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Documento BOE-A-2014-2709

Ley Orgnica 1/2014, de 13 de marzo, de modificacin de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgnica.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

Con la modificacin del artculo 23 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial operada por la Ley Orgnica 1/2009, de 3 de noviembre, se produjo un cambio en la regulacin y planteamiento de la llamada justicia universal. En el planteamiento de dicha reforma lata la idea de perfilar la competencia de la jurisdiccin espaola, ampliando por un lado los delitos que, habindose cometido fuera del territorio nacional, e independientemente de la nacionalidad de su autor son susceptibles de ser investigados por la jurisdiccin espaola y por otro lado, definiendo las condiciones que deban darse para que la justicia espaola fuera competente, adaptando la justicia universal al principio de subsidiariedad y a la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo.

Han pasado cuatro aos desde que la mencionada reforma entrara en vigor y la realidad ha demostrado que hoy en da la jurisdiccin universal no puede concebirse sino desde los lmites y exigencias propias del Derecho Internacional. La extensin de la jurisdiccin nacional fuera de las propias fronteras, adentrndose en el mbito de la soberana de otro Estado, debe quedar circunscrita a los mbitos que, previstos por el Derecho Internacional, deban ser asumidos por Espaa en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos: la extensin de la jurisdiccin espaola ms all de los lmites territoriales espaoles debe venir legitimada y justificada por la existencia de un tratado internacional que lo prevea o autorice, el consenso de la comunidad internacional. Al tiempo, la regulacin de la materia debe ajustarse a los compromisos derivados de la ratificacin por Espaa el 19 de octubre de 2000 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, como instrumento esencial en la lucha por un orden internacional ms justo basado en la proteccin de los derechos humanos.

En esa misma lnea de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por los Tratados internacionales que Espaa ha ratificado, se hace necesario ampliar la lista de delitos que, cometidos fuera del territorio nacional, son susceptibles de ser perseguidos por la jurisdiccin espaola. Tal es el caso, por ejemplo, de los delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevencin y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia domstica, en la Convencin contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los delitos de corrupcin de agente pblico extranjero previstos en el Convenio de la OCDE, delitos cuyas previsiones se incorporaron al Cdigo Penal, si bien quedaba pendiente la definicin de los aspectos de jurisdiccin que ahora se incorporan en la presente Ley.

Ese es el sentido que inspira la reforma que ahora se lleva a cabo, delimitar con claridad, con plena aplicacin del principio de legalidad y reforzando la seguridad jurdica, los supuestos en que la jurisdiccin espaola puede investigar y conocer de delitos cometidos fuera del territorio en que Espaa ejerce su soberana.

Con esta finalidad, se precisan los lmites positivos y negativos de la posible extensin de la jurisdiccin espaola: es necesario que el legislador determine, de un modo ajustado al tenor de los tratados internacionales, qu delitos cometidos en el extranjero pueden ser perseguidos por la justicia espaola y en qu casos y condiciones. La persecucin de delitos cometidos fuera de Espaa tiene adems un carcter excepcional que justifica que la apertura de los procedimientos deba condicionarse a la presentacin de querella por el Ministerio Fiscal o la persona agraviada por el delito.

Tambin se delimita con carcter negativo la competencia de los tribunales espaoles, definiendo con claridad el principio de subsidiariedad. En ese sentido, se excluye la competencia de los tribunales espaoles cuando ya se hubiese iniciado un procedimiento en un Tribunal Internacional o por la jurisdiccin del pas en que hubieran sido cometidos o de nacionalidad de la persona a la que se impute su comisin, en estos dos ltimos casos siempre que la persona a que se imputen los hechos no se encuentre en Espaa o, estando en Espaa vaya a ser extraditado a otro pas o transferido a un Tribunal Internacional, en los trminos y condiciones que se establecen.

En todo caso, los jueces y tribunales espaoles se reservan la posibilidad de continuar ejerciendo su jurisdiccin si el Estado que la ejerce no est dispuesto a llevar a cabo la investigacin o no puede realmente hacerlo. La valoracin de estas circunstancias, que por su relevancia corresponder a la Sala 2. del Tribunal Supremo, se llevar a cabo conforme a los criterios recogidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

La regulacin introduce lmites a la jurisdiccin espaola que deben ser aplicados a las causas actualmente en trmite, pues los Tribunales espaoles no pueden continuar procedimientos sobre los que ya carezcan de jurisdiccin.

Artculo nico. Modificacin de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

La Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se modifica en los siguientes trminos:

Uno. Se modifican los apartados 2, 4 y 5 del artculo 23 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y se introduce un nuevo apartado 6 en dicho artculo 23 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, quedando todos ellos redactados de la siguiente manera:

2. Tambin conocer la jurisdiccin espaola de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren espaoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad espaola con posterioridad a la comisin del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:

a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecucin, salvo que, en virtud de un Tratado internacional o de un acto normativo de una Organizacin internacional de la que Espaa sea parte, no resulte necesario dicho requisito, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes.

b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales espaoles.

c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este ltimo caso, no haya cumplido la condena. Si slo la hubiere cumplido en parte, se le tendr en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.

4. Igualmente, ser competente la jurisdiccin espaola para conocer de los hechos cometidos por espaoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, segn la ley espaola, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas:

a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un espaol o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espaa, o contra un extranjero que se encontrara en Espaa y cuya extradicin hubiera sido denegada por las autoridades espaolas.

b) Delitos de tortura y contra la integridad moral de los artculos 174 a 177 del Cdigo Penal, cuando:

1. el procedimiento se dirija contra un espaol; o,

2. la vctima tuviera nacionalidad espaola en el momento de comisin de los hechos y la persona a la que se impute la comisin del delito se encuentre en territorio espaol.

c) Delitos de desaparicin forzada incluidos en la Convencin internacional para la proteccin de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006, cuando:

1. el procedimiento se dirija contra un espaol; o,

2. la vctima tuviera nacionalidad espaola en el momento de comisin de los hechos y la persona a la que se impute la comisin del delito se encuentre en territorio espaol.

d) Delitos de piratera, terrorismo, trfico ilegal de drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegacin martima que se cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por Espaa o en actos normativos de una Organizacin Internacional de la que Espaa sea parte.

e) Terrorismo, siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:

1. el procedimiento se dirija contra un espaol;

2. el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en Espaa;

3. el delito se haya cometido por cuenta de una persona jurdica con domicilio en Espaa;

4. la vctima tuviera nacionalidad espaola en el momento de comisin de los hechos;

5. el delito haya sido cometido para influir o condicionar de un modo ilcito la actuacin de cualquier Autoridad espaola;

6. el delito haya sido cometido contra una institucin u organismo de la Unin Europea que tenga su sede en Espaa;

7. el delito haya sido cometido contra un buque o aeronave con pabelln espaol; o,

8. el delito se haya cometido contra instalaciones oficiales espaolas, incluyendo sus embajadas y consulados.

A estos efectos, se entiende por instalacin oficial espaola cualquier instalacin permanente o temporal en la que desarrollen sus funciones pblicas autoridades o funcionarios pblicos espaoles.

f) Los delitos contenidos en el Convenio para la represin del apoderamiento ilcito de aeronaves, hecho en La Haya el 16 de diciembre de 1970, siempre que:

1. el delito haya sido cometido por un ciudadano espaol; o,

2. el delito se haya cometido contra una aeronave que navegue bajo pabelln espaol.

g) Los delitos contenidos en el Convenio para la represin de actos ilcitos contra la seguridad de la aviacin civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971, y en su Protocolo complementario hecho en Montreal el 24 de febrero de 1988, en los supuestos autorizados por el mismo.

h) Los delitos contenidos en el Convenio sobre la proteccin fsica de materiales nucleares hecho en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980, siempre que el delito se haya cometido por un ciudadano espaol.

i) Trfico ilegal de drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas, siempre que:

1. el procedimiento se dirija contra un espaol; o,

2. cuando se trate de la realizacin de actos de ejecucin de uno de estos delitos o de constitucin de un grupo u organizacin criminal con miras a su comisin en territorio espaol.

j) Delitos de constitucin, financiacin o integracin en grupo u organizacin criminal o delitos cometidos en el seno de los mismos, siempre que se trate de grupos u organizaciones que acten con miras a la comisin en Espaa de un delito que est castigado con una pena mxima igual o superior a tres aos de prisin.

k) Delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre vctimas menores de edad, siempre que:

1. el procedimiento se dirija contra un espaol;

2. el procedimiento se dirija contra ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espaa;

3. el procedimiento se dirija contra una persona jurdica, empresa, organizacin, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en Espaa; o,

4. el delito se hubiera cometido contra una vctima que, en el momento de comisin de los hechos, tuviera nacionalidad espaola o residencia habitual en Espaa.

l) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevencin y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia domstica, siempre que:

1. el procedimiento se dirija contra un espaol;

2. el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en Espaa; o,

3. el delito se hubiera cometido contra una vctima que, en el momento de comisin de los hechos, tuviera nacionalidad espaola o residencia habitual en Espaa, siempre que la persona a la que se impute la comisin del hecho delictivo se encuentre en Espaa.

m) Trata de seres humanos, siempre que:

1. el procedimiento se dirija contra un espaol;

2. el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espaa;

3. el procedimiento se dirija contra una persona jurdica, empresa, organizacin, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en Espaa; o,

4. el delito se hubiera cometido contra una vctima que, en el momento de comisin de los hechos, tuviera nacionalidad espaola o residencia habitual en Espaa, siempre que la persona a la que se impute la comisin del hecho delictivo se encuentre en Espaa.

n) Delitos de corrupcin entre particulares o en las transacciones econmicas internacionales, siempre que:

1. el procedimiento se dirija contra un espaol;

2. el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espaa;

3. el delito hubiera sido cometido por el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociacin, fundacin u organizacin que tenga su sede o domicilio social en Espaa; o,

4. el delito hubiera sido cometido por una persona jurdica, empresa, organizacin, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en Espaa.

o) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de octubre de 2011, sobre falsificacin de productos mdicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pblica, cuando:

1. el procedimiento se dirija contra un espaol;

2. el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en Espaa;

3. el procedimiento se dirija contra una persona jurdica, empresa, organizacin, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en Espaa;

4. la vctima tuviera nacionalidad espaola en el momento de comisin de los hechos; o,

5. el delito se haya cometido contra una persona que tuviera residencia habitual en Espaa en el momento de comisin de los hechos.

p) Cualquier otro delito cuya persecucin se imponga con carcter obligatorio por un Tratado vigente para Espaa o por otros actos normativos de una Organizacin Internacional de la que Espaa sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos.

Asimismo, la jurisdiccin espaola ser tambin competente para conocer de los delitos anteriores cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos extranjeros que se encontraran en Espaa y cuya extradicin hubiera sido denegada por las autoridades espaolas, siempre que as lo imponga un Tratado vigente para Espaa.

5. Los delitos a los que se refiere el apartado anterior no sern perseguibles en Espaa en los siguientes supuestos:

a) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigacin y enjuiciamiento en un Tribunal Internacional constituido conforme a los Tratados y Convenios en que Espaa fuera parte.

b) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigacin y enjuiciamiento en el Estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos o en el Estado de nacionalidad de la persona a que se impute su comisin, siempre que:

1. la persona a la que se impute la comisin del hecho no se encontrara en territorio espaol; o,

2. se hubiera iniciado un procedimiento para su extradicin al pas del lugar en que se hubieran cometido los hechos o de cuya nacionalidad fueran las vctimas, o para ponerlo a disposicin de un Tribunal Internacional para que fuera juzgado por los mismos, salvo que la extradicin no fuera autorizada.

Lo dispuesto en este apartado b) no ser de aplicacin cuando el Estado que ejerza su jurisdiccin no est dispuesto a llevar a cabo la investigacin o no pueda realmente hacerlo, y as se valore por la Sala 2. del Tribunal Supremo, a la que elevar exposicin razonada el Juez o Tribunal.

A fin de determinar si hay o no disposicin a actuar en un asunto determinado, se examinar, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantas reconocidos por el Derecho Internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, segn el caso:

a) Que el juicio ya haya estado o est en marcha o que la decisin nacional haya sido adoptada con el propsito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal.

b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intencin de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.

c) Que el proceso no haya sido o no est siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o est siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intencin de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.

A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, se examinar si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administracin nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no est por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.

6. Los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente sern perseguibles en Espaa previa interposicin de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal.

Dos. Se introduce un nmero 4. en el apartado 1 del artculo 57 de la Ley Orgnica6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redaccin:

4. De los dems asuntos que le atribuya esta Ley.

Disposicin transitoria nica.

Las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitacin por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarn sobresedas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella.

Disposicin final nica. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgnica entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgnica.

Madrid, 13 de marzo de 2014.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

Análisis

  • Rango: Ley Orgnica
  • Fecha de disposición: 13/03/2014
  • Fecha de publicación: 14/03/2014
  • Entrada en vigor: 15 de marzo de 2014.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DECLARA, en el Recurso 3754/2014, la desestimacin, por Sentencia 140/2018, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-2019-957).
Referencias anteriores
  • MODIFICA los arts. 23.2, 4 y 5 y 57.1 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio (Ref. BOE-A-1985-12666).
Materias
  • Administracin de Justicia
  • Consejo General del Poder Judicial
  • Delitos
  • Derecho Internacional
  • Enjuiciamiento Criminal
  • Jurisdiccin Criminal

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