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Documento BOE-A-2007-16535

Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifican determinados artculos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.

TEXTO

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, regula la prestacin por personas privadas, fsicas o jurdicas, de servicios de vigilancia y seguridad de personas o de bienes, que tendrn la consideracin de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pblica. Para la prestacin de estos servicios, tanto las empresas como el personal de seguridad deben cumplir una serie de requisitos, entre los cuales destacan la exigencia de que las empresas de seguridad adopten la forma societaria, que posean un capital social en la cuanta mnima que se determine, que cuenten con determinados medios materiales y humanos y que presten ciertas garantas para atender al cumplimiento de las obligaciones derivadas de su funcionamiento. Asimismo, por lo que se refiere al personal de seguridad, la vigente normativa exige la obtencin de una habilitacin con el carcter de autorizacin administrativa, a cuyo efecto deber acreditarse el cumplimiento de determinados requisitos tanto personales como acadmicos. La exigencia de tales requisitos se basa en que la naturaleza de las funciones a desarrollar, en tanto complementarias y subordinadas de las de seguridad pblica, requiere del establecimiento de una serie de controles rigurosos que garanticen la prestacin de los correspondientes servicios por empresas solventes, cualificadas, y dotadas de los medios necesarios y adecuados, y as lo ha puesto de manifiesto el Gobierno espaol a la Comisin Europea en reiteradas ocasiones. Ello no obstante, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en Sentencia de 26 de enero de 2006, ha analizado la compatibilidad de la regulacin establecida en la Ley 23/1992, de 30 de julio, con el Derecho Comunitario y ha considerado que la excepcin de orden pblico no ampara en este supuesto la exclusin de las libertades de establecimiento y de prestacin de servicios dentro de la Comunidad, previstas en los artculos 43 y 49 de su Tratado Constitutivo. En sntesis, los requisitos que, en virtud de la citada Sentencia, suponen restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestacin de servicios en el marco de la Unin Europea, son los siguientes:

En primer lugar, entiende el Tribunal que el hecho de que, prcticamente en todos los casos, las empresas de seguridad privada deban ser personas jurdicas supone una restriccin al derecho de establecimiento que no est justificado por razones de seguridad pblica, existiendo otros medios menos restrictivos para alcanzar el objetivo de la proteccin de los destinatarios de las prestaciones de seguridad privada, tales como el depsito de una fianza o la suscripcin de un contrato de seguro.

Respecto a la constitucin de garantas, seala el Tribunal que la normativa espaola enjuiciada exige el depsito de una fianza en un organismo espaol, la Caja General de Depsitos, para responder a las eventuales responsabilidades o al pago de multas, sin tener en cuenta las garantas constituidas, en su caso, en el Estado miembro de origen. En cuanto a las disposiciones que fijan una plantilla mnima para las empresas de seguridad, el Tribunal de Justicia entiende que han de analizarse como un obstculo a la libertad de establecimiento y a la libre prestacin de servicios, en la medida en que hacen ms onerosa la constitucin de sucursales o filiales en Espaa y disuaden a las empresas de seguridad privada extranjera de ofrecer sus servicios en el mercado espaol. Como excepcin, considera el Tribunal que la exigencia de una plantilla mnima en las empresas dedicadas al transporte y distribucin de explosivos, resulta justificada. Por lo que se refiere a la exigencia de que el personal de seguridad privada est en posesin de una autorizacin administrativa especfica o habilitacin, expedida por las autoridades espaolas, seala la Sentencia que la normativa espaola no prev la posibilidad de tomar en consideracin los requisitos que ya hayan sido acreditados por cada uno de los integrantes del personal de estas empresas en su Estado miembro de origen. Finalmente, indica la Sentencia que, en relacin con la profesin de detective privado, debern efectuarse las modificaciones normativas necesarias para garantizar el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales para el ejercicio de dicha actividad. Como resultado del pronunciamiento, dado que la ejecucin de este tipo de sentencias no se lleva a cabo por el propio Tribunal, sino que implica una actuacin positiva por parte del Estado miembro en cuestin, es ste quien, en virtud del artculo 228 del Tratado de la Comunidad Europea, est obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecucin de la Sentencia aludida en sus propios trminos. En seguimiento, pues, de la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas acerca del modo en que debe darse correcto cumplimiento a sus sentencias, la posible compatibilidad entre una norma nacional y una norma comunitaria, incluso de efecto directo, debe ser eliminada definitivamente mediante disposiciones internas de carcter obligatorio que tengan el mismo valor jurdico que las que deban ser modificadas. Por todo ello, los artculos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, afectados por la Sentencia en cuestin, han de ser reformados por una norma con fuerza de Ley, cumplindose en este caso la condicin establecida en el artculo86 de la Constitucin, referente a la existencia de una situacin de extraordinaria y urgente necesidad, para que pueda utilizarse a tal fin el instrumento del Real Decreto-ley. En efecto, concurre la existencia de un presupuesto habilitante, al que se refiere la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el que la necesidad de origen de la norma haya de ser de tal naturaleza que no pueda ser atendida por la va del procedimiento legislativo de urgencia, debido a la exigencia de su inmediatez. En este caso, nos encontramos ante una necesidad imprevista, provocada por el fallo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Esta Sentencia supone en s misma el nacimiento de una obligacin de cumplimiento que no puede dilatarse en el tiempo y que debe concluirse en el plazo ms breve posible. Por ello, es necesaria una ejecucin inmediata; por un lado, por la obligacin antes aludida, y, por otro, para impedir el surgimiento de situaciones de hecho ambiguas, que lesionen la libre concurrencia en el sector. De manera complementaria, en el presente Real Decreto-ley queda igualmente prevista la obligacin de proceder a realizar aquellos adaptaciones de naturaleza reglamentaria imprescindibles para la completa ejecucin del contenido de la Sentencia. Dichas modificaciones, que exigen la previa habilitacin legal que proporcionan, precisamente, los cambios que con este Real Decreto-ley se incorporan en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, se concretarn en una inmediata modificacin del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre. En su virtud, en uso de la autorizacin concedida por el artculo 86 de la Constitucin, a propuesta del Ministro del Interior y previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da 14 de septiembre de 2007,

D I S P O N G O :
Artculo nico. Modificacin de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, queda modificada como sigue: Uno. El artculo 1 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 1.

1. Esta ley tiene por objeto regular la prestacin por personas, fsicas o jurdicas privadas, de servicios de vigilancia y seguridad de personas o bienes, que tendrn la consideracin de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pblica.

2. A los efectos de esta ley, nicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada, que estar integrado por los vigilantes de seguridad, los vigilantes de explosivos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad, los escoltas privados, los guardas particulares del campo, los guardas de caza, los guardapescas martimos y los detectives privados. 3. Las actividades y servicios de seguridad privada se prestarn con absoluto respeto a la Constitucin y con sujecin a lo dispuesto en esta ley y en el resto del ordenamiento jurdico. El personal de seguridad privada se atendr en sus actuaciones a los principios de integridad y dignidad; proteccin y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias y actuando con congruencia y proporcionalidad en la utilizacin de sus facultades y de los medios disponibles. 4. Las empresas y el personal de seguridad privada tendrn obligacin especial de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboracin y de seguir sus instrucciones en relacin con las personas, los bienes, establecimientos o vehculos de cuya proteccin, vigilancia o custodia estuvieren encargados.

Dos. El artculo 7 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 7.

1. La prestacin de servicios de seguridad privada a que se refiere el artculo 5 de esta ley se llevar a cabo por empresas de seguridad, que podrn revestir la forma de persona fsica o de persona jurdica.

2. Para la prestacin de los servicios y actividades de seguridad privada contemplados en esta ley, las empresas de seguridad debern obtener la oportuna autorizacin administrativa por el procedimiento que se determine reglamentariamente, a cuyo efecto debern reunir los siguientes requisitos:

a) Tener por objeto social exclusivo todos o alguno de los servicios o actividades contemplados en el artculo 5.

b) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unin Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econmico Europeo. c) Contar con los medios humanos, de formacin, financieros, materiales y tcnicos que se determinen reglamentariamente. En particular, cuando se presten servicios para los que se precise el uso de armas, habrn de adoptarse las medidas que garanticen su adecuada custodia, utilizacin y funcionamiento, en la forma que se determine. d) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garantas financieras en la cuanta y con las condiciones que se determinen reglamentariamente. e) Constituir la fianza que se determine reglamentariamente a disposicin de las autoridades espaolas para atender a las responsabilidades que se deriven del funcionamiento de la empresa por infracciones a la normativa de seguridad privada.

3. A los efectos previstos en las letras d) y e) del apartado 2, se tendrn en cuenta los requisitos ya exigidos en el Estado miembro de origen en lo referente a la suscripcin del contrato de seguro de responsabilidad civil u otras garantas financieras, as como en lo relativo a la constitucin de fianzas.

4. Las empresas de seguridad, tanto si son personas fsicas como jurdicas, autorizadas para la prestacin de servicios de seguridad privada con arreglo a la normativa de cualquiera de los Estados miembros de la Unin Europea o de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econmico Europeo, habrn de inscribirse en el Registro de Empresas de Seguridad que se lleva en el Ministerio del Interior, a cuyo efecto debern acreditar su condicin de empresas de seguridad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley, en la forma que se determine reglamentariamente. 5. La prdida de alguno de los requisitos indicados producir la cancelacin de la inscripcin, que ser acordada por el Ministro del Interior, en resolucin motivada dictada con audiencia del interesado. 6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, a las empresas de seguridad que tengan por objeto exclusivo la instalacin o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, as como el asesoramiento y planificacin de actividades de seguridad, se las podr eximir del cumplimiento de alguno de los requisitos incluidos en este artculo, cuando as se determine reglamentariamente.

Tres. El artculo 9 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 9.

1. Cuando las empresas de seguridad revistan la forma de persona jurdica, debern reunir los requisitos establecidos en la legislacin mercantil.

2. Las empresas a las que se refiere el apartado anterior estarn obligadas a comunicar al Ministerio del Interior todo cambio que se produzca en la titularidad de las acciones o participaciones y los que afectan a su capital social, dentro de los quince das siguientes a su modificacin. 3. Asimismo, en igual plazo, debern comunicar cualquier modificacin de sus Estatutos y toda variacin que sobrevenga en la composicin personal de los rganos de administracin y direccin de las empresas.

Cuatro. El artculo 10 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 10.

1. Para el ejercicio de las funciones de seguridad privada, el personal al que se refiere el artculo1, apartado 2, de esta ley, habr de obtener previamente la correspondiente habilitacin del Ministerio del Interior, con el carcter de autorizacin administrativa, en expediente que se instruir a instancia del propio interesado.

2. Para la obtencin de la habilitacin indicada en el apartado anterior, los aspirantes habrn de reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unin Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econmico Europeo.

b) Ser mayor de edad y no haber alcanzado, en su caso, la edad que se determine reglamentariamente. c) Poseer la aptitud fsica y la capacidad psquica necesarias para el ejercicio de las funciones. d) Superar las pruebas oportunas que acrediten los conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio de sus funciones. e) Carecer de antecedentes penales. f) No haber sido sancionado en los dos o cuatro aos anteriores por infraccin grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada. g) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni haber ejercido funciones de control en las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigacin privadas, ni de su personal o medios, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los dos aos anteriores. h) No haber sido condenado por intromisin ilegtima en el mbito de proteccin del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales, en los cinco aos anteriores a la solicitud.

3. Los nacionales de Estados miembros de la Unin Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econmico Europeo, cuya habilitacin o cualificacin profesional haya sido obtenida en alguno de dichos Estados para el desempeo de las funciones de seguridad privada en el mismo, podrn desempear actividades o prestar servicios de seguridad privada en Espaa, siempre que, previa comprobacin del Ministerio del Interior, se acredite que cumplen los siguientes requisitos: a) Poseer alguna titulacin, habilitacin o certificacin expedida por las autoridades competentes de cualquier Estado miembro o de Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econmico Europeo, que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad privada en el mismo.

b) Acreditar los conocimientos, formacin y aptitudes equivalentes a los exigidos en Espaa para el ejercicio de las profesiones relacionadas con la seguridad privada. c) Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempeo de las funciones de seguridad privada. d) Los previstos en las letras b, e, f, g y h, del apartado 2 de este artculo.

4. La carencia o insuficiencia de conocimientos o aptitudes necesarios para el ejercicio de las actividades de seguridad privada en Espaa de los nacionales de Estados miembros de la Unin Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econmico Europeo, podr suplirse por aplicacin de las medidas compensatorias previstas en la normativa vigente sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales.

5. La prdida de alguno de los requisitos indicados producir la cancelacin de la habilitacin, que ser acordada por el Ministro del Interior, en resolucin motivada dictada con audiencia del interesado. 6. La inactividad del personal de seguridad por tiempo superior a dos aos exigir su sometimiento a nuevas pruebas para poder desempear las funciones que le son propias.

Disposicin adicional nica. Modificaciones en la regulacin de la actividad de detective privado.

En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, se llevarn a cabo las modificaciones reglamentarias necesarias para garantizar el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales para el ejercicio de la actividad de detective privado.

Disposicin derogatoria nica. Eficacia derogatoria.

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en este Real Decreto-ley.

2. No obstante, las previsiones contenidas en el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que demanden, en virtud de lo previsto en este Real Decreto-ley, una posterior modificacin, continuarn siendo de aplicacin hasta que se proceda a dicha adaptacin reglamentaria. 3. Las modificaciones reglamentarias a que se refiere el apartado anterior habrn de adoptarse en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

Disposicin final nica. Entrada en vigor.

Este Real Decreto-ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Dado en Madrid, el 14 de septiembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno, JOS LUIS RODRGUEZ ZAPATERO

Análisis

  • Rango: Real Decreto-ley
  • Fecha de disposición: 14/09/2007
  • Fecha de publicación: 19/09/2007
  • Entrada en vigor: 20 de septiembre de 2007.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE PUBLICA Acuerdo de convalidacin, por Resolucin de 16 de octubre de 2007 (Ref. BOE-A-2007-18477).
Referencias anteriores
  • MODIFICA los arts. 1, 7, 9 y 10 de la Ley 23/1992, de 30 de julio (Ref. BOE-A-1992-18489).
  • DE CONFORMIDAD con la Sentencia del TJCE de 26 de enero de 2006.
  • CITA Reglamento aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre (Ref. BOE-A-1995-608).
Materias
  • Capacitacin profesional
  • Detectives privados
  • Empresas de seguridad
  • Libre circulacin de bienes y servicios
  • Seguridad privada
  • Unin Europea
  • Vigilantes de seguridad

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