingresos familiares, as como a modificar las rentas mximas para acceder a cada una de las clases de viviendas protegidas y modalidades de ayuda, en especial cuando ello sea preciso para la ejecucin de los convenios con el Estado en materia de vivienda.

3. Se faculta al Gobierno para ampliar los extremos a los que debe ceirse la fiscalizacin previa limitada prevista en el artculo 19.5 y para modificar el porcentaje mximo de los ingresos de la unidad familiar que pueden fijarse como renta a abonar por los arrendatarios de viviendas de promocin pblica o de rgimen especial en alquiler que se adjudiquen por el mismo procedimiento que las anteriores.

CAPTULO II
Normas reguladoras del depsito de los importes de las fianzas derivados de los contratos de arrendamientos de fincas urbanas y de los suministros complementarios a los mismos
Artculo 2. De la obligacin del depsito del importe de las fianzas.

1. Los arrendadores de fincas urbanas y las empresas que presten servicios y suministros complementarios a las mismas estn obligados a ingresar en la Administracin Pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias, en concepto de depsito, una cantidad de dinero equivalente al importe de las fianzas exigibles derivadas de los respectivos contratos sometidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos.

2. La obligacin a que se refiere el apartado anterior es independiente, en su existencia, exigibilidad y cuanta, de la efectiva constitucin o no, derivada de los respectivos contratos, de la garanta o fianza por parte de los arrendatarios y usuarios de los servicios y suministros, as como de la eventual renuncia a la misma por parte del arrendador o empresa suministradora o de servicios.

3. La obligacin o constitucin del depsito se devenga desde el momento de la perfeccin del contrato del que trae causa, debiendo realizarse el depsito correspondiente en el plazo de un mes contado desde la indicada fecha.

4. En los supuestos de exencin legal del deber de constituir fianza, no existir la obligacin de los arrendadores o de las compaas suministradoras, de realizar el depsito a que se refiere la Ley de Arrendamientos Urbanos y la presente ley.

Artculo 3. Cuanta de los depsitos.

La cuanta de la prestacin vendr determinada:

a) En relacin a los contratos de arrendamiento, por el importe equivalente al de las fianzas, que viene exigido en el artculo 36.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

b) En relacin a los contratos de servicios y suministros complementarios a las fincas urbanas, por un importe equivalente al importe de las fianzas que las empresas suministradoras o prestadoras de servicios pudieran exigir a sus abonados para la formalizacin del respectivo contrato.

Artculo 4. Naturaleza y afectacin de los ingresos constitutivos del depsito.

1. Las cantidades cuyo ingreso constituye el objeto de la obligacin de depsito tienen la consideracin de ingreso extrapresupuestario de Derecho Pblico, ostentando la Hacienda Pblica de la Comunidad Autnoma respecto de las mismas las prerrogativas establecidas legalmente, en su consideracin de prestacin patrimonial obligatoria.

2. Los rendimientos o intereses financieros derivados de los depsitos por las cantidades ingresadas en concepto de fianza, as como los recargos, estarn afectados a sufragar las expropiaciones de uso que se realicen en los procedimientos de desahucio por ejecucin hipotecaria, a las medidas de fomento para propiciar el alquiler de viviendas deshabitadas y a la rehabilitacin o reparacin del parque pblico de viviendas de la Comunidad Autnoma de Canarias.

Artculo 5. Rgimen general de constitucin y gestin de los depsitos.

1. Sin perjuicio de lo establecido para el rgimen concertado, el importe total de las fianzas deber constituirse en metlico, en la Caja de Depsitos a que se refiere la Ley de la Hacienda Pblica Canaria, dentro del plazo establecido en el artculo 2.3 de esta ley, y de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se determine.

2. Para acreditar la constitucin del depsito de las fianzas, por el que no se devengarn intereses, se entregar a los interesados el correspondiente resguardo.

Artculo 6. Rgimen concertado.

1. Las empresas suministradoras de fluido elctrico, agua, gas, telfono u otros anlogos, podrn concertar con la administracin la entrega directa del noventa por ciento del volumen total de las fianzas que tengan en su poder y las que en lo sucesivo se constituyan, reservndose el diez por ciento restante para las devoluciones que aisladamente les sean exigidas y para liquidar las responsabilidades a que aquellas estn afectas.

2. Asimismo, podrn acogerse a este rgimen concertado los arrendadores de fincas urbanas de cuyos arrendamientos se devenguen fianzas que supongan un volumen superior a la cantidad de 15 mil euros. A tales efectos, ingresarn el noventa por ciento del valor global de las fianzas de cada finca, especificando claramente a la que corresponda, y reservndose el diez por ciento restante para atender a las devoluciones o liquidaciones posibles.

Artculo 7. Requisitos del rgimen concertado.

1. Para que la modalidad del rgimen concertado pueda ser utilizada, es preciso autorizacin expresa del departamento competente para la gestin de los depsitos de los importes de las fianzas, previa solicitud acompaada de la documentacin acreditativa de la concurrencia de los extremos mencionados en el artculo anterior. Dicha autorizacin se conceder en atencin a las garantas que los solicitantes ofrezcan y a las condiciones especiales que en ellos concurran, las cuales se determinarn por el Gobierno de Canarias.

2. Las empresas o arrendadores que se acojan al rgimen concertado vendrn obligados a formular, durante el mes de enero de cada ao natural, un estado demostrativo de las fianzas constituidas durante el ao anterior, de las devueltas y del saldo acompaado de relaciones nominales de unas y otras. Asimismo vendrn obligados a soportar cuantas comprobaciones se estime conveniente realizar en sus libros de contabilidad, en relacin con la cuanta de las fianzas constituidas.

3. Las empresas o arrendadores que se hallen concertados por este sistema no podrn pedir la devolucin parcial del depsito hecho hasta realizarse la liquidacin anual.

4. Reglamentariamente se regularn los requisitos y condiciones para acogerse al rgimen concertado de depsito de fianzas.

Artculo 8. Acreditacin del cumplimiento de la obligacin de depsito.

Los arrendadores de fincas urbanas o las empresas que vengan obligadas a la constitucin de depsitos debern unir el resguardo acreditativo de su constitucin al contrato respectivo.

Artculo 9. Devolucin de las cantidades depositadas.

1. El Tesoro de la Comunidad Autnoma de Canarias vendr obligado a devolver, en la forma que reglamentariamente se establezca, la cantidad objeto de depsito, una vez extinguido el contrato y en el plazo de un mes desde la recepcin de la solicitud realizada a tal efecto por el portador del resguardo de depsito. El incumplimiento de dicha obligacin determinar el devengo del inters legal correspondiente y su pago de oficio en los trminos exigidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

2. La obligacin de devolucin se limitar a la cantidad efectivamente depositada, no correspondiendo, en ningn caso, la devolucin del importe de los intereses, recargos, sanciones y multas coercitivas que hubieran sido abonados por el sujeto obligado al depsito, y sin perjuicio de los intereses de demora, que en su caso pudieran corresponder, previstos en la disposicin adicional tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

3. Extinguido el contrato, corresponde al arrendador o compaa suministradora solicitar al Tesoro la devolucin de la fianza, para la cual se habr de presentar el justificante de devolucin de la fianza al arrendatario o usuario del suministro, y en su defecto, una declaracin responsable, firmada en su caso por el arrendador o compaa suministradora, en la que se exprese que el contrato ha dejado de surtir sus efectos, atendindose en caso de falsedad, a las responsabilidades o sanciones consiguientes.

4. La devolucin se har contra la entrega del resguardo de ingreso y las declaraciones responsables, o de cualquier otro medio admitido en Derecho.

Artculo 10. Inspeccin.

La inspeccin del cumplimiento de las disposiciones reguladoras de la obligacin del depsito de fianzas se realizar por personal funcionario que desempee puestos con funciones de inspeccin en el Instituto Canario de la Vivienda y, excepcionalmente, en caso de ser necesario, por personal funcionario expresamente habilitado para el ejercicio de actuaciones inspectoras en materia de vivienda, quienes para el ejercicio de sus funciones, tendrn la condicin de Agentes de la autoridad. Podr prestar colaboracin la Inspeccin tributaria de la Hacienda Pblica Canaria en los casos en que le fuera requerida a solicitud de la consejera competente en materia de vivienda.

Artculo 11. Deber de colaboracin.

Los sujetos obligados a efectuar el depsito prestarn su colaboracin a las labores inspectoras, facilitando la misma con la informacin o documentos que les sean requeridos.

Artculo 12. Registro de Fianzas.

1. Se crea el Registro de Fianzas, adscrito al Instituto Canario de la Vivienda, en el cual se tomar razn de los contratos de arrendamiento o de suministro, cuyas fianzas deban ser objeto de depsito preceptivo.

2. Las inscripciones en el Registro de Fianzas se llevarn a cabo en la forma en que reglamentariamente se determine, debiendo constar, en todo caso, los datos relativos a la fianza constituida; la identificacin de las partes contratantes; el objeto de la contratacin; la titularidad del inmueble arrendado o para el que se contrata el suministro; el uso al que se destina; el plazo inicial de duracin del contrato; la renta pactada para el contrato de arrendamiento y la fecha de formalizacin y depsito de la fianza. Asimismo deber sealarse en cada inscripcin si la fianza depositada est sometida al rgimen concertado.

3. La inscripcin en el Registro de Fianzas se realizar de oficio en el momento de efectuarse el depsito preceptivo en la Caja de Depsitos, y su cancelacin ser asimismo de oficio, en el momento de su devolucin, a partir de los datos que sean suministrados por la Direccin General del Tesoro y Poltica Financiera al Instituto Canario de la Vivienda.

4. Los datos contenidos en el Registro de Fianzas tendrn la consideracin de confidenciales, estando sujetos a lo previsto en la legislacin sobre proteccin de datos de carcter personal.

Artculo 13. Rgimen sancionador.

1. Son infracciones administrativas:

a) La omisin del deber de depsito del importe de las fianzas a las que se refiere la presente ley, as como la materializacin del depsito en cuanta inferior a la debida.

b) La falta de veracidad u ocultacin de datos en la documentacin que ha de tener acceso al Registro de Fianzas, o en la documentacin requerida para proceder a la devolucin de los depsitos constituidos.

c) La falsedad de los datos suministrados para acceder al rgimen concertado, as como la falsedad o presentacin fuera de plazo del estado anual demostrativo de las fianzas, o el incumplimiento de cualquier otro requisito que los sujetos acogidos a dicho rgimen tengan la obligacin de cumplimentar.

d) El incumplimiento del deber de colaboracin, que impida en cada momento el conocimiento de las obligaciones que impone la presente ley, as como las comprobaciones que se efecten al respecto.

e) El incumplimiento del deber de unir el resguardo del depsito al contrato respectivo.

2. Las infracciones previstas en los prrafos a), b) y c), del apartado anterior, tendrn la consideracin de graves, y las descritas en los prrafos d) y e), la de leves.

3. Las infracciones previstas en el apartado anterior sern sancionadas de la siguiente forma:

a) Las infracciones graves, con multa por importe del treinta y cinco por ciento al cien por ciento de las fianzas no depositadas, o de las fianzas a las que se refieran los datos falseados u ocultados, en atencin a la existencia de intencionalidad o reiteracin, a la reincidencia por comisin en el mismo ao de ms de una infraccin de la misma naturaleza, y al tiempo transcurrido desde el nacimiento de la obligacin.

b) Las sanciones a imponer por las infracciones leves en ningn caso podrn superar el treinta y cinco por ciento de las fianzas a las que se refieran la contravencin respectiva.

Para la graduacin de su cuanta se tomarn como referencia los mismos criterios establecidos en el apartado anterior.

4. El procedimiento sancionador se sustanciar de conformidad con lo previsto en la Ley de Rgimen Jurdico de las administraciones pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

5. La sancin de las infracciones corresponder a los rganos del departamento competente en materia de vivienda, de conformidad con lo que se determine reglamentariamente.

Artculo 14. Prescripcin.

El rgimen de prescripcin de las infracciones y sanciones a las que se refiere la presente ley, ser el previsto para las graves y las leves en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las administraciones pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Artculo 15. Multas coercitivas.

Una vez transcurrido el plazo sealado en los requerimientos correspondientes, podr procederse a la imposicin de multas coercitivas, de conformidad con lo previsto en la Ley de Rgimen Jurdico de las administraciones pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. La cuanta de cada una de las multas no podr superar el veinte por ciento de la sancin impuesta.

Artculo 16. Intereses y recargos.

El retraso en el depsito devengar intereses de demora por el tiempo en que se haya dilatado el ingreso.

El cumplimiento sin previo requerimiento, de la obligacin de depsito, efectuado fuera de plazo, llevar aparejado un recargo del cinco por ciento sobre el total del importe no constituido, sin intereses ni sancin.

Disposicin adicional primera. Responsabilidades derivadas de los contratos.

Las cuestiones y controversias jurdicas que pudieran suscitarse entre el arrendador y el arrendatario o entre la empresa suministradora y los usuarios respecto al cumplimiento del contrato que los vincula, as como respecto a la cobertura, por la fianza, de obligaciones y responsabilidades, son ajenas a la Administracin Pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias, as como a la relacin jurdico-pblica que une a esta con el sujeto obligado al depsito regulado en la presente ley.

Disposicin adicional segunda. Tramitacin electrnica del procedimiento de declaracin de vivienda deshabitada.

Para las personas jurdicas, las actuaciones previas y la tramitacin del procedimiento para la declaracin de vivienda deshabitada se realizarn a travs de la sede electrnica del Instituto Canario de la Vivienda. Todas las comunicaciones, notificaciones y requerimientos se harn de manera obligatoria en la sede electrnica en la forma y condiciones que se determine por orden de la consejera competente en materia de vivienda.

Las personas fsicas podrn realizar sus actuaciones electrnicamente ante dicha sede en los trminos regulados en el artculo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrnico de los ciudadanos a los Servicios Pblicos.

Disposicin adicional tercera. Informacin por parte de las entidades financieras.

1. Las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y las entidades de gestin de activos, incluidos los procedentes de la restructuracin bancaria, vendrn obligadas a comunicar a la consejera competente en materia de vivienda, a travs de la sede electrnica del Instituto Canario de la Vivienda, un inventario de las viviendas protegidas, que integren su balance, radicadas en la Comunidad Autnoma de Canarias, con indicacin de su ubicacin, precio y fecha de adquisicin y situacin administrativa.

2. Mediante orden de la consejera competente en materia de vivienda se especificarn la forma y condiciones en que se debe realizar la comunicacin regulada en el apartado anterior. En todo caso, deber respetarse lo dispuesto en la normativa sobre proteccin de datos de carcter personal.

Disposicin adicional cuarta. Declaracin del inters social a efectos de expropiacin forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social.

1. Los deudores hipotecarios de viviendas a quienes no resulten de aplicacin las medidas contenidas en la legislacin estatal de proteccin de deudores hipotecarios, reestructuracin de deuda y alquiler social, podrn acogerse a lo previsto en la presente disposicin adicional.

2. En los supuestos de ejecucin hipotecaria instados por entidades financieras, en los que est autorizado judicialmente el lanzamiento, el Instituto Canario de la Vivienda actuar como mediador entre dichas entidades y quienes hayan sido los moradores de la vivienda. De no alcanzarse acuerdo, se proceder conforme se prev en los apartados siguientes.

3. Se declara de inters social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social afectadas por procedimientos de ejecucin hipotecaria, a efectos de expropiacin forzosa del derecho de uso de la vivienda objeto del mismo por un plazo mximo de tres aos a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el rgano jurisdiccional competente.

En los mismos trminos, se declara de inters social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social que, como consecuencia de la ejecucin de un aval que las mismas hayan prestado en orden a garantizar un crdito hipotecario, hayan de responder con su propia vivienda habitual, por encontrarse incursas en un procedimiento de ejecucin o apremio instado por una entidad financiera, sus filiales inmobiliarias o entidad de gestin de activos.

Igualmente, se declara de inters social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas dadas de alta en la Seguridad Social como autnomas o trabajadoras por cuenta propia que se encuentren en especiales circunstancias de emergencia social y cuya vivienda habitual constituya garanta de un prstamo bancario concedido para hacer frente al desempeo de su actividad profesional y se encuentren incursas en un procedimiento de ejecucin o apremio instado por la entidad financiera concedente del crdito.

4. Esta ley ser de aplicacin a las viviendas sobre las que recaigan procedimientos de ejecucin hipotecaria instados por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestin de activos, en los cuales resulte adjudicataria del remate una entidad financiera, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestin de activos, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa bsica estatal.

5. Podrn ser beneficiarias de esta expropiacin del derecho de uso las personas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener su residencia habitual y permanente en la vivienda objeto de ejecucin hipotecaria, siendo su nica vivienda en propiedad y no poseer ningn miembro de la unidad familiar que conviva en la vivienda objeto de ejecucin hipotecaria la titularidad de ninguna vivienda.

b) Tener la condicin inicial de propietarios y deudores hipotecarios o avalistas o personas dadas de alta en la Seguridad Social como trabajadoras por cuenta propia o autnomas.

c) Que el lanzamiento pueda generar una situacin de emergencia o exclusin social.

d) Cumplir los siguientes requisitos de carcter econmico:

1. Que el procedimiento de ejecucin hipotecaria sea consecuencia del impago de un prstamo concedido para poder hacer efectivo el derecho a la vivienda.

2. Que las condiciones econmicas de la persona hayan sufrido un importante menoscabo, provocando una situacin de endeudamiento sobrevenido respecto a las condiciones y circunstancias existentes cuando se concedi el prstamo hipotecario. Se entender que las circunstancias econmicas han sufrido un importante menoscabo cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por, al menos, 1.5 y ello suponga ms de un tercio de los ingresos familiares.

3. Que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere en 3 veces el Indicador Pblico de Renta de Efectos Mltiples, pudiendo el Gobierno elevar este lmite reglamentariamente.

6. El procedimiento de expropiacin temporal del uso de la vivienda deber ajustarse a la legislacin de expropiacin forzosa y, en su caso, a lo establecido por la legislacin sectorial aplicable. La resolucin que d inicio al mismo se comunicar al rgano judicial que est conociendo del procedimiento de ejecucin hipotecaria de que se trate.

7. Mediante decreto del Consejo de Gobierno se declarar, previa informacin pblica y motivadamente, el inters social y la necesidad de ocupacin a efectos de expropiacin forzosa temporal del uso de viviendas. Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno podr delegarse dicha competencia en la consejera competente en materia de vivienda.

8. El anuncio de publicacin podr incluir la citacin para el levantamiento del acta previa.

9. Se declara de urgente ocupacin a los efectos previstos en el artculo 52 de la Ley de Expropiacin Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, la expropiacin prevista en esta ley.

10. En el acta de ocupacin se establecer la forma en que la propiedad recuperar el uso de la vivienda, una vez transcurrido el plazo de expropiacin temporal del uso. En particular, se reconoce el derecho de reversin en caso de que las circunstancias de la persona beneficiaria se modificaran antes de transcurrir los tres aos establecidos en el apartado 3, de manera que pueda ejercer el derecho a una vivienda digna y adecuada en trminos anlogos a los que posibilita la vivienda que fue objeto del procedimiento de ejecucin hipotecaria. Asimismo se incurrir en causa de reversin cuando se pierda la condicin de beneficiario.

11. La persona beneficiaria quedar obligada al pago a la administracin expropiante de una cantidad en concepto de contribucin al pago de justiprecio, en cuanta no superior al 25% de los ingresos de la unidad familiar que conviva en la vivienda objeto de ejecucin hipotecaria, ni superior a la cuanta del justiprecio.

12. Cuando la persona beneficiaria haya incurrido en falsedad u ocultacin de informacin en el cumplimiento de los requisitos contemplados en el apartado 5 o en la presentacin de la documentacin a que se refiere el apartado 13, perder la condicin de beneficiaria. El organismo competente en materia de vivienda vigilar el cumplimiento de los requisitos referidos y el pago de las cantidades a las que, como beneficiario, est obligado en los trminos del apartado anterior.

13. Para el inicio del procedimiento de expropiacin forzosa, la persona interesada deber aportar, adems de la solicitud dirigida al efecto y de la documentacin acreditativa del proceso de ejecucin hipotecaria que afecte a su vivienda, la siguiente documentacin:

a) Acreditativa de la situacin econmica de la persona interesada:

1. Certificado de rentas, y en su caso, certificado relativo a la presentacin del Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administracin Tributaria con relacin a los ltimos cuatro ejercicios tributarios.

2. ltimas tres nminas percibidas.

3. Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuanta mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

4. Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mnimas de insercin o ayudas anlogas de asistencia social concedidas por las comunidades autnomas y las entidades locales.

5. En caso de trabajador por cuenta propia, se aportar el certificado expedido por la Agencia Estatal de Administracin Tributaria o si estuviera percibiendo la prestacin por cese de actividad, el certificado expedido por el rgano gestor en el que figure la cuanta mensual percibida.

6. Autorizacin a la administracin actuante para la consulta de los datos fiscales y de seguridad social ante los registros y administraciones competentes.

7. Alternativamente a la presentacin del conjunto de documentacin citada en los nmeros anteriores, la persona interesada podr limitarse a presentar autorizacin a la administracin actuante para la consulta de los datos fiscales y de seguridad social ante los registros y administraciones competentes.

b) Acreditativa de los ingresos por los miembros de la unidad familiar, en los trminos establecidos para la persona beneficiaria.

c) Acreditativa del nmero de personas que habitan la vivienda: 1. Libro de familia o documento acreditativo de la inscripcin como pareja de hecho. 2. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentacin de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

d) Titularidad de los bienes:

1. Certificados de titularidades expedidos por el registro de la propiedad en relacin con cada uno de los miembros de la unidad familiar o, alternativamente, declaracin responsable y autorizacin de consulta a la administracin actuante para solicitar los datos catastrales y del registro de la propiedad.

2. Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitucin de la garanta hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantas reales o personales constituidas, si las hubiere.

e) Declaracin responsable de la persona deudora o deudoras relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse situado en el mbito de aplicacin de esta ley.

f) Informe de los servicios sociales del municipio sobre la situacin de emergencia o de exclusin social en que puede quedar el beneficiario en caso de lanzamiento.

14. Las solicitudes se tramitarn segn el orden riguroso de incoacin, salvo que, en supuestos de especial vulnerabilidad o en el caso de que el lanzamiento sea inminente, se dicte resolucin motivada, de la que quedar constancia, estableciendo una preferencia distinta. En los supuestos en que afecte a una vivienda singular, ser competente para su resolucin el titular del Instituto Canario de la Vivienda. Si la afectacin alcanza a una generalidad de situaciones o conjunto de casos, corresponder a la persona titular de la consejera competente en materia de vivienda.

A efectos de lo establecido en los prrafos anteriores, se entender que existe un supuesto de especial vulnerabilidad cuando el lanzamiento afecte a familias con menores de edad, mayores dependientes, personas con discapacidad, vctimas de violencia de gnero o personas desempleadas sin derecho a prestacin.

En estos casos, y ante situaciones similares, tendrn un orden preferente en la tramitacin aquellas personas cuya vivienda est sometida a algn rgimen de proteccin pblica.

15. La imposibilidad de llevar a cabo la ejecucin de la ocupacin de la vivienda por causas relacionadas con el procedimiento de desahucio, as como por otras causas no imputables a la administracin no implica el reconocimiento de derecho alguno a la persona beneficiaria de la expropiacin.

16. En todo caso, lo establecido en esta disposicin estar en funcin de las disponibilidades presupuestarias. A estos efectos, anualmente en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autnoma de Canarias se consignarn los crditos necesarios para atender esta finalidad.

17. Lo establecido en esta disposicin tambin ser de aplicacin a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecucin hipotecaria que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de esta ley, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento o se hubiese producido el lanzamiento despus de la entrada en vigor del mismo, pero la vivienda est desocupada.

18. Por decreto del Gobierno podrn establecerse otros documentos justificativos de los requisitos exigidos o sustituirse para ese fin los establecidos en la presente disposicin adicional.

Disposicin adicional quinta. Ayudas pblicas y otras medidas de fomento.

1. Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada, los planes de vivienda y suelo recogern las modalidades de ayudas para la vivienda protegida que se consideren necesarias, como pueden ser:

a) Prstamos cualificados.

b) Subsidiaciones de los prstamos.

c) Ayudas para facilitar el pago de las cantidades entregadas anticipadamente a la adquisicin de la vivienda.

d) Ayudas para facilitar el pago del precio de la vivienda o de la renta del arrendamiento.

e) Ayudas especficas a los jvenes u otros colectivos con especial dificultad para el acceso a la vivienda.

f) Ayudas a las personas promotoras.

g) Ayudas para fomentar la oferta de viviendas en rgimen de arrendamiento y el arrendamiento con opcin de compra, dando prioridad para el acceso a estas modalidades a las unidades familiares con rentas ms bajas.

h) Medidas para el desarrollo del suelo residencial con destino a viviendas protegidas. Se fomentarn especialmente las actuaciones de los promotores pblicos.

i) Cualesquiera otras que se estimen convenientes.

2. Asimismo, los planes de vivienda y suelo o los programas a los que se refiere el ttulo VI de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, podrn promover otras medidas orientadas a favorecer el acceso a la vivienda libre y la mejora del parque residencial, como:

a) Incentivos para la salida al mercado de viviendas deshabitadas que fomenten la efectiva ocupacin de las mismas.

b) Oferta de viviendas en rgimen de arrendamiento.

c) Ayudas a la rehabilitacin de viviendas y edificios.

d) Medidas para el desarrollo del suelo residencial.

e) Medidas de intermediacin en el mercado del arrendamiento de viviendas que garanticen su efectiva ocupacin.

f) Aseguramiento de riesgos que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados y la defensa jurdica de las viviendas alquiladas.

g) Las medidas fiscales aprobadas por la Comunidad Autnoma de Canarias.

h) Subvenciones para propietarios, arrendatarios y entidades intermediarias.

i) Cualesquiera otras que se estimen convenientes.

Disposicin transitoria primera. Calificacin en rgimen de venta de viviendas de promocin pblica.

1. A los efectos de lo establecido en el punto 6, del artculo 48 de la Ley 2/2003, de30 de enero, de Vivienda de Canarias, y hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente el mismo, se entender que han accedido al rgimen de venta las promociones transferidas a la Comunidad Autnoma de Canarias por la Administracin del Estado, mediante los Reales Decretos, 1626/1984, de 1 de agosto; 436/1988, de 6 de mayo; 1298/1990, de 26 de octubre y 290/1995, de 24 de febrero, as como las promovidas por la Administracin de la Comunidad Autnoma canaria que se han visto afectadas por la aplicacin de los Decretos 34/1995, de 24 de febrero y 12/1996, de 26 de enero, por los que se subvenciona la adquisicin de determinadas viviendas de proteccin oficial de titularidad de la Comunidad Autnoma de Canarias, siempre que el porcentaje de viviendas transmitidas en cada una de ellas mediante documento pblico sea igual o superior al 80% de las viviendas de la promocin.

2. La calificacin en rgimen de venta de cada promocin se resolver mediante resolucin del titular de la Direccin del Instituto Canario de la Vivienda, de acuerdo con los criterios establecidos en el prrafo anterior.

3. Las personas adjudicatarias en rgimen de arrendamiento de viviendas ubicadas en las promociones enumeradas en el prrafo primero, debern comunicar de forma fehaciente al Instituto Canario de la Vivienda, tras la entrada en vigor de la presente ley y en el plazo de un ao desde la terminacin de la vigencia del contrato de arrendamiento, su peticin de acceder a la propiedad de la vivienda adjudicada, siempre que con anterioridad no hubieran ejercido este derecho.

4. Conjuntamente con la peticin de acceso a la propiedad, se podr solicitar los beneficios que en materia de subvencin al precio de la vivienda, se establezcan en el decreto, de los mencionados en el prrafo primero, aplicables a la promocin de qu se trate, de acuerdo con los requisitos establecidos en el mismo.

Disposicin transitoria segunda. Notificacin al Registro de Viviendas Protegidas.

1. Las administraciones pblicas canarias y las entidades pblicas empresariales canarias titulares de viviendas de promocin pblica o de promocin privada ya calificadas, debern notificar, en el plazo de ocho meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, la existencia de las mismas as como su ocupacin al Registro de Viviendas Protegidas.

2. La notificacin al Registro de Viviendas Protegidas, en cumplimiento de la obligacin que dispone el artculo 129 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, de las resoluciones que vengan referidas a las viviendas descritas en el apartado anterior, entender cumplimentada la obligacin de notificacin prevista en el mismo, siempre y cuando queden plenamente identificadas las viviendas y los elementos que regula el citado artculo.

Disposicin transitoria tercera. Primera reunin de la Comisin de Vivienda.

Para la primera reunin de la Comisin de Vivienda que se celebre a partir de la entrada en vigor de esta ley, el titular del departamento de vivienda del Gobierno de Canarias designar como uno de los representantes de los agentes sociales que desarrollen actividades vinculadas con la vivienda o con la proteccin de los derechos de las personas afectadas por una ejecucin hipotecaria en la citada comisin, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Disposicin derogatoria primera. Derogacin normativa especfica.

Queda derogada la disposicin adicional sptima de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de Canarias para 1997.

Disposicin derogatoria segunda. Derogacin normativa general.

Quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

Disposicin final primera. Desarrollo reglamentario y atribucin de facultades.

1. El Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejera competente por razn de la materia, dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y efectivo cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, salvo en los supuestos previstos en que la habilitacin se confiera al titular del departamento competente en materia de vivienda.

2. Se faculta al Gobierno para modificar las cuantas de las sanciones y multas coercitivas previstas en esta ley, en atencin a la evolucin del ndice de precios al consumo de Canarias.

3. La atribucin de competencias a distintos rganos de la Administracin Pblica de la Comunidad Autnoma de Canarias para imponer sanciones prevista en esta ley podr ser modificada mediante decreto del Consejo de Gobierno con la exclusiva finalidad de adaptarla a los cambios que se produzcan en la estructura de la consejera competente en materia de vivienda.

Disposicin final segunda. Texto refundido de la Ley de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda.

Se faculta al Gobierno para aprobar en el plazo de un ao un texto refundido de la Ley2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en la presente ley y las disposiciones legales vigentes en materia de vivienda introducidas en anteriores leyes, pudiendo regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

Disposicin final tercera. Aprobacin de modelos normalizados.

La persona titular de la consejera competente en materia de vivienda, mediante orden departamental, aprobar las plantillas o modelos normalizados de las solicitudes y declaraciones responsables susceptibles de presentacin telemtica por los interesados ante la sede electrnica del Instituto Canario de la Vivienda, as como el modelo oficial de resguardo de los depsitos de las fianzas.

Disposicin final cuarta. Entrada en vigor.

La presente ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial de Canarias.

Por tanto, mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de junio de 2014.–El Presidente, Paulino Rivero Baute.

(Publicada en el Boletn Oficial de Canarias nmero 123, de 27 de junio de 2014)

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 20/06/2014
  • Fecha de publicación: 11/07/2014
  • Entrada en vigor: 28 de junio de 2014.
  • Publicada en el BOC nm. 123, de 27 de junio de 2014.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DECLARA:
    • en el Recurso 1824/2015, la constitucionalidad, interpretado conforme al fj5.a) del art. 1.1; la inconstitucionalidad y nulidad de lo indicado del 1.6 y 7 y la disposicin adicional 4; y la desestimacin de todo lo dems, por Sentencia 43/2018, de 26 de abril (Ref. BOE-A-2018-7139).
    • en el recurso 1824/2015, el mantenimiento de la suspensin de vigencia del art. 1 y las disposiciones adicionales 2 y 4, por Auto de 21 de julio de 2015 (Ref. BOE-A-2015-8431).
  • Recurso 1824/2015, planteado en relacin con los apartados 1, 4, 6, 7, 23, 24, 26 y 27 del art.1 y disposiciones adicionales 2 y 4, con suspensin, desde 17 de abril de 2015, de vigencia y aplicacin de los preceptos impugnados y, desde el 27 de marzo de 2015, para las partes legitimadas (Ref. BOE-A-2015-4157).
Referencias anteriores
  • DEROGA la disposicin adicional 7 de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-1997-3810).
  • MODIFICA determinados preceptos y AADE los ttulos IX y X, los arts. 2 bis, 32 bis, 77 bis y las disposiciones adicionales 16 y 17 a la Ley 2/2003, de 30 de enero (Ref. BOE-A-2003-4607).
  • DE CONFORMIDAD con los art. 12.8 y 30.15 del Estatuto aprobado por Ley Orgnica 10/1982, de 10 de agosto (Ref. BOE-A-1982-20821).
Materias
  • Ayudas
  • Canarias
  • Procedimiento administrativo
  • Procedimiento sancionador
  • Registros administrativos
  • Urbanismo
  • Viviendas

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